Del compañero y miembro de Espai Marx, Carlos Valmaseda.
1. 25 aniversario de la revolución venezolana
2. La postura de Ecologistas en Acción ante las movilizaciones campesinas.
3. Entrevista a redactora de Commons [Spilne]
4. La resistencia iraquí y la tregua.
5. El movimiento popular en Sri Lanka.
6. Biden y Starmer pierden el voto musulmán.
7. Líbano como ejemplo del colapso energético.
8. Entrevista de Carlos Liria a Emilio Santiago.
9. Resumen de la guerra en Palestina, 9 de febrero
1. 25 aniversario de la revolución venezolana
El último boletín de Vijay Prashad en el Tricontinental está dedicado a Venezuela.
https://thetricontinental.org/
Hay un amanecer en el planeta y se ve por todas partes | Boletín 6 (2024)
8 de febrero de 2024
Queridos amigos y amigas,
Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
El 2 de febrero de 2024, el pueblo de Venezuela celebró el aniversario número 25 de la Revolución Bolivariana. Ese día de 1999, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela e inició un proceso de integración latinoamericana que, debido a la intransigencia de Estados Unidos, se intensificó hasta convertirse en un proceso antiimperialista. El gobierno de Chávez, consciente de que no podría gobernar en nombre del pueblo y atender sus necesidades si seguía atado a la Constitución de 1961, impulsó una democratización cada vez más profunda. En abril de 1999, se celebró un referéndum para crear una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución; en julio del mismo año, se eligieron 131 diputados y diputadas para la asamblea; en diciembre, se celebró otro referéndum para ratificar el proyecto de constitución; y, finalmente, en julio de 2000, se celebraron elecciones generales con base en las normas establecidas en la constitución recién aprobada. Recuerdo que llovió a cántaros el día en que se sometió a referéndum la nueva Constitución. No obstante, el 44% del electorado acudió a votar y un abrumador 72% eligió un nuevo comienzo para su país.
Con la nueva Constitución, el antiguo Tribunal Supremo de Venezuela —que la oligarquía del país había utilizado como mecanismo para impedir que se produjeran cambios sociales importantes— fue sustituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A lo largo del último cuarto de siglo, el TSJ se ha visto perturbado por varias controversias, en gran parte derivadas de intervenciones de la vieja oligarquía, que se negó a aceptar los grandes cambios que Chávez impulsó en sus primeros años. De hecho, en 2002, los jueces del TSJ absolvieron a los líderes militares que intentaron dar un golpe de Estado contra Chávez, un acto que indignó a la mayoría de las y los venezolanos. Esta injerencia continuada acabó provocando la ampliación de la magistratura (como había hecho el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en 1937 por motivos similares), así como un mayor control legislativo sobre el poder judicial, como existe en la mayoría de las sociedades modernas (como en Estados Unidos, donde la supervisión de los tribunales por parte del Congreso está institucionalizada a través de instrumentos como la “cláusula de excepciones”). No obstante, este conflicto sobre el TSJ proporcionó un arma temprana a Washington y a la oligarquía venezolana en su intento de deslegitimar al gobierno de Chávez.
En 2024 acudirán a las urnas en todo el mundo más personas que en ningún año anterior. Unos 70 países, que en conjunto representan casi la mitad de la población adulta mundial, ya han celebrado elecciones o las celebrarán este año. Entre ellos están India, Indonesia, México, Sudáfrica, Estados Unidos y Venezuela, que celebrará elecciones presidenciales en el segundo semestre. Mucho antes de que el gobierno venezolano declarara la fecha de las elecciones, la oposición de extrema derecha del país y el gobierno estadounidense ya habían empezado a intervenir, intentando deslegitimar los comicios y desestabilizar el país con la vuelta de las sanciones financieras y comerciales. En el centro de la actual disputa se encuentra el TSJ, que el 26 de enero de 2024 se negó a revocar una decisión de junio de 2023 de inhabilitar a la figura política de extrema derecha María Corina Machado —que ha pedido sanciones contra su propio país y que EE. UU. intervenga militarmente— de ocupar cargos electos en Venezuela hasta al menos 2029, si no hasta 2036. En el procedimiento, el TSJ examinó el caso de ocho personas que habían sido inhabilitadas para ejercer cargos públicos por diversos motivos. Seis de ellos han sido restituidos, y a dos de ellos, incluida Machado, se les ha mantenido la inhabilitación.
La decisión del TSJ despertó la ira de Washington. Cuatro días después de la decisión judicial, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que EE. UU. desaprobaba la “exclusión de candidatos” de las elecciones presidenciales y que, por tanto, castigaría a Venezuela. Estados Unidos revocó inmediatamente la Licencia General 43, una licencia del Tesoro que había permitido a la empresa minera de oro del sector público venezolano Minerven realizar transacciones comerciales normales con personas y entidades estadounidenses. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. advirtió de que si el Gobierno venezolano no permite que Machado se presente a las elecciones de este año, no renovará la Licencia General 44, que permite al sector petrolero y gasístico venezolano llevar a cabo sus actividades con normalidad y que expira el 18 de abril. Ese mismo día, Miller declaró a la prensa que “a falta de un cambio de rumbo por parte del Gobierno, dejaremos que expire la licencia general y volverán a aplicarse nuestras sanciones.”
La Carta de las Naciones Unidas (1945) permite al Consejo de Seguridad autorizar sanciones en virtud del artículo 41 del capítulo VII. Sin embargo, subraya que estas sanciones solo pueden aplicarse mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que se impusieron por primera vez en 2005 y se han profundizado desde 2015, son ilegales. Como señaló en su informe de 2022 la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena F. Douhan, estas medidas unilaterales son propensas al sobrecumplimiento y a las sanciones secundarias como resultado del miedo de los países y las empresas a ser castigados por Estados Unidos. Las medidas ilegales impuestas por EE.UU. han provocado pérdidas de decenas de miles de millones de dólares desde 2015 y han servido como castigo colectivo contra la población venezolana (forzando a más de seis millones de personas a abandonar el país). En 2021, el gobierno venezolano formó el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU para reunir a los países en defensa de la integridad de la Carta y oponerse al uso de este tipo de medidas violentas, unilaterales e ilegales. El comercio entre los miembros de este grupo ha ido en aumento, y muchos de ellos (especialmente Rusia y China) han proporcionado a Venezuela opciones distintas al sistema financiero y comercial dominado por Estados Unidos y sus aliados.
El mes pasado, el Instituto Tricontinental de Investigación Social publicó un estudio clave, Hiperimperialismo, y un dossier, La agitación del orden global, en los que analizamos el declive de la legitimidad del Norte Global, los violentos mecanismos que utiliza para aferrarse desesperadamente a su poder, y el nuevo estado de ánimo en el Sur Global. El año pasado, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se reunieron en Bridgetown, Barbados, bajo el patrocinio de México y Noruega para firmar el Acuerdo de Barbados. Según los términos de este acuerdo, Venezuela permitiría impugnar ante el TSJ la inhabilitación de algunos candidatos de la oposición y EE. UU. comenzaría a levantar su embargo contra Venezuela. Este fue un acuerdo que EE. UU. firmó no desde una posición de fuerza, sino debido al aislamiento al que se enfrenta por parte de la pujante OPEP+ (formada por naciones del Sur Global que, en 2022, representaban el 59% de la producción mundial de petróleo) y debido a su incapacidad para hacer valer plenamente su autoridad sobre Arabia Saudita. En un esfuerzo por hacer frente a estos desafíos, EE. UU. ha intentado que el petróleo venezolano vuelva al mercado mundial. Tras negarse a participar en los términos fijados por el Acuerdo de Barbados, Machado impugnó su inhabilitación ante el TSJ, cuya autoridad decía honrar. Pero cuando el veredicto fue en su contra, Machado y Estados Unidos echaron mano de su caja de herramientas y descubrieron que lo único que les quedaba era la fuerza: la vuelta a las sanciones y a la amenaza de una intervención militar. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, calificó la reacción estadounidense de “intervencionismo neocolonial”.
El regreso de Washington a las sanciones se produce justo cuando Associated Press publicó un informe basado en un memorando secreto del gobierno estadounidense de 2018 que proporciona pruebas de que EE. UU. envió espías a Venezuela para vigilar al presidente Nicolás Maduro, su familia y sus aliados cercanos. “No nos gusta decirlo públicamente, pero somos, de hecho, la policía del mundo”, dijo a Associated Press Wes Tabor, exfuncionario de la Agencia Antidrogas estadounidense, en un claro desconocimiento de la violación del derecho internacional por parte de la operación. Esta es la actitud de Estados Unidos. Este tipo de pensamiento, que recuerda a los clichés de las películas del Oeste de Hollywood, rige la retórica de los altos funcionarios estadounidenses. Es en este tono que el secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, amenaza a las milicias en Irak y Siria, diciendo que aunque ellas puedan “tener mucha capacidad, yo tengo mucha más”. Mientras tanto, Austin declara que Estados Unidos responderá a los ataques contra su base militar en Jordania “cuando queramos, donde queramos y como queramos”. Haremos lo que nos de la gana. Esa arrogancia es la esencia de la política exterior estadounidense, que invoca el Armagedón cuando se le antoja. “Apunten a Teherán”, dice el senador estadounidense John Cornyn, despreocupado por las implicaciones de un bombardeo estadounidense en Irán o en cualquier otro lugar.
Por supuesto, hay una delgada línea entre perseguir a los opositores políticos y descalificar a quienes quieren que su país sea invadido por una potencia extranjera, en este caso “la policía del mundo”. Es cierto que los gobiernos suelen menospreciar a sus oponentes alegando que son agentes de una potencia extranjera (como hizo recientemente la senadora estadounidense Nancy Pelosi con quienes protestan en EE. UU. por el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, llamándoles agentes de Rusia y pidiendo al FBI que les vigile). Machado, sin embargo, ha hecho abiertamente declaraciones pidiendo que Estados Unidos invada Venezuela, lo que en cualquier país se consideraría fuera de lugar.
En diciembre de 2020, me reuní con una serie de líderes de la oposición en Venezuela que se habían vuelto en contra de las posiciones de cambio de régimen de personas como Machado. Timoteo Zambrano, líder de Cambiemos Movimiento Ciudadano, me dijo que ya no era posible presentarse ante el pueblo venezolano y pedir el fin del chavismo, el programa socialista instaurado por Hugo Chávez. Esto significaba que amplios sectores de la derecha, incluida la formación socialdemócrata de Zambrano, han tenido que reconocer que este punto de vista no podía conseguir fácilmente el apoyo popular. La extrema derecha, compuesta por personas como Juan Guaidó y María Corina Machado, no tiene estómago para procesos democráticos reales, prefiriendo en su lugar entrar en Caracas a lomos de un F-35 Lightning II.
Apenas unos meses después de prometer el alivio de las sanciones a Venezuela, Estados Unidos ya ha vuelto a sus costumbres hiperimperialistas. Pero el mundo ha cambiado. En 2006, Chávez acudió a la ONU y pidió a los pueblos del mundo que leyeran Hegemonía o supervivencia, de Noam Chomsky, y luego reflexionó: “Hay un amanecer en el planeta y se ve por todas partes”. El 31 de enero de 2024, Maduro fue a la sede del TSJ, donde dijo: “No dependemos ni de gringos ni de nadie en este mundo para invertir, para prosperar, progresar, avanzar, crecer”. Encarnando al Chávez de hace dieciocho años, Maduro dijo: “Ya nació otro mundo”.
Cordialmente,
Vijay
2. La postura de Ecologistas en Acción ante las movilizaciones campesinas
Breve artículo en el que se recuerda lo que siempre se ha dicho desde EeA: la verdadera solución a los problemas de los agricultores es la transición a un modelo agroalimentario que no esquilme el territorio y a los trabajadores del campo.
https://www.
El futuro del campo depende de la ecología
8/02/2024
- Durante los últimos días en toda Europa, también en nuestro entorno, estamos viendo movilizaciones significativas de diversos actores del sector primario.
- Entendiendo que la situación de muchas agricultoras y agricultores es insostenible, Ecologistas en Acción queremos señalar las verdaderas causas de esta situación y algunas de las posibles soluciones.
- Sin un medio ambiente sano no hay futuro para la agricultura y la ganadería.
Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de España para el bienestar humano: Socioecosistema multifuncional.
Las declaraciones de ciertas entidades agrarias contra la transición ecológica, la Agenda 2030, la reducción de los plaguicidas o el mantenimiento del barbecho –que responsabilizan a estas medidas de los problemas del sector– no son aceptables ni razonables. Lejos de ser el problema, son en realidad parte de la solución y del futuro de una agricultura sostenible, saludable y justa.
Mantener un sector agrario potente pasa por adaptarse al cambio climático y por colaborar en la conservación de la biodiversidad. Pasa por ayudar realmente al sector ecológico y regenerativo a ser viable; por potenciar el mercado de proximidad y las prácticas agrarias que generan vida y no la matan.
Ecologistas en Acción llevamos mucho tiempo planteando que el actual modelo capitalista de producción y distribución alimentaria basa sus beneficios en la explotación de la naturaleza y de las personas, aquí y en todo el planeta.
El sistema de producción imperante, intensivo y orientado a la exportación, ha provocado una pérdida de fertilidad de los suelos. El uso excesivo y el envenenamiento con agrotóxicos los ha llevado al límite de su capacidad. El encarecimiento de insumos debido a la creciente crisis energética hace cada vez más inviable este modelo. La dependencia de los insumos químicos y de las semillas, controlados por la industria agrícola, ejerce una presión cada vez mayor sobre las agricultoras y agricultores.
La distribución alimentaria está concentrada en muy pocas manos, con un poder desmesurado a la hora de imponer sus precios y condiciones, que han abocado a miles de explotaciones agroganaderas a la ruina. Alimentos que cotizan en bolsa, entrando así al juego especulativo; productos que viajan miles de kilómetros, y llegan a la mesa con una gran huella de carbono.
Al mismo tiempo, hay un incumplimiento sistemático de la ley de la cadena alimentaria y una llamativa falta de control de intermediarios y grandes grupos de distribución, que son quienes condicionan los precios para incrementar sus beneficios, al tiempo que no se remunera de forma justa a productoras y productores.
Los acuerdos de comercio e inversiones, que han llevado a la desregulación de los mercados, la precariedad laboral y los bajos ingresos de agricultoras y agricultores suponen una nueva vuelta de tuerca de esta explotación. Acuerdos neoliberales obsoletos, como el que actualmente la Unión Europea está negociando con el bloque Mercosur, han causado la destrucción de miles de pequeñas y medianas explotaciones en beneficio de las multinacionales del agronegocio sobre la salud de las personas y el planeta.
La PAC es otra herramienta económica a favor de los grandes que perjudica, y mucho, al pequeño agricultor y ganadero. Aferrarse al mantenimiento de las ayudas directas de la PAC es pan para hoy y hambre para mañana. Según datos oficiales, el 20% de las personas perceptoras acapara el 80% de las ayudas PAC.
La tierra arable, cada vez concentrada en menos manos, en su mayoría de hombres, reduce las oportunidades de fijar población en el medio rural que realmente ponga en marcha y mantenga otro tipo de sistema de producción, menos mecanizado, menos extractivo, menos esquilmante y más acorde con los ritmos productivos de la tierra.
Grandes fondos de inversión internacionales están ya haciéndose con la propiedad de las mejores tierras, mientras las personas que quieren iniciar proyectos agroecológicos se encuentran con grandes dificultades para poder acceder a tierras de cultivo. Grandes capitales invierten en macrogranjas, arrinconando a la ganadería extensiva. La falta de relevo generacional en las explotaciones rurales y el envejecimiento del sector es un gravísimo problema que incumbe a toda la sociedad.
La situación del campo no es nueva, pero la solución no es seguir manteniendo los cultivos a base de industrializar la producción y envenenar la tierra y el agua.
Exigimos con urgencia un cambio de modelo agroalimentario que priorice la soberanía y la seguridad alimentaria, fomentando y apoyando la ganadería extensiva; que reduzca el regadío agroindustrial y, con ello, la sobreexplotación del agua; y que fomente prácticas de cultivo que reduzcan el impacto negativo en los ecosistemas y garanticen la justicia social para quienes producen nuestros alimentos, apoyando al mismo tiempo a los pequeños agricultores con modelos sostenibles y locales.
3. Entrevista a redactora de Commons [Spilne]
Para que veamos de vez en cuando las opiniones de la izquierda ucraniana antirusa os vuelvo a pasar un artículo sobre Commons, su medio principal. Os paso una entrevista a una de sus redactoras.
Commons (Ucrania): «La sociedad ucraniana sufre tensiones como consecuencia de las políticas neoliberales impuestas por el Gobierno».
Oksana Dutchak Patrick Le Tréhondat 6 febrero, 2024
Publicado por primera vez en New Politics.
Entrevista con Oksana Dutchak, miembro del equipo editorial de Commons. Dutchak es socióloga e investigadora en temas laborales y desigualdad de género, y redactora en Commons. Vive en Kiev.
Tras dos años de guerra, ¿cómo ve la situación en Ucrania?
Tras dos años de guerra, la situación es igual y diferente a la vez. La guerra continúa, pero hay cambios en el contexto, tanto internos como externos. Todos estos cambios eran previsibles desde el principio en el escenario altamente probable de una guerra prolongada, lo que no significa que muchos, incluido yo mismo, no tuviéramos esperanzas en escenarios positivos menos probables.
Hemos sido testigos de la acumulación de diferentes tensiones en la sociedad ucraniana, la mayoría de ellas causadas por las predecibles políticas neoliberales, impuestas por el gobierno con el pretexto de la necesidad en tiempos de guerra. Utilizando la justificación de la penuria económica y la ideología del capitalismo de «libre mercado», en lugar de apoyar los derechos sociales universales, ya dañados por la crisis económica, el gobierno defiende los intereses de las empresas a expensas de los derechos de los trabajadores y del apoyo social a los grupos desfavorecidos preexistentes y de reciente aparición. Estas medidas van totalmente en contra de la lógica de todas aquellas políticas centralizadas relativamente eficaces y, hasta cierto punto, orientadas a la sociedad, aplicadas en otros lugares durante la guerra.
Debido a estas políticas, que son la continuación ideológica de años anteriores, la movilización general de los esfuerzos de la población y la relativa unidad de la sociedad ucraniana están en proceso de erosión constante. Tras los primeros meses de movilización para defender sus comunidades, muchas personas dudan ahora -y algunas se oponen- a la idea de arriesgar la propia vida. Hay muchas razones para ello. Por ejemplo, la relativa localización de la amenaza de Rusia, la expectativa poco realista de una «victoria» rápida, promovida por una parte de la clase política y algunos creadores de opinión dominantes, y la consiguiente decepción, así como las numerosas contradicciones de intereses, situaciones individuales y opciones en el caos estructurado de la guerra prolongada. Sin embargo, el sentimiento de injusticia desempeña un papel destacado. Por un lado, está el sentimiento de injusticia en relación con el proceso de movilización, en el que la riqueza o la corrupción hacen que se movilice predominantemente, aunque no exclusivamente, a la clase trabajadora, lo que va en contra de la imagen ideal de «guerra popular» en la que participa toda la sociedad. A esto se añaden algunos casos de injusticia en el seno del ejército. Por otra parte, la falta de una realidad y unas perspectivas de futuro relativamente atractivas y socialmente justas desempeñan un papel importante en las opciones individuales de diversa índole.
Por supuesto, esto no significa que toda la sociedad haya decidido abstenerse de la lucha contra la agresión rusa, sino todo lo contrario: la mayoría comprende las sombrías perspectivas de ocupación o de conflicto enquistado, que pueden agravarse con la reanudación de los esfuerzos. Aunque la mayoría se opone a muchas acciones del gobierno y puede incluso odiarlo (una actitud tradicional en la realidad política de Ucrania desde hace décadas), hay sentimientos públicos más fuertes que es muy poco probable que cambien en el futuro: a saber, la oposición a la invasión rusa y la desconfianza en cualquier posible acuerdo de «paz» con el gobierno ruso (que violó y sigue violando todo, empezando por los acuerdos bilaterales y terminando por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario). Sin embargo, una visión socialmente justa de las políticas durante la guerra y de la reconstrucción de posguerra son requisitos previos para canalizar las luchas individuales por la supervivencia hacia un esfuerzo consciente de lucha comunitaria y social, contra la invasión y por la justicia socioeconómica.
El contexto exterior también ha cambiado constantemente. Se han producido nuevos conflictos militares en distintas partes del globo, que son, al igual que la invasión rusa, nuevos síntomas de la «quema» de la periferia provocada por el declive de la hegemonía occidental y la consiguiente nueva lucha por las «esferas de influencia», así como por la hegemonía regional y mundial. Estas escaladas, así como algunos fallos importantes de la diplomacia ucraniana ,por ejemplo, el uso de la retórica de la «civilización occidental», que aleja a la población más allá del mundo occidental, y las tendencias populistas de derechas en muchos países, tienen su impacto negativo en el apoyo internacional a la sociedad ucraniana.
A la luz de estas dinámicas, es extremadamente importante desarrollar internamente y apoyar externamente al movimiento obrero y a otras fuerzas progresistas de Ucrania. También es importante que el movimiento progresista ucraniano establezca conexiones y solidaridades mutuas con la liberación nacional, el movimiento obrero y otras luchas progresistas en otras partes del mundo. No creo que haya ninguna posibilidad de invertir la marea del renacimiento global imperialista y neocolonial o del populismo de derechas en un futuro próximo. Pero tenemos que desarrollar la infraestructura de la izquierda para las próximas luchas. Llegamos a esta etapa sombría de alguna manera sin estar preparados y tenemos que hacer todo lo posible para evitar un escenario así en el futuro.
¿Cuál es la situación de Commons[1] y de vuestros proyectos?
Seguimos trabajando a pesar de todas las circunstancias, incluidas las más dolorosas: la pérdida de un destacado economista, nuestro editor y amigo Oleksandr Kravchuk, la pérdida de un destacado gonzo-antropólogo, nuestro autor y amigo Evheny Osievsky, y de otros amigos, colegas y camaradas, algunos de los cuales murieron en combate. Además, algunos de nuestros redactores y autores se alistaron como voluntarios en el ejército, otros están sobrecargados con la recaudación de fondos, la provisión de suministros para necesidades humanitarias y el apoyo a voluntarios de izquierda y antiautoritarios. Y otros están dispersos por el país y a través de las fronteras como desplazados internos y refugiados, gestionando la supervivencia individual y a veces siendo o convirtiéndose en madres solteras debido al desplazamiento y la guerra.
Durante el primer año de la invasión a gran escala, consideramos que había tres tareas importantes para nosotros como medios de comunicación de izquierdas: participar en debates de izquierdas sobre la invasión imperialista rusa, describir las realidades de la guerra y su impacto en la población de Ucrania, así como en los refugiados ucranianos en el extranjero, e intervenir con una perspectiva crítica en las políticas y reformas en curso y previstas por el gobierno ucraniano. Con el paso del tiempo, a finales de 2022, consideramos que la mayoría de la gente ya había tomado una decisión y a pocos se les puede convencer de que cambien de postura, aunque agradecemos a quienes siguen interviniendo en el debate de izquierdas desde la solidaridad con el pueblo ucraniano. Por nuestra parte, resumimos nuestra posición en un número, disponible en línea y en versión impresa (los ingresos de la venta se destinan a Colectivos Solidarios): una recopilación de los textos de nuestra página web que consideramos más importantes.
Nos replanteamos el flujo de estos debates y decidimos dónde aplicar nuestros esfuerzos. Nos pareció que se tendían muy pocos puentes directos entre la experiencia ucraniana y las experiencias de otros países periféricos que atraviesan guerras, dependencias de la deuda, austeridades y luchas contra ellas. Así surgió el proyecto «Diálogos de las periferias», que algunos de nuestros redactores consideran nuestro principal foco de atención en un futuro próximo. Aunque, por supuesto, quedan otros temas y seguimos escribiendo sobre problemas y luchas en Ucrania, sobre historia, cultura, ecología y diferentes ámbitos importantes. Seguimos describiendo la autoorganización de la gente en Ucrania, ya sea como iniciativas de voluntariado o como sindicatos. En 2023 conseguimos hacerlo en una serie de vídeo-reportajes «¡Mira esto!» e incluso realizamos un breve documental sobre el movimiento de las enfermeras en Ucrania.
Debo subrayar que todo esto sería imposible sin nuestros redactores y autores, así como sin el apoyo de muchas organizaciones de izquierda, iniciativas y personas del extranjero.
¿Qué espera para el año 2024?
Hay diferentes niveles de esperanza. Tengo mis esperanzas personales; también tengo un sueño que comparto con la mayoría de la gente de Ucrania: que la guerra termine de un modo favorable para un futuro democrático y socialmente justo en Ucrania o, al menos, de un modo que no impida luchas productivas por ese futuro. Mis esperanzas personales y el sueño compartido de la sociedad están conectados, por supuesto. En el verano de 2023 regresé de Alemania a Kiev, a la que consideré mi ciudad durante algunos años, y ya no quiero ir a ningún otro sitio. No soy ingenuo y comprendo que lo más probable es que nuestro sueño de un final favorable de la guerra en 2024 sea sólo un sueño. Pero uno necesita un sueño para construir sus esperanzas sobre él.
En cuanto a Commons (Spilne en ucraniano), esperamos continuar nuestro trabajo, escribir y debatir sobre lo que es importante para nosotros, y ser útiles a las luchas progresistas en Ucrania. Esperamos continuar con los Diálogos de las Periferias, para informar a los lectores ucranianos sobre contextos, problemas y luchas en otros países; para construir conexiones y entendimiento con personas de otras realidades periféricas, con la esperanza de contribuir a la solidaridad mutua en las luchas progresistas.
Notas
1. Véase “Commons: A Ukrainian left-wing collective intellectual”
4. La resistencia iraquí y la tregua
Un repaso a la posible estrategia de los grupos de la resistencia iraquí en vista a una posible tregua en Gaza. https://thecradle.co/articles/
Los planes de la resistencia iraquí dependen de una tregua en Gaza
A primera vista, las facciones de la resistencia iraquí parecen enfrentadas por los ataques contra las tropas de ocupación estadounidenses. Pero una mirada más profunda sugiere que se trata de una estratagema estratégica, y que sus objetivos generales comunes siguen siendo firmes.
Zaher Mousa
9 DE FEBRERO DE 2024
El secretario general de la facción de la resistencia iraquí Kataib Hezbollah, Abu Hussein al-Hamidawi, es conocido por sus declaraciones potentes pero precisas. Sus palabras tienen peso y a menudo contienen mensajes codificados que resuenan con fuerza dentro y fuera de su facción.
Tras el asesinato en Estados Unidos de un dirigente clave de la organización, Wissam Muhammad Saber -también conocido como Abu Baqir al-Saadi-, Hamidawi emitió un mensaje que contenía un versículo del Corán cuidadosamente escogido: «Señor nuestro, derrama paciencia sobre nosotros, haz que nos mantengamos firmes y ayúdanos contra los infieles». Curiosamente, el contexto del versículo es una invocación del ejército del profeta Saúl contra Goliat y sus fuerzas.
El uso del versículo por parte de Hamidawi probablemente indica la determinación constante de Kataib Hezbolá contra la presencia militar estadounidense en la región, a pesar de su reciente anuncio de que suspendería las operaciones militares contra las tropas de ocupación estadounidenses en Irak y Siria. Al parecer, esta decisión se tomó tras la inmensa presión ejercida por el gobierno iraquí a raíz de la operación Torre 22 en la frontera entre Jordania y Siria, en la que murieron tres soldados estadounidenses y varias docenas resultaron heridos.
Estrategias faccionales y conflictos regionales
Fuentes informan a The Cradle de que la suspensión de actividades de Kataib Hezbolá forma parte de una estrategia más amplia destinada a evitar una nueva escalada militar en Asia Occidental. Algunos especulan incluso con que podría allanar el camino para un posible alto el fuego en Gaza, donde Israel lleva cuatro meses librando una campaña genocida tras la operación de resistencia del 7 de octubre contra las inundaciones de Al-Aqsa.
Mientras tanto, la visita de Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense, a Bagdad tras la operación de la Torre 22 señala una nueva fase en la dinámica política interna de Irak.
Las medidas de seguridad se reforzaron notablemente durante la visita de Nelson, lo que refleja la gravedad de la situación. Fuentes parlamentarias iraquíes revelan que Nelson lanzó duras advertencias sobre la imposición de sanciones al gobierno iraquí, dirigidas en particular a las Unidades de Movilización Popular (PMU), si los esfuerzos de Bagdad por sofocar las actividades de la resistencia fracasaban.
Las ramificaciones de tales sanciones se extienden más allá de las facciones de la resistencia, afectando a diversos sectores de la economía iraquí y a instituciones de propiedad predominantemente chií. Si estas sanciones se intensificaran hasta afectar a la propia PMU -parte integrante de las fuerzas armadas iraquíes- las repercusiones serían de gran alcance, afectando a más de un millón de personas, incluidas las familias de los mártires y del personal herido, y exacerbando las tensiones sociopolíticas existentes en el país.
Aunque Kataib Hezbolá es una de las mayores y más poderosas facciones de la resistencia iraquí, su decisión de suspender las operaciones no implica el cese de las acciones militares de las facciones más pequeñas de Irak. Aunque la medida de Hamidawi se ajusta a una estrategia regional más amplia, en particular las negociaciones de París encaminadas a lograr un alto el fuego en Gaza, no todas las facciones iraquíes la han respaldado explícitamente. En particular, el movimiento Al-Nujaba del jeque Akram al-Kaabi no ha manifestado abiertamente su apoyo a la decisión de Hamidawi.
Los analistas sugieren que esta discrepancia es probablemente una maniobra estratégica deliberada entre Kataib Hezbolá y Al-Nujaba. La fuerza de esta última reside principalmente en Siria, lo que mitiga en cierto modo la urgencia de una alineación clara con los asuntos políticos iraquíes.
La lucha de Sudani por la estabilidad
El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, se encuentra en una posición precaria desde el inicio de la Operación Inundación Al-Aqsa. La frágil situación interna, económica y política de Irak ha encabezado su agenda desde que asumió por primera vez el liderazgo a finales de 2022, y su gabinete ha puesto en marcha una ambiciosa agenda para abordar los agravios públicos mediante amplios proyectos de infraestructuras. Pero el estallido de la guerra en la Franja de Gaza ha hecho añicos el frágil alto el fuego entre las facciones iraquíes y la presencia estadounidense en Irak y Siria, desviando su atención hacia otros asuntos.
Ante la creciente presión, el primer ministro iraquí, bajo los auspicios del Marco de Coordinación que agrupa a las fuerzas políticas chiíes, inició negociaciones con Washington para redefinir el papel de las fuerzas estadounidenses en Irak, con el objetivo de expulsarlas a ellas y a otras fuerzas extranjeras. Esta medida se adoptó tras los intensos ataques aéreos estadounidenses contra lugares de Irak y Siria en respuesta a la operación Torre 22, que han exacerbado profundamente las tensiones entre Bagdad y Washington.
La postura del gobierno iraquí hacia Estados Unidos se endureció aún más cuando este país acusó falsamente a Bagdad de tener conocimiento previo de los ataques aéreos, calificándolos de traición. A pesar del desmentido de Bagdad, las disculpas de Washington, aunque tardías, no lograron aplacar la ira ira iraquí, sobre todo teniendo en cuenta los recientes ataques turcos, iraníes y estadounidenses en territorio iraquí.
Además, la incapacidad de Sudani para conseguir una reunión con funcionarios estadounidenses o una invitación a la Casa Blanca -algo inaudito para cualquier primer ministro iraquí anterior en los años posteriores a la invasión de Irak en 2003- ilustra el mal estado de las relaciones bilaterales entre ambos países.
No obstante, Sudani ha conseguido convencer con éxito tanto a Estados Unidos como a las facciones de la resistencia para que den prioridad a las negociaciones de alto el fuego en Gaza en sus cálculos militares mutuos. Esta iniciativa diplomática pretendía desviar la atención de la escalada de tensiones dentro de Irak e influir positivamente en la narrativa en torno a la estatalidad y soberanía iraquíes.
Dada la naturaleza de la explosiva dinámica actual de Asia Occidental, todas las posibilidades siguen sobre la mesa, incluido el fracaso de las negociaciones de la tregua en Gaza, que podría resucitar frentes militares secundarios en la región. Tal resultado expondría a Estados Unidos como un mediador de paz fracasado que favorece a su aliado, Israel, por encima de cualquier otra consideración.
Además, persisten los frenéticos intentos de Washington de compartimentar las crisis de Irak, Siria y Yemen de las de la Palestina ocupada y el sur del Líbano. Esta estrategia pretende obtener apoyo político para presionar a las facciones de la resistencia -especialmente en Irak-, pero es una visión que los árabes de todo el espectro rechazan, ya que recientes sondeos de opinión pública muestran que la población señala a Estados Unidos como la mayor amenaza de la región, incluso dentro de los Estados aliados.
En consecuencia, las facciones iraquíes se ven obligadas a buscar vías alternativas para ejercer presión e influir en los resultados en Palestina. Esto puede implicar explorar nuevos escenarios y emplear métodos novedosos, como sugieren fuentes de la resistencia iraquí.
5. El movimiento popular en Sri Lanka
La organización australiana Green Left entrevista a un militante cingalés. Desconozco el peso real de su grupo. No estoy muy al día de la situación de Sri Lanka y sus movimientos populares tras la debacle del 2022.
Sri Lanka: Construir el movimiento popular es una prioridad
Pubudu Jayagoda Janaka Biyanwila Colombo 8 de febrero de 2024
Tras el levantamiento popular de Sri Lanka (Aragalaya), que tuvo lugar entre abril y agosto de 2022, el régimen gobernante sigue siendo frágil. Con las elecciones parlamentarias y presidenciales anunciadas para finales de este año, los partidos políticos dominantes, que perdieron su credibilidad durante la revuelta, luchan por ganarse el apoyo popular. El principal partido en el poder, el Frente Popular (Podujana Peramuna, SLPP), dirigido por la familia Rajapaksa, volvió a la campaña electoral a mediados de diciembre.
El Tribunal Supremo dictaminó en noviembre del año pasado que el ex presidente Gotabaya Rajapaksa, el ex primer ministro Mahinda Rajapaksa, el ex ministro de Finanzas Basil Rajapaksa, dos ex gobernadores del banco central y otros altos funcionarios del Tesoro habían violado la confianza pública por mala gestión económica entre 2019 y 2022.
La oposición del Partido Nacional Unido (UNP), liderada por el actual presidente, Ranil Wickramasinghe, y el grupo disidente Samagi Jana Balawegaya (SJB), dirigido por Sajith Premadasa (hijo del ex presidente Ranasinghe Premadasa, que gobernó entre 1988 y 1993), sigue siendo débil.
En el marco de un programa de reestructuración de la deuda del Fondo Monetario Internacional, el régimen ha impuesto impuestos indirectos a la población y está comercializando y privatizando empresas estatales, sobre todo de electricidad y petróleo.
Mientras tanto, el partido de la clase trabajadora, el Frente de Liberación del Pueblo (Janatha Vimukthi Peramuna, JVP), ha movilizado un amplio movimiento social que reúne a una serie de sindicatos, grupos de mujeres y organizaciones comunitarias, bajo el Poder Popular Nacional (Jathika Jana Balawegaya, NPP), creado en 2015. El JVP está ganando cada vez más popularidad, pero tiene limitaciones a la hora de elaborar un programa popular alternativo al actual proceso de reforma impulsado por el mercado y de abordar las quejas de las comunidades tamil y musulmana del norte y el este, en relación con la retirada de los militares de estas zonas.
Un grupo escindido del JVP creó el Partido Socialista de Primera Línea (FSP) en 2012. Varios miembros del partido fueron detenidos en junio de 2020 durante una protesta pacífica frente a la embajada de Estados Unidos contra el asesinato de George Floyd y la firma del acuerdo de la Millennium Challenge Corporation (MCC) con Estados Unidos, un proyecto de ayuda exterior impulsado por el mercado.
El PSF contribuyó activamente al levantamiento popular de 2022.
Janaka Biyanwila, de Izquierda Verde, entrevistó a Pubudu Jayagoda, secretario de educación y miembro del comité central del FSP.
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¿Podría describirnos cómo surgió el FSP?
Antes estábamos dentro del JVP y en 2002 surgió un nuevo movimiento que incluía a algunas figuras etnonacionalistas. Esto condujo a una nueva interpretación de que el neocolonialismo estaba cambiando hacia una recolonización. Era el periodo posterior a la guerra del 11-S contra Irak, y se argumentaba que era necesaria una nueva forma de lucha de liberación nacional.
En 2004, el JVP se alió con el SLFP (Partido por la Libertad de Sri Lanka), liderado por Mahinda Rajapaksa, y apoyó su campaña presidencial en 2005.
En las elecciones parlamentarias de 2004, el JVP consiguió 39 de los 225 escaños del parlamento y tres carteras en el gabinete.
La mayoría de la militancia se opuso a esta alianza con Mahinda. No obstante, el debate continuó en el seno del partido y alcanzó su punto álgido en las elecciones presidenciales de 2010, cuando el JVP decidió apoyar al ex comandante militar Sarath Fonseka frente a Mahinda.
A diferencia de Pakistán o Bangladesh, nunca hemos tenido militares como jefes de Estado y estábamos discutiendo [sobre] si estábamos contribuyendo a crear un nuevo problema.
Surgieron tres cuestiones: El etnonacionalismo cingalés-budista; nuestra estrategia política; y la democracia interna.
No había democracia interna en el comité central y, cuando se discutió, decidieron echar a quienes se oponían a sus decisiones… y la mayoría de los miembros decidieron marcharse. Los que se quedaron fueron los que tenían representación parlamentaria y cargos en el gabinete.
Éramos unos desconocidos para la opinión pública. Sin embargo, las alas juvenil, estudiantil, femenina y campesina nos acompañaron. Celebramos nuestra primera conferencia en abril de 2012, y así fue como empezamos como partido.
Aunque se nos conoce como un grupo escindido del JVP, la mayoría de nuestros miembros son nuevos y no estaban en el JVP. Todos nuestros jóvenes líderes nunca estuvieron en el JVP.
Como ha demostrado el levantamiento, la generación más joven ha contribuido a un cambio social serio.
¿Cómo participó el FSP en el levantamiento popular de 2022?
El enfoque dominante de todos nuestros partidos históricos de la clase obrera era pasar por las elecciones, entrar en el parlamento y luego hacer cambios. El segundo enfoque era la lucha militante en la que se capturaba el poder del Estado. En aquella época había múltiples facciones maoístas que promovían esto.
Así que cuando estábamos formando nuestro partido discutíamos nuestro programa político. Ese debate continuó hasta 2014. Algunos nos abandonaron, pero permanecieron en la izquierda. Entonces, en la conferencia del partido de 2014 acordamos que nuestra estrategia política era construir un movimiento revolucionario de masas.
Gotabaya, que entonces era secretario de Defensa, dijo en una entrevista que había tres amenazas principales para la seguridad nacional: El fundamentalismo musulmán, el regreso del LTTE (nacionalismo separatista tamil) y el FSP. Insinuaba que el «movimiento revolucionario de masas» es un intento de iniciar levantamientos populares como las protestas de la «primavera árabe».
Nuestra estrategia se basaba en el movimiento de lucha popular (jana aragala vyaparaya).
En las elecciones presidenciales de 2019, Gotabaya obtuvo 6,9 millones de votos, nosotros sólo 15.000 votos. [Los medios de comunicación nos rechazaron diciendo que la gente nos había rechazado. Pero nosotros dijimos que dentro de dos años los mismos 6,9 millones que eligieron a Gotabaya lo echarán.
En agosto de 2021, tras el COVID-19, iniciamos conversaciones con el JVP. Considerábamos que la gente saldría a la calle en 2022, y si había cierto consenso entre el FSP y el JVP, podríamos llevar la lucha popular hacia una victoria segura. De lo contrario, sería como la Primavera Árabe (cooptada por las élites gobernantes). Pero [el JVP] se negó a dialogar.
Entonces hicimos una campaña [llamada] «el próximo poder», [argumentando que] el próximo poder debería ser el poder popular y no el poder de los partidos, para recuperarnos de esta crisis. Hicimos unos 800 foros por todo el país y publicamos un pequeño folleto. Hubo una respuesta positiva entre la gente, incluso en los pueblos.
En enero de 2022, hicimos una gran manifestación (de Colombo a Galle) cuyo lema era «una esperanza verdadera y un movimiento popular». Tuvimos la sensación de que había tendencias hacia un movimiento de masas. Percibimos que la gente estaba politizada.
Pero no queríamos que se convirtiera en un movimiento negativamente destructivo, que también podría desembocar en la violencia de Estado. Por eso queríamos que fuera una lucha bien organizada. Como el partido no podía hacerlo todo solo, decidimos crear «consejos de lucha» en cada pueblo y ciudad.
Los consejos de lucha no tenían por qué estar dirigidos por miembros del partido, sino por lugareños educados y politizados. Queríamos que la gente luchara, pero sin quemar depósitos de gasolina ni destruir supermercados locales.
En marzo creamos un consejo de lucha en Nugegoda (un suburbio cercano a la residencia privada del Presidente). Pero llegamos un poco tarde, porque unos cuatro días después tuvo lugar la protesta frente a la residencia privada. Así que dejamos de construir los consejos de lucha y apoyamos el movimiento popular.
En abril de 2022, protestamos contra el toque de queda, y esto animó a la gente a salir a la calle. Entonces nuestro movimiento estudiantil estuvo al frente de la protesta, indicando a la gente dónde congregarse. Así que, incluso después de la protesta, nuestra estrategia fue promover un «consejo popular» y establecer un gobierno provisional que evitara el nombramiento de otro presidente.
El plan de acción se decidió el 5 de julio. A pesar de este consenso, todos los partidos de la oposición apoyaron la elección de un nuevo presidente. El SJB y el JVP pretendían devolver a la gente a sus hogares y apoyaban al nuevo presidente. Pero nosotros queríamos que la lucha continuara.
¿Cómo ve la reestructuración de la deuda después de 2022 y el proceso de reformas?
El principal esfuerzo del nuevo presidente [Ranil Wickremesinghe] es romper la unidad de la lucha popular. Ha roto la alianza entre las clases trabajadoras y la clase media que surgió con el levantamiento. Consiguió proporcionar algunos privilegios a la clase media. Dio electricidad y combustible (gasolina y gas) a la clase media, pero aumentó el precio. Esto excluyó a las clases bajas, y el peso de las reformas recayó sobre ellas.
Entonces [Ranil] hizo arrodillarse a todos los partidos de la oposición. Hizo sentir al SJB que se vería minado por las deserciones. El JVP y su movimiento de masas (NPP) se vieron obligados a abandonar las protestas por las muestras de violenta represión estatal y el JVP se vio obligado a virar hacia la política electoral. Socavó al TNA (partido nacionalista tamil) diciendo que habría reconciliación nacional. Ofreció puestos ministeriales a los partidos musulmanes y los socavó.
Siempre dijo que las reformas del FMI serían difíciles para el público, pero no había alternativa. No hubo partidos de la oposición que rechazaran la agenda del FMI o propusieran una alternativa. El JVP dijo «iremos al FMI pero sugeriremos condiciones específicas». Fue entonces cuando Ranil respondió diciendo «cómo puede el deudor exigir condiciones al prestamista». Así que era una broma. Incluso el director regional del FMI dijo que sería un «amargo experimento», así que somos como ratas de laboratorio.
¿Cómo están movilizando a la gente sobre el terreno?
En cuanto a la construcción del movimiento de masas, el Galle Face Action Committee (que coordinó la ocupación del Gall Face Green) se dedica ahora a popularizar el consejo popular. Lo apoyamos, pero no interferimos demasiado. Mientras tanto, estamos construyendo nuestros consejos de lucha a través del movimiento de lucha popular.
En los próximos meses, tenemos previsto construir 1000 consejos. La respuesta del pueblo ha sido positiva. No son unidades del partido, todos los partidos pueden unirse. Creemos que construir el partido es importante, pero también pensamos que construir el movimiento popular es más importante.
El movimiento que surgió con el levantamiento [de 2022] (Aragalaya): tenemos que construir sobre él, mejorando la calidad y el nivel. Por eso fue débil. El levantamiento no estaba organizado, así que creemos que la organización es importante.
El segundo es el movimiento obrero. El movimiento obrero no pudo dirigir el levantamiento de 2022 porque era débil. Después de la derrota de la huelga de julio de 1980 (en la que masas de empleados públicos perdieron sus puestos de trabajo) no nos hemos recuperado. Desde entonces, los trabajadores no han sido capaces de organizar una huelga general. Esta fue una debilidad clave. Podríamos haber derrotado a Ranil si hubiera habido una huelga general.
La principal debilidad del movimiento obrero es su fragmentación. Hay sindicatos de partido, luego sindicatos independientes del partido. Incluso en medio de una gran crisis, no fueron capaces de unirse. El movimiento obrero no pudo conseguir ni el uno por ciento de lo que logró el movimiento estudiantil durante la Aragalaya.
¿Qué hay de la afiliación femenina en el partido y de la organización de las mujeres?
En cuanto a la afiliación de mujeres al partido, estamos avanzando. Hay mujeres que trabajan como organizadoras electorales de distrito y (regionales). Antes se consideraba que esto sólo lo hacían los hombres. Nuestro movimiento femenino, «mujeres libres», es activo. Hace poco se dedicaron a organizar a las mujeres que luchan con la microfinanciación. Estamos creando un movimiento nacional centrado en este tema.
También estamos organizando a los familiares de las trabajadoras migrantes. Las trabajadoras migrantes son difíciles de organizar ([debido a] la naturaleza temporal del trabajo y [su ubicación] en el extranjero). También nos ocupamos del acoso sexual a mujeres y niños.
Aunque en Sri Lanka las mujeres se enfrentan a menos barreras que en los países árabes o India, siguen pensando que la política no es su campo. Aunque fueron activas durante el levantamiento, no lo interpretaron como un compromiso político. Algunas de las mujeres más activas durante la revuelta tienen su foto de perfil (en Facebook) con el lema «Odio la política». Así que tenemos que aprender a comprometernos con esto.
El nuevo curso escolar comienza en febrero y sólo el coste de los libros de texto asciende a 20.000 rupias. Si hay tres niños en la familia, son 60.000 rupias. Esto se debe al aumento de los impuestos indirectos (IVA). Esto es sólo el costo de los libros, no uniformes, zapatos, etc. Así que las mujeres sienten esto. Incluso en la cocina no hay nada que cocinar, debido al coste de los alimentos. Antes no había gas (para cocinar). Ahora tenemos gas, pero no comida para cocinar.
Así que creo que esto hará que más mujeres se organicen.
6. Biden y Starmer pierden el voto musulmán
Un repaso interesante a cómo puede afectar en las próximas elecciones la descarada política de apoyo a Israel de los demócratas estadounidenses y los laboristas británicos. https://www.middleeasteye.net/
Biden y Starmer pagarán un alto precio por apoyar la guerra de Israel en Gaza
David Hearst 9 de febrero de 2024
La historia va a juzgar con mucha más severidad a los dirigentes políticos que justificaron y toleraron la limpieza étnica de Israel en Gaza
Durante los últimos cuatro meses, Occidente ha visto cómo Gaza era demolida bloque a bloque.
Se han arrasado barrios residenciales, se han volado universidades, hospitales y bibliotecas. Las familias, que constituyen los pilares de la sociedad, han sido exterminadas en sus hogares, donde se reunían en masa.
Las filas de la clase media -médicos, periodistas, académicos, empresarios- diezmadas. Los convoyes de ayuda han sido bombardeados. Los hambrientos que hacían cola para conseguir comida, o los que simplemente intentaban huir a pie, ejecutados por francotiradores.
Estas escenas de devastación recuerdan a los peores crímenes de la Segunda Guerra Mundial.
Tras rechazar una oferta de Hamás para detener los combates y sacar con vida a los rehenes que le quedaban, el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió esta semana perseguir la victoria hasta el amargo final.
Rafah, que se ha convertido en el último refugio, está a punto de convertirse en el próximo objetivo. Y, sin embargo, cuatro meses después, esta operación a escala industrial no tiene dificultades para encontrar partidarios entre quienes se identifican como liberales.
Justificar la guerra
Tras la organización de un homenaje nacional a las víctimas francesas del atentado de Hamás del 7 de octubre, se preguntó al ex presidente francés François Hollande si las víctimas francesas de Israel en Gaza no merecen lo mismo.
«No puede ser el mismo homenaje», dijo Hollande. «Una vida es una vida y una vida equivale a otra, pero hay víctimas del terrorismo y víctimas de la guerra. Ser víctima del terrorismo significa ser atacado como francés o como defensor de un modo de vida. Una víctima colateral, está en una guerra […], no es de la misma naturaleza», añadió.
El columnista Tom Friedman, tres veces ganador del Premio Pulitzer, justificó que Estados Unidos e Israel incendiaran «la jungla» con las siguientes palabras. «Irán es a la geopolítica lo que una especie de avispa parasitoide recientemente descubierta es a la naturaleza. ¿Qué hace esta avispa parasitoide? Según Science Daily, la avispa «inyecta sus huevos en orugas vivas, y las larvas bebé de avispa se comen lentamente a la oruga desde dentro hacia fuera, estallando una vez que han comido hasta saciarse».
«¿Hay alguna descripción mejor de Líbano, Yemen, Siria e Irak hoy en día? Son las orugas. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es la avispa.
«Los Houthis, Hezbolá, Hamás y Kataib Hezbolá son los huevos que eclosionan dentro del huésped -Líbano, Yemen, Siria e Irak- y se lo comen desde dentro hacia fuera. No tenemos ninguna contraestrategia que mate de forma segura y eficaz a la avispa sin incendiar toda la selva».
La idea de que los judíos son parásitos se remonta al Siglo de las Luces, pero fue retomada por los nazis en Alemania y Austria. En el Museo del Holocausto de Washington se exhibe un cartel nazi que compara a los judíos con piojos causantes del tifus. Friedman haría bien en visitarlo, al igual que el editor del New York Times que publicó su artículo.
Hollande y Friedman están al final de sus carreras. Pero el presidente estadounidense Joe Biden y el líder laborista Keir Starmer no. Ambos se enfrentan a unas elecciones este año.
Un lastre electoral
La despreocupación de Biden y Starmer por los peligros que podría acarrearles el apoyo a la campaña de Israel en Gaza es extraña porque cada uno de ellos valora el poder por encima de los principios. Son unos incumplidores de promesas desvergonzados.
Cabría esperar que fueran más cautos antes de seguir a Israel por el camino de la ignominia histórica. Porque cada día que pasa en esta guerra, Netanyahu parece cada vez menos el hombre por el que apostar.
La campaña de Israel en Gaza se está convirtiendo en un lastre electoral, precisamente porque ya va por su quinto mes y no da señales de detenerse.
El derrocamiento de Sadam Husein dejó de ser una demostración de fuerza fácil para el ejército estadounidense en el momento en que comenzó la resistencia iraquí.
Y, sin embargo, dos décadas después de que George Bush y Tony Blair cometieran el error que definió sus carreras al invadir Irak, que proyectó una sombra de la que ninguno de los dos hombres ha podido alejarse, Biden y Starmer están escenificando una actuación repetida.
Si el momento en que Blair sacrificó la confianza de la nación fue el «expediente dudoso» sobre las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam Husein, el fin de la reputación de Starmer entre los musulmanes británicos se produjo en lo que debería haber sido una entrevista rutinaria de la LBC.
Nick Ferrari preguntó a Starmer si Israel tenía derecho a cortar la electricidad y el agua a Gaza. Starmer respondió: «Creo que Israel tiene ese derecho. Se trata de una situación en curso. Obviamente, todo debe hacerse dentro del derecho internacional, pero no quiero alejarme de los principios básicos de que Israel tiene derecho a defenderse y Hamás es responsable».
Rápidamente se retractó de ese comentario, pero ese fue el momento decisivo.
El momento decisivo de Biden llegó cuando pareció dudar de la cifra de muertos presentada por el Ministerio de Sanidad palestino. «No tengo la menor idea de que los palestinos digan la verdad sobre el número de muertos», dijo Biden, contradiciendo directamente la opinión de la ONU y de los organismos internacionales de derechos humanos de que sus cifras eran fiables.
«Seguimos incluyendo sus datos en nuestros informes y están claramente fundamentados», dijo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en una declaración a Reuters.
Ambas declaraciones inclinaron la balanza de la opinión pública y tuvieron un efecto devastador en los votantes musulmanes a ambos lados del Atlántico.
Perder el voto musulmán
Un sondeo publicado el lunes mostraba una drástica caída del apoyo de los musulmanes británicos a los laboristas.
Los datos recogidos por Survation, por encargo de la Red Musulmana Laborista (LMN), mostraron que el 60 por ciento de los musulmanes británicos que expresaron su preferencia por un partido dijeron que votarían a los laboristas. Eso representa una caída del 26 por ciento de los musulmanes encuestados anteriormente en 2019. Solo el 43 por ciento dijo que definitivamente volvería a votar a los laboristas, con un 23 por ciento de indecisos.
La identificación con los laboristas ha bajado del 72 por ciento en 2021 al 49 por ciento en 2024, con un 38 por ciento de los musulmanes británicos declarando tener una visión más desfavorable del Partido Laborista tras los últimos 12 meses. La valoración personal de Starmer es de -11 por ciento.
El apoyo a los laboristas entre los musulmanes ha ido disminuyendo constantemente desde las elecciones de 2019, pero el punto de inflexión hacia un rápido declive se produjo en noviembre, un mes después de la guerra de Gaza. En cuatro meses el apoyo al partido se ha desplomado del 70 al 40 por ciento.
El instinto de Starmer ha sido redoblar la apuesta. Poco después de su debacle en la LBC, advirtió a todos los representantes electos que no asistieran a las protestas por el alto el fuego. Cuando se sometió a votación la negativa de Starmer a pedir un alto el fuego, varios miembros de su gabinete en la sombra dimitieron.
Desde entonces han dimitido más de 70 concejales laboristas en zonas como Oxford, Burnley, Hastings y Norwich. Las dimisiones y expulsiones de la izquierda antisionista del partido están produciendo ahora un retroceso.
Los escaños marginales de dos miembros del partido -Wes Streeting, Secretario de Sanidad en la sombra, y Rushnara Ali, Ministra de Inversiones en la sombra- están amenazados, así como los escaños de John Ashworth en Leicester y el escaño del difunto Tony Lloyd en Rochdale, donde se celebrarán elecciones parciales a finales de este mes. Todos ellos podrían ser volteados por un voto musulmán superior a la mayoría laborista.
Otros treinta y seis escaños, incluido el de Margaret Hodge, que llamó al anterior líder laborista Jeremy Corbyn «puto antisemita y racista», podrían convertirse en marginales.
Los grupos de base están surgiendo por todas partes, con miles de voluntarios dispuestos a apoyar a los candidatos independientes.
Un grupo llamado The Muslim Vote (TMV) ha declarado que apoyará a los candidatos independientes con recursos, redes, voluntarios y financiación en las circunscripciones donde crea que tiene audiencia.
Un candidato independiente podría presentarse en la circunscripción de Starmer. Ya se ha encontrado una joven candidata británico-palestina, Leanne Mohamed, para desafiar a Streeting en Ilford North.
El Grupo de Acción Comunitaria de Redbridge que la propuso se comprometió a presentar una candidata «fuerte en Palestina, el NHS, el racismo, la islamofobia y la crisis del coste de la vida».
Esto representa una potente fusión de Gaza y la agenda del Partido Laborista anterior a Starmer. Todo ello hace vulnerables a los ambiciosos apparatchiks como Streeting. El propio Streeting es consciente del peligro que corre y ha empezado a decir perogrulladas sobre la importancia de un Estado palestino. Streeting se negó a pedir un alto el fuego.
Nadie se hace ilusiones de que el voto musulmán pueda impedir que Starmer llegue al poder, pero podría marcar la diferencia entre una victoria aplastante al estilo de Blair y un gobierno en minoría.
Abandonar a Biden
Biden es más vulnerable en Michigan. Ante el creciente enfado de una importante población árabe y musulmana, la respuesta de su equipo de campaña fue muy similar a la de Starmer: descartar a los árabes y buscar otras vías para la victoria.
Como informó Politico: «El apoyo de Biden a Israel ha perjudicado gravemente a la campaña entre la considerable población árabe-estadounidense de Michigan, y su equipo se está esforzando por encontrar otras vías para la victoria en el disputado estado, según dos asesores de campaña a los que se ha concedido el anonimato porque no están autorizados a hablar públicamente de estrategia».
Dearborn tiene la mayor concentración de estadounidenses de origen árabe. Se ha convertido en el epicentro de una campaña nacional contra la reelección de Biden. Como la noche sigue al día, un artículo de opinión del Wall Street Journal bautizó a Dearborn como «la capital de la Yihad de Estados Unidos». En consecuencia, se ha incrementado la presencia policial local.
Podemos esperar que las mismas calumnias empiecen a aparecer en los medios de comunicación de la derecha británica.
Activistas de Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada y Pensilvania han creado una campaña AbandonBiden, seis de ellos estados disputados.
«Estamos buscando la manera de construir un mecanismo de coordinación entre todos los estados indecisos para que estemos constantemente trabajando juntos para asegurar que los musulmanes estadounidenses salgan en todos estos estados, y que el señor Biden pierda todos y cada uno de ellos», dijo Hassan Abdel Salam, profesor de la Universidad de Minnesota y miembro de la Coalición Nacional #AbandonBiden. «Justo detrás de mí, lo que debería ver el señor Biden son 111 votos electorales. Y ganó la última vez con 74».
¿Abandonar a Biden aunque el vencedor de esa campaña sea Donald Trump, el némesis de los musulmanes?
Pues parece que sí. Una nueva generación está en marcha para cambiar definitivamente la cara del Partido Demócrata. «No tenemos dos opciones. Tenemos muchas opciones», dijo Jaylani Hussein, director de la sección de Minnesota del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), en Dearborn, Michigan, cuando se le preguntó por alternativas a Biden.
Los musulmanes estadounidenses no esperan recibir un trato mejor que el desdén -falta de respeto es una palabra más adecuada- que están recibiendo con Biden, pero si Biden es reelegido, el voto en noviembre es su única oportunidad de remodelar la política estadounidense.
Biden ganó en Michigan por 2,8 puntos porcentuales y los árabes representan el 5% de los votos. El primer alcalde árabe de Dearborn, Abdullah Hammoud, tiene muy claro lo que quiere que haga Biden.
«Nunca ha habido en la historia una guerra en la que el 80% del país esté absolutamente diezmado, en la que el 100% de la población haya sido desplazada y en la que el 50% de los muertos sean niños. Eso no ha ocurrido nunca.
«Para nosotros, queremos acción, no palabras vacías. Si el presidente Biden quiere adoptar una postura firme, puede empezar por restringir la ayuda militar al Estado de Israel. Podría empezar pidiendo un alto el fuego, porque ahora mismo mueren casi 200 civiles cada día. Son pasos tangibles que se pueden dar porque lo que entendemos es que sólo los esfuerzos diplomáticos pueden conducir a una paz duradera y a la justicia».
Podemos estar seguros de una cosa. La Historia va a juzgar con mucha más severidad a los dirigentes políticos que justificaron y toleraron la limpieza étnica que se está produciendo ahora en Gaza.
La negativa de Biden y Starmer a pedir un alto el fuego y su negativa a respaldar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que Israel debe tomar medidas para cumplir la Convención sobre el Genocidio, producirán una mancha indeleble en sus carreras.
Ninguno de los dos ve el peligro que corren con Gaza. Pero tampoco lo vieron Bush o Blair cuando invadieron Irak.
7. Líbano como ejemplo del colapso energético
El Transnational Institute está publicando una larga serie sobre el estado actual de la transición energética, State of Power 2024, en la que publicarán cada día un ensayo, y los unirán todos finalmente en una sola publicación. Os paso uno de los que ya han aparecido, sobre un caso que se suele considerar paradigmático de la respuesta de un país cuando empieza a caerse en una especie de colapso: Líbano.
Negociar una crisis energética mundial en nuestra escalera
Lecciones del Líbano 8 de febrero de 2024
Puede que la crisis económica y energética sin precedentes de Líbano haya provocado una explosión de sistemas de energía solar a pequeña escala y se haya anunciado como un ejemplo de revolución energética descentralizada, pero un análisis más detallado muestra que también ha ampliado la desigualdad y dividido a las comunidades. En última instancia, la mejor solución a las crisis energéticas es movilizar a las comunidades para que se organicen colectivamente contra las políticas que las provocan.
Colectivo de Investigación Ebla
¿Estado o generador? Una pregunta con la que vivo desde hace 31 años como ciudadano libanés con (ningún) derecho y (muchas) obligaciones. Espero con impaciencia la luz de la farola, porque es la señal más segura de que vuelve la energía de la compañía eléctrica estatal. Ahora una bombillita le ha robado la gloria, señal de que la electricidad del generador está encendida. Estoy tan apegado a esta bombillita como a la pequeña esperanza de que mañana tengamos más electricidad estatal que el día anterior.
Las reflexiones de Sami1 sobre su silenciosa lucha contra las fuentes híbridas de electricidad que afligen su vida cotidiana, expresan las dificultades que muchas personas experimentan a diario en Líbano.
Desde los años de la guerra civil (1975-1991), los habitantes del país han tenido que cogestionar el suministro de electricidad a sus hogares y negocios debido a los cortes diarios y al suministro poco fiable de la empresa estatal Électricité du Liban (EDL). Dado que casi el 90% de la población libanesa reside en zonas urbanas, y a falta de un sistema gubernamental eficaz, la gente se las arregla sola (individual y colectivamente) y, en sus edificios o bloques de apartamentos, intenta responder a los cortes de electricidad. Esta cogestión de los servicios públicos básicos pesa mucho sobre la mayoría de la gente, y está en gran medida individualizada. Ha llevado a más personas a depender de redes informales.
Mientras que algunos edificios tienen un generador del que son copropietarios y que gestionan los residentes, muchos hogares se suscriben a proveedores privados que operan grandes generadores diésel a nivel de barrio. Estos servicios, de los que dependen Sami y la mayoría de los residentes del país, también están estrechamente vinculados a redes políticas en una intrincada red de clientelismo: el resultado es una sociedad abastecida por una energía cara, contaminante y poco fiable.
Con Líbano sufriendo una crisis financiera sin precedentes desde 2019, junto con la erosión casi total de los servicios básicos, incluida la electricidad,2 la vida cotidiana es como correr una carrera de obstáculos: una lucha constante para adaptarse a retos cambiantes y cada vez más difíciles. En 2021, el país se sumió en la oscuridad, ya que el gobierno no podía financiar las importaciones de combustible necesarias para mantener las luces encendidas.
La crisis energética se agravó hasta el punto de que los hogares sólo recibían una hora -si acaso- de electricidad suministrada por EDL. La dependencia de los generadores se agudizó, aumentando la dependencia de los combustibles e incrementando los costes para los hogares. Pero la reciente crisis eléctrica no es un hecho aislado: el país siempre ha vivido lo que podría denominarse una crisis prolongada de suministro de infraestructuras que afecta principalmente al suministro eléctrico3.
La experiencia de Sami y muchos otros se ha convertido en un aspecto normalizado de la vida en el país, donde una infraestructura heterogénea de electricidad procedente de EDL, generadores privados y un sinfín de tecnologías eléctricas alimenta los hogares y facilita la vida cotidiana.
Esta situación es producto de la corrupción estatal. Desde la década de 1990, el país está dirigido por un régimen político-financiero que alimenta la búsqueda de rentas 4 y sigue secuestrando las instituciones estatales para obtener beneficios financieros y políticos.5
El sector eléctrico en particular, además de ser disfuncional e ineficiente, ha alimentado durante décadas las redes clientelares 6 y ha lastrado el presupuesto del Estado, contribuyendo significativamente a la creciente deuda nacional y al consiguiente colapso financiero.7 En las altas esferas del poder, la falta de una respuesta adecuada a la planificación de la recuperación de la crisis más reciente y la ausencia de cambios en el sistema político o en el reparto del poder -que desde el final de la guerra civil se ha fijado según criterios sectarios- ha erosionado el sentimiento de unidad y pertenencia de los ciudadanos.
Sin embargo, la situación crítica de muchos hogares nos obliga a profundizar en la compleja red de servicios básicos formales e informales de los que dependen los libaneses y a estudiar cómo se organizan colectivamente en los edificios. Sabemos que los edificios o bloques de apartamentos son gestionados principalmente por comités de edificios encargados de mantener las zonas comunes y los servicios compartidos.
En Líbano, debido a la prolongada escasez de energía, estos comités también gestionan la prestación de servicios, como un generador diesel compartido. ¿Podrían estos comités, locales y posiblemente representativos, apoyar una transición energética que sea justa y sostenible? A la luz de todo esto, nuestra investigación trató de explorar estos micromecanismos a nivel de base, observando los edificios como unidad de análisis y los comités de edificios como una forma de organismo colectivo comunitario que podría informar alternativas al fallido modelo de gobernanza energética dirigido por el Estado.
Entre mayo y septiembre de 2023, llevamos a cabo una investigación etnográfica colaborativa en Beirut y sus suburbios. Once investigadores aportaron perspectivas y puntos de vista desde la vida cotidiana de los edificios en los que viven.
Estos edificios estaban situados en diferentes partes de la ciudad y abarcaban una gama de grupos de ingresos. Nos reuníamos periódicamente, leíamos las notas de campo de los demás y discutíamos los resultados. Sobre todo, compartimos las muchas formas en que la lucha constante contra los cortes de electricidad y la búsqueda de soluciones energéticas moldearon nuestras vidas. Mirando a través del prisma de la «justicia energética transformadora»,8 que hace hincapié en la interseccionalidad y las continuidades entre la injusticia energética y otras formas de injusticia, exploramos hasta qué punto la organización colectiva a nivel de edificios puede apoyar la democratización del acceso a la energía y el empoderamiento de las comunidades como participantes, y no como consumidores, en los sistemas energéticos esenciales para la vida cotidiana.
Visto así, estos esfuerzos no se consideran formas románticas de organizaciones económicas solidarias, sino modelos políticamente realistas que revelan cómo la gente intenta hacer que los servicios sean más accesibles, inclusivos y democráticos, a través de comités de edificios o colectivos de residentes de edificios.
Descubrimos que, a pesar de sus mejores intenciones y de los enormes esfuerzos realizados por estos comités, la gestión de los servicios de electricidad en los edificios distaba mucho de ser un proceso de democratización. La preocupación de los comités por la cogestión de la energía era onerosa y compleja, lo que conducía a la pérdida de poder y a la aparición de prácticas excluyentes con efectos perjudiciales para el bienestar de los residentes.
Centrarse en el nivel de los edificios era crucial, ya que se calcula que Beirut cuenta con unas 18.000 estructuras residenciales de gran altura, la mayoría de ellas con más de seis plantas9.
Por ley, los comités gestionan edificios residenciales que suelen constar de apartamentos de propiedad privada y zonas comunes (entrada, azotea, escaleras y otros espacios). Como tal, un comité representa los intereses de los propietarios de los apartamentos y tiene el mandato de gestionar todo lo relacionado con la salvaguarda y el mantenimiento de las zonas comunes y el funcionamiento del edificio, así como resolver los conflictos ocasionales entre los residentes.
Aunque no todos los edificios tienen un comité de edificio legalmente registrado, cuando se trata del suministro de electricidad, los residentes recurren a estos comités para intentar encontrar soluciones colectivas adecuadas.
Encontrar el camino en la oscuridad
La crisis financiera provocó un colapso económico en Líbano, donde la inflación subió hasta el 145% y el aumento del coste de los combustibles fósiles importados hizo que el precio de la electricidad, el gas y el gasóleo aumentara casi un 600%. Esto provocó una crisis eléctrica con una reducción aún mayor del suministro estatal, así como una sextuplicación del coste de los generadores de gasóleo.
La respuesta a la intensa escasez de electricidad tuvo elevados costes sociales, económicos y medioambientales, exacerbando la desigualdad de ingresos y la pobreza energética, con un 90% de los hogares comprometidos en el pago de los servicios básicos.
Entre los más pobres, el 20% carecía de acceso a un generador, y los hogares de renta baja pagaban un porcentaje sustancialmente mayor de sus ingresos por el suministro privado de electricidad10 , mientras que los expertos en medio ambiente estimaron un aumento significativo de las emisiones Además, al igual que en otras partes del mundo, estas repercusiones son de género, ya que las dificultades de la escasez de suministro recaen desproporcionadamente en las mujeres.12
El coste macroeconómico fue la profundización de la dependencia libanesa de las importaciones de gasóleo, que benefician principalmente a un cártel de importadores de petróleo para abastecer de combustible a los generadores privados,13 afianzando aún más las redes de poder e influencia de los políticos.
En el otro extremo de la crisis se encuentran las estrategias de la población para satisfacer sus necesidades energéticas cotidianas. Las soluciones individuales o colectivas en edificios y hogares son ya habituales. Las denominamos «microarreglos», de iniciativa privada y pequeña escala, que constituyen un mosaico de fuentes de energía (generadores de edificios, generadores de barrio que venden electricidad, paneles solares, inversores con baterías de litio o ácido). Esta es también la mayor parte de la electricidad generada y, de hecho, la estrategia nacional no escrita para el suministro de energía en este país asolado por la crisis.
Con más gente recurriendo a los microarreglos, el país vio una explosión de sistemas de energía solar a pequeña escala, que algunos celebraron como una «revolución de la energía solar 14 que, según ellos, podría incluso permitir a Líbano cumplir su compromiso de 2018 de alcanzar el 30% de energías renovables en 2030 15.
Sin embargo, la fiebre solar del país ha sido principalmente individual y privada, lo que subraya las diferencias de clase en el acceso a la energía solar de calidad, dado el alto coste de adquisición de los paneles, baterías y equipos inversores necesarios. Además, se avecina una «crisis de residuos tóxicos» 16 derivada de todas las baterías y paneles gastados, sin ningún plan para su gestión en el horizonte.
La falta de un programa eficaz de préstamos subvencionados ha impulsado un modelo del mercado de la energía solar basado en los beneficios, un aspecto negativo de la transición energética señalado anteriormente.17 Esto, junto con la complejidad del suministro de energía en Líbano, trae a la mente la cuestión de la justicia energética. La falta de un «acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos» 18, con repercusiones medioambientales e intergeneracionales muy negativas sobre el bienestar de los residentes19 , es evidente que el suministro de energía en Líbano y la posible transición a las energías renovables no son justos.
Los pensadores de la justicia energética la definen como un «sistema energético global que distribuye equitativamente tanto los beneficios como los costes de los servicios energéticos, y que cuenta con una toma de decisiones representativa e imparcial en materia de energía».20 Principalmente, su visión afirma el derecho a una energía asequible y sostenible, en la que su suministro es transparente y responsable.
Un año antes del punto álgido de la crisis, una asamblea ciudadana libanesa celebrada en 2020 suscitó (enlace externo) un «imaginario de interdependencia que busca crear redes comunales integradas como solución colectiva a pequeña escala en un momento en que las soluciones a escala nacional no se perciben como posibles «21.
Este deseo de una solución liderada localmente e independiente del Estado central se deriva de la falta de confianza en la capacidad del Estado o de los socios privados bajo su ala para resolver el problema energético de décadas, así como de la falta de confianza en las opciones renovables y de una perspectiva distópica que vaticinaba, con razón, un mayor deterioro del suministro energético. Destacamos la desconfianza de la población en el Estado y sus instituciones como prueba no sólo de lo arraigados e históricos que están los problemas de la electricidad en el Líbano, sino también de cómo la gente reconoce la corrupción en el sector pero se siente impotente frente a ella.
Vivir en la crisis eléctrica
La crisis eléctrica hizo que los hogares dependieran casi exclusivamente de la electricidad suministrada por generadores diésel. Para aclarar, un generador de un edificio es propiedad de éste y da servicio a los residentes que han pagado por su funcionamiento y mantenimiento, mientras que un servicio privado de generadores diésel de barrio es otra opción a la que se suscriben los apartamentos individuales (por una cuota mensual) sólo para un pequeño número de amperios.
Sami escribe cómo «la electricidad del EDL siempre fue el sueño», ya que es cuando puede consumir más que el consumo racionado de sólo 5 o 10 amperios del generador. La crisis hizo añicos ese sueño y creó una afinidad con el generador diesel al que Sami está abonado, cuyo propietario siente que «está con nosotros y nada está contra nosotros excepto nuestro Estado y su luminosa compañía eléctrica EDL». Los sentimientos de Sami reflejan una relación ambivalente con el Estado y sus instituciones, cuyos fracasos conforman notablemente el imaginario político del país. Esa ambivalencia se extiende también hacia los propietarios de los generadores diésel, que han destacado por su codicia y su falta de responsabilidad.
La crisis eléctrica se impuso como una realidad duradera, dictando los ritmos diarios de la vida doméstica. Empezamos a planificar nuestras vidas en torno a estos cortes: a qué hora nos levantábamos, a qué hora volvíamos a casa, nuestro horario de duchas y comidas», escribió Yasmin.
Las tareas cotidianas se organizaron en torno al horario del generador y la vida diaria se convirtió en una lucha constante como «un remolino interminable», según Sami: la colada amontonada; las noches en vela en verano sin aire acondicionado; los amperios insuficientes para aparatos de alto voltaje como los calentadores de agua. Ahora su vida cotidiana también está racionada, «las luces se apagan a las 11 de la noche, a las 12 de la mañana o incluso a la 1 de la madrugada… es hora de irse a la cama, y todo el mundo se va a dormir a la misma hora».
Los mecanismos de afrontamiento y adaptación alternaron entre soluciones individuales y exploración de posibilidades colectivas, que a menudo implicaban la experimentación con nuevas tecnologías. Dado el sistema de mercado del Líbano, las nuevas soluciones -los microarreglos- estaban al alcance de quienes disponían de medios económicos.
En cambio, los residentes que dependían únicamente del generador privado del barrio se sentían a menudo atrapados en una relación de dependencia, ya que cambiar de un proveedor a otro es costoso, si es que es posible hacerlo.
Algunos mostraban hostilidad hacia estos proveedores mientras se quejaban de la espiral del coste de la vida que trajo la crisis financiera, pero al mismo tiempo necesitaban la energía en medio de casi apagones. Como escribió Sami, los proveedores privados manipulaban la vida de la gente sin freno ni supervisión. Al hacerlo, ganaron aún más poder, ya que para mucha gente el coste de otras opciones los convirtió en la única opción.
La crisis afecta más a las personas con necesidades sanitarias o asistenciales, como los ancianos y los discapacitados que necesitan tomar un ascensor para llegar a su casa, pero que ahora tienen que programar sus salidas según el horario del generador. La opción de subir tramos de escaleras también es difícil para personas de todas las edades, como señala Yasmin:
Nunca me había dado cuenta de lo altos que eran doce tramos de escaleras hasta que tuve que subirlos casi todas las noches… Subiendo las escaleras, una y otra vez, empecé a sentirme fuera del tiempo, como si la escalera se extendiera infinitamente y me retuviera en un bucle que nunca acabaría».
Esa sensación de lo interminable -el remolino, el bucle infinito- habla de exacerbación. Un cansancio lo invade todo, poniendo en el centro los cuerpos de los que viven la crisis. Destacamos estas sensaciones para señalar los impactos intangibles que la crisis tiene en las personas, dado lo enredada que está la vida cotidiana con la electricidad. Las experiencias corporales, la ambivalencia respecto a los actores estatales y no estatales, y una existencia rutinaria aparentemente opresiva pueden tener implicaciones sociales y políticas con consecuencias significativas.
La respuesta a la crisis no sólo ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas existentes, sino que -en su propio diseño- ha afianzado aún más estos desequilibrios de poder. Por ejemplo, el proceso de racionamiento de energía de los generadores diésel de los edificios (para gestionar los costes y el desgaste mecánico) reveló necesidades y prioridades contrapuestas, y experiencias diferenciadas por género, tamaño y composición de la familia, así como posición económica y social.
Mientras que las amas de casa preferían un suministro durante el día, las que trabajaban fuera de casa querían seguir su horario laboral, y los hogares acomodados querían más suministro sin importar el coste. Se hicieron necesarias negociaciones y adaptaciones, que a menudo llevaron a restar prioridad a las necesidades de los más débiles o incluso a ignorarlas. En la toma de decisiones, hubo una ausencia de voces femeninas, a veces deliberada y otras no, dadas cuestiones como el cuidado de los niños y otras demandas de su tiempo.
Esta dinámica demuestra que, incluso cuando las decisiones son locales, se explotan las diferencias de poder. En este caso, la intersección de la desigualdad con los enfoques comunitarios o colectivos de resolución de problemas ha perjudicado a los grupos más débiles, lo que pone de relieve cómo la justicia sigue siendo una preocupación incluso en las respuestas a nivel local.
Por el contrario, los edificios con medios económicos y residentes bien conectados pudieron asegurarse el gasóleo más fácilmente, protegiéndose de lo peor de las crisis. El edificio de altos ingresos descrito por Yasmin se convirtió en «una fortaleza que a la vez protege y distingue a sus residentes de lo que hay fuera».
Sin embargo, las ventajas de las que disfrutan los hogares con mayores ingresos no están exentas de costes para los menos afortunados. En este ejemplo, el ruidoso generador que funcionaba las 24 horas del día tuvo efectos ruinosos sobre la salud mental y el bienestar de los residentes más pobres de los edificios cercanos. Se aprovecharon las conexiones personales con partidos políticos y élites influyentes para conseguir gasóleo más barato, mientras que en otro edificio, las conexiones del líder del comité con un partido político afianzaron aún más su dominio sobre los vecinos.
Vemos claramente cómo los efectos de la crisis han afectado más gravemente a los edificios con rentas más bajas. Los edificios con rentas más altas, a pesar de la crisis, siguieron invirtiendo en el mantenimiento del edificio y en la conservación general de las zonas comunes, mientras que los que tenían hogares con rentas medias o más bajas empezaron a sufrir el declive de forma visible. El privilegio y el prestigio en los edificios de Beirut ya no son la vistosa entrada, el portón eléctrico o la reluciente fachada, sino el zumbido casi constante de un generador diésel que proporciona amplias horas de comodidad y ambientes frescos a sus residentes.
Edificios en plena crisis eléctrica
En un edificio, tres de las áreas comunes que requieren colaboración para aplicar soluciones energéticas son: (1) los servicios compartidos del edificio que necesitan electricidad (ascensor, bomba de agua, luces de la escalera, etc.); (2) un generador diésel propiedad del edificio; y (3) el uso de zonas comunes para instalar soluciones energéticas, como destinar un espacio al generador o utilizar la azotea para instalar paneles solares.
Hubo un elemento temporal en esta crisis, como señaló Fadia, que observó cómo al principio los vecinos estaban dispuestos a soportar horarios reducidos, sacrificando comodidad y confort para que las facturas compartidas fueran asequibles para todos. Sin embargo, a medida que la crisis avanzaba y los meses se convertían en años, esa solidaridad dio paso a una convivencia impaciente.
Los sentimientos cambiaron y a las afirmaciones siguió el «los que no han pagado su parte de la factura del generador este mes no deberían protestar». Se celebraron largas reuniones y debates, a menudo antagónicos, que empujaron a la gente a adoptar soluciones individuales, como sistemas de baterías de litio para sus hogares. Esto alivió los problemas de quienes podían permitirse tales soluciones, pero redujo el ímpetu por encontrar soluciones consensuadas. Las soluciones individuales se convirtieron en la panacea para que la gente se ocupara de sus propias necesidades y redujera «el dolor de cabeza».
La gestión de los servicios compartidos también plantea problemas. El ascensor requiere algún tipo de cooperación para garantizar su mantenimiento periódico y el pago de su factura de electricidad, ya sea cubierta por el generador del edificio o requiriendo una suscripción independiente de un servicio de generadores del barrio. Cuando los residentes no podían permitirse pagar o invertir en baterías de litio para hacerlo funcionar en todo momento, algunos comités optaron por limitar su uso sólo a quienes podían permitírselo.
Mediante un sistema de control remoto, sólo podían llamar al ascensor los que habían pagado. Con la electricidad de la red disponible sólo durante unas horas al día, el ascensor pasó a ser para uso privado de los residentes más ricos y dejó de ser un servicio básico. En ese sentido, este servicio mundano del edificio se convirtió en un lugar de la crisis en desarrollo, produciendo prácticas excluyentes y alienación entre los vecinos.
El uso de zonas comunes, como la azotea del edificio, demostró que no son tan comunes después de todo. Al igual que los bienes comunes de la ciudad en general, estos espacios de los edificios han sido invadidos a menudo, ya sea por la aparición de necesidades de nuevas instalaciones y servicios (por ejemplo, depósitos de agua en la azotea o zonas ajardinadas compartidas) o por un vecino que se las arregla para apoderarse de ellos y limitar el acceso de los demás, como cuando las azoteas se convierten en terrazas ampliadas para un residente del último piso.
En vista de ello, y del auge de la energía solar en Beirut y sus suburbios, se plantea la cuestión de si los hogares tienen realmente acceso a la azotea del edificio. En los edificios que investigamos, sólo tres tenían paneles solares instalados, pero éstos pertenecían a los pocos hogares que instalaron paneles sin consultar ni acordarlo con los vecinos, en un hecho consumado. Aunque en algunos suburbios de la ciudad han empezado a surgir servicios de electricidad alimentados por energía solar22 , no observamos ningún esfuerzo colectivo para invertir en energía solar en nuestra muestra. En un edificio se debatió esta cuestión y el comité asumió que era ilegal, mientras que otros decidieron que el espacio del tejado no era lo bastante grande para alojar los paneles necesarios.
Estos ejemplos demuestran que, aunque en algunos edificios había comités que se reunían, acordaban, planificaban e invertían en soluciones para paliar los efectos de la crisis de forma justa y accesible, estas opciones no siempre eran estratégicas, eficaces o inclusivas. Aunque los edificios con mayores ingresos podían resolver los problemas comprando colectivamente generadores más grandes, esto no significa que el aspecto económico sea el único factor en juego.
La intensidad de la crisis eléctrica, unida a las crecientes cargas financieras de las familias, hace que la cooperación sea mucho más difícil, ya que menos personas pueden dedicar el tiempo y los recursos financieros que requieren estas iniciativas. Otra causa del fracaso es la duración de la crisis (que entra ya en su cuarto año), que ha hecho que la gente pierda la paciencia y opte por soluciones individuales. Por ello, la cooperación fue fluyendo y refluyendo con el tiempo, a veces surgiendo en espacios compartidos y otras veces desapareciendo bajo el estrés y las tensiones de vivir en una crisis.
Sin embargo, los comités de construcción siguen siendo importantes para las ciudades del país. La investigación ha demostrado. La investigación ha demostrado que son fundamentales para proteger el entorno construido de la decadencia, donde los edificios abandonados son a veces los «escombros deliberados» impulsados por las políticas neoliberales que fomentan la demolición, la reconstrucción y la especulación en los mercados inmobiliarios.23
Dado que antes de la crisis los comités de edificios eran eficaces (en su mayoría) a la hora de mantener y gestionar los servicios de los generadores o de encontrar soluciones a problemas relativamente pequeños, como el suministro irregular de agua, cabe preguntarse si esta crisis -por su complejidad y múltiples repercusiones- es demasiado grande para que un comité de edificios la gestione por sí solo.
Esto subraya nuestro llamamiento a una visión crítica de los esfuerzos dedicados a soluciones localizadas, especialmente los que no tienen suficientemente en cuenta las fuerzas estructurales que pueden delimitar severamente las respuestas de la población. Lo que nos preocupa aquí es hasta qué punto pueden ser eficaces las soluciones localizadas cuando el fracaso del Estado es tan patente y hasta qué punto es probable que estas soluciones tengan éxito a largo plazo.
El desarrollo de una crisis
La dinámica de los comités de construcción puede captar cómo la gente adapta las rutinas cotidianas al suministro eléctrico limitado, que negocian con sus vecinos para garantizar que el suministro se ajuste a sus necesidades. Pueden ser lugares de búsqueda de microsoluciones colectivas y también encontramos estrategias de resistencia y de mejora de la vida que desafían una realidad energética injusta, ya que los residentes intentan lograr la solidaridad, la colaboración y la acción colectiva, aunque sólo sea temporalmente.
Relatamos experiencias sobre el terreno de cómo la crisis energética llega a las puertas de la gente, exigiéndoles encontrar soluciones técnicas colectivas con los aspectos distributivos y procedimentales de la justicia implícitos en su toma de decisiones, pero también mientras sucumben a las injusticias energéticas globales, estatales y sistémicas.
Demostramos que, incluso con buenas intenciones, las responsabilidades añadidas en relación con el suministro de electricidad resultaron demasiado complejas para los comités de construcción individuales y aumentaron la carga que les imponía el Estado fallido. Desde la perspectiva de la justicia energética, esta situación dista mucho de las expectativas de democratización del acceso a la energía y de empoderamiento de las comunidades que podríamos imaginar a partir del discurso político y activista.
Veamos el ejemplo de Um-Rami, una abuela de 78 años que lleva dos décadas encargándose del comité y la contabilidad de su edificio. Lo anota todo en dos pequeños cuadernos en los que se registran cronológicamente los gastos del edificio y los ingresos procedentes de las contribuciones de los residentes durante los últimos 10 años. También hay una pequeña caja metálica que contiene el dinero en efectivo, las facturas y los recibos restantes.
Al final de cada año, calcula los totales y los pasa a la página siguiente. Um-Rami se queja de seguir siendo responsable de esta tarea, de lo cansada que está y de que comete errores en los cálculos. Maya recuerda que, a lo largo de los años, ha intentado ayudarla guardando un archivo Excel con dos hojas para cada año, una para los gastos y otra para los ingresos, con el fin de elaborar un informe anual para los residentes. Ella también está cansada, le cuesta encontrar tiempo entre el trabajo, las tareas domésticas y la crianza de sus hijos.
Cargar el peso de la solución a la escasez de energía -un problema nacional que dura décadas, además de una crisis climática mundial- sobre los hombros de los habitantes de ciudades como Um-Rami no es un proceso de democratización ni de empoderamiento. De hecho, incluso entre los miembros más jóvenes o más capacitados técnicamente de los comités, la gestión de un sistema de este tipo es agotadora. Estos comités luchan por mantener los servicios necesarios para la vida cotidiana de sus residentes, al tiempo que se enfrentan a una crisis política dinámica, a la devaluación de la moneda y a la escasez de combustible.
Dada la magnitud de la crisis energética y la corrupción en Líbano, la respuesta habilitadora no son las medidas provisionales que se han visto obligados a adoptar los habitantes de Beirut, ni el despliegue de soluciones técnicas a pequeña escala, caras y cuestionables desde el punto de vista medioambiental, ni pensar que la respuesta está en la energía comunitaria. La crisis energética es política y exige una respuesta política.
Para aclararlo, los estudiosos y activistas de la justicia energética abogan por sistemas energéticos descentralizados y dirigidos por la comunidad 24 y devolver «el micrófono a las comunidades marginadas cuyas voces han sido sistemáticamente silenciadas durante demasiado tiempo».25 Pero sin una acción política paralela para desmantelar los sistemas políticos rentistas del Sur global y los regímenes neocoloniales que los sostienen y que cosechan los beneficios de unos sistemas energéticos injustos y extractivistas, los llamamientos a la descentralización y a la energía comunitaria corren el riesgo de reforzar la injusticia.
Las comunidades, como hemos visto en el Líbano y en otros lugares del Sur globa,26 se espera que las comunidades soporten la carga de satisfacer sus necesidades energéticas sobre los escombros de unos sistemas energéticos que fallan, pero sin el poder ni los recursos para hacerlo.27
Así pues, podría decirse que es mejor dedicar los esfuerzos populares no a desplegar soluciones tecnológicas a la crisis energética, sino a ayudar a organizarse colectivamente contra las políticas que la han provocado. Aunque las élites corruptas del Estado han logrado sofocar la oposición mediante una política populista clientelar y sectaria, la movilización ha contribuido a impulsar el debate sobre los servicios y las infraestructuras.
Por ejemplo, movilizaciones anteriores, como la campaña #YouStink,28 a pesar de su éxito limitado, apuntaban acertadamente a la corrupción política que condujo a la crisis de los residuos, en lugar de centrarse en soluciones técnicas para la gestión de residuos sólidos.
Además, para los hogares individuales, el comité de construcción como unidad sigue siendo de gran relevancia, sin duda como punto de partida para definir y expresar las necesidades y prioridades a nivel comunitario. Estos comités operan dentro de un ecosistema urbano que engloba edificios vecinos en circunstancias similares, proveedores de servicios informales, incluidos los propietarios de generadores y los electricistas locales, y, allí donde están activos, las autoridades municipales locales.
Vimos algunos ejemplos de esta cooperación, como el de un comité de edificios que intentó adquirir un generador junto con otro vecino, o que a veces negoció tarifas de abono conjuntamente con proveedores privados del barrio, mientras que otro comité de edificios toma nota del incendio de un generador vecino para mejorar las medidas de seguridad en su propio edificio.
El papel de los proveedores de generadores, a menudo demonizados como una mafia por su monopolio de los servicios del barrio y su fijación de precios, podría gestionarse de otra manera.29 Cuestionamos este etiquetado simplista, dados los sentimientos encontrados de la gente que se desprenden de nuestro estudio. Cuestionamos este etiquetado simplista, dados los sentimientos encontrados de la gente que surgieron de nuestro estudio. Sostenemos que hay margen para implicarles de formas que vayan más allá de la prestación de servicios transaccionales.
Están prestando servicios a una escala relativamente grande que el Estado no está proporcionando y que la gente está luchando por gestionar a nivel de edificios. Lo ideal no es, ni mucho menos, seguir dependiendo de los servicios de los generadores a nivel de barrio, dada la falta de responsabilidad y las consecuencias para la salud medioambiental. A pesar de ser entidades privadas, son -al igual que la tienda de comestibles del barrio- también parte de sus comunidades y están inmersas en su red de relaciones y sistemas de clientelismo.
Hay que prestar apoyo para que los colectivos de residentes puedan presionar para que se mejoren las condiciones del servicio, sin olvidar la reducción del ruido y las emisiones. Un tercer socio necesario que puede apoyar a los residentes son las autoridades locales municipales. En el edificio en el que el ayuntamiento asumió un papel activo en la regulación de los proveedores privados de generadores, los residentes se beneficiaron de una gestión menos estresante de sus necesidades energéticas cotidianas.
Los comités de edificios siguen siendo espacios cruciales para la organización colectiva en el complicado contexto urbano de Beirut. Sin embargo, en los esfuerzos por lograr la justicia energética, el capital social y las habilidades de los organizadores a nivel de edificio, como Um-Rami, podrían invertirse mejor en el fortalecimiento de los puentes entre los residentes vecinos, la movilización para el cambio político efectivo y la presión sobre los proveedores de servicios y las autoridades locales para soluciones energéticas más justas.
Años de corrupción y el poder incontrolado de la élite gobernante en el país hacen que cualquier esfuerzo por apoyar la transición a una energía más ecológica o por abordar la pobreza energética resulte especialmente difícil. La crisis energética del Líbano no es un problema técnico que los proyectos energéticos locales dirigidos por la comunidad puedan simplemente paliar.
Estas ideas nos hacen estar cada vez más convencidos de que se trata de una crisis política -provocada por años de descarados acaparamientos de poder por parte de políticos corruptos que se han hecho con el control de la infraestructura energética- y de que es imperativa una solución política.
8. Entrevista de Carlos Fernández Liria a Emilio Santiago
Si ayer vimos una entrada de Turiel en la que insistía en sus tesis sobre la necesidad de un decrecimiento en el que consideraba que basarlo en la electrificación total centralizada es inútil, hoy tenemos la postura contraria de Emilio Santiago en una entrevista con Carlos Fernandez Liria. Santiago, reconocido colapsista «pentito», me temo que entonces se dejó llevar por la versión más extrema del colapsismo, es decir, que se iba a producir ya, a principios de los 2000, y ahora se pasa a lo contrario: tenemos energía renovable para dar y tomar y el mundo tiene muchas posibilidades de seguir con una complejidad como la actual, con un poco de sentido común para no achicharrar el planeta y decrecimiento. Me gustaría ser tan optimista como él, aunque insiste que no es optimismo sino datos contrastados. Leed y ved las dos versiones y llegad a vuestra propia conclusión. https://www.youtube.com/watch?
9. Resumen de la guerra en Palestina, 9 de febrero
El resumen de Mondoweiss
Día 126 de la «Operación Al-Aqsa»: Estados Unidos afirma que no apoyará una operación terrestre «no planificada» en Rafah, Israel intensifica los ataques de todos modos
Incluso Joe Biden admite que la conducta de Israel en Gaza es «exagerada», mientras que el ejército israelí ha seguido intensificando sus ataques tras el rechazo de Netanyahu a la última propuesta de alto el fuego de Hamás.
Por Anna Lekas Miller 9 de febrero de 2024
Bajas
Más de 27.947 palestinos muertos en Gaza, entre ellos al menos 12.000 niños.
Más de 67.459 palestinos heridos.
Acontecimientos clave
- Estados Unidos anuncia que no apoyará una operación terrestre «no planificada» en Rafah.
- El presidente estadounidense Joe Biden critica las acciones de Israel en Gaza como «exageradas».
- El ejército israelí intensifica los ataques en Rafah, a pesar de las advertencias.
- Francotiradores israelíes asesinan al menos a 17 personas frente al hospital Nasser de Khan Younis.
- ONU: 500.000 niños sin escolarizar en Gaza.
- Ayuda en Acción: En Gaza escasean tanto los alimentos que la gente come hierba.
- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollah, viaja a Beirut para reunirse con «altos funcionarios libaneses y líderes de grupos de la resistencia».
- Once palestinos detenidos en redadas en Cisjordania.
- Arabia Saudí recibe a altos diplomáticos árabes, que piden un alto el fuego inmediato y el reconocimiento de un Estado palestino.
- Oficiales de inteligencia del ejército estadounidense afirman que Israel ha matado a un tercio de los combatientes de Hamás.
Estados Unidos se opone a una operación militar «imprevista» en Rafah.
Estados Unidos ha advertido de que no apoyará una operación militar «no planificada» en Rafah sin tener debidamente en cuenta a los palestinos desplazados que se refugian allí.
«No hemos visto ningún plan que nos convenza de que [el ejército israelí] está a punto de llevar a cabo, o va a hacerlo de forma inminente, ninguna operación de envergadura en Rafah», declaró el jueves el portavoz de seguridad nacional estadounidense, John Kirby, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
«Más de un millón de palestinos se refugian en Rafah y sus alrededores», continuó. «Los militares israelíes tienen la obligación especial, cuando llevan a cabo operaciones allí o en cualquier otro lugar, de asegurarse de que tienen en cuenta la protección de la vida de civiles inocentes».
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se hizo eco de sus preocupaciones, pronunciando un discurso en el que se refirió a las acciones de Israel en Gaza como «exageradas», en un marcado alejamiento de su habitual apoyo inequívoco a Israel.
Los comentarios de Biden se producen tras varias protestas en todo el país pidiendo un alto el fuego, así como por la creciente presión política de la comunidad palestina y árabe-estadounidense para que no apoye a Biden durante la campaña electoral de 2024, dada su inacción en Gaza.
El Consejo de Relaciones Islámicas también ha pedido al gobierno de Biden que garantice la liberación de dos ciudadanos estadounidenses secuestrados por las fuerzas israelíes en Gaza.
Sin embargo, hasta ahora Estados Unidos ha hecho poco por utilizar de forma significativa su influencia en la región, a pesar de que Netanyahu rechazó una propuesta de alto el fuego a principios de esta semana.
Resulta alarmante que el ejército israelí siga intensificando sus ataques en toda la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas, la aviación israelí ha atacado varias viviendas en la ciudad de Gaza, así como en Deir al-Balah y Rafah. Anoche mismo, francotiradores israelíes abatieron al menos a 17 personas frente al hospital Nasser de Khan Younis, en un ejemplo de la creciente tendencia a los ataques selectivos.
Mientras tanto, la crisis humanitaria en toda la Franja de Gaza no hace más que empeorar: se calcula que 500.000 niños no pueden ir a la escuela, y la crisis de hambre ha llegado a ser tan grave que la gente ha empezado a comer hierba, a falta de cualquier otra cosa. Rafah, la última de las denominadas «zonas seguras» de Gaza, ha sido descrita como una «olla a presión de desesperación», ya que más de 1,4 millones de personas se refugian hacinadas en albergues de la ONU y en ciudades de tiendas de campaña. Dado que Rafah es el distrito más meridional de la Franja de Gaza en la frontera con Egipto -la frontera egipcia permanece cerrada a los palestinos que esperan huir de Gaza-, muchos se preguntan adónde irán en el probable caso de una invasión terrestre.
«¿Adónde iremos después de Rafah?», dijo una mujer llamada Warda Abu Warda a Al Jazeera, tras un ataque aéreo israelí que mató a trece personas en Rafah. «¿Vamos al mar?».
Redadas, detenciones y muertes bajo custodia en Cisjordania
Continúan las redadas israelíes en Cisjordania, con la detención de once palestinos en Ramala,
Sinjil y Tulkarem, entre ellos un periodista identificado como Hamza Safi.
Un preso palestino murió bajo custodia israelí, lo que eleva a ocho el número total de palestinos que han muerto bajo custodia israelí desde el 7 de octubre de 2023.
Poner fin a la guerra en Gaza es «crucial» para la estabilidad regional
Mientras los representantes de Hamás regresan de nuevo a El Cairo para trabajar en un alto el fuego con los negociadores egipcios y qataríes, tanto analistas políticos como líderes mundiales hacen sonar la alarma de que el fracaso en alcanzar un acuerdo de alto el fuego podría provocar una escalada regional de la violencia, así como una catástrofe humanitaria en Gaza.
«Creo que los tres grandes -Irán, Israel y Estados Unidos- no quieren ver una escalada», afirmó Comfort Ero, presidente de Crisis Group, señalando que empezar con una tregua de 40 días (y ampliarla a partir de ahí) podría ser un comienzo positivo para evitar el tipo de escalada que muchos temen.
Otros países árabes -entre ellos Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí- han organizado recientemente reuniones para debatir la reducción de las tensiones en la región y la necesidad de un alto el fuego inmediato y el reconocimiento de un Estado palestino. Sin embargo, dado que Netanyahu rechazó la propuesta de alto el fuego más reciente y calificó de «locura» las exigencias de Hamás de un plan en tres fases para el fin de la guerra (que incluiría un alto el fuego temporal y la liberación de muchos prisioneros palestinos a cambio de prisioneros israelíes), algunos temen que cualquier acuerdo pueda llegar demasiado poco y demasiado tarde.
«También estamos viendo que cada día estamos un paso más cerca de un gran error de cálculo», continuó Ero. «Evitar de nuevo ese tipo de catástrofe se convierte en algo realmente importante».
Mientras tanto, Netanyahu ha dicho que el único «día después» será el «día después de Hamás – de todo Hamás». Dado que un reciente informe de los servicios de inteligencia estadounidenses ha revelado que sólo un tercio de los combatientes de Hamás han muerto desde el comienzo de la guerra, esta visión de la «victoria total» podría estar muy lejos. Mientras tanto, los civiles se verán inevitablemente atrapados en el fuego cruzado.
