Del compañero y miembro de Espai Marx, Carlos Valmaseda.
1. Entrevista a Joan Benach sobre salud laboral
2. Realismo socialista.
3. Neo-otomanismo e Hindutva
4. Boletín Panafricano
5. La ultraderecha en Ucrania
6. Asalto a la agricultura africana.
1. Entrevista a Joan Benach sobre salud laboral
«La precariedad laboral puede ser igual o peor que el desempleo”
Laura Villadiego 24/09/2023
Para Joan Benach, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y doctor en Salud Pública por The Johns Hopkins University, la precariedad “es un determinante social tóxico que genera sufrimiento psíquico y trastornos mentales” y cuyas consecuencias pueden igualarse a las del desempleo con cierto nivel de protección social. Esta preocupación se ha plasmado en el Informe PRESME sobre la “Precariedad laboral y la salud mental”, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social le ha encargado coordinar y que presentó hace unas semanas. Con él hablamos sobre la relación entre los problemas de salud mental y la precariedad laboral y sobre las medidas que habría que implementar para prevenir los riesgos asociados a estas condiciones de empleo y trabajo.
¿Qué es la precariedad laboral? ¿Qué condiciones de empleo y trabajo se consideran precarias?
La precariedad es un fenómeno dinámico y complejo que cabe entender como resultado de las relaciones de poder en el empleo y el trabajo, donde interactúan múltiples factores sociales (económicos, legislativos, políticos, laborales, culturales, etc.). Contrariamente a una visión de la precariedad sólo centrada en el contrato o la inseguridad, la precariedad laboral tiene en realidad un carácter multidimensional, que incluye numerosas condiciones de empleo y trabajo. En la actualidad, creo que el instrumento científico más aceptado para su medición es el cuestionario EPRES que, junto con otras personas, impulsé en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y que ya ha sido aplicado en muchos países. El EPRES incluye seis dimensiones esenciales: la inestabilidad del empleo (tipo y duración del contrato), bajos salarios, escaso poder de negociación (capacidad de negociación de las condiciones de empleo), vulnerabilidad (relaciones sociales de poder en el lugar de trabajo, con situaciones de amenazas, discriminación, etc.), menos derechos laborales (indemnización por despido, compensación por desempleo, vacaciones, etc.) y la falta de poder para ejercer estos derechos.
¿Qué impactos tiene la precariedad laboral sobre la salud mental? ¿Es mejor tener un trabajo precario o estar en paro?
La salud mental es un componente central de la salud y el bienestar de las personas que depende de determinantes sociales muy diversos entre los que destaca la precariedad laboral. La precariedad es un determinante tóxico, de manera que el “mal empleo” y el “mal trabajo” penetran en cuerpos y mentes generando sufrimiento psíquico y trastornos mentales muy diversos. La investigación estima que el riesgo de padecer problemas de salud mental es más de dos veces superior entre quienes trabajan en situación de precariedad en comparación con quienes tienen menos precariedad. El Informe PRESME ha valorado el riesgo de sufrir depresión que podemos atribuir a la precariedad; del más de medio millón de casos estimados entre la población activa en el año 2020, se estima que podrían haberse evitado al menos 170.000 casos si la población precarizada hubiera tenido un empleo no precario. Por lo que hace a la segunda cuestión: tanto el desempleo como la precariedad laboral son nocivos para la salud. Es bien conocido que estar parado tiene consecuencias sociales y de salud dramáticas, ya que aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente. Pero va mucho más allá, también genera pobreza, desigualdad, desahucios y todo tipo de situaciones que afectan al bienestar y calidad de vida de las personas, como por ejemplo que las mujeres pospongan o eviten tener hijos. El paro también incrementa el riesgo de alimentarse peor, de abusar de drogas, así como de sufrir ansiedad o depresión y un mayor riesgo de suicidio. Aún faltan estudios que permitan conocer de forma integral los impactos del paro y la precariedad en función de los niveles de protección social que existan, pero no olvidemos que las situaciones de precariedad incluyen el encontrarse de forma más o menos intermitente en situación de subempleo o de paro. En definitiva, aunque a menudo se lee o escucha la frase “mejor tener trabajo, sea el que sea, que no tenerlo”, creo que se puede decir que según cual sea el nivel de protección social que tengan las personas desempleadas, tener un empleo precario puede ser igual o incluso peor para la salud mental.
¿A qué colectivos de trabajadores y trabajadoras se aplican prácticas empresariales precarizadoras de manera más prevalente? Dicho de otro modo, ¿cuáles son los principales ejes de desigualdad cuando hablamos de precariedad laboral?
Como ocurre en otros países, en España se observa un marcado gradiente social en la prevalencia de los problemas de salud mental –sobre todo ansiedad y depresión– según la clase social, el estatus migratorio, el género y otras condiciones sociales relacionadas con la precariedad. Las clases y los grupos sociales más explotados y discriminados son quienes se encuentran más expuestos a sufrir problemas de salud mental derivados de la precariedad.
Otros colectivos menos estudiados que presentan altos niveles de depresión, ansiedad y estrés son quienes realizan trabajos informales, las familias monoparentales, básicamente mujeres, trabajadores y trabajadoras autónomos (casi un 20% de la población española ocupada) y quienes trabajan en plataformas digitales, que muestran un bajo bienestar emocional, desórdenes del sueño, ansiedad y mala conciliación de la vida laboral y familiar. Finalmente, aunque la información disponible es muy limitada, en el Informe PRESME dedicamos un espacio a colectivos todavía más olvidados, como los trabajadores de la cultura, las personas del colectivo LGTBIQ+ y las personas trabajadoras con discapacidad.
En el informe indican que una de las características del mercado de trabajo en España es la alta precariedad. ¿Qué ha llevado a esta alta precariedad laboral en el país?
La precarización laboral es el fruto de décadas de proliferación e intensificación de las políticas neoliberales en el contexto de crisis global y sistémica, junto a la expansión de nuevas formas de gestión y organización del empleo y el trabajo. En España destacan la aplicación de múltiples reformas laborales regresivas, la especialización productiva, la organización conservadora de las empresas y de las relaciones laborales y el debilitamiento sindical. Además, también juega un papel importante la aplicación de políticas públicas inadecuadas e insuficientes, la existencia de instituciones familiares que reproducen desigualdades de género y la implementación de políticas migratorias injustas. La configuración de todos estos elementos ha generado durante décadas un mercado laboral con un alto desempleo, una elevada precariedad laboral, muchos trabajadores en situación de pobreza y fuertes desigualdades laborales determinadas por la clase social, el género, la edad, el estatus migratorio y el nivel de discapacidad, entre otros factores.
¿Cómo ha afectado la implantación de las nuevas tecnologías a la precariedad?
En las últimas décadas, junto a notables cambios económicos, laborales y de consumo (fragmentación de empresas y trabajo, digitalización, fragmentación y transformación de la clase obrera), han aparecido numerosas innovaciones tecnológicas mediante las tecnologías de información y comunicación, la robotización, la inteligencia artificial, los algoritmos y las plataformas digitales. En este contexto, las empresas tienden a generar y organizar los empleos según sus necesidades e intereses y mejorar su rentabilidad haciendo frente a tres conflictos inherentes a la relación laboral: reducir costes laborales, controlar y vigilar la fuerza de trabajo e incrementar la flexibilidad para aumentar la productividad y sus ganancias en un entorno cambiante. Estas transformaciones han propiciado la erosión de los estándares de condiciones de trabajo, el incumplimiento de normas laborales, la elusión de responsabilidades empresariales y, con ello, la generación de formas de empleo precarizadas y el empobrecimiento de grandes capas de la población trabajadora. Todos estos factores inciden en las desigualdades laborales e intensifican y multiplican los riesgos psicosociales que afectan a la salud mental de las personas trabajadoras. La economía de las plataformas digitales ilustra esta preocupante realidad. Son trabajadores y trabajadoras sometidos a salarios exiguos, una disciplina y control constantes, la imprevisibilidad de tareas y estar siempre disponibles. El individuo se ve sometido y obligado a internalizar una disciplina asfixiante que esclaviza, discrimina y aliena, y en la que aparecen niveles elevados de estrés, depresión, trastornos del sueño, ansiedad y mala conciliación de la vida laboral y familiar.
¿Consideráis que la última reforma laboral o el aumento del SMI van en la línea adecuada?
La reforma laboral de 2021 ha permitido corregir algunos de los muchos efectos negativos de las reformas laborales anteriores. Por ejemplo, está teniendo un impacto significativo en la reducción de la muy elevada temporalidad, fomentando un empleo más estable mediante contratos de carácter indefinido, más o menos continuos, lo que contribuye a la lucha contra la precariedad laboral. Cabe decir que, aparte de la reforma laboral, existen otras disposiciones normativas de carácter más específico que también pueden ayudar a reducir la precariedad, como son la Ley 12/2021 conocida como la ley rider o la Ley 1/2020 que deroga el despido objetivo por absentismo (incluido el relacionado con bajas médicas). Sin embargo, en el Informe PRESME señalamos que todavía hay mucho margen de mejora para continuar en el camino de asegurar la eliminación de la precariedad desde el plano normativo y de las políticas públicas. Hay que avanzar mucho más en la calidad del empleo, el reforzamiento de los derechos laborales y el establecimiento de medidas legales y de protección social frente a la precariedad. Además, como ya he comentado, es necesario realizar un seguimiento y una evaluación de todas estas medidas con instrumentos de vigilancia e investigación que nos permitan comprender de forma integral la evolución de la precariedad laboral y de todos sus impactos.
Y en el caso de las direcciones de las empresas, ¿qué medidas tendrían que implementar?
En el informe destacamos que un tema clave en las empresas es la profundización de la democracia en su vertiente económica, poniendo en práctica instrumentos de participación relativos a la democracia social, la democracia de empresa, la economía social, las empresas cooperativas, la cogestión o la codecisión, la codeterminación, o la participación de las personas trabajadoras en forma de acciones o beneficios empresariales, entre otras posibles iniciativas. Y es que la falta de democracia en el trabajo y el limitado poder de trabajadoras y trabajadores reduce las posibilidades reales de negociación más allá del salario y la jornada. Eso quiere decir que hay que debatir y poner en práctica políticas tan importantes como el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la implementación de una renta básica universal o garantizada y la gestión del tiempo de trabajo. En relación con este último tema, la cuestión clave es si las trabajadoras y trabajadores deben adecuarse a las necesidades horarias del puesto de trabajo o el puesto de trabajo ajustarse a las necesidades de las personas. En este sentido, la reducción de la jornada laboral puede tener ventajas tan notables como aumentar el tiempo libre, mejorar el medio ambiente, reducir el estrés y mejorar el sueño y la salud, reducir el desempleo, compatibilizar los horarios escolares, el estudio y la participación social, extender la solidaridad, mejorar el cuidado de las personas y desprecarizar el trabajo. Sin embargo, su implementación no debe ser en menoscabo de los salarios y las condiciones de trabajo.
Y en ese contexto, ¿qué papel juegan los sindicatos?
Los sindicatos han jugado un papel clave para conseguir mejores condiciones de trabajo y reducir la desigualdad a lo largo de gran parte del siglo XX. A partir de los años 70, en el contexto de una crisis sistémica y de la expansión de nuevas formas de gestión y organización del empleo y el trabajo, la proliferación e intensificación de las políticas neoliberales han debilitado la acción sindical clásica, la conciencia de clase y los niveles de implantación sindical. Con ello, la negociación colectiva ha visto mermada su fuerza perdiendo fuerza reivindicativa contra las múltiples situaciones de precarización. En el informe PRESME señalamos que la expresión “trabajar menos para trabajar todos y mejor, y trabajar menos para vivir mejor y de forma sostenible” resume la necesidad de realizar una profunda y fundamental transformación para desprecarizar el empleo, pero también al conjunto del trabajo social con proyectos de vida más adecuados en un planeta más justo y que sea habitable. No olvidemos que la existencia de pleno empleo no puede ser un objetivo adecuado si este se acompaña de precariedad laboral y de insostenibilidad ecológica.
Y en ese terreno, ¿cuáles son los retos principales que deben afrontar los sindicatos?
Me parece que las organizaciones sindicales deben afrontar con urgencia retos cruciales. Destacaré algunos de los que me parecen más relevantes. Primero, establecer más y mejores vínculos con trabajadoras y trabajadores precarizados (eso debe incluir el trabajo mercantil de autónomos e informales y el trabajo no mercantil, doméstico y comunitario). Un claro ejemplo de ello es la precarización laboral, con una elevada inseguridad y subordinación (disciplina y vigilancia), de los trabajos que tienen lugar en las plataformas digitales. Segundo, realizar más y mejores alianzas estratégicas con el mundo científico y académico en lo que a veces se denomina “activismo cognitivo”, es decir, aunar la experiencia con el conocimiento científico. Un ejemplo reciente es la magnífica tesis doctoral sobre participación directa de Clara Llorens (ISTAS Barcelona), para avanzar en la mejora de la organización del trabajo, la participación directa, la reducción de los riesgos psicosociales y avanzar en la equidad en salud. Tercero, avanzar en la transformación de una sociedad que tiene que aprender a “vivir bien con menos”, lo cual significa un radical cambio del mundo laboral, realizando trabajos no precarios, pero que sean social y ecológicamente necesarios. Eso debe incluir fomentar el trabajo de cuidados, mantener o regenerar el medio natural, producir alimentos sin destruir suelos y envenenar aguas, y eliminar lo antes posible todos aquellos que sean ecológicamente perniciosos. Y, en cuarto lugar, algo difícil pero fundamental en el proceso de desprecarizar el trabajo, lograr tener más poder para conseguir tener un mayor control de las decisiones empresariales y democratizar el trabajo y con ello ayudar a “democratizar la democracia”.
¿Cuáles son las principales medidas que las políticas públicas tendrían que incluir para minimizar la precariedad laboral y reducir así los problemas de salud mental derivados del trabajo?
Para lograr un mundo más justo, democrático y saludable, eliminar la precariedad laboral y mejorar la salud mental constituyen dos retos fundamentales. Para desprecarizar el trabajo se necesitan muchas medidas. En el informe PRESME ofrecemos una extensa lista de conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia que creemos que contribuyen a los actuales debates sociales y que merecen abrir otros. Proponemos tres recomendaciones generales. De forma muy breve, en primer lugar, desarrollar una regulación de las relaciones laborales con un nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI que promueva trabajos dignos y justos en un sistema productivo más democrático y realmente sostenible en el marco de un decrecimiento material que debe ser justo. Esto significa desprecarizar las condiciones de trabajo, reforzar los derechos colectivos de trabajadores y trabajadoras y fomentar una mayor participación democrática en el desarrollo económico y la vida laboral. Segundo, ampliar la protección del empleo y las prestaciones sociales, así como reforzar la atención sociosanitaria pública, integral y de calidad que incluya la sanidad pública, la salud colectiva y los cuidados. Además, es necesario debatir e implementar políticas como la gestión del tiempo y el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la renta básica universal o garantizada y la democracia económica en las empresas. Todo ello acompañado de una reorientación radical del mercado de trabajo hacia trabajos que sean socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles. Y tercero, reconocer que la precariedad laboral y la salud mental son cuestiones fundamentales donde hay que invertir los recursos y los medios necesarios para su análisis y evaluación. Eso quiere decir desarrollar sistemas de vigilancia integrales y de calidad que permitan realizar un seguimiento sistemático de la magnitud, la evolución, la desigualdad y los efectos sobre la salud mental y el bienestar de la población, así como evaluar la efectividad y la equidad de las políticas y las intervenciones implementadas. En definitiva, emplear los recursos necesarios para la adecuada monitorización de un determinante social de la salud como es la precariedad laboral.
2. Realismo socialista.
En San Sebastián se ha estrenado la película que Raúl Ruiz nunca pudo terminar y lo ha hecho ahora Valeria Sarmiento. Esta es la crítica que han publicado en Caimán.
El realismo socialista (Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento). San Sebastián 2023 – Klasikoak
Jara Yañez, 25 septiembre, 2023
El realismo socialista arranca con las imágenes de los obreros caminando por las calles. Pero es la música de tono circense que las acompaña (compuesta para el montaje actual por Jorge Arriagada, colaborador habitual de Raúl Ruiz) la que introduce, ya desde el inicio, esa discordancia, ese cierto extrañamiento, que demarca, no solo la distancia crítica desde la que el cineasta mira todo lo que registra, sino también, y sobre todo, ese profundo y poderoso sustrato trágico que contiene el film.
Raúl Ruiz era militante del partido comunista cuando rodó esta película que, a su pesar, quedó interrumpida al cruzarse, primero, el rodaje de Palomita blanca (1973) y, después, el golpe de Estado de Pinochet. El largo viaje (en tiempo y distancia) que han recorrido los fragmentos que de ella se conservan llega a su fin con el montaje llevado a cabo ahora por su viuda y colaboradora habitual, Valeria Sarmiento. Para ella la película es un ‘castillo en ruinas’, hecho de fragmentos recuperados, de los restos restaurados (seleccionados en función de su estado de conservación), que solo pueden ofrecer una idea lejana de la película que no pudo ser. Y sin embargo El realismo socialista, el film que ahora vemos, refleja una unidad y una coherencia impecables. Se alternan en la película las secuencias de los obreros que, frente al abandono del patrón de la fábrica reclaman su derecho a hacerse con ella (mientras se evidencia la incapacidad del estado para responder a sus demandas y necesidades) con las que se centran en los complejos (y a veces contradictorios) procesos de gestión de la vida comunitaria en la Colonia Elmo Catalán (que Ruiz rodó contando con la colaboración de los propios habitantes, a los que simplemente proponía situaciones que ellos construían). Un tercer hilo narrativo muestra a un grupo de intelectuales burgueses de izquierda, interpretados por los propios amigos del cineasta, en su profunda crisis de clase. Y lo que acaba por configurarse como una especie de retrato coral de aquella sociedad chilena que estaba en apasionante y exigente fase de transformación, no solo incluye elementos terriblemente premonitorios, sino que resulta ser una devastadora mirada crítica y nada complaciente, hacia el propio proceso de la Unidad Popular. Una ironía que se refleja ya en su propio título (en referencia a la corriente artística soviética) y que, en lo que es una ulterior reflexión metalingüística, afecta incluso a la propia creación artística en un fracaso (un suicidio), que será, también, poético. Jara Yáñez
3. Neo-otomanismo e Hindutva
India no tiene conflictos solo con Canadá. También choca con las ambiciones de Turquía.
Why India’s ties with Turkey are worse than ever before
Por qué los lazos de India con Turquía son peores que nunca
India está reforzando las relaciones con los adversarios de Turquía a cambio de que Ankara apoye a Pakistán en Cachemira.
Nachiket Deuskar Sep 25, 2023 – 06:30 am
El 10 de septiembre, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan se opuso a la propuesta de corredor económico India-Oriente Próximo-Europa, afirmando que no debería circunvalar Turquía.
Esto no es sorprendente si se tiene en cuenta que muchos de los posibles beneficiarios del proyecto, como Grecia, son antiguos adversarios de Turquía. Las relaciones de Turquía con India se han deteriorado en los últimos años debido a la postura de Erdoğan sobre Cachemira y su apoyo a Pakistán.
Mientras tanto, los lazos de India con adversarios de Turquía, especialmente en el Mediterráneo oriental, se han fortalecido rápidamente. Aunque una opinión es que este acercamiento indio puede ser un contrapeso al enfoque de Ankara, otra es que no significa necesariamente que estas naciones estén uniendo fuerzas contra Turquía.
Los adversarios de Ankara
Erdoğan expresó su oposición al Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa un día después de que algunas de las naciones participantes dieran a conocer el proyecto. El corredor de transporte y conectividad propuesto pretende impulsar la integración económica de estas regiones. «Decimos que no hay corredor sin Turquía», declaró Erdoğan. «Turquía es una importante base de producción y comercio. La línea más conveniente para el tráfico de este a oeste tiene que pasar por Turquía.»
La oposición de Turquía a este proyecto no era inesperada. El país a caballo entre Europa continental y Asia mantiene complicados lazos con varias naciones que se espera se beneficien de este proyecto.
Chipre y Grecia son adversarios de Turquía desde hace mucho tiempo. Las relaciones greco-turcas han sido históricamente hostiles y se han visto constantemente puestas a prueba por disputas territoriales y contenciosos sobre el mar Egeo. También apoyan a bandos opuestos en una disputa que ha dividido a Chipre por motivos étnicos. Ankara apoya a los turcochipriotas, que controlan el norte de la isla, y Atenas a los grecochipriotas del sur.
Los lazos entre India y Turquía se deterioran
Las relaciones de Turquía con India también han empeorado significativamente con el tiempo. Esto se debe al apoyo de Turquía a Pakistán, según los observadores. «Turquía, especialmente bajo el mandato de Erdoğan, ha adoptado una postura bastante firme en lo que respecta a Cachemira y a la posición de Pakistán sobre Cachemira, y a lo que Pakistán reclama sobre Cachemira», afirmó Kabir Taneja, investigador sobre Asia Occidental de la Observer Research Foundation, con sede en Delhi. «Turquía ha sido partidaria de ello, lo que la coloca automáticamente en una caseta de perro cuando se trata de intereses, diplomacia y política indios».
Respaldando la posición de Pakistán, Turquía se ha opuesto a la derogación por parte de India del artículo 370 que otorgaba un estatus especial a Jammu y Cachemira. En 2019, Erdoğan también intentó atraer la atención mundial sobre el asunto diciendo que el «conflicto de Cachemira» no había recibido la atención adecuada de la comunidad internacional durante siete décadas. Turquía también ha sacado el tema de Cachemira en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además, Turquía y Pakistán mantienen desde hace tiempo relaciones militares en virtud de las cuales Ankara está ayudando a Islamabad a modernizar su ejército con aviones no tripulados y submarinos.
Estos factores han llevado a India a recortar las exportaciones de defensa a Ankara. Lo que ilustra este mal estado de las relaciones entre India y Turquía es que Narendra Modi, como primer ministro, nunca ha realizado una visita bilateral o de Estado a Turquía. La única visita de Modi a Turquía hasta ahora fue para la cumbre multilateral del Grupo de los 20 en 2015.
La Turquía de Erdoğan
Los observadores ven este enfoque turco como parte del intento de Erdoğan de reimaginar la Turquía neo-otomana. El neo-otomanismo se refiere a la promoción de la influencia política de Turquía en las regiones que una vez formaron parte del Imperio Otomano. Turquía es un Estado sucesor del Imperio.
«El pensamiento de Erdoğan en los últimos dos años -que está cambiando ahora- ha sido una visión revisionista de lo que Turquía es y lo que Turquía fue», dijo Taneja a Scroll. «Erdoğan quería que Turquía no fuera un país más en el mundo islámico, sino que fuera un líder desde el punto de vista político y del Islam político».
Con este fin, la Turquía dirigida por Erdoğan desafió la influencia de naciones como Arabia Saudí en Asia Occidental. Incluso apoyó a Qatar desplegando personal militar allí cuando varias naciones árabes impusieron un bloqueo económico contra Doha entre 2017 y 2021.
Taneja añadió: «Ese es el punto de vista de Turquía, cuando se trata de cuestiones como Cachemira, donde apoyó el punto de vista pakistaní, las narrativas y sacó a relucir Cachemira en lugares como la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que obviamente enfurece a India».
El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el israelí, Benjamin Netanyahu, durante su cumbre trilateral del 4 de septiembre de 2023. Crédito: Petros Karadjias/Pool vía Reuters
El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el israelí, Benjamin Netanyahu, durante su cumbre trilateral del 4 de septiembre de 2023. Crédito: Petros Karadjias/Pool vía Reuters
El acercamiento de India
Curiosamente, mientras que las relaciones entre India y Turquía se han agriado, los vínculos de Delhi con naciones que casualmente tienen lazos complicados con Ankara se han fortalecido rápidamente en los últimos años. Estas naciones -Israel, Grecia, Chipre e incluso Armenia- rodean geográficamente a Turquía.
Con intereses compartidos, la asociación estratégica India-Israel se ha reforzado con el tiempo, con vínculos estratégicos más profundos y un aumento de las adquisiciones en materia de defensa. Como muestra de ello, Pranab Mukherjee se convirtió en el primer presidente indio en visitar Israel en 2015 y Modi en el primer primer primer ministro indio dos años después.
En agosto, cuando Modi se convirtió en el primer primer ministro indio en visitar Grecia en más de 40 años, los lazos entre India y Grecia también se elevaron a asociación estratégica para impulsar la cooperación en seguridad y comercio. India lleva mucho tiempo apoyando a Grecia en la cuestión de Chipre y Grecia apoya a India en Cachemira. India también firmó acuerdos de defensa y cooperación militar con Chipre en diciembre.
Además, India ha exportado armas a Armenia a través de un contrato de gobierno a gobierno. Las relaciones entre Armenia y Turquía han sido históricamente hostiles, sobre todo por lo que se conoce como el genocidio armenio de 1915. No han mantenido relaciones diplomáticas en los últimos 30 años. Turquía también apoya a Azerbaiyán, socio estratégico de Pakistán, en su actual conflicto territorial con Armenia.
«Creo que India está estrechando lazos con lugares como Armenia, Chipre, Israel, Grecia, etc.», explicó Taneja. «Israel, por supuesto, empezó hace mucho tiempo, pero Armenia y Grecia, y así sucesivamente, son iniciativas mucho más recientes en las que India se ha interesado mucho».
Taneja explicó que, aunque hay otros intereses que impulsan las decisiones de la política exterior india, estas acciones pueden verse como una contraposición al enfoque de Turquía. «Está claro que el acercamiento de India a Chipre, Grecia y Armenia es una especie de mensaje, aunque sólo sea por el momento, a Turquía de que si vais a sacar el tema de Cachemira y a apoyar abiertamente a Pakistán, esto es lo que haremos a cambio», afirmó Taneja. «Aunque mantenemos plenas relaciones diplomáticas y cordiales a nivel de liderazgo, no nos parece muy bien que Turquía defienda la causa de Cachemira de Pakistán de forma muy vocal en todo el mundo».
Taneja añadió: «Este acercamiento ha sido parte de la respuesta de India para contrarrestar la influencia de Turquía, al menos por ahora sobre el papel».
¿Iniciativas no equilibradas?
Sin embargo, George Tzogopoulos, investigador principal de la Fundación Helénica para la Política Europea y Exterior, expresó una opinión diferente. Tzogopoulos afirmó que la asociación India-Grecia, en concreto, se rige principalmente por consideraciones económicas, aunque no se puedan ignorar los aspectos estratégicos. «Pero la propia geografía debería llevarnos al realismo sobre las expectativas de futuro», declaró Tzogopoulos a Scroll. «Grecia e India tienen diferentes intereses de seguridad en diferentes vecindarios».
Tzogopoulos dijo que duda que Grecia e India puedan unir sus fuerzas contra Turquía. «La naturaleza de los problemas que ambos países gestionan frente a Turquía es diferente, aunque el actor [Turquía] sigue siendo el mismo», afirmó Tzogopoulos.
Tzogopoulos añadió que Ankara sigue mostrándose escéptica ante las iniciativas estratégicas que emprenden Chipre y Grecia, incluso con India. «[Ankara] quizás desconfíe también de una posible cumbre trilateral greco-israelí-chipriota, en la que se espera que participe India por primera vez en 2024», añadió. «Sin embargo, no hay ninguna alianza mediterránea contra Turquía. La presencia india en el Mediterráneo va más allá de los cálculos sobre Turquía, mientras que países como Israel tienen sus propias prioridades en la región.»
4. Boletín Panafricano
Además de sus boletines generales, normalmente escritos por Vijay Prashad, el Instituto Tricontinental tiene otros boletines sectoriales. Os paso el último Boletín Panafricano. https://thetricontinental.org/
La gente nunca muere de catástrofes naturales, muere de precariedad y marginación. Cuarto Boletín Panafricano (2023)
26 de septiembre de 2023
Queridos amigos,
Saludos desde el equipo de Panafrica Tricontinental.
Fatna, una mujer de 79 años de Marrakech, fue despertada el viernes 8 de septiembre a las 11 de la noche. Lloró de pánico y desconcierto al ver cómo las paredes de su casa se resquebrajaban por las inesperadas ondas sísmicas. Tras ponerse a salvo, se tomó un momento para rezar por su buena suerte, una suerte que miles de personas no tuvieron esa noche.
Cientos de miles de personas han dormido al raso después de que un terremoto de magnitud 7 sacudiera varias regiones de Marruecos. El epicentro se situó en la provincia de Al-Haouz, en plena cordillera del Atlas, donde se encuentra el Tobkal, la segunda montaña más alta de África. El número de víctimas mortales superó la barrera de los 2.900, mientras que más de 300.000 civiles, entre ellos 100.000 niños, se han visto afectados. Las provincias montañosas de Al-Haouz y Taroudant, que sufrieron las principales víctimas, son conocidas por sus malas condiciones de vivienda, en forma de numerosos pueblos marginales construidos principalmente con arcilla.
Los sismólogos afirman que este terremoto no debería haber causado daños tan graves ni un número tan elevado de víctimas mortales. A pesar de haber alcanzado una intensidad de 7 en la escala de Richter, similar a la del seísmo de Turquía-Siria, de 7,8, la falla del terremoto de Marruecos fue 10 veces menor que la del seísmo de Turquía-Siria. Su fuerza fue mucho menor e irradió mucha menos energía.
Además, la escala de Richter no puede explicar completamente los desastrosos efectos del terremoto de El-Haouz, ya que sólo mide la fuerza del seísmo en su origen, independientemente del lugar donde se realice la medición. La escala de magnitud de un terremoto no siempre refleja con exactitud su intensidad. En consecuencia, los sismólogos, geólogos y planificadores de emergencias utilizan la escala de Intensidad de Mercalli Modificada (IMM) para evaluar el impacto de los seísmos en los entornos locales y las actividades humanas.
El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) calculó el epicentro del terremoto de Marruecos MMI como VIII, que se caracteriza por sacudidas «severas», sólo dos clasificaciones por debajo de «violento» y «extremo» en las nueve categorías MMI. Esta medición tiene en cuenta la gravedad de los daños en estructuras mal construidas frente a los daños leves en edificios especialmente diseñados para resistir catástrofes naturales; en otras palabras, tiene en cuenta que los pobres serán los más afectados.
El USGS también señala que, aunque esta región es muy vulnerable a los terremotos, los tipos de edificios más vulnerables son las viviendas de bloques de adobe y las construidas con ladrillo no reforzado y barro, que no soportarán los temblores sísmicos más leves. En consecuencia, se han derrumbado pueblos enteros y otros han quedado destruidos o asediados por corrimientos de tierra y desprendimientos de rocas. En resumen, no fue la actividad sísmica lo que mató a la gente, sino la falta de estructuras de vida adecuadas causada por la precariedad y la marginación.
No muy lejos de Marruecos, el número de muertos se estima entre 4.000 y 11.000 en Libia después de que la tormenta Daniel azotara sus costas y causara importantes daños, especialmente en Derna, donde la rotura de dos presas provocó el mayor número de muertes. El país norteafricano, rico en petróleo y recursos energéticos, soporta una guerra civil y un conflicto militar desde la invasión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2011.
Con el pretexto de la Operación Protector Unificado, ordenada por la ONU, las fuerzas de la OTAN derrocaron al régimen de Muamar Gadafi y sumieron al país en conflictos armados impulsados por los intereses geopolíticos de potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, la UE y Turquía. Las presas de Al-Bilad y Abu Mansour eran los únicos embalses de agua de lluvia que suministraban a los 300.000 habitantes de la montañosa ciudad de Derna el agua necesaria para beber y para la agricultura. Ambas presas no se han reparado desde 1986. La intervención militar de la OTAN y el conflicto armado imperialista han desviado a los libios de la atención de sus necesidades infraestructurales.
El hambre es otro enemigo de los pueblos norteafricanos. Desde Marruecos y Argelia hasta Túnez, los «levantamientos del pan» son habituales y forman parte de la experiencia compartida de cómo las luchas populares contra el hambre han moldeado la historia de los pueblos y su memoria colectiva. En 1864, Ali Ben Ghedhahem encabezó una insurrección masiva de campesinos y tribus tunecinos contra el decreto gubernamental de aumentar los impuestos impuestos a las tribus empobrecidas por el representante del Imperio Otomano, Sadiq Bey. La revuelta fue aplastada, pero el legendario Ben Ghedhahem influyó en las luchas de las siguientes generaciones y su recuerdo como «Bey del Pueblo» siguió siendo el espíritu que impulsaba a los tunecinos.
La continua pugna por África dirigida por multinacionales, gobiernos y militares occidentales ha mantenido la subordinación de África y reducido nuestra capacidad para superar la pobreza, el hambre y las condiciones precarias. A medida que la situación se deterioraba con la aplicación de políticas neoliberales y programas de ajuste estructural, 1981 fue testigo del «Levantamiento de Koumira», una de las mayores insurrecciones urbanas de la historia de Marruecos. El Ejército Real intervino con munición real para contrarrestar a los manifestantes pacíficos que exigían un precio justo por una koumira, un tipo de baguette que era el alimento básico de los pobres del norte de África.
Hoy se pueden ver largas colas de gente a las puertas de las panaderías de Túnez, la capital del país, esperando su turno para comprar baguettes, que se han vuelto increíblemente caras y difíciles de encontrar a medida que se agudiza la crisis económica. Túnez es un país rico en minerales, así como en recursos marinos y agrícolas, pero años de corrupción y programas del FMI han sumido al país en una crisis económica y social. Enfrentado a condiciones similares, el pueblo tunecino lanzó la «revuelta del pan» el 29 de diciembre, justo después de que el gobierno de Mohamed Mzali anunciara una reducción de las subvenciones a los productos básicos, incluido el pan, para cumplir con las presiones políticas del FMI.
Los pueblos siempre se rebelan contra las condiciones de degradación y privación. El destino de los levantamientos populares depende de sus objetivos históricos y de las condiciones subjetivas de los movimientos populares. La coyuntura política actual y los retos de las luchas populares fueron el tema de la conferencia regional Dilemas de la Humanidad en la región árabe y del Magreb, que se celebró en la ciudad costera de Hammamet, a una hora en coche de Túnez. Del 1 al 4 de septiembre, un centenar de activistas de 12 países -incluidos dirigentes políticos, intelectuales y más de 50 movimientos populares- se reunieron para afrontar problemas como las colas de los hambrientos y las personas cuyas viviendas son tan vulnerables a las catástrofes naturales.
La conferencia fue un momento de intercambio, socializando experiencias de luchas populares y compartiendo perspectivas sobre los siguientes temas: la represión política y la lucha por las libertades democráticas, las luchas juveniles antiimperialistas, el capitalismo y la crisis medioambiental, la soberanía alimentaria y el derecho a la tierra, la lucha por la liberación de la mujer y la lucha sindical. Por último, la conferencia concluyó con compromisos en favor de un proyecto popular de luchas contra el capitalismo, el imperialismo y el sionismo, por la liberación nacional y la construcción del socialismo, única vía para la emancipación humana y la justicia social.
Aunque uno puede caer fácilmente en la desesperación, los sentimientos dominantes entre los pueblos del Magreb se sustentan en el sentimiento de permanecer firmes ante la tragedia. Como concluye «La palmera de Oued El Bei», un poema sobre el legendario levantamiento de los trabajadores del fosfato de Alhaoud Al Manjemi, en la ciudad tunecina de Gafsa, en 2008: ‘Las montañas pueden desaparecer, pero mi pueblo nunca desaparecerá en un día’. Este es el sentimiento que sigue animando hoy la resistencia de nuestro pueblo.
Un cordial saludo,
Ghassane
Ghassane es investigador y Director del Programa de Educación del Instituto de Investigación Zetkin de Berlín. También es profesor de traducción con un doctorado en Antropología Cultural, antropólogo político y activista político. Ghassane ha escrito artículos y estudios sobre movimientos populares, políticos y de base de la región de Mena y participa activamente en el movimiento sindical y de derechos humanos de Marruecos. Puede ponerse en contacto con él en ghassane@thetricontinental.org
5. La ultraderecha en Ucrania
Un buen resumen en la revista Común de la historia de la ultraderecha en Ucrania, especialmente desde el golpe de estado de 2014.
https://revistacomun.com/blog/
Sin votos pero con cotos. La ultraderecha en Ucrania, 2014-2020
Rainer Matos Franco
Lo que actualmente se conoce como “Ucrania” reúne territorios muy diversos —en términos políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos y lingüísticos— que conformaron una sola entidad política hasta 1954, cuando Nikita Jrushiov cedió la República Autónoma de Crimea, de mayoría étnica rusa, a la República Soviética Socialista de Ucrania. Incluso en los últimos años hemos visto reacomodos territoriales aún en aquel país, como la anexión de la propia Crimea a Rusia en marzo de 2014. La última región que fue incorporada a Ucrania antes de 1954 fue lo que se conoce a grandes rasgos como Galicia en 1939, con la invasión soviética de Polonia por el este para “proteger” allí a las minorías rutenas del avance alemán desde el oeste.
Contrario a la Ucrania soviética entre 1917 y 1939, donde el contenido nacional se impulsó desde arriba con la política de nacionalidades o Korenizatsiia —promover la cultura y lengua ucranianas para frenar al nacionalismo— (Martin, 2001), las minorías políticas ucranianas en la Polonia de entreguerras, que eran mayoría en provincias como Volinia, se radicalizaron al paso de los años. Más allá del intento, caótico y complicado, de establecer una Ucrania independiente durante la Guerra Civil rusa (1917-1921), el movimiento nacionalista ucraniano radical nace en Polonia años más tarde y se decanta muy pronto por el radicalismo. Desde 1929 se fundó la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) en Viena, un típico movimiento fascista que buscaba liberarse del yugo polaco y, en segunda instancia, conseguir la vinculación con la nación ucraniana ampliada en la Ucrania soviética.
En ese sentido era perfectamente normal en la mente de los fascistas ucranianos activos en Polonia, y de su líder, Stepán Bandera (1909-1959), aliarse con la Alemania nazi contra Varsovia y la ocupación soviética de Galicia en 1939. Al inicio, Hitler toleró la presencia de contingentes ucranianos en batallones alemanes de la Wehrmacht [Fuerza de Defensa], como el Nachtigall o el Roland, por esta causa común. Sin embargo, en cuanto Bandera declaró un Estado ucraniano independiente en junio de 1941, la Gestapo lo arrestó. Sus seguidores, entre ellos Román Shujévych, crearon el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) en 1942, tristemente célebre por masacrar a casi 100 mil polacos junto con miles de judíos en Volinia en 1943-1945 (Piotrowski, 1998). Es necesario iniciar con esta historia porque la ultraderecha ucraniana hoy es la primera en identificarse con la OUN y el UPA.
Ucrania es el único país de Europa donde la ultraderecha es muy débil en términos electorales pero extremadamente influyente en términos políticos. No cabe en estas páginas una explicación —por demás necesaria— sobre las particularidades de la política y la sociedad ucranianas. Acerca de eso he escrito en otro lado. Por ahora valga recurrir a la útil caracterización de Richard Sakwa sobre las dos grandes visiones políticas en Ucrania: monista y pluralista. La visión monista, en resonancia con el atlantismo europeo, vincula la politización de la nación ucraniana con una tendencia “natural” hacia Europa. Por definición, desde 1991 el nacionalismo ucraniano ve en Rusia a su gran enemigo y en “Europa” no sólo a una aliada, sino que se ubica como parte de la familia europea en contraposición a la “barbarie” rusa. Este discurso tiene su origen en la idea del antemurale, es decir el último bastión de una comunidad más amplia —la Cristiandad, la “civilización”, “Europa”—, colindante con el “Otro” y que debe ser asistida por la comunidad para hacer frente al enemigo porque se encuentra en la primera línea de fuego. La visión pluralista, en cambio, advierte en Ucrania una sociedad pluricultural como legado histórico de sendos reacomodos territoriales y defiende la diversidad étnica del país. Desde luego, este pluralismo es particularmente fuerte entre la población rusófona del sureste del país, la región más rica, industrializada y urbanizada. El nacionalismo, en cambio, predomina en la Ucrania central y occidental, donde se habla ucraniano y predomina la economía primaria. (Sakwa, 2015)
La concepción monista de Ucrania se impregnó desde 1991 en su nueva estructura independiente: el país está fuertemente centralizado —los gobernadores son designados por el Presidente—, tiene un parlamento unicameral y, pese al dominio administrativo y cotidiano de la lengua rusa, el ucraniano es la única lengua oficial. De esa forma el pluralismo quedó confinado desde un inicio a la acción política local, pese a que las distintas administraciones desde 1991 hasta 2014 fueron más o menos moderadas y buscaron balancear ambas visiones. Desde 2006 hasta 2013 el dominio del principal partido pluralista, Partido de Regiones, reconfiguró el escenario político. En 2012 logró pasar en la Rada (parlamento) una Ley de Idiomas que oficializaba cualquier lengua local hablada por más del 10% de los habitantes de una región. No obstante, la crisis de 2008, la inestabilidad política y el ascenso del Partido de Regiones fortalecieron a los extremos políticos. Si en la elección legislativa de 2007 éstos prácticamente no figuraban en el resultado, la elección de 2012 los revitalizó. La ultraderecha monista, representada por el partido Svoboda (“Libertad”), con presencia en el oeste nacionalista, obtuvo más de 10% del voto. El Partido Comunista, en tanto, obtuvo más de 13% en el sureste.
Svoboda es la versión “civilizada” del Partido Social-Nacional de Ucrania (SNPU), fundado en 1991 en Lviv por asociaciones estudiantiles nacionalistas y veteranos de la intervención soviética en Afganistán. Según Andreas Umland y Anton Shekhovtsov (2013), el adjetivo “Social-nacional” es referencia directa al partido de Hitler. El símbolo del SNPU es una versión del Wolfsangel, utilizada por varias divisiones de las SS nazis. Cabe recalcar que el SNPU fue un partido marginal sin arrastre electoral entre 1991 y 2004, aunque uno de sus líderes, Oleh Tiahnybok, logró una diputación nacional por Lviv en 1998. Del SNPU surgieron en paralelo dos formas distintas de hacer política en el campo de la ultraderecha ucraniana que poco a poco se impregnaron desde lo local hasta dominar debates nacionales. A partir de la refundación del SNPU como Svoboda en 2004 Tiahnybok moderó ciertas posiciones para dar mayor proyección al partido más allá de Galicia y fue labrando un camino de diálogo político, alianzas electorales más amplias y un nacionalismo (poco más) rebajado. Svoboda tuvo un ascenso exponencial desde que obtuvo un tercio del voto en Ternópil en 2009 y alcanzó su cenit en la mencionada elección parlamentaria de 2012 con más de 10% del voto. Su moderación, sin embargo, no exentó a Tiahnybok de comentarios antisemitas o antirrusos ácidos en esos años; uno de sus asesores, Iurii Myjailyshyn, fundó en 2005 un “centro de investigación” en Internet con el nombre de Joseph Goebbels. (Olszański, 2011, p. 2)
Con este reacomodo en Svoboda la vieja rama paramilitar del SNPU, “Patriota de Ucrania” (Patriot Ukrainy), encabezada por Andrii Parubii, abandonó el partido y configuró una segunda forma de hacer política. La autobiografía de Parubii, Visión desde la derecha (Parubii, 1999), lo muestra en uniforme paramilitar en la portada en un desfile de Patriot Ukrainy, que se originó en una asociación estudiantil de Lviv conocida como Spadshchyna (“Herencia”). Durante la Revolución Naranja de 2004 en contra de una elección fraudulenta que perjudicó al campo nacionalista, Parubii contribuyó a la victoria del modelo monista más amplio con lo que mejor sabe hacer: política de calle, tomar edificios y organizar “batallones”, de los que se hace llamar “comandante”.
En ese ascenso por ambas vías la ultraderecha llegó a la revuelta del Maidán a fines de 2013. Como ocurrió en la Revolución Naranja diez años antes, pero ahora con más recursos y adeptos, su presencia fue notable en las protestas en Kiev, como dejaron ver los retratos enormes del líder fascista de la OUN, Stepán Bandera. Por un lado, Tiahnybok y Svoboda fueron un partido crucial como parte del bloque opositor que capitalizó la protesta masiva. Tiahnybok apareció frecuentemente junto a Vitali Klichkó y Arseni Yatseniuk, líderes de los principales partidos de oposición (centro-derecha), en los templetes del Maidán. Los tres líderes se entrevistaron con el presidente Yanukóvych, quien aprobó sus demandas el 21 de febrero de 2014 para poner un alto a los desórdenes. Por otro lado, Parubii volvió a “comandar” a muchos grupos de choque que radicalizaron el Maidán y tomaron edificios de gobierno. Parubii admitió que varios de sus viejos contactos de Spadshchyna habían venido desde Lviv para apoyar a sus “autodefensas”, y que para febrero de 2014 ya comandaba a 12 mil “centuriones”. No pocos analistas incluso sugieren que los disparos de francotiradores que mataron a varios civiles y miembros de las fuerzas especiales Berkut durante la protesta, y que cambiaron su rumbo hacia uno más radical desde el 20 de febrero, vinieron de edificios que Parubii controlaba en el centro de Kiev (ver un buen resumen en Hahn, 2018, pp. 201-204).
Como sea, la renuncia de Yanukóvych días después dejó al descubierto la participación de la ultraderecha en estos eventos, pues se le otorgaron puestos en el nuevo gobierno interino, presidido por Oleksandr Turchynov. La nueva coalición gobernante incorporó a Svoboda y le otorgó tres ministerios y tres gubernaturas, sin duda el mejor momento político del partido en su historia, seguido de un rápido declive como opción electoral. En la contienda parlamentaria de octubre de 2014 Svoboda volvió a la insignificancia con menos del 5% del voto, sin obtener siquiera representación en la Rada. En realidad no hacía falta: varios partidos de centro-derecha y derecha a secas incorporaron a varios líderes de batallones paramilitares en sus filas, así como una retórica típica del nacionalismo militante galiciano. Esto ocurrió tan sólo de forma más notoria con el partido Frente Nacional, encabezado por el primer ministro Yatseniuk y que incorporó a Parubii a sus filas. El Partido Radical —no realmente una ultraderecha— incluso llevó a la Rada a Iurii Shujévych, hijo del perpetrador de la masacre polaca en Volinia en 1943. Por su parte, no sorprende que Parubii haya sido nombrado al frente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (SNBO) de Ucrania el 27 de febrero. Dmytró Yárosh, líder de la organización nacionalista radical Právy Séktor (“Sector Derecho/Sector de Derecha”), conformada durante el Maidán por fanáticos de fútbol de Ucrania central, quedó brevemente como segundo al mando antes de acudir a hacer la guerra en el este. Así, con el declive electoral de Svoboda y el ascenso institucional de la antigua ala paramilitar del SNPU en marzo de 2014 es evidente que la ultraderecha ucraniana comienza a ganar cotos en vez de votos.
Durante el gobierno interino de Turchynov (febrero-junio de 2014) la ultraderecha ucraniana consiguió politizar el debate nacional acerca del rumbo que debía tomar el país tras la revuelta del Maidán. Con Svoboda en la coalición gobernante y con Parubii y muchos de sus aliados en instituciones del gobierno y del ejército de Ucrania, la ultraderecha logró concretar políticas específicas y encauzar a un gobierno de líderes hasta entonces moderados hacia el nacionalismo militante y la visión monista más radical del país. El primer triunfo, a unas horas de la renuncia de Yanukóvych, fue derogar la Ley de Idiomas que el Partido de Regiones había adoptado en 2012: de la noche a la mañana las lenguas minoritarias (ruso, húngaro, rumano, tártaro, polaco, eslovaco) perdieron carácter oficial en el terreno local. Posiciones que hasta entonces eran improbables en la derecha moderada se volvieron costumbre, por ejemplo, acercar a Ucrania ya no solamente a la Unión Europea, sino a la OTAN. La anexión rusa de Crimea en marzo de 2014 —que debe entenderse como reacción a este último punto— (Matos, 2017, p. 293) acendró todavía más el discurso nacionalista y legitimó la presencia de la ultraderecha en la coalición gobernante.
De ese modo, cuando en abril de 2014 unas 100 personas (literalmente) tomaron el edificio de gobierno en la rusófona Donetsk —centro del pluralismo ucraniano— en protesta por la derogación de la Ley de Idiomas y de la deriva nacionalista en Kiev, la respuesta del gobierno de Turchynov fue tildarlos de “terroristas” y enviar ¡al ejército! a desalojarlos. Evidentemente esta acción, además de deshumanizar y criminalizar las demandas pluralistas de apenas unos cuantos manifestantes con escaso apoyo local, sólo provocó más violencia y un ascenso del separatismo en la región. Ante el relativo apoyo de Rusia a los separatistas, sumado a la debilidad del ejército ucraniano, la ultraderecha halló la fórmula para recuperar el territorio por la fuerza en vez de por el diálogo: Turchynov tuvo que ceder ante la creación de un sinnúmero de batallones paramilitares que acudieron a Donetsk y Luhansk a hacer la guerra a los locales. La mayoría de estos batallones tienen una ideología nacionalista. Entre ellos el más controvertido es el Batallón Azov, conformado por ex combatientes de Patriot Ukrainy y ultras de fútbol, y que también usa el Wolfsangel nazi en su emblema. En 2015 fue incorporado como un regimiento oficial al ejército ucraniano.
La ultraderecha del oeste ucraniano ve en las poblaciones rusófonas del este un elemento inferior, a meros sirvientes de los “moskaly”, término peyorativo para referirse a rusos y rusófonos, a quienes va dirigida la consigna “apuñalar a los moskaly” (Sakwa, 2015, p. 98). El 2 de mayo de 2014 en Odesa, otro baluarte del pluralismo ucraniano, varios militantes de Právy Séktor quemaron vivos a al menos 48 manifestantes anti-Maidán en la Casa de Sindicatos. Según Sakwa, Parubii —ahora encargado de la seguridad nacional— estuvo involucrado directa y físicamente. El sitio web de Právy Séktor describió la masacre como “otro día brillante en nuestra historia nacional”, mientras que la diputada de Svoboda Iryna Farión exclamó “¡Bravo, Odesa! Que los diablos ardan en el infierno”. En vez de distanciarse de estas acciones, personajes como el entonces primer ministro Yatseniuk acusaron a Moscú de “provocar”, lo que revela la adopción de esta retórica en actores no nacionalistas y la creciente inacción del oficialismo ucraniano hacia este tipo de actos, ya no de la mera retórica —que el propio gobierno ha adquirido—. Los reportes oficiales sobre la masacre de Odesa permanecen inaccesibles (Sakwa, loc. cit.).
Todos estos grupos, y en especial Právy Séktor, gozan de la protección del ministro del Interior desde 2014, Arsén Avákov, quien gracias a estas conexiones ha sobrevivido cuatro gobiernos distintos. Ni siquiera el presidente Zelenski, con su enorme legitimidad electoral, pudo removerlo del puesto. Avákov ubicó a Vadym Troián, miembro del Batallón Azov y Patriot Ukrainy, como jefe de policía en Kiev. El siempre astuto Parubii, después de ubicar a sus “centuriones” en el aparato de seguridad y de presionar al presidente Poroshenko para tener una actitud más firme en la guerra del Donbás, escaló de forma meteórica a presidente del parlamento (2016-2019). Las constantes advertencias periodísticas a representantes extranjeros cada vez que se entrevistaban con el “neonazi” Parubii cayeron en oídos sordos.
Los líderes de la OUN y del UPA hoy son glorificados en Ucrania sin represalias (y con el visto bueno) del gobierno. En el oeste se enseña a niños en campamentos a adorar a estas figuras, según denuncia Eduard Dolinsky, director del Comité Judío de Ucrania. Los libros de texto ya trazan la pureza de la nación ucraniana desde hace milenios. Sin exagerar, la ultraderecha en Ucrania está desatada desde el Maidán. Si todo esto ocurriera en casi cualquier país de Europa, el escándalo sería estridente. En Ucrania no. Como en otros lados, siempre habrá forma de hallar culpables mediante subterfugios. A Rusia, por ejemplo.
Referencias
Hahn, Gordon M., Ukraine over the Edge. Russia, the West, and the “New Cold War”, Jefferson, McFarland, 2018, pp. 201-204.
Martin, Terry, The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939, Ithaca, Cornell University Press, 2001.
Matos Franco, Rainer, Historia mínima de Rusia, México, El Colegio de México, 2017.
Olszański, Tadeusz A., “Svoboda party – the new phenomenon on the Ukrainian right-wing scene”, OSW Commentary, Center for Eastern Studies, núm. 56, 2011.
Parubii, Andrii, Pohliad sprava, Lviv, Orientyry, 1999.
Piotrowski, Tadeusz, Poland’s Holocaust. Ethnic Strife, Collaboration with Occupying Forces and Genocide in the Second Republic, 1918-1947, Jefferson, McFarland, 1998.
Sakwa, Richard, “Conclusion: Monism vs. Pluralism”, en Agnieszka Pikulicka-Wilczewska y Richard Sakwa (eds.), Ukraine and Russia. People, Politics, Propaganda and Perspectives, Bristol, E-International Relation, 2015, pp. 260-270.
Umland, Andreas y Anton Shekhovtsov, “Ultraright Party Politics in Post-Soviet Ukraine and the Puzzle of the Electoral Marginalism of Ukrainian Ultranationalists in 1994-2009”, Russian Politics and Law, 51, núm. 5, 2013, pp. 40-41.
6. Asalto a la agricultura africana
Un artículo en The Nation sobre cómo el agrobusiness está a punto de destruir la agricultura tradicional africana con la ayuda de «filántropos» como Bill Gates.
The New Colonialist Food Economy
La nueva economía alimentaria colonialista
Cómo Bill Gates y los gigantes del agronegocio están estrangulando a los pequeños agricultores de África y el Sur Global.
Alexander Zaitchik
Este artículo aparece en el número del 2/9 de octubre de 2023, con el titular «Sembrar el desastre».
El pasado verano, el régimen comercial mundial ultimó los detalles de una revolución en la agricultura africana. En virtud de un proyecto de protocolo pendiente sobre derechos de propiedad intelectual, los organismos comerciales que patrocinan la Zona Continental Africana de Libre Comercio pretenden encerrar a las 54 naciones africanas en un modelo de cultivo de alimentos privativo y punitivo, que pretende suplantar las tradiciones y prácticas agrícolas que han perdurado en el continente durante milenios.
Uno de los principales objetivos es el reconocido derecho humano de los agricultores a guardar, compartir y cultivar semillas y cosechas según sus necesidades personales y comunitarias. Al permitir que los derechos de propiedad de las empresas sustituyan a la gestión local de las semillas, el protocolo es el último frente de una batalla mundial sobre el futuro de los alimentos. Basada en proyectos de ley redactados hace más de tres décadas en Ginebra por empresas occidentales de semillas, la nueva generación de reformas agrícolas pretende instituir sanciones legales y económicas en toda la Unión Africana para los agricultores que no adopten semillas de ingeniería extranjera protegidas por patentes, incluidas versiones genéticamente modificadas de semillas autóctonas. La economía de las semillas resultante transformaría la agricultura africana en una bonanza para la agroindustria mundial, fomentaría los monocultivos orientados a la exportación y socavaría la resiliencia en una época de profundos trastornos climáticos.
Entre los arquitectos de esta nueva economía de las semillas se encuentran no sólo las grandes empresas de semillas y biotecnología, sino también los gobiernos que las patrocinan y una serie de organizaciones filantrópicas y sin ánimo de lucro. En los últimos años, esta alianza ha trabajado astutamente para ampliar y endurecer las restricciones de propiedad intelectual en torno a las semillas -también conocidas como «protección de las obtenciones vegetales»- bajo el mantra político de moda de la «agricultura climáticamente inteligente». Esta amplia frase retórica evoca un conjunto de mejoras prácticas, impulsadas por el clima, para la producción de alimentos que oculta un esfuerzo mucho más complicado y polémico para rediseñar la agricultura mundial en beneficio de la biotecnología y la agroindustria, no de los agricultores africanos ni del clima.
El endurecimiento de las leyes de propiedad intelectual en las explotaciones agrícolas de toda la Unión Africana representaría una gran victoria para las fuerzas económicas mundiales que han pasado las últimas tres décadas en una campaña para socavar las economías de semillas gestionadas por los agricultores y supervisar su integración forzosa en las «cadenas de valor» de la agroindustria mundial. Estos cambios amenazan los medios de subsistencia de los pequeños agricultores africanos y su patrimonio biogenético colectivo, que incluye una serie de cereales básicos, legumbres y otros cultivos que sus antepasados llevan desarrollando y salvaguardando desde los albores de la agricultura.
Para los agricultores que se encuentran en el camino de una cruzada del mercado mundial para estandarizar y privatizar sus semillas, lo que está en juego es simplemente la preservación de su derecho a la autodeterminación económica. A principios de 2023, pasé varias semanas viajando por la lejana sabana septentrional de Ghana y reuniéndome con agricultores que son los supuestos beneficiarios de las semillas patentadas «mejoradas». Con una estación seca que dura hasta ocho meses y sequías cada vez peores, la región parecería el ejemplo perfecto para los programas agrícolas aparentemente motivados por preocupaciones climáticas y humanitarias. Sin embargo, en un pueblo tras otro, los agricultores recibieron y debatieron los detalles del nuevo régimen de semillas respaldado por Occidente con recelo, confusión y enfado.
Una mañana temprano, me reuní con siete agricultores en un edificio municipal de adobe a las afueras de Paga, una ciudad comercial cerca de la frontera de Ghana con Burkina Faso. El grupo se había reunido por invitación de Isaac Pabia, de 45 años, secretario nacional de la Asociación de Campesinos de Ghana. Cuando no está cuidando de sus cultivos de caupí y mandioca, Pabia viaja por el país para poner al día a sus colegas agricultores sobre los cambios políticos que afectan a la pequeña agricultura, que sigue siendo el medio de vida más común en el África subsahariana.
En lo más alto de la agenda de Pabia figuraba un rumor sobre las disposiciones de la ley de semillas del país para 2020. Los primeros informes indicaban que los políticos de Accra habían penalizado la conservación, el intercambio y el comercio de semillas entre vecinos o en los mercados locales. Se corría la voz de que los agricultores que compartieran semillas protegidas por patentes -un concepto tan extraño para la mayoría de ellos como las semillas modificadas genéticamente que las patentes protegían- podrían ser enviados a prisión. Los agricultores estaban especialmente preocupados por la esperada decisión del gobierno de dar luz verde a una variedad modificada genéticamente del caupí, alimento básico de la dieta de África Occidental. Los agricultores se preguntaban si era posible que la policía ghanesa estuviera facultada para encarcelar a los cultivadores de caupí por comerciar y refinar existencias de semillas autóctonas «no reguladas».
«La ley es real», explicó Pabia en el idioma local. «La redactaron las empresas para controlar cómo usamos nuestras semillas».
Recogiendo una copia de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de Ghana -basada en el mismo proyecto de ley que el protocolo propuesto por la Unión Africana- pasó al inglés y leyó el artículo 60, que estipula las penas. «El agricultor que cometa intencionadamente un delito», leyó, enunciando lentamente, «podrá ser condenado en juicio sumario a una multa no inferior a cinco mil unidades de penalización… o a una pena de prisión no inferior a diez años ni superior a quince».
La sala se quedó en silencio mientras la información se asentaba en las mentes del grupo. Los agricultores del noreste de Ghana han cultivado el caupí -una legumbre rica en proteínas que los norteamericanos conocen como guisante de ojos negros- desde la Edad de Bronce. ¿Cómo era posible que las personas que seguían cultivando ese linaje, unos 5.000 años después, pudieran enfrentarse a 15 años de cárcel por infringir las reivindicaciones de propiedad sobre variedades de cultivo basadas en el original local?
Esa pregunta no se planteó durante el viaje relámpago de la vicepresidenta Kamala Harris por Ghana, Zambia y Tanzania a finales de marzo, la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde que la Casa Blanca publicó su documento estratégico sobre el África subsahariana el verano anterior. En los tres países, Harris reafirmó el compromiso del documento de luchar contra la inseguridad alimentaria e «impulsar» la producción agrícola en el continente. En una granja de Zambia, anunció inversiones público-privadas por valor de 7.000 millones de dólares destinadas a aportar «nuevas tecnologías [y] enfoques innovadores a… la industria agrícola». Estas inversiones se llevarán a cabo mediante asociaciones en las que participarán «líderes africanos, empresas africanas, empresas estadounidenses, organizaciones sin ánimo de lucro y filántropos».
Harris no mencionó a estos actores por su nombre ni especificó qué tipo de «innovación» pretendían aportar ella y el complejo de ayuda internacional estadounidense a las explotaciones agrícolas africanas. En su lugar, invocó la seductora visión tecnocrática de la «agricultura climáticamente inteligente» como justificación para reestructurar drásticamente la economía alimentaria de la región.
La Ley de Protección de Variedades Vegetales de Ghana es una variante nacional de una cruzada regional y mundial para integrar todos los aspectos de la agricultura minifundista en el sistema alimentario industrial. El adversario más tenaz de esta cruzada ha sido la humilde semilla, cuya capacidad natural para reproducirse la ha hecho especialmente resistente al control de la propiedad. Desde la década de 1980, la agroindustria, sus gobiernos patrocinadores y sus aliados de la megafilantropía han atacado esta obstinación como si fuera un tumor, utilizando leyes nacionales y amenazas para presionar a los gobiernos de todo el Sur Global para que introduzcan híbridos protegidos por patentes y organismos genéticamente modificados, u OGM. El beneficiario más directo de este plan es el oligopolio de cuatro empresas que controla la mitad del mercado mundial de semillas y el 75% del mercado mundial de productos agroquímicos: Bayer (antes Monsanto), Corteva (antes DowDuPont), BASF y Syngenta, filial de ChemChina.
Desde el inicio de la Revolución Verde en los años sesenta, los agrónomos desarrollistas han pregonado la agricultura intensiva en productos químicos y capital como la panacea contra el hambre en el mundo. Pero el argumento concreto que han esgrimido para sustituir las variedades de semillas cultivadas por los campesinos por versiones patentadas desarrolladas en laboratorios extranjeros ha cambiado a lo largo de las décadas. La retórica actual gira en torno a la supuesta preocupación por la «seguridad alimentaria» en la era del cambio climático. Los gobiernos occidentales, encabezados por Estados Unidos, utilizan habitualmente este lenguaje cuando abogan por la «mejora» de las semillas en países como Ghana, que en el verano de 2022 se convirtió en una de las aproximadamente media docena de naciones del África subsahariana que permiten la venta de OMG, junto con Sudáfrica, Etiopía, Nigeria, Burkina Faso y Kenia.
«No podemos aceptar esta ley», afirma Faustina Banakwoyem, agricultora de soja y pimiento de 35 años y única mujer del grupo Paga. «Las empresas intentarán atraernos diciendo que sus semillas son ‘mejores’. Entonces pasaremos a depender de semillas que no se pueden replantar. Nuestras semillas son de esta tierra. Es colonialismo decir qué semillas podemos usar y cómo usarlas».
«Las empresas han cambiado nuestra cultura alimentaria; ahora utilizan las amenazas para cambiar nuestra cultura agrícola», afirma Joseph Karimenga, agricultor de 30 años que cultiva pimiento, cebolla y maíz. «Si sustituimos las semillas tradicionales por semillas extranjeras que no se pueden volver a plantar, ¿qué ocurre si las nuevas semillas no llegan? ¿Que la gente tiene miedo de compartir semillas con sus vecinos? Es un ataque a nuestra supervivencia».
Desde que en la década de 1930 se concedió una protección limitada a las patentes de las primeras plantas, la tendencia a ampliar las reivindicaciones de propiedad intelectual sobre todos los organismos vivos ha ido en aumento. Pero no ha sido hasta hace poco que estas reivindicaciones han tenido algún sentido fuera de Estados Unidos y un puñado de países europeos. La crisis mundial de la deuda de la década de 1980 permitió a Washington condicionar la ayuda y los préstamos a la desinversión estatal en agricultura, despejando el camino para que la agroindustria occidental entrara en los mercados de África y otros lugares. Los mismos países estuvieron en el centro del proyecto de globalización de las patentes occidentales a través de la Organización Mundial del Comercio, que en su fundación en 1995 ordenó que las naciones miembros «prevean la protección de las obtenciones vegetales ya sea mediante patentes o mediante un sistema eficaz sui generis o cualquier combinación de los mismos.»
Las empresas de agronegocios con divisiones biotecnológicas estaban especialmente interesadas en establecerse en África, hogar de un sector agrícola que la prensa económica promocionaba como «la última gran frontera» y valorado en billones de dólares. Para introducir sus semillas y productos agroquímicos entre los agricultores africanos, las empresas se asociaron con gobiernos occidentales para establecer colaboraciones público-privadas. La más importante de ellas fue la Alianza de Semillas de África Occidental (WASA), un proyecto conjunto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y gigantes de la agroindustria como Monsanto y DuPont Pioneer que trabajaba con los gobiernos para «transformar la agricultura de África Occidental» aumentando el acceso a «variedades mejoradas de semillas, fertilizantes y productos de protección de cultivos», según el principal contratista de USAID en el programa, un grupo de ayuda aliado de la industria llamado Cultivando Nuevas Fronteras en la Agricultura.
Pero las empresas se enfrentaron a un problema: a mediados y finales de los años 90, la preocupación por los posibles daños para la salud y el medio ambiente de los OMG alimentó un movimiento contrario de rápido crecimiento dedicado a frenar su propagación. En el Sur Global, este movimiento desplegó un nuevo lenguaje de «derechos de los agricultores» para enfrentarse a un discurso del Norte cada vez más estridente de «derechos de los fitomejoradores». Los grupos que se resistían a la imposición desde arriba de las semillas transgénicas y la agricultura intensiva en insumos se unieron en La Vía Campesina, una red internacional fundada en 1993 para reivindicar «el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas». Con ese grupo nació el concepto de «soberanía alimentaria». También lo hizo un movimiento para defender esta idea frente a la agenda globalizadora de la Organización Mundial del Comercio. «Cuando el Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC [Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio] exigió algún tipo de privatización de las semillas, puso una espada de Damocles sobre la cabeza de mucha gente y les obligó a buscar la manera de hacerle frente», afirma Renée Vellvé, una de las activistas cuyo trabajo precedió a la fundación de La Vía Campesina.
Los incipientes movimientos por la soberanía alimentaria y de semillas se anotaron una victoria clave en 2003, con la firma del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Este acuerdo, un apéndice del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, exigía a las naciones signatarias que adoptaran leyes de bioseguridad y organismos reguladores para supervisar las pruebas, la producción y la venta de cultivos modificados genéticamente. El protocolo frenó instantáneamente la carrera hacia una Revolución Verde transgénica en África.
«Si no hubiera sido por el protocolo, habría habido una batalla campal para apoderarse de importantes cultivos básicos en África y en otros lugares», afirmó Mariam Mayet, directora ejecutiva del Centro Africano para la Biodiversidad. «Las empresas habrían registrado los OMG al amparo de la legislación sobre semillas convencionales. No se habría hablado de bioseguridad ni de regulación. No querían el protocolo [porque] era una señal de la comunidad internacional de que los OMG son diferentes y presentan riesgos».
La alianza pro-OGM se dio cuenta de que necesitaba una mejor estrategia de promoción para la era post-Cartagena. Pronto surgieron nuevos grupos de donantes alineados con la industria para salvar obstáculos legales y ganarse personalmente a funcionarios, científicos y reguladores africanos (aunque todavía no a los propios agricultores). La Fundación Rockefeller había negociado versiones más rudimentarias de este tipo de alianzas durante la Revolución Verde de mediados del siglo XX -una época más sencilla para el despliegue quirúrgico de la ayuda y los conocimientos técnicos estadounidenses en el Sur Global- y ahora actualizaba el libro de jugadas. En 2001, funcionarios de Rockefeller se reunieron con ejecutivos de cinco grandes proveedores de semillas, entre ellos DuPont Pioneer, Monsanto y DowAgro. De esta reunión surgió la Fundación Africana de Tecnología Agrícola, que desempeñó un papel similar al de la Alianza de Semillas de África Occidental, pero centrándose en los agrónomos e investigadores africanos en lugar de en los políticos. Joeva Sean Rock, antropólogo de la Universidad de Cambridge que estudia la política agrícola de África Occidental, explica: «La AATF se creó para forjar alianzas entre empresas biotecnológicas y científicos africanos».
Poco después de su creación, la AATF atrajo la atención y la generosidad de un nuevo y ambicioso actor de la escena filantrópica mundial: la Fundación Bill y Melinda Gates. La fundación -que anteriormente había promovido causas neoliberales de política interna como la privatización de las escuelas en Estados Unidos- estaba consolidando una nueva imagen como fuente de donaciones caritativas en África, financiando iniciativas contra la malaria y otras campañas de salud pública. En 2007, las fundaciones Gates y Rockefeller se asociaron para lanzar la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) con el fin de impulsar la transformación jurídica y política que buscaban la AATF y la WASA, un proyecto que describían como «un imperativo tanto económico como moral».
Ese imperativo era cualquier cosa menos evidente para los pequeños agricultores del Sur Global. Justo después de que Gates lanzara AGRA, más de 500 representantes del sector de las semillas y la soberanía alimentaria se reunieron en Sélingué, Malí, para Nyéléni, un foro convocado por La Vía Campesina. La reunión representó la maduración de un movimiento que ahora estaba «firmemente en marcha», dijo Renée Vellvé de GRAIN, una alianza internacional de pequeños agricultores precursora de La Vía Campesina. «Nyéléni reunió a organizaciones campesinas, pescadores, pueblos indígenas y trabajadores de la alimentación para enmarcar la ‘soberanía alimentaria’ y forjar estrategias en torno a ella». Al año siguiente, 200 grupos africanos que representaban a 200 millones de pequeños agricultores organizaron la Alianza por la Soberanía Alimentaria en África (AFSA) para hacer frente al sistema alimentario químico-industrial promovido por AGRA, a la que GRAIN acusó de «imponer a los pequeños agricultores un sistema agrícola químico y de semillas controlado por las empresas, apropiarse de las variedades de semillas autóctonas de África, debilitar la rica y compleja biodiversidad africana y socavar la soberanía alimentaria y de semillas.»
Bajo la tutela de los donantes de la industria, más gobiernos africanos establecieron marcos reguladores rudimentarios para la introducción de OMG. A mediados de la década de 2010, las empresas se apresuraban a solicitar los primeros permisos de ensayo para cultivar variedades de OMG de productos básicos regionales (caupí, sorgo) y mundiales (maíz, algodón). En Ghana, los agricultores empezaron a recibir noticias preocupantes de países vecinos que habían acelerado la aprobación de OMG. Al norte, los algodoneros de Burkina Faso se lamentaban de las fibras más cortas de las semillas de algodón OGM patentadas por Monsanto. Al este, los agricultores nigerianos estaban consternados por la calidad de una variedad de caupí supuestamente resistente a las plagas, modificada para producir altos niveles de Bacillus thuringiensis, una bacteria del suelo.
«Dicen que el sabor del caupí transgénico no es tan agradable, que tarda más en hervir y que no se pega al hacer moi moi [un plato tradicional de caupí]», explica Joseph Karimenga, agricultor de Paga. «Cuando empezaron a aparecer cargamentos de caupí en el mercado negro de Ghana, nos dimos cuenta de que todo lo que decían era cierto».
Desafiando las preocupaciones de los pequeños agricultores, el impulso para extender los transgénicos por África se vio favorecido por una iniciativa del G8 de 2012, la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, que emparejó a 10 países africanos con agencias de ayuda occidentales y empresas como Monsanto, Syngenta y Yara, el gigante noruego de los fertilizantes.
Mientras tanto, AGRA amplió su ofensiva de seducción entre los funcionarios africanos y los inversores mundiales. A estos últimos los atrajo con el eslogan no oficial de la Dra. Agnes Kalibata, presidenta de AGRA durante muchos años, a quien le gustaba decir al público: «Vengan por la seguridad alimentaria, pero quédense por la oportunidad económica».
Tales llamamientos sonaron huecos para los pequeños agricultores que constituyen más del 60% de la población del África subsahariana. En Ghana, la oposición popular derrotó en 2013 un proyecto de ley de bioseguridad que habría permitido realizar ensayos con OMG, así como el primer intento de aprobar una ley punitiva sobre semillas. «Educamos y sensibilizamos a la gente sobre las leyes recurriendo a las autoridades tradicionales -los jefes-, que tienen más legitimidad y son más leales que los miembros del Parlamento de Accra», explica Willie Laate, director ejecutivo adjunto del Centro de Conocimiento Indígena y Desarrollo Organizativo de Ghana.
Los jefes también demostraron ser más influyentes que el evangelizador de la Revolución Verde de más alto perfil en aquel momento, el Presidente estadounidense Barack Obama. Durante varias visitas a África, Obama dio conferencias a los africanos sobre los beneficios de los OMG en actos promocionales de Feed the Future (Alimentar el futuro), un proyecto agrícola que encajaba con la campaña Doing Business in Africa (Hacer negocios en África) de su administración.
Fuseini Bugbono, un agricultor de 64 años que cultiva caupí y mandioca en el distrito de Gundoug Nabdam, al norte de Ghana, se ríe al recordar las incursiones de Obama en la agricultura africana. «Obama vino aquí diciendo que los transgénicos son buenos, ¡pero su familia tenía un huerto ecológico detrás de la Casa Blanca!», recuerda. «Todos los líderes occidentales son como cazadores que usan veneno. No se comen la carne. La venden».
Al comienzo del segundo mandato de Obama, la alianza para industrializar la agricultura africana había intensificado su ofensiva de relaciones públicas, en gran parte gracias al dinero y la dirección estratégica de su líder de facto, Bill Gates. Entre los nuevos esfuerzos de agitprop del grupo se encontraba un reality show de cambio de imagen de temática agrícola en la televisión ghanesa que AGRA produjo entre 2015 y 2017. En cada episodio se mostraba a los agricultores agradecidos recibiendo instrucciones de expertos sobre la superioridad de los insumos y prácticas «modernos». Según un estudio de Joeva Sean Rock, antropóloga de Cambridge, más de la mitad de los programas se centraban en la promoción de semillas «mejoradas» criadas y patentadas en el extranjero.
Los mayores proyectos de comunicación financiados por Gates son independientes de AGRA. El Foro Africano sobre Biotecnología en África (OFAB, por sus siglas en inglés) organiza seminarios para científicos, agricultores y otras personas influyentes en Estados africanos con legislación pendiente. El año pasado, la oficina de Ghana organizó un taller con altos clérigos musulmanes para explicar por qué el caupí transgénico era halal. En la misma línea opera la Alliance for Science, con sede en la Universidad de Cornell, que trabaja en red con estudiantes de posgrado, científicos y periodistas de países africanos en conflicto. Como en el caso de OFAB, la Fundación Gates es su principal financiador, con 22 millones de dólares. Gran parte de ese desembolso se destina a financiar un programa de becas que lleva a jóvenes influyentes al campus de Cornell en Ithaca para residencias de tres meses con todos los gastos pagados, con el fin de «capacitar a líderes internacionales emergentes» para que defiendan «el acceso a la innovación científica en sus países de origen» y dominen técnicas de «comunicación eficaz en torno a la biotecnología agrícola».
Una granja de Ghana cultiva fonio, un cereal promocionado como «superalimento» resistente a la sequía.
Tomorrowland: Una granja ghanesa cultiva fonio, un grano promocionado como «superalimento» resistente a la sequía. (Nipah Dennis / Bloomberg vía Getty Images)
Hace nueve mil años, más o menos, los agricultores mesoamericanos cultivaron las primeras mazorcas de maíz a partir de una hierba silvestre que crecía espesa en los valles fluviales del centro de México. Les siguieron agricultores más al sur, en lo que hoy es Guatemala y Honduras, que desarrollaron otras variedades de maíz más o menos en la época en que los agricultores africanos empezaron a cultivar el caupí. Estos antiguos cultivadores no conocían la existencia de los demás, pero sus descendientes se han unido en un movimiento mundial para defender la supervivencia genética de su herencia agrícola.
Esta lucha ha llegado a los rincones más aislados de la extensa «región de origen» del maíz, como Concepción de María (Honduras), un pueblo situado en lo alto de las montañas, cerca de la frontera suroccidental del país con Nicaragua. La mayoría de sus habitantes son indígenas o mestizos descendientes de los primeros cultivadores de maíz, que se ganan la vida a duras penas en pequeñas parcelas situadas en las laderas de las montañas que miran hacia los valles fértiles y bien irrigados dedicados a cultivos básicos propiedad de barones de la tierra como Porfirio Lobo Sosa, el corrupto ex presidente hondureño que firmó la odiada ley de semillas de su país en 2012.
Un camino de tierra que serpentea cuesta arriba desde la plaza del pueblo conduce a la oficina de la Asociación de Comités Ecológicos del Sur de Honduras. Durante una década, a medida que la batalla contra la ley de semillas cobraba impulso, la estructura con techo de hojalata sirvió como sala de guerra donde un enjuto agricultor llamado Feliciano Castillo Ávila lideró la resistencia local a la ley. Al recordar hoy las protestas con un periodista, Ávila, de 58 años, normalmente campechano y rápido con una broma, se volvió sombrío y serio al mencionar lo que siempre llamará «la ley Monsanto». (En 2018, el conglomerado alemán Bayer pagó 63.000 millones de dólares por Monsanto y sus activos científicos).
«La ley atacó nuestro patrimonio, nuestro derecho a alimentarnos», dijo Ávila. Abriendo un cajón del escritorio, sacó una carpeta de papel manila con la leyenda «LEY UPOV», en referencia a la ONG con sede en Ginebra dominada por la industria que elabora modelos de leyes de «protección de las obtenciones vegetales» para el Sur Global. La carpeta de Ávila contenía una copia impresa de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales de Honduras de 2012, manchada de tierra. Pasó unas cuantas páginas y me entregó el documento.
«Artículo 51», me dijo.
Al igual que el artículo 60 de la ley de semillas de Ghana, esta era la parte que los agricultores hondureños conocían mejor: la que enumera las sanciones penales por infringir las semillas patentadas, ya sea vendiéndolas o compartiéndolas, o mediante «un proceso de invención no autorizado» resultante de una contaminación accidental. A diferencia de la ley de semillas de Ghana, la legislación hondureña de la UPOV no mencionaba directamente la prisión. Pero Ávila entendió las multas estipuladas -hasta «10.000 días de ingresos», o 27 años de ingresos agrícolas de subsistencia- como una herramienta para lograr algo aún peor: el despojo.
«Las elevadas multas son una táctica para despojar a los agricultores de sus tierras», afirma. «Elegiríamos la cárcel antes que vender nuestras granjas. Al menos en la cárcel comes tres veces al día».
Como los medios de comunicación nacionales no se pronunciaron sobre la ley, Ávila comprendió la gravedad de su lenguaje draconiano y su intención sólo después de consultar con un colectivo de agricultores de Colombia. «Los colombianos nos invitaron a una reunión y nos advirtieron: ‘Detened esta ley o estaréis seriamente jodidos'», dijo Ávila. «También tenían experiencia con semillas transgénicas y nos explicaron cómo no se reproducen como nuestras semillas campesinas».
De regreso a Honduras, Avila organizó una reunión en las montañas. Cinco mil campesinos se presentaron y redactaron una declaración de rechazo a los transgénicos y a la Ley de Protección de Variedades Vegetales. «Nos levantamos y nos negamos a reconocer la ley», dijo Avila. «Presentamos demandas. Formamos bancos de semillas para garantizar que nuestras semillas siempre fueran accesibles para las comunidades.»
En el otoño de 2021, la Corte Suprema de Honduras anuló la ley de semillas en una decisión que citó los derechos de los agricultores consagrados en la Constitución nacional y en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, adoptada en 2018. Ese documento es una declaración no vinculante que dedica un artículo a afirmar el derecho humano de los campesinos a gestionar las semillas por encima de las pretensiones de los acuerdos comerciales y las leyes de patentes. Se adoptó siguiendo estrictas líneas Norte/Sur, con la mayoría de los países del G8 oponiéndose ferozmente.
Una versión más sangrienta de la historia hondureña tuvo lugar en Guatemala en 2014, cuando una ley de semillas similar desató la ira del movimiento agrario de izquierdas del país, curtido en mil batallas y bien organizado. Durante 10 días, los agricultores paralizaron Guatemala, cerrando una importante autopista y reuniéndose en ciudades y pueblos de todo el país. «Los campesinos comprendieron la gravedad de la situación y complicaron mucho las cosas al gobierno y a las empresas», afirma Inés Cuj, directora del Instituto Mesoamericano de Permacultura, una granja ecológica y centro de formación política situado a orillas del idílico lago Atitlán, en el oeste de Guatemala.
Cuj mantiene un pequeño monumento a estas protestas en el banco de semillas de su instituto. En una pared forrada de tarros de barro que contienen el patrimonio de semillas de la región -incluidas docenas de variedades de maíz rojo, negro y blanco- ha colgado una foto en la que aparece una falange de mujeres indígenas mayas diminutas y de aspecto feroz. Vestidas con blusas y tocados tradicionales de color rosa, están de pie con sus hijos frente a una línea de policías antidisturbios blindados con las porras en alto.
«Estas mujeres rechazaron las afirmaciones del gobierno de que las empresas sólo quieren mejorar nuestras semillas, porque nuestras semillas no necesitan mejoras», dijo Cuj. «Nuestros antepasados las hicieron fuertes durante miles de años. Quieren crear dependencia de semillas que hay que comprar cada año y que no se reproducen». ¿Han probado a utilizar las semillas de maíz transgénico? La planta sale deforme. Crece a medias y se muere».
La Fundación Bill y Melinda Gates es, con diferencia, la mayor financiadora de iniciativas destinadas a la transformación de la agricultura africana. Con 63.000 millones de dólares en activos netos, Gates llega a la mayoría de los países africanos con igual o mayor prestigio que muchos jefes de Estado, por no hablar de los directores generales, directores de agencias de ayuda y otros responsables de fundaciones.
En consonancia con su papel fundador, el grupo Gates es el principal financiador de AGRA, con más de 650 millones de dólares del presupuesto de 1.000 millones de dólares de la agencia desde 2006. (Ajustada a la estrategia quinquenal que anunció en septiembre, la cifra se acerca probablemente a los 950 millones de dólares). El dinero de Gates es también la principal fuente de apoyo del Foro Abierto sobre Biotecnología Agrícola en África y de la Alianza por la Ciencia, dos amplias iniciativas de comunicación que promueven los OMG en el continente. El apoyo de la Fundación Gates a la Fundación Africana de Tecnología Agrícola -141 millones de dólares desde 2008- ha superado los 97 millones de dólares gastados por USAID, el segundo mayor financiador del grupo. Durante este tiempo, al menos 46 millones de dólares del presupuesto de la AATF han ido directamente a las arcas de su principal contratista, Bayer (antes Monsanto).
Stacy Malkan, cofundadora y redactora jefe del grupo de investigación U.S. Right to Know (Derecho a Saber de Estados Unidos), cree que el generoso apoyo de la fundación a estos grupos forma parte de un ciclo no tan virtuoso que refleja su interés material directo -y a menudo pasado por alto- en la biotecnología agrícola y el sistema alimentario industrializado en general.
«En la Fundación Gates, sus inversiones son el programa», afirmó Malkan. «Los contribuyentes estadounidenses subvencionan, mediante deducciones fiscales, miles de millones de dólares de inversiones que hacen crecer la dotación de la fundación. El llamado brazo caritativo de la fundación financia la agricultura industrial en África de forma que beneficia a las empresas en las que invierte la fundación.»
No está claro a qué otros intereses sirven los desembolsos de la fundación. AGRA, la operación insignia de Gates en África, ha sido un rotundo fracaso según sus propias métricas altruistas autoproclamadas. El pasado mes de febrero, un estudio independiente encargado por la Fundación Gates concluyó que AGRA no había logrado avances significativos en sus objetivos de duplicar el rendimiento y los ingresos de 30 millones de pequeños agricultores y reducir a la mitad la inseguridad alimentaria. Tras 12 años y más de 1.000 millones de dólares gastados en 11 países, el hambre creció en África, mientras que el rendimiento de los cultivos apenas varió. Los críticos afirman que se trataba de un resultado previsible de las políticas de AGRA.
«Si el objetivo es la seguridad alimentaria, las semillas ‘mejoradas’ para un reducido conjunto de cultivos básicos no dan en el blanco», afirma Timothy A. Wise, asesor principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial y autor de Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers, and the Battle for the Future of Food. «Las semillas híbridas y transgénicas están diseñadas para crecer con agua óptima y grandes cantidades de fertilizantes sintéticos, que los pequeños agricultores no tienen ni pueden permitirse. Incluso cuando se consiguen mayores rendimientos, el monocultivo agota el suelo y desplaza a cultivos más nutritivos e importantes.»
En 2022, posiblemente en reconocimiento de que su ambicioso renacimiento de la Revolución Verde fue un fracaso, AGRA eliminó la cargada referencia histórica de su nombre para convertirse en un acrónimo incorpóreo. «Es apropiado que AGRA ahora no signifique literalmente nada», dijo Wise.
El sutil cambio de marca de AGRA se produjo en medio de un amplio cambio de mensaje en los recintos de la política de desarrollo agrícola impulsada por los donantes: el mandato emergente de combatir la «inseguridad alimentaria» mediante la adopción de una «agricultura climáticamente inteligente» (CSA, por sus siglas en inglés). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación acuñó el término CSA en 2009 para describir las prácticas destinadas a aumentar la resiliencia de las explotaciones y reducir la huella de carbono de un sistema alimentario mundial responsable de hasta el 37% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Desde entonces, sin embargo, los observadores afirman que la CSA ha sido usurpada por la alianza empresarial liderada por Gates, con programas como Maíz Eficiente en Agua para África que sirven como caballos de Troya pintados de verde para la industria.
«La CSA es una visión de la agroindustria basada en la vigilancia [y] la agricultura sin agricultores basada en datos, [lo que explica por qué] entre sus mayores promotores se encuentran Bayer, McDonnell y Walmart», afirma Mariam Mayet, del Centro Africano para la Biodiversidad. «Desde una perspectiva climática, afianza las desigualdades globales de un régimen alimentario corporativo. No hay ningún cambio de sistema».
Octavaio Sánchez, el canoso director de la Asociación Nacional para la Promoción de la Agricultura Orgánica de Honduras, sostiene que las políticas que promueven una verdadera resiliencia deben centrarse en la regeneración de los suelos mediante el uso de fertilizantes orgánicos, la rotación de cultivos y la conservación de semillas autóctonas capaces de adaptarse a condiciones cambiantes. Estas son las piedras angulares de un movimiento agroecológico mundial que ha surgido de las coaliciones de soberanía alimentaria y de semillas de las últimas tres décadas.
El movimiento agroecológico liderado por campesinos -con La Vía Campesina y AFSA al frente- rechaza el consabido estribillo de los promotores del agronegocio de que está condenando a los agricultores a la pobreza y el estancamiento permanentes. La posición del movimiento se apoya tanto en una creciente literatura de estudios de casos como en el desarrollo de prácticas agroecológicas científicas. Cuando los responsables de la Fundación Gates se disponían a lanzar AGRA en 2006, investigadores de la Universidad de Essex publicaron un estudio que demostraba que las prácticas agroecológicas aumentaban el rendimiento en casi un 80% de media en 12,6 millones de explotaciones agrícolas de 57 países pobres. Los autores concluían que «todos los cultivos mostraban mejoras en la eficiencia del uso del agua», lo que se traducía en «mejoras en la productividad alimentaria». El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición de la ONU recomendó en 2019 que los gobiernos apoyen proyectos agroecológicos y reorienten «los subsidios e incentivos que en la actualidad benefician a prácticas insostenibles», un juicio basado en estudios similares realizados en todo el mundo.
Pivotal para el éxito de los sistemas alimentarios sostenibles bajo control local, dicen los defensores de la agroecología, es ganar la batalla por el control de las semillas. «Las ‘semillas mágicas’ de Bill Gates acelerarán el ciclo de destrucción química que ha destruido los suelos de la Tierra en menos de un siglo», afirmó Inés Cuj, directora del Instituto de Permacultura de Guatemala. «La respuesta al cambio climático está en el conocimiento tradicional y en las semillas ancestrales que existen desde hace miles de años. No podemos permitir que triunfe el ataque contra ellos. Es un ataque contra la vida misma».
Alexander Zaitchik
Alexander Zaitchik es miembro del Independent Media Institute y autor, más recientemente, de Owning the Sun, una historia de la medicina monopolista.
