De un lector amigo
En las pp. 108-112 de Technofeudalism, el último libro de Yanis Varoufakis, autor que no es santo de mi devoción pero que, a veces, dice cosas muy interesantes, se describe con claridad una operación económico-financiera que ha devenido muy común y resulta legal (hoy día, porque en otros tiempos constituiría un delito, o eso creo) llamada en inglés “dividend recapitalisation”. Mi mente la ha asociado a lo que está haciendo en la actualidad la autodenominada izquierda (institucional) en España (continuación, por lo demás, de un proceso que inició básicamente el PSOE a impulsos de la UE con los comienzos del desmantelamiento del sector público empresarial/ económico a finales de los ochenta/ principios de los noventa).
La operación descrita por Varoufakis consiste en la adquisición por una “private equity firm” (empresa de capital de inversión) de una empresa productiva -que produce un bien o un servicio con valor de uso- y que se financia con sus ganancias mercantiles (si la empresa es privada y concurre en el mercado) o con los presupuestos públicos (si es pública -lo que requerirá su privatización para que se pueda llevar a cabo la operación de que estamos hablando- o, aun siendo privada, presta servicios o suministros a la Administración). Por continuar con el ejemplo de Varoufakis, que no es el ideal por implicar una previa privatización parcial de los servicios de salud, pero sí realista, dados los tiempos en que vivimos, imaginemos que una empresa de capital de inversión adquiere la empresa privada proveedora de cuidados de salud “England´s Home Counties”. A continuación, la dirección de la empresa de capital de inversión divide “England´s Home Counties” en dos empresas, PropCom, que ostenta la propiedad de los medios de producción de la antigua “England´s Home Counties” (sus edificios, medios de transporte, equipo tecnológico etc.), y CareCom, que contrata a los trabajadores que prestan el servicio y con la que contratan los usuarios del servicio -o la Administración-. Seguidamente, PropCom, la propietaria de los medios de producción, alquila esos medios a la que los utiliza, CareCom, y, con el objetivo de incrementar sus beneficios y, sobre todo, revalorizar continuamente el valor de sus acciones en los mercados de valores, aumenta progresivamente el importe de las rentas que cobra a CareCom por el uso de los medios de producción, obtiene préstamos bancarios garantizados por la propiedad de esos medios y los emplea para incrementar dividendos y expectativas de ganancia que puedan traducirse a su vez en revalorización de acciones, etcétera. Esta estrategia, dirigida a parasitar CareCom hasta hacerla desaparecer en beneficio de la empresa de capital de inversiones y sus accionistas, ejecutivos y demás inversores, lleva finalmente a la quiebra de CareCom, que queda liquidada. Por su parte, PropCom, cuyo valor de mercado se ha elevado constantemente y cuyas propiedades han sido transferidas en beneficio de la empresa de capital de inversiones, es vendida por esta última para mayor beneficio todavía de los accionistas, ejecutivos y demás inversores de la “private equity firm”. El resultado es que los trabajadores se quedan en paro, el tejido productivo de una sociedad se reduce y el estado ha de asumir -en la medida en que las políticas en curso y las instituciones financieras lo permitan- los costes sociales de la operación. La motivación de los dirigentes, accionistas y otros inversores de la “private equity firm” es obvia: riqueza y poder. Dato importante a retener: los primeros, los trabajadores desempleados por la operación especulativa, pertenecen a una de las dos grandes clases en que cabe dividir hoy nuestra sociedad: quienes no tienen riqueza suficiente ni capacitaciones técnicas o relacionales especialmente valoradas por el mercado y por las oligarquías socioeconómicas y políticas gobernantes como para poder largarse cómodamente a otro lugar (otro país) para poder librarse así de los males que asolan los lugares donde viven. Estas personas están atrapadas en ellos. Los segundos, los dirigentes y grandes inversores, forman la clase de los que pueden largarse de un lugar devenido invivible sin problemas, en caso de que éste quede devastado o sea inseguro por las torpezas de los políticos o por las consecuencias sociales acumuladas de operaciones de la catadura moral de la “dividend recapitalisation”.
Un ejemplo más burdo, antiguo y popular de lo dicho lo constituye, hasta cierto punto, el protagonista de Pretty Woman, el cual, si la memoria no me falla, se dedica a desguazar empresas productivas para sacar réditos especulativos de la operación (de hecho, es lo que, en parte, se hizo con el tejido empresarial de los países de Europa del Este).
Pues bien, la autodenominada izquierda (institucional), con el apoyo de una cáfila de nacionalistas regionales y capitaneada por nuestro Richard Gere de turno, parece que se esté dedicando precisamente a eso: a completar el desguace del estado español (y sumir la sociedad española en un torbellino de conflictos identitarios, sustitutivos de los conflictos por razones socioeconómicas -o de clase, por emplear la terminología tradicional de la izquierda-), ya no sólo en el plano administrativo relativo a la asunción de tareas económicas y sociales (un desguace ya muy avanzado en virtud de décadas de políticas privatizadoras del PSOE, el PP y los nacionalistas catalanistas), sino también en el plano político-territorial. Esta es la conclusión a la que llego a la vista de los acontecimientos de los últimos meses y del documento del acuerdo entre PSOE y Junts (que va más allá del asunto de la amnistía, si se lee entre líneas y uno reflexiona sobre el lenguaje empleado en el documento). Me atrevo a afirmar que el gobierno en funciones actual y sus dirigentes no muestran ser con ello el gobierno y los dirigentes de los que están atrapados en “el lugar donde viven”, sino que son “objetivamente” -como tanto les gusta decir a ciertos intelectuales de matriz originaria marxista- el gobierno y los dirigentes de quienes en virtud de su fortuna o capacitaciones pueden largarse “cómodamente” o “sin problemas” de un lugar/ país a otro cuando el primero acaba hundiéndose en la ingobernabilidad, la miseria o, peor aún, la violencia generalizada o la guerra, y a quienes, por tanto, les importa, en realidad, un bledo el futuro del país donde viven, aunque dicho gobierno se atribuya la condición de paladín de los débiles. Los dirigentes e intelectuales orgánicos de la autodenominada izquierda (institucional) dan la impresión de haber renunciado a defender la integridad territorial de España (y quién sabe si su misma existencia como sociedad mínimamente cohesionada, a la vista del aluvión de reclamaciones y reivindicaciones político-económico-identitarias contradictorias de los distintos gobiernos regionales en conflicto). Lo que es tan malo como eso, han entregado su defensa a la retórica e inclinaciones salvajes, incivilizadas e hipócritas de la derecha/ extrema derecha (lo de “hipócritas” se añade, sobre todo, por el PP, que ha contribuido durante décadas al desguace económico-administrativo del estado español y al desordenado desarrollo del estado autonómico).
Si la motivación de los dirigentes de las “private equity firm” a la hora de destruir el tejido productivo de una sociedad es la codicia, ¿cuál sería la motivación de los dirigentes de la autodenominada izquierda (institucional) en su labor corrosiva del estado español? La verdad es que no oso pronunciarme con claridad sobre ello. Según su retórica oficial, quieren evitar que España (o como quieran llamarla) caiga en manos de la extrema derecha y garantizar la gobernabilidad del país -si bien parece un método un tanto extravagante de curación acabar con la enfermedad por el procedimiento de liquidar lentamente al paciente-. Según un periodista como Gregorio Morán, a quien, aunque escriba en Vozpopuli, no cabe calificar de intelectual de la extrema derecha, la ceguera ideológica y el medro personal. En cuanto a nuestro Richard Gere de turno, opino que para él es muy fácil estar cuatro años -o uno, o dos- en el gobierno sin preocuparse por las consecuencias que para la sociedad española (y, en especial, los catalanes no catalanistas) tengan sus acuerdos de gobierno con los independentistas. A fin de cuentas, si el país se va al carajo, él, que, entre otras cosas, tiene un buen nivel de inglés, seguro que puede largarse y encontrar un puesto bien remunerado en Bruselas o como relaciones públicas de cualquier gran empresa -¿de una “private equity firm” tal vez?-. La mayoría de los demás, tendremos que morirnos de asco, si no de cosas peores, en nuestro país (sea España o Cataluña).
