La lucha del hombre contra el poder
es la lucha de la memoria contra el olvido.
Milan Kundera
Publicado en mientrastanto.e de febrero de 2025
Este texto tiene su origen en la conferencia de Reed Brody en el Centro Cultural La Model de Barcelona el 19/12/2024, organizada por el Ateneu de Memoria Popular (transcripción: Isabel Alonso Dávila, revisada por Reed Brody y Rosa Ana Alija).
* * *
En mi trabajo con las víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos, aprecio mucho a las personas que rescatan las memorias, ya sea en mi país, Estados Unidos, ya sea en España o en otros países, porque los poderosos intentan siempre oscurecer la historia y hacernos perder la memoria de lo pasado: la memoria tanto de sus crímenes como de nuestras luchas. Pero no tendrán éxito. Hay un proverbio que se me quedó grabado de cuando trabajé en Haití: «Bay kou bliye, pote mak sonje», que se traduce como «Quien da el golpe olvida; quien lleva la cicatriz recuerda».
Hace dos semanas [a mediados de diciembre de 2024], estuve en La Haya, donde se celebra cada año la Asamblea de los estados que forman parte de la Corte Penal Internacional. En su discurso de apertura, la presidenta, Tomoko Akane, una jueza japonesa, habló de un punto de inflexión en la historia de la justicia y advirtió de la existencia de amenazas de sanciones contra la Corte, como si la Corte Penal Internacional fuera, dijo ella, «una organización terrorista». Se estaba refiriendo, claro, a la inminencia de sanciones estadounidenses contra la Corte por haber emitido en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, y su exministro de defensa Yoav Gallant.
Para entender cómo esas órdenes han sido realmente un hito en la historia del derecho penal internacional, hay que volver la mirada hacia atrás en el tiempo. Lo normal en la historia de la humanidad era que si tú matabas a una persona ibas a la cárcel, pero si matabas a mil personas organizabas tu impunidad en tu país o en otro. Lo hemos visto con Franco, lo hemos visto con Stalin, con Mao y en muchos casos más. Los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, en Núremberg, prometían el «nunca más». Y allí se incorporaron por primera vez los principios de los crímenes de lesa humanidad, de genocidio y de la justicia penal internacional, tal y como se está desarrollando hoy en día. Después de Núremberg, ya se pensó en la idea de una corte penal internacional permanente. Pero en el contexto de la Guerra Fría fue imposible. Solamente a finales de los años ochenta, y en los noventa, los genocidios en Ruanda y Yugoslavia dieron pie a que la comunidad internacional, a partir de un sentimiento de culpa por no haber hecho nada para impedirlos, creara tribunales internacionales, primero para Yugoslavia y a continuación para Ruanda. Y así se dio el empujón para la renovación de la idea de crear una corte penal internacional permanente.
Fue en julio de 1998, en Roma, donde estuve presente, cuando los estados adoptaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En octubre de ese mismo año, se produjo el arresto de Augusto Pinochet en Londres, por mandato de un juez español, Baltasar Garzón, por crímenes cometidos en Chile veinticinco años antes. Pinochet apeló su detención alegando una supuesta inmunidad. Yo tuve el privilegio de coordinar la intervención de Human Rights Watch ante la justicia británica. Y cuando la Cámara de los Lores dijo que no gozaba de inmunidad y que, a pesar de ser exjefe de Estado podía ser arrestado y extraditado, por el principio de la jurisdicción universal, nosotros, las ONG, los activistas, vimos que disponíamos de un instrumento, la jurisdicción universal, para llevar ante la justicia a personas que parecían estar por encima de la justicia. Así que, ese año 98 fue el año fundador del derecho penal internacional moderno. Por una parte, por la creación de la Corte Penal Internacional y, por otro, por la jurisdicción universal. También se han creado tribunales regionales híbridos, ad hoc. Por ejemplo, para los Jemeres Rojos en Camboya, para Charles Taylor en Liberia y Sierra Leona, etc. Y así se conforma el «ecosistema» que tenemos del derecho penal internacional hoy. Hemos logrado mucho. Por ejemplo, yo participé durante veinte años en la lucha de las víctimas chadianas para juzgar, y finalmente condenar, al exdictador de Chad, Hissène Habré, por un tribunal senegalés con participación de la Unión Africana. Y, en muchos países, a nivel nacional, como en América Latina, el grito que lanzó la Audiencia Nacional española en el caso de Pinochet sirvió para derribar muros de impunidad y permitió que se desbloquearan situaciones como las de Argentina, Chile, Guatemala y Perú, que desembocaron en procedimientos nacionales de justicia.
Pero el talón de Aquiles de la justicia internacional ha sido el doble rasero utilizado, los dobles estándares. Hasta los mandatos contra Netanyahu y Gallant, los instrumentos del derecho penal internacional casi siempre se habían invocado para enemigos derrotados, como en Núremberg o en Tokio. El Tribunal de Núremberg solamente juzgó a los alemanes, no juzgó a los aliados por los bombardeos en Alemania, por ejemplo. Y el Tribunal de Tokio, que juzgó a justo título a los japoneses por la Masacre de Nankín, las «mujeres de solaz» y el trato brutal a los prisioneros de guerra, no juzgó a los americanos por Hiroshima y Nagasaki. O sea que era la justicia de los vencedores o de los más fuertes. Y eso también lo hemos visto en la utilización de la jurisdicción universal. Aquí en España, por ejemplo, las leyes de jurisdicción universal fueron usadas muy valientemente en casos sobre Argentina, sobre El Salvador, cuando se condenó a un salvadoreño por el asesinato de los jesuitas, o a un torturador argentino, etc. Pero, una vez que se intentó utilizar la justicia internacional en España contra las potencias —China, Estados Unidos, Israel—, la ley fue reformada y la jurisdicción universal, abrogada. Lo mismo pasó en otro país que tenía una ley de jurisdicción amplia, Bélgica. Yo estuve en Bélgica, porque el caso Hissène Habré transitó por Bélgica, y la ley belga fue utilizada para juzgar y condenar a ruandeses por el genocidio. Pero, a partir del momento en que hubo demandas contra Ariel Sharon, de Israel y, sobre todo, contra George Bush padre, la ley fue puesta en jaque. Recuerdo cuando Donald Rumsfeld llegó a Bruselas para decir que, si los líderes de la OTAN no podían ir a Bélgica sin la posibilidad de que hubiera demandas contra ellos, tal vez se tendría que deslocalizar la OTAN fuera de Bélgica. Y entonces la ley se desmoronó como un castillo de cartas.
Y lo mismo está pasando ahora con la Corte Penal Internacional. Hasta hace muy poco, todas las personas que habían sido acusadas por la Corte Penal Internacional eran africanas. Después se fue rectificando. Y en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania y las atrocidades de Bucha y otras, hubo una actividad judicial muy potente, sobre todo de la Corte Penal Internacional, y también de justicias nacionales. Así, en el plazo de un año, la Corte emitió un mandato de arresto contra Vladímir Putin, que fue en aquel entonces el hecho más osado del derecho penal internacional: imputar al presidente de una potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad, y que, además, no era miembro de la Corte Penal Internacional.
Una buena parte de mi trabajo ha sido en África y allí siempre me preguntaban: «¿Y los palestinos? ¿Por qué la justicia internacional no hace nada con los asentamientos ilegales, con el apartheid, con los castigos colectivos?». Yo acompaño desde hace quince años a los abogados palestinos que han tratado de activar la competencia de la Corte Penal Internacional. Pero era evidente que los tres fiscales sucesivos de la Corte nunca iban a cruzar la línea roja y emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes.
Ya desde el siete de octubre, tras las atrocidades cometidas por Hamás, y la respuesta desmedida, desproporcionada de Israel, no parecía que fuera a haber un cambio de rumbo. En la Asamblea de la CPI de diciembre de 2023, habíamos intercambiado puntos de vista con el fiscal Karim Khan, un británico muy inteligente, muy político, elegido con el respaldo de su país, el Reino Unido, y de Estados Unidos (país que no es ni miembro de la Corte). Yo tenía la impresión de que tampoco iba a cruzar la línea roja. Y nos equivocamos. Creo que este animal político comprendió que era insostenible no hacer nada. Sobre todo, porque los crímenes son evidentes hasta para los televidentes. Pero, además, porque el otro tribunal en La Haya, la Corte Internacional de Justicia, el órgano máximo de Naciones Unidas para conocer de disputas entre estados, había respondido en el caso de la demanda de Suráfrica contra Israel que era plausible la existencia de genocidio.
No voy a detallar todo lo que ha hecho Israel para impedir que el fiscal actuara. Sabemos ahora, por las revelaciones de The Guardian que, durante nueve años, la procuraduría de la Corte ha sido sometida a una campaña de hacking, de infiltraciones, por parte de Israel, que escuchaba los teléfonos, que trató de sobornar a diversas personas, que utilizó al presidente de la República Democrática del Congo para intentar poner una trampa a la anterior fiscal, etc. Pero, pese a todo ello, la fiscal pidió las órdenes contra Netanyahu y Gallant.
Normalmente, cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional pide una orden de arresto, la Sala Preliminar resuelve en cuestión de semanas, máxime dos meses. Sin embargo, durante seis meses no sabíamos lo que estaba pasando, ni por qué no llegaba la orden. Dos de los tres jueces que tenían que decidir sobre la petición del fiscal se retiraron. Sólo podíamos imaginar las presiones que estaban sufriendo los jueces y sus países, pero no sabíamos nada. Finalmente, el 21 de noviembre de 2024, los tres jueces, por unanimidad, aceptaron la petición del fiscal y emitieron la orden de arresto.
Y entonces no tardó en llegar la respuesta de Estados Unidos. Por eso, las palabras de la presidenta, Tomoko Akane, cuando advirtió de la existencia de amenazas de sanciones contra la Corte, como si la Corte fuera una organización terrorista, fueron las adecuadas. En la Asamblea, en la Corte, el ambiente era de pánico, porque están esperando que, cuando Trump asumiera el poder el 20 de enero, haya sanciones, tal vez contra todos los individuos que trabajan en la Corte. O sea que no van a poder utilizar cuentas bancarias en Estados Unidos, o viajar a Estados Unidos. Todavía no sabemos el alcance de las sanciones, por ejemplo, si van a sancionar a compañías que hacen negocios con la Corte. Si sancionan a Microsoft, por ejemplo, la Corte no tiene cómo hacer su trabajo porque todo el sistema informático pasa por esta empresa. Así que estamos en un momento crítico. Es el momento de que los países que apoyan el derecho internacional hagan contrapresión.
Pero es desalentadora la actitud de algunos países clave. Benyamin Netanyahu es un fugitivo de la justicia, igual que Vladimir Putin. Un país como Francia, por ejemplo, dijo que, si Benyamin Netanyahu visitaba este país, podría hacer valer su inmunidad como jefe de gobierno. Es lo contrario de lo que dijo respecto de Vladimir Putin, sin olvidar que Francia criticó públicamente a Mongolia cuando este país, dependiente económicamente de Moscú, no lo arrestó durante su visita en septiembre de 2024. Los 125 países que son miembros de la Corte Penal Internacional tienen la obligación jurídica de cooperar con la Corte. Porque la Corte —y esa es en cierta medida la debilidad de la justicia internacional— no tiene cuerpo policial. Y es por eso, además —y esto es casi un secreto—, que en veintidós años la Corte Penal Internacional nunca ha podido juzgar y condenar a ningún actor estatal, ni jefe de Estado ni subalterno en ningún lugar del mundo, porque no logran capturarlos. Porque los estados no los entregan a la Corte. Los únicos condenados por la Corte Penal Internacional son cinco rebeldes africanos.
Si me permiten un paréntesis, seamos claros. Aun sin condenas, la Corte Penal Internacional ha tenido un impacto importante en la justicia global, a través de su estatuto rector, el Estatuto de Roma, que ha sido incorporado en muchas legislaciones nacionales, y de la presunción internacional básica a favor de la rendición de cuentas que ayuda a promover, así como por la presión que ha ejercido sobre algunos estados, como Colombia, para que lleven a cabo juicios, ante el riesgo de una investigación de la Corte Penal Internacional. En el caso que mencioné, del exdictador de Chad, Hissène Habré, la Unión Africana desempeñó un papel vital al lograr que fuera juzgado en Senegal por un tribunal «híbrido» respaldado por dicha organización, precisamente para evitar que se presentaran más casos de la Corte Penal Internacional contra líderes africanos demostrando que África podía manejar los suyos propios.
Pero lo cierto es que la Corte Penal Internacional depende de la cooperación de los estados. Y si los estados «amigos» de Israel no cooperan, ya vemos que el doble rasero que antes se situaba en la institución de la Corte Penal Internacional ahora se traslada y se sitúa a nivel de los países que se resisten a cooperar o que directamente sancionan a la Corte.
Al mismo tiempo, hay muchos países (de hecho, la mayoría de los países, especialmente en África y en el sur global en general) que habían perdido la confianza en la Corte por la razón exactamente opuesta, porque estaban enfadados por el doble rasero manifestado por su anterior falta de acción sobre Palestina, y veían a la Corte como lo que un observador llamó «el brazo jurídico de la OTAN». Si estos países se unieran en una fuerte defensa de la Corte, podría establecer la justicia internacional con una base completamente diferente y más justa.
Estamos entonces, desde las órdenes de detención del 21 de noviembre, en un momento decisivo. Y la cuestión ahora es si la Corte Penal Internacional y la justicia internacional morirán entre los escombros de Gaza o renacerán de entre ellos.
https://mientrastanto.org/242/notas/la-justicia-internacional-ante-los-conflictos-actuales/
