Reseña de Philippe Sands, Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagoni. Anagrama, Barcelona, 2025, 577 págs.
Calle Londres 38 —el título hace referencia a uno de los primeros centros de tortura del régimen de Pinochet— es un libro imprescindible para quienes estén interesados en la evolución histórica y en el futuro del denominado principio de jurisdicción universal. Este principio obliga a los tribunales del estado que acepta este tipo de jurisdicción a investigar los delitos más graves contemplados en los derechos penales contemporáneos (delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas…) y a juzgar a sus responsables, aunque no exista ningún punto de conexión entre la comisión de los delitos mencionados y el país en cuestión cuya legislación reconoce ese principio. Dicho con otras palabras: en estos supuestos, los órganos judiciales del estado que ha incorporado a su ordenamiento jurídico el principio de jurisdicción universal resultan competentes incluso si el delito no fue cometido en el territorio de ese estado, ni lo fue por personas con su nacionalidad, ni sus víctimas poseyeron esa misma nacionalidad.
En estrecha relación con este principio de jurisdicción universal, el ensayo reseñado en estas líneas resulta de consulta obligada para aquellos juristas que se sientan atraídos por el estudio de la institución jurídica de la inmunidad (e impunidad) de los jefes y ex jefes de estado, pues el objeto principal del libro no es otro que el análisis del caso Pinochet, en el cual jugó un papel fundamental la discusión en torno a su inmunidad en tanto que antiguo jefe de estado de Chile. Con la expresión ‘caso Pinochet’ se alude a los procesos judiciales que tuvieron lugar en el Reino Unido a raíz de su detención en Londres en octubre de 1998 en virtud de una orden internacional de detención formulada por un juez español, Baltasar Garzón. Garzón imputó a Pinochet crímenes susceptibles de ser juzgados en España con base en el principio de jurisdicción universal, entre otras justificaciones invocadas, y solicitó la detención y extradición del ex dictador chileno, entonces senador. Las autoridades británicas procedieron a su detención y los tribunales del Reino Unido debatieron ampliamente acerca de la inmunidad penal de Pinochet respecto a los delitos que se le atribuían desde España. Tras varios pronunciamientos judiciales a favor y en contra de su inmunidad y de la idoneidad jurídica de extraditarlo, Pinochet pudo abandonar finalmente el Reino Unido amparándose en tecnicismos jurídicos y médicos, sin ser, por tanto, extraditado a España ni juzgado en Inglaterra. Según el autor, el caso Pinochet no fue, sin embargo, inútil ni constituyó un estrepitoso fracaso, puesto que algunas de las decisiones de los tribunales británicos, favorables a retirar la inmunidad a Pinochet y a extraditarlo a España o juzgarlo en el Reino Unido mismo, fueron un potente acicate para que una parte nada desdeñable de la judicatura chilena se decidiera a privar de inmunidad a Pinochet y a juzgar y condenar a algunos de los responsables más prominentes de los crímenes cometidos por orden suya o con su visto bueno. De hecho, la Corte Suprema de Chile afirmó en agosto de 2000 que Pinochet no gozaba de inmunidad y no había ningún obstáculo médico para su enjuiciamiento (anteriormente, esa misma Corte Suprema había declarado que la Ley de Amnistía impuesta por el propio dictador no comprendía los delitos que supusieran violaciones graves de los derechos humanos). Únicamente la muerte de Augusto Pinochet por causas naturales en julio de 2002 impidió que llegase a ser juzgado.
Por último, la obra de Philippe Sands, testigo directo del caso Pinochet por formar parte del equipo de juristas que representaba a Human Rights Watch en ese caso, es una lectura muy recomendable para toda persona que quiera estar al corriente de los entresijos de la represión desplegada por la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1988 (detenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones al margen de la ley). A juicio de Sands, es muy probable que antiguos nazis, especialmente el alto cargo de las SS vinculado al gaseamiento de las víctimas del nazismo, Walther Rauff, ayudasen activamente a los policías y militares chilenos en la organización y ejecución de la represión pinochetista. El autor dedica buena parte de su libro a los resultados de su investigación sobre la participación de Rauff en los crímenes de estado chilenos.
Por lo demás, la aportación de Sands no puede ser más actual: ataques militares constitutivos del delito de guerra de agresión, crímenes de guerra, genocidio, deportaciones, sistemas penales abusivos equivalentes a tortura sistemática, terrorismo de estado…Todo el elenco de los tipos delictivos previstos en el derecho penal internacional está presente hoy día y su perpetración no ha hecho más que incrementarse en la última década. En consecuencia, lo está también la cuestión de la impunidad de los gobernantes respecto a estos delitos y el diseño de medios jurídico-políticos idóneos para poner freno a sus desmanes, por muy alta que sea su posición en la jerarquía estatal.
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