El “caso Montoro” tiene la virtud de aclarar con pelos y señales aspectos oscuros y poco divulgados de la sociedad en que vivimos. Porque muestra que, a diferencia de lo que nos hacen creer, el Estado no es el árbitro neutral que se sitúa por encima de los intereses y los conflictos privados, ni el poder político el que vela por el bien común al margen de éstos. Este caso ayuda también a ilustrar y ordenar la amplia casuística que se vislumbra bajo el término genérico de corrupción, al mostrar que no solo alberga malversación de caudales públicos por caminos diversos para el enriquecimiento o disfrute de algunos, sino también el uso discrecional del aparato del Estado para favorecer a ciertas personas o entidades que pagan por ello, acomodando la fiscalidad e incluso el marco legislativo a sus deseos y diluyendo, así, las fronteras de la supuesta división de poderes de la que acostumbra a hacer gala la democracia.
Después de haber sido ministro de Hacienda con Aznar, Cristóbal Montoro creó en 2006 ¡junto con otros ex-altos cargos de ese ministerio! una asesoría fiscal y financiera llamada Montoro y Asociados. Cuando volvió a la política, como portavoz parlamentario y coordinador del área de economía del PP, la empresa cambió de nombre y pasó a llamarse Equipo Económico, quedando formalmente a cargo de ella su antiguo Secretario de Estado de Presupuesto y Gastos del ministerio, Ricardo Martínez Rico, junto con su hermano y otros antiguos colaboradores.
La trama del caso Montoro afloró por azar el 19 de noviembre de 2017. Levantó la liebre un correo que apareció durante la investigación de un delito urbanístico, por la supuesta ampliación irregular de una planta de la empresa Messer Ibérica de Gases (que formaba parte del lobby de empresas gasísticas AEGIM, compuesto por AIR LIQUIDE, ABELLÓ, MESSER, PRAXAIR y CARBUROS METÁLICOS). Tras no obtener las reformas pretendidas por los medios convencionales, el correo sugería “recurrir a la vía más directa” y decía así: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.
Al sugerir este correo y otros materiales encontrados, que la consultora ofrecía reformas legislativas y beneficios fiscales a sus clientes, se abrió la investigación que ha seguido hasta nuestros días superando los diversos obstáculos que han venido frenando las diligencias (López-Fonseca, O. y Carranco, R. (2025)). Y esta es la hora en que, tras siete años de investigación, el 19 de junio de 2025 se levantó el secreto del sumario que imputa al ex ministro Montoro y a otras 27 personas por una supuesta organización criminal para utilizar discrecionalmente sus influencias sobre el poder político y legislativo en favor de sus clientes, que resultaron ser empresas y personalidades bien conocidas del teatro de la economía, la política, el deporte o las artes escénicas, incurriendo para ello en numerosos delitos, entre los que figuran la revelación de secretos, al utilizar discrecionalmente la información y la inspección tributaria para favorecer a unos o para perjudicar a otros, además de otras muchas irregularidades. Este uso privativo del Estado está considerado como la mayor de las corrupciones, como reza el título del artículo de Andrés Villena sobre este tema (Villena A. (2025)).
Noticias recientes añaden que “el despacho que fundó Cristóbal Montoro cobró al menos otros 5,35 millones de treinta patronales y lobbies. Entre sus clientes, un lobby que creó Esperanza Aguirre, las Cámaras de Comercio, patronales de energía, grandes inmobiliarias y casinos…o los farmacéuticos a los que Guindos libró de la liberalización…” (Vélez, A.M. 2025). Mientras tanto la izquierda sigue culpando de nuestros males a un supuesto neoliberalismo maligno y a un hipotético fundamentalismo de mercado, cuando Adam Smith ya se dio cuenta de que el interés de los empresarios “siempre es ensanchar el mercado, pero estrechar la competencia” y adaptar el marco institucional a sus intereses, generando para ello leyes que ajusten las reglas del juego económico a sus deseos particulares (Naredo, J.M., 2022, pp. 237-241). De esta manera, debemos de tener claro que la actual tiranía corporativa ―aunque desate todo su afán desregulador para eliminar trabas a la explotación de la naturaleza y la mano de obra― en general, más que imponer la desregulación, lo que promueve es una regulación discrecional acorde con determinados intereses. Como bien lo evidencia la clientela del Equipo Económico creado por Montoro compuesta por patronales, lobbies y personajes adinerados, a los que el Equipo busca la manera de “arrimar el ascua a sus muy particulares sardinas” manejando para ello los instrumentos fiscales y legislativos del Estado.
El Caso Montoro trasciende la famosa metáfora de la “puerta giratoria”, por la que tantos políticos y directivos han venido pasando de lo público a lo privado y viceversa, al mostrar cómo las funciones públicas y los intereses privados venían conviviendo en un mismo espacio, al estar el propio poder político directamente parasitado por intereses privados. Lo cual nos invita a aclarar, por una parte, una realidad que soslaya el enfoque económico ordinario y, por otra, a percibir el fenómeno de la corrupción como algo consustancial a la tiranía corporativa y clientelar en que vivimos, sintetizando fenómenos esenciales que enmarcan muchas de sus piezas.
Efectivamente, el panorama que revela el Caso Montoro no puede salir en la foto de la realidad que ofrecen los enfoques parcelarios habituales cuando establecen que hay dos mundos y dos disciplinas diferentes: por un lado, la política que se ocupa del poder y, por otro, la economía que se ocupa de la riqueza. Y al considerar ambas separadas de la moral, se idearon mecanismos mercantiles y democráticos para reorientar hacia el bien común los afanes de acumular poder y riqueza de las personas. Pero acontecimientos como el caso Montoro, que fusionan a la vez poder y riqueza, revientan desde dentro esa frontera ficticia. Pues la realidad no tiene costuras y en ella el poder se solapa con la riqueza aflorando fenómenos que perturban esos mecanismos: aparece una “picaresca empresarial” que busca “políticos conseguidores” para hacer buenos negocios y surgen relaciones clientelares entre las personas asociadas a esas organizaciones jerárquicas que son las empresas y los partidos políticos, que recorren todo el cuerpo social y explican en buena medida que se tenga de pie esa “servidumbre voluntaria” de la que nos hablaba La Boétie hace siglos.
Aunque el enfoque económico ordinario al apoyarse en las ideas de producción y de mercado otorgue por principio al lucro funciones utilitarias y elimine la moral y el poder del escenario económico, hay autores que vienen integrando el tratamiento del poder en el análisis económico y viendo eso que se llama mercado no cae del cielo, sino que es el poder el que en buena medida configura las reglas del juego económico mercantil. Parece así estar fructificando la consideración avanzada pioneramente por Ciriacy-Wantrup (Ref. Aguilera, F. (1995)) sobre los distintos niveles en los que se operan las decisiones que orientan el curso de los acontecimientos económicos: un primer nivel “político” en el que se diseña la estructura institucional, otro, por él llamado “institucional”, en el que se controla el funcionamiento de esta estructura y, por último, un nivel “operativo”, el del mercado que toma cuerpo en el marco que definen los dos niveles anteriores. De ahí que sea escasa la capacidad analítica y predictiva de una economía estándar que se ha venido limitando a razonar solo sobre el tercero de los niveles indicados. Y de ahí que, como opina Susan Strange, sea “imposible estudiar economía política sin prestar atención al papel del poder en la vida económica”, papel que incide en los dos primeros y más determinantes niveles indicados (Strange, S. (1988) p. 23). Esta autora sugiere la conveniencia de distinguir dos clases de poder: el poder relacional, o capacidad de presión basada en la fuerza, y el poder estructural, o capacidad para diseñar y controlar la estructura institucional que indica cómo hay que hacer las cosas en la marcha diaria de los acontecimientos económicos, distinción que estima más útil que la usual entre “poder político” y “poder económico”. De ahí la necesidad de que la economía no se ocupe sólo de estudiar las “transacciones de mercancías” dando por supuesto un determinado marco institucional, sino también las “transacciones institucionales” que llegaron a originarlo y que podrían cambiarlo.
En suma, que la mayor preocupación de los economistas por los aspectos institucionales que se observa en los últimos tiempos, indujo a abrir la “caja de Pandora” del mercado, que se creía siempre portadora de soluciones “óptimas”. Se vio entonces con sorpresa para muchos que tras la supuesta “mano invisible” del mercado, se encuentra la mano más visible del poder, que establece las instituciones que determinan sus resultados, desatando así un proceso general de revisión y relativización de la capacidad explicativa de los viejos enfoques y categorías de lo económico.
Valgan las referencias anteriores para rememorar la corriente de pensamiento que ha venido relativizando la noción abstracta de mercado, al revisar sus presupuestos más irreales e introducirle grados crecientes de imperfección, opacidad y monopolio, e incluso, consideraciones institucionales y otras que se salen del campo habitual de “lo económico”. Huelga decir que, como consecuencia de ello, se fueron disolviendo los supuestos automatismos y resultados óptimos que dieron a la noción abstracta de mercado su fuerza originaria. Las nuevas elaboraciones sobre el contexto en el que transcurren los intercambios apuntan, así, por lo común situaciones de indeterminación que se inclinan normalmente en favor de aquellos que tienen más poder (económico, político, militar…) haciendo que los condicionantes sociales jerárquicos que la idea abstracta de mercado pretendía desterrar del campo de “lo económico” se reintroduzcan de nuevo en él.
Por ejemplo, la UE acaba de asumir acuerdos comerciales y otros que se inclinan vergonzosamente a favor de los intereses de EEUU (Torres, J. (2025)). No en vano se nos impone invertir 800 mil de millones más en armamentos, facilitando un pingüe negocio al lobby armamentístico mayoritariamente domiciliado en EEUU. A la vez que se han venido acatando directivas y acuerdos favorables a los lobbies que presionan en Bruselas, hiperregulando para ello el marco institucional hasta el punto incluso de exigir cambios en la Constitución (como ocurrió durante la presidencia de Rodríguez Zapatero para priorizar el pago de la deuda exterior). Pero, más allá de la dependencia de la normativa europea nuestro país viene marcado, sobre todo, por la presencia directa y sin tapujos de los lobbies empresariales de cada sector en los correspondientes ministerios y en los propios “sindicatos verticales” que operó con descaro durante el franquismo. El caso Montoro evidencia que esta presencia ha continuado como algo normal, aunque menos aireado, durante la democracia. Cosa muy lógica, dada la “transición democrática” tan continuista y excluyente de los críticos de esa tiranía corporativa y clientelar que sigue imperando.
Otra noticia reciente nos invita a reflexionar sobre el segundo de los dos puntos antes indicados: la amplia casuística de la corrupción que sintetiza el Caso Montoro. La noticia dice así: “Ocho constructoras vinculadas a la corrupción del PP pagaron 4,1 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro” (Vélez, A.M. (2025b). Destacan, entre ellas, dice el artículo, “las madrileñas Grupo Ortiz y Dico y las valencianas Gesfesa y Bertolín, además de Cleop y otras grandes del sector, OHL, Sacyr y FCC…”. Como revela el artículo mencionado, estos pagos se relacionan con un amplio abanico de prácticas corruptas y con otros casos de corrupción ―que salpican a numerosos personajes de la política y el empresariado que se ve que estaban al corriente de estas prácticas― como los casos Gürtel, Púnica, Eriales… de los que doy cuenta en las más de cincuenta paginas que dedico a la casuística de la corrupción en mi libro Taxonomía del lucro (Naredo, J.M., 2019, pp. 103-163). Lo que muestra que el Caso Montoro forma parte de una red de relaciones corruptas mucho más amplia, que hace que el tráfico de influencias se aplique tanto a aspectos legislativos y tributarios, como a reclasificar terrenos a la carta para dar buenos “pelotazos urbanísticos”… o a conseguir buenas concesiones y contratas, solapándose con las prácticas centradas en ofrecer adjudicaciones de obras a cambio de mordidas propias del caso Koldo-Cerdán-Ávalos, que tanta polvareda ha levantado.
En resumidas cuentas, que el Caso Montoro (que, recordemos, está siendo investigado por azar) refleja la punta del iceberg de un panorama corrupto mucho más amplio que, como concluía en el libro antes mencionado, aflora bajo el paraguas ideológico de la producción y del mercado, evidenciando que la corrupción 1º) suele ser legal, 2º) tiene gran peso económico y 3º) carácter sistémico. Y que para combatir la corrupción y orientar normativas acordes con el interés general, es necesario consensuar una taxonomía que clasifique las formas de lucro en función del interés económico, ecológico y social de las actividades que lo generan, para marcar bien la frontera de los delitos económicos.
Sanear el actual panorama corrupto exige una voluntad política y una conciencia social que están lejos de darse. Los casos de Montoro y de Koldo-Cerdán-Ávalos ayudan a visibilizar mejor este panorama, lo que es el primer paso para conseguir que el saneamiento político y económico se convierta en una prioridad suscrita por cualquiera que no tenga intereses mezquinos o inconfesables asociados a prácticas corruptas. Y para que este propósito inclusivo pueda traducirse en un pacto de estado a suscribir por la mayoría de los partidos políticos hará falta que dejen de usar las denuncias de corrupción solo como arma arrojadiza contra el contrario y empiecen a reconocer los males propios. Pero esto no ocurre: a estas alturas el PP sigue ignorando quién serían los personajes que figuraban en los papeles de Bárcenas (que curiosamente coincidían con antiguos miembros del gobierno) recibiendo pagos de una caja B cuya existencia se sigue negado.
Sin un reconocimiento sincero y un firme propósito de enmienda por parte de los implicados será difícil sanear la situación. Por una parte, este comportamiento negacionista contribuye desencadenar y enconar cada vez más batallas judiciales orientadas a desacreditar al contrario, llevando a la judicatura la pelea política. Por otra parte, sigue alimentando los mecanismos socialmente perversos que atraen y promueven a psicópatas ávidos de poder y dinero hacia el liderazgo de esas organizaciones jerárquicas que son los partidos políticos y las empresas que gobiernan la actual tiranía corporativa, tal y como expuse en un Cuaderno anterior (Naredo, J.M. (2024)). El ascenso a puestos de alta responsabilidad del trío Koldo-Cerdan-Ávalos, así como la de otros muchos impresentables en toda la gama política y empresarial, avala esta constatación. Además, el hecho de que las grandes empresas corruptoras ―que son las principales beneficiarias de estas tramas― salgan de rositas en los procesos judiciales en curso, contribuye a mantener el statu quo de corrupción, haciendo que los incentivos para corromper que se arrastran desde el franquismo sean aquí mayores que en otros países (Fernández-Ordóñez, M.A. (2025)).
Y a todo esto, insisto, que el afán de la izquierda de atribuir al «neoliberalismo» y a la «tiranía de los mercados» todos nuestros males no solo no ayuda a aclarar la situación, sino que resulta para ella misma contraproducente, al dar por bueno el supuesto liberalismo de la derecha permitiéndole erigirse en abanderada de la libertad, a la vez que se corre un tupido velo sobre el despotismo clientelar de carne y hueso que puebla y mantiene la actual tiranía corporativa con todos sus comisionistas y beneficiarios a bordo.
José Manuel Naredo es un economista y estadístico, pionero, estudioso y divulgador de la economía ecológica.
Artículo publicado en Cuaderno Extremeño, n. ° 16.
https://elrincondenaredo.org/wp-content/uploads/2025/10/El-caso-Montoro.pdf.
https://vientosur.info/montoro-o-la-finas-linea-entre-el-poder-estatal-y-el-empresariado/.
