La introducción de un criterio de prioridad basado en la nacionalidad supondría una inflexión hacia un modelo de acceso condicionado y selectivo
La introducción política del criterio de “prioridad nacional” en el acceso a la asistencia sanitaria pública debe analizarse no como una medida aislada de gestión, sino como una modificación estructural del modelo sanitario español. Dicha propuesta afecta simultáneamente a tres planos inseparables: el normativo-institucional, el organizativo-asistencial y el ético-profesional. Analizarlos por separado conduce a interpretaciones incompletas, ya que el alcance real de la medida solo puede comprenderse desde su interdependencia sistémica. El desplazamiento desde un modelo de universalidad hacia otro condicionado por criterios de pertenencia —como nacionalidad, arraigo o contribución— implica una redefinición del sujeto del derecho a la protección de la salud y, paralelamente, del papel del profesional sanitario dentro del sistema.
El Sistema Nacional de Salud español se ha configurado, en su desarrollo legislativo y en su práctica consolidada, sobre los principios de universalidad, equidad y accesibilidad. La introducción de un criterio de prioridad basado en la nacionalidad supondría una inflexión hacia un modelo de acceso condicionado y selectivo, en el que la necesidad clínica dejaría de ser el único criterio relevante, afectaría al propio fundamento del sistema sanitario, en suma, a su razón de ser. Desde el punto de vista organizativo, esta transformación implicaría la incorporación de variables no clínicas en la toma de decisiones asistenciales. Ello afectaría directamente a la gestión de listas de espera, los circuitos de admisión y la priorización de intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Este cambio alteraría la racionalidad distributiva del sistema, sustituyendo un criterio basado en la necesidad por otro basado en la pertenencia. En el contexto de descentralización autonómica de nuestro país, introduciría una mayor heterogeneidad territorial y generaría nuevas inequidades intercomunitarias.
El núcleo más crítico de esta transformación se sitúa en su colisión con los principios éticos y deontológicos que rigen la práctica médica, que consagra explícitamente el principio de no discriminación por razón de origen, nacionalidad o condición social, así como la primacía del interés del paciente y la obligación de actuar conforme a criterios de necesidad clínica y justicia. La introducción de la “prioridad nacional” entraría en conflicto directo con estos principios. Se trataría de una incompatibilidad sustantiva, al obligar al profesional sanitario a considerar factores extraclínicos en la toma de decisiones asistenciales. Especial afectación sufriría el principio de protección reforzada de la vulnerabilidad, ampliamente reconocido en la tradición ética y bioética contemporánea. La práctica médica no solo exige evitar la discriminación, sino que impone un deber positivo de priorizar a quien se encuentra en situación de mayor necesidad o fragilidad. La “prioridad nacional” invierte este mandato al introducir un criterio que desplazaría a pacientes especialmente vulnerables. Desde esta perspectiva, se produciría una alteración del principio clásico de justicia distributiva, en el que la necesidad constituye el criterio rector, sustituyéndolo por un modelo basado en la pertenencia, quebrando el fundamento ético de la medicina clínica.
La implementación de este tipo de medidas situaría al profesional sanitario en un escenario de conflicto de lealtades estructurales: entre la obligación de cumplir normas institucionales y el deber deontológico de atender conforme a la necesidad y la razón sanitaria. Este conflicto no sería circunstancial, sino inherente al diseño mismo de la medida, la asistencia a los pacientes tendría más relación con el grupo de pertenencia que con su necesidad. Sus consecuencias potenciales incluyen la deshumanización del paciente, la erosión de la integridad moral del profesional, el debilitamiento de la confianza en la relación médico-paciente y la transformación del rol del médico en un agente de ejecución administrativa. La literatura bioética ha señalado que la pérdida de alineación entre las normas institucionales y los valores profesionales constituye un factor relevante en la deslegitimación de los sistemas sanitarios.
Desde la perspectiva de la salud pública, la introducción de criterios de exclusión o priorización basados en la nacionalidad resulta igualmente problemática. Las políticas de salud pública se fundamentan en principios de universalidad efectiva, accesibilidad sin barreras e intervención preventiva precoz. La evidencia disponible indica que la restricción del acceso a determinados grupos poblacionales conduce a retrasos diagnósticos, mayor utilización de recursos de urgencias y peor control de enfermedades transmisibles y crónicas. Estas consecuencias no afectan únicamente a los individuos excluidos, sino que repercuten sobre toda la comunidad. En este sentido, la “prioridad nacional” no solo plantea objeciones éticas, sino que resulta epidemiológicamente inconsistente y suicida. La exclusión de colectivos vulnerables no protege la salud colectiva; por el contrario, incrementa los riesgos sistémicos y reduce la eficiencia global del sistema sanitario. La salud pública depende de la cobertura amplia y efectiva de la población, especialmente en contextos de enfermedades transmisibles o condiciones crónicas que requieren seguimiento continuado.
La introducción del criterio de “prioridad nacional” en la asistencia sanitaria no puede evaluarse únicamente en términos instrumentales o administrativos. Supone una redefinición del modelo sanitario, del concepto de derecho a la protección de la salud y del papel del profesional médico dentro del sistema. Su implementación implicaría el tránsito desde un modelo basado en la necesidad hacia otro basado en la pertenencia, la introducción de discriminación institucional en la práctica asistencial, la quiebra de principios deontológicos fundamentales y la contradicción con los fundamentos de la salud pública.
La medicina contemporánea se define por su compromiso con la equidad y, de manera particular, con la atención prioritaria a la vulnerabilidad. Cualquier medida que invierta este principio no constituye una simple reforma organizativa, sino una alteración sustantiva del ethos profesional y del contrato social que sustenta la asistencia sanitaria pública. Lo que está en juego no es únicamente la organización del sistema, sino su legitimidad moral.
Juan José Rodríguez Sendín es expresidente Consejo General de Médicos. Además, es vocal de la Comisión de Ética y Deontología de la Organización Médica Colegial.
