El País, 4/05/2026. “Dos jóvenes marroquíes viven medio ocultos en un local al no poder acceder a una vivienda de alquiler: “Subimos la persiana con miedo”.”
Para entrar en casa de Abdel, Omar y compañía hay que jugar al limbo. Abren la persiana metálica lo justo para que el cuerpo ponga a prueba su flexibilidad y la cierran de inmediato. Han forrado las puertas de acceso al local con láminas de aluminio, como los parasoles de los coches. Y dejan las cortinas que hay en las cristaleras siempre bajadas. La luz del sol no es bienvenida. “Entramos y salimos rápido. Vivimos con miedo de que el dueño nos vea”, cuenta Abdel, un albañil risueño de 27 años, una de las cinco personas que malvive en este comercio transformado en infravivienda en una ciudad al norte de Barcelona. Ya pasó una vez: el dueño pasó por el local y tuvieron que llevar camas y muebles a la parte de atrás.
La cama de Abdel es la más cercana a la persiana. Con los objetos que la gente tira a la basura cuando reforma su casa, ha sabido apañarse algo parecido a una habitación: un colchón con somier, una lámpara, una cajonera y una mesita donde almacena bebidas, azúcar y otros alimentos. Un viejo armario hace las veces de separador con la habitación de Omar, que tiene 29 años y también trabaja en la obra. Acceden a contar sus historias bajo la condición de anonimato (los nombres son ficticios) y de que no se revele la ubicación del que es su hogar desde hace casi dos años, cuando el hombre marroquí que regentaba una carnicería halal la cerró y les puso en contacto con el dueño. El propietario, español, les alquila el espacio por 700 euros al mes como almacén para material de la obra.
Lo cierto es que el local también es un almacén: en el espacio más visible desde la calle, se amontonan cajas de herramientas, una hormigonera, “un aparato para cortar azulejos hidráulicos que cuesta 3.000 euros”, detalla Abdel. El olor a humedad y a cerrado se mezclan con el polvo que acumulan los utensilios, propiedad de la empresa para la que el joven trabaja desde que se instaló en la ciudad. En una trayectoria que es común a miles de migrantes en España, primero lo hizo en negro y más tarde con contrato. Se dedica al pladur y la pintura (“la obra blanca”, matiza) y cobra unos 1.600 euros al mes. Aquí, si se cuenta también la luz y el agua, paga poco más de 200 euros.
El problema para Abdel no es que no pueda pagar un alquiler (que tampoco), sino que no lo encuentra. “Ni caro ni barato. Cuando preguntas en una inmobiliaria, te dicen que ya te llamarán, pero no lo hacen. Me gustaría irme de aquí. Tengo una mujer en Marruecos que está esperando para venir”, cuenta el albañil. Admite sin ningún problema que, en sus primeros años, cuando ya tenía permiso de residencia y trabajo y cotizaba, vivía en un local ocupado. Un vistazo al portal de viviendas más popular, Idealista, refleja la falta de oferta de vivienda en esta ciudad: hay 28 en alquiler, y solo dos están en la franja de los 800 euros.
“Yo podría pagar como mucho 600”, tercia Omar, también paleta e igualmente con esposa en Alhucemas, la ciudad rifeña de la que los dos son originarios y desde la que llegaron a España en patera. “He enviado mensajes a anuncios publicados en Habitaclia, de Fotocasa, pero nunca me llaman”. Olfatea Omar que su origen marroquí no ayuda, una sospecha fundada si se tienen en cuenta los numerosos estudios sobre racismo inmobiliario en España.
La infravivienda urbana
No hay otra, por ahora, que seguir viviendo en la clandestinidad. Su situación no es tan desesperada como la de quienes pasan las noches al raso, o la de quienes se limitan a sobrevivir en campamentos chabolistas. Pero la infravivienda tiene muchas caras, y la de ellos, dos trabajadores de la construcción, es dolorosa y paradójica. “Ayudan a construir y reformar casas, pero para ellos no hay ninguna”, interviene un hombre más mayor, marroquí, que hace de traductor de Omar, que lleva dos años viviendo en España y no habla castellano.
Los problemas de la vivienda ocupan la mente de estudiosos y académicos, centrados a menudo en las situaciones más dramáticas. Pero tras zonas grises, como las de Abdel y Omar —en otros locales vacíos del barrio, tras las persianas a medio cerrar, se intuyen también signos de vida—, no han sido tan atendidas.
Las infraviviendas tienen “niveles de habitabilidad por debajo de unos estándares mínimamente establecidos” por normativa, según un estudio que analiza los riesgos de ese fenómeno en el barrio del Carmel de Barcelona. En La infravivienda invisibilizada (2025), el Servicio Jesuita a Migrantes explora la situación de Níjar (Almería) y distingue la situación del campo con la de la “infravivienda urbana”, que allí se da en garajes habitados con situaciones de “hacinamiento, falta de ventilación y nula separación física entre estancias”. Y en La intervenció social en els assentaments irregulars i en altres formes d’infrahabitatge a Barcelona (2024), del Institut Metròpoli, se advierte sobre el fenómeno creciente de la vivienda “inadecuada o insegura”, que implica “otras formas de exclusión social” más allá del sinhogarismo o de los asentamientos informales.
Los cinco inquilinos solo aparecen por la vieja carnicería halal al caer la noche. Han logrado armar una cocina en la parte trasera y ahí preparan (más bien calientan) la cena. “¡Cuscús y tajine no cocináis, eh!”, bromea su paisano más mayor. Los chicos se lavan el polvo acumulado durante el día, comen algo y se acuestan. Con las persianas siempre bajadas, no saben lo que ocurre en el exterior. “Me siento un poco aislado de la gente, como si viviera en otro planeta. Entramos con la angustia de que no nos vean, y compartimos el espacio. Me gustaría tener algo de paz, intimidad y, sobre todo, seguridad”, explica Omar.
Pero la condena a la invisibilidad, a un hogar sin luz natural, a un estadio perpetuo de ansiedad, es solo de las muchas caras de la precariedad que acompaña a miles de migrantes, y que incluye dificultades para acceder al padrón.
El mercado negro del padrón
Abdel y Omar quieren que sus mujeres vengan a España por reagrupación familiar. Pero para solicitarla necesitan acreditar que disponen de una vivienda adecuada. Y esta no lo es porque no es una vivienda: no tiene, entre otras cosas, cédula de habitabilidad. Ambos están empadronados en la ciudad, pero no en este local, sino en pisos de otras personas.
Los ayuntamientos imponen cada vez más trabas al padrón y hablan a menudo de fraude. No les falta razón en la advertencia, pero obvian a veces la otra cara de la historia: la precariedad que impide el acceso a una vivienda y lleva a los migrantes a optar por soluciones prácticas. Y en el mercado negro, el padrón se paga. A Omar le salió gratis porque se empadronó en casa de un primo. Pero Abdel pagó 500 euros a un vecino latinoamericano que se prestó a ayudarle a cambio de ese dinero. El albañil tiene que renovar ahora los papeles y necesita buscar un nuevo lugar donde empadronarse. Los precios, avisa, han subido y ahora el servicio no baja de 1.000 euros. “Me buscaré la vida. Preguntaré a paisanos en bares. Siempre hay alguien que conoce a alguien…”
“La vida así es difícil”, concluye Abdel. No se lleva la mejor parte de dormir junto a la ventana (luz natural), pero sí la peor. “En verano, cuando pega el sol en la persiana, no se puede estar”, sonríe. Se despide con un apretón de manos. Y abre la persiana. Lo justo para que el cuerpo se retuerza y se incline hacia afuera, como un girasol, hacia la luz del atardecer.
