TopoExpress, 12/05/2026. “Para financiar el aumento del gasto militar es necesario recortar en sanidad, pensiones y protección social, nos dicen. Esa es la nueva doctrina imperante en Europa. Como telón de fondo: una próxima guerra. Alemania, Francia, Bélgica, marcan la pauta.”
Las tres reformas
La reforma del sistema de desempleo impulsada por el gobierno belga no constituye un simple ajuste técnico del mercado laboral ni una medida coyuntural destinada a equilibrar las cuentas públicas. Representa, en realidad, uno de los símbolos más claros del profundo cambio ideológico que atraviesa hoy la Unión Europea. La limitación temporal de las prestaciones por desempleo —históricamente uno de los pilares más emblemáticos del modelo social belga— expresa la consolidación de una nueva lógica política en Europa: el retroceso progresivo de los derechos sociales en beneficio de las prioridades militares, financieras y geoestratégicas.
El ejecutivo belga, conocido popularmente como “Arizona” por la heterogeneidad de los cinco partidos que integran la coalición gubernamental, pretende ahorrar alrededor de 9.200 millones de euros durante los próximos años mediante una combinación de recortes sociales y endurecimiento de las políticas laborales. Entre las medidas más polémicas destaca la eliminación práctica del desempleo indefinido, una decisión que afectará especialmente a las personas migrantes y limitará las prestaciones a un máximo de dos años. A ello se suman controles mucho más estrictos sobre las personas desempleadas y sobre quienes se encuentran de baja médica por enfermedad.
Las organizaciones sindicales denuncian, además, la congelación de la indexación salarial tanto en el sector público como en el privado y la califican como un ataque directo contra el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras tanto, el empresariado recibe nuevas ventajas en nombre de la competitividad y de la estabilidad presupuestaria.
Todo ello ocurre al mismo tiempo que Bélgica acelera su rearme militar siguiendo la estrategia impulsada por la OTAN y por Washington en el marco de la confrontación con Rusia. El primer ministro, el nacionalista flamenco Bart De Wever, insiste en que no existe margen fiscal para sostener el actual nivel de gasto social. La lógica que se impone resulta transparente: para financiar el aumento del gasto militar es necesario recortar en sanidad, pensiones y protección social.
En este contexto, otra de las reformas centrales del gobierno consiste en penalizar con un 2 % cada año de jubilación anticipada, con el objetivo declarado de retrasar la edad efectiva de retiro y prolongar la vida laboral. Sin embargo, el impacto de esta medida recae de forma especialmente dura sobre las mujeres trabajadoras. La insuficiencia de guarderías públicas, residencias y servicios de cuidados obliga a muchas mujeres belgas a interrumpir o reducir sus carreras profesionales para asumir tareas de cuidados familiares, lo que posteriormente se traduce en pensiones más bajas y trayectorias laborales más precarias que las de sus compañeros varones.
Las movilizaciones sindicales contra estas reformas acumulan ya catorce meses consecutivos de protestas y huelgas, lo que refleja un creciente malestar social ante un programa político ampliamente percibido como un ataque frontal contra las bases históricas del Estado de bienestar belga.
Durante décadas, Bélgica fue presentada como uno de los ejemplos más sólidos del compromiso europeo con el Estado social. El derecho a prestaciones por desempleo sin límite temporal respondía a una concepción política muy concreta: el desempleo no era entendido como un fracaso moral individual, sino como una consecuencia estructural del propio funcionamiento del capitalismo. La sociedad asumía, por tanto, la responsabilidad colectiva de proteger a quienes quedaban excluidos temporalmente del mercado laboral.
La nueva reforma rompe radicalmente con esa filosofía histórica. El desempleado deja de ser considerado un ciudadano con derechos garantizados para convertirse en un coste económico que debe ser disciplinado, vigilado y reducido. La protección social deja paso a la llamada “activación”, un término tecnocrático que, en la práctica, significa aumentar la presión sobre los trabajadores para que acepten empleos cada vez más precarios, peor remunerados e inestables.
La nueva orientación política de la Unión Europea
La reforma belga no puede interpretarse como un fenómeno aislado. Bélgica sigue una tendencia general dentro de la Unión Europea, impulsada por sectores cada vez más conservadores, neoliberales y ultraderechistas que han ganado peso en las instituciones comunitarias y en numerosos gobiernos nacionales.
En nombre de la “responsabilidad fiscal”, la “competitividad” y la “seguridad”, la Unión Europea promueve una transformación profunda del modelo social construido tras la Segunda Guerra Mundial. El antiguo pacto social europeo, basado en servicios públicos relativamente sólidos, protección laboral y amplios derechos sociales, está siendo erosionado de manera progresiva.
La paradoja resulta evidente. Durante años se repitió que no existían recursos suficientes para reforzar las pensiones públicas, mejorar la sanidad, proteger el desempleo o elevar los salarios. Sin embargo, cuando se trata de incrementar el gasto militar, financiar la industria armamentística o cumplir los nuevos objetivos estratégicos de la OTAN, las restricciones presupuestarias desaparecen con sorprendente rapidez.
La guerra en Ucrania ha funcionado como acelerador político de este proceso. Bajo el discurso de la “amenaza existencial” y de la “economía de guerra”, numerosos gobiernos europeos utilizan el conflicto como justificación para imponer prioridades presupuestarias que hace apenas unos años habrían generado un rechazo social masivo.
Del Estado social a la economía de guerra
Europa entra en una fase de rearme acelerado y de reconfiguración estratégica. Alemania anuncia fondos militares históricos, Francia incrementa de forma sostenida su presupuesto de defensa y la Comisión Europea impulsa programas de producción armamentística junto con mecanismos de flexibilización fiscal destinados específicamente al gasto militar. Paralelamente, continúan las políticas de austeridad y de contención sobre el gasto social.
La contradicción resulta difícil de ocultar: para hospitales, educación, pensiones o prestaciones por desempleo se exige disciplina presupuestaria y sacrificios sociales; para armamento, bases militares y contratos de defensa aparecen de forma inmediata miles de millones de euros.
El mensaje político implícito es inequívoco: la seguridad militar pasa a situarse por encima de la seguridad social.
Y esta transformación no es neutra desde el punto de vista económico y político. Supone una gigantesca redistribución de recursos desde las mayorías sociales hacia sectores industriales y financieros estrechamente vinculados al complejo militar-industrial europeo y transatlántico. Los grandes beneficiarios de esta nueva orientación no son los trabajadores europeos, sino las empresas armamentísticas, los fondos de inversión y las estructuras estratégicas alineadas con la OTAN.
La criminalización del desempleado
Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma belga es el profundo cambio cultural que implica. El desempleo deja de ser tratado como un problema estructural del sistema económico para convertirse en una sospecha permanente sobre el individuo.
Se consolida así una narrativa extremadamente peligrosa según la cual quien no encuentra empleo es porque no se esfuerza lo suficiente, porque depende de las ayudas públicas o porque vive a costa del sistema. Este discurso, ampliamente promovido por sectores conservadores y ultraderechistas en toda Europa, cumple una función política muy concreta: dividir a las clases trabajadoras y erosionar la solidaridad social.
El trabajador precario es empujado a percibir al desempleado como un enemigo o un privilegiado, en lugar de identificar las verdaderas causas de la precarización creciente: la desindustrialización, la financiarización de la economía, las deslocalizaciones productivas y el deterioro sistemático de las condiciones laborales.
Un cambio de época en Europa
Lo que hoy ocurre en Bélgica simboliza algo mucho más amplio: el tránsito desde la Europa social hacia una Europa cada vez más disciplinaria, securitaria y militarizada.
Durante décadas, la Unión Europea se presentó —al menos parcialmente— como un espacio asociado al progreso social, a la ampliación de derechos y a la protección pública. Sin embargo, el centro de gravedad político europeo se desplaza hacia posiciones cada vez más autoritarias, conservadoras y orientadas por la lógica de la confrontación permanente.
La guerra en Ucrania, el miedo geopolítico y la retórica de amenaza constante están siendo utilizados para legitimar simultáneamente el aumento del gasto militar, el endurecimiento presupuestario sobre los derechos sociales, la precarización laboral y la reducción progresiva de conquistas históricas del Estado de bienestar.
La reforma belga del desempleo es, en este sentido, mucho más que una modificación laboral. Constituye uno de los síntomas más visibles de la nueva Europa que se está configurando: una Europa en la que los derechos sociales dejan de ser considerados una prioridad estratégica, mientras el rearme, la disciplina presupuestaria y la lógica de confrontación geopolítica pasan a ocupar el centro mismo del proyecto político europeo.
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