De un lector amigo.
No sé si te has enterado, pero los nacionalistas catalanistas han cubierto la desobediencia a la sentencia del 25% mediante un “decret llei”. En el más puro estilo autoritario de dictaduras y semidictaduras a que nos tiene acostumbrados, la Generalitat acude a su potestad reglamentaria (disfrazada de decreto-ley) para vulnerar la Constitución, el control jurisdiccional ordinario de los poderes ejecutivos y, en general, eludir las reglas de nuestro menguante estado de derecho. Ciertamente, el futuro estado catalán será un “doble estado” o “estado dual” en el cual el “estado de medidas” político-policial y de partido predominará sobre el estado de derecho constitucional, o no será. Por cierto, el artículo 86 de la Constitución española deja bien claro que sólo el gobierno central puede legítimamente dictar decretos-leyes (con todo lo que ello implica), pero la lectura más que torticera y antidemocrática de este precepto por parte de los políticos de nuestro país en su función de parlamentarios permitió que un buen número de estatutos de autonomía atribuyesen inconstitucionalmente a los gobiernos autonómicos la potestad de dictar decretos-leyes en el ámbito de sus competencias (o sea, nada menos que reglamentos con rango de ley que no desarrollan unas bases legislativas previas, a diferencia de los decretos legislativos), y con menos exigencias y controles que en el caso de los decretos-leyes estatales (claro que desde hace décadas el uso del decreto-ley por los gobiernos centrales es, como mínimo, dudosamente constitucional, por mucho que casi siempre haya contado con la connivencia de un cada vez más degradado tribunal constitucional, habitualmente complaciente con el gobierno de turno, ya sea del PP, ya sea del PSOE).
Aprovecho para comentarte que el gobierno y los partidos del gobierno van por ahí difundiendo, o dando a entender, la especie de que con la legislación actual, antes de la reforma aprobada en el Congreso y que se tramita en el Senado, se puede vulnerar la libertad sexual de las mujeres sin su consentimiento sin cometer delito. Como podrás suponer, esto es falso y es propaganda. Otra cuestión es que se le denomine desacertadamente, en caso de no darse ni violencia ni intimidación, abuso sexual en lugar de agresión sexual y que la pena sea inferior a la propugnada por la actual reforma y que se intente definir en la reforma el consentimiento en materia penal en el ámbito de la libertad sexual (bastante chapuceramente: sería mejor invertir en la provisión de un número adecuado de jueces y en su formación, para que no digan y hagan burradas por estar abrumados de trabajo o por insensibilidad hacia la víctima o por machismo, en lugar de aprobar leyes penales draconianas o mal redactadas -en el contexto de un derecho penal garantista-; el derecho penal “pedagógico” o “simbólico”, del cual gusta tanto cierto sector de Podemos/ Comunes (véase todo lo relativo a los “delitos de odio”), es muy peligroso. De esto, los de Vox se pueden aprovechar fácilmente: luego pretenderán imponernos su propio derecho penal “pedagógico” o “simbólico”, que, supongo, será como para echarse a temblar.
Creo que puede interesarte esta noticia que encontré en MSN: El Govern catalán se hace responsable de los proyectos lingüísticos de las escuelas – https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/el-govern-catal%C3%A1n-se-hace-responsable-de-los-proyectos-ling%C3%BC%C3%ADsticos-de-las-escuelas/ar-AAXSugK?ocid=msedgdhp&pc=W044&cvid=12fcfcc82a204e099fec19e581b8e2bf
Barcelona, 30 may (EFE).- La consellería de Educación de la Generalitat ha decidido asumir, a través de un decreto ley, la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados catalanes, para proteger así a los directores de los colegios ante la sentencia del TSJC del 25 % de castellano y defender un modelo sin cuotas fijas.
Según el decreto, el catalán es el «centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña» y establece como criterio la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas», por lo que se rechaza el porcentaje uniforme de impartir el 25 % de materias en lengua castellana que marca el TSJC.
Según el Decreto Ley del catalán en los centros educativos, el departamento de Educación habrá evaluado previamente los proyectos lingüísticos, que deberá diseñar cada escuela e instituto en base a su realidad cultural y sociológica.
El Decreto Ley fija los criterios aplicables en la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
El Govern ha aprobado el decreto este lunes, en una reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir como mínimo el 25 % de materias en castellano en todos los colegios catalanes a partir del próximo 1 de junio.
