Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
Un fin de semana muy agitado en el ámbito político y en el que se han mantenido las movilizaciones, con graves enfrentamientos en Lima, ha acabado con el anuncio público de Dina Boluarte [DB] de que presentará al congreso- si éste no decide antes, este lunes- dos iniciativas: una decretando de hecho la celebración de elecciones adelantada para el 15 de octubre de 2023, y un plazo para que el Congreso acuerde antes del 28 de febrero las reformas «necesarias» antes de las elecciones; la segunda presenta una propuesta para que el Congreso surgido de las elecciones faculte a la Comisión de Constitución del congreso para una reforma total de la Constitución de 1993, que luego sería aprobada en referéndum. ¿Concesión a las movilizaciones o intento de contrarrestar sus reivindicaciones con una propuesta «gatopardista»? Desde luego que sin las movilizaciones desencadenadas el mismo día en que sustituyó a Pedro Castillo, nunca DB habría presentado ni una cosa ni la otra; su intención y la de la derecha que le dio respaldo, encabezada por Fuerza Popular y Renovación Popular (la derecha fujimorista, con una presencia importante de los evangelistas y la derecha católica) era la de cumplir el mandato hasta 2026 y, obviamente, hacer caso omiso a la propuesta de asamblea constituyente, que estaba en el programa electoral de Perú Libre y se ha ido extendiendo a toda la izquierda. Pero, en mi criterio, lo que propone es simplemente esa operación gatopardista y bloquear la petición de proceso de constituyente. Veamos la secuencia de los hechos.
El viernes y el sábado se mantuvo la dinámica de movilizaciones, de manifestaciones en el Sur y en Lima y de bloqueos de carreteras, entre ellas la Panamericana nervio central de las comunicaciones en Perú. Los bloqueos sumaban todavía 82 el sábado por la tarde, a pesar de la amenaza de intervención del ejército; no hay datos sobre la situación del domingo, parece que el tramo Norte de la Panamericana ha sido desbloqueado, en algunos puntos los propios manifestantes han desbloqueado algunos puntos, tras negociar con la fuerza o las poblaciones vecinas, pero el que interrumpe la Panamericana Sur en Ica y el de Desaguadero, en la frontera con Bolivia, siguieron bloqueados con un juego que intervención policial apoyada por el ejército que levanta por un tiempo el bloqueo, para que los manifestantes vuelvan a imponerlos al rato. El Sur sigue con paro total en Juliaca, Puno, Andahuayla, Tacna, y alguna provincia de Madre de Dios y de Tacna. Pero lo más trascendente este sábado ha sido la manifestación en Lima, Para empezar las columnas de manifestantes salieron esta vez de San Juan Lurigancho, localidad del área metropolitana de Lima con cerros superpoblados de población precaria; no sé si parte de esa población se ha unido también a la columna o si solamente San Juan Lurigancho ha sido punto de concentración. En cualquier caso se confirmó la presencia añadida de los universitarios -con pancartas propias de «bloque universitario»- de Lima y de algunas universidades del Sur. La manifestación fue más nutrida que la anterior -manteniendo en ese sentido el aumento de participantes- pero nadie da estimaciones fiables. En cualquier caso lo importante no es ya cuantos están presentes en la acción, sino el respaldo social que tiene, puesto de manifiesto por el apoyo obtenido a lo largo de su marcha desde la periferia hasta el centro de Lima y evidenciado por una nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, realizada entre el 21 y 25 de enero – insisto en la seriedad de la institución, que nadie pone en duda- publicada el sábado según la cual el 59 % de los encuestados aprueban las protestas y se identifican con sus peticiones (dimisión o destitución de DB, adelanto electoral y referéndum para abrir un proceso constituyente), mientras que el 36% las desaprueban y no se sienten identificados. La manifestación de Lima ha añadido un grado más a la tensión al haberse producido un nuevo enfrentamiento donde siempre -en el camino que lleva al Palacio del Congreso- y producirse un muerto un herido muy grave y no se sabe cuántos heridos (solo se han dado datos de heridos de la policía, 15, aunque solo dos de ellos han tenido que ser atendidos en centro sanitario), así como una veintena de detenidos. El herido grave es de perdigonazos; el muerto al parecer del impacto de una bomba lacrimógena en la parte de atrás de su cabeza, lo que es el primer resultado de muerte de la orden de disparar dichas bombas al cuerpo de los manifestantes. Lima ya tiene su muerto.
Todo eso se producía en un contexto de movimientos políticos sobre la convocatoria de elecciones adelantadas. Conviene recordar que empezó el jueves cuando, al parecer, una propuesta de hacerlas en octubre (fecha de la primera vuelta presidencial y de las legislativas) de 2023 discutida en el Consejo de Ministros fue bloqueada por una maniobra conjunta de Otárola, jefe del gobierno, y José Williams, presidente del Congreso, que mantuvieron la expectativa de celebración de elecciones en abril 2024. Antes esa situación Cambio Democrático presentó al congreso, para discutirlo el viernes, una moción propia para el adelantamiento de elecciones a octubre de 2023. Es la formación de la izquierda minoritaria, en la que confluyen -en versión reducida de la antigua Izquierda Unida- el Partido Humanista, la formación Nuevo Perú, que suma socialdemócratas y trotskistas y a la que pertenece la líder del grupo Verónika Mendoza, el Partido Comunista Peruano-Unido, el histórico, y alguna formación de tendencia socialdemócrata más; la coalición ha sido abandonada en 2022 por el PCP-Patria Roja, maoísta. Ante esa presentación la fujimorista Fuerza Popular reaccionó por sorpresa proponiendo adelanto electoral para diciembre de 2023 por boca de su figura política principal, que preside la Comisión Constitución del Congreso. (lo comenté en mi nota del viernes por la mañana, antes de la reunión del Congreso).
Pues bien el viernes, cuando se reunió el congreso Fuerza Popular rectificó su fecha y asumió la de octubre, presentada por Cambio Democrático. A partir de ese momento el protagonismo del debate sobre el adelanto pasó a tenerlo, de hecho, Fuerza Popular. Tras un debate bronco, la votación dio una nueva, aparente, sorpresa: a favor del adelanto votaron los fujimoristas, buena parte del resto de la derecha (una parte minoritaria de Acción Popular, Alianza para el Progreso, y otros) los centristas del Partido Morado y Cambio Democrático, sumando 45 votos, insuficientes para que se aprobara la moción; en contra, Perú Libre y todas las formaciones que han surgido de su bloque inicial por disidencias durante la legislatura (Bloque Mangisterial, Perú Bicentenario y Perú Democrático), la mayoría de Acción Popular, la mitad de los derechistas Somos Perú y Podemos y todo el bloque de Avanza País -el partido de José Williams- y Renovación Popular, sumando 65 no. No fue ninguna sorpresa que Renovación Popular, que está en contra de cualquier adelanto, y Avanza País, que mantiene la fecha de 2024, votaran en contra. Sí pareció -le pareció a los medios de comunicación dominantes, incluido La República- que fue una sorpresa el voto de Perú Libre; si éste y los grupos afines hubiesen votado a favor el adelanto a octubre de 2023 habría salido -perdón por la aliteración- adelante.
Perú Libre explicó, a través de sus diputados y en un comunicado sus razones. En esencia rechazaban una propuesta que dejaba a DB en la Presidencia, a Otárola en la jefatura del Gobierno, a Williams en la presidencia del Congreso, al Congreso con margen para introducir reformas que marcasen el desarrollo de las nuevas elecciones (recuerdo algunas: levantar la no reelección, reformar la Junta Nacional Electoral, introducir restricciones al registro de partidos y candidatos por antecedentes penales ) y sobre todo no incluía la celebración de un referéndum sobre la apertura de un proceso constituyente. Es lamentable que la izquierda se haya dividido, una vez más, pero creo que Cambio Democrático es quien se ha equivocado esta vez. Decidió presentar una propuesta que se limitara al adelanto electoral, esperando que conseguiría así apoyos centristas y de una parte de la derecha -sobre todo Acción Popular y Alianza Para el Progreso- partido del gobernador de La Libertad, César Acuña, hay que recordar este nombre, pero no previó la maniobra de Fuerza Popular. Pero sobre todo su iniciativa solo miró hacia la correlación parlamentaria y justificó que no incluyera la reivindicación de la Constituyente -que también está en su programa- por la razón de que en este Congreso no habia mayoría parlamentaria para llevarla adelante. Perú Libre se apoyó en que la movilización popular no pide solo una cosa, sino tres: fuera Boluarte -aparte de por su desprestigio pos su política represiva, porque se permanencia visualiza la destitución de Castillo y la traición-, fuera el Congreso y Asamblea Constitucional. La concreción práctica de esa triple reivindicación es: gobierno de transición con caras nuevas, pactadas, nuevas elecciones en el plazo más corto posible y celebración, simultánea de un referéndum para aprobar, o no el inicio del proceso constituyente. Las ultimas encuestas, que también han preguntado esas cuestiones, ha cargado a Perú Libre de razón: el 76% desaprueba a DB, el 74 % a Otárola y el 76% a Otárola; el 74% pide el fin de esta legislatura, el «cierre del congreso» y el 69% está de acuerdo con la propuesta de Asamblea Constituyente. En la región Macro Sur el porcentaje en contra de DB sube al 80% (en Lima metropolitana se queda en el 61%) y el de la propuesta de Asamblea Constituyente se dispara al 81 % (en Lima metropolitana el 57%). En la situación actual la clave no es lo que pueda o no votar el Congreso, que el 89% rechaza – sin variaciones regionales sustanciales- sino la petición popular. Cambio Democrático se ha equivocado gravemente; y Perú Libre y el resto de la izquierda surgida de él refuerzan su coincidencia con la mayoría de los sectores populares y , desde luego, con la población rural, los segmentos más pobres y el Sur.
En esta situación, la iniciativa de DB solo es un pase de favor para Fuerza Popular y la derecha. Se mantiene en la presidencia ella y toda la cabeza del aparato institucional, fuerza con un plazo a aprobar reformas previas a las elecciones adelantadas, y burla la reivindicación de la Asamblea Constituyente al situar la reforma constitucional en el seno de la Comisión de Constitución del Congreso, en términos de reforma de la del 1993, aunque sea de toda. Parte importante del cambio no es lo que está y pueda reformarse, sino lo que no está y ha de caracterizar a una nueva constitución. El referéndum no iniciaría el proceso sino solo sancionaría el debate y acuerdo que se diera en el seno de un congreso, que sería elegido a finales de este mes con cartas marcadas por los cambios que pueda introducir la Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular.
