“Economía de guerra. Cuaderno trumpeado: 8” por Alberto Recio Andreu

Guerra y economía
Todas las guerras tienen una vertiente económica. En sus motivaciones y en sus efectos. El control de recursos económicos, de territorios, de mercados está presente en la mayoría de los casos. Forma parte del núcleo de todas las variantes de imperialismo. Su papel es descarado en las guerras de Oriente próximo, donde el control del petróleo ha sido un objetivo esencial. En esta nueva guerra de Irán también está presente. La élite petrolífera que apoya a Trump aspira a tener el control directo de la mayoría de los recursos del planeta —lo mismo que indirectamente, mediante la restricción del acceso chino a una de sus bases más importantes de aprovisionamiento—.

Pero la guerra también tiene efectos en otros muchos campos. En primer lugar, destruye una buena parte de equipamientos, centros de producción, viviendas, espacios agrícolas y naturales… —y por supuesto vidas humanas— y con ello reduce a corto y medio plazo las condiciones de vida de las zonas afectadas —con la contrapartida de que alguien podrá hacer negocio con la reconstrucción o se beneficiará de la restricción de la oferta de algunos productos—. En segundo lugar, el esfuerzo de guerra exige una enorme cantidad de recursos financieros y materiales, lo que casi siempre se traduce en un importante aumento del endeudamiento público y en una reorganización de parte de la capacidad productiva hacia la provisión de todo tipo de bienes a los ejércitos. Lógicamente, la cuantía de este impacto depende del tipo de guerra de que se trate y de las capacidades de los países en liza en el período prebélico. Un país como Estados Unidos, que ya dedica un porcentaje desproporcionado de gasto a mantener sus fuerzas armadas, puede lanzar guerras de corto alcance sin grandes esfuerzos adicionales. Sin embargo, es notorio que Trump ya ha solicitado un gasto adicional de 200.000 millones de dólares y que se ha anunciado que hay problemas de aprovisionamiento de determinados drones. En tercer lugar, la guerra genera inflación, por la sobrecarga de demanda militar, e incertidumbre, por sus resultados futuros. En este caso, la guerra de Irán incide sobre una economía que ya experimentó un brote inflacionario en la recuperación pos-COVID. Y afecta a una economía con un elevado nivel de deuda global y un sector financiero «en la sombra» (formado por grandes fondos de préstamos privados e inversión financiera) que ha mostrado síntomas de tensión[1]. La guerra, por tanto, genera muchos efectos secundarios en la economía global, especialmente cuando en ella se implica la principal fuerza imperial del planeta.

Los partidarios de la guerra minimizan todos estos impactos. Quien inicia una guerra no sólo los ignora. Sobrevalora sus expectativas y minusvalora los riesgos. Y, casi siempre, los cálculos optimistas que conducen a una acción ofensiva son defraudados por la experiencia de la guerra real. No parece que Irán vaya a desmentir este error sistemático en el que caen los altos mandos que deciden la guerra. Trump puede que sea un loco, pero su locura es secundada por los altos mandos militares, teóricos expertos, que han vuelto a comportarse con el mismo grado de brutalidad e irracionalidad que en otros conflictos anteriores.

Una guerra particularmente peligrosa

Si todas las guerras generan impactos económicos, la potencialidad letal de esta es de primera magnitud. Especialmente si se prolonga durante mucho tiempo, se mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz y/o se produce un elevado grado de destrucción de instalaciones petroquímicas. La guerra relámpago con la que tal vez soñó Trump ya se ha desvanecido. Quizás sus estrategas siguen soñando con que el bloqueo de Ormuz generará tales tensiones que forzará a sus aliados tradicionales a embarcarse en una guerra que no querían. Pero este es otro supuesto que de momento no parece realista.

Del Golfo Pérsico sale el 38% del petróleo crudo, el 29% del gas licuado de petróleo, el 19% del gas natural licuado, el 19% de los refinados petrolíferos, el 13% de los productos químicos y fertilizantes, destacando estos últimos y el helio. Sólo con un bloqueo prolongado el impacto ya es brutal. Si se añade la destrucción de instalaciones estratégicas, resulta aún mayor, pues sus efectos podrían prolongarse mucho más allá del conflicto bélico, dependiendo de la complejidad y dificultad de reconstruir lo destruido. Aunque en la Pax americana han proliferado las guerras de larga duración, ninguna había tenido lugar en un espacio tan estratégico desde el punto de vista de la estructura económica mundial como este. La guerra de Irak también se desarrolló en un espacio cercano, pero Irak era un pequeño país comparado con Irán, y no tenía una posición geoestratégica tan relevante.

A corto plazo, la inflación está servida. Lo que aún desconocemos es su magnitud. Aunque los grandes países cuentan con reservas importantes de materiales, no son infinitas y existe la posibilidad de que se plantee una segunda ola de restricciones que afectarán a un amplio conjunto de actividades, desde la producción agrícola (por la carestía de los fertilizantes) hasta todo lo que tenga que ver con la energía derivada del petróleo: maquinaria pesada, transporte marítimo y aéreo, etc. Puede que uno de los objetivos estadounidenses para atacar Irán fuera complicarle la vida a China, pero el impacto de su acción afecta, a corto plazo, a toda Asia, incluido Taiwán, el gran productor de los cruciales semiconductores. Colapsar la economía asiática tiene un impacto económico universal, por el hecho de que afecta a la «gran fábrica del mundo». Puede que no estemos ante el gran colapso final del capitalismo moderno —a lo que vuelven a apuntarse algunos analistas—, pero lo que es evidente es que la prolongación de la guerra tiene un enorme potencial para generar un desastre económico de importantes e inciertas consecuencias. Lo que este escenario indica es algo que ya vivimos en la crisis de la COVID: una economía tan compleja, globalizada, altamente dependiente de unos recursos no reproducibles, concentrados en zonas específicas, tiene enormes posibilidades de experimentar graves impactos por efecto de cualquier elemento desestabilizador.

A los economistas convencionales les gusta pensar que esto son «choques exógenos» de un sistema productivo que funciona adecuadamente. Una forma de quitarse responsabilidades y no entender la naturaleza real del capitalismo y la globalización, aupada y justificada por sus propias teorías. Trump es un personaje patológico, pero está rodeado de potentes sectores empresariales, a los que debemos considerar los fabricantes de barbarie (análogamente a la relación directa que tuvo Hitler con los grandes intereses industriales). Y el orden imperial que genera este episodio bélico ha formado parte esencial de la historia del capitalismo, incluida su fase neoliberal. La guerra vuelve a poner en evidencia la fragilidad y la inconsistencia de un modelo productivo altamente especializado y dependiente del despilfarro de bienes naturales finitos. En la estructura actual, el petróleo genera graves problemas tanto cuando se utiliza intensamente (cambio climático, contaminación) como cuando falta. Es un elemento esencial de la actual estructura económica y una muestra de su irracionalidad global.

La respuesta necesaria y la opción del Gobierno

Como decíamos, a corto plazo se abre un nuevo contexto inflacionario, que tiene su inicio en los productos energéticos pero que acabará afectando al conjunto de bienes. La inflación es siempre generadora de malestar social. Y tiene un claro impacto en la distribución de la renta. Basta recordar lo que ha ocurrido en el último episodio inflacionario, con la caída de los salarios reales de la que las rentas salariales aún están recuperándose. Esta vez el impacto puede ser mayor.

La inflación afecta de forma desigual a los ingresos en función de cómo se fijan y en función de la composición del consumo (que difiere fundamentalmente según el nivel de renta y también la estructura demográfica familiar). El núcleo de una política responsable sobre la inflación debería ser garantizar rentas básicas a todo el mundo e impedir ganancias extraordinarias. Las empresas tienen siempre mayor facilidad para trasladar la inflación o incluso obtener rentas adicionales, porque son ellas quienes fijan los precios. Los economistas ortodoxos suelen minimizar esta situación porque en sus análisis minusvaloran cuestiones como el grado de monopolio, la diversificación de productos y la segmentación de los mercados o el escaso poder de los clientes. Garantizar rentas básicas se puede hacer esencialmente por medio de transferencias o por medio de subvenciones y controles de determinados precios. Evitar las rentas abusivas exige algún tipo de intervención en los mercados de productos. Algo a lo que es reacia la economía ortodoxa y que, en todo caso, exige un buen conocimiento de cómo se forman realmente los precios.

El Gobierno ha optado por la vía más sencilla. Su política prioritaria se basa en rebajas impositivas y subvenciones a los productos energéticos. Una respuesta de elevado coste y que va a ser superada si el conflicto se prorroga y sigue la escalada de precios. Es, eso sí, la política que menos conflicto genera con la derecha y los sectores más dependientes del petróleo. Ignacio Escolar y Alberto Garzón han mostrado la debilidad de estas políticas y no hay mucho que añadir a su crítica[2]. Se trata de un escudo social que va a ser difícil de mantener y que además tiene poco impacto en sectores que se verán mucho más afectados por el alza en el precio de los alimentos, como la enorme masa de jubilados o los trabajadores de bajos ingresos.

Han tenido razón los ministros de Sumar en exigir medidas de protección a los inquilinos. Los alquileres, cuando están indexados o cuando los contratos son de corta duración y se revisan cada poco tiempo, se benefician de la inflación general sin que sus propietarios hayan tenido alzas de costes. Es un caso de libro de beneficios «caídos del cielo». Lo insólito no es su defensa de un decreto que no prosperará por el boicot de Junts (esos que se disfrazaron de progresistas cuando querían atraernos al procés), sino la crítica que han recibido por parte de la prensa «progresista» que se ha dedicado a criticar el «electoralismo» de la propuesta, eludiendo un análisis de lo racional de la demanda. En todo caso, Sumar no sólo corre el riesgo de que su debilidad parlamentaria haga inútiles sus propuestas, sino que, al limitarse al tema de la vivienda, sea incapaz de transmitir un discurso más general que involucre a muchos más grupos de población, igualmente afectados por la inflación bélica.

Si la situación se encastilla, la guerra continúa y la inflación se cronifica, evitar una catástrofe social pasa por combinar políticas de rentas e intervenciones en el mercado. Lo primero puede hacerse aplicando transferencias de distinto tipo a los sectores de menores ingresos. Lo segundo es bastante más complejo y puede ser traducido en diferentes políticas. En unos casos, como el de los alquileres, se trata simplemente de congelarlos y combinarlos con políticas que impidan salidas como los alquileres de temporada o el abuso en los alquileres de habitaciones —en la línea de la ya aprobada ley catalana—. Es discutible que esto suponga un castigo inmerecido a los pequeños propietarios. Lo que es injusto es que se vaya a exigir moderación salarial —lo que seguro va a ocurrir— y no se aplique lo mismo a las rentas por alquiler. En el caso de la energía, sin duda la respuesta es volver a bloquear el sistema de precios marginales que tantos beneficios genera al oligopolio eléctrico —y que explican su reciente presión a la Unión Europea para que se mantenga el modelo—. En el caso de España, donde las renovables aportan una elevada proporción de la oferta eléctrica, el mantenimiento de un modelo marginal con precios del gas disparados puede generar un nivel de ingresos escandaloso a los «electrotenientes». En otros sectores, la intervención es más compleja. El Gobierno anuncia que supervisará los precios a partir del Observatorio de márgenes. Tener buena información es esencial para cualquier política, pero el mero conocimiento no impide que algunos sectores se aprovechen. Hace falta intervención en formas diversas, con impuestos a los beneficios extraordinarios o fijación de topes a los márgenes y sanciones disuasorias. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos organizó una ambiciosa política de control de precios que frenó la inflación. Si la situación es de emergencia, las soluciones también lo deben ser. Y el reparto del beneficio debe cargar el peso sobre quienes tienen mayor capacidad de ello. Políticas de sostenimiento de rentas básicas y de control de márgenes resultan esenciales.

La política convencional no basta

Hasta aquí me he limitado a discutir las opciones de política convencional, contando que el único impacto relevante es el de la inflación a corto plazo. Pero si la guerra se enquista y se produce un bloqueo de muchos procesos productivos, serán precisas intervenciones de otro orden. Muchas de ellas ya se deberían estar tomando, y ya se plantearon en la crisis de la COVID.

El despliegue de energías renovables es sin duda una de las cuestiones que está colaborando mejor a absorber el choque energético. Pero es sólo una parte del entramado. Con precios de la energía disparados, los costes del transporte y de la agricultura industrializada van a ser insoportables. Y el turismo sufrirá una contracción. Es el conjunto del modelo el que entra en crisis. Hay buenas razones de economía convencional y de economía ecológica para promover una reestructuración profunda de la actividad económica: el cambio de modelo de transporte, el de una agricultura industrializada a una ecológica, la diversificación productiva y el desacoplamiento de la dependencia turística. Cambios muy complejos que requieren tiempo y recursos. Que afectan a las condiciones de empleo y vida de millones de personas. Que requieren de políticas sofisticadas en muchos campos: inversiones, planificación, urbanismo, sostenimiento de rentas, reciclajes profesionales… Y que requieren también de una reordenación del consumo y las formas de vida.

Tales cambios no son fáciles ni tienen arraigo en el pensamiento económico convencional. Por ello, precisan de un enorme esfuerzo político-cultural y de un buen trabajo técnico. Sabiendo que no hay soluciones sencillas y que en muchos casos habrá que hacer un aprendizaje por experiencia. La crisis de la guerra vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un giro radical, que choca con el conocimiento convencional de años de hegemonía neoliberal. Pero no queda otra que insistir, repensar, luchar. O eso o aceptar la tiranía del capitalismo fósil y del capitalismo del control, que conducen a la humanidad a un futuro de barbarie y sufrimiento.

1. Como la reciente quiebra del fondo británico Market Financial Solutions o los problemas de la estadounidense Blue Owl («Turbulencias de la banca en la sombra», Expansión, 18 de marzo de 2026). ↑

2. Alberto Garzón, «El Gobierno alivia a las petrolíferas, no a los consumidores», el diario.es, 20 de marzo. Ignacio Escolar, «España, paraíso de la gasolina», el diario.es, 21 de marzo. ↑

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