Las relaciones entre la industria de defensa israelí y la industria de defensa española son cada vez más estrechas y, al mismo tiempo, pretenden ocultarse a la opinión pública.
Uno de los ámbitos en que se pone de manifiesto esta estrecha relación es el de la contratación administrativa. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, desde el 7 de octubre de 2023 se han adjudicado 46 contratos administrativos por valor de 1.044 millones de euros a empresas armamentistas israelíes, a sus filiales en España o a uniones de empresas españolas e israelíes para desarrollar sistemas de armamento a través de un acuerdo de transferencia de tecnología. Este hecho se hizo público gracias al informe «Beneficio colateral. Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023» del Centro Delàs de Estudios por la Paz, informe que se publicó a principios de mayo de 2025.
A finales de mayo, el Ministerio de Defensa expuso la existencia de un plan de desconexión de la tecnología militar israelí (lo hicieron tanto la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, como la ministra Margarita Robles). Según la prensa, el Ministerio de Defensa habría llevado a cabo algunas reuniones con la industria de defensa y se habrían paralizado los proyectos relacionados con el sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM y los misiles contracarro Spike LR2.
Es significativo este cambio drástico en las declaraciones, ya que con anterioridad el Gobierno había afirmado reiteradamente que España ni vendía ni compraba armamento a Israel. El 8 de mayo de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró en el Congreso de los Diputados que «los contratos que circulan en medios presentan innumerables imprecisiones, repeticiones e interpretaciones erróneas», en alusión a los 46 contratos administrativos adjudicados a la industria de defensa israelí. En cualquier caso, la cuestión de fondo es si la modificación del discurso responde a un verdadero cambio en la política gubernamental o no es más que mera propaganda para acallar las críticas de sus socios políticos y de la opinión pública.
Personalmente, no creo que exista un auténtico plan de desconexión de la industria israelí de defensa. En primer lugar, porque, desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno ha puesto en marcha una campaña de desinformación para que la opinión pública no conozca el alcance real de las relaciones armamentistas entre España e Israel. Un plan implica la existencia de un documento en el que se plantean determinados objetivos, se realiza un análisis de la situación, se adoptan medidas para alcanzar los objetivos y se determinan los recursos que serán necesarios. Hasta ahora, el Ministerio de Defensa no ha hecho público ningún documento escrito que recoja el plan de desconexión. Es algo que contrasta con otros planes relacionados con la defensa, por ejemplo el «Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa», que puede consultarse en la página web del Gobierno. Tampoco se sabe qué órgano administrativo se encargará de ejecutar el plan de desconexión, ni si se ha valorado qué coste económico tendrá su aplicación. Por último, hay una gran confusión sobre qué pasará con los contratos que ya han sido adjudicados a la industria militar israelí, ninguno de los cuales ha sido revocado todavía. Tampoco está claro cómo se articulará jurídicamente esta desconexión.
Por todas estas razones, considero que es demasiado pronto para hablar de la existencia de un plan de desconexión de la industria israelí de defensa. La mera intención de cancelar determinados programas de armamento en los que participa la industria israelí o la celebración de reuniones con las empresas de defensa que tienen su sede en España no implican que exista un auténtico plan. No serían más que decisiones improvisadas con el fin de evitar el desgaste político del Gobierno en un tema tan sensible para parte de sus socios.
Una de las posibilidades que se está planteando para llevar a cabo la desconexión de la industria de defensa israelí es sustituir los componentes israelíes por tecnología adquirida a países europeos o a terceros países. Esto podría significar que se adquirieran componentes de patente israelí a un tercer país cuya industria ha llegado a un acuerdo de producción con la industria israelí de defensa; aunque también podría comprarse a empresas que tienen su sede en España (posibilidades que plantea Alejando Pozo, del Centro Delàs de Estudios por la Paz). Se trataría de comprar componentes de armamento cuya patente es israelí pero que no serían fabricados por empresas israelíes ni por filiales israelíes. En este sentido, se puede mencionar que en España se ha comprado la propiedad intelectual del diseño del sistema de propulsión del sistema de lanzacohetes de alta movilidad SILAM.
Por último, hay que destacar recientes noticias sobre la colaboración entre la industria israelí de defensa y las empresas de armamento que tienen su sede en España. Se refieren al vehículo blindado ASCOD, conocido como Pizarro en España. Una de las versiones de este vehículo se fabrica conjuntamente por GDELS Santa Bárbara Sistemas, que fabrica el chasis y la carrocería, y la empresa israelí Elbit Systems, que se encarga de la torre de control y el cañón. GDELS Santa Bárbara Sistemas forma parte de la empresa pública de armamento estadounidense General Dynamics, la quinta mayor empresa de armamento del mundo según el SIPRI. Diecisiete de estos blindados se vendieron a Filipinas en 2023. Letonia también ha adquirido vehículos ASCOD fabricados conjuntamente por GDELS Santa Bárbara y por Elbit Systems. En principio iban a ser 42 blindados, pero finalmente serán un total de 84, por un valor global de 760 millones de euros. La torre de control con el cañón de Elbit Systems no se montará en la fábrica de Trubia (Asturias) sino en Letonia. Probablemente ello responda a exigencias que ha impuesto el Gobierno de Letonia, que querrá que parte de la inversión que hace beneficie a su industria con la consiguiente creación de puestos de trabajo. También podría obedecer a una petición del Gobierno español para evitar las críticas por las importaciones de armamento israelí que tendrían lugar si la torreta de Elbit Systems se monta en España. Hay bastantes posibilidades de que los vehículos ASCOD fabricados por GDELS Santa Bárbara Sistemas y Elbit Systems sean adquiridos por Ucrania y por Rumanía (en este caso equipados con el sistema de protección activa Trophy producido por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems).
El vehículo blindado ASCOD pone de manifiesto que la cooperación entre la industria de defensa israelí y la industria de defensa ubicada en España va a continuar. Tanto los contratos públicos adjudicados a la industria israelí como los proyectos conjuntos de producción de armamento entre empresas israelíes y empresas con sede en España implican un claro apoyo a la industria de defensa israelí; apoyo que, aunque sea indirectamente, sirve para financiar el genocidio y los crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Si el Gobierno quisiera cortar de raíz las relaciones armamentísticas entre la industria de defensa israelí y la industria de defensa con sede en España podría hacerlo a través de un embargo de armas integral. Es algo que puede hacer cualquier martes en el Consejo de Ministros aprobando un decreto ley. Lo demás, muy probablemente, incluido el supuesto plan de desconexión de la industria israelí del Ministerio de Defensa, no es más que propaganda y desinformación.
