La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de exculpar a D. Alves, en base a la falta de credibilidad del testimonio acusatorio, sirvió para desatar una nueva y fuerte tormenta sobre la judicatura española. Sin embargo, esa decisión tuvo la virtud de hacer pasar desapercibida otra decisión tomada por el mismo TSJC, casi el mismo día. Nos referimos a la de no hacer ingresar en prisión a la convicta Laura Borrás, cuya sentencia de cuatro años y medio de cárcel había sido ratificada por el Tribunal Supremo, con el argumento de que esa pena es muy grande y de que su indulto ya ha sido solicitado.
Ignoramos, por supuesto, si la coincidencia temporal de ambas decisiones fue buscada aposta por el sesudo tribunal, con la intención de que, al centrarse la avalancha de críticas en la primera mencionada, pasara de soslayo la otra. Pero, desde luego, así lo parece.
Aunque no nos cabe duda de que el alto tribunal era consciente -ningún pardillo llega a puestos tan elevados- de lo que sucedería tras su fallo absolutorio para D. Alves, es probable que sí les sorprendiera la respuesta de la Vicepresidenta primera del Gobierno. Esta, seguramente arrastrada por su papel de candidata andaluza, se dejó llevar a la oratoria de barricada y se ciscó en el art. 24 de la Constitución. Precisamente uno de los que jamás deben desaparecer si deseamos seguir gozando de alguna libertad. Naturalmente esto agrandó el escándalo, llevó a la intervención de unas cuantas asociaciones de juristas en defensa del TSJC y obligó a la Sra. Montero a una rectificación, eso sí, con la boca pequeña.
En resumen, un éxito más a la hora de proteger a quienes, gracias a su situación en las altas esferas políticas (españolas o catalanistas, que casi siempre es lo mismo), siguen estando por encima de la ley. Obviamente ley del embudo: ancha para los que mandan y muy estrecha para los de abajo. Laura Borrás, una delincuente convicta de un delito común, saldrá limpia de polvo y paja, pues es una de los suyos. Por contra, una chica del común vuelve a ser atropellada, esta vez en sede judicial lo que es mucho más grave que el atropello inicial que sufrió. Y es que el primero fue por parte privada, pero el segundo lo ha llevado a cabo un órgano que nos representa a todos. Además es un órgano judicial, cuya misión es impartir justicia una vez valoradas las pruebas. Y aquí, en las pruebas, tropezamos con una cuestión importante. Es evidente que, tanto tirios como troyanos, han querido interpretar que en la causa judicial sólo había una palabra contra otra palabra, lo que derivaría en que debía prevalecer la presunción de inocencia, tal como dice el art. 24 de la Constitución. Pero no es así, ya que la sentencia inicial de la Audiencia dejó bien claro que había pruebas en contra de D. Alves y que estas se habían valorado.
Quienes, por intereses políticos (los enemigos de la «fachosfera» judicial o los amigos del «hermana yo sí te creo»), han seguido esta liebre mecánica lanzada por el TSJC, es lógico que no hayan tenido ningún deseo de incidir en esta cuestión de las pruebas. No obstante, en nuestra humilde opinión, aquí radica la auténtica gravedad del tema.
Es fácil pensar que el TSJC, al exculpar a alguien condenado, recurriendo a un subterfugio jurídico, para opacar lo que hacía respecto a Laura Borrás, estaba convencido de que las instancias superiores corregirán su atropello. Y puede que esto sea así, o no lo sea, pero el daño ya estará hecho. El daño causado a la propia institución de la que los magistrados del TSJC forman parte: la institución judicial.
En contra de lo que muchos ignorantes dicen, a veces animados por voceros gubernamentales (la Sra. Montero no es un caso raro), la institución judicial no es ningún trasto sobreviviente del pasado y destinado a ser superado. Es una institución fundamental e imprescindible en cualquier estado que pretenda ser democrático. Obviamente está muy lejos de nuestra intención sugerir que la institución judicial no deba ser criticada. Todo lo contrario, precisamente por su importancia es imprescindible establecerla sobre sólidas bases democráticas. Y, para que sean sólidas, es necesario que no estén sujetas a alteraciones constantes. En cuanto a su condición de democráticas, esta depende de que su aparato de personas (no sólo quienes juzgan directamente) y la formación de las mismas provenga de la elección directa, no mediada, por parte del pueblo soberano. Sin olvidar que esto último carece de efecto (el ejemplo más claro son los Estados Unidos) si ese pueblo no está autoorganizado.
La razón de todo esto es que la institución judicial, como todo órgano político, también está sometida a la lucha de clases. Lo que significa que siempre es un instrumento de la clase dominante.
Por eso, en una sociedad capitalista como la española, siempre estará al servicio de los poderosos (la Sra. Borrás es el último caso, por ahora). Y los debates surgidos acerca de ella no pasarán de peleas tribales, en las cuales proliferarán los insultos y descalificaciones, pero no la crítica seria. No se trata de que haya jueces «franquistas» o «demócratas». Los que, de manera razonada, pueden recibir esos calificativos sin comillas, siempre serán unos pocos. La mayoría, aquí y ahora, están sencillamente a las órdenes del poder del capital y sus tomas de posición banderizas suelen serlo en función de intereses meramente personales, De hecho para defender sus propias carreras profesionales, aunque eso les aboque a la turbiedad más absoluta. Incluso al espectáculo inédito de que veamos a todo un Fiscal General del Estado investigado por el Tribunal Supremo.
Para hacer este tipo de cosas (en la realidad o en la literatura, como mostraron Shakespeare y Benavente) nunca están carentes de recursos, como ha demostrado claramente el TSJC. Por supuesto, todo esto sucede con igual frecuencia en otros países, pues la situación judicial española no tiene nada de excepcional. Por ello la obligación de quienes trabajamos por una sociedad nueva y democrática es no dejarnos arrastrar a los exabruptos, ni distraernos por maniobras dirigidas a que no veamos la realidad de las cosas. Tenemos que ir a la raiz y defender la importancia de la institución judicial en toda sociedad humana compleja, al tiempo que exigimos que esté al servicio de la auténtica democracia.
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