El pasado es distante y sorprendent. Carlo Ginzburg

Introducción
Como en otros lugares de Europa, después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Barcelona de 1919 devino cargada de violencia. Aunque los procesos históricos de fondo no responden a cuestiones estrictamente coyunturales, dos circunstancias confluyeron a desestabilizar más la precaria calma en que vivía la ciudad.

Por un lado, en medio de la inmensa carnicería europea, un gran número de industriales catalanes se enriquecieron con la exportación, sobre todo a Francia, mientras las condiciones de vida de los obreros no mejoraron. Además, la oferta de trabajo atrajo a un gran número de trabajadores españoles, que acudieron huyendo de situaciones sociales aún menos favorables. Al llegar, muchos se afiliaron a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), un sindicato anarcosindicalista fundado en Barcelona en 1910. Por otro lado, en 1917 se produjo en Rusia la revolución bolchevique. Su impacto internacional fue enorme y generó en las clases propietarias y en amplios sectores de las clases medias la percepción de una amenaza vital para sus intereses, valores y formas de vida; mientras que entre la clase obrera suscitó la ilusión de que cambiar el orden de cosas establecido no era una causa irrealizable.

Después del “Congreso de Sants”, celebrado en Barcelona en 1918, la CNT se configuró como un Sindicato Único articulado por ramos de industria y, a principios de 1919, liderada por dirigentes muy jóvenes, desencadenó la conocida como “Huelga de La Canadiense”. Este acontecimiento, por su duración, desarrollo y desenlace, tuvo tal importancia que marcó un hito en la práctica de la organización, movilización y actuación de las élites empresariales catalanas. Durante el invierno y la primavera de 1919, esta huelga, y la general que le siguió, atenazaron la vida de Barcelona por espacio de cuarenta y cuatro días, abriendo paso a un período de lucha de clases al que prácticamente solo pondría fin el golpe de estado del entonces capitán general de Cataluña, el general Miguel Primo de Rivera; un militar que había estado en Ultramar y en África.

Cuando estalló la huelga de “La Canadiense”, en el sector patronal de la construcción barcelonés se produjo un hecho que tendría una importancia crucial en Cataluña: una Federación Patronal de los Ramos de la Construcción, heredera de antiguos gremios de sectores de la construcción, aparecía a la luz pública bajo el nombre de Federación Patronal de Barcelona (FPB). El fondo de su discurso se reduciría a esto: era necesario acabar con los gobiernos débiles, alejar la amenaza anarcosindicalista y suprimir los sindicatos de clase. Ante una ciudad en peligro de paralización total, esta unión patronal en torno a una organización de resistencia, estructurada como la CNT por ramos de industria, sería un elemento decisivo para que, en este contexto, la burguesía catalana apoyase varios intentos de golpes de estado, fallidos, anteriores al de 1923.

La primavera de 1919 en Barcelona

Durante la primavera de 1919, la organización patronal más importante de Cataluña era el Fomento del Trabajo Nacional (FTN), cuyo origen se remonta al año 1771. Sus estatutos prohibían a sus socios actuar como una sociedad de resistencia. Ello permite entender porqué, cuando la “cuestión social” se recrudeció, el FTN apoyó económicamente a la FPB, transformada en un verdadero “Sindicato Patronal de resistencia”. A lo largo del tiempo, este “sindicato” se fue financiando gracias a muchos industriales, que contribuían con gran cantidad de dinero, a cambio de la estabilidad que parecía ofrecer. Una muestra: una de las grandes empresas catalanas consta que le pagaba anualmente 150.000 pesetas; y otra similar 100.000; cantidades muy elevadas para la época.

Presionado por unos empresarios atemorizados, desde que el conflicto de “La Canadiense” se propagó por Barcelona, Milans solicitó una y otra vez al jefe del gobierno, el liberal conde de Romanones, autorización para declarar el estado de guerra en Cataluña. Las repuestas siempre fueron negativas. No se quería dejar la ciudad condal en manos de Milans. Paralelamente, desde el gobierno también se temía una insubordinación de la guarnición barcelonesa, cuyos ánimos estaban sumamente inflamados. Por dos cuestiones: la cuestión social, y porqué el choque entre catalanistas y españolistas en las Ramblas de Barcelona eran constantes. Finalmente, 12 de marzo de 1919, Romanones autorizó a Milans a llevar adelante su decisión.

La declaración del estado de guerra causó en Barcelona tensiones entre el poder civil y el militar. Al día siguiente, el gobernador civil de la provincia, Carlos González Rothwos, y el jefe de policía, Francisco Martorell, dimitían. Con el ánimo de calmar la situación social, Romanones y el propio ministro de la guerra colocaron de gobernador civil al ingeniero industrial Carlos E. Montañés y como jefe de policía a Gerardo Doval. Éstos, con talante conciliatorio, querían iniciar conversaciones con los anarcosindicalistas. Con la mismo actitud, el gobierno envió a la ciudad condal al subsecretario de la presidencia del gobierno, José Morote, que llegaba con la consigna de pacificar las dos partes en pugna, patronal y obrera. Morote consiguió concertar conversaciones entre los gerentes de empresas afectadas por la huelga y con el comité de huelga. Como resultado, el día 17 se firmaba un acuerdo según el cual la victoria de los sindicatos era completa. 

Pero tal pacto no llegó a cumplirse, y el 24 de marzo se inició de nuevo una huelga, ahora general. Entonces, la compenetración de patronos y militares llegó a su punto máximo, cuando miles de hombres de las clases acomodadas salieron a las calles, armados, enrolados en la milicia burguesa del Somatén, materializado ahora con su reglamento por un militar, el comandante general Pedro Cavanna.

1919: Milans del Bosch y la FPB: primer intento fallido de golpe de estado

Al conocer la noticia de que había surgido este otro conflicto, Milans se hizo fuerte y, sin consensuarlo con el gobierno, declaró un segundo estado de guerra en Cataluña. Romanones, un hombre de infinitas cautelas, se vio impotente. Por dos cuestiones: temía que la medida generase un paro general en Barcelona, que se extendiera a toda España, y estaba sobrecogido ante el peligro de un intento de golpe de estado por parte de Milans, el cual contaba con el apoyo de la FPB. Finalmente se decidió: permitió a Milans declarar dicho estado de guerra, y mandó suspender las garantías constitucionales en toda España.

El primer día que estalló el nuevo conflicto, los despachos de Gobernación Civil y de Capitanía fueron escenario de diversas reuniones; de un ir y venir de hombres bien trajeados con ropa de calle; otros vistiendo uniforme militar; y, los menos, ataviados con sotanas. Temían que la conflictivitat social no fuera una cuestión puramente laboral, o política, que el objetivo de la CNT fuera el de cambiar el orden de cosas vigente. Cuando la noche cayó, estos prohombres llegaron a un acuerdo: todas las autoridades civiles, religiosas, militares, eclesiásticas, los representantes de las corporaciones económicas y de partidos políticos se pondrían bajo la tutela de Milans. Enardecido por las muestras de confianza ofrecidas por los representantes de la Barcelona que contaba, el militar ordenó que la ciudad fuera ocupada militarmente y pasó a dividirla por sectores, quedando estos al mando de militares. En aquella situación de huelga general y de represión total,  Milans prometió todo su apoyo al comité ejecutivo de la FPB. Envalentonada, esta organización ordenaba que todos, patronos y obreros, volviesen a la normalidad laboral cuando ella así lo decidiese.

No obstante, el equilibrio de fuerzas entre el poder civil y el militar se deterioraba. En la madrugada del seis de abril, fuerzas de la cuarta zona, dirigidas por el general Francisco Perales y guiadas por el ex agente de policía, Bravo Portillo (que parece estaba a las órdenes de Milans y de la FP), detuvieron a los hermanos Roca, acusados, mediante confidencias recibidas de un tal Perales, de realizar manejos para mantener la huelga planteada en el sector del textil. A mediodía, el jefe de la policía visitaba a Milans para comunicarle que el gobernador civil deseaba hablar con los detenidos. Milans dio la orden de que fueran trasladados a la jefatura de policía. Más tarde, el gobernador militar, el general Severiano Martínez Anido, comunicaba a Milans que se había presentado en la cuarta zona el inspector de policía, Carbonell, manifestando que tenía que llevar a presencia del gobernador civil a los hermanos Roca para ser puestos en libertad. Aprovechándose de su autoridad, y de que el estado de guerra estaba vigente, Milans se cuadró y contestó que, bajo ningún concepto, los Roca podían quedar en libertad sin su expresa orden y previa la propuesta del juez. Pero cuando regresó a Capitanía, Anido le informó de que los detenidos ya habían sido liberados. Entonces, Milans llamó al jefe de policía, Doval, pero, al no encontrarle, reclamó a un tal Roldán, ordenándole que de inmediato detuviera a los hermanos Roca. La actitud intransigente de Milans venía respaldada por las Juntas de Defensa, que según una carta de Doval enviada a Romanones (depositada en el archivo Romanones) decía «(…) que dan al ánimo la impresión de que estamos en pleno pronunciamiento de ellos mismos». Al parecer, era tal la exaltación de los junteros que solo fue contenida por la actuación de Milans, quien evitó que se insubordinasen.

A partir del 7 de abril de aquel 1919, cada vez eran más los obreros que, rompiendo la disciplina, volvían al trabajo. Montañés y Doval continuaban en sus puestos. No querían abandonar la ciudad dejando la organización policial tal y como estaba, o al menos sin denunciarla. El gobernador quería crear una comisión que investigase la actuación policial durante aquellas jornadas. El día 9, decía a Romanones que Bravo Portillo amenazaba la precaria paz barcelonesa y que lo trasladase a Madrid. Enterado, Milans reaccionó violentamente: amenazó con dimitir si Bravo partía y con hacer embarcar para Madrid no a Bravo, sino al gobernador civil Montañés; en caso contrario, desafió, no respondía de sus hombres. Mientras, la FPB obligaba a los obreros a volver al trabajo en las condiciones previas al paro, quedando despedidos si no lo hacían antes del día 12 de abril. Además, apuntó que podía producirse una insubordinación juntera si se apartaba a Bravo de su labor. En definitiva, Milans presionó a los trabajadores de forma explícita y al gobierno de manera apenas velada.

En ese contexto, el empresario de Terrassa Alfonso Sala, líder del partido Unión Monárquica Nacional (UMN), y el maurista conde de Fígols llegaban a Barcelona procedentes de Madrid con una respuesta del Ministro de la Guerra: mantener a Milans en su lugar; es decir, evitar su dimisión. Como respuesta, el militar facturó a Madrid no solo a Montañés, sino también a Doval. Como lo ponen de manifiesto unas cartas depositadas en el Archivo de la Fundación Antonio Maura, es evidente que la actuación de Milans y sus continuas bravatas sobre una posible insubordinación de la guarnición barcelonesa fueron, en definitiva, un intento de golpe de estado que, orquestado por Milans y la FPB, sirvió de ensayo para los que se llevarían adelante más adelante. A menos así lo percibió el gobierno, que de inmediato presentó la dimisión al rey. Por el contrario, la actitud de Milans fue muy bien recibida en medios patronales catalanes. De haber triunfado aquel intento de golpe de Estado, España se hubiera convertido en la primera dictadura de derechas posterior a la Primera Guerra Mundial. Cabe preguntarse, ¿qué tipo de dictadura hubiera sido aquella?

Enero de 1920 y segundo intento fallido de golpe de estado

Después de un sofocante verano llegó el otoño. Desde el 3 de noviembre, y, sobre todo,  a partir del 1 de diciembre de 1919, un paro patronal tenía Barcelona paralizada. Ya pasada la Navidad, y San Esteban, 1919 finalizó en una ciudad sometida al locaut. Poco después, dos atentados sacudieron la ciudad: el 4 de enero sonaron unas voces: «Salvador Seguí ha sufrido un atentado en la calle Sant Pau…». El líder sindical resultó ileso. Al día siguiente, se producía una réplica: una mano anónima atentaba contra Félix Graupera, presidente de la FPB, resultando herido. Se desconoce la autoría de ambos atentados.

El día 6 de enero, y el siguiente, Milans estaba pletórico. Un atentado como el de Graupera era lo que esperaba. Entonces desafió al nuevo gobierno conservador de Allendesalazar. El reto acabó con la dimisión forzada de Milans en febrero de 1920. Pero por el camino quedaron dos intentos de golpes de estado frustrados, enlazados directamente con el que Primo de Rivera, entonces capitán general de Cataluña, llevó a cabo en septiembre de 1923. Veamos el proceso.

Cuando se confirmó la noticia del atentado a Graupera, Milans se reunió en privado con el nuevo gobernador civil, conde de Salvatierra, así como con el presidente de la Audiencia. Y habló claro: asumía toda la autoridad, declaraba que no admitía intromisiones gubernamentales. A continuación, redactó un bando, del cual se desconoce su contenido. Y dijo que solo se haría público cuando el gobierno decretase el estado de guerra. Lo que decía aquel bando es, pues, una incógnita, pero lo que se sabe es que causó un gran revuelo en ámbitos gubernamentales. El ministro de Fomento, por ejemplo, amenazó con dimitir si se hacía público. Milans respondió: si no podía aplicar lo que expresaba en el bando dejaba su cargo.

Milans del Bosch desafiaba al gobierno, estaba claro. ¿Qué hizo el gobierno? Se hizo fuerte y repitió: en Barcelona no se decretaría el estado de guerra. Temía lo peor, que una represión ahogada en sangre levantase más los ánimos de los trabajadores de otras zonas de España, ya de sí muy crispados. Mientras, en Barcelona, tratando de saber con qué fuerzas contaban, representantes de ciertos círculos burgueses barceloneses contactaron con miembros del ejército con sede en Madrid. Todo indica que la guarnición madrileña daba soporte a la legalidad.

Mientras, el gobierno no solo no aceptaba la dimisión de Milans, sino que le amenazaba con su destitución. Y, como recambio, apostaba por un militar antijuntista (se sospechaba que Milans contaba con el favor de las Juntas de Defensa), un hombre ajeno a la rebelión que se fraguaba en Barcelona. El escogido era el anciano general Valeriano Weyler.

Cuando estas noticias llegaron a Barcelona muchos sectores de las élites económicas y sociales, e incluso la guarnición militar de la ciudad, se enfurecieron. Sesenta mil somatenistas irrumpieron de nuevo en las calles. Sin duda, se estaba intimidando con un nuevo golpe de estado.  La amenaza consiguió momentáneamente que el gobierno permitiese a Milans continuar en el cargo, aunque sin haber conseguido decretar el estado de guerra.

Pero las élites barcelonesas no lo tenían claro. Durante aquellos días, y los siguientes, por la ciudad circulaban rumores de que Milans del Bosch iba a abandonar Cataluña. Los dirigentes de la FPB, así como también los del resto de sociedades donde se reunía la flor y nata de la ciudad, estaban angustiados ante esa posibilidad. El gobierno, asustado, dio un ultimátum al militar: seguiría en su cargo, pero no tendría autorización para decretar el estado de guerra. Según indican viejos papeles, un gran sector de las élites, al enterarse, pidió al militar que «se pronunciase». Para reforzar su postura, convocó dos manifestaciones que irían a la estación a recibir a Milans. ¿Quién compondría ambas manifestaciones? Una de ellas, los hombres más representativos de la vida económica, social, militar e inluso eclesiástica; la otra, la milicia armada del Somatén. La noticia causó revuelo en el gobierno; aterrorizado, las prohibió.

La patronal entonces preparó las condiciones para poner fin al locaut: el paro acabaría el día 24 y se obligaría los trabajadores a asumir contratos individuales de un “día solar”, anulando, de esta manera, a los sindicatos. El gobierno intervino y decretó que el paro patronal finalizaría el 26 de enero.

Mientras tanto, se estaba preparando otro intento de golpe de estado. ¿Era posible que Milans dejase el poder? Veamos qué decían y cómo actuaban ciertos políticos, algunos militares y la propia FPB.

Tercer intento fallido de golpe de estado: febrero de 1920

De todas las movilizaciones que la marcha de Milans provocó, una de las más destacadas fue la que protagonizó el estamento militar, un cuerpo descontento con los políticos (entre otras cosas porque hacía cinco años que no se aprobaban unos nuevos presupuestos militares), y con divisiones en su seno, sobre todo entre africanistas y peninsulares. Situémonos a principios de febrero de aquel 1920. Cuando se hicieron públicas unas cartas que durante la pasada huelga de La Canadiense Milans del Bosch y el entonces ministro de la Guerra, Manuel Cobos, se habían intercambiado, en el senado estalló un escándalo. En una de las misivas, Milans amenazaba con dimitir y entonces se produjo una insubordinación de las juntas de defensa. En definitiva, en aquellos momentos se había intimidado al gobierno con un encubierto golpe de estado. Visto en perspectiva, parece que fue eso lo que habría provocado la caída del gobierno de Romanones. Ahora, meses después, aprovechando estas cartas, donde se ponía de manifiesto la actitud de Milans, el romanonista Doval, que entonces era el jefe de policía de Barcelona, junto con el propio Romanones, hicieron una interpelación al gobierno pidiendo explicaciones sobre el comportamiento de Milans durante el pasado locaut. Consta que Romanones se llegó a cuestionar un hecho que resultaba grave: si en el caso de que se aprobase la conducta de Milans este seguiría apoyando al gobierno de coalición del que formaba parte. Finalmente, y según algunas fuentes, presionado por el mismo rey, Milans fijó la fecha del 11 de febrero para presentar la dimisión, que fue aceptada por el gobierno. Acto seguido, Milans entregó el cargo a su segundo en la Capitanía General de Cataluña, al general de división Arturo Ceballos, que ocupó el cargo con carácter interino.

Aquello que parecía una amenaza para los patronos se convertía en realidad: Milans dimitía, y su sustituto sería Weyler. La maniobra del gobierno quedaba clara: el anciano general era un decidido antijuntista, por tanto su designación podía frenar la insurrección de Barcelona. ¿Cuál fue la reacción de la patronal? La misma que la de días anteriores. La FPB convocó una manifestación que se concentraría ante Capitanía a la misma hora de la llegada de Weyler. Para conseguir más apoyo, envió una carta a las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria.

Al mismo tiempo, pedía a todos los comerciantes que a la hora de la manifestación cerrasen las puertas en señal de adhesión a Milans. Enterado, éste se inhibió: comunicó al gobernador civil, el conde de Salvatierra, que saldría hacia su residencia de Caldetes situada en la costa, cerca de Barcelona.

Retomemos el momento de aquel fallido golpe de estado: Weyler, el sustituto de Milans, tenía el frontal rechazo de los militares junteros. En el momento de su partida, la guarnición de Madrid no acudió a despedirle y un grupo de junteros barceloneses quería marchar hacia Reus para impedir que el militar llegara a la ciudad condal. Todo indica que la FPB había puesto a disposición de estos militares díscolos una serie de automóviles para que devolvieran a Weyler a Madrid. Si pudieron evitarse estos sucesos fue gracias al general Arturo Ceballos, que tenía el mando de Barcelona en sustitución de Milans. Ocurrió que Ceballos se puso en contacto telegráfico con el ministro de la guerra para preguntarle si se formaba o no a la llegada de Weyler para tributarle honores y si debía dejar paso libre a su llegada. El ministro contestó afirmativamente, por lo que Ceballos reunió en su despacho a todos los generales y jefes del cuerpo de Barcelona acordando formar. Así las cosas, Anido, gobernador militar, se dirigió al Casino Militar y allí trató de convencer a los militares de que no debían hacer desaire alguno a Weyler, haciéndole comprender el compromiso en que se vería Ceballos si se negaban a acudir a la formación. Los militares salieron al paso de las palabras de Anido diciendo que estaban dispuestos a todo y añadiendo que, en último caso, lo mejor que Ceballos podía hacer era dejar el mando. Anido respondió que, en ese caso, el mando recaería sobre él, y que estaba dispuesto a actuar de la misma manera que su antecesor. Estas palabras produjeron un gran alboroto. Al ser abucheado, Anido, que estaba adquiriendo un gran protagonismo en esta trama, salió rápido del Casino Militar para prevenir a Ceballos de que no diera la orden de formar, puesto que la guarnición estaba en franca rebelión. Ceballos contactó telefónicamente con los militares reunidos en el casino y éstos le comunicaron que si se les ordenaba formar saldrían a detener a Weyler.

Como ponen de manifiesto unas cartas depositadas en el Achivo Romanones, aquel 11 de febrero de 1920 no sería un día cualquiera; clareando la mañana, Weyler se bajó del tren en Barcelona. Su acogida fue fría y se obvió hacer cualquier acto de formación militar. En la estación le esperaban una buena parte de las fuerzas vivas. Aguantando el frío de aquellas horas, allí, de pie, estaban Ceballos (capitán general interino), Prats (presidente de la Audiencia), Martínez Anido (gobernador militar de Barcelona), Salvatierra (gobernador civil), Arlegui (jefe superior de policía), el obispo, el alcalde, el fiscal, el rector de la Universidad. ¿Y otros militares?, cabe preguntarse. Apenas había. Por otra parte, las corporaciones barcelonesas solo estaban representadas por Jaime Cussó, en nombre del FTN. Apurado, Cussó se disculpó por el frío recibimiento, pero Weyler, con más de ochenta años a sus espaldas, era un hombre de carácter, un viejo luchador y no se dejó acobardar. Para ganarse la confianza de las élites, manifestó lo que éstas querían escuchar: había aceptado el cargo con la condición de que las causas que afectasen a Cataluña se resolviesen in situ. Y aún añadió que estaba dispuesto a enviar la caballería y el Somatén contra los sindicatos que, estando como estaban clausurados, cobrasen las cuotas a sus afiliados. Pero cuando llegó a Capitanía se encontró con unas cinco mil personas que daban vivas a Milans. Habían acudido al acto convocados por la FPB.

La prensa permite conocer algunos de aquellos hombres (nunca se hablaba de ninguna mujer) que se estaban manifestando allí, en Capitanía, en el Passeig de Colon. Podían verse representantes de círculos económicos bien conocidos, como también políticos de todas las tendencias (principalmente de la UMN, pero también de la Lliga Regionalista), industriales (entre otros se encontraban Graupera, Rusiñol, Milà i Camps, el marqués de Camps y Bertran i Musitu), comerciantes, empleados y también sacerdotes. Paralelamente, situados en lugares estratégicos, fuerzas de la policía montadas a caballo patrullaban y diferentes destacamentos prestaban servicios de refuerzo. Una nutrida representación entró en Capitanía para prestar saludos a Weyler y otro de protesta por la dimisión de Milans. La delegación, acompañada del jefe de policía, el general Miguel Arlegui, y del teniente coronel Avilés, estaba compuesta por el senador marqués de Camps y por los diputados regionalistas Lligué y Bertrán i Serra. Había, también, una representación de monárquicos independientes y de la UMN, de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, de la Cámara Oficial de Industria, del FTN, del Centro de Defensa Social y de Lliga de Defensa Industrial y Mercantil. Una vez ante Weyler, el monárquico de la UMN, Alfonso Sala, en su alocución dijo la siguiente frase: «En Barcelona no existen más que dos políticas: la de aquellos que pactan con los sindicatos, aún a riesgo del bienestar del país, y la de los que defienden que Milans sea retornado a su cargo». Un prohombre ilustre, Albert Rusiñol (dirigente de la Lliga, industrial textil, presidente de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, y a la vez del Círculo Ecuestre), puso fin al acto de afirmación hacia Milans y de rechazo a Weyler.

Al mismo tiempo, el presidente de la FPB enviaba a Weyler un telegrama en el que se le hacía saber que, en Cataluña, todas las asociaciones se oponían a las decisiones del gobierno –que supuestamente estaban promovidas por Romanones −. El telegrama, muy significativo, decía lo siguiente: «Encarecidamente rogamos a V.E. no acepte Capitanía General de Cataluña por representar relevo general Milans triunfo manejos políticos contrario interés general Cataluña, cuyas grandes simpatías de V.E. son manifiestas. Tendrá motivos más reconocimiento ante negativas acceder indignos procedimientos, Graupera».

Cuando Milans amenazó que el 11 de febrero dimitiría, las fuerzas vivas catalanas sospecharon que se encontraban ante un callejón sin salida; y las reuniones de políticos y empresarios se sucedieron continuamente. De una de ellas salió una propuesta ¿Por qué no acudir de nuevo al rey? Durante esos meses del locaut ya se había recurrido a la corona, aunque sin muchos resultados, ¿por qué no volver a hacerlo ahora? Las clases acomodadas relegaron esa responsabilidad en Cussó, presidente del FTN. Según señala el libro de actas de esa entidad, el requerimiento al monarca se hizo aquel mismo 11 de febrero a través de un telegrama que fue firmado por un gran número de asociaciones barcelonesas (económicas, culturales, recreativas profesionales, etc.). A Alfonso XIII se le pedía: «que interviniese constitucionalmente, atendiendo a la verdadera opinión del país, que siente desesperación y ansias renovadoras y de tranquilidad públicas». 

El 8 de noviembre de aquel 1920 el general Martínez Anido tomó posesión de su cargo de gobernador civil de Barcelona, cesando en el de gobernador militar. Entonces comenzó una durísima represión sobre la CNT. Y la patronal catalana se tranquilizó. Milans había desaparecido de Capitanía, pero estaba Anido en gobernación civil. En ese cargo estuvo hasta octubre de 1922, en que se vio obligado a dimitir. Por otra parte, en mayo de 1922 había sido nombrado capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera, el futuro dictador. En Barcelona estableció vínculos con Anido y con Milans, ahora ex capitán general. Ya nadie se rebelaba.

Pero entonces comenzó la huelga del transporte de 1923

En Barcelona, el 9 de mayo de 1923 comenzó una huelga en el trabajo de carga y descarga del carbón mineral. A partir del día 14, se convirtió en la huelga general del transporte en Barcelona, y duró hasta el 12 de julio. Hace años ya se afirmó, y la consulta de viejos papeles así lo ponen de manifiesto, que este conflicto fue, en realidad, la última antesala del golpe de Estado del mes de septiembre siguiente.

El temor que el conflicto creó hizo intervenir a la FPB, que se puso en contacto con el capitán general Primo de Rivera. Requeridos por el gobierno, Primo salió para Madrid, le acompañaba Francisco Barber, desde mayo gobernador civil de la provincia de Barcelona.  Primo celebró diversas reuniones: con el jefe del gabinete ministerial,  con el rey y con los generales O’Donnell y Vargas, tercer duque de Tetuán y gobernador militar de Madrid. Igualmente, y lo que resulta sumamente relevante, tuvo una entrevista con los también generales José Cavalcanti,  Federico Berenguer, Leopoldo Saro Marín y Antonio Dabán Vallejo que formaban el conocido como el grupo conspirativo el «Cuadrilátero». La entrevista de Primo, que venía después de haber estado en connivencia con la patronal, con los hombres que formaban el grupo conspirativo tuvo mucha transcendía, ya que probablemente en ella se abordó la necesidad de concretar un golpe de estado; algo que hace años ya señaló el historiador Melchor Fernández Almagro.  

Al tiempo, aprovechando que las Cámaras de Comercio españolas se reunían en Valladolid, la cámara de Comercio de Barcelona les envió un escrito donde se exponía  cual era la situación social de la ciudad. Unánimemente, se acordó solicitar al gobierno que aplicara el principio de autoridad. A continuación, varios presidentes de distintas corporaciones económicas barcelonesas se trasladaron a Madrid. Ciertas plumas catalanas dieron su opinión: el viaje se había realizado para gestionar un estado de excepción.

Las corporaciones barcelonesas se habían asegurado el apoyo de Primo –que ya había departido con el «Cuadrilátero»- y, probablemente, el de las Cámaras de Comercio españolas, pero sabían que si querían llevar su intención a buen puerto: conseguir un golpe de estado que llegase a sus últimas consecuencias, debían asegurarse el apoyo de la corona. Para ello, el 4 de junio de 1923, 57 entidades económicas, profesionales y recreativas catalanas dirigieron una exposición al rey en demanda de ayuda.

El monarca era consciente de que este reiterado clamor de la burguesía catalana hacia su persona  manifestaba algo importante, un indicio de que, en última instancia, se le veía como la única solución para «pacificar» Barcelona. El monarca respondió receptivo: hizo acudir a Madrid a Primo de Rivera y al gobernador civil.

Golpe de estado del capitán general: ¿Por qué no 1919, y sí 1923?

La anterior pregunta  se refiere, por supuesto, a los golpes de estado fallidos que tuvieron lugar en Barcelona en los años 1919 y 1920, y al de 1923, que, como ya es sabido, triunfó.

Es difícil valorar las razones de los fracasos pro-Milans que tuvieron lugar en la primavera de 1919 y principios de 1920. Aunque todos ellos tuvieron el beneplácito de las clases acomodadas catalanas, de algunos militares y todo indica que también el de algunas élites españolas, hay que destacar su carácter temprano y la división del ejército al respecto entre africanistas y junteros. Posiblemente el rey las hizo naufragar al no estar dispuesto a asumir unas dictaduras militares. Entonces sí se permitió rechazarlas.  Hay que tener en cuenta que todavía Mussolini no había dado el golpe de estado en Italia, que no fue hasta el año 1922. Pero los golpes frustrados no fueron en vano, pues aleccionaron a Primo en vistas a lo que haría en 1923. De hecho, en los debates historiográficos se cae en un error al atribuir un lugar secundario a aquellas rebeliones de Milans, de la patronal catalana y de la guarnición militar de Barcelona de 1919 y 1920. En el fondo, los militares y las élites barcelonesas hablaban el mismo lenguaje y aludían a un cirujano de hierro o un gobierno fuerte por lo que la figura de un dictador cotizaba al alza a la altura de 1920.

Avanzando en la cronología, observemos que en 1922 cayó el último gobierno conservador, el presidido por Sánchez Guerra, a causa de la política que dividió el Congreso por las responsabilidades políticas en el caso Annual. Poco después, la unidad de los oficiales africanistas con los oficiales junteros se restableció.

Y así se llegó al 1923 y a la impresionante huelga del transporte en Barcelona, en que la patronal se mantuvo unida frente a la CNT. Pero pronto comprendió de nuevo que contar solo con sus fuerzas no era suficiente. Por ello estableció unas estrechas relaciones con Primo de Rivera, el entonces capitán general de Cataluña. Cuando Primo entendió que la burguesía, aterrorizada ante la magnitud del conflicto, le estaba demandando que actuase, no dudó, como ya se ha dicho, en viajar a Madrid para entrevistarse con los cuatro militares africanistas que constituían el llamado «Cuadrilátero», que de hecho formaban un grupo conspirativo. Este conjunto y la patronal catalana poseían un punto en común: tenían que deshacerse de ese gobierno que supuestamente no atendía a sus intereses. De hecho, se trataba de solucionar de un plumazo el «tema Annual», donde el general Cavalcanti, integrante del grupo sedicioso el «Cuadrilátero» estaba implicado, y el de la conflictividad social que afectaba Barcelona. Para asegurar mejor un resultado feliz de la conjura, la patronal catalana quiso involucrar a la patronal española en la trama. E incluso al rey. Ahí se inscribe el mensaje que las corporaciones catalanas llevaron al rey en junio de 1923.

De hecho, Alfonso XIII ya había hablado algunas veces de una posible dictadura, aunque fuera de manera temporal. Y no es menor el hecho de que, el grueso de la historiografía, considere al rey, en mayor o menor medida, responsable del golpe.

Referencias bibliográficas:

Bengoechea Echaondo, Soledad, «Corporativismo, burguesía catalana y golpe de estado de Primo de Rivera», en La Dictadura de Primo de Rivera. La primera dictadura espanyola del segle XX, Josep Pich Mitjana, Alfonso Bermudez Mombiela i Gerard Llorens DeCesaris (eds). Barcelona, Icaria editorial 2024, pp. 155-186.

———–Barcelona, 1919: la huelga patronal que alumbró la dictadura de Primo de Rivera, Barcelona, Libélula Verde, 2024.

———–, «1920: El Golpe de Estado de Milans del Bosch», Catxipanda, febrero, 2915. https://catxipanda.

———–Organització patronal i conflictivitat social en Catalunya, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1994.

————El locaut de Barcelona (1919-1920), Curial, 1998.

García Daza, Francisco, La huelga del transporte de Barcelona como detonante del golpe de Estado de Primo de Rivera, en La Dictadura de Primo de Rivera. La primera dictadura espanyola del segle XX, Josep Pich Mitjana, Alfonso Bermudez Mombiela i Gerard Llorens DeCesaris (eds). Barcelona, Icaria editorial 2024, pp. 187-220.

González Calleja, Eduardo, «Crónica de varias conspiraciones y de un pronunciamiento: España, enero a septiembre de 1923, en La Dictadura de Primo de Rivera. La primera dictadura espanyola del segle XX, Josep Pich Mitjana, Alfonso Bermudez Mombiela i Gerard Llorens DeCesaris (eds). Barcelona, Icaria editorial 2024, pp. 45-77.

Moreno Luzón, Javier,  «De real beneplácito. Apuntes sobre el papel de Alfonso XIII en el golpe de 1923»,  en La Dictadura de Primo de Rivera. La primera dictadura espanyola del segle XX, Josep Pich Mitjana, Alfonso Bermudez Mombiela i Gerard Llorens DeCesaris (eds). Barcelona, Icaria editorial 2024, pp. 13-43.

Soledad Bengoechea, doctora en Historia Contemporánea por la UAB, miembro del grupo de investigación consolidado Treball, Institucions i Gènere  y de Tot Història, associació cultural.