Desde el inicio de la guerra de Ucrania, los líderes de los gobiernos europeos, en lugar de iniciar acciones diplomáticas con Rusia que frenaran la crisis abierta, buscando un alto el fuego y unas negociaciones que le pusieran fin, iniciaron una escalada armamentista bajo el supuesto de que Rusia era una amenaza para la seguridad europea, acelerando el gasto militar con el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en 2029 (cumbre de la OTAN, Madrid, junio de 2022): algo que posteriormente pareció insuficiente.
La mayor de las propuestas de aumentar el gasto militar vino de parte de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que presentó el Plan ReArm, afirmando: «Si Europa quiere evitar la guerra, Europa se ha de preparar para la guerra» y que «la era del dividendo por la paz ya pasó». Y la Comisión Europea (CE) propuso que los 27 países miembros se debían poner de acuerdo en gastar más en defensa y comprometerse en incrementarlo en un 3,5% del PIB. Para alcanzarlo, propuso financiar ese rearme con 800.000 millones. De los cuales, 150.000 millones serían financiados con deuda común de la UE a un bajo interés, pero que se tendrán que devolver. El resto de los 650.000 M€ correrían a cargo de los estados miembros. Para ello, la CE propuso varias fórmulas de ingeniería contable para que los estados las llevaran a cabo: que las inversiones en la adquisición de armamentos no computaran en el techo de gasto; ni como deuda pública; ni tampoco computaran como déficit de los estados.
Pero Mark Rutte, secretario general de la OTAN, fue más lejos y siguiendo las directrices de Donald Trump propuso que los miembros de la OTAN debían alcanzar el 5% del PIB en gasto militar. Y a tal efecto, el 24 de junio de este año 2025 convocó en La Haya, bajo la presidencia de Donald Trump, una cumbre de la OTAN donde los 32 países miembros acordaron alcanzar el 5% del PIB en gasto militar en el año 2035: un 3,5% destinado a defensa militar y un 1,5% destinado a seguridad militar.
Pero hay más compromisos que afectan al rearme en Europa. Tras semanas de negociaciones sobre las tasas comerciales que Donald Trump pretendía aplicar a la UE, Ursula von der Leyen se reunió con Trump en un campo de golf de su propiedad en Escocia, el 27 de julio, donde se llegó al acuerdo: que los países europeos asumirían un tope arancelario del 15% en las exportaciones europeas; se continuarían manteniendo aranceles del 50% sobre el acero, el aluminio y el cobre europeo; que los países de la UE se comprometían en hacer inversiones en EE. UU. por valor de 600.000 M$ hasta 2029; que se adquiriría energía en EE. UU. por un importe de 750.000 M$ en los próximos tres años; por último, y no del todo aclarado (pero sí anunciado posteriormente por Donald Trump), que los países de la UE se comprometían en adquirir equipos militares en EE. UU. por un importe de 500.000 M$. Este último acuerdo, beneficioso para la industria militar de EE. UU., desmiente lo programado anteriormente en el seno de la CE de favorecer la adquisición de armamentos a las industrias europeas y así reducir las compras de armamento estadounidenses. Sin duda, éste fue un acuerdo humillante para la economía europea, pues si bien la propuesta inicial de Trump eran unas tasas arancelarias del 50%, el resultado final somete a los países europeos a un acuerdo comercial claudicante y claramente perjudicial para las poblaciones europeas que beneficia en exclusiva a la economía de EE. UU.
España y el Plan ReArm
Para cumplir con el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, el Consejo de ministros de España del 22/04/2025 aprobó incrementar en 10.471 millones el presupuesto del Ministerio de Defensa. Unos recursos que, según el documento presentado por el Gobierno a la UE y la OTAN, provendrían principalmente de tres fuentes: la reorientación de parte de los fondos europeos; de los ahorros generados por la buena marcha de la economía; y del margen de algunas partidas presupuestarias no ejecutadas en los presupuestos de 2023 y 2024:
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1.357 M€ de los fondos aportados desde la UE para hacer frente a la crisis de la Covid, los denominados Next Generation.
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2.819 M€ recursos aportados desde el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
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1.395 M€ de una transferencia desde el Fondo de Contingencia.
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1.745 M€ de recursos no ejecutados en diversos ministerios de los ejercicios de 2023 y 2024.
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1.681 M€ de una transferencia desde el Ministerio de Industria.
El resto no especificado hasta los 10.471 M€ provenía de reasignaciones de partidas no ejecutadas en este mismo ejercicio de 2025.
Este milmillonario plan que el Gobierno se denominó «Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa» y contemplaba cinco partidas:
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Mejora de las condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas (3.712,49 millones, un 35,45% del total de gasto del plan)
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Desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad (3.262,76 millones, un 31,16%)
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Instrumentos de defensa y disuasión (1.962,98 millones, un 18,75%);
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Apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales (1.751,53 millones, un 16,73%)
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Misiones en el exterior (328,74 millones, un 3,14%)
Llama la atención la cantidad de eufemismos y lugares comunes que se utilizan en este documento, comenzando por el propio título del plan, pero quizás de forma destacada en el calificativo «Instrumentos de defensa y disuasión» para la asignación dirigida a la compra de armamentos.
Respecto la primera partida, la que se dirigía a mejorar las condiciones laborales, de preparación y de equipamiento de las Fuerzas Armadas (la más abultada), resulta llamativo cómo dedica solo 679 millones de los 3.712 a incrementar las retribuciones del personal y aumentar en 7.500 nuevos efectivos las fuerzas armadas, lo que evidencia que esta partida se dirige principalmente a adquirir «equipamiento», es decir, programas de armamento.
También era cuestionable que de los 3.262 M€, se asignen 1.665,37 M€ dirigidos a adquirir y desarrollar equipos para entrenar y formar en sistemas de armas y tecnologías vinculadas a los Programas Especiales de Armamento, por unos importes que no tienen precedentes en programas de formación y de entrenamiento.
De hecho, el Gobierno argumentaba en ese documento que de ningún modo este incremento de 10.471 M€ traería consigo «subidas impositivas, mayor endeudamiento o recortes para las actuales partidas de gasto social o medioambiental». También se exponía que serviría de impulso al progreso tecnológico e industrial del país, contribuiría a modernizar y dinamizar el tejido empresarial y generaría empleos directos e indirectos. Trataré de refutar estos argumentos más adelante.
Pese al enorme impacto que este plan tendrá sobre las cuentas públicas, y su potencial influencia en la política de defensa y seguridad nacional, este plan militarizador no pasó por el Congreso de los diputados, pues no partía de unos nuevos presupuestos generales, sino de una reconfiguración de las cuentas de 2023 y 2024 prorrogadas en 2025, lo cual se puede considerar un fraude, pues un incremento de esa magnitud debería haber sido motivo de debate y aprobación en el Congreso.
Según el Gobierno, con todas esas aportaciones, sumadas al presupuesto del Ministerio de Defensa, el gasto en defensa llegará este 2025 a los 33.123 M€, consiguiendo así cumplir con el compromiso del 2% del PIB exigido por la OTAN. No obstante, esta cifra no se logra solo con las aportaciones extraordinarias analizadas. Para alcanzarla, el Gobierno incluyó por primera vez en su cálculo otras partidas de carácter militar, sin especificar cuáles, que están habitualmente repartidas en otros ministerios, como se venía demandando desde hace dos décadas por parte del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
Pero las exigencias de Donald Trump y Mark Rutte iban más lejos, como ya se ha expuesto, y propusieron alcanzar el 5% en 2035 en gasto militar. España se opuso a esta demanda y el presidente Pedro Sánchez acordó con Mark Rutte subscribir el acuerdo final de la OTAN de la cumbre de La Haya del 24 de junio a cambio de flexibilizar ese gasto del 5%, y aportar solo el 2,1%. Pero se le impuso una condición: que España cumpliera con los Objetivos de Capacidades militares que previamente habían sido aprobados por los ministros de Defensa de la OTAN el 5 de junio anterior. Este es un punto de suma importancia, pues esas capacidades son objetivos secretos que solo manejan los mandos militares de la OTAN y los gobiernos, y que comprometen al Gobierno español a adquirir unos armamentos con los que cubrir esos objetivos. No es casual que pocos días después, el 1 de julio, el Consejo de ministros aprobara 17 nuevos programas de armamentos (sin especificar su tipología para cumplir con el secretismo) para el período de 2026 a 2035 por un importe de 14.538 millones, cuya función, es de suponer, era hacer frente a esas capacidades que requiere la OTAN. Un tiempo más tarde, el 26/09/2025, se concedían préstamos desde el Ministerio de Industria a las industrias militares por un importe de 7.334 M€ a tipo de interés cero para llevar a cabo la fabricación de los Programas Especiales de Armamentos y así cumplir con los compromisos establecidos con la OTAN[1].
Considerando todas esas aportaciones el presupuesto de Defensa alcanzará los anunciados 33.123 M€, pero si se añaden todas las partidas militares repartidas por otros ministerios que considera el Centre Delàs (clases pasivas militares, mutua militar, organismos militares internacionales, ayudas de I+D a industrias, intereses de la deuda militar) el gasto militar a finales de este año 2025 puede rondar los 44.000 millones y representar el 2,7% del PIB, un crecimiento espectacular del 54% con respecto al gasto militar realizado el año anterior.
Es posible que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar presente un borrador de presupuesto para 2026 con propuestas de mejoras en los ámbitos de bienestar social, para así ganar amplios apoyos ciudadanos ante unas posibles elecciones en 2027. Pero el Gobierno debe cumplir con el 2,1% del PIB comprometido con la OTAN en gasto militar y deberá alcanzar cifras que superen los 33.123 M€ actuales que, sin duda, serán de difícil apoyo por la nube de partidos (Bildu, Compromís, BNG, Podemos…) que apoyan a este Gobierno. Lo cual aboca de nuevo a prorrogar los presupuestos por tercer año consecutivo, con la consiguiente crisis política que ello conlleva.
La ineficiencia del gasto militar
Se hagan donde se hagan las adquisiciones de armas, en EE. UU. o en Europa, el hecho es que el Plan Rearm va a provocar un aumento generalizado del gasto militar. Una prueba de ello está en la Agencia Europea de Defensa, que en fecha de 2/9/2025, informó que los 27 países de la UE superarán este año los 100.000 M€ en inversiones en armamentos; y que la I+D militar se acercará a los 17.000 M€[2]. Por otro lado, la OTAN, a fecha de 27/08/2025 emitió un comunicado en el que anunciaba que todos los países miembros de la OTAN, incluida España, ya han superado el 2% de gasto militar y alcanzado una media del 2,27% del PIB[3].
Según el argumentario de la narrativa oficial, el Plan ReArm de la UE servirá de impulso al progreso tecnológico e industrial europeo, contribuirá a dinamizar el tejido empresarial y generará empleos directos e indirectos.
La economía crítica, en cambio, argumenta que la producción de armamentos representa una pérdida de oportunidad para el desarrollo económico-social, pues si esos mismos recursos públicos, en lugar de ser destinados a la I+D de una economía ineficiente como la militar, se dirigieran a la economía real (la productiva), incluidos los ámbitos sociales como la educación o la sanidad, contribuirían en mayor medida al desarrollo de la comunidad en cuestión. Los argumentos de quienes han estudiado este desajuste aducen que, si los recursos monetarios, de bienes de equipo, de conocimiento tecnológico y de mano de obra que consumen los ejércitos y la producción de armamentos se destinaran a sectores civiles generarían mayor empleo, así como manufacturas y servicios más competitivos. Esta realidad se constata también en un estudio de 2017 de Garret-Peltier[4], donde se explicita que la producción de armas requiere en porcentaje muchos menos trabajadores que la producción y los servicios civiles. Según esta investigación, en EE. UU., por cada mil millones de dólares gastados, se crean 17.000 puestos de trabajo en energía limpia, 20.000 en sanidad, 29.000 en el sistema escolar, pero sólo 11.600 empleos en el ámbito militar.
Así, nadie debe engañarse: para llevar a cabo el Plan Rearm los estados solo tienen tres vías para conseguir esos enormes recursos. Una, emitir deuda pública que, aunque no compute como tal, igualmente obligará a pagar intereses a quienes la adquieran, pues ese acuerdo de no sumar la deuda de las inversiones en defensa es como hacerse uno mismo trampas en el juego del solitario. La segunda es que el aumento de gasto militar se financie por la vía de aumentar impuestos, cuestión siempre problemática. Y la tercera, que se asuma dentro del presupuesto anual, es decir, reducir (recortes) el gasto en otros ministerios para incorporar un mayor gasto a defensa. Medidas, especialmente ésta última, que afectaran al bienestar de la mayoría de la población. En ese sentido, el Reino Unido fue el primero en aplicar esa receta, y el primer ministro, Keir Starmer, propuso recortar en el presupuesto del 2025 5.700 millones en asistencia a discapacitados, salud y ayudas a familias dependientes, y reducirá 10.000 puestos de trabajo público. Francia también redujo 5.000 M€ en sanidad y propuso reducir 5.000 funcionarios del estado. En Alemania, la ministra de Economía propuso atrasar la jubilación a los 70 años. Otro de los ámbitos donde diversos países han anunciado recortes es en la Ayuda Oficiales al Desarrollo (AOD). Francia ha aplicado un recorte del 35%, Holanda un 30%, Bélgica un 25% y Reino Unido un 50%.
Pero hay más elementos para ser críticos con el Plan Rearm europeo. Diversos estudios han analizado la crisis de la industria civil europea, en concreto la crisis del automóvil en Alemania. Los coches chinos resultan más baratos que los de fabricación europea, la calidad y la tecnología de los vehículos chinos hace que sean competitivos en el mercado europeo. De aquí que el gobierno y la industria alemana reflexionen sobre una posible reconversión industrial. ¿Qué se propone para mantener la base industrial del país? La solución a este dilema parece centrarse en impulsar la industria militar alemana: algunas empresas militares están estableciendo conversaciones con industrias del automóvil para quedarse sus instalaciones y empleados.
En Alemania, pero también en otros países, el debate se ha centrado en impulsar la industria de defensa como solución a la crisis industrial y al impulso que podría darle a la economía. La idea de base que sustenta este razonamiento es: si se aumenta el gasto de defensa y se invierte en esa industria, y los estados de la UE apuestan por la industria militar, el PIB podría subir hasta un 1,5% anual[5]. En Alemania se argumentó como en el cuento de la lechera: si el gasto en defensa aumenta al 3% de su PIB, se duplicarían las inversiones anuales en defensa en más de 25.500 M€, lo cual crearía 245.000 empleos directos e indirectos y generaría casi 42.000 M€ en producción y servicios cada año.
Esta apuesta tiene aspectos contradictorios que es necesario abordar. Por una parte, la industria de defensa en la UE está fragmentada y dispersa por 27 países, la mayoría con sus propias industrias militares. Además, en la UE las fuerzas armadas siguen siendo el pilar del estado-nación y cada estado tiene su propio ejército, su industria y adquiere sus armamentos bajo criterios propios. El informe Draghi de 2023 señalaba que el 80% de las compras de equipos militares de la UE se realizaban en industrias exteriores, principalmente la industria de EE. UU. En segundo lugar, cada estado realiza sus compras bajo su propio criterio de seguridad y defensa, y cada país compra sus armas a sus propias empresas produciendo a menor escala, dando como resultado unos costes más altos. En tercer lugar, no se contempla la competitividad de la industria militar europea frente a otras industrias militares del exterior.
La gran diferencia respecto a la industria civil es que el cliente del material de defensa son los estados, que pagan el precio que fija la industria militar. La industria de la UE sabe que los estados no comprarán tanques rusos ni chinos por cuestiones políticas y de seguridad; su único competidor es la industria estadounidense y, entre los criterios establecidos en la estrategia industrial de defensa de la UE, solamente se fijan objetivos de reducir la dependencia de la industria de EE. UU. o de lo producido fuera de la UE y, además, no se fijan objetivos de competitividad. De este modo, se puede afirmar que los estados de la UE están tomando decisiones muy ineficientes, que suponen malgastar el dinero público comprando material de defensa muy por encima del valor de mercado, con un dinero del presupuesto público que dejará de destinarse a mantener el Estado del Bienestar; dinero necesario para mantener la calidad de vida de los ciudadanos europeos.
Conclusión
El camino de rearme iniciado por la UE, en el que también se encuentra inmersa España, es un enorme error estratégico y una amenaza para la paz en Europa. El mundo hoy, en lo cultural y económico, es interdependiente y por lo tanto las estrategias para abordar esta nueva realidad no pueden ser las estrictamente militares. Es preciso introducir estrategias diplomáticas, civiles, jurídicas, policiales y de cooperación.
Esta nueva visión se contrapone a la propuesta por la OTAN y la UE, que conforma y consolida una arquitectura de la seguridad europea basada en el uso de la fuerza y la disuasión, yendo en detrimento de las alternativas basadas en el multilateralismo y la cooperación. Las políticas militarizadoras y de rearme debilitan, de hecho, los principios emanados de las Naciones Unidas que apuestan por un modelo de seguridad alcanzable por medio de las relaciones diplomáticas de buena vecindad, de cooperación en los ámbitos económicos, sociopolíticos y culturales; en buscar equilibrios militares y de distensión a través del desarme, alcanzando mínimos comunes entre estados que eviten peligros y amenazas y hagan posible una seguridad compartida. Es decir, un equilibrio que impida que un país se sienta amenazado por otro, estableciendo una seguridad común y compartida entre estados que generen confianza y eviten conflictos y que, en el caso de surgir, los estados sean capaces de resolverlos por la vía de la negociación diplomática.
Ese es el camino de la seguridad que debería seguir la política exterior de la UE o, en su caso, España, con respecto a Rusia. En lugar de perseguir una seguridad basada en la disuasión y armarse frente a Rusia en una escalada belicista de impredecibles consecuencias entre países nucleares. Se debería, por la vía diplomática, llevar a cabo acercamientos que propiciaran un alto el fuego en Ucrania para poner fin a la guerra. Unas negociaciones que deberían tener en el horizonte la distensión, la coexistencia pacífica, acuerdos de desarme de armas convenciones y nucleares, la cooperación cultural y económica, y una seguridad compartida con Rusia que pusieran fin a la escalada militar actual y propiciaran una Europa unida y en paz.
Notas
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Manu Granda, «El Gobierno libera 7.330 millones…», El País, 27/9/2025. ↑
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Consejo Europeo, https://www.consilium.europa.eu/es/policies/defence-numbers/ ↑
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NATO, 28/08/2025, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_237171.htm?selectedLocale=en ↑
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Pollin, Robert y Garrett-Peltier, Heidi, (2007), «The U.S. Employment Effects of Military and Domestic Spending Priorities: An Updated Analysis», disponible en www.peri.umass.edu; National Priorities Project. W. Garret-Pettier, Heidi. (2017), Job Opportunity Cost of War. Watson Institute, Brown University. ↑
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https://galaxiamilitar.es/alemania-invertir-en-defensa-una-solucion-para-salvar-la-industria/ ↑
https://mientrastanto.org/250/notas/las-politicas-militarizadoras-de-la-union-europea/.
