En la surrealista sesión del 10 de enero, celebrada en ese patio de Monipodio en que se ha convertido el Congreso, fue derogado el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre. Su derogación se ocasionó por la pelea callejera en que están inmersos Sumar y Podemos y ello ha originado que todas las terminales mediáticas de Sumar se hayan centrado en acusar a Podemos de haber producido un gran daño a las capas más humildes de la sociedad española (a veces se atreven a decir clases trabajadoras). Algo por lo que estas, antes o después, deberán pasarles factura.
La acusación se refiere a una modificación que introducía el RDL en el tema de los subsidios a los parados mayores de 52 años. En efecto, porcentualmente se producía una merma, del 125% al 100%, aunque la cuantía a tener en cuenta era la percepción real y no una fija. Acerca de si esto es beneficioso o no para los desempleados versa el ataque que los voceros de Sumar han lanzado contra los 5 diputados de Podemos que hicieron naufragar el RDL 7/2023. Con un sencillo cálculo aritmético es fácil comprobar que el 100% de 1.000 es superior al 125% de 750, que es donde se concreta la citada crítica. Lo que sucede es que se oculta las consecuencias negativas que esto tiene para la futura pensión de estos desempleados. Igualmente, los palmeros de Dña. Yolanda ocultan el gran número de trabajadores en paro mayores de 52 años existente y lo difícil que es para un desempleado de esa edad volver a conseguir trabajo.
¿Significa esto que Podemos se ha “convertido” a la fe democrática y por eso ha hecho fracasar el RDL? En realidad más bien parece que todo se debe a algo más sencillo: los odios africanos desencadenados por haber sido desalojados de sus despachos oficiales y las ganas de vengarse. De todo modos, sea cual sea la causa, no cabe más que alegrarse por la derogación de un RDL tan malo para los trabajadores. Y debemos recordar que quien primero analizó este RDL y advirtió lo perjudicial que era fue COESPE. La Coordinadora que defiende, desde hace años, el sistema público de pensiones español y que ha organizado un sinfín de movilizaciones, la última en Madrid el pasado 28 de octubre. A continuación quien lo rechazó fue CC.OO., la mayor organización social española, por las mismas razones.
Sirva esto para darnos cuenta de que es lo que hay detrás de las cosas “chulísimas” que la Vicepresidenta “chupiguay” del actual Gobierno nos promete. Y es que su forma de actuar se asemeja a la de esos carteristas que distraen nuestra atención hacia un lado, al tiempo que su mano entra en nuestros bolsillos.
El propio RDL 7/2023 contenía otro asunto que arroja luz sobre esto. Asunto sobre el cual los publicistas de la Sra. Díaz no han querido decir nada, seguramente en razón de que aún les deja peor librados. Se trata de la modificación legal que dejaba el valor de los convenios autonómicos por debajo del que tienen los nacionales de sector. Algo tan aberrante que, no en balde, ya estaba en la contrarreforma laboral de Rajoy. El objetivo de esto era satisfacer al PNV y su sindicato oficial y correa de transmisión, ELA. El resultado desvertebrar la negociación colectiva y debilitar al sindicalismo confederal y de clase. El mismo que, pese a sus múltiples errores en los últimos años, sigue defendiendo a las fracciones más explotadas de la clase obrera gracias a los convenios de sector. Los convenios que engloban a las pequeñas empresas, esas cuyo escaso número de trabajadores no permite que se defiendan y negocien por si mismas.
También por esto es bueno que haya fracasado ese RDL. Sin embargo, ¡atención! no bajemos la guardia, pues ya sabemos que lo volverán a intentar y que en lo único que debemos confiar para impedirlo es en nuestra propia fuerza organizada.
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