MISCELÁNEA 13/11/2025

DEL COMPAÑERO Y MIEMBRO DE ESPAI MARX, CARLOS VALMASEDA.

ÍNDICE
1. Hegemonía o colapso.
2. Dominar mediante la deuda.
3. Las pruebas nucleares estadounidenses.
4. Objetivos del asalto de Trump a la Reserva Federal.
5. Conferencia de Historical Materialism en Londres.
6. Enseñanzas de la Revolución de Octubre.
7. Metamorfosis o fin del neoliberalismo.
8. Policrisis.
9. Resumen de la guerra en Palestina, 12 de noviembre de 2025.

1. Hegemonía o colapso.

El análisis de Iannuzzi de los planes de EEUU e Israel para Oriente Medio. Puede ser un «nuevo Oslo», en realidad la consolidación del proyecto colonial hegemónico, pero también puede acabar con el colapso de Israel.

https://robertoiannuzzi.substack.com/p/il-progetto-mediorientale-di-israele

El proyecto de Israel y Estados Unidos para Oriente Medio: ¿hegemonía o colapso?

Las turbulencias internas en Israel, la aceleración del declive estadounidense y las contradicciones del plan de Trump podrían echar por tierra todo el proyecto hegemónico israelo-estadounidense para la región.

Roberto Iannuzzi

7 de noviembre de 2025

Hace unos días, Israel conmemoró el trigésimo aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin, el primer ministro que en 1993 firmó los Acuerdos de Oslo, dando inicio al «proceso de paz» entre Israel y Palestina.

Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 por Yigal Amir, un extremista judío que se oponía al nacimiento de una autonomía palestina en Cisjordania en virtud de los Acuerdos de Oslo.

Recordando a Rabin, Dennis Ross (en aquel momento enviado de Estados Unidos para Oriente Medio y ahora miembro del Washington Institute for Near East Policy, un think tank proisraelí de orientación neoconservadora) trazó un paralelismo entre aquellos años y la fase actual.

La idea de un «nuevo Oslo»

En aquel entonces, Estados Unidos acababa de derrotar a Sadam Husein, y el presidente George H. W. Bush aprovechó la ocasión para lanzar la Conferencia de Madrid (1991), que sentaría las bases para los Acuerdos de Oslo.

Hoy, como entonces, «los enemigos de Israel están en retirada», escribió Ross. Tel Aviv «ha golpeado duramente a Hezbolá y Hamás; el régimen de Assad en Siria se ha derrumbado; y la guerra de 12 días librada por Israel y Estados Unidos ha asestado un golpe significativo a Irán».

Ross concluye que «al igual que ocurrió con Bush en 1991, pocos países están dispuestos a decirle que no al presidente Donald Trump».

El razonamiento del exenviado estadounidense va dirigido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien Ross acusa de no tener la misma capacidad que Rabin para aprovechar las «oportunidades» que ofrece la historia.

Ross recuerda que:

«Rabin trató de aprovechar esas circunstancias colaborando con Estados Unidos para buscar la paz con Siria, Jordania y los palestinos. Sus esfuerzos se basaron en la Conferencia de Paz de Madrid, que Estados Unidos había ayudado a organizar poco después de la guerra [del Golfo]. La conferencia rompió el antiguo tabú de las conversaciones directas entre árabes e israelíes, y Rabin lo aprovechó. Como explicó en un discurso tras convertirse en primer ministro al año siguiente, Israel debía promover la paz con sus vecinos para centrarse en la mayor amenaza que representaban Irán y su programa nuclear».

No paz, sino aislamiento de Irán

Dirigiéndose a Netanyahu, Ross sostiene que:

«Si Rabin estuviera vivo, reconocería esta oportunidad estratégica y trataría de aprovecharla. Vería en el plan de paz de 20 puntos de Trump una oportunidad para reconstruir una Gaza mejor y crear una coalición con los Estados árabes para contrarrestar a Irán y a las fuerzas extremistas de la región».

En esencia, en su artículo, el ex enviado estadounidense insta a Netanyahu a no boicotear el plan de Trump adoptando posiciones maximalistas incluso para la administración estadounidense.

Como he explicado en dos anteriores artículos, el plan formulado por la Casa Blanca para Gaza es en realidad un proyecto neocolonial que no ofrece nada a los palestinos, y mucho menos la perspectiva de un Estado independiente.

Pero el paralelismo histórico trazado por Ross es sustancialmente correcto.

A la luz de la naciente rivalidad con Irán, Rabin decidió renunciar a la estrategia de alianzas con los países de la «periferia» de Oriente Medio, optando en su lugar por una vía de reconciliación con los vecinos árabes favorecida por un proceso de paz israelo-palestino.

Al mismo tiempo, Washington excluyó a Irán de la Conferencia de Madrid y del proceso de reconciliación árabe-israelí (a pesar de las aperturas realizadas por el entonces presidente iraní Akbar Hashemi Rafsanjani), apostando en cambio por la creación de un frente regional árabe-israelí-estadounidense que aislara a Teherán (como afirma el propio Ross).

El proceso de paz iniciado por los Acuerdos de Oslo nunca daría lugar a un Estado palestino independiente. Por el contrario, después de 1993, la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania creció de manera exponencial.

El propio Rabin no concebía la posibilidad de un Estado palestino, sino como mucho una «entidad» autónoma que fuera «menos que un Estado». Sin embargo, su idea de una autonomía palestina, impopular entre la extrema derecha israelí, le costaría la vida.

De manera similar, al presentar su plan de 20 puntos en Sharm el-Sheikh, Egipto, Trump habló triunfalmente de una nueva «era de paz» en Oriente Medio.

Si su plan, que oficialmente ya no prevé la expulsión de los palestinos de Gaza, concediera a estos últimos un mínimo de autogobierno en la Franja e impidiera la anexión israelí de Cisjordania, varios regímenes árabes, entre ellos Arabia Saudí, podrían volver a considerar la idea de normalizar sus relaciones con Israel.

Como ha reconocido Ross, el verdadero objetivo del plan no es alcanzar realmente la paz regional, sino «crear una coalición con los Estados árabes para contrarrestar a Irán» y sus aliados en la región, además de vincular las monarquías del Golfo a los Estados Unidos, alejándolas del abrazo chino.

Un nuevo «Oslo» a menor escala no serviría, por tanto, para ofrecer una solución real a la cuestión palestina, sino para proporcionar una apariencia de solución capaz de consolidar un frente antiiraní que dejara a Teherán completamente aislada en la región.

La comparación entre Oslo y el plan de Trump también la propuso Shimon Sheves, que fue durante años la mano derecha de Rabin, precisamente con motivo de las recientes conmemoraciones del difunto líder.

Destruir el eje iraní

El desequilibrio del plan Trump a favor de Israel ya ha quedado patente en los últimos días, durante los cuales Tel Aviv ha violado en varias ocasiones el alto el fuego con el consentimiento de Washington, matando a más de 240 palestinos, y ha dejado entrar menos de una cuarta parte de la ayuda prevista en los acuerdos, esencial para aliviar la emergencia humanitaria en la Franja, sin que la Casa Blanca haya planteado objeciones.

Pero tanto en Israel como en los círculos neoconservadores estadounidenses, hay quienes hacen hincapié, incluso antes que en la realización del plan de Trump, en la necesidad de aprovechar el momento de debilidad que atraviesan Irán y sus aliados, tras los golpes que les ha infligido Israel en su guerra «en siete frentes» (Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen, Irak, Irán), para desmantelar definitivamente el llamado «eje de la resistencia» proiraní.

Como declaró el propio Netanyahu, Israel ha pasado «de la contención a la iniciativa», con vistas a una victoria final sobre sus adversarios regionales.

En una reunión del Estado Mayor del Ejército, el pasado mes de septiembre, el primer ministro israelí afirmó que el próximo año tendrá un alcance histórico, ya que Israel llevará a cabo la «destrucción del eje iraní».

Esta idea no solo pertenece al Gobierno, sino que también la comparten importantes figuras de la oposición israelí.

Al presentar la «Visión de seguridad israelí para 2040», el exgeneral y actual líder del partido «Azul y Blanco», Benny Gantz, habló de la necesidad de invertir en la defensa israelí y de neutralizar a Irán, ya que, sencillamente, «o somos los más fuertes sin lugar a dudas, o no existimos».

Gantz añadió que la existencia de Israel no es solo una cuestión de interés nacional para los israelíes, sino también para el mundo occidental.

En otras palabras, nos encontramos claramente ante un proyecto hegemónico, o al menos así lo perciben muchos países de la región.

Ofensiva israelo-estadounidense, desde Cisjordania hasta Teherán

Entre 2023 y 2025 se produjo un aumento sin precedentes en la aprobación de nuevos asentamientos en Cisjordania, mientras que Netanyahu declaraba que «no voy a ceder en el control total […] israelí de todo el territorio al oeste del Jordán».

Hechos que contradicen claramente la idea de un Estado palestino.

Tom Barrack, enviado especial de Estados Unidos para Siria y Líbano, ha declarado que estos dos países son las otras dos piezas esenciales de la nueva «arquitectura de paz» regional. Para que dicha arquitectura se complete, es necesario que el Gobierno libanés proceda al desarme de Hezbolá y que Siria firme un acuerdo de seguridad con Israel.

Mientras la administración Trump está ejerciendo una enorme presión sobre el Gobierno de Beirut para que lleve a cabo su tarea, Israel está impidiendo la reconstrucción en el sur del país.

En las últimas semanas, aviones israelíes han bombardeado maquinaria de construcción e instalaciones para la producción de cemento.

Otro éxito para Israel es haber conseguido la terminación del mandato de la FPNUL, la fuerza de la ONU desplegada en el sur del Líbano, para finales de 2026. Sin presencia internacional, Israel podrá consolidar su control sobre esa parte del territorio donde ya hoy impide el regreso de más de 82 000 desplazados libaneses.

En el sur del Líbano, las fuerzas armadas israelíes, además de controlar cinco puestos militares avanzados, ya han impuesto una ocupación «a distancia» mediante el uso de drones y otros sofisticados sistemas de vigilancia y disuasión.

En Siria, aunque el nuevo Gobierno de Damasco no ha realizado ningún acto hostil contra Israel, las fuerzas armadas israelíes han ocupado otras partes del Golán, han tomado el monte Hermón (la cima más alta del país), han bombardeado el aeropuerto de Damasco y muchos otros objetivos, y se han apoderado de recursos hídricos estratégicos.

El Gobierno de Netanyahu también está decidido a impedir que Irán reconstituya su programa nuclear dañado y su capacidad de misiles, posiblemente mediante una segunda ronda del conflicto militar iniciado el pasado mes de junio.

También en este frente, Israel cuenta con el respaldo de la Administración Trump, que pretende mantener su política de «máxima presión» sobre Teherán, en particular mediante la aplicación inflexible de sanciones.

Washington está igualmente decidido a presionar al Gobierno iraquí para que se deshaga de la influencia iraní en el país, sobre todo desmantelando las milicias chiitas cercanas a Teherán.

La Casa Blanca también está dispuesta a instar a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos a que colaboren con «socios locales» en Yemen para contrarrestar el movimiento Ansar Allah (los hutíes), que amenaza el tráfico comercial en el Mar Rojo y se considera uno de los pocos miembros del eje iraní al que aún no se le ha asestado un duro golpe.

Gaza como centro de integración económica árabe-israelí

En el marco de la nueva arquitectura regional estadounidense, Gaza debe transformarse, mediante la eliminación de Hamás, «de un proxy iraní demolido a un próspero aliado abrahámico», como reclamaba el prospecto GREAT (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation), precursor del plan Trump.

El plan concibe la Franja reconstruida no como un territorio habitado por una población con derechos políticos, sino como un centro logístico del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), puesto en marcha ya por el predecesor de Trump, Joe Biden, en septiembre de 2023.

El IMEC representa la arquitectura económica de los Acuerdos de Abraham (que prevén la normalización de las relaciones diplomáticas entre los árabes e Israel), mediante la integración del Estado judío en las cadenas de suministro del Golfo, a costa de la marginación de la soberanía y los derechos de los palestinos.

Para Washington, el IMEC nunca ha sido solo un proyecto logístico, sino una visión geopolítica para contrarrestar la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda china, manteniendo a la India y a las monarquías del Golfo ancladas al bloque transatlántico.

Sin embargo, el plan presenta numerosos problemas de sostenibilidad económica, además de viabilidad geopolítica, a la luz de las tensiones y los conflictos que azotan la región.

Como se ha mencionado al principio, este plan se ve amenazado por la intransigencia del Gobierno de Netanyahu.

Este último se muestra hostil a la idea de un retorno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a la Franja y, en general, a cualquier forma de autogobierno palestino. Además, teme que la fuerza internacional de estabilización prevista en el plan de Trump pueda conducir a una internacionalización de la cuestión de Gaza.

Por su parte, las monarquías del Golfo están preocupadas por el expansionismo israelí, que amenaza a países esenciales para la estabilidad regional árabe, como el Líbano, Siria y la propia Jordania, donde estas monarquías tienen intereses e inversiones.

Y el reciente bombardeo de Doha, la capital de Qatar, a manos de Israel ha demostrado a los soberanos del Golfo que ni siquiera sus territorios son inmunes a la amenaza israelí.

¿Hacia la desintegración de Israel?

Estas tensiones se ven complicadas por las crecientes turbulencias políticas, económicas y sociales internas del Estado judío, que contribuyen aún más a amenazar la realización del plan de Trump.

Como escribió el historiador israelí Ilan Pappé en su último libro, en el que llega a predecir el fin de Israel (véase la reseña más abajo), la desestabilización interna del Estado judío se ha visto acelerada por el abandono, por parte del Gobierno de Netanyahu, del enfoque incremental adoptado por los ejecutivos anteriores con respecto a la cuestión palestina.

La decisión de proceder a una limpieza étnica en la Franja y de embarcarse en una guerra en varios frentes que se ha prolongado durante dos años ha agudizado las tensiones internas del país y acelerado el proceso ya en marcha de desintegración de la sociedad israelí.

El presidente Isaac Herzog mencionó estos peligros en su discurso durante la ceremonia de conmemoración del trigésimo aniversario del asesinato de Rabin.

Habló de los «impresionantes logros» alcanzados por Israel en su guerra en varios frentes, que «ha cambiado el rostro de Oriente Medio», gracias también al compromiso de la administración Trump, que estaría llevando a cabo un «esfuerzo histórico para ampliar el círculo de paz y normalización en la región».

Todo ello «nos abre enormes oportunidades», dijo Herzog, añadiendo que «en muchos sentidos, esto es la realización de la visión de Rabin».

Sin embargo, el presidente israelí advirtió que el Estado judío se encuentra «una vez más al borde del abismo», ya que, treinta años después, el país está viviendo los mismos niveles de odio y abuso.

Herzog advirtió que el clima de violencia en la sociedad israelí «es una amenaza estratégica en todos los sentidos» para el Estado judío.

La propia ceremonia de conmemoración de Rabin puso de manifiesto las divisiones internas del país, en particular por la ausencia de importantes figuras políticas.

Netanyahu, que era el líder de la oposición en el momento del asesinato de Rabin y que un mes antes de ese trágico suceso había hablado en una manifestación de protesta en Jerusalén en presencia de carteles que representaban a Rabin con uniforme nazi, se saltó la ceremonia, como viene haciendo desde 2021.

Otros ausentes ilustres fueron el ex primer ministro Naftali Bennett, considerado el rival más creíble de Netanyahu en las próximas elecciones, y Benny Gantz.

Coincidiendo con el aniversario, el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben Gvir, sustituyó el retrato de Rabin en las oficinas de su ministerio por el del ministro de extrema derecha Rehavam Ze’evi (también asesinado, pero por hombres armados palestinos), que abogaba por la deportación de los palestinos de Cisjordania.

Unas semanas antes del asesinato de Rabin, Ben Gvir (entonces un joven activista de extrema derecha) había mostrado un escudo robado del coche del primer ministro y había advertido: «Hemos llegado a su coche, también llegaremos a él».

Las turbulencias internas en Israel, la aceleración del declive estadounidense y las contradicciones del plan de Trump podrían echar por tierra todo el proyecto hegemónico israelo-estadounidense para la región.

El fin de Israel

Las razones históricas que subyacen a las tensiones internas en Israel descritas en el artículo anterior son expuestas de manera ejemplar por el conocido historiador israelí Ilan Pappé en su último libro, «El fin de Israel», recientemente publicado en Italia por la editorial Fazi.

Autor de numerosos volúmenes que representan otros tantos hitos en el estudio de la historia israelo-palestina, Pappé sostiene en su última obra que Israel se encuentra ahora en una trayectoria insostenible, de progresiva desintegración.

Las razones de esta gradual implosión deben buscarse, según Pappé, en el largo proceso de transformación del sionismo, que culminó con la llegada al poder del actual Gobierno de Netanyahu, al que define como «neosionista».

El Estado neosionista de Israel se caracteriza por una radicalización de los valores del sionismo clásico y por el abandono del antiguo enfoque de la cuestión palestina (que consistía esencialmente en una lenta y progresiva limpieza étnica), para pasar al arma del genocidio con el fin de vaciar Gaza de palestinos con vistas a una operación similar que se reproduciría en Cisjordania.

La nueva entidad neosionista fusiona el sionismo religioso con el judaísmo ortodoxo y está dominada por extremistas judíos que en gran parte surgieron del movimiento de colonos. Actualmente hay 750 000 colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Además de apoderarse de los territorios palestinos ocupados expulsando a sus habitantes, el Estado neosionista pretende crear una hegemonía israelí regional capaz de dominar a los países vecinos, sobre todo Líbano, Siria y Jordania.

Los neosionistas no solo detestan a los palestinos, sino también a los judíos laicos, a quienes consideran un obstáculo para el nacimiento del nuevo Estado. Esta tensión dentro del tejido sociopolítico israelí está destinada a fragmentar el Estado judío.

A este proceso de disolución se suma la crisis de Estados Unidos, principal aliado de Israel y pilar que lo sostiene. El declive de la influencia estadounidense en la región está destinado a acelerar la desintegración israelí.

Pappé repasa las etapas del auge del nuevo sionismo, identificando en el triunfo del Likud de Menachem Begin, que en 1977 puso fin al predominio del sionismo laborista en el panorama político israelí, un punto de inflexión que permitió a los grupos e ideólogos de extrema derecha aumentar progresivamente su influencia.

Estos desarrollaron una literatura que identificaba en la fase histórica actual una oportunidad irrepetible para el renacimiento del antiguo Israel bíblico y el retorno a su antiguo esplendor.

Dos obstáculos para tal realización eran, respectivamente, la presencia de los palestinos y la de los judíos laicos, que ya habían agotado su papel histórico.

Estas corrientes neosionistas, marginales en los años 70 y 80 del siglo pasado, han ido cobrando cada vez más relevancia, pero el verdadero punto de inflexión para ellas llegó con la llegada al poder del nuevo Gobierno liderado por Netanyahu a finales de 2022.

Este último, con tal de mantenerse en el poder, decidió alinearse con las corrientes de la derecha neosionista y abrazar su agenda política. Esto ha provocado que el emergente Estado neosionista esté engullendo gradualmente al Estado de Israel.

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2. Dominar mediante la deuda.

El artículo liberado de Monthly Review está dedicado a la política económica de Milei y el papel que jugará de nuevo la subordinación al FMI.

https://monthlyreview.org/articles/debt-as-a-tool-of-domination/

La deuda como herramienta de dominación: el nuevo préstamo del FMI y la subordinación de Argentina al capital global

por David Barkin y Juan E. Santarcángelo

David Barkin es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, miembro emérito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y ganador del Premio Nacional de Economía Política (1979). En 2016, la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania le concedió una beca de investigación. Juan E. Santarcángelo es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y director del Centro de Estudios de Desarrollo, Innovación y Economía Política de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

Como informamos en nuestro artículo de Monthly Review de 2024 sobre la historia del Fondo Monetario Internacional en América Latina, los países que reciben apoyo financiero del FMI se han transformado sistemáticamente en sujetos dependientes de los mercados de capital internacionales.1 En la práctica, esto ha significado que se han visto obligados a reorganizar sus estructuras institucionales y a desmantelar o diluir las protecciones que existían para los trabajadores de los sectores industrial y de servicios, el sector informal y los agricultores. También ha dado lugar al deterioro de la calidad y la disponibilidad de los servicios médicos y al debilitamiento de los sistemas de pensiones. Las instituciones educativas también son uno de los primeros objetivos de estos acuerdos financieros. En América Latina, esto suele ir acompañado de una intensificación sistemática de la discriminación contra los pueblos indígenas y del robo descarado de sus territorios.

A diferencia de México, donde un candidato progresista atractivo movilizó un apoyo popular sustancial para un giro dramático en la política nacional en las elecciones presidenciales de 2018, el desencanto acumulado con la capacidad de las coaliciones políticas progresistas para responder eficazmente a los profundos problemas económicos heredados a los que se enfrenta Argentina creó las condiciones para que un candidato abiertamente liberal (en el sentido decimonónico del término) ganara las elecciones presidenciales de 2023. Javier Milei se ha convertido en el «niño prodigio» de los sectores liberales internacionales y de gran parte de la comunidad capitalista transnacional, que alaban su rápida promulgación de reformas institucionales y económicas que prometen una rápida restauración de las perspectivas financieras de los sectores más ricos de la sociedad.

El Gobierno de Milei

En diciembre de 2023, Milei, un recién llegado a la política y autoproclamado anarcocapitalista, ganó la presidencia en la segunda vuelta con casi el 56 % del voto total. Sin depender de las estructuras políticas tradicionales, su partido, Libertad Avanza, ganó en casi todas las provincias, excepto en Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa. Respaldado por el fuerte apoyo de los principales medios de comunicación argentinos (todos controlados por las mayores empresas del país) y las principales redes sociales internacionales (TikTok, X y Facebook, entre otras), Milei hizo campaña con la promesa de implementar un régimen macroeconómico radical. Sus propuestas incluían: dolarizar la economía, desmantelar la élite política argentina («la casta»), eliminar los controles cambiarios, abolir el Banco Central de la República Argentina, alinear los intereses del país con los objetivos geopolíticos de Estados Unidos, desregular la economía y desmantelar el estado del bienestar.

Aunque la retórica explícita y agresiva utilizada para articular sus objetivos no tiene precedentes en la historia política de Argentina, el gobierno de Milei representa el cuarto intento de afianzar un régimen neoliberal. La mayoría de las políticas que pretende implementar ya han resultado desastrosas para el desarrollo económico de Argentina en el pasado. Sin embargo, dos factores clave distinguen el actual proyecto neoliberal de las versiones anteriores.

En primer lugar, el gobierno cuenta con el respaldo total del capital nacional e internacional, que ve en esta administración una oportunidad para remodelar de forma permanente el contrato social argentino y redefinir el papel del capital y el trabajo en la economía. El verdadero objetivo tanto del gobierno como de sus aliados económicos es desmantelar una característica definitoria del sistema laboral argentino: las protecciones de los trabajadores, que se consiguieron tras décadas de exitosas luchas de la clase obrera.

Esta alineación de intereses es evidente en el apoyo financiero que impulsó la campaña presidencial de Milei, así como en la participación directa de actores corporativos en la gobernanza. Los empleados de los principales grupos económicos no solo han influido en las políticas económicas fundamentales, sino que también dominan las filas de ministros, secretarios y subsecretarios de la administración de Milei.

La segunda característica distintiva del panorama político actual es la ausencia casi total de una oposición efectiva. Los principales representantes de las fuerzas políticas tradicionales de Argentina —el macrismo, el radicalismo y el peronismo— han quedado desacreditados por sus recientes fracasos políticos y, salvo contadas excepciones (como la izquierda y ciertas facciones del kirchnerismo), la mayoría ha acabado aceptando la agenda del Gobierno, alineándose con sus directrices. Esto ha creado una oportunidad sin precedentes para la administración de Milei, lo que refleja una estrategia capitalista global más amplia con patrones similares que están surgiendo en otros países.

Al asumir el cargo, el gobierno implementó rápidamente medidas económicas agresivas, entre ellas una devaluación monetaria del 118 % y la eliminación de los subsidios a servicios públicos clave (energía, electricidad, agua y transporte). Estas políticas provocaron un aumento generalizado de los precios en toda la economía, lo que llevó la inflación al 25,5 % solo en diciembre de 2023. Al mismo tiempo, la administración promulgó severas medidas de austeridad, recortando el gasto público mediante despidos masivos y emitiendo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) que reestructuró el gobierno federal. El número de ministerios se redujo de veintidós a nueve, y el recién creado Ministerio de Capital Humano consolidó las funciones de cinco antiguos ministerios (Trabajo, Educación, Cultura, Desarrollo Social y Mujer y Diversidad de Género).

Para combatir la inflación, el Gobierno aplicó una estrategia dual. En primer lugar, la estrategia de un ancla fiscal, que se tradujo en recortes drásticos del gasto público, incluida la suspensión total de las obras públicas. En segundo lugar, se instituyó un ancla cambiaria, es decir, se restableció el carry trade al tiempo que se controlaba estrictamente el mercado de divisas para gestionar las tasas de devaluación.2 Paralelamente, el Gobierno de Milei promulgó cientos de medidas desreguladoras bajo la bandera de «refundar Argentina». La mayoría se consolidaron en dos iniciativas clave. En primer lugar, la «mega DNU» (en referencia a la DNU 70/2023) declaró una emergencia económica y otorgó al presidente amplios poderes ejecutivos. En segundo lugar, la «Ley de Bases» (Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) propuso enmiendas a más de seiscientas leyes vigentes. Cabe destacar que ambas medidas fueron redactadas por importantes bufetes de abogados que representan al capital nacional e internacional, reestructurando fundamentalmente la normativa empresarial a su favor. Las reformas facilitaron transferencias masivas de riqueza del Estado a las empresas, al tiempo que desmantelaron las restricciones normativas a la acumulación de capital en Argentina.

La validez jurídica tanto del decreto DNU como de la Ley Ómnibus (o Ley de Bases) dependía totalmente de la aprobación del Congreso, que representaba el único mecanismo constitucional que podía invalidar estas medidas. A pesar de controlar una representación legislativa mínima, el Gobierno consiguió su aprobación mediante la presión política y económica directa ejercida por los principales intereses corporativos sobre los legisladores de casi todo el espectro político, excepto las facciones de izquierda, muy reducidas, y la mayoría de los representantes del kirchnerismo (alrededor del 35 % del electorado). Esta maniobra garantizó que el DNU siguiera en vigor y permitió que se aprobara una versión de la Ley Ómnibus con modificaciones menores en julio de 2024. La legislación declaró el estado de emergencia durante un año en los sectores administrativo, económico, financiero y energético, al tiempo que estableció un Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que ofrece importantes beneficios fiscales, legales y monetarios a los grandes inversores extranjeros (más de 200 millones de dólares). Al mismo tiempo, se inició una privatización generalizada de los activos estatales y se implementaron reformas laborales que favorecían explícitamente al capital frente a los trabajadores, incluyendo la ampliación de los períodos de prueba, la eliminación de las sanciones por el impago de las cotizaciones patronales y la creación de una nueva clasificación de «trabajador independiente» que permite a las empresas contratar hasta tres trabajadores sin reconocerles los derechos laborales formales.

El desmantelamiento sistemático de las protecciones sociales se extendió a múltiples sectores: se congelaron los pagos de las pensiones y, como resultado, se perdió más de 10 000 millones de pesos en valor real debido a la inflación en un solo año; los presupuestos universitarios se fijaron en los niveles de financiación de 2023; y el sistema sanitario asistió al cierre de instituciones emblemáticas como el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, junto con despidos masivos y una grave escasez de medicamentos contra el VIH y el cáncer, lo que culminó con la retirada de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.3 La investigación científica sufrió la cancelación de asignaciones de fondos y la suspensión de subvenciones, mientras que los medios de comunicación públicos se enfrentaron a una censura abierta, la persecución de periodistas y el cierre de organismos estatales, incluido el servicio nacional de noticias, TELAM. Los sindicatos combativos sufrieron una represión sistemática destinada a debilitar las protecciones de los trabajadores.

Las consecuencias económicas resultaron especialmente graves durante el primer año de la administración, con una contracción de la actividad de la construcción del 18 %, una disminución de la producción industrial del 10 % y una caída del comercio del 8 %. El gasto de los consumidores cayó a mínimos históricos desde el inicio de la pandemia. Los salarios y las pensiones del sector público perdieron más del 20 % de su poder adquisitivo, mientras que las tasas de pobreza e indigencia aumentaron drásticamente. Hoy en día, dos tercios de los niños argentinos menores de 14 años viven en la pobreza. Ante el creciente malestar social, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad dirigido por la ex candidata presidencial convertida en fiel aliada, Patricia Bullrich, aplicó medidas represivas basadas en la «Doctrina Chocobar», que autoriza a las fuerzas de seguridad a portar armas de fuego y spray pimienta en las manifestaciones, al tiempo que les concede amplia discrecionalidad para reprimir las «amenazas inminentes» percibidas. Esta política dio lugar a frecuentes represiones violentas de las protestas, con numerosas detenciones y heridos, lo que constituye una clara estrategia para reprimir la disidencia mediante la violencia institucional.

El agresivo ajuste económico del Gobierno sí produjo algunos resultados positivos, en particular en el control de la inflación. Tras un repunte inicial del 25,5 % mensual provocado por la devaluación de la moneda, la eliminación de subsidios y las medidas de desregulación, la inflación se redujo gradualmente hasta aproximadamente el 2,4 % mensual en febrero de 2025. Sin embargo, esta estabilización sigue siendo precaria, ya que su sostenibilidad depende totalmente de la capacidad del Gobierno para garantizar una entrada suficiente de dólares para satisfacer múltiples demandas contrapuestas: obligaciones de deuda, operaciones de carry trade, contención de la fuga de capitales, financiación de las importaciones, necesidades del sector turístico y mantenimiento del tipo de cambio.

Para hacer frente a esta escasez de dólares, la administración puso en marcha varias estrategias con distintos grados de éxito. La medida más eficaz resultó ser un programa de blanqueo de capitales para personas adineradas que habían enviado su dinero al extranjero, que ofrecía una amnistía fiscal para cantidades de hasta 100 000 dólares estadounidenses y una escala progresiva para sumas mayores, lo que generó una extraordinaria entrada de 23 000 millones de dólares. Además, el Gobierno logró un superávit comercial de 18 900 millones de dólares en 2024, debido a un aumento del 19,4 % en las exportaciones y una caída del 17,4 % en las importaciones como resultado de la disminución del gasto de los consumidores. El Gobierno también registró un superávit de casi 5,7 millones de dólares en las exportaciones de petróleo, el más alto de los últimos dieciocho años, que fue el resultado de inversiones anteriores realizadas por otros gobiernos que maduraron en este período. Por el contrario, a pesar del establecimiento del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, el volumen de inversión extranjera directa fue de solo 89 millones de dólares, el más bajo desde la crisis de convertibilidad de 2002.

A pesar de las importantes sumas obtenidas, el Gobierno no logró un aumento significativo de las reservas internacionales brutas a lo largo de su mandato. Al asumir el cargo en diciembre de 2023, las reservas brutas ascendían a aproximadamente 21 000 millones de dólares, pero en marzo de 2025 seguían por debajo de los 24 000 millones, lo que supone un aumento marginal a pesar de los amplios ajustes económicos y las importantes entradas de dólares. Al mismo tiempo, la deuda pública (denominada tanto en pesos como en dólares) aumentó en el equivalente a 92 000 millones de dólares durante los primeros dieciséis meses de la administración del presidente Milei.

Por si esta situación no fuera suficiente, la crisis económica y social también se convirtió en una crisis política. El 14 de febrero de 2025, el presidente Milei promovió a través de sus redes sociales la creación de una criptomoneda llamada $LIBRA mediante un tuit. En pocas horas, más de cuarenta mil inversores invirtieron en el proyecto, lo que provocó que el precio de $LIBRA, que había comenzado en 0,000001 dólares, superara los 5 dólares. En ese momento, un grupo de inversores aparentemente vinculados al presidente vendió sus reservas de criptomonedas, lo que hizo que el precio se desplomara. La estafa se consumó y, en solo unas horas, los autores se llevaron alrededor de 200 millones de dólares. Las críticas no se hicieron esperar y se produjo una ola mundial de repudio al presidente y a la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, hermana del presidente, que al parecer había participado en el proceso. Como resultado de esta acción, el Gobierno sufrió una de las primeras crisis graves de confianza en su mandato y comenzó a recibir denuncias penales por estafa en Estados Unidos, Europa y Argentina; el propio poder legislativo inició negociaciones para investigar los posibles delitos cometidos por el presidente.

Para empeorar las cosas, la inflación alcanzó el 3,7 % mensual en marzo de 2025, con un aumento de casi el 6 % en los precios de los alimentos y las bebidas. El Gobierno perdió el único activo político que había construido: la reducción de la inflación. Como era de esperar, se produjo una carrera por conseguir divisas extranjeras, lo que obligó al Gobierno a intervenir en el mercado de divisas con un coste astronómico de 400 millones de dólares diarios en reservas para estabilizar la situación.

El eterno regreso del FMI

Con las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para octubre de 2025 y la crisis agravándose rápidamente, el Gobierno, ante la fuerte caída de las reservas, se vio obligado a recurrir una vez más al FMI. Como informamos anteriormente, Argentina tiene un largo historial de préstamos del FMI; la última deuda contraída con la organización fue de alrededor de 44 000 millones de dólares, en un préstamo que eludió todas las normas internas de la organización, así como las nacionales, y superó en más de un 1000 % la cuota de préstamo que el país podía recibir.4 Gracias de nuevo a la intervención del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que fue fundamental para garantizar el préstamo concedido en 2018, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo de cuarenta y ocho meses para Argentina por un total de 20 000 millones de dólares (o el 479 % de la cuota del país), con un desembolso inmediato de 12 000 millones de dólares y una primera revisión prevista para junio de 2025, con un desembolso asociado de unos 2000 millones de dólares. El FMI está violando sus propias normas de préstamo con este préstamo y, como resultado, la organización internacional se ha convertido en el principal acreedor de Argentina.

A cambio del préstamo, la organización internacional exige al país profundas reformas estructurales para garantizar el eventual reembolso de la deuda, en línea con el Consenso de Washington. Concretamente, el FMI exige una devaluación de la moneda mediante la aplicación de un régimen de tipo de cambio flotante, que permitiría que el dólar fluctuara entre 1000 y 1400 pesos. El objetivo es ampliar la banda actual en un 1 % cada mes. El Gobierno argentino y el FMI afirman que esto permitirá alcanzar finalmente un «tipo de cambio totalmente flexible en el contexto de un sistema bimonetario, en el que coexisten el peso y el dólar estadounidense». 5 Además, insiste en una reforma integral de las pensiones, la desregulación del mercado laboral, la (mayor) privatización de las empresas estatales, la liberalización económica, la desregulación del mercado y la eliminación de los controles de capital (el «cepo cambiario») que anteriormente impedían a los inversores extranjeros repatriar sus beneficios denominados en dólares. El plan prescrito por el FMI es una fórmula recurrente, y es probable que sus resultados sean tan perjudiciales para el bienestar de la población como en el pasado. Argentina no solo tendrá dificultades para hacer frente al servicio de su deuda actual, sino que también tendrá dificultades para reembolsar este nuevo préstamo.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado la negociación de una financiación adicional de 22 000 millones de dólares, de los cuales 10 000 millones procederán del Banco Interamericano de Desarrollo y los 12 000 millones restantes del Banco Mundial. Estos fondos tienen tres objetivos explícitos: en primer lugar, garantizar la continuidad de la actual administración y reforzar su rendimiento en las elecciones de mitad de mandato de octubre de 2025, asegurando así el apoyo legislativo necesario para impulsar su agenda política; en segundo lugar, proporcionar al Gobierno los recursos necesarios para intervenir en el mercado de divisas y estabilizar el tipo de cambio del peso frente al dólar; y, en tercer lugar, facilitar la fuga de capitales y la repatriación de beneficios por parte de las empresas multinacionales que operan en el país.

Milei tiene la suerte de que las considerables reservas de petróleo desarrolladas durante las administraciones anteriores están entrando ahora en producción y proporcionando nuevos fondos procedentes de las exportaciones. Las extensas reservas de litio en la parte noroeste del país también pueden resultar rentables. Pero pocos otros sectores productivos, incluidos la industria manufacturera y las vastas zonas agrícolas y ganaderas, podrán soportar las presiones financieras y políticas que está imponiendo el nuevo régimen. Por lo tanto, parece inevitable que continúe la crisis de empleo.

Tal y como se acordó, el primer desembolso de 12 000 millones de dólares del FMI llegó en abril de 2025 y sirvió para aumentar las reservas, que alcanzaron los 38 000 millones de dólares. Sin embargo, la persistente demanda de dólares y su drenaje debido a la fuga de capitales no cesó. Apenas unos meses después, en julio de 2025, el FMI tuvo que realizar un nuevo desembolso de 2000 millones de dólares. Ese mismo mes, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras su condena por administración fraudulenta. La expresidenta, que fue víctima de un intento de asesinato en septiembre de 2022 —un suceso que sigue sin resolverse debido a la aparente falta de interés en investigar el incidente—, es al mismo tiempo objeto de una forma totalmente ilegítima de persecución política a través del sistema judicial, conocida como lawfare. Esta estrategia sistemática, desplegada en momentos políticos clave, como los periodos preelectorales o los momentos decisivos para la legitimidad de diversos gobiernos, ha sido el mecanismo de persecución aplicado en los países latinoamericanos contra los líderes que han defendido la soberanía y la autonomía de sus pueblos. Su objetivo último es socavar el potencial futuro de retorno de esos gobiernos e intimidar a cualquier posible oposición a las políticas neoliberales.6

Como viene siendo habitual, el gobierno de Milei sigue incumpliendo varios de los objetivos establecidos por el FMI, que, presionado por la administración Trump, hace la vista gorda ante estos incumplimientos y sigue proporcionando nueva deuda. Entre los principales incumplimientos, cabe destacar que el Gobierno no ha cumplido los objetivos acordados de acumulación de reservas, ha intervenido activamente en múltiples ocasiones en el mercado de divisas a través de la venta de dólares por parte del Tesoro para controlar el tipo de cambio, y tampoco cumplirá las proyecciones establecidas para la cuenta corriente de la balanza de pagos para 2025. La lógica de estas desviaciones, en el marco de la precaria situación económica y financiera en la que se encuentra Argentina, demuestra que el acuerdo con el FMI no es técnico, sino meramente político.

Las razones no solo se encuentran en el deseo de la administración Trump y del FMI de apoyar a un gobierno de derecha con inclinaciones ideológicas similares, sino que, fundamentalmente, el apoyo debe interpretarse desde una perspectiva geopolítica y en el marco de la disputa que el gobierno de Estados Unidos ha estado librando contra China. Argentina es un país extremadamente rico en recursos naturales y, en los últimos meses, recibió la visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Alvin Hosley, a la provincia de Tierra del Fuego. En la ciudad más austral del mundo, el Gobierno estadounidense ha presionado con éxito a Milei para que detenga todas las inversiones en infraestructura que está llevando a cabo China, ha obtenido permiso para instalar una base militar en Ushuaia, considerada la puerta de entrada al continente «desmilitarizado» de la Antártida, y ha reactivado un radar de alta potencia que opera bajo el control del capital británico (que también sigue ocupando ilegalmente territorio argentino: las islas Malvinas). Estados Unidos tiene planes de desarrollar una base de submarinos nucleares en el país.

Esto, por supuesto, viola todos los principios de soberanía y demuestra claramente el papel instrumental del Fondo como garante y defensor de los intereses estadounidenses. La falta de recursos financieros ha alcanzado niveles dramáticos en el país, y el saqueo de la propiedad es extraordinario incluso para los estándares argentinos. Está claro que el emperador no tiene ropa. Argentina se está convirtiendo en un ejemplo paradigmático de la reestructuración (neo)liberal, mientras que el presidente Milei apuesta por que estos nuevos «salvavidas» financieros le proporcionen el colchón necesario para capear la próxima campaña política. La pregunta pendiente sigue siendo: ¿serán capaces las fuerzas sociales concertadas de estar a la altura del desafío de recuperar su larga historia de lucha? Cada vez parece más probable que la respuesta sea afirmativa.

Mientras preparamos este ensayo para su publicación, los acontecimientos en Argentina están evolucionando rápidamente. Incluso mientras se prepara para otra visita a la Casa Blanca, junto con su hermana Karina, que está eludiendo una citación formal para comparecer ante el Congreso y explicar su participación en los escándalos de $LIBRA y la Secretaría de Discapacidad, el presidente Milei está sufriendo un importante rechazo por parte de un Congreso menos complaciente, junto con manifestaciones cada vez más militantes en muchas partes del país. Sufrió una importante derrota electoral en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires en septiembre de 2025. En respuesta, Estados Unidos se ha unido al FMI para responder con un «paquete de rescate» que promete 20 000 millones de dólares adicionales, junto con la exigencia de que se eliminen los impuestos a las exportaciones de cereales a China (¡lo que perjudica directamente al sector agrícola estadounidense!), así como la flexibilización de las restricciones a la fuga de capitales por parte de los inversores extranjeros. Además, incluye un plan más detallado para la instalación de una base militar estadounidense en el territorio más meridional del país. Estados Unidos también espera obtener acceso privilegiado a importantes yacimientos minerales en el sur del país. Aunque esto supone un breve respiro para el Gobierno de Milei en vísperas de las elecciones de octubre, la mayoría de los analistas políticos (tal y como se refleja en la prensa estadounidense, así como en los principales medios de comunicación argentinos) consideran que la población no se dejará engañar tan fácilmente. Así pues, reflexionando sobre la pregunta que planteábamos al final de nuestro artículo, parece que las fuerzas sociales están empezando a recuperar el orgulloso legado de lucha que ha caracterizado a Argentina durante tanto tiempo.

Notas

  1. David Barkin y Juan Santarcángelo, «El FMI y la lucha de clases en América Latina: revelando el papel del FMI», Monthly Review 76, n.º 1 (mayo de 2024): 49-60.
  2. El «carry trade» es una inversión financiera que consiste en obtener beneficios del comercio entre divisas. Por lo general, lo que se hace hoy en día en Argentina es lo siguiente: supongamos que un inversor tiene 1000 dólares estadounidenses. Con ellos, el inversionista compra pesos al tipo de cambio oficial, digamos, 1000 pesos por 1 dólar, y obtiene 1 000 000 de pesos. A continuación, el inversionista invierte esos pesos en algún instrumento financiero (por ejemplo, bonos, plazos fijos o fondos de inversión) y obtiene en seis meses un rendimiento del 20 % en pesos. Pasados los seis meses, el inversionista retira los 1 200 000 pesos y los cambia por dólares al tipo de cambio oficial (1000 pesos equivalen a 1 dólar), obteniendo así 1 200 000 dólares y un rendimiento del 20 % en dólares estadounidenses. La rentabilidad es extraordinaria, pero solo puede funcionar a corto plazo, ya que implica una continua salida de dólares que el Gobierno debe proporcionar.
  3. En abril de 2025, la pensión mínima solo cubría el 30,5 % de la cesta básica de alimentos.
  4. Barkin y Santarcángelo, «El FMI y la lucha de clases en América Latina».
  5. Michael Roberts, «Argentina: del anarcocapitalismo a la austeridad», 15 de abril de 2025, thenextrecession.wordpress.com.
  6. Para más detalles, véase Baltasar Garzón, Gisele Ricobom y Silvina Romano (coords.), OBJETIVO:CRISTINA: El lawfare contra la democracia en Argentina (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, 2023).

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3. Las pruebas nucleares estadounidenses.

Con Trump uno nunca sabe si sus declaraciones se basan en el desconocimiento o son puras provocaciones, pero desde el Boletín de Científicos Atómicos escriben sobre us propuesta de «probar armas nucleares», signifique eso lo que signifique.

https://mronline.org/2025/11/11/the-experts-respond-to-trumps-proposal-to-start-testing-our-nuclear-weapons-on-an-equal-basis/

Los expertos responden a la propuesta de Trump de «comenzar a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones»

Publicado originalmente: Boletín de Científicos Atómicos el 30 de octubre de 2025 por Dan Drollette Jr

El presidente Donald Trump escribió en Truth Social, su red social, que había dado instrucciones al Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa) para que volviera a realizar «pruebas nucleares», aunque no está claro si se refería a pruebas de sistemas de lanzamiento nuclear (como cohetes) o a pruebas de dispositivos explosivos nucleares (las propias bombas). Se trata de dos cosas muy diferentes que Trump parece confundir.

En palabras del destacado experto en armas nucleares Hans Kristensen, de la Federación de Científicos Americanos (uno de los principales autores de la columna «Nuclear Notebook», que se publica regularmente en el Boletín de los Científicos Atómicos): «Es difícil saber qué quiere decir. Como de costumbre, no es claro, se contradice y se equivoca». A continuación, Kristensen entra en detalles y desmiente una serie de afirmaciones de Trump en su publicación en las redes sociales. Por ejemplo, la afirmación inicial de Trump de que «Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluida una actualización y renovación completas de las armas existentes, durante mi primer mandato…» es simplemente falsa.

Como señala Kristensen, Rusia tiene más armas nucleares que Estados Unidos. Y la afirmación de Trump sobre «una actualización y renovación completas de las armas existentes» también es rotundamente errónea. En palabras de Kristensen

El programa de modernización nuclear actualmente en curso fue iniciado por Obama, Trump no lo terminó y continuará durante otras dos décadas.

A continuación, Kristensen procede a corregir o aclarar en ocho publicaciones relacionadas las muchas otras declaraciones erróneas realizadas por el presidente en la publicación de Trump en Truth Social. Por ejemplo, incluso si China aumentara drásticamente el número de sus ojivas, eso seguiría siendo menos de un tercio de lo que ya tienen Estados Unidos y Rusia.

Y, como señala Kristensen, Estados Unidos ya prueba sus misiles (sin cargas nucleares) para garantizar que puedan lanzarse de forma segura y correcta:

Si por pruebas se refiere [Trump] a pruebas con explosivos nucleares, eso sería imprudente, probablemente imposible durante 18 meses, costaría dinero que el Congreso tendría que aprobar y sin duda provocaría pruebas nucleares por parte de Rusia y China, y probablemente también de India y Pakistán. A diferencia de Estados Unidos, todos estos países tendrían mucho que ganar con la reanudación de las pruebas. Ha habido rumores ocasionales de que Rusia y China podrían haber realizado pruebas de muy bajo rendimiento, pero no tengo conocimiento de ningún informe que indique que hayan llevado a cabo explosiones nucleares significativas.

El proceso de reanudación de las pruebas no sería tan rápido como sugiere Trump; la Casa Blanca tendría que ordenar al Departamento de Energía de Estados Unidos que ordenara a nuestros laboratorios nucleares nacionales que comenzaran a prepararse para una prueba de ojivas nucleares. Y dado que Estados Unidos no cuenta actualmente con un programa de pruebas de explosiones nucleares, el Congreso tendría que asignar los fondos necesarios.

Además, Kristensen señala que «sería costoso y llevaría tiempo: una simple explosión requiere entre 6 y 10 meses, una prueba con todos los instrumentos necesarios entre 24 y 36 meses, y una prueba para desarrollar una nueva ojiva nuclear unos 60 meses».

Por si acaso Trump realmente está hablando de probar un dispositivo explosivo nuclear, probablemente sea un buen momento para volver a leer el número de marzo de 2024 de Bulletin, «¿El regreso de las pruebas nucleares?», que expone los numerosos efectos negativos de las pruebas nucleares. En ese número, el veterano reportero de seguridad nacional Walter Pincus explica exactamente lo que experimentan quienes viven en un lugar elegido para las pruebas en «Los horrores de las pruebas con armas nucleares». Hoy en día, la gente parece haber olvidado —si es que alguna vez lo supo— lo que puede hacer un solo arma nuclear. Los habitantes de las Islas Marshall, cuyo hogar se convirtió en un campo de pruebas nucleares, sin duda nunca lo han olvidado.

Más allá de eso, hay muchas razones para mantener la prohibición de los ensayos nucleares, a pesar de que Rusia, China y Estados Unidos han mantenido sus centros de ensayo preparados para una posible reanudación de los ensayos a gran escala de dispositivos explosivos nucleares, por si acaso. El eminente investigador Pavel Podvig profundiza en este tema en su ensayo del Boletín, «Preservar la prohibición de los ensayos nucleares después de que Rusia revocara su ratificación del TPCEN».

Y algo que parece pasarse por alto es que Estados Unidos se ha beneficiado de la prohibición de los ensayos tanto como cualquier otro país. En consecuencia, la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares consolidaría la ventaja estadounidense en materia de conocimientos y experiencia nucleares y dificultaría que otros Estados desarrollaran armas nucleares más sofisticadas, como señala el experto de la Universidad de Stanford Steven Pifer en «La lógica de la ratificación por parte de Estados Unidos del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares».

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4. Objetivos del asalto de Trump a la Reserva Federal.

Un repaso a los intentos de acabar con la independencia de la la Reserva Federal con el objetivo de subordinarla a los objetivos económicos de Trump.

https://newleftreview.org/sidecar/posts/fiscal-dominance

¿Dominio fiscal?

Martijn Konings

12 de noviembre de 2025

Trump está decidido a someter a la Reserva Federal. Durante el verano, logró colocar a uno de sus principales asesores económicos, Stephen Miran, en la Junta de Gobernadores, intentó destituir a otra gobernadora, Lisa Cook, e intensificó su larga disputa con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El propio Trump nombró al banquero de inversión republicano en 2018, pero desde que fue reelegido se ha sentido exasperado por el compromiso de Powell de proteger al banco central de las interferencias políticas. ¿Cómo debemos entender la campaña de presión de Trump contra la Reserva Federal? ¿Cuáles podrían ser sus efectos en la formulación de políticas económicas? ¿Y cómo debería responder la izquierda?

El objetivo inmediato de Trump es bajar los tipos de interés —lo que, en su opinión, Powell ha estado haciendo demasiado lentamente— con el fin de estimular el crecimiento económico y reducir el coste de la deuda pública. La Reserva Federal ha actuado con cautela porque una reducción drástica de los tipos a corto plazo aumentaría la inflación —que actualmente se sitúa en el 3 %, por encima de su objetivo del 2 %, y sigue subiendo—, lo que minaría la confianza de los inversores y haría subir los tipos a largo plazo. Por lo tanto, la obsesión de la Administración por reducirlos no tiene mucho sentido, a menos que se considere parte de una ofensiva más amplia para controlar la política monetaria. Esto podría incluir manipular las métricas de inflación (la Administración ha mostrado una propensión a manipular los datos u obstaculizar su recopilación) o alguna versión de control de precios («acuerdos» por los que se ofrecen favores políticos y económicos a industrias clave a cambio de moderar los aumentos de precios). Sin embargo, lo más importante es que el programa de flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal sirve para poner un suelo a los valores de los activos, mientras que su impacto en la inflación de los precios al consumo es mucho menos directo. El control sobre esto —y su reutilización para promover los intereses alineados con MAGA— es el verdadero premio.

La semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insinuó que la obstinación del banco central era en parte responsable de las tendencias recesionistas visibles en algunos sectores de la economía. También ha recurrido a las páginas del Wall Street Journal para atacar la flexibilización cuantitativa, acusando al banco central de haberse convertido en un «respaldo de facto para los propietarios de activos» que enriquece a los inversores a expensas del resto de la sociedad. La administración Trump, afirma Bessent, quiere revertir esa «desviación de la misión» y restablecer el enfoque exclusivo de la Fed en la estabilidad financiera. Los comentaristas liberales se han apresurado a salir en su defensa, considerando los ataques de la administración Trump como otro frente en su campaña contra las normas e instituciones políticas. Paul Krugman, por ejemplo, denunció la intervención de Bessent como «vil, solapada y sórdida», insistiendo en que la flexibilización cuantitativa era la única forma en que la Reserva Federal podía mantener a flote la economía tras la crisis financiera de 2008. Krugman tiene razón en que la política no fue una conspiración. Sin embargo, las desigualdades inherentes a la lógica de la estabilización macroeconómica significan que el espectacular crecimiento de la red de seguridad financiera engrosó los bolsillos de la clase rica en activos, mientras que dejó a la clase media fuera del acceso a la propiedad de la vivienda.

Por muy acertada que sea en sí misma, la sinceridad de la crítica de Bessent es sin duda cuestionable. Es difícil creer que el secretario del Tesoro, un antiguo gestor de fondos de cobertura que, con un patrimonio neto estimado de al menos 600 millones de dólares, es uno de los miembros más ricos del gabinete más rico de la historia de Estados Unidos, esté perdiendo el sueño por el aumento de la desigualdad. Y es evidente que su opinión sobre los rescates varía en función de los beneficiarios. Cuando estos incluyen a un espíritu político afín como el presidente Milei, junto con colegas de fondos de cobertura que han invertido fuertemente en el peso argentino, él se muestra a favor. Por el contrario, cuando se le preguntó cuál sería su respuesta si la ciudad de Nueva York necesitara ayuda federal mientras el nuevo alcalde Zohran Mamdani intenta solucionar la crisis del coste de la vida, citó el mensaje de Gerald Ford a la ciudad hace medio siglo: «Vete al infierno».

En el centro del conflicto se encuentra una diferencia clave entre los enfoques de la socialización del riesgo. Cuando una empresa o un sector se ve sometido a presión, la principal preocupación de la Reserva Federal es la amenaza sistémica que supone, incluso si las medidas de estabilización benefician en primer lugar a los que son demasiado grandes para quebrar. La administración, por el contrario, está más interesada en un enfoque discrecional y basado en el clientelismo. Aunque más selectivo, este último no es necesariamente más barato. Por ejemplo, la Fed podría querer abordar el estallido casi inevitable de la burbuja de la inteligencia artificial de la misma manera que gestionó el fin de la era puntocom: proporcionando una amplia liquidez, pero aceptando, no obstante, la depreciación sustancial de muchos activos tecnológicos. Es probable que la Administración quiera ofrecer mucho más, ya que las empresas tecnológicas se han convertido en aliadas clave, con funciones estratégicas tanto en la maquinaria mediática de MAGA como en la expansión de la vigilancia y las capacidades militares.

Sería difícil para el Tesoro organizar por sí solo tales intervenciones. Incluso en circunstancias normales, se requiere el apoyo activo de la Reserva Federal para mantener un «mercado ordenado» de deuda pública, y ahora tendría que financiar déficits federales propios de tiempos de guerra. El aumento drástico del endeudamiento público también alejaría aún más a los defensores del déficit cero, que siguen siendo un grupo poderoso en el Congreso. Por lo tanto, el Tesoro de Trump necesita a la Fed. La aspiración de Bessent no es un banco central reducido, como sugiere su retórica, sino uno que ejerza sus poderes para promover las prioridades del ejecutivo.

Ese «dominio fiscal» es anatema para los economistas convencionales. La crítica de Krugman a la desconexión entre el diagnóstico de Bessent —la Fed ha sido capturada por intereses especiales— y su solución —poner a la Reserva Federal en la órbita del poder ejecutivo— es perfectamente correcta. Pero podemos rechazar la solución de Bessent sin subirnos a la barricada para defender una idea ingenua y engañosa de la independencia de la Fed, que pasa por alto la imbricación de su aparato de estabilización con los mayores balances de Wall Street. Hacerlo solo da fuerza al programa MAGA: la gente corriente desconfía de las afirmaciones de neutralidad de la Fed, y con razón.

El principio de independencia del banco central se remonta al «acuerdo» de 1951, cuando la Reserva Federal se aseguró el derecho a aumentar los tipos de interés incluso cuando tales medidas estaban destinadas a elevar los costes de financiación del Tesoro. No obstante, el estatus de esa norma siguió siendo incierto durante varias décadas: la Fed tenía más margen para combatir la inflación, pero seguía muy atenta al coste de la financiación pública, así como a las preocupaciones de los presidentes por el crecimiento y el empleo. A finales de la década de 1970 se produjo un cambio decisivo cuando Jimmy Carter cedió las riendas monetarias a Paul Volcker, quien pronto declaró que iba a frenar el crecimiento de la oferta monetaria y dejar que los tipos de interés subieran hasta el nivel necesario para reducir la inflación —en aquel momento muy por encima del 10 %—, ignorando las súplicas de los grupos de interés, incluidos los políticos. Sin embargo, como han señalado los críticos desde hace tiempo, la independencia del banco central siempre fue más un mito que una realidad, y el enfoque tecnocrático en la estabilidad difícilmente tuvo efectos neutrales, como lo demuestra la grave recesión provocada por la agresiva política de endurecimiento de Volcker. A pesar de que la Reserva Federal se volvió más autónoma, las medidas de estabilización financiera que desarrolló protegieron a los bancos de importancia sistémica: el Estado rescatador, que alcanzó nuevas proporciones tras la crisis financiera con el giro hacia la compra de activos a gran escala.

El mandato de Powell expira en mayo del año que viene, y en los próximos meses Trump nombrará a un sucesor que, espera, sea más receptivo a sus deseos. Bessent está entrevistando actualmente a los candidatos. Uno de los favoritos es Kevin Warsh, un confidente de Bessent. Warsh, que se presenta a sí mismo como un Volcker actual, cree que un banco central centrado exclusivamente en controlar el crecimiento de la oferta monetaria gozará de un nivel de credibilidad que, naturalmente, producirá tipos más bajos. Sin embargo, las esperanzas de que se repita la Gran Moderación —la era de tipos de interés bajos que siguió al mandato de Volcker— están abocadas al fracaso. La conquista de la inflación en los años ochenta dependió en gran medida de una serie de acontecimientos: la destrucción de los sindicatos, el auge de China como proveedor de importaciones de bajo coste y la capacidad de los mercados financieros para absorber la liquidez y evitar que «persiguiera unos bienes demasiado escasos» y empujara al alza los precios al consumo. Quizás Warsh sea consciente de ello, lo que explicaría por qué, en realidad, no prevé que se repita la terapia de choque. Por el contrario, ha indicado que, dado que las políticas de flexibilización cuantitativa del banco central significan que, en la práctica, está jugando en el terreno de la política fiscal, el Tesoro tiene a su vez derecho a una voz fuerte en la gestión del balance de la Reserva Federal. El nuevo «acuerdo» que prevé establecería una mayor coordinación —y no menor, como en 1951— entre el Tesoro y la Fed.

Trump podría optar por un leal como Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, que cumplirá sus órdenes por razones más sencillas. Otro candidato, Christopher Waller, cuenta con el favor de la mayoría de los economistas por sus credenciales ortodoxas y su experiencia, aunque se ha esforzado por señalar que estas no serán un obstáculo para llevar a cabo las preferencias políticas del presidente. Y luego están los rumores de que Trump está barajando la idea de seleccionar al propio Bessent, lo que sería la forma más enfática de comunicar que las arcas públicas y la infraestructura financiera de la nación ya no están bajo autoridades separadas. Sea cual sea el resultado del proceso, es difícil imaginar que cualquier nuevo presidente que no siga fielmente las órdenes de Washington permanezca en el cargo durante mucho tiempo.

El ataque de Trump a la Fed es otra variante de una estrategia habitual de MAGA: avivar el sentimiento promercado y antisistema para reforzar las prerrogativas ejecutivas. Esta artimaña política siempre desorienta, pero en pocos ámbitos los progresistas han perdido tanto el rumbo a la hora de formular una respuesta convincente. Con unos impulsos autoritarios mucho más pronunciados en la segunda administración Trump, la independencia del banco central se ha convertido en un importante punto de encuentro, otra ocasión para reafirmar el valor de la experiencia apolítica. Sin embargo, considerar esto como una estrategia política viable requiere pasar por alto las formas en que las políticas de estabilización de la Reserva Federal han impulsado la polarización económica extrema que ha sido un terreno tan fértil para la derecha populista.

No hay nada contradictorio en tratar de arrebatar el control de la infraestructura financiera del país tanto al complejo «demasiado grande para quebrar» de Wall Street como a las ambiciones de los gobiernos autoritarios. Pero una política que combine esos objetivos, creando instituciones que hagan que la gestión monetaria dependa de la legitimación democrática, parece fuera de alcance por ahora. Las largas secuelas de la crisis financiera han llevado al movimiento de Trump a comprender que, para ser verdaderamente transformador, necesitará controlar la política monetaria. A medida que el gigante MAGA hace cada vez más incoherente una política centrada en la defensa del statu quo, se acaba el tiempo para que su oposición aprenda la misma lección.

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5. Conferencia de Historical Materialism en Londres.

Primera parte de la crónica de Michael Roberts de la reciente conferencia de Historical Materialism celebrada en Londres, con las intervenciones que más le interesaron.

https://thenextrecession.wordpress.com/2025/11/11/historical-materialism-2025-part-one-imperialism-and-war/

Historical Materialism 2025, primera parte: imperialismo y guerra

Cada año, la revista Historical Materialism celebra una conferencia en Londres. A ella acuden (en su mayoría) académicos y estudiantes para debatir sobre la teoría marxista y criticar el capitalismo.

Este año, la conferencia contó con una gran asistencia y fue la mejor organizada hasta la fecha. Hubo una gran variedad de sesiones y plenarias sobre economía, cultura, tecnología, imperialismo, guerra y cuestiones de género. Hubo muchas «corrientes» de presentaciones sobre fascismo, tecnología (IA), imperialismo, cambio climático y, por supuesto, teoría marxista. No podía estar en dos sitios a la vez y revisar todas las ponencias, por lo que mi cobertura de la conferencia estará sesgada por mis propias preferencias.

Autor: admin

Profesor jubilado. Colaborador de El Viejo Topo y Papeles de relaciones ecosociales.

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