Del compañero Carlos Valmaseda, miembro de Espai Marx.
1.Guía de uso de la biblioteca
Ya no se hacen guías de uso de las bibliotecas como las de antes: grabadas en piedra. Eso sí, cada vez que había cambio de horario, necesitabas un picapedrero:
Una inscripción de la Biblioteca de Pantainos en Atenas señala las normas de la biblioteca hacia el año 100 de nuestra era: «No se puede sacar ningún libro porque lo hemos jurado. [La biblioteca] debe estar abierta desde la primera hora hasta la sexta».
Museo Ágora, Atenas
Fuente: https://twitter.com/
2. Más sobre el debate colapsista.
Esta vez, desde la perspectiva de las grandes instalaciones de energías ‘verdes’.
El debate sobre la transición energética en los movimientos sociales: discrepancias y coincidencias
El debate sobre la transición energética en los movimientos sociales: discrepancias y coincidencias
Para los sectores más conservacionistas, los macroparques amenazan la biodiversidad y la cultura rural. Otros señalan que estas grandes instalaciones son necesarias para evitar el desastre climático
Daniel López Marijuán 16/12/2022
Una fuerte controversia atraviesa el posicionamiento de los movimientos ecologistas y vecinales sobre el desarrollo y la implantación de los parques de energías renovables, fotovoltaicos y eólicos, sobre todo.
En la posición de los sectores más conservacionistas, la forma en que se están llevando a cabo supone una amenaza para la biodiversidad, el paisaje y la cultura rural. Además, consideran que la generación distribuida (generación de energía eléctrica por medio de muchas pequeñas fuentes en lugares lo más próximos posibles a las cargas), utilizando espacios degradados, industriales y con paneles solares en los techos, podría proveer de electricidad sin necesidad de “macroparques”, mediante el autoconsumo y las comunidades energéticas de energías renovables.
En la posición contraria, asumiendo también que el actual modelo de implantación no es sostenible (“energía sí, pero no así”) y defendiendo que hay que hacer una planificación y zonificación que sea vinculante, la prioridad en desarrollar proyectos de generación distribuida no puede ocultar que estos son insuficientes para la descarbonización, el abandono de la generación eléctrica nuclear y a partir del gas fósil, además de la urgencia en poder ofrecer compromisos de mitigación de GEI (gases de efecto invernadero), que nos permitan no sobrepasar los fatídicos 1,5 ºC, que nos abocaría al desastre climático.
Todos los intentos de acercamiento entre ambas posiciones han sido baldíos hasta la fecha, incluso en la solicitud de moratorias hasta poder disponer de esa planificación que todos reclamamos. Mientras que Aliente, la Alianza para la Defensa de la Energía y el Territorio, solicita moratorias generalizadas hasta poder disponer de una ordenación completa, muchos pensamos que esa paralización, aunque fuera temporal, supondría un hachazo para todo el sector de energías renovables, no solo empresarial, sino también en el ámbito laboral, que no se repondría de una parálisis de varios años como la que ya perpetró M. Rajoy con su impuesto al sol. El año pasado en España, la energía solar creó 31.500 puestos de trabajo, mientras que la energía eólica dio empleo a 23.900 personas, según datos de Irena, la Agencia Internacional de la Energía.
Ello no obsta que sea legítimo reclamar, en comarcas con sobresaturación de proyectos o con parques fotovoltaicos y eólicos indeseables, una moratoria circunscrita a esos ámbitos. Sin embargo, la denuncia de cómo se están fragmentando proyectos para intentar superar las evaluaciones de impacto ambiental de manera fraudulenta es ampliamente compartida, porque impide alcanzar una visión holística y una valoración de conjunto de proyectos que, aún sectorizados, son solo uno.
También coincidimos en la crítica a la iniciativa para que la Unión Europea impulse un reglamento de urgencia en la que los proyectos de renovables sean de “interés público superior”, saltándose trámites de evaluación de sus posibles efectos sobre la naturaleza. Como ha recordado el European Environmental Bureau (EEB), la nueva norma “restringe las evaluaciones ambientales que brindan salvaguardias sociales y de naturaleza fundamentales y propone medidas que modifican de facto la regulación ambiental fundamental de la UE”. Es cierto que la tramitación de muchos proyectos de renovables es farragosa y queda al albur de la capacidad técnica de las administraciones ambientales, pero esa inseguridad solo se resuelve con el rigor y la profesionalidad, dotando de buenos y adecuados técnicos a las comunidades autónomas y al Ministerio, y no rebajando la exigencia ambiental.
El actual debate entre los “colapsistas” y los “transicionistas” sobre la forma, los ritmos y las alianzas para asegurar el éxito en la imprescindible transición ecosocial también se ha visto reflejada en el ámbito de la transición energética. La dependencia de las instalaciones de energías limpias del suministro de elementos y materiales no renovables, sobre todo de las llamadas materias primas críticas, y el hecho de que muchos proyectos de energías renovables estén protagonizados por el oligopolio energético y los fondos de inversión hace arrugar el entrecejo a los acérrimos anticapitalistas. Es cierto que en una sociedad con equidad social, redistribución de la riqueza y poder popular, los intereses mercantiles deben estar subordinados al interés general, pero el problema es que ese modelo anti y poscapitalista todavía no ha llegado. En una jerarquía de actuaciones, son las alternativas comunitarias las que deben prevalecer, por encima incluso del sector público, pero mientras esa sociedad de la contención, el decrecimiento y la igualdad no esté operativa, debe intervenir la colaboración público-comunitaria, la público-privada y la estrictamente privada, siempre con esta jerarquía expresada. Además, tecnologías maduras dentro de las renovables, como la termosolar o la eólica marina, requieren de recursos financieros y económicos fuera del alcance de la sociedad civil organizada.
Existen muchos mitos sobre las renovables que quedan desmentidos cuando se contrastan con la realidad. El primero, que es posible una generación de energía 100% renovable (hablamos solo del sector eléctrico, un 23% de la energía final en España) sin almacenamiento: es imposible, por la propia variabilidad de muchas de las energías limpias. La fotovoltaica solo genera electricidad en horas diurnas, por lo que necesita ser complementada con otras que sí sean gestionables o almacenar esa energía producida. Las baterías siguen siendo muy caras y el H2 verde obtenido por electrólisis necesita alcanzar su listón de rentabilidad. Hibridarla con eólica es una buena idea, porque esta tiene su pico de producción en horas nocturnas. La biomasa para generación eléctrica sí es gestionable, pero los ecologistas tenemos serias reservas, por las emisiones no suficientemente controladas, por el tipo de combustible a emplear y porque entendemos que la biomasa debe tener un aprovechamiento preferentemente material por encima del energético. La hidráulica de grandes embalses ha agotado su capacidad, aunque incrementar la potencialidad del bombeo sí es razonable, recirculando el agua en horas valle. La termosolar es todavía cara, pero cuenta con la ventaja de ser gestionable con las sales fundidas, que pueden dar electricidad en ausencia de luz. La eólica marina, sobre todo flotante, posee grandes expectativas, si el Ministerio es capaz por fin de sacar los POEM, (Planes de Ordenación del Espacio Marino), que fijen con exactitud (y en este caso con carácter vinculante) las zonas aptas para aprovechar este recurso sin poner en riesgo los recursos vivos. La geotermia es la eterna olvidada, aunque la de baja y media entalpía (la que sirve para climatización) sí es un recurso sostenible y aprovechable. Otros recursos como la undimotriz de las olas o mareomotriz no han pasado de prototipos. En cambio, el potencial de la energía de las corrientes en el estrecho de Gibraltar es enorme y todavía no investigado.
La energía, junto al agua, la alimentación y la vivienda deben considerarse como recursos vitales, por lo que es un derecho que las políticas públicas deben garantizar y llevar a cabo. El problema lo tenemos con la total mercantilización que todos estos suministros básicos han sufrido, creando desigualdades y privaciones intolerables. Junto al poder de base y la emergencia de iniciativas de abajo arriba, necesitamos empresas públicas que protejan a los sectores más desfavorecidos y contrapesen el omnímodo poder del oligopolio energético.
Daniel López Marijuán pertenece a Ecologistas en Acción Andalucía. Área de energía, residuos y cambio climático.
3. Más sobre el Petroyuán.
Otra visión de los cambios en las finanzas y el sector energético. Esta de Pepe Escobar. Como siempre, mucho más ‘destroyer’.
Xi de Arabia y el impulso del petroyuan
Xi Jinping ha hecho una oferta difícil de ignorar para la Península Arábiga: China será comprador garantizado de vuestro petróleo y gas, pero pagaremos en yuanes.
Por Pepe Escobar 16 de diciembre de 2022
Sería muy tentador calificar al presidente chino Xi Jinping aterrizando en Riad hace una semana, recibido con pompa y circunstancia reales, como Xi de Arabia proclamando el amanecer de la era de los petroyuanes.
Pero es más complicado que eso. Por mucho que se aplique el cambio sísmico que implica el movimiento del petroyuan, la diplomacia china es demasiado sofisticada para entrar en una confrontación directa, especialmente con un Imperio herido y feroz. Así que aquí hay mucho más de lo que parece a simple vista.
El anuncio de Xi de Arabia fue un prodigio de delicadeza: se empaquetó como la internacionalización del yuan. A partir de ahora, dijo Xi, China utilizará el yuan para el comercio de petróleo, a través de la Bolsa Nacional de Petróleo y Gas de Shanghai, e invitó a las monarquías del Golfo Pérsico a subirse al carro. Casi el 80% del comercio mundial de petróleo sigue cotizándose en dólares estadounidenses.
Ostensiblemente, Xi de Arabia, y su nutrida delegación china de funcionarios y empresarios, se reunieron con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para promover un mayor comercio. Pekín prometió «importar petróleo crudo de manera constante y en grandes cantidades del CCG». Y lo mismo puede decirse del gas natural.
China es el mayor importador de crudo del planeta desde hace cinco años: la mitad procede de la península arábiga y más de una cuarta parte de Arabia Saudí. Así que no es de extrañar que el preludio de la fastuosa bienvenida de Xi de Arabia en Riad fuera un artículo de opinión especial en el que se ampliaba el ámbito comercial y se elogiaba el aumento de las asociaciones estratégicas/comerciales en todo el CCG, completado con «comunicaciones 5G, nueva energía, espacio y economía digital.»
El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, reafirmó la «elección estratégica» de China y Arabia Saudí. Se firmaron acuerdos comerciales por valor de más de 30.000 millones de dólares, muchos de ellos relacionados con los ambiciosos proyectos chinos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés).
Y eso nos lleva a las dos conexiones clave establecidas por Xi de Arabia: la BRI y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
Las Rutas de la Seda de Arabia
La BRI recibirá un serio impulso por parte de Pekín en 2023, con el regreso del Foro de la Franja y la Ruta. Los dos primeros foros bianuales tuvieron lugar en 2017 y 2019. En 2021 no se celebró nada debido a la estricta política china de «cero covid», ahora abandonada a todos los efectos prácticos.
El año 2023 está preñado de significado, ya que la BRI fue lanzada por primera vez hace 10 años por Xi, primero en Asia Central (Astana) y luego en el Sudeste Asiático (Yakarta).
La BRI no sólo encarna un complejo impulso comercial/de conectividad transeuroasiático de múltiples vías, sino que es el concepto global de la política exterior china al menos hasta mediados del siglo XXI. Así pues, se espera que el foro de 2023 traiga a primer plano una serie de proyectos nuevos y rediseñados adaptados a un mundo postcovita y endeudado, y sobre todo a la cargada esfera geopolítica y geoeconómica del atlantismo frente al eurasianismo.
También es significativo que Xi de Arabia en diciembre siguiera a Xi de Samarcanda en septiembre -su primer viaje al extranjero post-Covid, para la cumbre de la OCS en la que Irán se unió oficialmente como miembro de pleno derecho. China e Irán cerraron en 2021 un acuerdo de asociación estratégica de 25 años por un valor potencial de 400.000 millones de dólares en inversiones. Este es el otro nudo de la estrategia china en Asia Occidental.
Los nueve miembros permanentes de la OCS representan ya el 40% de la población mundial. Una de sus decisiones clave en Samarcanda fue aumentar el comercio bilateral, y el comercio en general, en sus propias monedas.
Y esto nos conecta aún más con lo que está ocurriendo en Bishkek, Kirguistán, en plena sincronía con Riad: la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia, el brazo ejecutor de las políticas de la Unión Económica de Eurasia (UEEA).
El Presidente ruso Vladimir Putin, en Kirguistán, no pudo ser más directo: «Se ha acelerado el trabajo de transición a las monedas nacionales en las liquidaciones mutuas… Se ha iniciado el proceso de creación de una infraestructura común de pagos y de integración de los sistemas nacionales de transmisión de información financiera.»
El próximo Consejo Económico Supremo Euroasiático se celebrará en Rusia en mayo de 2023, antes del Foro de la Franja y la Ruta. Si los tomamos juntos, tenemos los lineamientos de la hoja de ruta geoeconómica que tenemos por delante: el impulso hacia el petroyuan avanzando en paralelo al impulso hacia una «infraestructura de pago común» y, sobre todo, una nueva moneda alternativa que eluda al dólar estadounidense.
Eso es exactamente lo que ha estado diseñando el responsable de la política macroeconómica de la UEEA, Sergey Glazyev, codo con codo con especialistas chinos.
Guerra financiera total
El movimiento hacia el petroyuan estará plagado de inmensos peligros.
En cualquier escenario de juego geoeconómico serio, es un hecho que un petrodólar debilitado se traduce en el fin del almuerzo gratis imperial vigente durante más de cinco décadas.
En pocas palabras, en 1971, el entonces presidente estadounidense Richard «Tricky Dick» Nixon retiró a Estados Unidos del patrón oro; tres años después, tras la crisis del petróleo de 1973, Washington se dirigió al ministro saudí del petróleo, el famoso jeque Yamani, con la proverbial oferta que no se puede rechazar: nosotros compramos vuestro petróleo en dólares estadounidenses y a cambio vosotros compráis nuestros bonos del Tesoro, montones de armas y recicláis lo que quede en nuestros bancos.
De repente, Washington es capaz de dispensar dinero helicóptero -sin respaldo alguno- hasta el infinito, y el dólar estadounidense es el arma hegemónica definitiva, junto con una serie de sanciones a 30 países que se atreven a desobedecer el «orden internacional basado en normas» impuesto unilateralmente.
Hacer tambalear impulsivamente este barco imperial es anatema. Así que Pekín y el CCG adoptarán el petroyuan sin prisa pero sin pausa, y desde luego sin fanfarria. El quid de la cuestión, una vez más, es su exposición mutua al casino financiero occidental.
En el caso chino, qué hacer, por ejemplo, con la friolera de 1 billón de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. En el caso saudí, es difícil pensar en una «autonomía estratégica» -como la que disfruta Irán- cuando el petrodólar es un elemento básico del sistema financiero occidental. El menú de posibles reacciones imperiales lo incluye todo, desde un golpe de Estado suave o un cambio de régimen hasta el choque y el pavor sobre Riad, seguido de un cambio de régimen.
Sin embargo, lo que pretenden los chinos -y los rusos- va mucho más allá de un aprieto saudí (y emiratí). Pekín y Moscú han identificado claramente cómo todo -el mercado del petróleo, los mercados mundiales de materias primas- está ligado al papel del dólar estadounidense como moneda de reserva.
Y eso es exactamente lo que pretenden socavar los debates de la UEEA, de la OCS y, a partir de ahora, de los BRICS+, así como la doble estrategia de Pekín en Asia Occidental.
Pekín y Moscú, en el marco de los BRICS, y más adelante en el de la OCS y la UEEA, han estado coordinando estrechamente su estrategia desde las primeras sanciones a Rusia tras el Maidán de 2014, y la guerra comercial de facto contra China desatada en 2018.
Ahora, después de que la Operación Militar Especial de febrero de 2022 lanzada por Moscú en Ucrania y la OTAN se haya convertido, a efectos prácticos, en una guerra contra Rusia, hemos sobrepasado el territorio de la Guerra Híbrida y nos encontramos en plena Guerra Financiera Total.
SWIFT a la deriva
Todo el Sur Global absorbió la «lección» de que el Occidente colectivo (institucional) congelara, como robando, las reservas de divisas de un miembro del G20, encima una superpotencia nuclear. Si eso le pasó a Rusia, le puede pasar a cualquiera. Ya no hay «reglas».
Rusia lleva desde 2014 mejorando su sistema de pagos PESA, en paralelo con el CIPS de China, ambos eludiendo el sistema de mensajería bancaria SWIFT dirigido por Occidente, y cada vez más utilizado por los Bancos Centrales de toda Asia Central, Irán e India. En toda Eurasia, cada vez son más las personas que prescinden de Visa y Mastercard y utilizan tarjetas UnionPay y/o Mir, por no hablar de Alipay y WeChat Pay, ambas muy populares en el Sudeste Asiático.
Por supuesto, el petrodólar -y el dólar estadounidense, que sigue representando menos del 60% de las reservas mundiales de divisas- no caerán en el olvido de la noche a la mañana. Xi de Arabia es sólo el último capítulo de un cambio sísmico impulsado ahora por un grupo selecto del Sur Global, y no por la antigua «hiperpotencia».
Comerciar con sus propias monedas y con una nueva moneda alternativa mundial es una de las prioridades de esa larga lista de naciones -desde Sudamérica hasta el norte de África y Asia Occidental- deseosas de unirse al BRICS+ o a la OCS, y en bastantes casos, a ambos.
Lo que está en juego no podría ser mayor. Y todo gira en torno al sometimiento o al ejercicio de la plena soberanía. Así que dejemos las últimas palabras esenciales al diplomático más destacado de nuestros atribulados tiempos, el ruso Serguéi Lavrov, en la conferencia internacional entre partidos La elección euroasiática como base para el fortalecimiento de la soberanía:
«La principal razón de las crecientes tensiones actuales es el obstinado esfuerzo del Occidente colectivo por mantener un dominio históricamente decreciente en la escena internacional por todos los medios a su alcance… Es imposible impedir el fortalecimiento de los centros independientes de crecimiento económico, poder financiero e influencia política. Están surgiendo en nuestro continente común de Eurasia, en América Latina, Oriente Medio y África».
Todos a bordo… del Tren Soberano.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
4.Entrevista a Vijay Prashad en el periódico chileno El Tiempo.
«A la izquierda le corresponde definir un proyecto para desafiar la trampa neoliberal” 24/11/2022 El Siglo
En esa línea, Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social, advierte que “el patrioterismo de extrema derecha, no tiene respuesta para la crisis actual, pero ofrece un refugio emocional para la ira y la desesperación”. Y plantea que “la izquierda se ve obligada ahora a un doble proceso: construir nuevas organizaciones de la clase trabajadora, en particular de los trabajadores precarizados (mujeres del sector de los cuidados, repartidores y otros trabajadores de servicios, etc.), y rescatar la vida colectiva sobre una base socialista y no de derechas”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 24/11/2022.
¿Cuál fue el objetivo de la visita a Chile?
Mi tiempo en Chile se divide entre lo personal y lo político, por lo que vengo con toda la frecuencia que puedo. Desde el punto de vista político, trabajo como director de Tricontinental: Instituto de Investigación Social, una organización dirigida y construida desde diversos movimientos sociales, con sedes en India, Sudáfrica, Brasil y Argentina. Acompañamos a los movimientos para desarrollar teorías de la coyuntura -incluyendo los nuevos desarrollos del capitalismo- y para ampliar una comprensión del futuro desde los movimientos sociales, lo que hay más allá del capitalismo, en otras palabras, para recuperar nuestra utopía del socialismo. El próximo año se conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado de 1973 en Chile. Desde Tricontinental, deseamos participar en las actividades conmemorativas, que vemos ciertamente como un golpe de los militares contra el Gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende, pero también como un golpe contra el Tercer Mundo, contra el intento de un Gobierno de izquierda de establecer la soberanía sobre su territorio y de proveer la dignidad de sus pueblos. Vamos a trabajar estrechamente con ICAL (Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz) y con el Partido Comunista (PC) para desarrollar algunas publicaciones para el 2023 y realizar eventos en Santiago durante septiembre del año que viene.
¿Cómo está mirando el panorama latinoamericano, específicamente las izquierdas en el gobierno y los movimientos sociales?
El mundo se encuentra en medio de una serie de crisis, desde la catástrofe climática hasta las costumbres bélicas del capitalismo, ejemplificado en los 2 billones de dólares que se han gastado durante el 2021 en venta de armas, en contraste con los 3 mil millones de dólares invertidos en las Naciones Unidas. Los recientes cambios gubernamentales en América Latina significan una pausa en la sensación de futilidad. La reciente elección de Lula en Brasil y la forma creativa en que el colombiano (Gustavo) Petro está haciendo viable una agenda de izquierda en el Estado mundial son signos esperanzadores.
Sin embargo, necesitamos entender el movimiento real de la historia si queremos comprender lo que está ocurriendo. Creo que estamos en la cuarta fase de la ola de la izquierda posterior a la Revolución Cubana en América Latina. La primera ola se desencadenó tras la Revolución de 1959, cuando se abrieron las posibilidades de que se repitiera la experiencia cubana. Esta fue aplastada por el golpe de Estado en Brasil (1964), el asesinato del Che Guevara (1967) y la ejecución de la Operación Cóndor (1975) puesta en marcha tras el golpe de Estado en Chile (1973). La segunda ola se inició en Centroamérica y el Caribe en torno a las revoluciones de Nicaragua y Granada en 1979. La intervención directa de los Estados Unidos en las “guerras sucias” sofocó estos desarrollos revolucionarios, que se produjeron -en cualquier caso- en el momento de un recrudecimiento de la Guerra Fría, con la atención de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) centrada en Afganistán e Irán. La tercera fase -la más notable hasta la fecha- ha sido el período posterior a la elección de Chávez en Venezuela, que abrió -debido a la distracción de Estados Unidos en Irak y a los altos precios de las materias primas- la posibilidad de un nuevo giro revolucionario. El regionalismo -o bolivarianismo- marcó esta fase, en la que Chávez intentó construir instituciones regionales para establecer la soberanía de América Latina frente a los Estados Unidos y su actitud de la Doctrina Monroe. Esto habría tenido éxito si Estados Unidos y Canadá -con los europeos- no hubiesen llevado a cabo una guerra híbrida contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como si hubiesen dado golpes de Estado contra los gobiernos de izquierda en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019). El empuje de un intervencionismo estadounidense reavivado, incluida la paranoia estadounidense sobre el aumento de las inversiones chinas en el continente, sigue siendo una grave amenaza para cualquier intento de crear soberanía. Estamos ahora en la cuarta fase de la dinámica de la izquierda post-Revolución Cubana. Ésta llega en un momento de gran inseguridad global, con el capitalismo en una espiral descendente y con una nueva guerra fría entre Estados Unidos y las potencias euroasiáticas de Rusia y China definiendo el paisaje geopolítico. Esta ola no es tan clara como en la década de 2000, por lo que es un error llamarla “nueva marea rosa”. En su lugar, es efectivamente una ola socialdemócrata que intenta una agenda suave de soberanía y una agenda suave de creación de dignidad para la población, incluyendo la erradicación del hambre. Lula ha dicho que pondría su energía en liderar un proyecto de integración a nivel hemisférico, lo cual es una declaración interesante dado que la economía de Brasil es -en realidad- una economía muy interna (2/3 de ella es una economía nacional no integrada, mientras que sólo 1/3 está integrada en la región y en el mundo). Todo el carácter de esta cuarta ola debe ser evaluado no por lo que está ocurriendo en Chile o en Argentina, ni en México o Colombia, ni tampoco en Cuba y Venezuela, sino en el liderazgo que América Latina experimentará ahora desde Brasil.
En Europa, Estados Unidos y América Latina se ve una proliferación de partidos y corrientes ultraderechistas, nacionalistas, con fuerza electoral. ¿A qué lo atribuye, es un peligro político?
El ascenso de la derecha y la extrema derecha en el mundo -incluida la India- no tiene que ver sólo con la extrema derecha en sí misma, sino con el fracaso catastrófico del proyecto de la socialdemocracia. Los socialdemócratas, tras la caída de la URSS, adoptaron el paradigma neoliberal como propio -la llamada Tercera Ola- e impulsaron una agenda que aumentó la desigualdad social y fragmentó a la clase trabajadora, incluso atacando las bases de la cultura de la clase trabajadora para convertir a los trabajadores en consumidores y, por tanto, integrados en el mundo del consumo de la clase media. Debido a su compromiso con el neoliberalismo, las fuerzas socialdemócratas ya no tenían estómago para una crítica real de la desigualdad social generada por la forma capitalista de la globalización. Al estar comprometidas políticamente, se convirtieron en las defensoras de un sistema que genera desigualdad y no tuvieron espacio para criticarlo.
La extrema derecha apareció con una fuerte crítica, pero en lugar de arraigar esa crítica -como hace la izquierda- en una crítica al capitalismo, se hicieron pasar por nacionalistas contra la globalización y por defensores de la clase obrera nativa contra los inmigrantes y las minorías sociales. Esta apertura dio a la extrema derecha la capacidad de llegar a lo más profundo de la clase obrera, aprovechando la debilidad de la cultura y de la organización de la clase obrera, para convertirse en los portavoces de la clase obrera “nativa”. El patrioterismo y el odio, la ira y la desesperación conforman su visión. No tienen soluciones reales a la crisis del capitalismo, sólo respuestas emocionales inmediatas -que son falsas- para la gente que se siente excluida del orden mundial. La fragmentación de la globalización debilitó las organizaciones de trabajadores, que son los depósitos de la izquierda, y tomó estas comunidades recién fragmentadas y afianzó sus identidades principales a través de la religión y del consumo.
La izquierda se ve obligada ahora a un doble proceso: construir nuevas organizaciones de la clase trabajadora, en particular de los trabajadores precarizados (mujeres del sector de los cuidados, repartidores y otros trabajadores de servicios, etc.), y rescatar la vida colectiva sobre una base socialista y no de derechas. La socialdemocracia, casada con el neoliberalismo, no tiene respuesta para la crisis actual ni camino para el futuro. El patrioterismo de extrema derecha, igualmente vinculado al neoliberalismo, no tiene respuesta para la crisis actual, pero ofrece un refugio emocional para la ira y la desesperación de los trabajadores. A la izquierda le corresponde definir un proyecto ambicioso para desafiar la trampa neoliberal -sí- pero también forjar un nuevo proyecto, un nuevo imaginario socialista para la gente que ha olvidado la necesidad de ir más allá de la miseria del capitalismo.
5. ¿Hacia el fin del petrodólar?
Repetimos autor. El último boletín de Prashad en Tricontinental.
https://thetricontinental.org/
El camino hacia la desdolarización pasará por Arabia Saudita | Boletín 50 (2022)
6. Quién es quién en el negocio del gas en España
Artículo de Ecologistas en Acción que incluye un enlace al informe que han publicado sobre «Las finanzas del gas». https://www.
Del Proyecto Castor al H2Med: se repite la historia de proyectos fallidos de Enagás
7. Santa Claus radicales.
“18 de diciembre de 1974: el grupo de teatro radical danés Solvognen, disfrazado de Papá Noel, provoca casi un motín en los grandes almacenes Magasin cuando regalaron juguetes de las estanterías a los niños. Cuando fueron detenidos por la policía, los niños empezaron a llorar.»
Vídeo con la acción (en danés subtitulado en inglés): Julemandshæren
Lo he visto originalmente este tuit: https://twitter.com/
8.Por un reparto justo de los recursos
Artículo en Al Yazeera de uno de los economistas decrecentistas más interesantes, Jason Hickel.
¿Cuánto debe reducirse la desigualdad?
La mayoría de la gente está de acuerdo en que la desigualdad es demasiado extrema y debe reducirse.
Jason Hickel. Catedrático del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) y miembro de la Royal Society of Arts. Publicado el 14 dic 202214 dic 2022
Más de una década después de Occupy Wall Street, la desigualdad sigue siendo un problema político de primer orden en el mundo actual. La mayoría de la gente está de acuerdo en que la desigualdad es demasiado extrema y debe reducirse.
En Gran Bretaña, la proporción de ingresos entre el 0,01 por ciento más rico y los trabajadores con salario mínimo ha alcanzado alrededor de 150 a uno. En las empresas del FTSE 100, la relación entre los sueldos de los directores ejecutivos y los de los trabajadores peor pagados es de 100 a uno. Desigualdades similares prevalecen en muchos otros países, mientras que en Estados Unidos las cifras son mucho peores, con ratios salariales que a veces alcanzan los miles.
La desigualdad extrema no tiene nada de natural o inevitable. Es el resultado previsible de un sistema económico que distribuye los ingresos en función de quién posee los medios de producción y quién tiene más poder de mercado, en lugar de según cualquier principio de sentido común de contribución laboral, necesidades humanas o justicia.
La desigualdad corroe la sociedad y envenena la democracia, pero también es ecológicamente peligrosa. Los ricos consumen una cantidad extraordinaria de energía, lo que provoca elevadas emisiones y dificulta la descarbonización. Una reciente investigación de Joel Millward-Hopkins publicada en Nature Communications muestra que si queremos garantizar una vida digna a todos los habitantes del planeta y también descarbonizarnos lo suficientemente rápido como para alcanzar de forma viable los objetivos del Acuerdo de París, tendremos que reducir drásticamente el poder adquisitivo de los ricos, distribuyendo al mismo tiempo los recursos de forma más justa.
Pero, ¿en qué medida debe reducirse la desigualdad? ¿Cuál es el nivel adecuado de desigualdad? La investigación de Millward-Hopkins muestra que si garantizamos que todo el mundo tenga acceso a los recursos necesarios para una vida digna, una distribución en la que los más ricos consuman como máximo unas seis veces ese nivel sería compatible con el logro de la estabilidad climática. Esto puede sonar radical, pero de hecho, esta distribución está muy cerca de lo que la gente de todo el mundo dice que es un nivel «justo» de desigualdad. En muchos países -como Argentina, Noruega y Turquía- la gente dice que quiere que la desigualdad sea aún menor, con proporciones inferiores a cuatro a uno.
La gente quiere vivir en una sociedad justa y equitativa. Esto queda claro cuando observamos las escalas salariales del sector público, lo más parecido a una distribución determinada democráticamente. En las principales instituciones británicas, como el Servicio Nacional de Salud (NHS) y las universidades, donde los sindicatos de personal tienen voz y voto sobre las escalas salariales, las diferencias entre las bandas salariales más alta y más baja rara vez superan el cinco a uno. Si se tienen en cuenta las etapas profesionales, las diferencias son mucho menores: el salario inicial de un médico o un profesor es sólo el doble que el de un limpiador.
Cuando las distribuciones se deciden democráticamente, la gente tiende a optar por resultados más igualitarios. Por mi propia experiencia en los sindicatos del sector público, sé que muchos afiliados preferirían -y defienden- un reparto aún más equitativo que el que representan las escalas salariales actuales. Y existe una fuerte oposición por parte de empleados y sindicatos a la reciente tendencia de las universidades y hospitales británicos a tener vicerrectores y directores generales que cobran fuera de la escala salarial normal, una práctica que claramente debería abolirse.
Otra referencia son las cooperativas. La Corporación Mondragón es una federación masiva de empresas gestionadas democráticamente en España, con más de 80.000 trabajadores. En todas las empresas de Mondragón, la relación salarial es de cinco a uno. En algunas, es tan baja como de tres a uno. Una vez más, esto demuestra que cuando la gente tiene voz y voto, se inclina por cifras como éstas.
Si se aplicara la misma lógica democrática a cualquier economía nacional, se reduciría drásticamente la desigualdad. Esto ayudaría a eliminar la corrupción de nuestros sistemas políticos, mejoraría nuestro sentido de la solidaridad y aportaría los impresionantes beneficios que se sabe están asociados a una distribución más igualitaria de los ingresos: desde menores índices de delincuencia hasta menos ansiedad.
La gente tiende a pensar en la renta como un número abstracto, y esta abstracción da la impresión de que no hay razón para imponer un límite. Pero en realidad, la renta representa el control sobre el producto colectivo y el mando sobre el trabajo. Una relación salarial de cinco a uno significa que una persona puede controlar el trabajo de cinco, y puede consumir cinco veces más de todo lo que produce la economía: cinco veces más casas, coches, vuelos, televisores y comida. Dicho en estos términos, cinco a uno puede parecer demasiado alto, y tiene sentido que los sindicatos opten a menudo por ratios ajustados a las etapas de la carrera profesional más cercanos a dos a uno.
Los ingresos también representan el dominio sobre unos recursos y una energía finitos. Deberíamos preguntarnos: ¿cuánto más de nuestro planeta -y del presupuesto global de carbono- debería permitirse consumir a una persona que a otra? En una época de colapso ecológico, es claramente irracional seguir dedicando recursos y energía a mantener a una clase que consume en exceso.
Durante décadas, los economistas ecologistas han pedido que se ponga un tope a los ratios salariales: la introducción de fuertes leyes de salario digno o de renta mínima para poner un suelo a los de abajo, y el uso de una política de renta máxima para poner un techo a los de arriba. Las desigualdades de ingresos también pueden reducirse con políticas como la garantía del empleo público y los servicios públicos universales, que mejorarían drásticamente el poder de negociación de los trabajadores y nos permitirían organizar la producción en torno a objetivos sociales y ecológicos urgentes. Este enfoque nos permitiría reconstruir las solidaridades sociales, reconstruir la democracia y garantizar una buena vida para todos en un planeta habitable.
Una vez que entendemos los ingresos como control sobre el producto colectivo, y como mando sobre los recursos del planeta -con consecuencias sociales y ecológicas-, es totalmente razonable que las proporciones salariales se decidan democráticamente, con fuertes protecciones contra la desigualdad extrema. De hecho, es preocupante que casi nunca sea así en la práctica. Si afirmamos que valoramos la democracia, los principios democráticos deberían aplicarse a la cuestión de la distribución.
