Del compañero y miembro de Espai Marx, Carlos Valmaseda.
1. El trader arrepentido.
2. Echando chispas.
3. Evolución de la guerra en Ucrania.
4. Drones en Africa.
5. Planificación ecológica.
6. Restos del imperio
7. De nuevo sobre el futuro de la revolución cubana.
8. El PT brasileño pierde a su base histórica.
9. La situación en Azerbaiyán

1. El trader arrepentido

Interesante entrevista a este antiguo trader que no perdió su conciencia de clase aunque, francamente, varias de sus respuestas no me convencen mucho. Eso sí, tras leerlo me reafirmo en la necesidad de, además de suprimir las facultades de Economía -sorry, Jaime-, suplir la necesaria reducción de carne roja comiéndonos a los ricos. No duraría mucho, porque no son tantos, pero, ¡menudo festín! https://www.elsaltodiario.com/

Gary Stevenson: “Permitimos que el debate económico esté dominado por ricos y eso conduce a una idiocracia”

El londinense pasó de ser el ‘trader’ más rentable de uno de los mayores bancos del mundo a convertirse en un activista contra la desigualdad y contarlo todo en su primer libro.

La creciente desigualdad en todo el planeta está llegando a unos niveles que, incluso, ahora preocupa a aquellos que la han ignorado o promovido durante décadas, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cada crisis es una nueva oportunidad para que los ricos se hagan más ricos. Los grandes fondos engordan al mismo ritmo que adelgazan las cuentas corrientes de las familias y aumentan sus deudas. Los déficit y deudas públicas acaban incrementando las cuentas de resultados de las grandes empresas. Las nuevas generaciones no pueden ni soñar con comprarse una casa porque los precios de los activos siguen creciendo debido a que los ricos ya no saben qué hacer con tanto dinero y no cesan de comprar propiedades incrementando, más todavía, sus precios. La desigualdad acelera la desigualdad.

Este análisis se puede encontrar fácilmente en sectores de izquierda. Lo que no es tan común es que esas afirmaciones vengan del que llegó a ser el trader más rentable de uno de los bancos más grandes del mundo, el Citibank. Cuando pasó el primer susto de Lehman Brothers y Gobiernos y bancos centrales empezaron a bombear dinero al sistema financiero, los compañeros de planta de Gary Stevenson vieron una recuperación inmediata en aquellas pantallitas con líneas rojas y verdes que rodeaban sus escritorios. Pero él tenía otra cosa que sus compañeros nunca habían tenido: amigos de barrios pobres, del barrio del que él venía, que estaban perdiendo sus trabajos, sus casas y que no tenían dinero para consumir. Mientras tanto, los mercados de valores y el inmobiliario nunca dejaron de subir porque los ricos invirtieron su dinero para obtener más dinero todavía. Stevenson se dio cuenta de que la creciente desigualdad imposibilitaba que la economía se recuperara, apostó a que se seguiría hundiendo y que los bancos centrales tendrían que actuar bajando los tipos a cero… y ganó. Ganó mucho dinero para el Citibank y para él mismo.

Pero se cansó de estar rodeado de gente rica que “no entiende lo que le está pasando a la gente común”. Dejó el banco, se unió a un centro de investigación para luchar contra la desigualdad, abrió un canal de YouTube donde explica de forma didáctica cómo funciona la economía mundial y acaba de publicar El juego del dinero. Un intruso en la cima del mundo (Península, 2024), donde relata su vida, desde que su privilegiado cerebro para las matemáticas le abrió las puertas de una de las universidades más elitistas del mundo —y de uno de los mayores bancos del planeta— o cómo se convirtió en el trader más rentable del banco, hasta cómo decidió enfocar su vida a luchar contra lo que considera “el cáncer de la economía”: la desigualdad.

Stevenson recibe a El Salto con las mismas zapatillas medio rotas con las que acabó yendo a trabajar a la oficina de Londres o la de Tokio cuando ganaba tanto dinero para el banco que se podía permitir vestir y hacer lo que le diera la gana.

En tu libro explicas que te diste cuenta de que la crisis se iba a cronificar y a ser mucho más larga de lo que todo el mundo esperaba porque tenías un pie en la calle, porque tienes amigos que no podían pagar sus hipotecas o estaban perdiendo sus trabajos, cosa que los banqueros del Citibank o los economistas de la London School of Economics donde tú estudiaste no tienen. ¿Cómo es posible que la gente que controla la economía y la academia esté tan alejada del mundo real?
Creo que el origen de ese problema proviene de la economía como asignatura académica y la forma en que se enseña ahora en las universidades. Es una asignatura extremadamente matemática. Un estudiante de Economía pasará tres años de pregrado, o mucho más si hace un postgrado, memorizando básicamente modelos matemáticos muy complicados. Esos modelos son lo que llamaríamos modelos de agentes representativos. Son modelos muy complejos, pero no incluyen la distribución. No incluyen ningún tipo ni referencia a la desigualdad. Se centran en promedios que están calculados sobre los agregados. Así que, cuando obligas a esos estudiantes a dedicar cinco años a memorizar modelos muy complicados y de poca calidad, es casi como lavarles el cerebro para que no piensen nunca en la distribución. Para mí, ese es el origen: la forma en que se enseña economía en la universidad. Las personas que debaten sobre economía, o bien la estudiaron o la aprendieron de gente que la estudió, por lo que se ha convertido en una idea hegemónica. Piensan mucho en las políticas monetarias, a veces piensan en las políticas fiscales, pero muy pocas se preocupan por la distribución.

Pensemos lo que ocurrió durante la covid. Desde el comienzo sabíamos que habría enormes déficits gubernamentales en todos los países. En España, Reino Unido, en todos los países. Para mí, como alguien que estudia la distribución, eso plantea una pregunta obvia: ¿quién acabará obteniendo ese dinero si la deuda pública aumenta? Si la deuda aumenta en un billón, hay personas que están recibiendo ese billón; si el Gobierno se empobrece un billón, alguien recibirá ese billón, lo que volverá a cambiar la distribución de la riqueza. Pero lo peor no es que dicha distribución cambie, sino que sabíamos de antemano que iba a cambiar y ¡nadie dijo nada ni habló sobre ello! Para mí ese es el hecho más interesante de los últimos cinco años. No es que la desigualdad haya aumentado enormemente, sino que era extremadamente obvio de antemano y nadie hablaba de ello. Y esto, para mí, ilustra perfectamente el problema; que nadie piensa siquiera en la desigualdad de distribución.

De hecho, dices en el libro que “las desigualdades son el fin de la economía, son un cáncer”.
Exacto. Porque la desigualdad, igual que un cáncer, no para de crecer si se le deja y no se actúa. ¿Qué significa que la desigualdad crezca? Significa que la gente común no tenga bienes. La gente común tiene deudas. Significa que los ricos tienen enormes cantidades de activos. Los ricos son enormes acreedores. Entonces, podemos decir que cada aumento de la desigualdad es un euro más en rentas, dividendos o intereses pagados por la gente común y corriente, pagados por el Gobierno a los ricos. Por lo tanto, a medida que aumenta la desigualdad, también aumenta el flujo de caja de la gente común hacia los ricos, que utilizarán para comprar el resto de activos. Por lo tanto, cuanto mayor es la desigualdad, más rápido aumenta la desigualdad. Desde una perspectiva puramente matemática, es extremadamente inestable, no se autoestabiliza. Así que creo que el cáncer es una metáfora muy buena de cómo funciona la desigualdad en la economía.

La deuda parece que sea la principal herramienta de ese capital extractivo: las hipotecas y los préstamos de las familias. ¿Qué podemos hacer con la deuda privada?
Lo más importante son los impuestos. A veces la gente de la izquierda habla de la cancelación de las deudas, y no creo que sea necesariamente incorrecto. Pero el problema con eso es que hay un grado de aleatoriedad, un grado de arbitrariedad, porque no todas las personas ricas tienen deudas y no todas las personas pobres están endeudadas. Los impuestos son la mejor herramienta que se puede utilizar porque, si se utilizan bien, realmente pueden dirigirse a los más ricos.

En los últimos cinco años, la deuda pública ha aumentado enormemente. Se habla de este fenómeno como si el dinero desapareciera. Mucha gente común cree que en la idea de que cuando un Gobierno gasta dinero es como si quemara leña y el dinero desapareciera. Pero el dinero no funciona así. Si el Gobierno se endeuda, alguien, en alguna parte, acumula crédito. Lo que significa que se puede reducir, de manera muy factible, encontrando a las personas que aumentan su crédito y cobrándoles impuestos. Los impuestos son la herramienta para atajar la desigualdad.

Quiero volver a la primera pregunta. Has explicado que el primer problema es cómo se estudia la economía como disciplina, pero también veo que hay un fuerte componente de clase. Ninguno de tus compañeros de la London School of Economics o de la planta de trading del Citibank donde tú trabajabas conocía a alguien que fuera a perder su casa o su trabajo, como sí que ocurría en tu caso con los amigos de tu barrio. O sea, las personas que manejan el mundo nunca tienen problemas económicos.
Exacto. Si nos fijamos en las estadísticas sociales sobre economía, se ve que la economía es una de las materias menos representativa de los niveles de clase general, en toda la academia. Sobre todo a nivel de doctorado y en el nivel de grado avanzado. Muy, muy pocas personas de entornos pobres terminan estudiando economía a un nivel superior. Pero, para ser honestos, creo que va más allá de la economía. No sé muy bien cómo funciona en España, pero en el Reino Unido todos los niveles de la sociedad de élite, especialmente en los medios de comunicación, tienen una pésima representación de clase.

Tras el banco, volví a Oxford para hacer un máster entre 2017 y 2019. Recuerdo estar allí sentado en una clase de 80 estudiantes de Economía. Cada uno de ellos, incluso todos los profesores, provienen de un entorno rico. Y esto es absurdo. La economía no es como la física, que si arrojas a una persona rica y a una persona pobre por la ventana caerán a la misma velocidad. Sin embargo, los ricos y los pobres tienen una economía totalmente diferente. Permitimos que el debate económico esté dominado por ricos y eso nos conduce a una idiocracia. Eso es una locura porque esas personas ricas simplemente no entienden lo que está pasando en la vida de la gente común. 

A lo largo de todo el libro se puede respirar esa conciencia de clase, eso que te empuja a seguir compitiendo y a querer llegar a una cima que no está hecha para la gente pobre, que te hace preguntarte por qué esa gente puede llegar y los chicos de barrio como tú no. Pero también hay un momento del libro muy gracioso en el que explicas que te diste cuenta de que la gente rica espera que los pobres sean tontos. ¿Por qué crees que los ricos creen eso?
Sí, para mí fue muy divertido porque vengo de una familia pobre. Crecí en una zona pobre, pero fui a una grant school en primaria. Son unas escuelas del sistema educativo británico. Todos los niños de 10 años, hace 30 o 40 años, hacían un examen y, si aprobabas, ibas a una de estas escuelas privadas pero subvencionadas. Un sistema para que algunos niños pobres puedan competir con los niños ricos. Pero, en realidad, cuando llegas allí te dabas cuenta de que la mayoría de las personas que estaban para pasar el examen también son bastante ricas porque sus padres pagaron, por ejemplo, la formación para el examen. Esa fue la primera vez que ya me encontré siendo el más pobre de la gente que me rodeaba. Pero enseguida el resto de chicos se dieron cuenta de que yo era el más listo de la clase, por lo que nunca hubo esta asociación entre ser rico y ser inteligente o ser pobre y ser estúpido. Pero la cosa fue diferente cuando llegué a la London School of Economics. Ahí fue donde experimenté eso por primera vez. Me di cuenta de que toda esa gente piensa que los pobres somos estúpidos. Fue muy interesante para mí, muy divertido, pero también un poco molesto. Aquello se convirtió en una gran fuerza motivadora. 

Pero, sinceramente, creo que esta creencia es realmente importante para mantener el statu quo social, porque creo que así es como los ricos viven consigo mismos y viven con la desigualdad y la pobreza. No pueden creer eso de que son ricos porque sus padres son ricos. Necesitan creer que son ricos porque son mejores y necesitan creer que los pobres son pobres porque son estúpidos.

Hay un momento del libro en el que estás narrando un debate sobre economía con un rico trader australiano en la oficina del Citibank en Tokio. Él defiende que es imposible que la economía vaya mal porque las bolsas de valores están subiendo y hay una enorme cantidad de dinero inyectada en el sistema financiero. A lo que tú le respondes que “cuando la economía se va la mierda, es bueno para los mercados”. ¿Es bueno para el Ibex35 que la economía española se vaya a la mierda?
Estoy 100% seguro y es algo cada vez más evidente para los traders. Mira lo que ocurrió en 2008, en 2011 y luego en 2020 con la covid. El instinto inicial de los mercados es la caída. Sin embargo, el efecto a largo plazo es un aumento masivo de los precios de las acciones. Cada una de esas crisis provocó un aumento masivo de los precios de las acciones y un aumento masivo de los precios de las viviendas. Pero eso se debe a que la respuesta sistémica a la crisis actual en el mundo occidental consiste en imprimir dinero para reducir las tasas de interés. Pero creo que hay algo más profundo que eso, y es que cuando se aumenta la desigualdad, los activos suben y los salarios bajan. Y esto se debe a que la gente común compra bienes y servicios y la gente rica compra activos. Todas esas crisis condujeron a una creciente desigualdad de riqueza porque los ricos responden a ellas comprando más activos y estos acaban siendo extremadamente caros. Se devalúa el dinero, bajan los tipos de interés y aumenta la desigualdad porque los ricos se hacen con más activos, que suben de precio.

Al final los tipos de interés sí que acabaron subiendo por la crisis de inflación. Se habla mucho de que la era de los tipos de interés cero ha acabado. ¿Qué opinas? ¿Crees que la economía va a resistir?
Los mercados no esperan que las tasas de interés vuelvan a cero. En primer lugar, siempre hay que mirar las expectativas de los mercados y los mercados creen que se ha acabado, que los tipos cero no van a volver.

¿Qué piensas tú? Que, al fin y al cabo, ya demostraste una vez que los mercados se equivocaban precisamente en esto.
No creo que vayamos a tener tasas de interés reales persistentemente altas. Pero creo que se pueden tener dos equilibrios diferentes de tipos de interés cero. Uno es el que teníamos en la década de 2010, que es literalmente tipos de interés cero en un entorno de inflación baja. Pero también tenemos lo que se conoce desde hace mucho tiempo en los países pobres del mundo, que son tasas de interés altas, pero con una inflación alta, que es otro tipo de tasa de interés cero. Así que lo que predije después de 2008, que aposté a que las tasas llegaran a cero en 2010, no fue lo mismo que hice durante la covid. De hecho, tenía bonos antes de la covid. Y cuando las tasas bajaron a cero pensé que debía deshacerme de estos bonos. No quiero tener bonos y una tasa de interés cero, porque sabía que los ricos acumularían ese dinero que inyectaba el Gobierno. Y pensé que había una gran posibilidad de que tuviéramos una crisis de inflación, porque creo que los grandes déficits públicos son inflacionarios.

Pero lo que tenemos ahora es una situación en la que la pobreza es mucho mayor y la deuda pública también. Por lo tanto, pone a los Gobiernos en una situación difícil, porque necesitan gastar más porque hay más pobreza, pero están más endeudados. Y creo que es posible que entremos en el tipo de situación que se ha estado produciendo durante mucho tiempo en lugares como Brasil, India, Turquía o América Latina, donde están las tasas altas pero la inflación es más alta. Pero lo realmente efectivo es que la tasa de interés real sigue siendo cero. Sin embargo, creo que es más probable que volvamos a un entorno de tipos de interés muy bajos. Pero estoy indeciso en esto ahora mismo. No voy a apostar por ello. Lo único en lo que confío es en que los precios de los activos aumentarán mucho.

Así que sigues invirtiendo.
Es lo que paga mis facturas.

¿Y no sientes una barrera ética? ¿No crees que es contradictorio seguir formando parte de ello al mismo tiempo que luchas contra ello?
No, porque personalmente no creo que el trading sea inmoral. No creo que invertir sea inmoral. Creo que tenemos, en mi opinión, una pequeña complicación moral en la izquierda, que se muestra como una especie de resaca cristiana, que consiste en combinar las decisiones personales con las políticas. Yo todos los días me levanto y trato de luchar contra la desigualdad. Llevo haciendo eso diez años. Todos los días me despierto y ya sabes, creé una web, trabajé para un centro de estudios, fui a la universidad, ahora tengo un canal de YouTube y escribí este libro. Todos los días me levanto e intento detener la crisis. Pero no creo que tenga la obligación de volverme pobre por ello. Creo que es una pregunta desde una extraña moral cristina, lo de “¿cómo te atreves a intentar mejorar la sociedad sin empobrecerte personalmente?”. Creo que es posible que, como individuos, queramos ganar dinero y, al mismo tiempo, querer evitar que nuestras sociedades se derrumben. No creo que haya ningún dilema moral en ello. Cuando invierto, gano dinero. ¿Mejora la economía? No. ¿Empeora la economía? No. Lo que hace que la economía sea mejor o peor son nuestras acciones políticas. Creo que se puede ser rico y tener conciencia.

En mi opinión, es complicado diferenciar mis acciones financieras o de consumo de las políticas.
Bueno, creo que es algo muy parecido a lo que ocurre con el cambio climático, donde personalizamos las acciones y decimos cosas como que hay que dejar de usar bolsas de plástico, dejar de comer carne, etc. Sin embargo, siendo realistas, la diferencia se marca en la arena política. Lo que veo aquí, en esencia, es cómo el capitalismo está matando la política al decir “no seas político, céntrate en tus elecciones de consumo”. Con el cambio climático estamos ahora mismo en una situación de guerra de clases. Cuando hablamos de clase, da igual si compras comida orgánica o no. Creo que nos estamos obsesionando con nuestras acciones individuales, como consumidores, pero nos hemos olvidado de los individuos como agentes políticos, cuando son cosas muy diferentes. Si quieres vivir una vida de lujo pero me ayudas en mi lucha política, me importa un carajo. Vive tu vida. Haz lo que quieras. Pelea conmigo. Eres un individuo. Toma sus decisiones de consumo, eso depende de ti. Pero también eres una actor político. No confundas esas dos cosas.

¿Qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto?
Oh, un papel enorme, absolutamente enorme. Mi sincera opinión es que la situación económica empeorará cada vez más de una manera muy real. Significa que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán dificultades para comprar casas, conseguir buenos trabajos y tener familias decentes. Ya sabes, en el Reino Unido ahora, siendo realistas, la mitad del país no puede darse el lujo de alimentar a sus hijos y utilizar la calefacción en invierno simultáneamente. Eso se convertirá en la norma. Es algo serio, muy grave. Pero la única razón por la que la gente lo acepta es porque se les sigue diciendo que las cosas mejorarán.

Hay una narrativa muy común en los medios de comunicación del Reino Unido, que no sé si tenéis algo parecido aquí, y es la que dice que la razón por la que los niños no van a poder comprarse casas es porque van a Starbucks y porque comen tostadas de aguacate.

Sí, aquí en España les dicen que es porque salen mucho a beber cerveza y tienen Netflix.
Exacto, es lo mismo. Es un mito. La realidad es que en el Reino Unido mucha de la gente mayor ya tiene su economía asegurada y toda esa gente mayor vota al Partido Conservador, o casi toda. Protegen a las personas mayores, pero están matando a los jóvenes. ¿Por qué lo aceptan esas personas mayores? Porque los medios de comunicación les dicen que no se preocupen, que sus hijos están haciendo tonterías, que están bebiendo demasiado café, que un día crecerán, serán sensatos y les irá bien. Y no es que la gente mayor sean despiadadas, no quieren que sus hijos sean pobres, pero los medios les están convenciendo de que sus hijos van a estar bien. Mi mensaje a los españoles es que vuestros hijos no estarán bien en el futuro a menos que toméis medidas contra esta creciente desigualdad.

También es verdad que esto que explicas es parte de un consenso neoliberal y los grandes medios nunca ponen en duda ese consenso y sus medidas económicas.
Los medios de comunicación hablan de economía desde una perspectiva muy pequeña y cerrada. Por ejemplo, si yo digo que necesitamos cobrar más impuestos a los ricos, me dicen que soy comunista. Hace 50 o 60 años, en mi país, teníamos un impuesto de sucesiones del 95%. Hasta The Beatles hablan de ello en su canción “The Taxman”. Las tasas impositivas del impuesto sobre la renta eran mucho más altas. Ahora es el 40% y los ricos pagan el 0%. Y cuando digo que quiero aumentar los impuestos a los ricos, me llaman comunista. Se trata de reducir los parámetros de lo que se considera aceptable y posible en una economía. Y esto es, sin duda, reforzado por los medios de comunicación.

¿Qué opinas de los nuevos mercados que están atrayendo a muchos jóvenes como el de las criptomonedas?
Los jóvenes, especialmente los hombres jóvenes, viven ahora en un mundo donde son muy juzgados por sus resultados financieros. El tema de la meritocracia, ya sabes, si eres rico es porque eres un genio, porque has trabajado duro. Si eres pobre es porque eres idiota, porque eres vago. Pero la realidad es que es una cuestión de quiénes son tus padres. Y cada vez es más imposible para los jóvenes de entornos pobres y ordinarios hacerse ricos y tener seguridad financiera. ¿Qué les hace esto a los jóvenes de estos orígenes pobres? Que les sea imposible hacerse ricos. Y se les dice que si no te haces rico, eres un perdedor, eres un fracasado, eres un idiota. Esto los pone en una situación desesperada. Es un desastre para su salud mental, significa que necesitan una solución que no tienen. Y si estás en esa situación, eres muy vulnerable. Cualquiera que venga y diga: “Tengo un plan para ti. Puedo hacerte rico”, lo vas a aceptar porque lo necesitas.

Una vez conocí a un chico en Londres y le pregunté a qué se dedicaba. Él dijo: “Trabajo en un bar, pero tengo un plan”. Le pregunté cuál era el plan y me dijo “voy a ser millonario gracias a las criptomonedas”. Es un sueño, un sueño que la gente necesita. Y se han aprovechado de las personas vulnerables. Al final del día, trabajas duro, obtienes dinero y lo usas para comprar una moneda inventada, que fue creada sin costo alguno por un multimillonario en San Francisco. Creo que las criptomonedas van a ser un desastre. Creo que, a la larga, los precios caerán a cero.

¿Crees que las criptos caerán a cero?
Mira, si vas a hacer una inversión tienes que investigar un poco. Pregunta número uno que te tienes que hacer: ¿existe? Las criptomonedas no existen. Son, literalmente, puntos en internet. Y creo que se derrumbará. Creo que es una clásica burbuja como la de los tulipanes. Y cuando se derrumbe, mucha gente común perderá mucho dinero. Y no serán los multimillonarios de San Francisco. Ellos vivirán el sueño, ya sabes, será igual que los operadores de crédito de los bancos en 2008. Ellos ganaron el dinero, tú lo perdiste. Si publicas esto, muchos chicos jóvenes se enfadarán conmigo. Porque les estoy diciendo que su único camino para salir de la pobreza es un fraude, y ellos necesitan ese camino. Confían totalmente en ese camino y se enfadarán.

¿Qué opinas de lo que pasó con GameStop? ¿Crees que se puede luchar contra los grandes fondos y los mercados jugando a su propio juego?
Creo que narrativamente, o incluso espiritualmente, esta es una historia interesante porque es una historia que te dice que la forma de luchar contra el poder es tratar de hacerte rico. Que, además, creo que es lo mismo que ocurre con las criptomonedas.

Yo creo que lo que nos dice esta historia es que tenemos que luchar unidos.
Pero luchar por hacerse rico [ríe]. Creo que es el Robin Hood de esta nueva era, que en lugar de robarle a los ricos para dárselo a los pobres, robo a los ricos para que me lo den a mí. Pero en ese caso concretamente no creo que funcione. Yo no me opongo a que la gente se haga rica, soy una persona rica, si ven la oportunidad de hacerse rico. Yo por lo menos he sido pobre. Sé lo que es ser pobre y no le voy a decir a nadie que no intente hacer dinero. Pero no te convenzas a ti mismo de que tratar de hacerse rico personalmente es librar una batalla política. En cierto modo, es lo contrario de lo que dijimos antes. La gente de la izquierda dice que es inmoral intentar ganar dinero. Yo creo que es una tontería.

De alguna forma, esa gente sí que estaba librando una batalla política. Querían defender una cadena de tiendas de videojuegos con las que se identificaban de los grandes fondos bajistas.
Sí, los chicos de las criptomonedas creen lo mismo.

Algunos de ellos.
Muchos creen lo mismo. En una sociedad que está obsesionada con el individualismo, nuevamente, tenemos una confusión entre lo individual y lo político. Tratar de ganar dinero es un objetivo muy sensato para ti como individuo. Pero no es político. Existes como individuo y existes como actor político. Y si quieres ganar dinero, es genial. Ya sabes, si quieres comprar una casa, tener una familia, es genial. Si quieres ganar dinero para ir de vacaciones a Las Vegas, está bien. No es político. La política es lo político. La desigualdad es política. Y, en mi opinión, debemos tener cuidado con no confundir esas dos cosas.

 

2. Echando chispas

El último artículo de Antonio Turiel en su blog trata de un incidente en la red eléctrica española que apunta a los problemas que tiene el modelo REI de sustitución de fósiles con renovables eléctricas. Hace una referencia, por cierto, a una de las noticias que comentamos por aquí: el supuesto hallazgo de un gran yacimiento en la Antártida. Seguid el enlace que proporciona si queréis saber más. https://crashoil.blogspot.com/

Chispazo

Queridos lectores:

Tenía pensado escribir un post sobre uno de los últimos hypes del momento, el presunto descubrimiento por parte de los pérfidos rusos de un enorme yacimiento de petróleo en la Antártida (alguna persona ha llegado a decir que «se desmiente finalmente la teoría del peak oil«), pero afortunadamente para mí Quark ya ha escrito un excelente post mostrando que en realidad no hay más que el enésimo intento de despistar la atención pública con vanas esperanzas (y en este caso mintiendo descaradamente), cuando, como el propio Quark muestra en su último post, no parece posible superar el máximo de producción de petróleo de noviembre de 2018. Así que agradeciéndole la tarea hecha (un buen tipo, este Quark; lástima de su obcecación negacionista del Cambio Climático – nadie es perfecto) he pensado que merecía la pena dedicar mi atención a otro asunto de actualidad, éste mucho más cercano geográficamente y de gran trascendencia inmediata, como es el presunto peligro de apagón eléctrico que sufrió España hace tan solo tres días, el 22 de mayo.

Se hizo eco de este hecho el diario español El Economista, en la mañana siguiente al incidente (no busquen el enlace al artículo aquí, es criterio de este blog no enlazar a medios españoles). Según parece, hacia las 21:00 el operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica Española (REE), se vio obligado a utilizar todo el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), un total de 609 MW de potencia, durante 3 horas. El SRAD es, esencialmente, un mecanismo similar a los llamados contratos de interrumpilidad que había antes. Algunas empresas que consumen mucha electricidad suscriben unos contratos especiales de suministro que le permiten al operador dejarles sin electricidad en cualquier momento, previo aviso de 15 minutos – a cambio, el precio de la electricidad es mucho más económico para estas empresa y también pueden recibir otras compensaciones. 

REE usa esta capacidad «desconectable» para compensar de manera muy rápida desbalances en la oferta, y generalmente se usa como último recurso, o casi. Es muy raro desconectar todas las empresas que están en el SRAD, entre otras cosas porque eso quiere decir que REE se queda sin mucho margen de maniobra para hacer frente a eventualidades que requieran una respuesta muy rápida. Por eso mismo, es todavía más raro que esta desconexión durase 3 horas, como si en ese período de tiempo no pudiesen poner en marcha otros medios.

En el caso del día 22, aparentemente se produjo una parada no programada de un reactor nuclear, en un contexto en el que otros dos reactores llevan ya un tiempo parados por recarga y, quizá, por el desfavorable entorno de precios cero, algo que ya comentamos y que se están prodigando estas semanas. Este tipo de incidencias suelen pasar, y normalmente se debe contar con otro tipo de centrales que puedan dar rápidamente respuesta a la falta de potencia; las mejores a ese fin son las centrales hidroeléctricas y las de ciclo combinado. Tras un año bastante seco las centrales hidroeléctricas en España no podían asumir tanta carga, y lo lógico era que hubieran entrado las centrales de gas de ciclo combinado. Pero no lo hicieron. Y así, durante 3 horas, la estabilidad de toda la red eléctrica española dependió de que con ese recorte de 600 MW del SRAD fuera suficiente.

¿Se hubiera podido producir un apagón? Los técnicos de REE no son idiotas y obviamente estuvieron trabajando activamente para conseguir garantizar la estabilidad, y contaban con algún recurso adicional. Sin embargo, si se hubiera producido una avería en cualquier otra central lo más probable es que se hubieran tenido que tomar medidas drásticas para evitar un apagón generalizado. Por eso, se puede considerar que el titular del artículo es un tanto exagerado e interesado (probablemente repondiendo a los intereses de las compañías eléctricas). Sin embargo, es innegable que de seguir de esta manera se corren muchos riesgos en caso de accidente.

Pero la clave aquí no es cómo de cerca o lejos se estuvo de que se produjera un apagón.

La clave está en saber por qué las centrales de gas de ciclo combinado no entraron en acción. Esto no tiene nada que ver con el interés de la descarbonización: éste es un problema de garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de la red eléctrica.

El operador tiene mecanismos legales y potestad para obligar a que las centrales de gas de ciclo combinado funcionen al ritmo que se necesitan. Así que tenemos que suponer que si se ha corrido este riesgo inmenso de enviar a España a la Edad Media durante días, quizá semanas, es debido a que no se podía obligar a estas centrales a producir. Y eso es un indicio de que lo que sucedió es que no estaban en plenas condiciones para responder a esta emergencia de una manera rápida.

Es conocido que las empresas propietarias de centrales con tecnologías tradicionales están molestas con los precios cero de la electricidad, ya que ahora no pueden obtener los beneficios que extraían. Es por ese motivo que la recarga de actual de dos reactores nucleares le resulta muy oportuna a sus propietarios y más si pueden estirar su duración un poquito más (el problema de los precios cero es más probable en primavera, en verano la demanda aumentará por el calor y el precio subirá). Y es probablemente por ese mismo motivo que las centrales de gas de ciclo combinado no estaban físicamente preparadas para entrar al quite cuando fuera necesario. 

Se tiene que pensar que se necesita aproximadamente una hora y cuarto para poner en pleno rendimiento una central de gas de ciclo combinado partiendo de cero, pero mucho menos si se la mantiene «al ralentí». Lo cual, de nuevo, suscita muchas cuestiones. La desconexión de la central nuclear que tuvo que hacer la parada no programada no fue inmediata y se avisó con cierta antelación, posiblemente un par de horas. ¿Por qué motivo no se puso a rodar inmediatamente suficiente potencia de ciclos combinados para compensarlo? ¿Y por qué no se estiró un poco más la potencia que daba la hidroeléctrica, que fue frenando hacia el final del día?

Lo más probable es que esto se debiera a mecanismos de mercado. Alguién calculó que salía más a cuenta pagar la interruptibilidad que poner en marcha los ciclos combinados, total para un período de unas pocas horas. Y quizá efectivamente económicamente era más rentable. Pero también era más peligroso desde el punto de vista técnico.

No cabe duda de que la noticia de El Economista en sí, con su alarmismo sin análisis de las causas y del desarrollo del incidente, busca favorecer el punto de vista de las compañías eléctricas, que están disgustadas por la situación actual y que buscan forzar cambios regulatorios de manera que ellas puedan seguir consiguiendo los grandes beneficios que conseguían antes. Lo que sucede es que es enormemente irresponsable jugar con fuego.

Si realmente esto es lo que ha pasado (que se ha mantenido deliberadamente cierta cantidad de centrales de gas de ciclo combinado inactivas), alguien ha cometido una terrible imprudencia. Si es así, alguien debería de responder ante los tribunales por la responsabilidad de haber creado una situación de peligro y encima por meras razones economicas.

Por terminar, este incidente muestra que se necesita una profunda reforma de mercado eléctrico. Lo mismo que reclaman las compañías eléctricas, aunque la reforma que se necesita debería ir en la dirección contraria a la que proponen ellas.

Aciertan los defensores del modelo REI cuando dicen que se tiene que aprovechar el aumento de producción de nueva renovable para ir cerrando ciclos combinados y así emitir menos CO2. Sin embargo, vamos a seguir necesitando potencia de respaldo y eso implica mantener los ciclos combinados: usándolos tan poco como sea posible, sí, pero tienen que estar ahí para salir al quite. Seguir soñando con futuros sistemas de macrobaterías, que en realidad no van a instalarse nunca por falta de materiales, no puede hacer perder de vista de que hay que gestionar el ahora. Y en el ahora, el actual sistema de precios marginalista en el mercado mayorista hace que los propietarios de los ciclos combinados pierdan dinero, y eso nos lleva a situaciones aberrantes como la del pasado miércoles, en las que nos jugamos todo el sistema eléctrico por una pataleta.

Quizá sería el momento de empezar a decir unas cuantas verdades incómodas más. Que la electricidad es un bien indispensable hoy en día y que se tiene que priorizar la calidad de su servicio. Que intentar mantener un sistema de mercado en un contexto de oligopolio natural no tiene sentido y lleva a estas aberraciones. Que favorecer la introducción masiva de energía renovable probablemente implica incrementar enormemente su potencia instalada para compensar su intermitencia, y eso implica que no se puede hacer rentable en el sentido económico aunque lo sea en el sentido social y ambiental. Y que, teniendo en cuenta todo lo anterior, probablemente la generación y distribución deberían ser públicas. Eso, o arriesgarnos a que un día un señor desde un despacho de La Castellana nos mande a todos a la Edad Media por haber querido jugar a ser dios solamente por ganar unos millones de euros más.

Salu2.

AMT

P. Data: Si quieren saber más, no dejen de leer la serie de la lavadora de Beamspot.

3. Evolución de la guerra en Ucrania

Un análisis del facha ruso «Big Serge» sobre los últimos movimientos militares en Ucrania y, muy especialmente, el nuevo frente en Járkov y la situación en el Donbás. https://bigserge.substack.com/

Guerra ruso-ucraniana: ampliación del frente

Quinta batalla de Járkov

Gran Serge 25 de mayo de 2024

Hay ciertas regiones del mundo que parecen destinadas por el cruel capricho de la geografía y el azar a ser perennes campos de batalla. A menudo, estas tierras asoladas se encuentran en la encrucijada de intereses imperiales, como en el caso de Afganistán o Polonia, que con tanta frecuencia han sido pisoteadas por ejércitos que iban de un lado a otro, o simplemente están plagadas de un gobierno perennemente inestable o de un conflicto étnico en ebullición. A veces, sin embargo, es la peculiar lógica de las operaciones militares la que lleva la violencia al mismo lugar, una y otra vez. Uno de esos lugares es la gran ciudad industrial de Járkov, en el noreste de Ucrania.

Fundada como una modesta fortaleza en el siglo XVII, Járkov estaba destinada a desempeñar un papel inusual en la Segunda Guerra Mundial. La ciudad se convirtió en una especie de símbolo de frustración para los ejércitos soviético y alemán: era el lugar al que ambos ejércitos querían llegar, pero que no conseguían tomar y mantener. En 1941, la ciudad fue capturada en las últimas fases de la colosal invasión alemana de la URSS y fue ocupada durante el invierno. En 1942, los alrededores de la ciudad se convirtieron en escenario de una enorme batalla cuando los alemanes planearon lanzar una ofensiva desde Járkov exactamente al mismo tiempo que el Ejército Rojo planeaba una ofensiva hacia ella. Al año siguiente, la ciudad fue brevemente reconquistada por el Ejército Rojo mientras perseguía a los ejércitos alemanes en retirada lejos de Stalingrado, antes de volver a cambiar de manos tras un oportuno contraataque alemán. Finalmente, a finales de agosto de 1943, los soviéticos retomaron la ciudad para siempre mientras iniciaban su inexorable avance hacia Berlín.

Ninguna ciudad importante cambió de manos tantas veces en la Segunda Guerra Mundial como Járkov, que se convirtió en escenario de nada menos que cuatro batallas sustanciales. La crueldad del destino había convertido a Járkov en una especie de punto de culminación mutua, el punto del mapa más allá del cual ambos ejércitos encontraban repetidamente difícil avanzar.

La historia no se repite, como suele decirse, pero sí rima. La posición estratégica de Járkov, como gran centro urbano que bloquea la curva interior del norte del río Donets, no ha cambiado mucho en los ochenta años transcurridos desde la última vez que soviéticos y alemanes lucharon aquí en los bosques, y el óblast de Járkov se está convirtiendo una vez más en la cuerda de un mortal juego de tira y afloja. La zona fue brevemente invadida por el ejército ruso en las primeras semanas de la Operación Militar Especial, cuando los rusos establecieron una línea de proyección para cubrir su captura del hombro de Lugansk. Ese mismo año, Járkov se convirtió en el escenario del mayor logro militar ucraniano de la guerra, cuando los ucranianos superaron las escasas defensas rusas y emprendieron una persecución hasta el río Oskil. Y ahora, los rusos han vuelto, lanzando un nuevo ataque contra el óblast de Járkov el 10 de mayo. El sonido de la artillería vuelve a oírse en la ciudad.

El Frente Norte

Comprendo el impulso de lanzar «grandes flechas», como se suele decir. Mucha gente se está frustrando con el ritmo de la guerra y la naturaleza posicional del combate, por lo que la apertura de un nuevo frente por parte de Rusia parece una oportunidad para desbloquear la línea del frente y restaurar las operaciones móviles. Creo que esto es erróneo por varias razones, y más en general la idea de que los rusos están haciendo algún tipo de jugada seria por Kharkov es muy equivocada. De hecho, lo más probable es que los rusos intenten evitar luchar a la sombra de Járkov. En el otro extremo del espectro están los que tachan la nueva ofensiva de «finta», lo que es erróneo tanto por malentender la nomenclatura militar como las intenciones rusas.

En primer lugar, aclaremos algo sobre la palabra «finta», y veamos cómo no se aplica en absoluto a la operación rusa de Kharkov. Una finta se refiere a una maniobra engañosa o de distracción diseñada para interrumpir la toma de decisiones del enemigo o sacar a sus fuerzas de su posición. Eso no es lo que está ocurriendo aquí, por dos razones. En primer lugar, la operación Kharkov es un ataque real en el que participan fuerzas rusas significativas. Rusia tiene actualmente dos Cuerpos de Ejército en esta zona de operaciones: el 11º y el 44º, junto con elementos del 6º Ejército de Armas Combinadas y el 1º Ejército de Tanques de la Guardia. Los ucranianos se ven obligados a desviar fuerzas en respuesta, pero no lo hacen porque hayan sido engañados, sino porque los rusos representan una seria amenaza que justifica una respuesta. En segundo lugar (como veremos en breve), se trata de una operación que tiene el potencial de apoyar las operaciones rusas en el frente de Oskil (alrededor de Kupyansk).

En otras palabras, no se trata de un engaño ni de una finta, sino de un frente real que obliga a Ucrania a reasignar activos. Al ampliar el frente, están atrayendo las reservas ucranianas y fijándolas en su lugar -más sobre esto más adelante. Pero el nuevo frente es mucho más que una simple distracción.

Puede ser útil ver un mapa reducido de la zona para hacerse una idea. Hay, por supuesto, una gran variedad de grandes cartógrafos, como Kalibrated y Suryiak, que hacen un excelente trabajo geolocalizando la guerra y marcando las líneas del frente, pero un inconveniente que todos ellos comparten es que utilizan Google Maps como base, lo que puede hacer que las cosas parezcan bastante desordenadas. En este caso, una visión más minimalista puede ayudarnos a ver lo que está pasando.

En estos momentos, las operaciones rusas se dirigen a dos ciudades cercanas a la frontera: Volchansk y Lypsti. Consideremos lo que esto significa.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que Volchansk se encuentra en la orilla oriental del río Donets, lo que significa que está en el lado de Kupyansk y no en el de Kharkov. La ofensiva rusa inicial consiguió aislar Volchansk de la orilla occidental del río, lo que significa que la ruta principal para que las fuerzas de las AFU accedieran a la ciudad sería la carretera arterial que discurre hacia el norte y cruza el río en Staryi Saltiv. Sin embargo, el 11 de mayo los rusos consiguieron destruir el puente de Staryi Saltiv. Sólo había dos puentes sobre el Donets en un radio de 50 km de Volchansk; uno está ahora bloqueado físicamente por los rusos tras capturar la aldea de Staritsa, y el otro está destruido. Rusia también ha derribado varios puentes auxiliares sobre el río Volchya, impidiendo que los ucranianos trasladen eficazmente reservas a los flancos de Volchansk.

Esto ha puesto a las AFU en un verdadero aprieto. Para llevar refuerzos a Volchansk, se ven obligadas a tomar una ruta tortuosa (cruzando el Donets cerca de Chuguiv) y a conducir por una carretera bien vigilada donde son extremadamente vulnerables a los disparos rusos. En esencia, Volchansk se ha convertido en un espacio de batalla aislado donde las reservas ucranianas que se aproximan pueden ser machacadas sobre la marcha. Las pérdidas ucranianas geolocalizadas de LostArmor lo confirman, con impactos agrupados en esa avenida principal de aproximación.

Los impactos geolocalizados de LostArmor muestran que las pérdidas ucranianas aumentan en el camino hacia Volchansk

Esto ha convertido Volchansk en un espacio de batalla muy bien formado, en el que Rusia ha conseguido bifurcar parcialmente el frente a lo largo del río Donets. Mientras tanto, el avance ruso sobre Lyptsi tiene un importante papel de apoyo, ya que permitirá a la artillería de tubo rusa poner a tiro la ciudad de Kharkov.

Ucrania tiene que defender este frente, por supuesto. La mayor parte de las fuerzas rusas en esta agrupación siguen en la reserva, y está muy claro que las AFU no pueden simplemente permitir que los rusos abran una puerta trasera a Kupyansk de forma gratuita. Sin embargo, a corto plazo esta defensa resulta costosa para las AFU, porque la configuración del espacio de batalla y las vías de aproximación de sus reservas permiten a Rusia librar una batalla de interdicción eficaz. El ejército ucraniano sencillamente no tiene acceso adecuado por carretera a Volchansk para mantener la ciudad durante mucho tiempo.

En resumen, la reapertura del Frente Norte no supone un cambio cualitativo en la conducción de la guerra, pero sí crea una tensión importante en las AFU. Rusia no va a desbloquear repentinamente el frente y empezar a cortar operaciones móviles. Ésta sigue siendo la misma guerra que ha sido durante los dos últimos años, con combates posicionales metódicos y capacidades de ataque paralizantes. Pero el frente de Kharkov sí sirve a diversos intereses rusos, y apoya los siguientes objetivos:

1. Extender el frente lateralmente para reducir la fuerza ucraniana y atraer a las reservas de las AFU.
2. Librar una batalla de interdicción, golpeando a las fuerzas de las AFU cuando se desplieguen en la orilla oriental del Donets y degradando la capacidad de Ucrania para sostener sus defensas.
3. Coloque las AFU alrededor de Kharkov bajo fuego de artillería de tubo.
4. A más largo plazo, explotar el frente aislando a la agrupación ucraniana en torno a Kupyansk.

Sin embargo, el aspecto más importante de todo esto es la capacidad de obligar a los ucranianos a comprometer sus valiosos recursos *y* reducirlos de forma eficaz obligándoles a introducir unidades en una zona de combate aislada en la orilla oriental del Donets. La capacidad de Ucrania para generar nuevas fuerzas y proporcionar reemplazos está llegando a su límite, y la movilización sólo cubre quizá el 25% de las pérdidas. Budanov se ha quejado de que prácticamente no quedan reservas, y Ucrania ha empezado a suplicar que se desplieguen en el país instructores militares occidentales para agilizar su movilización y despliegue.

Para Rusia, por tanto, es muy importante impedir que Ucrania almacene recursos, y eso significa atraer tantos activos de las AFU hacia batallas bien formadas como sea posible. Kharkov sería un ejemplo ideal de esto, con un punto de presión operacionalmente significativo abierto para que las AFU se vean obligadas a canalizar fuerzas hacia un horno. Abrir un frente adicional en Sumy tendría un efecto similar.

El mayor problema para Ucrania, desde el punto de vista de la generación de fuerzas, es su creciente dependencia de una pequeña lista de brigadas estrella que se desplazan constantemente por el frente para apagar fuegos y atender tareas de combate urgentes. El ejemplo más notorio sería la 47ª Brigada Mecanizada, que estuvo en el centro de la fracasada Contraofensiva de Zaporizhia antes de ser trasladada a Avdiivka, donde estuvo en el centro de la feroz pero infructuosa resistencia defensiva ucraniana. Ahora, la 47ª está cada vez más incapacitada para el combate, y un intento fallido de sacarla de la línea para que se reajustara llevó a la debacle de Ocheretyne, donde las fuerzas rusas explotaron un enorme vacío en la línea ucraniana.

La reapertura del frente de Kharkov crea otra emergencia más para absorber estos activos de primera. La 93ª Brigada Mecanizada ya se ha desplazado a la zona de Volchansk, o al menos a algunos de sus elementos, ya que parece que algunas unidades de la Brigada siguen combatiendo en los alrededores de Chasiv Yar, en el Donbass. En total, el nuevo frente de Járkov parece haber absorbido casi 30 batallones ucranianos, lo que supondría casi el 10% de la fuerza de primera línea de las AFU (basándose en la estimación equivalente a la División 33 que comenté aquí).

La cuestión más general es que la enorme superioridad de Rusia en la generación de fuerzas le permite acelerar el desgaste del poder de combate ucraniano de dos formas. En primer lugar, al ampliar el frente pueden crear cada vez más puntos calientes que obliguen a una rápida reorganización de los principales activos ucranianos; en segundo lugar, la simple ampliación del frente activo puede obligar a Ucrania a incorporar más rápidamente al frente al personal recién movilizado.

El desastre de Ocheretyne es el mejor ejemplo de ello. Este sector había estado originalmente bajo los auspicios del 47º Mecanizado, que en su día fue un activo de primer orden y ahora una cáscara hueca. Cuando un intento de sacar al 47º de la línea salió terriblemente mal, ¿cómo taparon las AFU el agujero? Introduciendo a toda prisa la 100ª Brigada Mecanizada, una unidad que se había constituido menos de un mes antes y que ni siquiera había recibido el armamento pesado característico de una formación mecanizada.

Mantener a la 47ª en combates de alta intensidad durante meses degradó un activo crítico actual, y el consiguiente corte en la línea obligó a las AFU a enviar prematuramente al combate a una brigada embrionaria, quemando el futuro.

En estas condiciones, resulta francamente absurdo trazar sobre el terreno el camino a seguir por Ucrania. Un ejército que se encuentra en un estado constante de reacción ante las emergencias sólo puede continuar durante cierto tiempo antes de dejar de reaccionar, y un ejército que se ve obligado constantemente a desplazar a sus mejores brigadas y desplegar unidades no preparadas para mantener la línea nunca podrá recuperar la iniciativa. No tiene capacidad para acumular recursos, y permanece en un estado permanente de reactividad y horrible, horrible agitación. En definitiva, se trata de un ejército con serias limitaciones de recursos y sin capacidad para conservarlos.

En efecto, ahora estamos viendo cómo Rusia invierte los acontecimientos del otoño de 2022, cuando el ejército ruso se vio obligado a aceptar un acortamiento radical del frente, retirándose de la orilla oeste de Kherson y siendo expulsado de la provincia de Kharkov. En ese caso, era Rusia la que tenía una generación de fuerzas inadecuada. La diferencia es que Rusia disponía de un engranaje superior: una movilización sin explotar y una economía de guerra que le daban la perspectiva de un aumento del poder de combate a largo plazo. Ucrania no tiene una marcha superior. Además, Ucrania carece de la capacidad de acortar el frente. Rusia pudo retirarse de amplios sectores del espacio de batalla para asignar los recursos de forma más eficiente. Ucrania no puede hacer esto, porque renunciar a sectores del frente significa dejar que el ejército ruso arrolle grandes franjas del país. Rusia tiene la capacidad de acortar y ampliar el frente a voluntad, y Ucrania no. Esta asimetría estratégica fundamental es simplemente la realidad para un país superado que lucha en su propio terreno.

Es posible que Rusia amplíe aún más el frente con una incursión similar en la provincia de Sumy; en cualquier caso, es muy poco probable que veamos un esfuerzo serio por capturar Sumy o Kharkov. El principal objetivo de estos frentes será fijar las reservas ucranianas en su lugar y denegar a Ucrania la capacidad de reaccionar en otros frentes. Esta guerra no se ganará ni se perderá en Járkov, sino en el Donbás, que sigue siendo el teatro decisivo.

Actualmente parece que nos encontramos en la fase de preparación de una ofensiva rusa de verano en el Donbass, que (probablemente entre otras cosas) incluirá una ofensiva rusa sobre la ciudad de Konstyantinivka. Esta es la última zona urbana importante que protege el avance hacia Kramatorsk-Slovyansk desde el sur (recordando que estas ciudades gemelas forman el objetivo final de la campaña rusa en el Donbass). Hagamos un breve repaso de cómo son las líneas de contacto y avance en este frente.

La forma del avance ruso ya está bastante clara, y se vio facilitada por el colapso temporal ucraniano que permitió a Rusia capturar Ocheretyne en sólo unos días. Konstyantinivka (con una población de unos 70.000 habitantes antes de la guerra) se encuentra en el centro de un avance ruso concéntrico desde Ocheretyne y la zona de Bakhmut, y la incipiente operación rusa aquí promete varios beneficios importantes.

El avance ruso desde Ocheretyne tendrá como objetivo la autopista que conecta Konstyantinivka y Pokrovsk. Esta última es uno de los centros de tránsito más importantes del Donbass (el mapa de abajo muestra la telaraña de autopistas que la atraviesan, como los radios que atraviesan el cubo de una rueda). La naturaleza de Pokrovsk como centro de operaciones significa que Rusia no necesita capturarla para hacerla estéril; simplemente convertir Pokrovsk en una ciudad de primera línea, con las fuerzas rusas protegiendo las carreteras hacia el este, será suficiente para neutralizarla y dificultar el mantenimiento ucraniano en la región. Ocheretyne también sirve como plataforma de lanzamiento para envolver parcialmente (o quizás totalmente) las defensas de Toretsk-Nueva York.

Toretsk y Nueva York son asentamientos fuertemente mantenidos y muy bien fortificados. El ejército ucraniano los ha mantenido en su poder de forma ininterrumpida desde 2014, por lo que se encuentran entre las posiciones mejor fortificadas del mapa. Está claro que Rusia intentará evitar un asalto frontal, y está bien posicionada para ello. Pueden avanzar desde Ocheretyne y Klischiivka y acercarse oblicuamente a la aglomeración de Toretsk, llevándolos a una bolsa de fuego y forzando una difícil decisión ucraniana sobre si canalizar recursos hacia la defensa allí.

En resumen, yo esperaría que Rusia iniciara una operación de verano dedicada con Konstyantinivka como centro de gravedad, con el objetivo de capturar Chasiv Yar para usarla como plataforma de lanzamiento contra el flanco norte de Konstyantinivka, mientras corta la línea a Pokrovsk mediante avances desde Ocheretyne. Moviéndose de este modo de forma concéntrica sobre Konstyantinivka se evitará naturalmente la posición de Toretsk.

Operaciones rusas previstas para el verano, Eje Konstyantinivka

Los ojos en el premio, como suele decirse. El centro de las operaciones rusas sigue siendo su avance hacia Kramatorsk y Slovyansk, a pesar de las nuevas extensiones del frente en Kharkov (y potencialmente Sumy). Sin embargo, al ampliar el frente, Rusia está sinergizando poderosamente dos de las asimetrías críticas de esta guerra, a saber, que Ucrania tiene que defenderse en todos los frentes (Rusia no) y que el ejército ruso dispone de importantes reservas (Ucrania no). Las AFU simplemente no tienen el lujo del que disfrutó Rusia en 2022 de poder retirarse de grandes sectores del frente. Están obligadas a responder a todo, a costa de denostar su fuerza y ahuecar sus posiciones en otros lugares.

Cambio de mando

La ampliación del frente ruso coincidió con dos importantes acontecimientos políticos: curiosamente, unas elecciones que se celebraron y otras que no. Como era de esperar, Vladimir Putin fue reelegido fácilmente como Presidente de Rusia; a pesar de todas las quejas sobre los medios de comunicación estatales y la cultura política regulada de Rusia, los observadores occidentales han admitido a regañadientes que la guerra en Ucrania ha reforzado la popularidad de Putin. Al mismo tiempo, el mandato legal de Zelensky expiró tras la anulación de las elecciones ucranianas, aparentemente debido a las tensiones de la guerra.

La reelección de Putin condujo casi inmediatamente a una reorganización sustancial de la cúpula de la seguridad nacional rusa, seguida de una serie de arrestos en el cuerpo de oficiales rusos que se están produciendo en la actualidad. Examinemos brevemente el significado de estos cambios.

El movimiento más destacado, por supuesto, fue la sustitución del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, por Andrei Belousov. Belousov es un economista tecnócrata de profesión, que anteriormente ocupaba la cartera de desarrollo económico en el gabinete. Shoigu fue desplazado a la secretaría del Consejo de Seguridad del Estado, que sigue siendo una función significativa, responsable de la coordinación de los órganos de seguridad de Rusia. El hecho de que Shoigu conserve un papel prominente significa que su destitución del Ministerio de Defensa no es del todo un desplante, pero está claro que Belousov se incorpora por un motivo concreto.

El problema básico, como tal, es que el gasto en defensa de Rusia ha aumentado drásticamente mientras persisten los problemas de corrupción (sobre todo en las adquisiciones). No hay por qué idealizar ingenuamente al Estado ruso: la corrupción, aunque ciertamente ha mejorado mucho desde los calamitosos años 90, sigue siendo una espina clavada en el costado de la buena gobernanza, como en casi todos los Estados postsoviéticos.

El problema obvio para Rusia es que lo que está en juego es obviamente mucho más importante en tiempos de guerra, y el abultado presupuesto de defensa hace más difícil controlar esas fugas. Al mismo tiempo, Rusia necesita trazar una política militar-industrial sostenible a medida que el gasto en defensa se dispara hasta cerca del 7% del PIB. De ahí la elección de Belousov, un hombre conocido por ser un verdadero devoto creyente del Estado, que lleva un estilo de vida modesto y al que se considera esencialmente refractario a la corrupción. El lanzamiento casi instantáneo de una purga de alto nivel de oficiales del Ministerio de Defensa acusados de corrupción señala un cambio radical similar.

Sin embargo, hay otro aspecto de estas detenciones anticorrupción que se está pasando por alto. La mayoría de los análisis occidentales quieren considerar estas detenciones como una «purga» al estilo de Stalin, posiblemente en un intento de Putin de eliminar a los «leales a Shoigu» del ministerio de Defensa. En este marco, Putin -como Stalin- teme un centro de poder rival bajo Shoigu y desea neutralizar una amenaza imaginaria reasignando a Shoigu y arrestando a «sus hombres». Creo, más bien, que hay una explicación diferente y más directa. Putin ha hablado repetidamente de su deseo de promover un nuevo cuadro dirigente ruso compuesto por veteranos probados del SMO en Ucrania. Detrás de la particular vernácula política rusa, hay una verdad evidente: por primera vez en la era postsoviética, Rusia dispone de una creciente reserva de oficiales experimentados y curtidos en batalla a los que ascender. Los oficiales detenidos representan una clase de ascensos en tiempos de paz, ablandados y corrompidos por la generosidad de la pasada permisividad del Ministerio de Defensa. Bajo el mando de Belousov, está clara la intención de rehacer el Ministerio de Defensa con una cúpula formada por mandos probados en Ucrania. Quieren un aparato de defensa más esbelto y economizador dirigido por ascensos de guerra. ¿Quién puede culparles?

El equipo de Putin tiene el claro objetivo de situar la economía de guerra sobre una base sostenible, lo que significa controlar los costes, economizar recursos y tomar medidas enérgicas contra la corrupción. Sin embargo, hay algunas señales contradictorias sobre cómo será esto. Belousov es conocido por creer en el papel del Estado como impulsor de la política industrial, lo que algunos han interpretado como que dirigirá la transición hacia una economía de guerra perenne, con el gasto militar como motor económico fundamental a largo plazo. Yo creo más bien lo contrario. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que el gasto en defensa de Rusia se había disparado hasta niveles no vistos desde finales de la era soviética, y pontificó que era necesario supervisarlo. Peskov señaló que «es muy importante poner la economía de seguridad en consonancia con la economía del país» – en efecto, una declaración oficial de que el gasto en defensa es mucho mayor de lo que el gobierno desearía a largo plazo.

La imagen mental que tengo es una en la que el gasto en defensa aumentó de forma algo descontrolada a medida que Rusia ponía en marcha su economía de guerra, con Shoigu supervisando una especie de fase de atracón. Belousov es ahora el encargado de recortar y economizar; como tecnócrata civil, no está vinculado a ninguna de las camarillas militares-industriales y tendrá el equilibrio político necesario para gestionar la fase de recorte.

Algunas de estas medidas son bastante habituales: una nueva dirección para una fase de reestructuración; alguien lo suficientemente independiente como para hacer recortes desapasionados. En Estados Unidos, por ejemplo, la administración Truman llevó a cabo una serie de cambios de personal en la cúpula al intentar desmovilizarse rápidamente de la Segunda Guerra Mundial y volver a controlar el gasto. El Secretario de Defensa, Louis A. Johnson, llegó incluso a plantearse la supresión total del Cuerpo de Marines. Lo que es diferente en el caso de Rusia, por supuesto, es que todavía se encuentra en estado de guerra. Normalmente se consideraría imprudente cambiar de caballo a mitad de camino, pero el equipo de Putin cree claramente que la situación sobre el terreno es lo suficientemente favorable (con Gerasimov conservando su puesto de jefe del Estado Mayor) y que la necesidad de frenar el gasto es lo suficientemente grande como para sentirse cómodo poniendo a un economista al mando de un aparato de defensa en tiempos de guerra.

Rockin’ in the Free World

Mientras Putin reorganizaba su gabinete e iniciaba detenciones por corrupción de alto nivel, en Kiev se representaba otro tipo de espectáculo. El Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken estaba en la ciudad, hipnotizando a la gente con su talento musical preternatural, interpretando éxitos como «Rockin in the Free World».

El «Mundo Libre», tal y como se ve a sí mismo el Bloque Atlántico, sigue siendo fundamental en el conflicto ucraniano, como motor material y fiscal que impulsa la capacidad de Ucrania para mantenerse en la lucha. Aparte del Kremlin, el gobierno estadounidense es el actor decisivo en Ucrania, y la postura de la política estadounidense está siempre entre nuestras principales consideraciones.

Creo que merece la pena reflexionar sobre el modo en que ha cambiado la política estadounidense respecto a Ucrania. Lenta pero inexorablemente, Estados Unidos ha ido superando todas las limitaciones que se había autoimpuesto a la ayuda a Ucrania. Ahora parece absurdo, pero no hace mucho el Pentágono se mostraba inflexible en cuanto al envío de tanques estadounidenses a Kiev. Hubo dudas similares en torno a los cazas F-16 y los sistemas ATACM. Al final, todos esos límites se traspasaron. Hemos llegado a un punto en el que cuando Washington dice que hay algún sistema que está fuera de los límites, en realidad significa que Ucrania sólo tiene que esperar unos meses más.

Ahora llegamos a un punto en el que uno de los últimos tabúes estadounidenses -el uso de armamento occidental para atacar territorio ruso antes de la guerra- está siendo impulsado, y tanto los congresistas republicanos como el Secretario de Estado Blinken instan a la administración Biden a dar luz verde.

Esto parece haber sido espoleado, al menos en parte, por el nuevo frente ruso de Járkov, con los dirigentes ucranianos quejándose de que no podían interrumpir la puesta en escena rusa debido a las normas estadounidenses que prohíben disparar sobre territorio ruso. Esto, por supuesto, no es cierto – Ucrania ha estado atacando el oblast de Belgorod durante muchos meses, e incluso se han enorgullecido de haber «traído la guerra a casa»a Rusia. Estamos atrapados en una disparidad narrativa en la que se alardea con regularidad del exitoso programa de ataques de Ucrania contra objetivos en la retaguardia estratégica rusa y, sin embargo, debemos creer que a los rusos se les permitió actuar sin ser molestados en la operación Kharkov porque a las AFU no se les permite disparar contra Rusia. Resulta cuando menos extraño.

En cualquier caso, el historial demuestra que el gobierno estadounidense cederá inexorablemente a todas las peticiones ucranianas, si se le da tiempo suficiente. Abrams, F-16, ATACM: Ucrania siempre acaba consiguiendo lo que pide. Parece probable que dentro de poco se dé la bendición formal estadounidense para acelerar los ataques contra la Rusia de preguerra. Se atacarán instalaciones dentro de Rusia. La respuesta del Kremlin decepcionará y enfurecerá a sus partidarios en Internet.

El problema para Ucrania es que tiende a centrarse de forma maníaca en artículos simbólicos de «gran envergadura» que no mejoran su crisis estratégica más amplia. La licencia para lanzar misiles ATACM contra objetivos dentro de Rusia no es la panacea para el gran problema de Ucrania. Ucrania ya ha demostrado su capacidad para atacar activos estratégicos rusos: instalaciones navales, radares y baterías de defensa antiaérea. El éxito de los ataques ucranianos contra estos activos se ha ido incrementando a medida que Occidente ha ido reforzando su capacidad de ataque con Storm Shadows, ATACM y otros. Y, sin embargo, Ucrania sigue cediendo terreno en el Donbass en medio de una escasez cada vez más grave de necesidades básicas para la guerra, como la infantería.

La trayectoria de la guerra sugiere que el bloque de la OTAN hará todo lo que esté en su mano para apuntalar las capacidades de ataque de Ucrania, y que Ucrania continuará a la caza de activos estratégicos de alto perfil, incluso mientras sigue siendo derribada en el teatro crítico, que es el Donbas. Cuando las AFU sean finalmente expulsadas de sus últimos asideros a lo largo de la línea -perdiendo Kramatorsk y Slovyansk, siendo expulsadas del sur del oblast de Donetsk y obligadas a retroceder a la orilla occidental del Oskil-, la tentación en Kiev será culpar a Occidente de haber cedido demasiado poco, demasiado despacio y demasiado tarde. Esta es una mentira de la que no deben salirse con la suya. El bloque de la OTAN ha dado a Ucrania, prácticamente sin excepción, todo lo que ha pedido. Simplemente no ha importado.

4. Drones en Africa.

En Afrique XXI han publicado una serie de cinco artículos sobre una de las peculiaridades de la guerra y la política de defensa en África en los últimos años: el uso de drones. Os paso el primero. El autor de este es un oficial estadounidense. Si creéis que tienen interés, lo haré con los otros cuatro, pero quizá os parezca un tema demasiado secundario. Los títulos de los artículos son estos: «Les drones, une histoire coloniale» (2/5); «Un mimétisme lourd de conséquences» (3/5); «Des milliers de morts au nom de la sécurité» (4/5); y «Les effets de la « dronisation » de la guerre au Sahel» (5/5)  https://afriquexxi.info/L-

La guerra de los drones en África (1/5)

África, un nuevo campo de batalla en el cielo

La gran mayoría de los países africanos han adquirido drones de vigilancia y combate. Los grupos armados también utilizan cada vez más esta tecnología. Cursos de formación cortos, mala interpretación de los objetivos, restricciones legales fluctuantes… ¿La proliferación de estas aeronaves baratas y pilotadas a distancia supone un riesgo para los derechos humanos?

John Ringquist 20 de mayo de 2024

África es el nuevo campo de batalla de la guerra de drones. Ucrania y Oriente Próximo dominan la cobertura mediática del uso de estos aparatos, pero la explosión de este mercado en el continente para la vigilancia, el ataque y la alerta temprana está revolucionando la forma en que los Estados africanos deciden gestionar sus prioridades de seguridad. Casi todos los países y muchas insurgencias utilizan drones. Sólo en marzo de 2024, veinticuatro Estados optaron por adquirir drones para equipar sus fuerzas militares, desde los Estados norteafricanos (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Libia) hasta el Sahel (Senegal, Sudán, etc.), el Cuerno de África, África Oriental (Kenia, Ruanda, etc.), el Golfo de Guinea y África Austral… .

Los vehículos aéreos no tripulados de combate (UAV), procedentes principalmente de Turquía y China (y en menor medida de Irán y Emiratos Árabes Unidos), proporcionan a los países africanos plataformas de ataque y vigilancia a distancia. Los mismos Estados que recurren a estos nuevos socios en materia de seguridad mantienen sus vínculos con los proveedores de aviones no tripulados no armados, como los miembros de la Unión Europea (incluida Francia) y Estados Unidos.

Los grandes ganadores en la competición por la venta de UAV armados son Turquía y China. Estos dos países pretenden asegurarse una posición dominante mediante la venta de aparatos como el CH-3, el TB2 y el AUAV Wing Loong¹. El aumento de las compras de aviones no tripulados, unido a la decisión de los Estados africanos de utilizarlos en campañas de contrainsurgencia, ha suscitado temores de que se produzcan abusos de los derechos humanos, se refuerce el poder gubernamental encarnado en un Estado de vigilancia y se creen expectativas poco realistas en torno a estas plataformas.

Cambiar el curso de una guerra

Nigeria es el país que lleva más tiempo intentando asegurar su territorio con drones, empezando con aviones de vigilancia de fabricación israelí en 2006, para pasar después a los drones armados en 2014 con la entrega de aviones chinos CH-3. Por su parte, Abuya ha estado trabajando en la creación de drones, presentando el Gulma en 2013, seguido del Tsaigumi, y un dron armado aún no entregado, el Ichoku, que podría utilizarse para vigilancia y ataques de precisión contra Boko Haram. El Tsaigumi podría entrar en producción en 2024, pero el esfuerzo nacional de investigación y desarrollo (con la ayuda de Pakistán) parece haberse paralizado: la facilidad y el bajo coste de adquirir drones a China y Turquía es un argumento convincente para no seguir adelante con él. La amenaza de Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental exigía una respuesta política urgente, por lo que las fuerzas aéreas nigerianas recurrieron primero a China. En 2016, el CH-3 ya se utilizaba contra los insurgentes yihadistas. La fuerza aérea nigeriana también operará drones TB2 turcos como parte de su flota aérea multinacional.

Los proveedores chinos de los CH-3 y CH-4B, menos sofisticados que los modelos occidentales armados, no imponen a Nigeria las mismas restricciones en materia de derechos humanos que los proveedores occidentales de drones. Abuja ha desarrollado su capacidad para apoyar esta actividad con nuevos aeródromos, un escuadrón de aviones no tripulados, formación de pilotos y la adquisición del TB-2 turco y el Wing Loong chino, una copia derivada del avión no tripulado estadounidense Predator. Estos UAV no eran ni son los mejores, pero son suficientemente buenos y están mejorando. Tanto Turquía como China se han dado cuenta de que los UAV con bajos costes de adquisición, gastos de mantenimiento modestos y abundante munición tienen el potencial de cambiar el curso de las campañas de seguridad nacional.

Fuerza Aérea de Nigeria

Nigeria sigue comprando drones de vigilancia a otros proveedores -Francia y Estados Unidos-, pero las municiones que lanza contra el Estado Islámico en África Occidental, Boko Haram y los bandidos son turcas o chinas. Por todo ello, Nigeria no ha pasado a una fuerza aérea dominada por los drones, pero los ha adoptado como parte clave de su programa híbrido de adquisición de drones y aeronaves más tradicionales. La fuerza aérea nigeriana también está modernizando sus helicópteros con AH-1Z estadounidenses y T-129 turcos, como parte de una estrategia de poder aéreo a varios niveles para la lucha antiterrorista y la modernización de plataformas de antiguos aviones soviéticos como el Mi-24. La realidad operativa sigue siendo que los drones son más baratos que los helicópteros o los aviones, más fáciles de mantener y no ponen en peligro a los pilotos.

Drones iraníes a pesar de las sanciones

Ya se trate de una política ejercida en nombre de la defensa y la soberanía nacionales, o de la constatación de que se necesitan tecnologías innovadoras para combatir eficazmente las amenazas a la seguridad interior a larga distancia, otros Estados del Golfo de Guinea y del Sahel están adquiriendo drones. Togo y Burkina Faso han adquirido drones TB-2 y los utilizan contra los yihadistas; las fuerzas armadas sudanesas emplean drones kamikaze operados por aliados ucranianos para hacer la guerra contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido(RSF, derivadas de las milicias Janjaweed) y la empresa militar privada ^Wagner2; Chad ha optado por los drones turcos Anka-S, y parece sólo cuestión de tiempo que se desplieguen a lo largo de la frontera norte con Libia o frente a Nigeria, en la cuenca del lago Chad; Mauritania ha adquirido drones armados CH-4 de fabricación china para la organización de seguridad regional G5 Sahel. Con esta adquisición, Mauritania se une a otros miembros del G5 Sahel, en particular Burkina Faso y Chad, así como Senegal, que utilizan drones de vigilancia de fabricación israelí.

Libia es otro campo de batalla en el que los drones y la guerra por delegación se entrelazan en una guerra de facciones enfrentadas con muchos de los mismos actores internacionales. Los mercenarios de Wagner utilizan drones para reconocimiento y ataque, al igual que los Emiratos Árabes Unidos y la OTAN, que dependen de drones turcos. Es necesario observar de cerca los tipos y capacidades de las aeronaves presentes en Libia, ya que las implicaciones para la futura guerra urbana son significativas. El uso de drones equipados con inteligencia artificial, por ejemplo, plantea un problema inmediato en cuanto a las líneas rojas de los objetivos militares legítimos y las violaciones de la Convención de Ginebra.

Es probable que el futuro de la guerra con drones en África se mantenga dentro de las fronteras nacionales y contra un enemigo interno. Etiopía ha respondido a una crisis nacional adquiriendo y utilizando rápidamente varios tipos de drones contra los rebeldes de las Fuerzas de Defensa de Tigray paradetener su intento de ataque contra Addis Abeba. La organización pacifista neerlandesa Pax ha estado a la vanguardia de la proliferación de drones y afirma que, al comienzo del conflicto de Tigray, a finales de 2020, el gobierno etíope recibió entregas de drones y pilotos de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, China e Irán, este último uno de los principales fabricantes y exportadores de drones, sobre todo a Rusia. El gobierno iraní pudo suministrar aviones rápidamente y, a pesar de las sanciones estadounidenses derivadas del suministro de drones a Rusia, Teherán envió drones a Etiopía y Sudán sin preocuparse por las consecuencias. Etiopía no es el único Estado que se ha beneficiado de los drones iraníes: en enero de 2024, Sudán habría utilizado estos aparatos contra la RSF.

Aviones «made in Africa»

Aunque los actores externos y los proveedores no africanos han suministrado la gran mayoría de los UAV armados y no armados a los países del continente, dos fabricantes africanos se esfuerzan por hacerse con una parte del mercado, a excepción del UAV táctico nigeriano. Es el caso de Marruecos, que mantiene una vigilancia reforzada sobre Argelia, considerada una amenaza para su seguridad. Sin embargo, Rabat no ha cejado en su empeño de diversificar su inventario: se ha confirmado la adquisición de drones suicidas chinos Wing Loong 2, turcos Akinci e israelíes SpyX a finales de 2023. Otras compras de drones TB-2 a Turquía y de drones de reconocimiento Heron a Israel proporcionarán sin duda al reino una fuerza diversificada para operar junto a su gran flota de aviones convencionales, una medida prudente mientras desarrolla sus propias capacidades de fabricación.

En el otro extremo del continente, Sudáfrica tiene un largo historial de diseño y fabricación de drones, que se remonta a la década de 1970. Pero la mayoría de las aeronaves que utiliza tienen fines de vigilancia. El dron más reciente de Sudáfrica, el Milkor 380, es una aeronave autónoma con la apariencia y el perfil operativo de un Predator o un Wing Loong. El desarrollo y posible despliegue de UAV con capacidades similares a las del dron estadounidense o el Wing Loong chino ilustran una evolución en el uso de UAV armados, que hasta ahora se utilizaban principalmente para misiones de vigilancia.

El análisis de las razones por las que estos Estados utilizan UAV en lugar de aviones tripulados o aeronaves operadas por empresas militares privadas contratadas permite vislumbrar cómo, en el futuro, estas aeronaves tendrán una mayor presencia en más conflictos africanos. A medida que los países que operan dentro de los bloques regionales africanos aprendan y compartan lecciones, es probable que el uso de estas aeronaves evolucione. Es posible, incluso concebible, que la Unión Africana(UA) también adquiera una capacidad o coopte las capacidades de sus Estados miembros.

Al-Chabab e Isis en acción

El riesgo de una carrera armamentística a través de la adquisición de aviones no tripulados aumenta considerablemente por una serie de factores, entre los que destacan el coste y la disponibilidad de los posibles proveedores. Algunos Estados han comunicado ampliamente sus compras hasta el punto de celebrar su llegada: Burkina Faso, Nigeria y Marruecos han revelado abiertamente sus adquisiciones. Sudán y Etiopía han sido menos transparentes (ambos países han recibido varios tipos de aviones no tripulados de diversas fuentes, entre ellas Irán, China y Turquía).

Algunos observadores han planteado la cuestión del riesgo que supondría para los Estados que un grupo armado adquiriera capacidades del mismo nivel que estos drones TB2 o CH-3 capturándolos de las fuerzas gubernamentales o recibiendo drones suicidas de un tercer proveedor. Este ya ha sido el caso del reciente uso de drones por parte de la milicia Houthista contra barcos en el Golfo de Adén, utilizando drones clonados de aviones Ababil iraníes, que ahora se ensamblan en el país con piezas iraníes y Houthistas. Al otro lado del Mar Rojo, en Somalia, otro grupo que recibe ayuda iraní es Al-Chabab, que también puede aprovechar la experiencia del Estado Islámico en Irak y Siria (Isis) con drones quadrotor.

Al-Chabab y los afiliados al Isis han demostrado su capacidad para adaptar sus tácticas y técnicas a entornos operativos cambiantes. Al-Chabab tiene conexiones internacionales y podría adquirir drones quad-rotor civiles desarmados y convertirlos en drones armados si lo considera necesario para sus operaciones, mientras que ya utiliza drones para la vigilancia. Otros drones más capaces podrían ser capturados de organismos gubernamentales, como los drones robados de almacenes seguros del gobierno somalí en 2022 o el dron ScanEagle de fabricación estadounidense que Al-Chabab exhibió, que podría haber sido robado de una fuente militar. Algunas aplicaciones tácticas requieren menos potencia cinética y más sigilo, y los terroristas o insurgentes podrían recurrir fácilmente a los drones comerciales.

Contraofensiva electrónica

En mayo de 2022, en Mozambique, el ministro del Interior afirmó que Isis estaba utilizando pequeños y rápidos drones para espiar y atacar a las fuerzas gubernamentales. El grupo afirmó haber capturado un dron gubernamental durante un ataque a uno de sus convoyes. El ejército nigeriano también afirma que Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental utilizan drones comerciales de cuatro rotores para crear vídeos propagandísticos, realizar operaciones de reconocimiento y dirigir fuego indirecto contra las fuerzas gubernamentales. También se están estudiando drones de reparto para entregar cargas explosivas.

La carrera armamentística de los drones favorece actualmente a las fuerzas gubernamentales, pero esta ventaja podría verse mermada por el resurgimiento de la actividad terrorista o insurgente en regiones desde el Sahel hasta el Cuerno de África si los terroristas adquieren dispositivos capaces de bloquear las señales de control de los drones u obtienen ellos mismos drones armados.

Al mismo tiempo, se está librando otra carrera para encontrar formas de degradar el rendimiento de los drones y cegar sus sensores. En Mozambique, unos subcontratistas han conseguido derribar drones de Isis-Mozambique utilizando un dispositivo de guerra electrónica montado en una mochila. Muchos Estados africanos tienen capacidades de guerra electrónica, o al menos lo afirman. Sin embargo, como en Ucrania, es difícil contrarrestar a los drones incluso con capacidades electrónicas, misiles y cañones antiaéreos. El método más eficaz parece ser un sistema de alerta temprana y protocolos de respuesta.

El ataque químico, un escenario aterrador

La mayoría de los Estados africanos no están preparados para hacer frente a un adversario capaz de utilizar drones, como reconocieron en una conferencia de jefes de Estado Mayor de las fuerzas aéreas africanas celebrada en Senegal a finales de 2023. Un militar nigeriano admitió recientemente que no disponía de contramedidas contra los drones, a pesar de los progresos de su país en el uso de estas aeronaves. En Libia y Sudán, las fuerzas contrarias con el mismo grado de capacidad ofensiva son golpeadas y devueltas en oleadas: éstas parecen fluctuar en función del suministro de drones y de su eficacia. A pesar de la pretendida precisión de los ataques con drones en comparación con las municiones convencionales, muchas personas desarmadas resultan heridas o muertas.

El uso de drones también podría desarrollarse en el sector marítimo. Algunos Estados han optado por utilizarlos para observar las migraciones de animales o vigilar el cambio climático. Otros han adquirido drones armados para estar preparados para atacar amenazas en alta mar, como la piratería frente a las costas del Golfo de Guinea. Sin embargo, en el mar se plantean los mismos problemas que en tierra. Un ataque mal informado contra presuntas amenazas marítimas podría crear un incidente internacional. Además, si se utilizara un dron para combatir la piratería, ¿cómo determinaría el Derecho internacional los objetivos militares legítimos?

La amenaza que representan las insurgencias y los movimientos guerrilleros en África y en todo el mundo no disminuirá. Y la posibilidad de un ataque químico o biológico desde un avión no tripulado es una realidad aterradora. Los tanques de almacenamiento de productos químicos y las plantas industriales son objetivos prioritarios. Igualmente aterradora es la posibilidad de atacar un objetivo en el momento oportuno para crear un incidente dramático: bajo y lento, difícil de ver por la noche y difícil de contrarrestar para muchos Estados africanos, un avión no tripulado con una pequeña carga en una ciudad abarrotada podría causar una catástrofe. El riesgo de que grupos armados secuestren drones civiles para atacar a las fuerzas gubernamentales o a la población es una preocupación creciente, ya que el acceso a estas aeronaves no se ve obstaculizado por restricciones legales o de otro tipo.

Sigilosos, fuera de alcance y casi invulnerables a la mayoría de los ataques, los drones ofrecen a los gobiernos la herramienta ideal de bajo coste para luchar contra grupos armados en vastas zonas. Togo compró un avión no tripulado TB-2 de altitud media y larga resistencia por 5 millones de dólares, mientras que Nigeria pagó unos 45 millones por un helicóptero de ataque T-129. Además, los operadores de los aviones no tripulados no mueren cuando son atacados. Además, los operadores de aviones no tripulados no mueren al estrellarse.

Pérdidas civiles y resentimiento

La inteligencia y la interpretación son especialmente importantes para la vigilancia aérea y para las misiones de ataque contra presuntos enemigos. Sin embargo, la interpretación de un operador sobre el terreno, desde un dron lanzado a gran altura, puede no ser la misma que la de un agente sobre el terreno. El riesgo de resentimiento e ira por parte de los civiles afectados por los ataques con drones es un recordatorio constante de que los drones deben utilizarse con precisión, pues de lo contrario pueden servir de catalizador para que los grupos insurgentes reivindiquen su superioridad moral. La doctrina, así como las cuestiones de derechos humanos, son importantes y plantean la cuestión de la venta responsable de armas y la necesidad de una formación de alto nivel para garantizar una tasa de mortalidad civil lo más cercana posible a cero.

Estados Unidos ha reconocido que las bajas civiles pueden afectar rápidamente a la percepción de una acción legítima y ha previsto incluir estrategias de concienciación en todos los casos en los que los aliados operen junto a las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, la mayoría de las nuevas potencias armadas con drones no se entrenan en el uso de drones junto a EE.UU., y los incidentes trágicos aumentan cuando se utilizan drones en operaciones de mantenimiento de la paz.

Las 88 víctimas civiles de un ataque erróneo en Tudun Biri(Nigeria) a finales de 2023 fueron probablemente asesinadas por soldados que habían recibido un entrenamiento formal. Los pilotos nigerianos de aviones no tripulados siguen un programa de formación específico que exige más de 100 horas de entrenamiento antes de cualquier misión. La falta de transparencia en cuanto a la formación de los pilotos por parte de otras fuerzas militares es alarmante, y el riesgo de error aumenta cuando los pilotos intentan operar sus drones con poca luz y en condiciones meteorológicas deterioradas. Además, en 2024, Nigeria comenzó a ofrecer formación a civiles que deseaban convertirse en pilotos de aviones teledirigidos, lo que sugiere que los mismos estudiantes que participan en el programa podrían convertirse en pilotos militares de drones. Las implicaciones de este programa de » doble uso » son importantes tanto para los civiles como para los militares.

La forma en que se utilicen los drones contra las amenazas será un problema mayor que el número de drones adquiridos. Requieren fuerzas terrestres que capturen y mantengan el territorio, aprovechen los contratiempos del enemigo y protejan las bases de los drones. No se puede esperar que los drones resuelvan conflictos internos basados en la desigualdad o en fricciones políticas. Los drones no pueden ser diplomáticos ni especialistas en asuntos civiles. Los drones son herramientas y deben ser tratados como tales. No son la panacea que hará desaparecer los conflictos.

John Ringquist es un antiguo oficial superior del ejército estadounidense y ex agregado de defensa en Angola y Santo Tomé y Príncipe

5. Planificación ecológica

Una de las discusiones teóricas del ecologismo se centra en quién debería dirigir la que se considera imprescindible planificación para la transición ecosocial. ¿Debería ser el estado? ¿Es necesaria una «dictadura verde»? Reflexión sobre este problema mediante la reseña de dos publicaciones recientes en Francia. https://lvsl.fr/la-

¿Significa la planificación ecológica una dictadura verde?

Jean-Baptiste Grenier Raphaël Ottmann 25 de mayo de 2024

En un momento en que el capitalismo neoliberal y sus dogmas de crecimiento y competencia muestran cada día sus límites frente a las crisis medioambientales, la planificación ecológica parece indispensable. Colocará en el centro de su existencia la estructura más poderosa inventada por la esperanza humana, el Estado. ¿Qué papel cabe esperar del Estado? ¿Qué instituciones pueden crearse para dirigir la transición ecológica y garantizar su dimensión democrática? Dos ensayos recientes arrojan una luz interesante sobre esta cuestión. Para el sociólogo anarquista James C. Scott, autor de L’œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire (La Découverte, 2021), el Estado tiene una tendencia intrínseca a imponer por la fuerza su visión de la modernidad y el progreso. Es una opinión que el economista Cédric Durand y el sociólogo Razmig Keucheyan, autores de Comment bifurquer? Les principes de la planification écologique (Zones, 2024), creen que se pueden utilizar distintas instituciones para llevar a cabo la planificación de forma democrática.

El planeta arde, mientras el cambio climático y el colapso de la biodiversidad se aceleran sin que, por el momento, seamos capaces de frenar la marea. Ante esta situación, a los más convencidos les parece claro lo que tenemos que hacer. Hay que tirarlo todo por la ventana, deshacerse de las estructuras responsables del caos climático: el capitalismo, que explota tanto a los seres humanos como a la naturaleza, la ideología del todo-mercado, la carrera por un crecimiento sin fin ni rumbo, la creencia ilimitada en la noción de progreso. En resumen, tenemos que cambiar por completo nuestras estructuras de producción, nuestros estilos de vida y de consumo y nuestra relación con los ecosistemas.

Tomemos el ejemplo flagrante de la renovación de viviendas. El mercado capitalista es incapaz de responder a los retos de adaptación de los edificios al cambio climático y de descarbonización de su uso. El recurso al mercado mediante señales de precios (subida de los precios de la energía y primas a la renovación) ha revelado su ineficacia, y ha puesto de manifiesto la necesidad de una intervención pública: obligaciones de renovación, prohibición de alquilar pisos térmicos, regulación del mercado inmobiliario y de las herencias, lucha contra la concentración inmobiliaria, apoyo a los propietarios sociales para renovar, etc. El estado de crisis ecológica permanente marca el gran retorno de la planificación y del Estado al corazón de la economía de las sociedades, lejos de las soluciones de mercado propuestas por el capitalismo neoliberal.

Las fuerzas del cambio ya están trabajando para lograr este gran cambio de paradigma en todos los niveles de la sociedad: comunidades locales, asociaciones, ciudades y regiones, Estados y organizaciones transnacionales. Estos defensores de una revolución copernicana en nuestro modelo se enfrentan a dos retos. El primero es hacerse con el poder y los resortes de la toma de decisiones. El segundo es cómo organizar una sociedad capaz de respetar los límites planetarios y satisfacer al mismo tiempo las necesidades de los seres humanos. Dos ensayos con énfasis diferentes pero complementarios ofrecen algunas respuestas.

En el pasado, grandes proyectos de ingeniería social han intentado -y a veces conseguido- cambiar radicalmente el funcionamiento de un barrio, una ciudad o un país, con el fin de hacer surgir al «hombre nuevo». Son estos proyectos, calificados de «altomodernistas», es decir, basados en una gran confianza en la ciencia y la tecnología para modelar el mundo social y la naturaleza, los que el antropólogo estadounidense James C. Scott analiza en su último ensayo, El hombre nuevo. Scott analiza en su último ensayo, El ojo del Estado: modernizar, estandarizar, destruir. Si bien los trabajos anteriores de Scott se han centrado en los antiguos estados de Mesopotamia (Homo Domesticus) y el sudeste asiático (Zomia o el arte de no ser gobernado), en el ensayo que aquí se comenta analiza con detenimiento los proyectos «altomodernistas» de los estados modernos del siglo XX.

Este ensayo es una continuación de su análisis del papel histórico del Estado, que a hemos presentado en nuestras columnas. Detalla los mecanismos por los que el Estado amplía su dominio y control sobre la sociedad, haciéndola más legible y simplificándola para administrarla mejor. En concreto, se trata de reforzar el control sobre las infraestructuras de producción y transporte (el «poder infraestructural» de Michael Mann), o sobre el tejido de relaciones. A partir de ahí, detalla las razones del fracaso de varios proyectos de planificación social de la alta modernidad , como los barrios y ciudades diseñados por Le Corbusier, la colectivización en la URSS y la política de aldeanización forzosa en Tanzania emprendida por el jefe de Estado Julius Nyerere.

Ha llegado la hora de la «planificación ecológica», preconizada por un número creciente de políticos, sobre todo en Francia. Si bien la usurpación de esta terminología por la clase dirigente no merece ser analizada, veamos el fructífero debate en torno a su aplicación, que consiste sobre todo en reforzar la intervención pública. En su libro Comment bifurquer: les principes de la planification écologique , el economista Cédric Durand y el sociólogo Razmig Keucheyan nos proporcionan algunas ideas clave sobre cómo aplicar este método. Basándose en un análisis de la dinámica del capitalismo y en ejemplos concretos de planificación del pasado, detallan los dos pilares esenciales de la planificación ecológica: el gobierno por las necesidades y el cálculo ecológico. A continuación presentan el tríptico de instituciones que guían la bifurcación ecológica: las comisiones postcrecimiento, la Constitución Verde y los servicios públicos.

Por ello, no carece de interés comparar la visión crítica de la intervención pública planteada por el antropólogo anarquista James Scott con los proyectos de planificación ecológica propuestos por las fuerzas de izquierda.

Bajo la égida del Estado, experiencias de planificación contrastadas

Desde su creación, el Estado siempre ha participado en proyectos y medidas para organizar, clarificar y simplificar el tejido social en el que está inserto. Para administrar a una población, pero también para existir, el Estado debe ser capaz de recaudar impuestos, reunir tropas y construir infraestructuras para controlar y dominar a su población. Esta es una de las principales tesis de James C. Scott. Scott, según la cual el Estado lleva a cabo proyectos destinados a hacer más «legibles» a las poblaciones que gobierna. Se trata, en particular, de procesos de normalización. En L’œil de l’Etat. Modernizar, normalizar, destruir, Scott toma como ejemplo las estrategias de normalización de la lengua, del catastro y de la propiedad de la tierra, a semejanza de la aldea modelo Ujamaa , creada en el marco de la aldeanización de Tanzania emprendida por el presidente socialista Julius Nyerere.

En resumen, el Estado moldea un territorio y una población para que sean más fáciles de administrar. Scott habla incluso de «transformar la turbulenta realidad social». Sin embargo, siempre existe una brecha significativa entre el «mapa del Estado», es decir, la forma en que percibe su territorio, y una realidad social mucho más compleja. Aunque el Estado transcribe una realidad social compleja en términos legibles, la reordena para adaptarla a su propia imagen. Por ejemplo, los primeros mapas de propiedad de la tierra no reflejaban la realidad de la distribución del uso de la tierra. Pero hay más: el uso de estos «mapas» para administrar la tierra, por ejemplo para determinar el cálculo de impuestos y tasas, y para organizar la herencia bajo la égida de la justicia estatal, acabó teniendo un efecto retroactivo sobre la realidad social al simplificarla y uniformizarla. Así, las parcelas dispersas gestionadas por la comunidad se convirtieron en campos cuadrados con un propietario claramente identificado, los dialectos locales dieron paso a una lengua única y los bosques se convirtieron en alineaciones de árboles diseñadas para optimizar su rendimiento económico.

Así pues, para Scott, la acción simplificadora y uniformizadora del Estado contribuye a instaurar lo que considera una forma de progreso y una marcha hacia la racionalidad, pero también destruye muchos aspectos de la complejidad del tejido social y limita la utilización de los conocimientos y prácticas locales. Esto va acompañado también de una reorganización de los ecosistemas funcionales al servicio del consumo humano de la naturaleza y sus recursos.

Sin embargo, hay que matizar la visión de Scott sobre el papel histórico del Estado. Fuertemente inspirado en la tradición anarquista, tiende a hacer hincapié en la dimensión coercitiva de la acción estatal, fuente de control sobre los cuerpos y las sociedades. El desarrollo del Estado moderno también ha ido acompañado de numerosos aspectos emancipadores (de la educación a los servicios públicos) que no deben desecharse con el agua del baño.

Es en esta continuidad histórica donde Scott pasa a analizar lo que denomina la «bancarrota de las grandes utopías de ingeniería social» del siglo XX. Esta lógica de planificación y estandarización de la sociedad, intrínseca al funcionamiento del Estado, es llevada en su opinión hasta el paroxismo en lo que denomina la «ideología de la alta modernidad». Esta mentalidad de alta modernidad se ha materializado en grandes proyectos de transformación socialista (colectivización en la URSS, aldeanización en Tanzania), proyectos urbanos a gran escala (Le Corbusier, Oscar Niemeyer en Brasilia) y empresas capitalistas a gran escala (gigantescas granjas estadounidenses).

Estos proyectos se materializan si se cumplen tres condiciones:

1) Si se basan en una aspiración a cambiar al Hombre y a poner orden administrativo en la sociedad y la naturaleza para facilitar la comprensión del Estado.

2) Si el poder coercitivo del Estado se utiliza sin límites.

3) Si la sociedad civil está debilitada o postrada.

Estos programas se basan en la ingeniería social destinada a transformar profundamente la sociedad y el tejido humano subyacente, y en la creencia en la perfectibilidad del orden social. Su consigna: la planificación. Planificar las necesidades, planificar las infraestructuras, planificar el espacio urbano y rural, planificar la trayectoria social de los seres humanos. El Estado, en virtud de la claridad que impone a la sociedad, está en el centro de estos proyectos de ingeniería social.

Según Scott, la evidencia es clara: la ideología modernista está condenada al fracaso. Hay varias razones para ello: ningún plan puede captar toda la complejidad del funcionamiento social real. La ideología modernista ignora el papel del conocimiento local, los procesos informales y la improvisación. Sobre todo, no permite recurrir a un elemento esencial para el funcionamiento de las sociedades: el uso del métis. El métis caracteriza todo el saber hacer local que procede de la experiencia, la costumbre, el ingenio y la improvisación.

Para Scott, es lo contrario de la techné, que es el conocimiento pensado, teorizado y puesto por escrito. Utiliza el ejemplo de una fábrica para ilustrar el papel que desempeñan los métis : cuando los trabajadores se ponen en huelga, aplicando metódicamente todas las reglas de funcionamiento de la fábrica, ésta se ralentiza. Por el contrario, son los pequeños arreglos e improvisaciones, fruto de la experiencia y el saber hacer de cada trabajador, los que en última instancia mantienen la cadena de producción en marcha. Ninguna política pública de arriba abajo, por muy precisa que sea, puede aplicarse sin hacer arreglos con el plan inicial y sin tener en cuenta el contexto local.

En cambio, los defensores de la teoría de la planificación ecológica se remiten a su propio panteón de experiencias de planificación social o industrial. Durand y Keucheyan recurren a una serie de ejemplos precursores de planificación coordinada y masiva: las economías de guerra, la respuesta a la pandemia del COVID, la planificación al estilo chino tras la apertura de China al mundo bajo Deng Xiaoping.

Las primeras experiencias de planificación tuvieron lugar en las economías de guerra. En una situación de conflicto, los mecanismos de mercado se suspenden o se someten a un mayor control político. La escasez provoca una subida de precios incompatible con el mantenimiento de la cohesión social frente a la adversidad, por lo que las autoridades controlan los precios y racionan los bienes de primera necesidad. Los autores recuerdan el episodio de la «batalla de las fábricas» en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no se fabricó ni un solo automóvil entre 1942 y 1944, ya que la economía se volcó por completo en la industria militar.

La crisis sanitaria de Covid es un experimento reciente de una lógica económica en parte alternativa a la del mercado. Se puso en marcha un cálculo en especie: la cuestión ya no era el precio, sino las cantidades disponibles en un plazo limitado. Lo que haga falta» sustituyó a la racionalidad contable del menor coste. Todos los gastos considerados prioritarios por las autoridades políticas se financiaron sin restricciones. Ante el riesgo de «especulación», el Estado regula el precio del gel hidroalcohólico. La producción y el consumo se politizaron rápidamente, como demuestran los debates sobre los sectores esenciales. Sin embargo, se siguió favoreciendo la confianza ciega en el mercado sin sacar las conclusiones necesarias: ninguna independencia estratégica para los medicamentos y equipos médicos esenciales, vuelta a la austeridad presupuestaria a muerte, etc.

Durand y Keucheyan van un paso más allá. Para ellos, si el principio del mercado es el de la separación entre productores y consumidores, la economía capitalista ya está parcialmente socializada y ya está sometida a lógicas de planificación. La socialización puede ser organizativa, cognitiva, financiera o infraestructural. Se expresa a través de la concentración industrial, la convergencia de las técnicas de producción en normas de producción, la creación de gigantescos gestores de activos como Blackrock, o la construcción de escuelas, carreteras y hospitales. Esta socialización es necesaria para la dinámica de acumulación porque permite aumentar la productividad y compartir los riesgos. En las organizaciones que socializan una actividad, conduce a que la planificación administrativa sustituya a los mecanismos de mercado. En resumen, nuestra economía ya está ampliamente planificada, no por los poderes públicos, sino por las grandes multinacionales.

Esta socialización multifacética va unida a la socialización política. Entra en juego primero en una situación de crisis, gracias a la socialización productiva preexistente, y permite la planificación, el cálculo en especie o la economía de guerra. La socialización opera a través de la producción y el consumo, como en el caso de la compra en grupo de hidrocarburos por parte de la UE tras la invasión de Ucrania en 2022. La socialización puede ser monetaria y proceder de las clases dominantes, como demuestra la socialización de las pérdidas financieras de 2007-2008.

A la inversa, la socialización puede ser el resultado de luchas populares para imponer una gestión igualitaria de los recursos, como ilustra la aparición de la Seguridad Social. La socialización estructural, producida por la dinámica capitalista, es pues distinta de la socialización deliberada. Se trata de pasar de una planificación espontánea en manos de entidades capitalistas a una planificación politizada, fruto de la deliberación colectiva. El libro contrasta dos formas de socialización en respuesta a la crisis ecológica: la socialización financiera mediante la reducción de riesgos y la socialización política mediante la planificación ecológica.

Así pues, los diversos análisis de la planificación a gran escala y los experimentos de ingeniería social nos invitan a echar un vistazo exigente y crítico a la noción de planificación ecológica. Existe una clara tensión entre la necesidad de utilizar el poder del Estado moderno para hacer frente a los retos del momento y la necesidad de tener mucho cuidado para evitar los excesos del pasado. Por ejemplo, el éxito de la planificación ecológica requiere un conocimiento muy detallado de la sociedad, una visión sinóptica global, que el Estado por sí solo no parece ser capaz de proporcionar sin un uso desproporcionado de su poder coercitivo. Teniendo esto en cuenta, ¿qué opinión nos merecen las propuestas de Durand y Keucheyan?

Planificación ecológica, instrucciones de uso

El primer capítulo del libro comienza señalando la imposibilidad de un capitalismo verde. En primer lugar, la necesidad de beneficios cada vez mayores para estabilizar el capitalismo es incompatible con la imposibilidad de desvincularlo de la explotación creciente de los recursos. En segundo lugar, el desmantelamiento progresivo de las infraestructuras contaminantes (prospecciones petrolíferas, centrales térmicas de carbón) es incompatible con una gestión orientada al beneficio. La desinversión financiera, impulsada por campañas activistas, no basta, porque las infraestructuras siguen siendo rentables y son compradas por inversores sometidos a una legislación menos estricta y a presiones políticas. Por tanto, es necesaria la gestión pública, que puede asumir el coste de importantes pérdidas de capital.

A nivel macroeconómico, las inversiones ecológicas unidas a una elevada tasa de beneficios son incompatibles con la estabilidad de precios y la justicia social. El efecto combinado del desmantelamiento y la inversión restringirá gravemente la oferta y hará recaer la carga del ajuste sobre la demanda. El mantenimiento de un alto nivel de beneficios hace recaer la carga sobre las clases medias y trabajadoras. La estrategia de reducción de riesgos caracteriza la situación actual, en la que los gobiernos subvencionan la inversión industrial para garantizar los beneficios de los inversores. Esta estrategia también es ineficaz porque los inversores privados tienen un horizonte temporal más corto que el Estado, y financia la ecologización de los procesos existentes sin transformar los modelos generales de producción y consumo.

Partiendo de esta constatación, el libro ancla la planificación ecológica en la teoría económica apoyándose en dos proposiciones clave: la deliberación democrática para gobernar en función de las necesidades frente al individualismo consumista, y el cálculo en especie para garantizar una distribución igualitaria de los recursos frente a la asignación por la mano invisible del mercado. El cálculo en especie adopta entonces la forma de una nueva contabilidad ecológica, la introducción de la inversión ecosocialista y la emancipación de la demanda con respecto a la producción.

Mientras que el capitalismo genera necesidades artificiales mediante la publicidad o la obsolescencia programada para vender su sobreproducción, el gobierno por necesidades se basa en la provisión de condiciones de vida dignas. La determinación de estas «condiciones de vida dignas» se basa en una deliberación colectiva destinada a identificar las «necesidades reales «. Para los autores, las necesidades así identificadas deben obedecer a dos principios: un principio de sostenibilidad, que garantice que la satisfacción de las necesidades respete los límites planetarios y el equilibrio del sistema Tierra; y un principio de igualdad, que garantice que todos puedan satisfacer sus necesidades reales.

Los principios de sostenibilidad e igualdad propuestos por Durand y Keucheyan resuenan con la teoría del donut de la economista Kate Raworth.

Para garantizar el respeto de los límites planetarios, los economistas neoliberales proponen soluciones basadas en los precios (véanse los trabajos de Christian Gollier sobre la tasa del carbono o cualquier mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras) o en una mejor definición de los derechos de propiedad (Ronald Coase). Sin embargo, estas propuestas tropiezan con dos dificultades.

No pueden hacer frente a un riesgo sistémico que requiere una respuesta colectiva y no puede ser la suma de las decisiones individuales. Y se basan en la ilusión de la sustituibilidad total entre recursos (cualquier servicio prestado por los ecosistemas puede ser sustituido por la inversión en capital, por ejemplo, lo que significa innovación tecnológica). En cambio, Durand y Keucheyan refutan la posibilidad de sustitución total entre progreso técnico y capital natural, y proponen fijar criterios de preservación de los recursos naturales.

A partir de ahí, su investigación se propone detallar la aplicación concreta del cálculo en especie en una economía planificada. Mientras que en un sistema capitalista el consumo está dominado por la producción, el objetivo del cálculo en especie es volver a poner en el centro del tablero las necesidades definidas colectivamente y reestructurar la producción para que satisfaga esas necesidades. El cálculo en especie puede ilustrarse, por ejemplo, en el contexto de la política de gestión del agua: la determinación colectiva de las necesidades de agua de una zona (residencial, agrícola, industrial) determina la escala de las infraestructuras de bombeo y el retorno del agua a los ecosistemas, a reserva de la sostenibilidad de las extracciones de los acuíferos.

En primer lugar, Durand y Keucheyan proponen transformar la contabilidad para que obedezca a imperativos ecológicos. Mientras que las normas contables actuales están al servicio de la búsqueda del beneficio y la acumulación para los accionistas, la llamada contabilidad ecológica debería permitir subordinar el consumo y la producción a la gestión sostenible de los ecosistemas. El libro contrapone la contabilidad CARE (Accounting for Environmental Renewal) a los proyectos que atribuyen un valor contable a los bienes naturales. Ello permitiría medir en qué medida la actividad productiva respeta los umbrales ecológicos y garantizar así la responsabilidad ecológica de las empresas.

Con CARE, la empresa debe medir primero el uso del agua para su actividad (por ejemplo, el consumo de agua de una fábrica de tejanos), comparar este uso con los umbrales de sostenibilidad de los recursos (volúmenes de agua disponibles, umbrales máximos de contaminación), determinar los costes de restauración si se superan los umbrales y contabilizar los umbrales de renovación de los recursos en su línea de amortización para crear fondos de renovación de cada capital, que se consignarán en el balance de la empresa. El libro sugiere también completar esta contabilidad a nivel microecológico con una contabilidad macroecológica, para hacer compatibles la producción y el consumo a nivel de un sector económico, de una región o de todo un país.

Una política industrial ecológica que transforme los modelos de producción y consumo requiere también un nivel elevado y sostenible de inversión y coordinación. La socialización de la inversión compensa la incapacidad de los agentes privados para liderar tal esfuerzo. Además del control público directo mediante la nacionalización de sectores clave (las «alturas estratégicas» de Lenin), un instrumento clave es la política crediticia. Utilizada en Francia desde el periodo de reconstrucción hasta los años 80, permite aumentar o disminuir el volumen de crédito concedido a las empresas en función del carácter estratégico de un sector. De este modo, se garantiza que las decisiones de inversión privada se ajusten a las prioridades políticas.

El libro también lo considera una forma de implicar a los trabajadores en las decisiones de inversión intersectoriales, como complemento a su participación en las decisiones de la empresa. El ahorro de los hogares también podría movilizarse para refinanciar préstamos, limitar el consumo y moderar así el riesgo de inflación. Por último, la inversión socializada confiere al Estado el papel de empleador de última instancia, emancipando a los trabajadores de la necesidad de ser rentables e implicando a todos en un proyecto de sociedad.

La emancipación de la demanda pretende conectar la producción con las necesidades reales. Los economistas neoliberales hacen del mercado la expresión de la elección del consumidor, en particular con el consumo «ético», aunque esto sea incapaz de provocar un cambio sistémico, porque la elección del consumidor es de hecho limitada y no puede remontarse a las decisiones de producción que determinan el consumo, a menos que entremos en una lógica de autoconsumo. El estado de separación entre productores y consumidores dio lugar a la distinción marxista entre valor de cambio y valor de uso, entre valor y riqueza. La mercancía aparece como un fetiche, una mediación imperfecta de las necesidades reales de las sociedades, que a su vez las afecta y las gobierna.

El reto de la emancipación de la demanda es, por tanto, «cambiar la ilusión de una falsa agentividad aislada por una forma de soberanía compartida pero efectiva e inmediata en los patrones [de consumo]». Las necesidades de los consumidores ya se transmiten a los productores, a través de las AMAP y las comunidades de entusiastas de determinados productos. La integración del productor y el consumidor es incluso una tendencia en el capitalismo, por ejemplo con el desarrollo del comercio electrónico. Para ampliar este movimiento en la dirección de la planificación ecológica, el libro propone hacer públicas las plataformas digitales y regular el comercio en línea de forma generalizada.

Las instituciones de la planificación ecológica

Los autores proponen aplicar estos preceptos en el seno de un nuevo sistema político, basado en tres herramientas de planificación ecológica: las comisiones postcrecimiento, la Constitución Verde y los servicios públicos. El sistema político condiciona la planificación, la hace posible, la enmarca y marca el ritmo. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre centralización y descentralización, entre coherencia ecológica y libertad política.

En lo que respecta a la Constitución, para los autores, el federalismo ecológico garantiza este equilibrio y ofrece la posibilidad de experimentación. Las comunidades federadas son libres de decidir si ceden o no competencias y recursos a una estructura federal. A cambio, la intervención federal, coercitiva si es necesario, garantiza el respeto de los compromisos adquiridos. El Estado federal también permite la experimentación, como en la China contemporánea con la introducción de la «experimentación bajo jerarquía» frente a la «terapia de choque» aplicada en el espacio postsoviético. En caso de fracaso, el Estado puede intervenir para detener la experimentación.

El federalismo ecológico se ejerce en el marco de una Constitución verde. Ante todo, la Constitución permite resolver los conflictos de competencias entre entidades federales y autoridades federadas. Sobre todo, pretende impedir políticas que no respeten los principios de igualdad y sostenibilidad. Actualmente se están explorando cuatro formas de constitucionalismo ecológico: el clima, la concesión de derechos a las entidades naturales, el medio ambiente como componente de la dignidad humana y los derechos de las generaciones futuras.

La planificación sigue siendo un ejercicio administrativo, practicado durante un tiempo en Francia y hoy por China, en la que se inspiran los autores. No se ofenderá a nadie por calificar de planificación los trabajos actuales de la «Secrétariat général à la planification écologique». Los ejercicios de planificación se organizan en ciclos superpuestos para garantizar que las experiencias realizadas se ajustan a los objetivos políticos. Los organiza una comisión, la «Comisión de Desarrollo y Reforma» en China, y la «Comisión General de Planificación» en Francia.

Según los autores, esta comisión de planificación ecológica debe ser una poderosa administración interministerial capaz de recabar la opinión de una multitud de partes interesadas. El control político del Estado sobre las empresas está garantizado por el control de las «alturas estratégicas» (banca, energía, transportes, telecomunicaciones). El libro propone una planificación ecológica organizada de forma similar por «comisiones postcrecimiento». Su cometido evolucionaría a lo largo de las sucesivas fases de la transición: inversión en infraestructuras verdes, decrecimiento material y economía estacionaria.

La planificación ecológica también implica a los servicios públicos. El libro recuerda la rica experiencia francesa del servicio público, que simbolizaba el contrato social entre el Estado del bienestar y sus ciudadanos. El gobierno por necesidades respetaría tres principios: la continuidad temporal y geográfica del servicio público, la igualdad de trato de los ciudadanos y la mutabilidad del servicio público en función de las necesidades. Según Léon Duguit, padre de la escuela jurídica del servicio público, el progreso y la civilización consisten en una extensión continua de sus prerrogativas. En ese marco, el Estado ya no es una simple soberanía, sino una «cooperación de servicios públicos organizados y controlados». El teórico de la ecología George Monbiot defiende el principio de «sobriedad privada, lujo público».

Por último, estas instituciones formales deben estar respaldadas por una mayor base democrática. En primer lugar, hay que dar más poder a los parlamentos y reforzar su legitimidad dotándolos de administraciones mejor dotadas para que puedan ejercer un verdadero control político sobre el ciclo de planificación. Al mismo tiempo, hay que reforzar el componente ciudadano, ofreciendo foros públicos de debate a las asociaciones de la sociedad civil, movilizando experimentos de deliberación exigentes como la Convención Ciudadana sobre el Clima, y autorizando experimentos políticos radicales y ecológicos como las ZAD.

Esta reflexión institucional permite esbozar el ciclo político de la planificación ecológica en tres etapas. La primera es experimental y deliberativa, basada en la definición colectiva de las necesidades a escala local. La segunda fase sería la de las comisiones postcrecimiento, que sintetizarían las experimentaciones y elaborarían el «Plan de Transformación de la Economía Francesa», a semejanza de lo que propone el think-tank Shift Project. La última fase sería la validación política por el Parlamento, cuyas enmiendas serían supervisadas por el Consejo Constitucional para garantizar el cumplimiento de la nueva constitución ecológica.

Canalizar y contener el poder del Estado

La obra de James C. Scott nos invita a analizar con detenimiento las propuestas de Cédric Durant y Razmig Keucheyan. La aplicación de la planificación ecológica exigirá un despliegue masivo de energía. Si bien la sociedad civil y las autoridades locales se movilizarán en gran medida, es el Estado el que sigue siendo la herramienta central y la torre de control para garantizar que la bifurcación ecológica se desarrolle sin contratiempos.

En primer lugar, aunque su poder está limitado en cierta medida por los contrapoderes (Constitución Verde, comisiones postcrecimiento), el método propuesto le confiere un poder considerable: control de las «alturas estratégicas» y, por tanto, de sectores clave como la energía, los transportes y la gran industria, organización general del ritmo de la planificación ecológica, posibilidad de intervención coercitiva para garantizar la coherencia y la síntesis global. Además, el Estado y sus administraciones tendrán un papel decisivo en la aplicación del cálculo en especie.

En segundo lugar, la aplicación del cálculo en especie y la dirección de las alturas estratégicas requieren un refuerzo significativo de las capacidades del Estado, en particular en materia de información. Para dirigir la descarbonización de la sociedad, pero también el gobierno por las necesidades, el Estado y las comisiones postcrecimiento en cuyo seno tendrá un poder estructuralmente significativo deberán aumentar su nivel de información y de conocimiento del tejido social. En este sentido, esta lógica está en consonancia con la dinámica descrita por Scott de aumentar la legibilidad de la sociedad por parte del Estado. Para garantizar la sostenibilidad de la sociedad y el respeto de los umbrales globales, el Estado deberá aumentar automáticamente su nivel de conocimiento del tejido económico, con el fin de hacer la sociedad tanto más gobernable y comprensible a sus ojos. Pero -al menos ésta es la tesis de Scott- el aumento de la legibilidad de la sociedad por parte del Estado responde a una ley casi transhistórica de estandarización de la sociedad, incluso de destrucción de un cierto número de prácticas y saberes.

En tercer lugar, la aplicación de la planificación ecológica propuesta por Durand y Keucheyan movilizará el poder del Estado en proporciones considerables. Para ellos, la legitimidad de la intervención del Estado descansa, por un lado, en el proceso constitucional democrático que conduzca al advenimiento de una «constitución verde» que enmarque sus prerrogativas y, por otro, en su inclusión en el ciclo político de la planificación ecológica.

Sin embargo, la bifurcación ecológica requiere un equilibrio de fuerzas extremadamente violento con las fuerzas sociales y económicas que no tienen ningún interés en ella: las industrias capitalistas contaminantes, las grandes plataformas digitales, el mundo de las finanzas. Desde el momento en que se ponga en marcha, aunque haya un amplio consenso democrático, el conflicto será brutal: problemas de financiación y de reembolso de la deuda, subida de los precios de la energía y de las materias primas, fuga de capitales. Frente a estos problemas urgentes, el ciclo deliberativo de la planificación tardará probablemente demasiado tiempo en dar respuestas en el momento oportuno. A corto plazo, sólo el poder de la administración del Estado y de sus satélites parece capaz de proteger a los ciudadanos de la revuelta del capital, que reforzará aún más el poder del Estado. Y por tanto, para seguir con Scott, los riesgos de abuso en el uso de su poder.

Si la primera y central cuestión en esta batalla es lograr contener las fuerzas del capital, ya debemos estar pensando en el método para canalizar el poder del Estado y mantenerlo dentro de límites aceptables. James C. Scott identifica tres condiciones en las que el poder del Estado puede derivar.

En primer lugar, en su lógica, la planificación ecológica puede asemejarse a lo que Scott describe como un proyecto «alto-modernista», salvo quizá por su creencia ciega en el progreso. La planificación ecológica presupone un cambio importante en los modos de vida humanos y en el metabolismo de la sociedad con la naturaleza (que podría calificarse de mejora), y pretende transformar en profundidad las estructuras económicas y urbanas, administrando la sociedad con este objetivo. Sin embargo, el cálculo en especie permite abordar las cuestiones en juego con un enfoque multicriterio y, por tanto, limitar los riesgos de simplificación y uniformización de la sociedad. Al alejarse de las consideraciones puramente financieras (por ejemplo, plantar un bosque únicamente para maximizar su rendimiento), militares o fiscales (catastralización forzosa), el cálculo en especie permite evitar los excesos destructivos del poder del Estado. Permite comprender mejor la complejidad de las situaciones que las experiencias de planificación del pasado, en las que el único objetivo podía ser, por ejemplo, producir el mayor número posible de tanques (la economía estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial).

En segundo lugar, existe el riesgo de que la aplicación de este proyecto lleve al Estado a hacer un uso desproporcionado de sus poderes coercitivos. Tal situación no puede descartarse, como se ha expuesto en el apartado anterior. También será imperativo concebir contrapesos y salvaguardias suficientemente fuertes para frenar la acción del Estado en una situación de emergencia si se le va de las manos. A este respecto, el Consejo Constitucional y herramientas como el referéndum de iniciativa ciudadana (RIC) pueden desempeñar este papel de salvaguardia. Sin embargo, es probable que esta dimensión deba desarrollarse más para evitar una radicalización y una autonomización del aparato del Estado. La situación actual, en la que el poder del Estado está derivando hacia un régimen neoliberal, con un mayor uso de la fuerza policial en particular, pone este riesgo en perspectiva.

Además, la mayoría de los ejemplos elegidos por Scott se refieren a Estados de la primera mitad del siglo XX o a transiciones democráticas recientes (descolonización en Tanzania, democracia frágil en Brasil, etc.). Las estructuras que heredamos actualmente en el mundo occidental son el resultado de un largo proceso de construcción del Estado social y de las numerosas instituciones mediadoras que actúan como amortiguador entre los individuos y el poder bruto del Estado, como los servicios públicos, las autoridades locales y las estructuras de gestión del poder en colaboración con la sociedad civil (sindicatos, asociaciones, etc.).

Por último, el poder destructor del Estado es especialmente evidente cuando la sociedad civil está postrada y amorfa, incapaz de resistirse al poder administrativo. Esto sucede cuando se amordaza a la oposición política, cuando se controla a la prensa, cuando se vigila a las asociaciones. En una economía de guerra ecológica, es muy posible imaginar un mayor control de la sociedad civil económica, que deberá adaptarse al nuevo software de organización de la sociedad. Las grandes empresas, como las instituciones bancarias, financieras y de seguros, serán objeto de una estrecha vigilancia.

Sin embargo, en lo que respecta al mundo asociativo, mediático y político, el control no está en el ADN de los movimientos que desean instaurar una planificación ecológica. Al contrario, su aplicación requiere abundancia de ideas, experimentación e innovación. El enfoque federalista y la importancia concedida a los entes locales pueden contribuir a insuflar nueva vida a la sociedad civil, ya sea a través de los servicios públicos locales (circuitos alimentarios cortos, sistemas energéticos territorializados, experiencias locales para garantizar el empleo) o dando importancia a los agentes del conjunto de la sociedad en el ciclo de planificación.

En conjunto, las propuestas de Durand y Keucheyan parecen bastante convincentes: instituciones que permitan tanto la experimentación económica como la deliberativa, un marco en la Constitución Verde y un papel reforzado para el Parlamento. Sin embargo, sus propuestas podrían completarse con una reflexión sobre la creación de lo que Scott denomina « instituciones amigas de los metis «, capaces de valorizar, conservar y dar vida a todos los conocimientos esenciales para el funcionamiento de la sociedad, pero que no forman parte necesariamente del «gran plan maestro». Las propuestas de Durand y Keucheyan sobre la emancipación de la demanda, por ejemplo, destinadas a adecuar la producción al uso real y vivido de los objetos por parte de los usuarios, van en este sentido, al igual que los trabajos sobre la autonomía parcial de las entidades constitutivas del federalismo.

Sin embargo, la propuesta federalista merece una atenta consideración. En teoría, tiene el mérito de proponer un mecanismo de coordinación, síntesis y coherencia que permitiría pasar de una escala a otra (de la autoridad local al Estado, al nivel supranacional) mediante una transferencia parcial de soberanía, en un momento en que la coordinación interestatal a escala regional y mundial sigue siendo en general inadecuada para responder a las crisis medioambientales. Sin embargo, la experiencia práctica de los planteamientos federalistas nos deja mucho más circunspectos.

Al más alto nivel, el experimento europeo no lleva a ninguna parte: el abandono de la soberanía nacional para entregar sectores estratégicos (energía, agricultura, industria) a los vientos del mercado y del libre comercio impide cualquier planificación o coordinación para lo que realmente importa, salvo raras excepciones (estatuto de los trabajadores subcontratados, cooperación espacial). En el nivel más bajo, la transferencia de competencias a los entes locales ha dado resultados desiguales: mientras que algunos entes locales han conseguido llevar a cabo proyectos innovadores (rechazo de la apertura a la competencia, servicios públicos locales, por ejemplo con la municipalización del agua, experimentos clave como la seguridad social alimentaria), la mayoría se revuelca en el estancamiento y el clientelismo, y merece ser sacudida por el Estado.

También queda pendiente otra cuestión. La puesta en marcha del ciclo de planificación y de la Constitución Verde requiere un fuerte consenso original, que parece difícil de obtener en la actualidad, sea cual sea el país considerado. Este consenso original es la piedra angular del buen funcionamiento de las instituciones de la planificación ecológica y es esencial, por una parte, para anclar en el tiempo la movilización general y, por otra, para dar a las instituciones de la bifurcación la legitimidad indispensable para la creación de una relación de fuerzas favorable frente a los poderes opuestos a la lógica de la planificación. Sin consenso, ¿qué cambios habría que introducir en la estructura anterior si la situación fuera más parecida a la de un movimiento de vanguardia (en el sentido de Lenin, donde la vanguardia debe permitir el pleno desarrollo de la nueva sociedad y estructura de clases) que llega al poder? Si este último está en minoría en su convicción de los cambios que hay que realizar, ¿son posibles los mismos mecanismos?

Pase lo que pase, la planificación ecológica situará en el centro de su existencia la estructura más poderosa inventada por la esperanza humana, el Estado. Es un objeto que hay que manejar con infinito cuidado, y para concluir con Scott, es una «institución equívoca que hace posible tanto nuestras represiones como nuestras libertades». Si su poder llega a ser demasiado grande, recemos para que podamos reconocer el grito de advertencia de los gansos del Capitolio.

6. Restos del Imperio.

Un breve repaso histórico a la colonización francesa de «Nueva Caledonia» y a la situación actual. https://ancommunistes.fr/spip.

Nueva Caledonia, una historia francesa

Sábado 25 de mayo de 2024 de Francis Arzalier (ANC)

Nuestra nación fue una gran potencia colonial durante varios siglos, un pasado salpicado de esclavitud, trabajos forzados y racismo que hasta el más obtuso apenas puede negar. Pero el más obstinado de los nacionalistas franceses niega que en 2024 la nación esté marcada por ello, sus mentalidades lastradas por un racismo que ahora se ha convertido en islamofobia, de Zemmour a CNews, y su actualidad salpicada de dramas en el «confeti del Imperio», de Mayotte a Nouméa.

La mayoría de estos falsos ingenuos franchutes se apresuran a contraponer el Imperio francés, que según ellos fue moral a pesar de sus errores, e impregnado de progresismo económico y social, a la expansión anglosajona, basada en la «colonización de asentamientos» desde América del Norte hasta Australia, con la consiguiente erradicación sin escrúpulos de los pueblos indígenas, amerindios y otros aborígenes. Pero esta oposición simplista es en gran medida un error histórico, cuando no una mentira deliberada.

Recordemos que las islas o Antillas del Caribe fueron pobladas por colonos franceses y sus esclavos africanos, una vez eliminados los nativos. El ejemplo de Argelia, joya de la corona del Imperio francés, es igualmente revelador.
Tras la improvisada invasión de 1830 y las dos décadas siguientes de conquista militar, los proyectos de colonización se multiplicaron en Francia bajo el Segundo Imperio y la Tercera República, y la mayoría de ellos tenían un objetivo muy claro: vaciar las «zonas útiles» costeras de su población islámica y repoblarlas con colonos franceses, empujando a los «nómadas árabes» de vuelta a las montañas del Atlas y a los desiertos del sur, con la excepción de algunos fellahs necesarios para las granjas coloniales.

Se trataba de un proyecto coherente, que consiguió transformar varias ciudades costeras y llanuras fértiles como la Mitidja en zonas coloniales, grandes latifundios y pueblos y ciudades «blancos», gracias al expolio de tierras que antes pertenecían a comunidades rurales o religiosas.
A pesar de la deportación de los insurgentes republicanos en 1851, a pesar de los numerosos alsacianos expulsados de su país por la anexión prusiana en 1870 y a pesar de la concesión de la nacionalidad francesa por la nueva Tercera República en 1870 a los judíos que hasta entonces habían vivido en armonía con la mayoría musulmana, así como a los corsos y malteses, había que decir lo obvio:

Francia no pudo alcanzar su objetivo colonial de sumersión demográfica. En la Argelia dominada del siglo XX, que debía ser un departamento francés, el componente «árabe» superaba el 80%.

Por tanto, el «colonialismo de asentamiento» también era un deseo de la burguesía francesa (que dio lugar a la isla de la Reunión, por ejemplo), pero históricamente no pudo conseguirlo, sobre todo en el norte de África. Es más, este deseo sigue arraigado en su subconsciente hoy en día, como demuestran los acontecimientos actuales en Nueva Caledonia.

Nueva Caledonia, una historia colonial compleja

Este archipiélago tropical del Pacífico, frente a las costas de Australia (su «isla grande», la mayor del Pacífico Sur aparte del continente australiano, tiene unos 50 kilómetros de ancho y más de 400 kilómetros de largo. Según nuestra lectura occidental de la historia, fue «descubierta» en 1774 por el navegante británico James Cook. Y lo que es más grave, fue el primer europeo que se topó con estas islas, habitadas desde hacía 2.000 años por comunidades rurales cuyas huellas han sido desenterradas por los arqueólogos (cerámica lapita). Los historiadores coinciden en afirmar que existía una «sociedad tradicional canaca 1.000 años antes de la era cristiana, varios siglos antes de la llegada de los celtas o galos a Europa occidental, de los que durante mucho tiempo se dijo que eran nuestros antepasados».

Esta primera intrusión europea en el archipiélago canaco interesó poco a los colonizadores británicos, que en cambio pusieron sus miras en la vasta extensión de Australia, convirtiéndola en su colonia penal a partir del siglo XIX. Sin embargo, gracias a Cook, el archipiélago Kanak entró en la gran gesta colonial y nunca salió de ella. Todavía utilizamos el término Nueva Caledonia, inventado por Cook hace dos siglos y medio, porque cuando desembarcó allí, ¡sus costas escarpadas y verdes le recordaron a Escocia (conocida en latín como Caledonia)!

Un ejemplo perfecto de cómo la colonización ha distorsionado la historia de los pueblos, ¡hasta la semántica!

Tras la instalación de algunos escasos contingentes misioneros, hubo que esperar hasta 1853 para que un desconocido oficial del Segundo Imperio francés tomara posesión de «Nueva Caledonia» en nombre de Napoleón III. Éste, cuya mente era fértil en ambiciones coloniales a menudo malogradas (véase el desastre mexicano de 1867), decidió hacer de Nueva Caledonia la colonia penal francesa del Pacífico, como la Guayana Francesa lo era en América, a imagen de los colonos británicos en Australia.

En este contexto colonial se fundó la ciudad «europea» de Port de France, primer nombre de la actual Numea, y, a partir de 1868, las comunidades rurales canacas fueron confinadas en reservas indígenas (¡como en Estados Unidos en la misma época!). En este contexto, los comuneros condenados (Louise Michel, Rochefort, etc.) fueron deportados a Nueva Caledonia durante algunos años, antes de la amnistía de 1879-80. Algunos de sus descendientes forman parte de la actual población de Nouméa. Algunos de sus descendientes forman parte de los actuales «Caldoches», de origen europeo.

En 1874, los colonos franceses empezaron a extraer níquel a pequeña escala, utilizando mano de obra importada de Vanuatu, Melanesia y Vietnam.
En 1878, un levantamiento de ciertas tribus canacas fue ferozmente aplastado por los colonos.
(La anarquista Louise Michel fue una de las pocas deportadas de la Comuna que lo denunció). A finales del siglo XIX, los canacos fueron agrupados en el 10% del territorio, según un procedimiento utilizado en el Oeste norteamericano.

El siglo XX y la crisis global de los imperios coloniales

La falta de combatientes durante la Primera Guerra Mundial llevó a las autoridades francesas a aflojar un poco este cerco, lo que permitió enviar al frente en Francia un contingente de 900 fusileros canacos, de los cuales casi 400 no regresaron. En 1940, las autoridades del archipiélago se unieron a la Francia Libre del general De Gaulle, que reclutó al «Batallón del Pacífico». De 1942 a 1946, la colonia francesa albergó el Centro de Mando Interaliado del Pacífico y casi un millón de soldados estadounidenses. Como consecuencia de la derrota de los nazis, y paralelamente a la creación de la «Francia de Ultramar», Nueva Caledonia ascendió al estatus de colonia francesa. Nueva Caledonia se convirtió en «Territorio Francés de Ultramar», y en 1946 se abolieron las medidas discriminatorias del Indigénat.

A partir de 1960, el desarrollo de la industria del níquel, principal fuente de riqueza mineral del archipiélago, modificó demográfica, social y políticamente la sociedad neocaledonia.
La aglomeración de Nouméa se agranda y contrasta los «barrios bonitos», repletos de habitantes de la Francia continental atraídos por los placeres tropicales («el Saint Tropez del Pacífico», según algunos), y las zonas periféricas pobres, superpobladas de jóvenes canacos a menudo reducidos al paro por la importación de mano de obra melanesia.
Paradójicamente, el níquel, la riqueza del territorio, ha tenido el efecto de agravar los antagonismos sociales e ideológicos.

Políticamente, se desarrollaron, por un lado, el partido independentista canaco, el FLNKS (Front de Libération Nationale Kanak Socialiste), dirigido inicialmente por Tjibaou, y, por otro, los vinculados a la derecha francesa, conocidos como «lealistas», partidarios de mantener la tutela colonial (el partido RPR de Jacques Lafleur, apoyado por «caldoches» de origen europeo).

Evidentemente, esta división se vio alimentada a partir de 1960 por la ola descolonial mundial, de la que se hizo eco la Asamblea General de la ONU, pero también por la destrucción del Imperio francés, gracias a los levantamientos de los pueblos de Indochina y Argelia, y a las independencias africanas. De 1984 a 1988, estas divisiones provocaron incidentes cada vez más violentos en el archipiélago, que culminaron con la sangrienta represión de los secuestradores de la isla de Ouvéa.

Las esperanzas truncadas de un fin de siècle

La emoción internacional generada por estos sucesivos acontecimientos (incluidos los internos al movimiento nacional, que desembocaron en el asesinato del militante Tjibaou) llevó a los dirigentes políticos franceses más lúcidos, como Michel Rocard, a elaborar un proyecto de descolonización, que se concretó en los Acuerdos de Matignon (1988) y Numea (1998).
Este acuerdo entre los tres protagonistas -las FNLKS, los «leales» y el Estado francés- podía permitir, en el espacio de unas décadas, el desarrollo pacífico del territorio, en cumplimiento de las resoluciones de la ONU que prescriben la autodeterminación de los pueblos colonizados. Se basaba en la voluntad de los tres firmantes de conceder a la nación canaca la autonomía política y económica, la residencia garantizada de una minoría de origen metropolitano y la preservación de las prerrogativas geopolíticas de Francia en el Pacífico Sur, las zonas marítimas y los fondos marinos costeros.

Este «compromiso histórico» se basaba en la capacidad estadista de los dirigentes políticos franceses y canacos de finales del siglo XX para proyectar un futuro progresista y pacífico «beneficioso para todos» para sus respectivas naciones. Escenificado en sucesivos referendos, sólo pudo lograrse mediante un consenso entre los firmantes y los dirigentes de Francia.

Por desgracia, sí parece que buena parte de la burguesía francesa y los políticos que la representan dentro del Estado, son incapaces de deshacerse de su anticuado (y fácilmente racista) apego a la colonización de asentamientos y al «colonialismo del abuelo.» Es el caso, en particular, de los macronianos, en el poder en París con su líder desde 2017, que confiaron el «dossier Caledonia» al ministro del Interior Darmanin, que lo gestionó con sus consejeros de la derecha caldoche. Su objetivo permanente, contrario al espíritu de los Acuerdos de Numea, es perpetuar la tutela francesa sobre el archipiélago favoreciendo al máximo el crecimiento de los residentes de origen metropolitano.

Este objetivo de sumersión demográfica ya se ha alcanzado:
Sólo el cuarenta por ciento de los 270.000 habitantes del archipiélago son canacos.

Al mismo tiempo, los dirigentes del Estado francés han roto con su papel de árbitros en el marco de los Acuerdos de Numea. Las decisiones políticas tomadas por consenso han sido sustituidas por opciones impuestas al pueblo canaco: en 2021, en plena epidemia de Covid, organizaron un referéndum sobre la independencia a pesar de la oposición del pueblo canaco, obligándole a abstenerse, para obtener un resultado absurdamente favorable a la tutela colonial.
Y, como guinda del pastel, en mayo de 2024 los macronianos, gracias a diputados y senadores de derecha y extrema derecha, hicieron aprobar un proyecto de ley que preveía la ampliación del electorado a nuevos residentes de origen metropolitano.

Esta última provocación, destinada a clavar definitivamente el ataúd de los acuerdos de descolonización, es la causa directa de los recientes disturbios que han envuelto los barrios de Numea, un incendio nacido de la miseria de los jóvenes canacos junto a las calles del «metro» que rezuman riqueza, con el telón de fondo del desprecio colonial.
Nuestros medios de comunicación, siempre deseosos de hablar de delincuencia racista cuando se trata de los guetos del distrito 93, se llenaron de discursos moralizantes sobre los saqueos, los heridos y los 6 muertos. Evidentemente, esto es lamentable, y condenado por los dirigentes del FLNKS, pero deja a la opinión pública francesa al margen de la proliferación de milicias armadas «caldoches», similares a las de la OAS en Argelia en 1960, responsables de la mayoría de las víctimas por arma de fuego.
En cualquier caso, está claro que las incendiarias proclamas de Darmanin sobre la represión como única solución, y sus inanes acusaciones contra la injerencia azerí (¡!) y, más allá, rusa y china, no fueron más que leña al fuego, dignas de los peores días de la guerra de Argelia hace 70 años…

Finalmente, el monarca Macron vino a aportar la solución?

Las pequeñas pantallas que supuestamente deben mantenernos informados el 22 de mayo están alborotadas: Emmanuel I Macron está en camino, en un avión que lo llevará al otro lado del mundo, a Nueva Caledonia, incendiada y ensangrentada por villanos pagados por azeríes ambiciosos, escondiendo en sus faldas a rusos y chinos. De hecho, algunos chapuceros del Gobierno francés creyeron hacer lo correcto y demostraron ser indignos de la misión que él les había confiado.
¡El pobre Presidente tiene que hacerlo todo él solo!

Pero una vez que llegue a la isla, resolverá la disputa con unos cuantos pensamientos brillantes, apagará el fuego y «organizará el diálogo»: nuestro superhombre elíseo llegará a Numea y todo estará por fin arreglado.

Este cuento de hadas para imbéciles olvidó obviamente mencionar dos puntos clave:
1/ que en Francia nada se decide a nivel de Estado sin el asentimiento del Presidente.
2/ que el principal organizador del reciente desastre, el inefable Darmanin, también participa. Y sus gendarmes acuden en masa a Numea.

Evidentemente, no sabemos cuáles fueron las verdaderas posiciones de Macron en sus diferentes reuniones, sobre todo porque este político mediático siempre envuelve sus análisis en grandes palabras poco claras y nos tiene acostumbrados a frecuentes giros de 180 grados, con el objetivo esencial de poner en primer plano su ego, su personalidad de líder internacional. Démosle la oportunidad de hacerlo, volviendo a poner en perspectiva la crisis de Nueva Caledonia: una gran isla del Pacífico cuyo pueblo canaco no debe verse privado por más tiempo de su derecho inalienable a la autodeterminación.

En otras palabras, el derecho a elegir su propio destino, a gestionar sus riquezas minerales como mejor les parezca y a elegir libremente a sus socios internacionales, políticos y económicos. Un paso en esta dirección sería la única manera de garantizar pacíficamente la presencia de una minoría europea en la isla, herencia del pasado.

La única manera de evitar un desenlace sangriento al estilo argelino, con la dramática «repatriación» de decenas de miles de familias «europeas», como en 1962.

Si Macron quiere demostrar que es un hombre de Estado, clarividente y preocupado por el futuro de la nación francesa, debe volver a trabajar en el proceso descolonizador de los Acuerdos de Numea, reconociendo finalmente los derechos del pueblo canaco a su tierra.
Evidentemente, esto implica una ruptura total con la connivencia anterior con los restos coloniales que llevó a votar con la Derecha y la Extrema Derecha un proyecto de ley impregnado de colonización.

A él le corresponde decidir qué imagen quiere dejar en la historia.

7. De nuevo sobre el futuro de la revolución cubana

Otra reflexión, «desde dentro», del futuro de la revolución cubana en la publicación La Tizza. El autor es profesor de Teoría Política en el Departamento de Filosofía, Estética y Teoría Política de la Universidad de las Artes-ISA de La Habana. https://medium.com/la-tiza/la-

La Revolución cubana frente a los desafíos de sus propias conquistas.
Por Ernesto Teuma
Como anunciamos con la publicación de la «Introducción» realizada por Luis Zarranz al libro Vivir sin tener precio. Presente y futuro de la revolución cubana, publicado por Marea Editorial en el año 2023 y presentado en La Habana en febrero de este 2024, La Tizza pone a disposición de nuestros lectores y lectoras otros trabajos de dicho volumen.
«Vivir sin tener precio» Introducción medium.com

En esta oportunidad, compartimos una versión abreviada, revisada y actualizada del ensayo «La Revolución hoy. Vigencias de las conquistas históricas y desafíos de las conquistas futuras», escrito por Ernesto Teuma en representación de nuestro equipo editorial.

El proyecto de la Revolución cubana y el poder estatal y social que lo ha sostenido y desplegado a lo largo de los últimos 65 años se enfrentan a la mayor crisis de su historia. Crisis que no es un fenómeno exclusivamente interno ni aislado, sino que refleja y responde a las múltiples crisis de las sociedades contemporáneas, del modelo civilizatorio global dominante, de una manera de organizar la economía, poner en valor la existencia cotidiana, pensar y experimentar la cultura, el cambio social y la posibilidad misma de lo que algunos llaman «policrisis», que no es más que una fase aguda de los malestares que el capitalismo y el imperialismo en su etapa neoliberal han incubado y desatado desde los años ochenta, con todos sus «síntomas mórbidos».

Para Cuba, en particular, ese contexto se articula con un momento de transiciones y transformaciones radicales de las formas en las que, desde su nacimiento, se ha organizado el poder revolucionario: el llamado proceso de «actualización del modelo económico y social cubano», el traspaso del liderazgo del Partido y del Estado de manos de la «generación históricа» a las tres primeras generaciones nacidas tras el triunfo revolucionario, la redacción de una nueva constitución y la creación de un nuevo orden institucional, la introducción en gran escala de los servicios de internet y, con ello, el acceso masivo a las redes sociales, la crisis posterior a la pandemia de la Covid-19. Todo lo anterior ha hecho que la sociedad cubana haya metamorfoseado de una forma que la hace prácticamente irreconocible a lo que era quizás un lustro atrás.

¿Cómo pensar la Revolución hoy, no meramente en cuanto acontecimiento consumado sino también en cuanto horizonte estratégico? ¿Cómo salvaguardar todo lo que se ha conquistado y avanzar en un proyecto de libertad, justicia, solidaridad e igualdad efectivas más ambicioso? En lo que sigue, sintetizo reflexiones, elaboraciones y debates que han tenido lugar en el seno del colectivo que anima la revista digital comunista y revolucionaria La Tizza y que se han reflejado en mayor o menor extensión en editoriales y artículos aparecidos en esa publicación, algunos de los cuales se citan más adelante.

Presiones internacionales
Quisiera comenzar por recalcar el entorno de restricciones y constricciones internacionales a las que se enfrenta el poder revolucionario, sin dejar de destacar — frente a cierto hiperdeterminismo que privilegia la coyuntura sobre las alternativas posibles y las decisiones concretas— que el elemento fundamental radica siempre en la dinámica interna: es el «margen de maniobra», en términos económicos y políticos, el que se amplía o se reduce a partir de condiciones más o menos favorables.

Del complejo escenario global cabe destacar cuatro elementos que constituyen desafíos a los que se enfrenta no sólo Cuba, si bien dos de ellos tienen una manera específicamente cubana de desenvolverse. El primer problema global tiene que ver con el cambio climático, la intensificación de los fenómenos climáticos extremos; en particular, la intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos extremos y de los períodos de sequía y lluvia, así como el aumento del nivel del mar. Cuba, en cuanto pequeño país insular, se encuentra en un lugar sumamente vulnerable y en condiciones económicas precarias que disminuyen la capacidad adaptativa del país ante esos desafíos. Incluso en condiciones económicas más favorables, el reto que significa enfrentar el cambio climático, que se coordina hoy a través del plan estatal denominado Tarea Vida, sería causa de incertidumbre total.

En segundo lugar, me parece importante señalar los cambios que en las subjetividades sociales ha traído aparejados el acceso masivo a las redes sociales, que en todo el mundo han ganado en extensión de la cobertura y en el número de usuarios en las últimas dos décadas, pero que en Cuba son un fenómeno relativamente reciente. Desde finales de 2018, con la expansión del acceso a internet en los teléfonos móviles y, luego, con el confinamiento durante la pandemia, se fomentó una cultura de las redes muchísimo más intensa, la cual ha generado transformaciones en la manera en como producimos, consumimos e intercambiamos información, en que nos expresamos y participamos en la conversación política y social, en que se crean afinidades o se mantienen relaciones afectivas. Un buen ejemplo de ello es la peculiar profundización del vínculo, potenciado como nunca antes, con la migración y con los cubanos que viven en otras latitudes.

Un tercer elemento general son las «corrientes culturales transnacionales», de las cuales quisiera mencionar dos variantes. Una minoritaria y otra con muchísimo más arraigo en la población. La victoria de Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, en las elecciones presidenciales en Argentina sorprendió a la región. El arma predilecta de Milei, las redes sociales, lo había llevado ya a convertirse en una figura conocida en microespacios y entre usuarios cubanos en las redes, que no solo están familiarizados con Milei, sino con todo el fenómeno del libertarismo de derecha en América Latina. Ahora bien,   la presencia de libertarios cubanos de derecha es mínima comparada con el arraigo y la fuerza, no solo digital, sino además territorial y política, del fundamentalismo evangélico. En lo que de por sí constituyó una manifestación de dinámicas de movimiento social de corte religioso, un conjunto de iglesias cubanas presionó y exhibió musculatura política en Cuba durante buena parte de los debates sobre la nueva Constitución y el Código de las Familias. La presencia de esas corrientes culturales transnacionales es prueba de que Cuba no se encuentra aislada de esos flujos y de que los debates dentro del país han dejado de tener lugar en un espacio cerrado a todo tipo de influencias o, al menos, controlado.

El cuarto y último elemento tiene que ver con el proceso que se vive hoy de transformaciones en el sistema internacional, habida cuenta del ocaso imperial de los Estados Unidos, la emergencia de China como segundo actor geopolítico, militar y económico más importante en la escena mundial, la expansión de los BRICS+ y la guerra en Ucrania, factores todos que han acelerado las tendencias antes mencionadas. La nueva coyuntura mundial ha revivido una necesaria polémica sobre el imperialismo y la dependencia. El declive de los Estados Unidos no significa que estos se resignarán a perder poco a poco los espacios que conquistó en su momento, sino más bien todo lo contrario: más que nunca, los Estados Unidos están dispuestos a usar la fuerza, tanto coercitiva — mediante todo tipo de sanciones diplomáticas, económicas, comerciales, financieras— como militar para reconquistar esos espacios, en particular en una región como la América Latina y el Caribe. Cuba ha ocupado el centro de esa agenda y esa voluntad de reconquista desde que desafió a ese poder imperial en 1959.

Uno de los resultados directos de ese antagonismo es la peculiar manera en que Cuba se ve obligada a lidiar con su inserción económica en el sistema internacional, limitada por la imposición de sanciones unilaterales de efectos extraterritoriales. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi 65 años por los Estados Unidos a Cuba ha sido y sigue siendo la zona más persistente de todo un arco de agresiones que van de la guerra bacteriológica, los actos de sabotaje y el terrorismo de Estado a intentos de asesinato, operaciones psicológicas y financiamiento de la subversión interna. Ese marco de sanciones no ha hecho más que profundizarse, ampliarse y hacerse más preciso en aras del objetivo de estrangular a la economía cubana y provocar un malestar y un descontento cada vez mayores en la población, fermentando así el caldo de cultivo de la contestación y la protesta a todos los niveles tanto de la sociedad como del Estado y que, según el Informe de Cuba de julio de 2023,[1] ocasiona al país pérdidas que, solo en el año transcurrido del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023, se calcularon en el orden de los 4.867 millones de dólares — lo que «representa una afectación de más de 405 millones de dólares mensuales, más de 13 millones de dólares diarios, y más de 555 mil dólares por cada hora de bloqueo»—, con su consiguiente efecto acumulativo y progresivo de pauperización de la economía.
A todo ello se suman la desaceleración y el estancamiento de la economía mundial, la inflación global y la terrible situación de la deuda externa. La inserción económica de Cuba en el sistema mundial ha estado mediada en lo fundamental por el alineamiento político, ya fuera con la Unión Soviética y los países excomunistas de Europa del Este hasta finales de los ochenta, ya fuera con gobiernos progresistas en la América Latina durante gran parte de la primera década del siglo XXI.

De ahí que, precisamente por haber estado esa inserción sujeta a la voluntad política de gobiernos afines, los vínculos económicos y los acuerdos de cooperación que de ella se han derivado hayan sido de una gran fragilidad, como sucedió con las misiones médicas cubanas, clausuradas por gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, elegido poco después del golpe constitucional contra el gobierno progresista de la presidenta Dilma Rousseff.

Otra zona de gran vulnerabilidad en términos de su viabilidad económica en medio de un mundo tan cambiante es el sector del turismo, que desde los años noventa se convirtió en una de las apuestas fundamentales para impulsar la economía cubana.

En lo que respecta a las restricciones y constricciones a que se ve sometida Cuba, cabe recordar lo que Roberto Regalado llamó el «Triángulo de las Bermudas» por el que navega el país, en el cual su antagonismo fundacional con la política de los Estados Unidos tiene muchísimo que ver con el lugar que ocupa Cuba en la América Latina y con la fuerza o la debilidad de un movimiento regional de solidaridad con Cuba que impugne al imperialismo estadounidense. En palabras de Regalado: El cambio en la correlación regional de fuerzas adverso a los movimientos populares, las fuerzas políticas y social-políticas y los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina agrava las condiciones para el desarrollo económico y social de Cuba en dos sentidos: 1. por el cese de la presión que, desde el gobierno de sus respectivos países, esos movimientos y fuerzas ejercían sobre el gobierno de los Estados Unidos a favor de la normalización de relaciones con Cuba; y, 2. por la desaparición casi absoluta de las relaciones económicas, comerciales, de cooperación y colaboración solidarias y mutuamente ventajosas que, por conducto de sus gobiernos, esos movimientos y fuerzas habían establecido con Cuba.[2]

En esa triangulación estriba también una parte importante del margen de maniobra del que dispone Cuba para llevar a buen puerto sus propias iniciativas de transformación.

Cambios internos

En tan convulso panorama, la sociedad cubana no se enfrenta a esa crisis en un contexto de estabilidad interna, sino en uno de hasta hace relativamente poco inimaginables cambios y convulsiones. La sociedad cubana de hoy, como diría Fernando Martínez Heredia, es «hija de los últimos treinta años». Desde las estrategias de subsistencia a inicios del Período Especial hasta las de superación de la crisis, de la Batalla de Ideas, liderada por Fidel — quizás el último gran momento de movilización política en Cuba— hasta el VI Congreso del Partido Comunista y la puesta en marcha de la «Actualización del modelo económico y social cubano».

De manera que Cuba se encuentra desde hace diez años en un escenario de reformas que no se han llevado a cabo de manera lineal ni podrían leerse de manera lineal. En la realización de las «reformas» dentro de la «Reforma», han sido inevitables las interrogantes y los debates sobre qué reformar: ¿Qué tipo de socialismo construir? ¿Cómo debe funcionar la economía? ¿Qué alternativas institucionales habría que elaborar? ¿Cuál es el lugar de la política si «la batalla principal es la economía»? ¿Qué significa la Revolución hoy? Puede decirse que, a pesar del mayor acceso a la información, los debates han transcurrido en un contexto marcado por carencias y déficits tanto en términos de información como de análisis.

Esas carencias guardan relación, sobre todo, con lagunas en el conocimiento del propio proceso de la historia de la Revolución cubana. Con frecuencia, los análisis superficiales que se hacen sobre la Revolución se asocian con dos mitos persistentes.
En primer lugar, el mito acumulado bajo capas y capas de propaganda adversa que han cimentado el prejuicio según el cual, desde el 1 de enero de 1959 hasta nuestros días, la historia de Cuba es una secuencia interminable de errores y horrores, una especie de infierno sobre la tierra en que la presunta imposición, arbitraria y a la fuerza, del «comunismo» interrumpió el normal desarrollo de una sociedad de bienestar, abundancia, paz social e ilimitadas perspectivas de desarrollo. El otro mito sostiene que el proceso que se inicia en enero de 1959 no solamente inaugura una época, lineal y homogénea, de justicia social, desarrollo, nuevas y verdaderamente democráticas formas de poder popular, independencia nacional y solidaridad internacionalista, sino además que a esa época le son ajenos los conflictos internos.

Ambos relatos son falsos e ignoran la historia real de cómo se constituyó el poder revolucionario y las variaciones institucionales de ese poder que hubieron de sucederse en respuesta a cambios y transformaciones en la propia sociedad y a nuevos tiempos y nuevos objetivos. La ausencia de esa historia es una carencia latente en la experiencia vivida por varias generaciones de cubanos; el hecho de que no se haya tomado conciencia de esa carencia y de que no se haya sistematizado y pensado esa historia es un déficit significativo, en un momento de crisis como el que vivimos, a la hora de considerar el futuro de la Revolución.

En lo que sigue, intentaremos pensar esta singular coyuntura en tres planos: la producción y reproducción de la vida, la superestructura institucional concebida, diseñada y establecida para gestionar los conflictos de esa sociedad en transformación y, por último, las ideas, el liderazgo y el marco de acción política en el interior del proceso.

Reproducción de la vida

Cuando hablamos de economía cubana, y de producción y reproducción de la vida, habría que colocar en primer término, como hace Michael Lebowitz en Las contradicciones del socialismo real. El dirigente y los dirigidos, el problema de «la escasez crónica. Escasez para los consumidores, escasez para los productores; en todos los aspectos de la vida en el socialismo real había escasez. En realidad, responder a la escasez era un modo de vida.»[3]

La escasez ha sido un problema persistente de la economía cubana, asociada, por un lado, con el tipo de restricciones y constricciones que describíamos al inicio, pero también con los límites de un modelo particular de asignación centralizada de recursos, típico de las economías del socialismo eurosoviético. Los rasgos generales de ese modelo son los de una economía en general con bajas tasas de crecimiento en el mediano plazo, poca introducción de los avances científicos, ineficiencias en la distribución de los recursos, desequilibrios en las inversiones y baja productividad.

Ello ha impuesto límites al consumo, ya fueran dictados por el diseño o límites de facto. De hecho, una de las consignas más famosas y extendidas del proceso de reforma era precisamente la creación de un socialismo «próspero y sostenible»: no solo proveer una mejoría en el consumo y superar la condición de escasez, sino también lograr que ello fuera sostenible y estable.

Ahora bien, habida cuenta de que la escasez es un rasgo permanente, a su vez no es factor explicativo suficiente para todas las dinámicas que se manifiestan.
Es preciso detenerse en las «modulaciones de la escasez», en la manera en que esta se «distribuye», por así decirlo, a partir de un determinado «pacto social». Es ahí donde nos tropezamos, precisamente, con una de las variaciones más radicales del «nuevo modelo» propuesto respecto del modelo anterior. En el «pacto social revolucionario» la escasez se presentaba como una restricción fuerte sobre el consumo individual y sobre el consumo suntuario, si bien extendía una garantía mínima y universal de acceso a determinados bienes básicos, racionados a través de mecanismos de asignación directa como la «libreta de abastecimiento».

Por ejemplo, un cierto nivel de consumo en términos de alimentación formaba parte de las expectativas, pero era más difícil — y, en algunos casos, imposible— conseguir determinados bienes como ropa, calzado, efectos electrodomésticos o automóviles o recibir servicios de reparación de mantenimiento de la vivienda, aun cuando se fuese propietario de esta.

No obstante, ese pacto social comprendía un conjunto de servicios sociales universales de acceso gratuito o fuertemente subvencionado: salud pública, educación, cultura y esparcimiento, deportes. También se lograron altos índices de seguridad ciudadana. Por otro lado, la garantía de pleno empleo coexistía con una actitud generalizada de laxitud en cuanto al control y la disciplina de la fuerza de trabajo. No solo el empleo y el consumo, sino además la vida social en su conjunto, transcurrían en el interior del circuito estatal, de sus instituciones, establecimientos y empresas. Sin embargo, en la época que se abre con el Período Especial, ese pacto social, si bien se mantiene en sus líneas generales, se va desdibujando en la práctica por las dificultades que implicaba sostener esa amplia red de garantías universales en las nuevas condiciones de aislamiento y asedio y de productividad y eficiencia económica insuficientes.
La crisis del modelo anterior, en medio de desastres naturales como los huracanes Ike y Paloma, la crisis financiera de 2008 y el comienzo de un retroceso del primer ciclo progresista en la América Latina a finales de la primera década del nuevo milenio generó un gran debate social sobre sus insuficiencias, de manera que en el discurso de aquellos años se puede observar un cambio de énfasis, en virtud del cual las reformas económicas se convirtieron en el elemento fundamental.

¿Qué proponía el nuevo modelo? Reducir ese núcleo racionado de garantías universales en favor de una situación en la que la productividad y el crecimiento de la economía garantizaran todos esos servicios sin necesidad de una asignación administrativa, a la vez que se conservara un esquema limitado y focalizado de asistencia social. Privilegiar la productividad y la eficiencia económica, reducir el «excedente» de fuerza de trabajo que empleaba el Estado y, a la vez, eliminar el esquema de estatalización total de la economía, prevaleciente desde el año 1968, en favor de la dinamización de la empresa estatal concebida como centro de una economía que incluyese cooperativas, pequeñas y medianas empresas privadas y trabajadores autónomos por cuenta propia. Así, el Estado asumía la dirección de la economía y de sus medios fundamentales, desembarazándose de aquellas consideradas «no esenciales», al tiempo que regulaba el resto de las formas no estatales.

Los debates «económicos» acerca de la autonomía empresarial, la política de subsidios, las condiciones de empleo y el tipo de ajuste que habían pasado a primer plano en los noventa reflejaban también la disfunción, teórica y práctica, de un paradigma de socialismo: el que se había derrumbado en la URSS y Europa del Este; y las dificultades para pensar una alternativa. Hasta ese momento, el Estado se había pensado como el centro de la transición.
¿Qué hacer en una situación donde en la práctica esas capacidades se han visto enormemente reducidas y la presencia de ese Estado se ha visto mermada?

La reproducción de la vida no puede detenerse por ese retraimiento del circuito estatal, la gente busca cómo satisfacer sus necesidades y comienzan a proliferar nuevos circuitos autónomos de reproducción de la vida, circuitos que alimentan todo un espacio de empleo, de consumo y de vida cotidiana y que se van autonomizando cada vez más y alejando del Estado, y reafirmándose y haciéndose más fuertes. El sector privado, antes de ser reconocido en gran escala por la Reforma, ya existía de una manera soterrada en actividades y mecanismos informales tolerados y, de esa forma, se iban creando esos espacios de autonomía en el tejido social cubano.

Ese proceso de autonomización también había tenido lugar a nivel de las empresas estatales que pugnaron durante años por un mayor espacio de autonomía en la gestión de sus propios ingresos, en la distribución de sus salarios y en la definición de sus inversiones y de sus utilidades y que intentaban retener una mayor parte de lo producido para sí mismas y su sector. Esa autonomía de los empresarios entraña un conflicto con los mecanismos de asignación centralizada, una contradicción que no solo se decide a favor de empresas concretas, sino de sectores enteros de la economía y modifica la política de inversiones. Un ejemplo muy claro es lo sucedido con el turismo, que se ha presentado durante estas décadas como motor impulsor de la economía y ha logrado, efectivamente, modificar la política de inversión del país en favor de la construcción de nuevas unidades hoteleras, del crecimiento y expansión de su infraestructura o, incluso, de la introducción de determinados beneficios para sus trabajadores, en detrimento de otros sectores productivos o presupuestados. La fragmentación del tejido social en múltiples circuitos privados, formales o informales, y la fragmentación del tejido empresarial en favor de lo sectorial, configuran lo que Reinaldo Iturriza llama, para el caso venezolano, «neoliberalización de facto», es decir un  fenómeno que guarda relación directa con la pérdida de capacidad estatal para reglamentar la economía […] De dicha hipótesis se derivarían dos conclusiones preliminares: 1) […] es un fenómeno que tiene lugar a pesar de la voluntad del liderazgo político chavista, al margen de la presencia de elementos neoliberales en el Gobierno, lo que ciertamente tendría que haber facilitado tal desenlace; dicho de otra forma, sería la consecuencia de su derrota en el plano económico; 2) en tal contexto, las clases populares no se convierten súbitamente al neoliberalismo, adoptándolo pasivamente como patrón de sociabilidad; no obstante, se ven obligadas a lidiar con la racionalidad predominante, reproduciéndola y adaptándose a ella, pero de manera ambivalente, beligerante, no exenta de crítica.[4]

A pesar de ese proceso de autonomización, que se da como una desconexión hacia formas de vidas separadas, individuales, familiares y diferenciadas del Estado y su circuito, la política social de la Revolución continuó siendo el núcleo duro de justicia, de la capacidad de la propia Revolución para dignificar la vida cotidiana de las grandes mayorías. Existía consenso sobre la necesidad de conservar en el socialismo cubano aquellas conquistas de la educación, la salud, la cultura, la seguridad y la asistencia sociales. Lo que no quedaba tan claro era cómo estas se relacionaban entre sí o cómo podían permanecer incólumes frente a todas las transformaciones que estaban sucediendo.
La sociedad cubana que emprende la Reforma estaba lejos de ser la sociedad más igualitaria de los años ochenta. Pero podemos distinguir entre el patrón de desigualdad que se había producido en esos veinte años y el que la propia dinámica de la Reforma había generado. Y se hacen visibles, como nunca antes en grupos sociales determinados, fenómenos de polarización social.

En su estrato superior, un sector vinculado ya no solo a la presencia del capital transnacional y las empresas mixtas, sino todo un naciente sector privado; por otro lado, más abajo en esa escala, un sector empobrecido; una pobreza distribuida desigualmente en términos de género, de raza y de territorio. La reducción del circuito estatal y su patrón más igualitario de distribución afectan en mayor medida a las mujeres, quienes suelen asumir una carga superior de los cuidados, y ha tenido un impacto más alto en aquellos sectores marginalizados y racializados de negros y mulatos que, de los noventa en adelante, habían comenzado a chocar con patrones históricos y nuevos de desigualdad en términos de oportunidades, ingresos, movilidad social y, por supuesto, territoriales, cuando también comenzaba a reemerger esa otra estructura profunda de desarrollo de la historia cubana, en que La Habana y sus condiciones eran distintas a las del resto de las provincias.

Un momento visible de ese patrón de desigualdad es el cambio en la estructura de ocupación. Los «ajustes de plantillas infladas» y el «proceso de disponibilidad», que eran parte también de la Reforma e implicaban que un número considerable de trabajadores del sector estatal se desplazasen hacia formas no estatales de ocupación. Si bien ese proceso no se llevó a término y ese traspaso sucedió de manera más gradual, en los últimos años se han producido dos transformaciones importantes: por un lado, un tercio de la fuerza laboral activa está empleada en el sector privado y, por otro, existe una zona significativa de la población en edad laboral que no se encuentra incorporada a ningún empleo formal, ya sea en el sector privado o en el estatal.

En el primer caso, el del sector privado, el empleo se ejerce en condiciones laborales mucho más estrictas, precarizadas pero con salarios mayores a los del sector estatal y todavía bajo las salvaguardas universales de la política social, que hasta cierto punto aseguran sus condiciones de vida. Ese empleo en el sector privado no ha terminado de configurarse, pero sus futuros conflictos por la ausencia de derechos laborales, por su sesgo discriminatorio y su falta de garantías, ya son visibles en la misma medida en que se va consolidando. En el caso del empleo informal, su única y precaria garantía es la existencia autónoma del circuito de fondo — el de la reproducción simple— al que muchos prefieren referirse como circuito de la economía marginal.

El crecimiento del sector privado formal e informal sigue ese patrón de desigualdad descrito más arriba y es impensable sin una relación molecular con el mercado mundial a través del contrabando de importación y las remesas, sin una relación más porosa con el exterior y sin un cambio en las necesidades y las aspiraciones.
La cultura cubana, de hecho transnacional, es una cultura en flujo. Se altera lo que la gente piensa, imagina, las ideas de lo que quieren para sus vidas en un ir y venir a través de visitas, videollamadas, mensajes de voz, reels, recargas de saldo, publicaciones e influencers, ropa, zapatos, bienes de consumo, relaciones. En virtud de una modificación íntima de los deseos, sueños e imaginarios, el futuro se dibuja ahora, en el mejor de los casos, no como destino colectivo sino como elección estrictamente individual o familiar. En el peor y más común de los escenarios, como una fantasía cuyas figuraciones no tienen otro motor o anclaje que una obsesión de fuga… hacia cualquier otro lugar. La migración a la primera oportunidad que se presente es la realización de esa fantasía.

En el deterioro del pacto social socialista y la degradación del espacio común, ya sea laboral, político, local o nacional se cifra un malestar que se convierte en la búsqueda de salidas individuales. En la estratificación, la desigualdad, la fragmentación, en esa mayor heterogeneidad, no existen mecanismos capaces de sintetizar la idea de comunidad. Sobre esa sociedad y las fuerzas materiales que los movilizan, ¿qué instituciones podrían garantizar estabilidad, representación, síntesis y acceso a los bienes esenciales?

Un nuevo modelo institucional en tiempos de cambio

El modelo institucional que rige en el país, por lo menos en términos de diseño, es el de la Constitución de 2019, aprobada en referendo por el 82 % del padrón electoral. La propia Constitución fue resultado a mediano plazo del proceso iniciado con la «Actualización».

El modelo institucional anterior se percibía no solo como inadecuado para los objetivos de la Reforma, sino en general como demasiado a la zaga de los cambios que habían ocurrido en la sociedad cubana desde el Período Especial. La «desviación» — como denomina Valdés Paz a ese desfasaje— había llegado a un punto crítico. Adicionalmente, en ausencia de Fidel, era inevitable preguntarse cómo construir un conjunto de instituciones que pudieran desempeñar las funciones de representación, escucha social, arbitraje y movilización que hasta entonces había desempeñado su liderazgo indiscutido, omnipresente y carismático. ¿Cómo estructurar un contrapeso a las dinámicas de burocratización, hasta ese entonces no menos omnipresentes en el proceso cubano? ¿Cómo modernizar y reducir el aparato estatal y gubernamental para crear una eficiente administración pública?
En gran medida, el proceso de actualización, que el discurso oficial ha solido presentar como apenas una modificación de la estructura socioeconómica, es también un proceso de reconfiguración institucional. ¿En qué sentido? Podríamos plantear que, después del desbordamiento hacia lo social y lo político que caracterizó a la Batalla de Ideas, se vuelve a la política constituida y al Estado como centro exclusivo del proceso.

Se refuerza la idea de que las instituciones gubernamentales y estatales son garantes de la legalidad y del carácter ordenado de los procesos y se despliega una intensa labor para protocolizar y legislar en todas las instancias administrativas. Se hace hincapié en la profesionalización de los cuadros «decisores». Se tiende a limitar al mínimo los momentos de excepción, harto frecuentes en la historia de la Revolución, sobre todo en las épocas de politización y movilización más intensas, en favor de normas y procedimientos estandarizados. Lo jurídico toma por asalto a la política, del mismo modo que la economía había ocupado lo social y parece no distinguirse de ella.

Si, con esas reformas, lo privado obtiene reconocimiento y espacio propios (en lo familiar y en lo económico) y el Estado se reconstituye y traza nuevamente sus bordes administrativos, hay un ancho espacio de lo social que queda descolocado en la ecuación. Esa ausencia es palpable, por ejemplo, en las escasas menciones que del término sociedad civil se hacen en los documentos de política sometidos a debate durante el período, al punto de no aparecer en la Constitución, a pesar de que la noción misma de sociedad civil ocupa hoy un lugar central en la disputa política.

Una de las maneras de representar ese conflicto puede verse en el debate sobre la autonomía municipal. La municipalización es una de las grandes promesas de ese nuevo orden institucional y, por tanto, presenta un punto de vista privilegiado desde el cual observar algunas contradicciones, persistentes en términos institucionales y pertinentes para el conjunto de la experiencia.

Desde su constitución, el poder revolucionario desplegó una estructura altamente centralizada y verticalmente organizada. En primer lugar, en cuanto efecto del origen del poder revolucionario en una organización político-militar; en segundo, por la historia del propio poder ejecutivo en Cuba; en tercer lugar, en cuanto efecto de la gestión de las crisis y, por último, como parte del diseño. Esa centralización, típica de los años sesenta y que se mantuvo hasta principios de los setenta, influyó por lo menos en dos aspectos. Primero, en la cultura política y la autopercepción de los funcionarios cubanos, en su desarrollo profesional, en el lugar de lo local frente a lo que viene «de arriba», en la relación con sus subordinados. Después, incluso cuando a partir de los setenta comienzan a crearse estructuras descentralizadas, el centralismo pesa sobre la dinámica de las instituciones. Los órganos locales seguían sin tener prerrogativas suficientes para gestionar integralmente sus respectivos territorios.

Llegados al contexto actual, una reforma integral hacia la descentralización del Estado sin una desconcentración efectiva de sus recursos, crearía sobrecargas a nivel territorial y reforzaría el patrón de desigualdad presente hoy. Por otro lado, en el nuevo diseño el predominio de las asambleas o de los órganos colegiados como forma política se debilitó en favor de la reconstitución de toda una línea diferenciada del poder Ejecutivo en la reaparición de la figura del primer ministro y los gobernadores provinciales, que sustituyeron a los cuerpos asamblearios a ese nivel. La experiencia de la pandemia vigorizó esa línea ejecutiva

El municipio se nos presenta de manera muy directa como síntesis de esas tres contradicciones.
Una de las modalidades de esa pugna es la que se manifiesta en la distribución de los recursos, dimensión fundamental de su funcionamiento. Hay una fuerte tendencia a distribuir los escasos recursos mediante vías altamente centralizadas, concentradas y ejecutivas: el combustible, los alimentos, etc. El problema es cómo se deciden esas prioridades, cómo se hace participar a la sociedad en la definición de estas. Aparte del déficit funcional, o de la cuestión de cómo funcionan esas prioridades y si lo hacen, está presente el problema de un déficit en su elaboración democrática, o cómo decidir colectivamente sobre la gestión de lo común.

El problema del liderazgo ético-político

A inicios de la Reforma, ya se observaba un desgaste de las organizaciones sociales y de masas, reconocido incluso en la Primera Conferencia del Partido realizada en 2012. Existía en esa fecha un entendimiento de que los mecanismos de funcionamiento de esas organizaciones se veían cada vez más limitados y ya no eran tan efectivos para movilizar y hacer participar a amplias franjas de la sociedad de la misma manera que antes. Si bien en su discurso y proyección la Reforma se presentó como «económica y social», llevaba implícito un proyecto de refundación política del Estado y de sus capacidades de maniobra y funcionamiento.

Ese proyecto de necesaria refundación política se estructuró en torno a un paradigma de normativismo y estabilidad. Sin embargo, los últimos años no han sido prueba de ello. Un problema central de la política revolucionaria es que, al haber desplazado su centro hacia las instituciones constituidas, pero sobrepasadas por los conflictos que surgen de ese torbellino de desajustes y transformaciones, ha negligido su capacidad de reacción y respuesta para intervenir en tiempos de excepción y de crisis. Esos mismos tiempos en los que el liderazgo, la audacia y las soluciones, en esos momentos fluidos, afirmativos y creativos de la política, son determinantes.
El malestar social generado por las condiciones económicas adversas, las deficiencias institucionales y la anomia y la enajenación con relación a la institucionalidad del proyecto revolucionario (el Partido, el Estado, el Gobierno), ejemplificado en la expresión tan común con que amplias zonas de la sociedad se refieren a «ellos» — es decir, a los dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, en cuanto cuerpo político a la vez indistinguible y confuso—, fue y sigue siendo fuente de una repolitización acelerada de sectores no despreciables, activos o cooptados por una agenda antigubernamental en sus distintas modalidades.

Para salirles al paso a los numerosos conflictos latentes o abiertos, provocados por errores propios en ese estrecho margen de maniobra, catalizados por agendas mediáticas hostiles y operaciones de inteligencia subversivas, no existen a nivel local y territorial liderazgos capaces de reconstruir esos consensos, exigir una rendición de cuentas efectiva o movilizar para la búsqueda de soluciones. Ante esa ausencia, proliferan los liderazgos alternativos y antigubernamentales como conductores del descontento. Cuando la politización no es de signo revolucionario, la desafiliación y la reacción extremas campean a sus anchas.

La pandemia de la Covid-19, como un gran acelerador, colocó al país en una situación límite y alteró los escenarios probables de evolución de la sociedad a resultas de una nueva crisis en la que emergieron con fuerza todos los elementos anteriormente esbozados. La gravedad de la situación sanitaria limitó las posibles soluciones y generó un estado generalizado de incertidumbre cuando se atravesaba por el peor pico pandémico. El 11 de julio de 2021 fue consecuencia directa de esa situación límite y una alerta en términos de la erosión de la hegemonía de las fuerzas revolucionarias y su liderazgo.

Cuando hablo de liderazgo, no me refiero a la existencia de una persona en particular que desempeñe las funciones de líder, sino a la unidad de propósito y acción, al horizonte compartido, a las creencias comunes, a una determinada lectura y diagnóstico del contexto, un recuento histórico y una perspectiva de futuro inmediata que sintetice en una práctica política y que convoque a la movilización y disponga de los mecanismos para llevarla a cabo con amplitud y sostenimiento. Para ello el poder revolucionario y su base social contaban con fuentes de legitimidad, las cuales se han modificado a lo largo de la última década.

A la hora de ejercer su liderazgo, el equipo que tiene hoy en sus manos las riendas del Estado y del Gobierno no puede valerse de una fuente de legitimidad que hasta ese momento había sido determinante dentro del proceso, legitimidad que Juan Valdés Paz llamaba «histórica». Histórica en el sentido de que emanaba de la experiencia, reconocida en la primera generación encabezada por Fidel Castro y, muy de cerca — en cuanto sucesor designado—, por Raúl Castro, en el manejo del Gobierno y del Estado. Con el traspaso generacional ocurrido en los escalones más altos del poder revolucionario, esa fuente está en proceso de disolución.
De manera que las nuevas fuentes de legitimidad accesibles al actual equipo de gobierno encabezado por el presidente Díaz-Canel serían tres: a) su capacidad para mantener, expandir y hacer efectiva la política social de la Revolución; b) su capacidad para legislar y hacer cumplir la ley y actuar dentro del marco jurídico establecido en la Constitución; c) su capacidad de articular y unificar políticamente a través del consenso y de hacerlo incluso con otros mecanismos de consenso, distintos de los hasta ahora habituales. Esas tres fuentes son hoy, en medio de las crisis, en extremo complejas de capitalizar y equilibrar.

Los cambios en el consenso pueden verse, por ejemplo, en el comportamiento electoral diferenciado en las votaciones realizadas en 2022 y 2023, ya fuera en las elecciones municipales o nacionales o en el referéndum sobre el Código de las Familias. Es notable el deslizamiento de una aprobación casi unánime, reflejada en índices de voto afirmativo superiores — en todos los casos— al 90 %, a índices que, aunque todavía mayoritarios, se han visto inusualmente reducidos. Ello es también indicativo del tránsito hacia un consenso mucho más pasivo, no solo en términos electorales, sino también en términos de participación en las distintas instancias colectivas y asamblearias, organizaciones sociales y de masas y, en general, en la vida pública. Si bien todavía se pueden percibir momentos de consenso activo y mayor participación en la consulta popular para la redacción de algunos cuerpos jurídicos (la Constitución, el propio Código de las Familias), ese no ha sido el caso respecto de todos los actos legislativos importantes aprobados en fecha reciente ni tampoco en el de la propuesta y la aplicación de medidas de enfrentamiento a la crisis económica. En sentido general, se observa una ostensible merma de los momentos participativos más amplios o más acotados y locales.
La extensión de las redes ha ampliado y modificado los espacios de discusión pública. La forma en que se elaboran, se divulgan y se asocian los intereses ha generado estrategias de movilización ya añejas en el resto del mundo, pero novedosas en Cuba, donde las redes se han convertido en escenario de violentos enfrentamientos ideológicos virtuales que han escalado y filtrado a las calles y las casas. Dicho esto, el efecto acumulado de las redes ha sido más catártico que movilizador y más disolvente que aglutinante en esa dimensión de la política que requiere «poner el cuerpo» y no simplemente dejar un comentario.

De hecho, es posible entender los últimos años en esa imbricación y potencialidad de la movilización virtual/real en la vida cotidiana. En las colas, pero también en otras formas de movilización como los grupos de compra y ventas en WhatsApp, en Facebook, en Telegram, podríamos encontrar «una multitud, en fin, extendida a todo lo largo del país, de manera simultánea, con regularidad diaria y con una intensidad microlocal y grupal considerable».[5] La efervescencia de lo social y sus conflictos está ahí, la cuestión es cómo encuentra expresión y qué les dará forma a través de «mediaciones institucionales y simbólicas que canalicen y contengan, en simultaneidad, los anhelos y frustraciones de las gentes».[6]

Cabría preguntarse ¿cómo incrementar la representación, la participación y el debate sobre lo común y cómo darles cauce formal y eficaz a los conflictos en una dirección emancipadora? Lo que han revelado las dinámicas de los últimos años es la emergencia cada vez más abierta de conflictos. Conflictos que se dan en todos los niveles y que requieren de mecanismos de arbitraje que logren saldarlos sin llegar a ningún tipo de confrontación violenta o destructiva. Esa capacidad de arbitraje depende en gran medida de la legitimidad y del consenso alrededor de la fuerza encargada de interceder. En el interior del Estado, cuando las contradicciones se canalizaban en el marco institucional y por conducto de la clase política, Fidel, primero, y Raúl, después, fungían como árbitros y preservaban la unidad del conjunto.
Esas situaciones hipotéticas serían inéditas en Cuba, pero no se puede descartar la posibilidad de que se materialicen, llegado el caso de que esas contradicciones se tornen más abiertas y más directas, como resultado de la propia crisis que pone en juego la supervivencia de sectores y ramas de la economía, que pujan por redistribuir los recursos económicos a su favor, o en virtud de la existencia de visiones alternativas que lleven a desencuentros agudos sobre las salidas de la crisis.

Así deben leerse los constantes llamados a la unidad que han marcado la pauta a partir de la intervención de Raúl Castro el 1 de enero del 2024 como intento de exorcizar esas angustias. ¿Qué mecanismos poner en marcha para lograrla? ¿De qué tipo de unidad se habla?

Especialmente, cuando consideramos una variable adicional que requeriría de un tipo de arbitraje «de lo social», pues si algo se ha hecho visible en la Cuba de los últimos años es la protesta: la manifestación pública y autónoma del descontento, incluso sin una normativa que la regule aún, a través de movilizaciones de distinto tipo y de distinta escala. Comenzaron en mayo de 2019 con una marcha autoconvocada por un sector del activismo LGBTI y, de ahí en adelante, se pueden mencionar la sentada del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura, la movilización de La Tángana en el Parque Trillo, el ya mencionado 11 de julio, la Sentada de los Pañuelos Rojos y un número considerable de micromanifestaciones de signo político diverso, hasta las más recientes, ocurridas en marzo en Santiago de Cuba, pero marcadas por su convocatoria al margen de las orientaciones estatales, las cuales han respondido siempre bajo el signo de «la tranquilidad y el orden».
La ocupación del espacio público que hasta ahora había sido iniciativa y obra exclusivas de la política revolucionaria tradicional se ha convertido en otro territorio en disputa. ¿Cómo metabolizar ese dato de lo social que es la protesta, no solamente como un derecho sino como un mecanismo para ampliar la participación y redescubrir, por ejemplo, la presión social?

Pues la emergencia de la protesta hace visibles las líneas de conflicto que hemos descrito, se hayan o no «manifestado» hasta ahora: la contradicción dentro del sector privado entre los trabajadores superexplotados y los dueños, las contradicciones entre los pobladores de una demarcación y sus autoridades tanto elegidas como no elegidas, los conflictos dentro de las empresas estatales, las manifestaciones feministas en contra de la violencia de género y un largo etcétera. La protesta, al reflejar un malestar, desafía nuestra capacidad de convertirlo en mecanismo de repolitización y reivindicación del socialismo cubano, de nuevas formas de comunidad. Puede que esas formas de protesta se encuentren en reflujo, pero ello no significa que el Estado haya vuelto a ocupar ese vacío ni que haya recuperado todas sus mediaciones y capacidades de incorporación anteriores a las protestas. Una lectura anterior a esa dinámica de protestas, que es más visible entre 2020 y 2022, puede arrojar claridad sobre lo que bulle bajo esa calma: la existencia, como reiterara varias veces Fernando Martínez Heredia, de una franja cultural desconectada de la Revolución y presente desde los años noventa.

Esa desconexión no es solo de los circuitos materiales o de los mecanismos institucionales, también se da en términos simbólicos y en términos políticos. Es una franja en la cual crecieron los marcos aparentemente apolíticos de la religión, la música urbana o el emprendimiento, determinadas soluciones y visiones sobre lo social y sus tensiones. Cuando esas zonas se (re)politizaron — lo cual se hizo patente el 11 de julio—, lo hicieron canalizándose sobre todo por consignas y directivas y, en general, por un liderazgo ideológico y político de los sectores de derecha, que derivaban sus posturas de un sentido común que proliferaba espontáneamente y se alimentaba de visiones de sociedad antagónicas al proyecto de la Revolución.

O sea, figuras que elaboran sistemas de creencias, certezas, ideas movilizadoras, que encuentran asidero frente a la incapacidad del desgastado discurso burocrático para resonar o conectar con esos conflictos, con esas contradicciones, con esa realidad. Son discursos que se movilizan a través de medios así llamados independientes: youtubers, influencers en redes sociales, que no siempre poseen matices explícitamente políticos, pero que van modificando el sentido común hasta hacer impensables determinadas salidas, propuestas y políticas revolucionarias y que, de ese modo, llegan a normalizar y reforzar un tipo de vida desconectada y totalmente separada y ajena al proyecto de la Revolución. Pero también son las formas de vida y las experiencias dentro de las cuales esos discursos, y no otros, o quizás en ausencia de otros, tienen sentido. ¿Cómo cambiar esas formas de vida?

A manera de conclusión

Cuba es hoy escenario de una disputa sobre el destino de la Revolución. Esa disputa es omnipresente y se plantea en un momento de definiciones fundamentales, en el que todo parece estar en juego y — como es de temer— lo está.
Esas definiciones emanarán de la respuesta a preguntas que están hoy sobre la mesa y que nos alertan de nuevos problemas sin resolver. De esos problemas, dos son los más urgentes y, por tanto, los decisivos ¿cómo re-pensar el sentido de la justicia y de la igualdad frente a una desigualdad y pobreza cada vez más visibles y agobiantes, y cómo hacer que ese sentido reencarne en formas viables, convincentes, sostenibles? ¿Cómo desatar una participación protagónica y activa del pueblo que lo re-politice por cauces revolucionarios?

Frente a tales desafíos, las soluciones policiales y administrativas son insuficientes. El ejercicio de la coerción por parte del Estado puede ser suficiente para mantener el poder de coerción — círculo vicioso—, ¿pero será capaz de renovar y hacer avanzar el proyecto? Volver a la administración total de la vida y reintegrarla por completo al circuito estatal es impensable e inviable. «La solución no es policial, es política» — rezaba un editorial de La Tizza de mediados de 2021, en vísperas de las protestas del 11 julio. En él podía leerse: «No se puede seguir llevando policías allí donde hay que llevar conciencia socialista, liderazgo y moral revolucionaria. El pueblo no puede quedar convertido en un espectador con celulares en la mano, a merced de la falta de apelación a él para que se ejercite en la batalla de ideas que Fidel lanzó y que ha sido, en la práctica, abandonada.»[7]
La solución tampoco podrá ser administrativa. La solución no podrá venir sino de la movilización de las masas en torno a nuevas ideas, prácticas y discursos que actualicen la Revolución como presente vivido por el que valga la pena seguir apostando aquí y ahora, pero que también la doten de una perspectiva de futuro que hagan de esa apuesta una elección existencial y no solo una esperanza.

La clausura de ese futuro viene de la mano de la privatización, cierre que en cierto modo ya se ha iniciado. Por todas partes vemos emerger poderes privados, discrecionales: en el mundo empresarial — tanto privado como estatal—, en las instituciones, en el espacio doméstico; lo vemos en el énfasis de lo privado que cercena cualquier otro tipo de relación, en la tendencia a vivir hacia el interior de las casas y en la proliferación de muros, rejas y separaciones; en el temor a la calle y al encuentro con el otro. Lo vemos en el rechazo de lo común y de todo aquello considerado como estorbo, como traba frente a lo privado, lo individual, lo familiar, lo infrasocial. En la experiencia cubana, como en muchas experiencias de construcción socialista del siglo XX, el Estado era efectivamente la forma principal de comunidad, pero a su alrededor y por debajo crecían múltiples relaciones que alimentaban y fomentaban otra manera de vivir. La presencia del Estado y su vocación de regular, administrar y controlar no dejó de generar un malestar y una rebeldía comprensibles, pero hoy nuestro reto es cómo ampliar las formas de lo común más allá del Estado, cómo llevar adelante «una política de lo común».
El partido de esa política ha llevado siempre el mismo nombre: comunista. Si el poder revolucionario logra ser locus de anticipación del futuro, de sistematización de las experiencias emancipadoras de nuestra historia reciente y la historia de nuestra región, de organización de la voluntad colectiva para la transformación, de consolidación de la autonomía, pensada en clave de lo común, recobrada para el nosotros del pueblo político revolucionario, de invención y creación políticas, de síntesis de lo social; en fin, si logra ser capaz de desatar las fuerzas del pueblo, habrá logrado la Revolución cubana superar una vez más la crisis y sobrevivir para enfrentarse a nuevos problemas.

Es en ese debate programático sobre el socialismo cubano, en la refundación revolucionaria, en la profundización democrática y socialista del proyecto social de la Revolución cubana, que los comunistas y los revolucionarios cubanos demostraremos si somos dignos de ese nombre.

Notas:

[1] Publicación anual del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba de conformidad con la resolución 77/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».

[2] Roberto Regalado: «El socialismo cubano necesita un debate y un nuevo consenso programático», La Tizza, 26 de julio de 2021. Disponible en: https://medium.com/la-tiza/el-

[3] Michael Lebowitz: Las contradicciones del socialismo real. El dirigente y los dirigidos, Santiago de Chile, Ediciones LOM, 2018, p. 48 (subrayado en el original). Disponible en: https://michaelalebowitz.com/.

[4] Reinaldo Iturriza: «Un primer balance general de la etapa post-Chávez (segunda parte y final)», La Tizza, 11 de febrero de 2022. Disponible en: https://medium.com/la-tiza/un-.

[5] Leyner Javier Ortiz Betancourt: «Las masas en julio», La Tizza, 11 de julio de 2022. Disponible en: https://medium.com/la-tiza/.

[6] Ibídem.

[7] «La respuesta no es policial, es política», La Tizza, 4 de mayo de 2021. Disponible en: https://medium.com/la-tiza/la-.

8. El PT brasileño pierde a su base histórica

Me ha resultado muy interesante este artículo sobre cómo el PT ha perdido a manos de la extrema derecha a su base social fundacional: los trabajadores que podemos considerar «clases medias asalariadas», parte de los cuales, ante el deterioro de su situación económica, giran al fascismo. https://jacobinlat.com/2024/

El bolsonarismo puede volver al poder

Valerio Arcary

El lulismo, o la lealtad política a la experiencia de los gobiernos dirigidos por el PT, ha permitido ganar apoyos entre los más pobres. Pero la izquierda brasileña ha perdido la hegemonía sobre su base social de masas original.

¿Puede Bolsonaro volver al poder en 2026? Sí, podría. Debemos considerar la existencia de poderosos factores objetivos y subjetivos para explicar la resiliencia de la extrema derecha, incluso después de la derrota de la semiinsurrección de enero de 2023.

Pero, en primer lugar, es lúcido reconocer el contexto internacional del fenómeno, en el que la extrema derecha cumple un papel instrumental:
(a) las turbulencias en el sistema de Estados con el fortalecimiento de China y la estrategia del imperialismo estadounidense de preservar la supremacía de la Troika, para lo que resulta útil una orientación proteccionista más dura; (b) las disputas provocadas por la emergencia de la crisis medioambiental y la transición energética, que dejan en desventaja temporal a quienes se descarbonizan más rápidamente; (c) el giro de las fracciones burguesas hacia la defensa de regímenes autoritarios que enfrentan la protesta popular y abrazan una línea nacional-imperialista; (d) la tendencia al estancamiento económico y al empobrecimiento y giro a la derecha de las clases medias; (e) la tambaleante crisis de la izquierda, entre otras.

Pero hay peculiaridades brasileñas en la fragmentación política del país. Estas son esencialmente cinco (i) la hegemonía entre los militares y la policía; (ii) la gravitación de la gran mayoría del evangelicalismo pentecostal hacia la extrema derecha; (iii) el peso del bolsonarismo en las regiones más desarrolladas, el Sudeste y el Sur del país, especialmente entre la nueva clase media propietaria, o con altísima escolarización que cumple funciones ejecutivas en los sectores privado y público; (iv) el liderazgo de la corriente neofascista dentro de la extrema derecha; (v) la audiencia de la extrema derecha entre las clases medias asalariadas con salarios entre tres y cinco o hasta siete salarios mínimos.

Las cuatro primeras singularidades han sido ampliamente investigadas, pero la última menos. Estudiarla es estratégico, porque puede ser la única posible de revertir, en el contexto de una situación muy desfavorable de relaciones sociales de fuerzas todavía reaccionarias.

Hay factores objetivos que explican el alejamiento, la división o la separación política entre partes de la clase trabajadora y los más pobres, como la inflación de la educación privada y los planes de salud, y el aumento del Impuesto a la Renta, que son amenazas a un modelo de consumo y nivel de vida, y subjetivos, como el resentimiento social y el rencor moral-ideológico. Ambas están entrelazadas y tal vez sean incluso indivisibles.

Pero ese no era el caso cuando se abrió la fase final de la lucha contra la dictadura, hace cuarenta y cinco años. El PT nació apoyado en los obreros metalúrgicos, profesores públicos, trabajadores del petróleo, banqueros y otras categorías que, comparadas con la realidad de las masas, tenían más educación y mejores salarios. El lulismo, o la lealtad política a la experiencia de los gobiernos dirigidos por el PT, permitió ganar apoyos entre los más pobres. Pero la izquierda, aunque mantiene sus posiciones, ha perdido la hegemonía sobre su base social de masas original. Esta trágica realidad, por tratarse de la fractura de la clase obrera, exige que la analicemos desde una perspectiva histórica.

El período de posguerra (1945/1981) de intenso crecimiento, en el que el PIB se duplicó cada década, y que favoreció la movilidad social absoluta en Brasil, acompañando la urbanización acelerada, parece haber quedado irremediablemente en el pasado. El pleno empleo y el aumento de la escolarización, en un país donde la mitad de la población activa era analfabeta, fueron los dos factores clave para mejorar la vida de esta capa de trabajadores. Pero ya no ejercen la misma presión que en el pasado.

Está claro que en la última década, el capitalismo brasileño ha perdido impulso. Perdió el 7% de su PIB entre 2015/17 y, después de la pandemia de Covid en 2020/21, tardó tres años en volver a los niveles de 2019. A pesar de todas las contrarreformas antisociales – laboral, previsión social – destinadas a reducir los costes de producción, la tasa de inversión no superó el 18% del PIB en 2023, a pesar de la autorización del PEC de transición para incumplir el Techo de Gasto Público.

Brasil, el mayor parque industrial y mercado consumidor de bienes duraderos de la periferia, se ha convertido en una nación de crecimiento lento. El aumento de la escolarización dejó de ser un factor impulsor tan poderoso. Mejorar la vida se volvió mucho más difícil.

El Brasil de 2024 es un país menos pobre que en el siglo XX, pero no menos injusto. Por supuesto, sigue habiendo mucha pobreza: decenas de millones o incluso más siguen sufriendo inseguridad alimentaria, a pesar de la Bolsa Família, en función del ciclo económico. Pero ha habido una reducción de la pobreza extrema sin una reducción cualitativa de la desigualdad social.

La distribución funcional de la renta entre el capital y el trabajo registró variaciones en el margen. La distribución personal de la renta mejoró entre 2003 y 2014, pero ha vuelto a aumentar desde 2015/16, tras el golpe institucional contra el Gobierno de Dilma Rousseff. La pobreza extrema ha disminuido, pero la mitad de la población económicamente activa tiene ingresos no superiores a dos salarios mínimos. Un tercio de los asalariados gana entre tres y cinco salarios mínimos. La desigualdad se ha mantenido casi intacta porque, entre otras razones, la posición de los asalariados de renta media con mayores niveles de educación se ha estancado con un sesgo a la baja.

Numerosos estudios confirman que el aumento de la escolaridad media no está relacionado con la empleabilidad, y las encuestas del IBGE confirman paradójicamente que el desempleo es mayor a medida que aumenta la escolaridad. La mayoría de los millones de empleos firmados desde el final de la pandemia han sido para personas que ganan hasta dos salarios mínimos, con requisitos de escolaridad muy bajos.

Para evaluar la mayor o menor cohesión social de un país se consideran dos tasas de movilidad, la absoluta y la relativa. La tasa absoluta compara la ocupación del padre y del hijo, o la primera actividad de cada uno con su último empleo. La tasa de movilidad relativa comprueba en qué medida los obstáculos para acceder a puestos de trabajo -u oportunidades de estudio- que favorecen el ascenso social, pudieron o no ser superados por quienes se encuentran en una posición social más baja.

En Brasil, tanto la tasa absoluta como la relativa fueron positivas hasta la década de 1980, pero la primera fue más intensa que la segunda. En otras palabras, experimentamos una intensa movilidad social en el período de posguerra debido a la presión de la urbanización y la migración interna, del Nordeste al Sudeste, y del Sur al Centro-Oeste. Pero esto ya no es así. Esta etapa histórica terminó en los años 90, cuando se agotó el flujo procedente del mundo agrario.

Desde entonces, la pobreza ha disminuido, pero los trabajadores de clase media han experimentado una realidad más hostil. Lo que explica este proceso es que las trayectorias de movilidad social de los últimos veinte años han beneficiado a millones de personas que vivían en la extrema pobreza, pero muy pocas han ascendido significativamente. Muchos han mejorado sus vidas, pero sólo han ascendido al escalón inmediatamente superior al que ocupaban sus padres.

La movilidad social relativa se ha mantenido muy baja, porque los incentivos materiales para aumentar la escolarización han sido menores en los últimos cuarenta años de lo que lo habían sido para la generación que llegó a la edad adulta en los años cincuenta o sesenta. Las recompensas que obtienen las familias por mantener a sus hijos sin trabajar durante al menos doce años hasta que terminan la enseñanza secundaria han disminuido en comparación con la generación anterior, a pesar de la mayor facilidad de acceso.

Un país puede partir de una situación de gran desigualdad social, pero si la movilidad social es intensa, la desigualdad social debería reducirse, aumentando la cohesión social, como ocurrió en la Italia de la posguerra. A la inversa, un país que tenía una desigualdad social baja en comparación con sus vecinos que ocupan una posición similar en el mundo puede ver cómo su situación se deteriora si la movilidad social se vuelve regresiva, como es evidente en la Francia actual.

En Brasil, contrariamente a lo que se suele pensar al respecto, la mayoría de los nuevos empleos de los últimos diez años no han beneficiado al sector más instruido de la población. Estudiar más no ha reducido el riesgo de desempleo. En los cuarenta y cinco años transcurridos desde 1979, la escolaridad media ha pasado de tres a más de ocho años. Pero se han producido dos transformaciones que han tenido un impacto duradero en la conciencia de la juventud obrera.

La primera es que el capitalismo brasileño ya no es una sociedad de pleno empleo, como lo había sido durante medio siglo. La segunda es que, incluso con los sacrificios realizados por las familias para mantener a sus hijos estudiando y postergando su entrada en el mercado laboral, la empleabilidad se ha concentrado en actividades que requieren poca escolarización y ofrecen salarios bajos. Por primera vez en la historia, los niños han perdido la esperanza de poder vivir mejor que sus padres.

El desempleo entre los que tienen estudios superiores es proporcionalmente mayor que entre los que tienen estudios inferiores, y si la desigualdad de ingresos personales ha disminuido en los últimos quince años es porque el salario medio de los que tienen estudios medios y superiores ha ido bajando. La vertiginosa expansión de la uberización no es, pues, sorprendente. Las encuestas mensuales de empleo del IBGE en la región metropolitana de São Paulo indican una evolución muy lenta que sólo se aproxima, en el mejor de los casos, a la recuperación de la inflación.

Casi cuarenta años después del fin de la dictadura militar, el balance económico y social del régimen de democracia liberal es desalentador. Las reformas llevadas a cabo por el régimen, como la ampliación del acceso a la educación pública, la implantación del SUS (Sistema Único de Salud), la Bolsa Familia para los extremadamente pobres, entre otras, fueron progresistas, pero insuficientes para reducir la desigualdad social. La hipótesis de que una población más educada cambiaría gradualmente la realidad política del país, impulsando un ciclo sostenible de crecimiento económico y distribución de la renta no se ha confirmado.

Una forma de ilusión gradualista en la perspectiva de la justicia social dentro de los límites del capitalismo era la esperanza de que una población más educada cambiaría gradualmente la realidad social del país. Esto nos remite a los límites de los gobiernos de coalición liderados por el PT, que apostaron por la concertación con la clase dominante para regular el capitalismo «salvaje». Aunque existen correlaciones de largo plazo entre escolarización y crecimiento económico, no se han identificado causalidades directas que sean incontrovertibles, menos aún si incluimos la variable de la reducción de la desigualdad social, como lo confirma Corea del Sur.

Lo que sí es incontrovertible es que la burguesía brasileña se unió en 2016 para derrocar al gobierno de Dilma Rousseff, a pesar de la moderación de las reformas llevadas a cabo. No debería sorprendernos que la clase dominante no tuviera reparos en llegar al extremo de manipular el impeachment, subvirtiendo las reglas del régimen para tomar el poder para sus representantes directos, como Michel Temer. El desafío es explicar por qué la clase trabajadora no estaba dispuesta a luchar para defenderlo.

Los salarios representaban más de la mitad de la riqueza nacional a principios de la década de 1990 y, en los últimos treinta años, cayeron a poco más del 40% en 1999 y, a pesar de la recuperación entre 2004 y 2010, todavía hoy, en 2024, están por debajo del nivel del 50% de 2014. Esta variable es significativa para una evaluación de la evolución de la desigualdad social, porque el Brasil de 2024 es una sociedad que ya ha completado la transición histórica del mundo rural al urbano (el 86% de la población vive en ciudades), y la mayoría de los que trabajan bajo contrato, 38 millones con contrato laboral y 13 millones de funcionarios, reciben salarios.

Otros diez millones tienen empleador pero no contrato. Es cierto que todavía hay 25 millones de brasileños que viven del autoempleo, pero son proporcionalmente menos que en el pasado[ii] En resumen: la distribución funcional de la renta entre el capital y el trabajo no ha mejorado. La burguesía no tiene motivos para quejarse del régimen liberal. Aun así, una fracción de la burguesía, como la agroindustria y otros, apoya al neofascismo y su estrategia autoritaria.

Los datos que indican que la desigualdad social ha disminuido entre los asalariados son convincentes. Pero no porque haya disminuido la injusticia, aunque sí la miseria. Este proceso se ha producido porque ha habido dos tendencias opuestas en el mercado de trabajo. Una es relativamente nueva y la otra es más antigua. La primera fue la subida de los pisos salariales de los sectores menos cualificados y menos organizados. El salario mínimo ha ido subiendo por encima de la desvalorización de forma lenta pero constante desde 1994 con la introducción del real, acelerándose en los años de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Se trata de un fenómeno nuevo, ya que en los quince años anteriores había ocurrido lo contrario. El salario mínimo es una variable económica clave porque es el piso de las jubilaciones del INSS, por eso la burguesía exige que sea desvinculado. La recuperación económica favorecida por el ciclo mundial de aumento de la demanda de materias primas permitió la caída del desempleo a partir del segundo semestre de 2005, culminando en 2014 en una situación de casi pleno empleo.

La distribución masiva de Bolsa Familia también parece haber ejercido presión sobre la remuneración del trabajo manual, especialmente en las regiones menos industrializadas. La segunda tendencia fue la caída continuada de la remuneración de los empleos que exigen estudios medios y superiores, un proceso que venía produciéndose desde los años ochenta. En conclusión: los datos disponibles parecen indicar que el aumento de la escolarización ya no es un factor importante de ascenso social, como lo fue en el pasado.

La lealtad política de las masas populares al lulaísmo es una expresión del primer fenómeno. La vida de los más pobres mejoró durante los años de los gobiernos del PT. La división entre los asalariados que ganan más de dos salarios mínimos expresa un resentimiento social que ha sido manipulado por el bolsonarismo. Si la izquierda no recupera la confianza en este sector de la fuerza de trabajo, el peligro para 2026 es grande.

Valerio Arcary

Historiador, militante del PSOL (Resistencia) y autor de O Martelo da História. Ensaios sobre a urgência da revolução contemporânea (Sundermann, 2016).

9. La situación en Azerbaiyán

Una entrevista sobre Azerbaiyán en la revista de la izquierda antirusa, Spylne-Common. El entrevistado, aunque nacido en Luhansk, ha vivido casi toda su vida en Azerbaiyán, aunque ahora está exiliado. Parece tan antiruso como antieuropeo. https://commons.com.ua/en/

«Azerbaiyán tiene su propia versión del eslogan putinista «¡Podemos hacerlo otra vez!»»: Entrevista con el periodista azerbaiyano Bashir Kitachayev

30.04.2024 Zhanna Ohanesian Bashir Kitachayev

En sus discursos públicos, el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev suele referirse a los territorios soberanos de Armenia como «Azerbaiyán occidental«. Tras la victoria de Azerbaiyán en la guerra de 2020 en Artsaj (Nagorno-Karabaj), el bloqueo que dejó a 120.000 armenios aislados del mundo y los combates de septiembre de 2023 que condujeron al control total de la región por parte de Azerbaiyán y al desalojo de la población armenia, Aliyev sigue haciendo nuevas reclamaciones territoriales contra Armenia.

Hablamos con el fotoperiodista y reportero azerbaiyano Bashir Kitachayev sobre la posible amenaza de guerra, la situación de las minorías étnicas en el país, la represión política y el futuro de Artsaj. Bashir nació en Luhansk, pero cuando aún era un niño, su familia se trasladó a Azerbaiyán. Desde 2018 trabaja como periodista, escribiendo sobre las consecuencias del conflicto de Nagorno Karabaj y los derechos humanos en Azerbaiyán. En 2021, cuando comenzaron a intensificarse las represiones en el país, Bashir se marchó y desde entonces vive en el exilio.

¿Cuál era el estado de ánimo en Azerbaiyán cuando Aliyev comenzó la guerra en 2020? ¿Cambió tras la firma del tratado de paz y la victoria real de Azerbaiyán?

En 2020, aproximadamente un mes antes de que estallara la guerra, se habían producido enfrentamientos en la frontera armenio-azerbaiyana. Entonces estallaron protestas en Bakú. Sin embargo, la gente no exigía que se respetaran sus derechos y libertades, sino que comenzaran las hostilidades. En otoño de 2020 estalló una guerra a gran escala. Tras la derrota en la Primera Guerra de Karabaj (1992-94) y las pérdidas territoriales, los azerbaiyanos albergaban un resentimiento que las autoridades azerbaiyanas han utilizado activamente para incitar al odio entre los pueblos azerbaiyano y armenio desde la década de 1990. En el país arraigó una ideología xenófoba que lo convirtió en un Estado fascista. De hecho, por eso los azerbaiyanos se alegraron tanto del inicio de la guerra.

La mayoría de la población ignoraba y sigue ignorando las pérdidas. En aquel momento, me pareció que la gente percibía la guerra como un partido de fútbol en el que animaban a su equipo. Tras el llamado tratado de «paz«, nada cambió. Había esperanzas de que fuera el final, pero la propaganda y la incitación a la guerra no hicieron más que intensificarse. Sin embargo, si antes era sed de venganza, ahora es deseo de conquistar el mayor territorio posible.

Al mismo tiempo, parece que ha aumentado el número de personas decepcionadas, porque en algunos círculos existía la opinión de que la conquista de Karabaj serviría como paso hacia la democratización del país. La gente esperaba una mejora del bienestar social. Sin embargo, muchas personas, para las que el criterio de un país de éxito es el tamaño de su territorio, y no su bienestar personal y el respeto de los derechos y libertades, empezaron a exigir nuevas victorias.

Aliyev adquirió la imagen de un líder fuerte después de 2020, con todo su característico «gesto del puño» ante la cámara y sus amenazas. Antes de 2020, cuando aparecía en público, solía ser en algún lugar donde cortaba la cinta, por ejemplo, para inaugurar un paso subterráneo recién construido. Ahora es el «presidente victorioso» y, naturalmente, no quiere renunciar a este título. La retórica «plañidera» de los vencidos ha sido sustituida por la retórica de los vencedores: Azerbaiyán tiene su propia versión del eslogan putinista «¡Podemos hacerlo otra vez!». Cuando Aliyev se hizo con el control total de Karabaj, las autoridades dirigieron inmediatamente su atención hacia Armenia. Antes hablaban de la devolución del territorio internacionalmente reconocido, pero ahora dicen que Armenia se encuentra en las «tierras históricas» de Azerbaiyán.

Durante más de 10 meses, la población armenia de Artsaj estuvo sitiada debido al bloqueo por las autoridades azerbaiyanas de la única carretera que conecta Armenia y Artsaj. En otoño de 2023, durante una nueva agresión militar, Azerbaiyán tomó el control total de todo el territorio de Artsaj, incluida la capital, Stepanakert. ¿Cuál fue el papel de las fuerzas de paz rusas desde su presencia en Artsaj? ¿Pudieron evitar el bloqueo y la expulsión de toda la población armenia de Artsaj? ¿Podrían haber contribuido a una resolución pacífica del conflicto?

Las fuerzas de paz rusas son unas de las principales responsables del bloqueo y la expulsión de la población armenia. No cumplieron con sus obligaciones. Por supuesto, es importante reconocer que el despliegue de las fuerzas de paz rusas pospuso la expulsión de los armenios durante algún tiempo e impidió la masacre de civiles por parte de las tropas azerbaiyanas. Incluso entonces, ya estaban apareciendo en Internet vídeos y fotos de crímenes de guerra. Decenas de personas fueron dadas por desaparecidas durante la guerra; lo más probable es que simplemente fueran asesinadas. Las fuerzas de paz rusas se desplegaron en la región por una razón. Rusia gestionó el conflicto porque Occidente hizo la vista gorda ante la escalada. Además, las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas no tenían mandato para utilizar armas para proteger a los civiles, sólo para abrir fuego para protegerse a sí mismas. Las autoridades azerbaiyanas se dieron cuenta de que sería posible negociar con ellas.

Tras la victoria de 2020, las tropas azerbaiyanas empezaron a «tantear el terreno» bombardeando regularmente los pueblos y disparando a los agricultores para interferir en su trabajo. La población pidió ayuda a las fuerzas de paz, pero no hubo respuesta. Un agricultor fue asesinado justo delante de ellos mientras trabajaba con un tractor, y las fuerzas de paz ni siquiera insistieron en que se investigara. Ellas, junto con Azerbaiyán, simplemente ayudaron a «silenciar» este caso. Los propios rusos dejaron claro que no harían nada. Al mismo tiempo, las tropas azerbaiyanas empezaron a sentirse cada vez más poderosas.

La situación empeoró aún más cuando Aliyev y Putin concluyeron un acuerdo de alianza, firmado pocos días antes del ataque ruso a Ucrania en 2022. Se comprometieron a no emprender acciones hostiles el uno contra el otro, lo que afectó a la situación en Karabaj. Los azerbaiyanos empezaron a adentrar sus posiciones en el territorio, a recurrir a la presión psicológica sobre la población armenia y a organizar bombardeos. Durante los diez meses que duró el bloqueo, las fuerzas de paz no intentaron resolver este problema. En su presencia, los azerbaiyanos instalaron puestos de control a la entrada del corredor de Lachin, secuestraron a Vagif Khachatryan para fabricar un caso de crímenes de guerra contra él. Todo ello formaba parte de una campaña de presión sobre los armenios de Karabaj para obligarles a huir. Se esperaba que los armenios se marcharan antes por miedo, pero no lo hicieron. Al final, la parte azerbaiyana recurrió a una agresión militar en toda regla. Las fuerzas de mantenimiento de la paz no cumplieron con su obligación de impedir las hostilidades. Además, el Ministerio de Defensa azerbaiyano afirmó que estaba llevando a cabo su operación en estrecha colaboración con las fuerzas de mantenimiento de la paz.

Hay pruebas de que las fuerzas de paz vendieron alimentos y enseres domésticos y transportaron a personas por dinero durante el bloqueo. En otras palabras, no sólo incumplieron sus obligaciones, sino que se aprovecharon de los residentes agotados por el bloqueo. Aunque ya no quedan armenios en Karabaj, las fuerzas de paz rusas no se han marchado. Ni siquiera ahora impiden que las autoridades azerbaiyanas derriben monumentos y edificios culturales armenios. Las fuerzas de paz desempeñaron un papel fundamental en todo lo ocurrido: permitieron que ocurriera.

Los políticos y los medios de comunicación azerbaiyanos hablan a menudo de la posibilidad de una vida pacífica para los armenios dentro de Azerbaiyán. Hablan de la protección de la lengua y el patrimonio cultural armenios. ¿Suena esto realista?

No hay ninguna posibilidad de que los armenios vivan seguros en Azerbaiyán. El país ya tiene grandes problemas con los derechos humanos. Si abrimos cualquier informe de una organización de derechos humanos, Freedom House, por ejemplo, veremos que en la República de Nagorno Karabaj, una pequeña república no reconocida, había mucha más libertad que en Azerbaiyán. Nagorno Karabaj estaba en la lista de países parcialmente libres, mientras que Azerbaiyán estaba en la de países no libres y autoritarios.

En Azerbaiyán no hay tribunales ni medios de comunicación independientes, y la policía está al servicio del gobierno. No hay representantes elegidos por el pueblo en los órganos del Estado, ya que las elecciones se amañan con regularidad, y el país está gobernado por clanes. Ahora plantéate la pregunta: ¿Cómo vivirías en esas condiciones si pertenecieras a una nacionalidad que ha sido demonizada a nivel estatal durante décadas y ha sido víctima de una constante incitación al odio? Los armenios que viven en Azerbaiyán tendrían los mismos derechos que los judíos en el Tercer Reich.

En la escena internacional, Azerbaiyán habla de paz. Constantes provocaciones militares, ataques, secuestros, retórica hostil, propaganda xenófoba, discursos de odio y, finalmente, un bloqueo humanitario: todo ello demuestra que a los armenios de Azerbaiyán no les espera nada bueno. ¿Cómo pueden hablar de preservar la lengua y la cultura si se niega el patrimonio cultural armenio a nivel estatal? Según los mitos azerbaiyanos, todas las iglesias armenias pertenecen a la Albania caucásica. El patrimonio cultural del que no pueden apropiarse es destruido, como el de los khachkars de Julfa, por ejemplo. Hoy en día, no se permite la entrada en Karabaj a una misión de observación de la UNESCO.

Por supuesto, mentían cuando decían que protegerían el patrimonio cultural. Lo único que quedó intacto fue la iglesia armenia de Bakú, construida en el siglo XIX. Se utiliza como almacén. Se salvó con un fin concreto: mostrar al mundo que tenemos una iglesia armenia, que no la hemos demolido, así que estamos preservando el patrimonio armenio.

Cualquier intento de hablar de sus derechos se traducía para los armenios en detenciones, asesinatos y constantes acusaciones de separatismo. Azerbaiyán hizo deliberadamente insoportable la vida de los armenios de Karabaj para que con toda seguridad abandonaran la región y no interfirieran en los esfuerzos de Aliyev y sus amigos empresarios por apoderarse de territorios en beneficio propio y para malversar el presupuesto.

Aliyev comprende perfectamente que si pone fin al conflicto ahora y los azerbaiyanos dejan de odiar a los armenios, los primeros le odiarán a él. Se le hará responsable de por qué la población del país no se beneficia de los enormes ingresos del petróleo, de por qué los salarios son bajos, de por qué su nivel de vida es en algunos aspectos inferior al de sus vecinos que no tienen petróleo.

Azerbaiyán alberga varias minorías étnicas. Entre ellas están los talysh, los lezgins y los tats. ¿Cuál es su situación?

Los miembros de minorías étnicas no pueden estudiar en su propia lengua. Hay horas en la escuela destinadas al aprendizaje de idiomas, pero son muy pocas. Los únicos que tienen derecho a estudiar en su lengua son los rusos y los georgianos étnicos. Todos los demás estudian en azerbaiyano o ruso. Yo me gradué en una escuela rusa. Los tártaros ni siquiera pueden aprender su propia lengua en la escuela. La enseñanza la imparten a menudo educadores sin la cualificación pertinente: Conozco un caso en el que un profesor de educación física enseñó a Lezgin sólo porque era nativo.

En Azerbaiyán, no te detendrán simplemente por hablar tu lengua materna. Pero si perteneces a una minoría étnica, debes ser leal al Estado, pues de lo contrario te acusarán de separatismo. En la década de 1990, los talysh y los lezgins exigieron la autonomía, pero su activismo fue rápidamente reprimido. En la década de 1990, hubo un atentado terrorista en el metro de Bakú, que provocó la detención de miembros del movimiento lezgin Sadval. Fueron torturados, y algunos activistas murieron torturados. La organización internacional de derechos humanos Memorial reconoció a los miembros del grupo Sadval como presos políticos, ya que se demostró que su testimonio se había prestado bajo tortura.

Los intentos de las minorías nacionales de hablar de sus derechos -el derecho a conservar las tradiciones culturales y la lengua- son rápidamente reprimidos y se les acusa de separatismo. Sin embargo, tales derechos están garantizados por la Constitución de Azerbaiyán y varios convenios internacionales firmados por el régimen de Aliyev. Los activistas de las minorías étnicas son detenidos o asesinados en extrañas circunstancias. Por ejemplo, Fakhraddin Aboszoda era periodista y figura destacada de la no reconocida República Autónoma Talysh-Mugan, que los activistas intentaron establecer en la década de 1990. En 2018, a petición de Azerbaiyán, las fuerzas de seguridad rusas lo detuvieron en Rusia y lo entregaron a Azerbaiyán, donde fue encarcelado por traición. Fue condenado a 16 años y murió en prisión en 2020. Más tarde, el abogado de Fakhraddin supuestamente se suicidó, diciendo poco antes de su muerte que las autoridades querían matarlo.

También está el caso de Novruzali Mammadov, erudito y lingüista. A diferencia de Aboszoda, era bastante leal a las autoridades, no era miembro de la oposición, sólo estudiaba idiomas. Después de que Novruzali viajara a Irán para asistir a una conferencia lingüística, fue acusado de espiar para Irán y condenado a prisión. En prisión, Novruzali enfermó, pero no recibió atención médica y murió.

Los medios de comunicación y las fuerzas de la oposición en Azerbaiyán también son generalmente nacionalistas en sus actitudes y no cubren los problemas de las minorías étnicas, al igual que no cubren las muertes de activistas. Los medios de la oposición informaron sobre los juicios de los prisioneros de guerra armenios capturados durante la guerra de Karabaj y ni siquiera intentaron averiguar si las acusaciones de la parte azerbaiyana estaban realmente justificadas.

Las autoridades quieren que primero seas azerbaiyano y luego un conveniente Lezgin «mascota», infinitamente leal al gobierno y dispuesto a ir a la guerra por él en cualquier momento. Muchos activistas y periodistas de minorías étnicas se vieron obligados a marcharse porque en Azerbaiyán podían ser perseguidos o incluso asesinados. Si un talysh o un lezgin cuelga su bandera nacional en el balcón, se enfrenta a una pena de cárcel, porque las banderas de las minorías étnicas se consideran símbolos separatistas.

¿Hubo protestas contra la guerra en Bakú?

La mayoría de la población desaprobaría tales protestas. Para ellos, la paz es la paz en los términos de Aliyev, y las protestas contra la guerra se perciben como una traición. Por ejemplo, en 2020, los activistas antibelicistas fueron convocados a la fiscalía «para una conversación». La policía ni siquiera los tomó en serio porque las personas que se oponían a la guerra en 2020 eran una ínfima minoría.

Por supuesto, organizar una protesta contra la guerra puede ser peligroso. Incluso fuera de Azerbaiyán, ser activista es bastante peligroso. En Azerbaiyán, siempre estás bajo vigilancia. Comprueban la información de tu teléfono: debes registrar el código de tu tarjeta SIM, por lo que los operadores de telefonía móvil pueden compartir datos a petición de las fuerzas de seguridad, incluso sin orden judicial.

Recientemente, Rusia entregó a Azerbaiyán al soldado Kamil Zeynali, que participó en el brutal asesinato de un abuelo armenio durante la guerra de los 44 días en 2020 (el vídeo del asesinato aún está a disposición del público). ¿Ha reaccionado la comunidad internacional al respecto? ¿Cómo fue recibido el autor del crimen en Azerbaiyán?

En 2020, vi ese vídeo en el que decapitan a un anciano. Todavía no puedo decir con seguridad si es Kamil Zeynali en el video o no. Pero él estaba viajando al frente en ese momento, haciendo declaraciones agresivas, llamando a los azerbaiyanos de todo el mundo a matar armenios.

Por supuesto, Kamil Zeynali no fue recibido tan solemnemente como el tristemente célebre Ramil Safarov. Pero llegó un grupo de funcionarios del gobierno y de los medios de comunicación, le envolvieron con una bandera y le recibieron como a un héroe. No es de extrañar que Rusia lo extraditara a Azerbaiyán. Además, la parte rusa se siente ofendida por la adhesión de Armenia al Tribunal Penal Internacional, que obliga a Armenia a detener en su territorio a Vladimir Putin y a todos los demás criminales de guerra rusos. En ningún caso se extraditaría a Zeynali a Armenia para ser investigado. La comunidad internacional no reaccionó porque no le importa; sigue fingiendo que no hay xenofobia en Azerbaiyán. Como resultado, Zeynali está ahora en libertad.

Creo que uno de los principales pasos para poner fin al conflicto entre armenios y azerbaiyanos sería el juicio de los criminales de guerra, porque la principal narrativa que conduce a la hostilidad es la narrativa de la venganza. Después de que Azerbaiyán ganara la guerra, la iniciativa política está de su lado. Por desgracia, el régimen de Aliyev decidió continuar el conflicto porque garantiza su supervivencia.

En una entrevista reciente, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, afirmó que las autoridades azerbaiyanas preparan un ataque contra Armenia. Por qué busca Azerbaiyán una nueva agresión militar?

También veo preparativos para la agresión. Cada día los medios de comunicación azerbaiyanos promueven la narrativa de que Armenia está en las tierras históricas de Azerbaiyán – se están sentando las bases ideológicas para la guerra dentro del país. Aliyev compra armas y organiza ejercicios militares. Confía en que se saldrá con la suya en un ataque contra Armenia porque Occidente está centrado en Ucrania. También confía en que, en caso de sanciones, Azerbaiyán resistirá la presión gracias a sus lazos con Turquía y Rusia. Aliyev planea hacer lo mismo que Putin, comerciar ilegalmente con gas y petróleo para eludir las sanciones.

Por cierto, en 2022, la Unión Europea empezó a comprar gas a Azerbaiyán. Fue un acontecimiento sin precedentes cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vino a Azerbaiyán y firmó un contrato de gas para aumentar el suministro de gas. Y lo más interesante es que lo hizo sin condiciones previas: por ejemplo, un ultimátum para detener la agresión militar o abandonar la política de represión y encarcelamiento. Rusia sigue recibiendo dinero por el gas, porque Azerbaiyán ha experimentado últimamente una falta de gas natural para su propio consumo y empezó a comprárselo a Rusia. Así es como Europa se ha «librado» de la dependencia del gas ruso.

Resulta que la Unión Europea patrocina abiertamente guerras, represión y violaciones de los derechos humanos en Azerbaiyán. Porque, por un lado, Azerbaiyán mantiene relaciones de aliado con Rusia y, por otro, suministra gas a la Unión Europea y, en general, tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Europa no detuvo a tiempo la agresión rusa, y ya vemos a lo que condujo. En 2014, se permitió a Rusia apoderarse de Crimea y, al mismo tiempo, puso en marcha el Nord Stream y los gasoductos. Tanto Putin como Aliyev perciben la reticencia de Occidente a la escalada como debilidad.

En pleno siglo XXI, una nación entera de 120.000 personas fue sometida deliberadamente a un bloqueo humanitario y murió de hambre, y Azerbaiyán no tuvo que hacer frente a ninguna consecuencia por ello. Se hicieron declaraciones periódicas, hubo dos decisiones del Tribunal Internacional de Justicia y del TEDH: a Azerbaiyán no le importó. El año pasado, Aliyev dijo abiertamente en un acto en Shusha que las firmas y los tratados no valen nada. Lo único que importa es la fuerza, una postura que comparte con Putin. La agresión militar también es beneficiosa porque Azerbaiyán obliga a Armenia a aceptar condiciones favorables a Azerbaiyán. Perciben a la parte armenia como la vencida, privada del derecho a votar o a presentar sus propias demandas. Y en segundo lugar, de nuevo para Aliyev, la guerra es una oportunidad para desviar la atención pública de los problemas internos.

Dado que Armenia ha decidido congelar su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y ha declarado que no apoya a Rusia en su agresión contra Ucrania, ¿qué medidas tomará Rusia esta vez?

Tales pasos por parte de Armenia son otra razón potencial por la que Azerbaiyán podría volver a recurrir a la agresión. Creo que Rusia «pedirá» a Azerbaiyán que ataque de nuevo a Armenia para «castigarla», como ocurrió en septiembre de 2023: toda la operación en torno a Nagorno-Karabaj «coincidió» extrañamente con un fuerte deterioro de las relaciones entre Moscú y Ereván. Armenia acusó con razón a Rusia de incumplir sus obligaciones, ya que la OTSC demostró que no iba a dar la cara por Armenia. Europa, por su parte, sólo ha empezado a interesarse por Armenia ahora, en el contexto de la expulsión de Rusia de la región.

Putin puede percibir la retirada de Armenia de la OTSC y su acercamiento a Occidente como una traición. Rusia podría reaccionar imponiendo un bloqueo económico, porque Armenia depende mucho de Rusia: Rusia suministra gas a Armenia, Rusia también controla sus ferrocarriles y Rusia realiza el 90% de las inversiones en la economía armenia. Durante los últimos tres años, los medios de propaganda rusos han estado emitiendo únicamente la parte pro-azerbaiyana y narrativas azerbaiyanas. Si algún medio de comunicación de Azerbaiyán difundiera narrativas proarmenias, sería cerrado inmediatamente y sus empleados serían detenidos. Por supuesto, Rusia aprovechará cualquier oportunidad para dar un golpe de Estado en Ereván. Intentarán impulsar a sus candidatos en las elecciones. Si Rusia impone sanciones económicas a Armenia, afectará gravemente a la población del país.

¿Cómo ve el futuro de Artsaj? ¿Hay esperanzas de que su población armenia regrese a casa?

Es difícil saber qué ocurrirá en el futuro. Ahora se están asentando allí azerbaiyanos, refugiados que perdieron sus hogares durante la Primera Guerra de Karabaj. Por lo que sé, les dan apartamentos, pero no casas con parcelas, porque la tierra suele pertenecer a grandes terratenientes. A los ciudadanos no se les permite invertir, porque sólo pueden hacerlo las personas adecuadas con conexiones con el círculo íntimo del poder, la familia Aliyev. En Karabaj hay una malversación sin precedentes de dinero público, porque es una región sin supervisión. No se puede venir a Karabaj sin permiso. Se está destruyendo el patrimonio cultural armenio, y nadie vigila.

No veo ningún escenario en el que la población armenia pueda volver a casa. Por supuesto, si algún día Azerbaiyán se convierte en un Estado de derecho democrático y se libera de la xenofobia, los armenios podrán regresar a sus hogares. Pero no creo que Azerbaiyán se convierta pronto en un Estado democrático. Es un Estado autoritario, militarista y agresivo en el que la armeniofobia forma parte de la política estatal y es la base de la ideología del Estado. Ahora los armenios deben preservar sus vidas y su libertad, sus valores y su historia. Por desgracia, la comunidad internacional ha permitido que todo esto ocurra. Y lo más importante que debe hacer ahora la parte armenia es prevenir una posible nueva agresión.