MISCELÁNEA 4/12/2025

DEL COMPAÑERO Y MIEMBRO DE ESPAI MARX, CARLOS VALMASEDA.

ÍNDICE
1. Análisis de las elecciones en Honduras.
2. Líbano después de la batalla.
3. El fracaso de los BRICS.
4. Brasil y Palestina.
5. Mearsheimer en el Parlamento Europeo.
6. Eliminación de la actual clase política.
7. Posmodernidad y teoría de cuerdas.
8. La popularidad del decrecimiento.
9. Resumen de la guerra en Palestina, 3 de diciembre de 2025.

1. Análisis de las elecciones en Honduras.

Honduras pasa a la la lista de países hispanoamericanos en los que vuelve a ganar la derecha. En el artículo se intentan explicar los motivos.

https://peoplesdispatch.org/2025/12/02/vote-count-continues-in-honduras-but-either-way-the-right-wing-triumphs/

Continúa el recuento de votos en Honduras, pero, sea cual sea el resultado, triunfa la derecha

Los dos candidatos de derecha luchan codo con codo por una victoria que parecía segura para el partido progresista en el poder. ¿Por qué ha perdido la izquierda? En este artículo repasamos algunas posibles causas.

2 de diciembre de 2025 por Pablo Meriguet

Los resultados preliminares de las elecciones hondureñas del 30 de noviembre sorprendieron a muchos. De hecho, algunas encuestas habían pronosticado que la candidata de izquierda, Rixi Moncada, del partido gobernante LIBRE, triunfaría fácilmente en las urnas. En las encuestas que afirmaban que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, o Nasry Asfura, del Partido Nacional, ganarían las elecciones, Moncada ocupaba el segundo lugar. Una vez más, las encuestas fallaron estrepitosamente.

Las elecciones estuvieron marcadas por la clara influencia de Donald Trump, quien afirmó su apoyo a Asfura y prometió no proporcionar ayuda económica si ganaban Nasralla o Moncada. También prometió indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional (el mismo partido de Asfura), que cumplía una condena de 45 años por tráfico de drogas y fue puesto en libertad el 2 de diciembre.

El voto a favor de los dos candidatos de la derecha hondureña, que adoptaron una retórica anticomunista y antivenezolana, fue masivo. A la tarde del 2 de diciembre, con el 62 % del total de votos escrutados, Nasralla lograba situarse ligeramente por delante con un 39,95 % de los votos frente al 39,8 % de Asfura.

Esto significa que hay un empate técnico entre los dos candidatos y habrá que esperar al final del recuento para saber quién será el próximo presidente de Honduras. Moncada se encuentra muy por detrás, con menos del 20 %.

En cualquier caso, tanto si el ganador es el conservador Asfura como el derechista Nasralla, Honduras ha decidido un cambio ideológico muy claro. El próximo presidente tendrá que enfrentarse a un país que parece volver al sistema bipartidista que caracteriza la historia electoral de Honduras, en el que los líderes del Partido Liberal y del Partido Nacional se han alternado en el gobierno de forma más o menos regular.

Salvador Zúniga Cáceres, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), declaró a Peoples Dispatch que, en ambos casos, el pueblo saldrá perdiendo.

En caso de victoria de Asfura, Zúniga afirmó que «supondrá una continuación del gobierno de Juan Orlando Hernández, el presidente que instauró la narcodictadura». Además, paradójicamente, cuando Donald Trump dice que está luchando contra el narcotráfico en Venezuela, al mismo tiempo está apoyando a este candidato». «Para la mayoría de la población», añadió, la victoria del candidato del Partido Nacional «significaría el regreso a un Estado criminal que nos ha perseguido a todos los que formamos parte de los movimientos sociales, y toda la violencia y el declive económico que acompañarán a esta situación».

Por su parte, Salvador Nasralla, dice, «representa el apoyo de las élites económicas de Honduras. Además, ha pedido repetidamente el apoyo de Donald Trump, solo para ser rechazado por supuestamente pertenecer a la izquierda, aunque [Nasralla] no es en absoluto de izquierdas».

«Por lo tanto, esperamos que los sectores económicos de Honduras o el imperialismo, o ambos, tomen el poder en el país, lo que significaría un retroceso para derechos fundamentales como el derecho a la tierra, al agua y a la vida, así como para los derechos económicos y el poder adquisitivo de la población», afirma Zúniga.

Moncada denuncia irregularidades

Moncada, que incluso el día de las elecciones afirmó estar por delante de sus oponentes, emitió un breve mensaje de agradecimiento al final de la noche y prometió hacer más comentarios una vez que se publicaran más resultados: «Estoy agradecida al Partido Libre y a nuestro pueblo, que acudió en masa a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática».

Al día siguiente, afirmó que se había producido un «fraude» en el recuento de votos: «En cuanto a los resultados electorales manipulados, confirmo que esta lucha no ha terminado. Deben cumplirse las instrucciones dadas a nuestros líderes departamentales y municipales de enviar los informes de cierre en los tres niveles electivos. Según el análisis técnico de nuestro equipo, hemos encontrado algunas áreas evidentes de fraude en curso. La eliminación de la validación de los registros contra los lectores biométricos aprobada por la coalición bipartidista en el CNE (una noche antes de las elecciones) permite la adición de registros inflados, especialmente a nivel presidencial, donde la coalición bipartidista tiene 1629 registros sin datos biométricos, lo que equivale a 543 478 votos».

Moncada añadió: «Mantendré mis posiciones y no me rendiré. Siempre estaré del lado del pueblo con mis firmes valores en defensa de mi patria libre y los principios de no injerencia y soberanía popular, independencia y autodeterminación de los pueblos».

Estas acusaciones traen recuerdos de las elecciones de 2017, en las que resultó elegido Juan Orlando Hernández. En aquel momento, un gran porcentaje de hondureños, así como organizaciones internacionales de primer orden como la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciaron que se había cometido un fraude electoral y organizaron importantes manifestaciones en todo el país. La represión masiva de las protestas se saldó con la muerte de decenas de manifestantes y numerosos heridos.

Una nueva legislatura que se inclina hacia la derecha

Del mismo modo, los resultados preliminares sobre la futura composición del Congreso, para el que también votaron los hondureños, muestran un claro cambio. De un total de 128 diputados, el Partido Nacional obtendría actualmente 50 escaños, el Partido Liberal 40 y 34 serían miembros de LIBRE. Debido al estrecho margen de votos, los resultados definitivos aún están pendientes.

Los escaños restantes en la legislatura se repartirían entre los demás partidos minoritarios: cuatro para el Partido Socialdemócrata y dos para los Demócratas Cristianos. Esto significa que la derecha hondureña cuenta con la mayoría cualificada necesaria para llevar a cabo una radicalización del proyecto neoliberal, tal y como prometieron sus máximos dirigentes.

¿Por qué perdió la izquierda y qué le depara el futuro a los movimientos sociales?

La derrota de Moncada se confirmó con la publicación de los primeros resultados preliminares rápidos el domingo por la noche. Su tercer puesto sorprendió a muchos que, como se ha mencionado anteriormente, pronosticaban una posible victoria de Moncada o, al menos, un segundo puesto.

Según Zúniga, para entender la derrota de LIBRE es necesario comprender que la fuerza del partido reside en su base social, que surgió tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. LIBRE también confiaba en que la reducción de los índices de delincuencia y pobreza, y el aumento de la prestación de servicios sociales, serían suficientes para asegurar la victoria.

Como señaló COPINH en su comunicado publicado el lunes 1 de diciembre, los resultados constituyen un «voto de protesta» contra lo que muchos consideraron una traición del partido a sus raíces y fortalezas. Una respuesta, dicen, a su fracaso «a la hora de abordar eficazmente todas las necesidades planteadas por las organizaciones, por permitir que el ala más conservadora del partido se involucrara en acciones inadecuadas y por no enfrentarse de manera contundente a las estructuras de poder que dominan el país y que en los últimos años han librado una guerra mediática poderosa y bien coordinada desde los grandes monopolios mediáticos que poseen, acompañada de la movilización de los sectores más reaccionarios».

La declaración añade que «también hay lecciones para los movimientos sociales. Hemos cometido errores estratégicos al no mantener una fuerte presencia en las calles y permitir que los grupos conservadores ocupen un espacio que es nuestro».

En medio de la necesaria autocrítica, Zúñiga afirma que «también hay que entender… que las élites económicas de Honduras tienen un gran poder y han decidido históricamente quién ocupa la presidencia. A esto se suma el fuerte y constante ataque subliminal de los medios de comunicación, que han criminalizado a los sectores populares vinculándolos, sin ninguna prueba, a los grupos de narcotraficantes y generando un gran temor entre la población».

En cuanto a la influencia que tuvieron las declaraciones de Donald Trump en las elecciones, afirma que fueron decisivas: «Honduras ha desempeñado un papel político, económico y militar fundamental para el imperialismo. Honduras desempeñó un papel fundamental como plataforma militar de Estados Unidos en los conflictos armados de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Como resultado de la resistencia popular en Honduras, esa hegemonía [estadounidense] ha sido parcialmente derrotada. El imperio busca afianzarse más en la región».

Zúniga añade que esto explica el papel desempeñado por los medios de comunicación en las elecciones y el miedo impuesto a la población migrante hondureña en Estados Unidos. «También deben tener en cuenta las amenazas de un bloqueo económico y una intervención militar en Honduras si ganara un gobierno de centroizquierda».

Mientras continúa el recuento, Zúniga subraya que, sea cual sea el resultado, los movimientos sociales hondureños, robustos pero asediados, sufrirán un revés. Afirma que es el momento de fortalecer las organizaciones y construir redes y alianzas sólidas con otros. «No debemos olvidar que el sistema bipartidista y la intervención estadounidense han supuesto el asesinato de miles y miles de hondureños, por lo que debemos encontrar mecanismos de autodefensa y construcción de alternativas».

En su comunicado, el COPINH declaró que: «Junto con nuestras organizaciones sociales compañeras, ya hemos pedido la creación de un Plan de Acción Nacional para reclamar la tierra, defender el medio ambiente y buscar justicia. Este plan debe implicar un trabajo paciente y constante en los territorios, las calles, las escuelas, los barrios, las iglesias y todos los espacios públicos para hacer frente a las ideas conservadoras, el saqueo de los territorios y las acciones criminales que amenazan a nuestras comunidades y al país. La responsabilidad histórica sigue recayendo en el pueblo, que es el único que puede cambiar el país. Parafraseando a nuestra compañera Berta, hoy nos toca a ustedes intensificar la lucha e intensificar la esperanza».

VOLVER AL INDICE

2. Líbano después de la batalla.

Un análisis de la situación en el Líbano, tras el palo que recibió Hezbolá, a través de una entrevista a periodistas de la zona.

https://www.contretemps.eu/liban-israel-guerre-entretien-charara-chams-sompairac/

En el Líbano, el Estado colonial de Israel ha ganado una batalla, pero no la guerra

Chris Den Hond, Walid Charara, Doha Chams y Léonard Sompairac 3 de diciembre de 2025

El pasado mes de noviembre, Chris den Hond viajó a Beirut para realizar una serie de reportajes, entre los que se incluye la siguiente entrevista. La capital libanesa, al igual que otras regiones del país, es objeto de ataques israelíes casi a diario, mientras que numerosas localidades del sur siguen ocupadas por las fuerzas militares del Estado sionista.

A pesar del alto el fuego de noviembre de 2024, Israel multiplica los ataques aéreos, las incursiones terrestres y los asesinatos selectivos en el sur del Líbano, destruye los campos de olivos e incluso construye un muro. Según la FINUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano), el alto el fuego fue violado 6800 veces entre el 27 de noviembre de 2024 y el 22 de octubre de 2025, «en su gran mayoría por parte de Israel».

En septiembre de 2024, miles de personas resultaron heridas cuando unos buscapersonas con bomba, utilizados por Hezbolá para su comunicación interna, explotaron simultáneamente en todo el país, matando a nueve personas e hiriendo a cerca de 2800. Poco después, Israel lanzó una ofensiva militar a gran escala que culminó con la eliminación de la dirección militar de Hezbolá y el asesinato de su líder histórico, Hassan Nasrallah.

Hoy en día, las potencias occidentales condicionan su ayuda financiera para la reconstrucción al desarme de Hezbolá y a su marginación, así como la de sus aliados, en el plano político. Esta entrevista con Doha Chams, periodista, y Walid Charara, periodista del diario al-Akhbar, trata sobre estos aspectos y sus consecuencias regionales más amplias. Fundado en 2006 por Joseph Samaha (1949-2007), influyente intelectual de izquierdas y gran nombre del periodismo árabe, al-Akhbar sigue siendo una referencia en la región como medio de comunicación antiimperialista, radicalmente opuesto a las acciones de Israel y a las políticas occidentales. La contribución cruzada de Léonard Sompairac, geógrafo y colaborador de Orient XXI, completa este análisis de la actualidad libanesa.

***

Chris Den Hond: ¿Aceptará Hezbolá desarmarse ante la presión de las potencias occidentales?

Walid Charara: Hay dos opciones. El jefe del Gobierno, el presidente de la República y todo el movimiento vinculado a la extrema derecha cristiana, así como algunas fuerzas suníes, están a favor del desarme de Hezbolá. Consideran que el Líbano debe aliarse con Occidente y/o con las monarquías del Golfo. Hezbolá y sus aliados, por el contrario, consideran que se enfrentan a una ofensiva israelo-estadounidense cuyo objetivo es remodelar Oriente Medio. Pero, por ahora, esta ofensiva no está logrando sus objetivos. Si el Gobierno libanés decide desarmar a Hezbolá por la fuerza, se producirá un enfrentamiento armado. En cualquier caso, el Gobierno libanés no tiene los medios para aplicar tal exigencia estadounidense e israelí.

Doha Chams – Hezbolá no va a desarmarse, sería un suicidio, a pesar de toda la presión internacional. Muchos medios de comunicación no dejan de decir: «Hemos perdido, así que hay que aceptar las consecuencias de la derrota». Es cierto que Hezbolá ha perdido una batalla importante, pero no la guerra. Los combatientes de Hezbolá no están dispuestos a rendirse.

Léonard Sompairac – Israel prefiere este estado de guerra permanente que le permite ampliar sus fronteras: en Siria con el Golán, una zona estratégica que, además de sus recursos naturales, ofrece, con el monte Hermón, una visibilidad hasta Damasco y el sur del Líbano, creando de hecho una zona tampón con el norte del país. Israel sigue violando diariamente el espacio aéreo y terrestre libanés y mantiene una presión y un miedo constantes sobre los libaneses con drones, ataques selectivos y la amenaza de una guerra generalizada inminente. Las máquinas de construcción, como las hormigoneras, son blanco deliberado de los bombardeos israelíes. Las necesidades para la reconstrucción se han estimado en 11 000 millones de dólares, lo que requiere apoyo internacional. Sin embargo, a escala internacional existe una reticencia a desbloquear fondos: los donantes repiten la retórica israelí de que la condición para concederlos es el desarme efectivo de Hezbolá. Por último, incluso si se consiguieran fondos, estos pasarían por la olla intralibanesa, en particular a través del CDR (Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción), que no tiene fama de ser el organismo más íntegro del Líbano desde hace medio siglo…

Chris Den Hond: Tanto en Gaza como en el Líbano, el ejército israelí se enfrenta a una resistencia persistente sobre el terreno, a pesar de los bombardeos masivos. ¿Cómo explica usted esto?

Walid Charara: Hezbolá recibió un duro golpe el año pasado. Parte de su dirección, sobre todo la militar, fue asesinada. Hassan Nasrallah, su líder, fue asesinado. Los daños fueron enormes, las pérdidas muy significativas, pero en términos de seguridad fue un éxito táctico para Israel, no un éxito estratégico. Fue el resultado del progreso tecnológico israelí y de la alianza con Estados Unidos, que ayudó mucho a Israel. Este éxito táctico podría haberse convertido en un éxito estratégico si Israel hubiera logrado romper la primera línea de defensa de Hezbolá y ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani, que era el objetivo declarado del ejército israelí. Pero este no es eficaz en los combates terrestres. La primera línea de defensa de Hezbolá resistió durante 66 días a la ofensiva israelí. Hezbolá perdió 5000 combatientes. Son pérdidas enormes, pero resistió. Tres brigadas israelíes atacaron la aldea de Khiam, pero no lograron tomarla. Así pues, a pesar de la gran desigualdad de medios militares, Israel no ha ganado y Hezbolá no ha sido derrotado. El objetivo israelí de ocupar todo el sur hasta el río Litani y desarmar a Hezbolá no se ha alcanzado.

Chris Den Hond: ¿Qué fuerzas políticas apoyan la opción estadounidense-israelí y cuáles se oponen a ella?

Doha Chams: Durante las guerras, la mayoría de los libaneses se mostraron unidos. Durante la última guerra, el Líbano volvió a ser el país de Fayrouz [diva de la canción libanesa y símbolo de la unidad nacional], donde todos se quieren. Los cristianos del norte acogieron en sus casas a los chiitas del sur que huían de los bombardeos. Israel ha fomentado la solidaridad entre comunidades, es el Gobierno el que es corrupto. Hoy en día, la población libanesa está dividida, es cierto. Hay personas que hablan alto, que cuentan con un poderoso apoyo mediático y que presionan para que se desarme la resistencia. Pero, en general, la opinión pública se da cuenta de que Israel viola diariamente el alto el fuego e impide que los refugiados regresen a sus hogares en el sur del Líbano. Israel bombardea sin cesar, ataca a personas que están relacionadas de cerca o de lejos con Hezbolá, destruye incluso las hormigoneras utilizadas para reconstruir las casas. ¿Cómo hacer la paz con un enemigo así? Lamentablemente, algunos sectores del Líbano quieren un acuerdo con Israel. Ha ocurrido que los drusos han filmado la base de lanzamiento de misiles de Hezbolá e Israel ha bombardeado inmediatamente el lugar. Esto ha sucedido más de una vez. Pero es una minoría de drusos la que actúa así, la mayoría sigue apoyando a Walid Jumblatt [líder histórico de los drusos libaneses, cercano a las fuerzas de la resistencia].

Léonard Sompairac Hace poco estuve en el sur. Muchas iglesias, escuelas confesionales cristianas y guarderías cristianas están siendo atacadas porque acogen a refugiados libaneses del sur. Tendemos a pensar que, en el sur del Líbano, solo hay pueblos chiitas pro-Hezbolá, pero la situación es mucho más matizada, es un mosaico. Antes de adherirse a una religión o a un partido, estas personas son ante todo vecinos y se ayudan entre sí. Esto también se ve en algunos barrios de Beirut, donde todo el mundo acoge a todo el mundo. Ha habido alrededor de un millón de desplazados en el Líbano que han sido acogidos en otros lugares.

Walid Charara – Una parte significativa de la población libanesa, no solo chiíta, considera que la agresión israelí contra el Líbano y las presiones internacionales (europeas, saudíes, pero principalmente estadounidenses) son inaceptables. Pero otra parte de la población es, lamentablemente, sensible a las tesis de las organizaciones de la derecha cristiana o musulmana que dicen «van a arrastrar al Líbano a una nueva aventura ». Hay que saber que Hezbolá nunca ha violado el alto el fuego del 27 de noviembre de 2024. No ha respondido a los ataques israelíes. Israel bombardea el Líbano día y noche y los países garantes del alto el fuego no intervienen. La guerra se ha convertido en una guerra de baja intensidad en la que Israel se permite asesinar cada día a militantes que se desplazan en coche mediante bombardeos selectivos con drones. Más de 100 000 personas del sur no pueden volver a sus hogares, ya que todo ha sido destruido. Israel también impide cualquier tipo de ayuda a la población para la reconstrucción.

Chris Den Hond: ¿Qué ha cambiado para el Líbano la guerra de Israel contra Irán?

Doha Chams: El Gobierno libanés solo existe por la gracia de las potencias internacionales: Estados Unidos, la Unión Europea y Arabia Saudí. Si los maronitas miran hacia Francia y los suníes hacia Arabia Saudí, no es de extrañar que los chiíes y la resistencia miren hacia Irán.

Walid Charara – Esta guerra de 12 días entre Israel e Irán ha revelado el verdadero equilibrio de poder, que no es tan favorable a Israel como algunos quieren hacer creer. Fuentes israelíes, estadounidenses y europeas han confirmado que se han producido daños importantes en territorio israelí. Irán ha podido atacar instalaciones civiles, militares y estratégicas israelíes, así como un centro del Mossad y un centro de desarrollo de tecnología militar. Con sus propios medios, ha logrado infligir pérdidas significativas a Israel. La idea de la inviolabilidad del territorio ocupado por el Estado sionista gracias a su sistema de defensa antiaérea se puso rápidamente en tela de juicio. Quedó claro que Irán estaba en condiciones de dañar a Israel, a pesar del apoyo masivo que este recibe de Estados Unidos y de toda la coalición occidental. Irán aceptó el alto el fuego propuesto porque quería evitar una confrontación directa y a gran escala con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos bombardeó el emplazamiento de Isfahán, Irán atacó una base estadounidense en Qatar. En ese momento, la guerra se detuvo.

Chris Den Hond: Algunos dicen ahora que si Hamás y la resistencia palestina en general hubieran sabido que el 7 de octubre sería seguido de un genocidio, no habrían lanzado la operación. ¿Qué opina usted al respecto?

Walid Charara – Si los combatientes vietnamitas hubieran sabido antes de lanzar su campaña de liberación que dos millones de vietnamitas serían asesinados por los estadounidenses, ¿cree usted que no habrían iniciado su lucha por la liberación nacional? ¿Y los argelinos? La pregunta que hay que plantearse es «¿qué ocurría en Palestina antes del 7 de octubre de 2023?». Los ataques de los colonos contra las aldeas palestinas eran cotidianos, sin cobertura mediática, y la Franja de Gaza se convirtió en una prisión a cielo abierto debido al bloqueo impuesto desde 2007. El sionismo es más que un régimen de apartheid, es un sistema de limpieza étnica. El objetivo es vigilar y castigar a los palestinos, pero sobre todo expulsarlos de su tierra. Es un proceso lento, 1948, 1967, pero que se acelera con el tiempo, como en la actualidad. ¿Cómo resistir esto? ¿Con marchas ciudadanas, llevando velas? No es suficiente. El derecho a la resistencia armada de un pueblo bajo ocupación es conforme al derecho internacional, es inalienable.

VOLVER AL INDICE

3. El fracaso de los BRICS.

Bond sigue pensando que el proyecto de los BRICS son, en buena manera, un bluf estructuralmente dependiente del imperialismo.

https://znetwork.org/znetarticle/like-south-africa-the-brics-suffer-from-trump-appeasement-syndrome/

Al igual que Sudáfrica, los BRICS sufren el síndrome de apaciguamiento de Trump

Por Patrick Bond

30 de noviembre de 2025

Fuente: Publicado originalmente por Z.

Estados Unidos asume ahora el liderazgo del G20 hasta que finalice la cumbre de Miami el 15 de diciembre de 2026, pero no sin haber perdido parte de su poder blando. A raíz de los ridículos ataques de Donald Trump contra el anfitrión de la cumbre del G20 celebrada la semana pasada en Johannesburgo, ¿podría el bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos), quizá junto con algunos europeos molestos, plantar cara y boicotear la reunión de Florida?

Después de todo, se supone que está en marcha un proceso de cambio en las relaciones de poder, tanto simbólicas como reales. El 20 de noviembre, dos días antes de la reunión de los líderes del G20, el economista de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs pronunció un discurso viral en la Universidad de Sudáfrica en Pretoria, en el que criticó a Trump, comparándolo con un niño de cuatro años que hace berrinches, y proclamó que el poder de Estados Unidos

«se está desvaneciendo. Se está desvaneciendo en parte debido a los BRICS. Porque los BRICS están diciendo que no necesitamos estar bajo el yugo del imperio estadounidense. Eso es lo que dijo el presidente Lula cuando fue anfitrión de los BRICS este verano. Y Trump impuso un arancel a Brasil porque no le gustó un proceso judicial contra el presidente anterior que había intentado dar un golpe de Estado. Así que impuso un arancel punitivo y el presidente Lula dijo: «No necesitamos un emperador y no vamos a sucumbir a este tipo de presión». Así que los BRICS, de los que usted es un estimado miembro… tienen el 46 % de la población mundial. Gracias. Y el 41 % del PIB mundial. Y pueden mirar al G7 y decir: «¿Quiénes son ustedes?». Y eso es lo que están haciendo. Así que esta es la nueva fase de la geopolítica».

La retórica de Sachs es ciertamente agradable, pero recuerda a un subidón de azúcar demasiado breve. Si se analiza más detenidamente los últimos seis meses, el (aspirante) mundo multipolar ha proporcionado muchos ejemplos del proceso contrario, lo que sugiere que la amenaza de los BRICS al imperialismo estadounidense está, de hecho, desvaneciéndose. Siga leyendo si le preocupa que Sachs exagere enormemente el papel de los BRICS, al no profundizar lo suficiente, dialécticamente, en los detalles. Siga leyendo si le preocupa que las élites gobernantes de los BRICS puedan comportarse y se comporten de manera neoliberal subimperialista, y no antiimperialista.

«Hemos echado por tierra la ambiciosa agenda que teníamos para revitalizar el Sur Global»

En los dos ejemplos más evidentes del síndrome de apaciguamiento de Trump que se manifestaron a finales de noviembre, en primer lugar, no se anunció ningún tipo de sanción —por ejemplo, impuestos climáticos (como un «mecanismo de ajuste fronterizo del carbono» sobre las exportaciones estadounidenses)— contra su retirada de las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas, que fueron organizadas del 10 al 22 de noviembre por el presidente brasileño Lula da Silva en Belém.

La idea de imponer sanciones inteligentes a Estados Unidos por sus delitos climáticos fue planteada por primera vez hace dos décadas por el economista Joe Stiglitz, ganador del Premio Nobel. En 2016-2017, la campaña del expresidente francés Nicolas Sarkozy (ahora encarcelado, conservador), en defensa de sus propios capitalistas, y de la destacada estratega del movimiento por la justicia climática Naomi Klein promovió un impuesto sobre el carbono contra Estados Unidos. Por el contrario, los tecnócratas que abarrotaban la cumbre climática COP30 de Brasil no pudieron reunir tal determinación.

En segundo lugar, las habituales rabietas de Estados Unidos fueron apaciguadas por Sudáfrica durante el proceso de presidencia del G20 de este año, en lugar de condenar y castigar el enfoque destructivo y desenfrenado de Trump hacia el clima, la salud pública, la ayuda humanitaria, el estado de derecho internacional, las normas de intervención militar aceptadas desde hace tiempo y el multilateralismo comercial. De hecho, nadie en el poder —aparte de los huzíes yemeníes que controlan el acceso al Mar Rojo— se ha enfrentado a Trump, a su «Departamento de Guerra» y a los agentes paramilitares de inmigración, que facilitan el genocidio en curso en Gaza; atacan lanchas rápidas frente a las costas de Venezuela (matando a decenas de personas); bombardean imprudentemente las instalaciones nucleares iraníes; amenazan con indiferencia con invadir Nigeria, Groenlandia y Panamá; y maltratan a los inmigrantes, incluidos los refugiados desesperados.

A modo de ejemplo, los anfitriones del G20 se comportaron de manera obsequiosa con Trump hace un año, cuando, tras su primera amenaza de imponer aranceles a los BRICS si seguían adelante con la desdolarización, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa le suplicó a Trump que le concediera una visita de Estado y una partida de golf. Así lo explicó abiertamente el exembajador de Pretoria en Estados Unidos, Ebrahim Rasool, el 28 de noviembre, en una entrevista que merece la pena citar íntegramente:

«Hemos intentado el apaciguamiento. Nuestro presidente fue a la Casa Blanca [el 22 de mayo] con dos golfistas afrikaners blancos y un multimillonario afrikaner blanco, Johan Rupert: «Por favor, dígale que no somos tan malos». Intentamos la vía del apaciguamiento. No funcionó… Antes de marcharme [el 14 de marzo], Trump nos castigó y le expliqué que, después de mi partida, duplicó los aranceles a pesar de que fuimos a la Casa Blanca con una agenda de apaciguamiento, como hizo nuestro presidente y como le expliqué. Así que hemos intentado la vía del apaciguamiento. No ha servido de nada. Incluso, mientras liderábamos las discusiones del G20, hemos echado por tierra la ambiciosa agenda que teníamos para revitalizar el Sur Global en este G20, completando cuatro años de liderazgo del Sur Global en el G20, comenzando con India, Indonesia, Brasil y ahora Sudáfrica. Hemos llegado a este punto culminante. Y entonces Sudáfrica tuvo que decir: «Escuchen, no vamos a conseguir esto, lo que queremos conseguir en materia de clima —vayan a la COP 30—, lo que queremos conseguir en otras cosas. Trabajemos con las agencias de la ONU, sigamos la agenda económica y financiera de este G20». Así que cedimos a la idea de Trump de que habíamos ampliado demasiado el G20. Entonces dijo que vendría su vicepresidente. Dijimos: «No, eso es estupendo, adelante, busquemos una declaración que también les resulte cómoda». Ahora han dicho que ni siquiera van a considerar una declaración o un comunicado: «Si el presidente Ramaphosa quiere poner fin al G20, simplemente debería tener una declaración del presidente». Así que todos los intentos de apaciguamiento han fracasado. Y puedo decir que en los siete meses transcurridos desde mi salida, y este fin de semana, cuando nuestro ministro [Ronald Lamola] dijo lo que yo dije, si puedo expresarlo así, que esto es supremacía. Creo que sin duda han intentado la vía del apaciguamiento y ahora estamos diciendo: «De acuerdo, no hay nada que podamos hacer con este hombre. De hecho, está repitiendo la idea del genocidio blanco, etcétera, etcétera». Así que solo hay mala fe. Aquí solo hay mala fe». (énfasis añadido)

No tenía por qué ser así, por supuesto. En todo el mundo ha habido oleadas de disidencia, por ejemplo, las protestas «¡No a los reyes!» que reunieron a muchos millones de personas en Estados Unidos en junio y octubre, y boicots internacionales tanto contra la economía de Trump como contra la principal personificación de Washington de la muerte y la destrucción indiferentes, Elon Musk. Tras el rechazo al intento de Trump de incorporar Canadá como «51.º estado», Washington impuso una primera serie de aranceles. Esto generó un proceso de sanciones de abajo arriba contra los productos estadounidenses por parte de los canadienses de a pie a principios de febrero, seguido de un proceso de BDS-EE. UU. en muchas sociedades europeas.

Y el boicot mundial contra las empresas de Musk (Tesla y X.com), compañero de Trump, durante la primera mitad de 2025 también demostró que los ataques quirúrgicos pueden ser formidables, ya que hicieron caer una cuarta parte de su patrimonio neto (más de 100 000 millones de dólares) y pronto le obligaron a abandonar la Casa Blanca para volver a reparar su imperio empresarial en ruinas.

Con ese espíritu, casi todos los líderes que asistieron a la cumbre del G20 celebrada los días 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo podrían haber presentado no solo una declaración ineficaz, moderada y carente de ambición (como confesó Rasool). En cambio, podrían haber expulsado a Trump de la isla del G20 y haber trasladado el G20 de 2026 fuera de Estados Unidos, expulsando a Washington del organismo mientras él siga en el cargo, tal y como, a instancias de Barack Obama, el G8 expulsó a Rusia justo después de la invasión de Crimea por parte de Vladimir Putin en 2014.

Esto no era una fantasía, porque en septiembre había indicios de que incluso los europeos miembros del G7 apoyarían un «G19» sin Trump. Según el director de investigación del Instituto para el Diálogo Global, Mikatekiso Kubayi, «algunas embajadas ya han indicado que, en tal caso, «estábamos incluso dispuestos a pasar al G19 si fuera necesario». No sé si eso habría sido posible. Pero al menos hay cierto sentimiento a favor de seguir adelante, incluso en circunstancias difíciles».

El 23 de noviembre, Ramaphosa había reprendido levemente y rechazado los esfuerzos de Trump por «entregar» el mando del G20 al anfitrión de 2026 a través del embajador adjunto de Estados Unidos en Pretoria, ya que era un insulto al sentido conservador del protocolo y, por tanto, a la dignidad del líder sudafricano. Como resultado, Trump anunció el 26 de noviembre que expulsaría a Sudáfrica de la cumbre del G20 de 2026 en Miami. Para justificarlo, Trump volvió a lanzar falsas acusaciones de «horribles abusos contra los derechos humanos» y «genocidio» contra los granjeros afrikaners. (El principal problema de supervivencia al que se enfrentaban estos últimos era el arancel del 30 % impuesto por el propio Trump a mediados de 2025 a las importaciones estadounidenses de cítricos, frutos secos, uvas y vino sudafricanos, suministrados en gran parte por esos mismos granjeros).

Publicación de Trump del 26 de noviembre en Truth Social: «Estados Unidos no asistió al G20 en Sudáfrica porque el Gobierno sudafricano se niega a reconocer o abordar los horribles abusos contra los derechos humanos que sufren los afrikaners y otros descendientes de colonos holandeses, franceses y alemanes. Para decirlo más claramente, están matando a personas blancas y permitiendo que les quiten sus granjas de forma aleatoria. Quizás lo peor de todo es que el New York Times, que pronto cerrará, y los medios de comunicación falsos no dirán ni una palabra contra este genocidio. ¡Por eso todos los mentirosos y farsantes de los medios de comunicación radicales de izquierda están cerrando! Al término del G20, Sudáfrica se negó a ceder la presidencia del G20 a un alto representante de nuestra embajada en Estados Unidos, que asistió a la ceremonia de clausura. Por lo tanto, siguiendo mis instrucciones, Sudáfrica NO recibirá una invitación para el G20 de 2026, que se celebrará en la gran ciudad de Miami, Florida, el año que viene. Sudáfrica ha demostrado al mundo que no es un país digno de pertenecer a ninguna organización, y vamos a suspender todos los pagos y subvenciones que le hacemos a ellos, con efecto inmediato. ¡Gracias por su atención a este asunto!».

Las tonterías de Trump no merecen que se pierda el tiempo en rebatirlas, pero es revelador que ni siquiera el informe sobre derechos humanos de su propio Departamento de Estado (publicado tres meses antes) haya identificado ningún «genocidio» ni delitos similares. En el peor de los casos, el departamento de Rubio acusó a Sudáfrica de haber aprobado recientemente una ley (totalmente coherente con su constitución liberal, basada en los derechos de propiedad) que «podría permitir al Gobierno confiscar las propiedades agrícolas de la minoría étnica afrikáner sin compensación», sin mencionar que la ley de expropiación se aplica a la propiedad de cualquier otra persona (mucho más común sería, por ejemplo, la chabola periurbana de una mujer negra de bajos ingresos que se interpone en el camino de una nueva línea de alcantarillado).

A raíz de la prohibición de Washington de la participación de Pretoria, el 29 de noviembre, el portavoz de Ramaphosa ofreció esta reacción militante —aunque todavía totalmente de procedimiento— del presidente sudafricano: «El mundo no puede permitir este descarado desprecio por las reglas y las normas establecidas de los compromisos diplomáticos». El desprecio generalizado por las normas se está cuestionando incluso en Estados Unidos. Ahora se está llevando a las plataformas multilaterales mundiales. No puede quedar sin respuesta en los foros mundiales. Y no se puede permitir un precedente en el que esto sea aceptable, independientemente de dónde provenga».

Las cosas pueden cambiar, pero Trump parece decidido a negar a Ramaphosa el acceso a Miami el año que viene. El 19 de noviembre, su Departamento de Estado también revocó el visado de viaje de la exministra de Asuntos Exteriores sudafricana Naledi Pandor, porque, como relata el académico y activista paquistaní Junaid Ahmed:

«Pandor sigue siendo una de las brújulas morales más claras de la política mundial. En segundo lugar, su análisis de la opresión, ya sea en Gaza, el Congo o Islamabad, sigue siendo indispensable. En tercer lugar, la revocación de su visado no es un reflejo de su debilidad, sino del miedo del imperio. La verdadera pregunta ahora no es quién teme a la Dra. Pandor. Ya sabemos la respuesta. La verdadera pregunta, la que determina el futuro de la solidaridad, es: ¿quién de nosotros está dispuesto a dejar de temer al imperio que la teme a ella?».

Todavía hay mucho tiempo para movilizar una alternativa. Como descubrió Ronald Reagan en 1988 para su consternación, tras negar a Yasser Arafat la entrada a la Asamblea General de la ONU, una reacción lógica al abuso de Estados Unidos de su poder de acogida de instituciones multilaterales es celebrar la reunión en otro lugar (en ese caso, Ginebra): esta vez como un G20 con Sudáfrica, pero sin Estados Unidos.

Otra opción es un boicot directo, como el que presenciaron varios líderes latinoamericanos en la Cumbre de las Américas de 2022, debido a la negativa de Joe Biden a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Incluso un comentarista mainstream del programa de noticias de televisión sudafricano Newzroom Afrika, Simon Marks, sugirió que «quizás los otros 19 miembros del G20 decidan expresar su solidaridad con Sudáfrica diciendo: «Olvídenlo. No iremos a Miami, pero nos gustaría celebrar la cumbre del G20 de este año en otro lugar». … Todo esto plantea grandes interrogantes sobre si la cumbre del año que viene se va a celebrar realmente».

Como mínimo, el comentarista sudafricano de relaciones internacionales Oscar van Heerdon propuso el 28 de noviembre: «Creo que si Trump se mantiene firme en esta cuestión, los países del BRICS boicotearán el próximo G20. Creo que Brasil, Rusia, India y China dirán que si no se permite venir a Sudáfrica, entonces ellos tampoco vendrán».

Los BRICS como desaparecidos, no como luchadores

Pero el bloque BRICS contiene aliados leales a Estados Unidos. Si incluimos a Arabia Saudí, como hizo Lula, anfitrión de los BRICS en 2025, en su presidencia (a pesar de que Rusia se haya rendido a finales de 2024), entonces, de los 11 BRICS, tres son socios subimperiales sólidos de Washington, a los que se suman Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Y Etiopía y, especialmente, la India, anfitriona del BRICS en 2026, también son en general prooccidentales y proisraelíes.

Las divisiones internas del BRICS se extienden al comercio, por lo que desde febrero a Trump le ha resultado bastante fácil dividir y conquistar el bloque. La única resistencia ha venido de la amenaza de China de retener los minerales de tierras raras y los imanes de los proveedores estadounidenses, y de la negativa de Vladimir Putin a firmar un acuerdo de paz con Ucrania en los términos (muy generosos) que Trump —ansioso por que las compañías petroleras estadounidenses volvieran a los yacimientos rusos— había sugerido durante su reunión de agosto en Alaska.

El fracaso de los BRICS a la hora de actuar de forma coherente contra los aranceles de Trump se volvió a poner de manifiesto el 8 de septiembre, cuando la conferencia virtual organizada por Lula no dio lugar a ninguna medida concreta. De hecho, el 27 de octubre, Lula declaró en una rueda de prensa que su reunión con Trump en la cumbre de la ASEAN celebrada el día anterior en Malasia le había dejado «muy contento… optimista… Respeto a Trump, él me respeta. El destino estaba sellado. Pronto no habrá ningún problema entre Estados Unidos y Brasil». Como informó Akriti Anand, de Livemint, el líder brasileño estaba dispuesto a discutir con Trump «oportunidades para impulsar el desarrollo de los minerales clave utilizados en vehículos eléctricos, sistemas de armas avanzados y dispositivos médicos», lo que Washington recompensó retirando los aranceles del 50 % que había impuesto a los productores de café brasileños, en solidaridad con Jair Bolsonaro.

Contrasta ese deseo de llegar a acuerdos con el enfoque más militante del presidente colombiano Gustavo Petro, quien el 1 de octubre sacó a su país de la OTAN: «Si un gobierno del Atlántico Norte decide aliarse con crímenes contra la humanidad, ¿qué debemos hacer allí? Son medidas drásticas, pero creo que hay que tomarlas ahora». (Petro añadió: «Tampoco voy a estar en el BRICS, porque el BRICS está relacionado con el petróleo»).

Estas divisiones han hecho recapacitar al periodista brasileño Pepe Escobar, quien el 6 de noviembre admitió que «no existe una estrategia global del BRICS para contrarrestar al imperio. Y esto es algo que, si lo tienen, deberían haber empezado ayer. Está tardando demasiado. Y tarde o temprano podríamos tener la caída de un miembro del BRICS o de un socio del BRICS, o una desestabilización directa del imperio de un miembro del BRICS o de un socio del BRICS. Esto es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso, pero todavía no hay voluntad política».

El día anterior, Escobar también había lamentado haberse vuelto «extremadamente eufórico después de la cumbre del BRICS en Kazán» (en octubre de 2024). Desde entonces, Escobar se ha dado cuenta de la realidad: «Las fricciones internas en el BRICS siguen siendo muy graves. Y el BRICS no está unido, en absoluto. Y hay algunos actores muy sospechosos dentro del BRICS. Les daré solo un ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos. Podríamos seguir hablando de esto eternamente, ya saben… He oído información interna muy grave y aterradora sobre el banco del BRICS que no puedo hacer pública».

El BRICS como bloque subimperial estructuralmente dependiente

El Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS ya ha sido suficientemente aterrador, especialmente en una Sudáfrica donde sus préstamos imitan directamente la destrucción financiera multilateral y la corrupción occidentales. El economista radical Michael Hudson, afincado en Nueva York, observó el 6 de agosto la falta de voluntad de los financieros del BRICS para superar su mentalidad neoliberal:

«En la última reunión del BRICS se ha planteado la misma petición que se viene haciendo desde hace un par de años: «Queremos que los países del Sur Global tengan más representación en el FMI, el Banco Mundial y el Consejo de Seguridad». Creo que es una idea terrible. El problema no es conseguir más representación en un FMI cuya filosofía rectora es imponer la lucha de clases en forma de austeridad económica para reducir los salarios y ilegalizar los sindicatos, con el fin de mantener bajos los costes laborales, con el pretexto de que esto hace que los países sean más competitivos y solventes». Según Hudson, «lo que le falta al BRICS hasta ahora es una filosofía económica definida. De lo que han hablado es de cómo pueden mejorar su posición dentro de la filosofía económica neoliberal existente, e incluso dentro del FMI y el Banco Mundial. Así que el FMI ha sido muy inteligente. Ha encontrado a los representantes más reaccionarios del Sur Global para que se unan a la junta directiva… Existe la ilusión de que si se nombra a un candidato neoliberal de derecha, favorable a los rentistas y a los acreedores, de alguna manera eso va a representar al país».

El 26 de agosto, el economista político más conocido de Malasia (nuevo socio de los BRICS), Jomo Kwame Sundaram, expresó quejas similares: «Los BRICS no tienen un historial de defensa firme y coherente de los intereses de las economías en desarrollo más pequeñas. La mayoría de las pequeñas naciones con debilidad financiera dudan de que BRICS+ les sirva de algo».

Para entender por qué, el vicepresidente del Nuevo Banco de Desarrollo de BRICS, Paulo Nogueira Batista, explicó el 30 de mayo que en los ministerios económicos clave de Brasilia «lo que tenemos es una colección de neoliberales, todos alineados con la agenda occidental». Como resultado, continuó,

«el Gobierno brasileño no es políticamente fuerte. Entre otras razones, porque está infestado de funcionarios que se identifican poco o nada con el BRICS y mantienen vínculos prioritarios con Estados Unidos y Europa (la famosa quinta columna). El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, con algunas excepciones, ha estado dominado por la burocracia y el arribismo. El Tesoro permanece en silencio, con el ministro Haddad frecuentemente ausente del debate. El Banco Central siempre ha sido un obstáculo para el BRICS».

El problema va mucho más allá de los burócratas financieros. Quizás la declaración más contundente de los últimos meses fue la del marxista argentino Claudio Katz, justo antes de la cumbre de líderes celebrada en Río de Janeiro en julio:

«Basta con comparar la composición de los actuales dirigentes de los BRICS con los que encabezaron Bandung para confirmar la enorme distancia que separa a ambas organizaciones. Putin, Lula y Ramaphosa no tienen nada que ver con Nehru, Nasser y Zhou EnLai; y Modi y Bolsonaro eran diametralmente opuestos a esas figuras. El hecho de que presidentes de extrema derecha puedan mantener a sus países dentro del BRICS durante sus mandatos ilustra la impresionante plasticidad política de ese bloque. La complicidad directa con Israel de los nuevos miembros —como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto— también es indicativa del perfil de la organización. Nada de esta connivencia con el imperialismo tenía cabida en Bandung».

De todas estas maneras, con todas estas voces —muchas de las cuales fueron en su día tan vociferantemente pro-BRICS como sigue siéndolo Jeffrey Sachs—, deberían poder dejar de lado cualquier ilusión sobre lo que actualmente se presenta como política multipolar. La acogida del BRICS en 2026 por parte de su líder más consistentemente derechista, Narendra Modi, es obviamente el último clavo en el ataúd de las afirmaciones de que tendrá alguna intención liberadora, y mucho menos impacto.

El gran teórico de la dependencia Ruy Mauro Marini reconocería esta situación y tal vez ampliaría su famosa tesis de hace 70 años sobre la posición de Brasil en la economía mundial para describir a los BRICS como la formación lógica de un bloque económico que asume el capitalismo dependiente al alcanzar la etapa del subimperialismo: servil incluso a las depravaciones de Donald Trump, a pesar de que, como confirmó el embajador Rasool, «todos los intentos de apaciguamiento han fracasado».

VOLVER AL INDICE

4. Brasil y Palestina.

Quizá como ejemplo de lo que dice Bond, el difícil equilibrio de Brasil entre la solidaridad con Palestina y los negocios con Israel.

https://www.tni.org/en/article/from-the-favelas-and-rural-brazil-to-gaza

De las favelas y el Brasil rural a Gaza

Cómo el militarismo y el greenwashing determinan las relaciones, la resistencia y la solidaridad con Palestina en Brasil

5 November 2025

Los movimientos de solidaridad de Brasil han apoyado durante mucho tiempo a Palestina, pero los lazos económicos y militares con Israel se profundizan cada vez más. Mientras Brasil se prepara para albergar la COP30, las campañas de base están exponiendo los vínculos entre el militarismo israelí y la desigualdad interna, el agronegocio y la violencia estatal. Este momento ofrece una oportunidad clave para fortalecer las iniciativas de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Andressa Oliveira Soares

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Introducción

La solidaridad con Palestina está presente en la agenda de la sociedad civil y los movimientos sociales brasileños desde hace muchos decenios, pero en los últimos 10 años se produjo un incremento contundente en los reclamos de boicot, desinversión y sanciones (BDS), como respuesta al llamado de BDS que realizó la sociedad civil palestina en 2005.

De 2003 a 2016, Brasil fue gobernado por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). Tras el juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016, Michel Temer se desempeñó como presidente hasta que el ultraderechista Jair Bolsonaro asumió el cargo en 2019. Durante el Gobierno del PT, Brasil reconoció formalmente al Estado de Palestina en 2010 y ha condenado con frecuencia las acciones militares israelíes. No obstante, en las últimas dos décadas, la política sobre este tema se tornó cada vez más inestable, al oscilar entre las declaraciones de principios de solidaridad con Palestina y el fortalecimiento de los vínculos políticos y económicos con el régimen israelí. Incluso con el PT, pero especialmente con el Gobierno de Bolsonaro, Brasil incrementó su adquisición de armas de Israel, continuó con la exportación de petróleo al Estado del apartheid y profundizó el comercio de agroindustrias con él, todo lo cual contribuyó a sostener la infraestructura de la ocupación israelí (Nakamura, 2024).

Durante décadas, el complejo militar-industrial brasileño, la agroindustria, políticos de derecha y grupos de presión evangélico-sionistas se alinearon para fomentar vínculos más profundos entre Brasil e Israel. Juntos, normalizan el comercio con Israel con el pretexto de las asociaciones tecnológicas y la agricultura favorable al clima, y así blanquean los crímenes del régimen israelí.

Esta aparente contradicción entre la solidaridad declarada con Palestina y el afianzamiento de los lazos económicos con el régimen israelí no es exclusiva de Brasil. De hecho, muy pocos países en el mundo se han comprometido a cortar –o incluso reducir– los lazos comerciales con Israel. Esto se mantuvo aun después del reconocimiento generalizado de su régimen de apartheid1 y las decisiones vinculantes de la Corte Internacional de Justicia de 2004, 2024 y 2025 (CIJ). La de 2024 recibió el apoyo de la gran mayoría de países (incluido Brasil) en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2024.2

Los movimientos de solidaridad en Brasil –muchos de ellos arraigados en las favelas3 , en los movimientos urbanos por la vivienda, los movimientos rurales de los sin tierra, los movimientos por la justicia climática, las personas perjudicadas por las acciones de las empresas, los centros estudiantiles y los sindicatos laborales– han aplicado campañas importantes que vinculan el militarismo israelí con la propia violencia estatal, el saqueo ambiental y el extractivismo agrario de Brasil. Desde el comienzo del genocidio en Gaza transmitido en vivo por Internet y la expansión de los asentamientos y crímenes israelíes en Cisjordania, ha crecido y está cada vez más en el foco de la atención la necesidad urgente de exponer estos vínculos de complicidad, y de cómo las relaciones israelí-brasileñas impactan a los grupos marginados en Brasil, llegando a los medios de comunicación convencionales como nunca antes.

En noviembre de 2025, Brasil será sede de la COP30 en Belém do Pará, junto con la Cumbre de los Pueblos.4 Esto abre una ventana estratégica de oportunidad para afrontar los vínculos de greenwashing entre las empresas israelíes de agrotecnología/agua y los intereses extractivistas en América Latina. Es necesario aprovechar este momento para construir una solidaridad concreta con Palestina, conectar las diversas luchas y potenciar la resistencia en el terreno.

Este artículo analiza los principales vínculos entre Brasil e Israel y cómo se conectan con las luchas en el terreno en Brasil. También analiza algunas de las victorias de las campañas propalestinas y las dificultades que frenan los avances, entre ellas las gestiones para pasar de las palabras a los hechos en lo que atañe a la solidaridad con Palestina. Esto también incluye acciones durante la COP30.

Este artículo se estructura de la siguiente manera. Después de la introducción, la siguiente sección explora las relaciones entre Brasil e Israel, brinda algo de contexto histórico y expone la cooperación militar, los acuerdos de agroindustria, el comercio de petróleo y las posturas diplomáticas de ambos países, especialmente en los últimos 20 años. La sección siguiente examina cómo se ha desarrollado en Brasil la resistencia y la solidaridad con Palestina, específicamente el movimiento BDS, en el último decenio. La penúltima sección analiza los desafíos que enfrenta actualmente la solidaridad propalestina y cómo superarlos, entre ellos los objetivos prioritarios y un camino a seguir prometedor. El artículo finaliza con una breve conclusión.

A lo largo del texto, el artículo aplica el enfoque crítico del “derecho internacional desde abajo” (Rajagopal, 2008), según el cual la movilización política es esencial para el avance y la aplicación del derecho internacional.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Las relaciones militares, económicas y diplomáticas de Brasil con Israel

Desde mediados del siglo XX, la relación de Brasil con Israel ha combinado la alineación simbólica con la cooperación pragmática. En 1947, el diplomático brasileño Oswaldo Aranha, como presidente de la Asamblea General de la ONU, desempeñó un papel procedimental y político crucial al impulsar el Plan de Partición para Palestina (Resolución 181 de la ONU). Testimonios de la época y reconstrucciones posteriores atribuyen a Aranha el haber aplazado la votación para consolidar una mayoría de dos tercios a favor del plan, y de haber ejercido presión activamente sobre las delegaciones, acciones por las cuales recibió honores públicos en Israel en décadas posteriores (JTA, 2017). Su relieve en la ONU dejó como huella una asociación temprana entre la diplomacia brasileña y la legitimación internacional del Estado de Israel.

Durante los primeros años de la década de 1960, con el Gobierno de izquierda del presidente brasileño João Goulart, las relaciones bilaterales fueron cordiales pero utilitarias, caracterizadas menos por la convergencia ideológica que por cálculos multilaterales y el deseo de cooperación técnica. La dictadura militar (1964-1985) inauguró una aproximación más transparente en seguridad y de índole tecnocientífica. Informes de investigación citan materiales de archivo que indican la existencia de relaciones complacientes entre Israel y la junta brasileña, incluyendo la venta de armas, el intercambio de experiencia militar y una   cooperación nuclear temprana. Un acuerdo entre ambos países se habría firmado el 10 de agosto de 1964, apenas cuatro meses después del golpe, al que le siguieron otros acuerdos en 1966, 1967 y 1974 (Mack, 2018). Si bien estas fuentes no demuestran participación u orquestación israelí alguna en el golpe mismo, indican una rápida alineación posterior al golpe entre los dos países, basada principalmente en intereses compartidos relacionados con la seguridad y el desarrollo de capacidades nucleares, coherente con la búsqueda en general de tecnologías estratégicas por parte de la dictadura. El resultado de esa alineación fue un patrón en el que el régimen de Brasil aprovechó los vínculos israelíes en defensa y ciencia mientras, a la vez, profundizaba una asociación nuclear más amplia con Alemania Occidental (1975), y mantenía un programa nuclear paralelo y poco transparente que se extendió después de la dictadura militar hasta principios de la década de 1990 (Arms Control Association, 2006; World Nuclear Association, 2025).

Ya en democracia (a partir de 1985), Brasil ha alternado entre el apoyo simbólico a los derechos palestinos (por ejemplo, el reconocimiento y posicionamiento diplomático) y la continuidad de vínculos pragmáticos con Israel en materia de comercio, seguridad y tecnología. Una perspectiva de larga duración revela así una doble vía: el papel fundacional brasileño en la legitimación internacional del Estado de Israel en 1947 y, décadas después, la cooperación posterior al golpe que incorporó la experiencia israelí a la modernización autoritaria de Brasil.

A pesar de ese panorama general, las relaciones diplomáticas entre Brasil e Israel han variado considerablemente, según la administración en el poder, aunque en los hechos esas relaciones bajaron de categoría solo muy recientemente. Por ejemplo, durante la primera década del siglo XXI, América Latina en su conjunto fue testigo de una destacada reconfiguración de su orientación de política exterior hacia el «problema» israelí-palestino. Este cambio fue influido en gran medida por el ascenso electoral de Gobiernos de izquierda y centroizquierda en América Latina, en lo que se denominó «marea rosa», que supuso una reacción contra el Consenso de Washington (Lucena, 2022), así como por la consolidación de las relaciones económicas y políticas Sur-Sur, con el surgimiento de los BRICS y la «política exterior activa y firme» de Brasil. Estos hechos alentaron intentos de afianzar una mayor autonomía frente a Estados Unidos y la diversificación de las alianzas internacionales. En este contexto, el compromiso con la causa palestina se convirtió, para muchos Gobiernos latinoamericanos, en un instrumento estratégico de posicionamiento internacional (Baeza, 2012).

Sin embargo, a pesar de esta tendencia general hacia un mayor apoyo a los derechos palestinos, la mayoría de los Estados latinoamericanos –particularmente las economías más grandes, como Brasil, Argentina y México– continuaron determinando sus posiciones en función del equilibrio. Las expresiones de solidaridad con Palestina con frecuencia se acompañaban de afirmaciones del derecho de Israel a la seguridad, lo que revelaba una estrategia dual de reconocimiento simbólico y diplomacia pragmática (Baeza, 2012). Por ejemplo, la ola de reconocimientos del Estado de Palestina entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, que representó una tendencia regional hacia el reconocimiento formal de la soberanía palestina, se expresó a menudo con un discurso que enfatizaba el «equilibrio» y la promoción de la «paz», en lugar de acompañarse de sanciones abiertas o críticas a Israel (Baeza, 2012).

El Brasil del presidente Lula da Silva fue un ejemplo particularmente notable de este enfoque «equilibrado». Como potencia ascendente con ambiciones de influir en el mundo, durante la primera y segunda administración de Lula (2003-2010) Brasil buscó proyectar un liderazgo diplomático en relación con Oriente Medio, y su Gobierno demostró una sensibilidad sin precedentes hacia las preocupaciones palestinas, que culminó con el reconocimiento brasileño del Estado de Palestina en diciembre de 2010. Sin embargo, mientras Venezuela y Bolivia optaron por una confrontación abierta mediante la suspensión de relaciones con Israel en 2009, el Brasil de Lula lideró a la mayoría de los países latinoamericanos en la búsqueda de una política que simultáneamente avanzaba en el reconocimiento palestino y preservaba los vínculos bilaterales con Israel (Baeza, 2012).

Esta política se interrumpió durante la presidencia de Jair Bolsonaro, cuando Brasil se alineó abiertamente con Israel: abrió una oficina comercial en Jerusalén en 2019, consideró trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén (aunque finalmente no lo hizo) y se incorporó al Israel Allies Caucus.5 Esta postura reforzó la alineación ideológica de Brasil con el evangelismo conservador y las élites empresariales (Huberman, 2024).

Durante el tercer mandato de Lula, que comenzó en 2023, Brasil volvió a su política anterior. En la apertura de la Asamblea General de la ONU de ese año, Lula habló sobre la importancia que tiene resolver «la cuestión palestina» y el «reconocimiento de un Estado palestino viable e independiente», pero Brasil mantuvo las relaciones diplomáticas con Israel y se resistió a reconocerlo como un régimen de apartheid. Sin embargo, tras el comienzo del genocidio en octubre de 2023, el Gobierno de Lula redobló sus críticas a las operaciones militares israelíes. En febrero de 2024, en la cumbre de la Unión Africana celebrada en Adís Abeba, Lula comparó la conducta israelí en Gaza con el genocidio nazi. Israel respondió declarando a Lula persona non grata, y Brasil rápidamente retiró a su embajador de Israel y degradó las relaciones diplomáticas al negarse (hasta la actualidad) a acreditar al embajador israelí en Brasilia (MercoPress, 2023). Las declaraciones oficiales desde el inicio del genocidio subrayaron el continuo apoyo de Brasil al Estado palestino y al derecho internacional, y reforzaron las críticas al Gobierno de Netanyahu. No obstante, también buscan separar al actual Gobierno israelí del propio Estado de Israel, y Brasil mantuvo en gran medida intactos los lazos comerciales y militares.

Cabe señalar que, a pesar del genocidio, los vínculos económicos entre Brasil e Israel, con algunas excepciones, siguen el patrón instalado en décadas anteriores. Desde principios de la década de 2000, Brasil e Israel profundizaron sus relaciones económicas. En 2007, durante la presidencia de Lula, Brasil lideró la firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur6 e Israel. La exposición de motivos del decreto que aprobó el TLC señala que en 2007 el intercambio comercial entre Brasil e Israel había alcanzado los mil millones de reales (alrededor de 200 millones de dólares estadounidenses), con un crecimiento del 30 por ciento respecto a 2006 (Brasil, Congresso Nacional, 2009). En ese momento, los principales productos que Brasil exportaba a Israel eran carne, soja y aditivos para combustible, mientras que las principales importaciones eran «fertilizantes y agroquímicos» (Brasil, Congresso Nacional, 2009).

Los sectores de la agroindustria y del petróleo son los mayores beneficiarios de las relaciones comerciales entre Brasil e Israel. Las cifras demuestran que ambos sectores desempeñan una función clave en el sostenimiento de las relaciones entre Brasil e Israel, más allá de quién esté al mando. Al mismo tiempo, estos sectores también son responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos y ambientales de las poblaciones del sector rural brasileño (Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil [AMDH], 2025). Además, estos sectores también son grandes simpatizantes de políticos de ultraderecha en Brasil.

La alineación entre los sectores de la agroindustria y el petróleo, los políticos brasileños de ultraderecha e Israel se revela en datos recientes que muestran que, entre 2019 y 2022 (el período del Gobierno de Bolsonaro), las exportaciones a Israel en esos sectores crecieron año tras año, al pasar de 371 millones de dólares a 1 800 millones de dólares (MDIC, s.f.). En 2023, el monto disminuyó a unos 662 millones de dólares,7 de los cuales el 21 por ciento correspondió a petróleo crudo, el 19 por ciento a carne vacuna y el 18 por ciento a soja (Nakamura, 2024). Sin embargo, incluso después del regreso de Lula, las exportaciones de petróleo en 2024 convirtieron a Brasil en uno de los mayores proveedores de crudo de Israel (Lakhani y Niranjan, 2024), responsable del 9 por ciento del total que Israel recibió ese año, sin contar los productos derivados.

En lo que respecta a los productos israelíes que importa Brasil, predominan los fertilizantes y la tecnología agrícola, siendo Israel uno de los mayores proveedores de Brasil de estos productos (Pligher, 2023). En 2023, Brasil importó aproximadamente 1 400 millones de dólares de estos productos, de los cuales el 45 por ciento fueron fertilizantes y el 11 por ciento pesticidas, principalmente de las empresas israelíes Haifa Group y Adama (Nakamura, 2024). Además de los agroquímicos, Brasil también importa tecnología agrícola israelí, como drones que se utilizan para operar sistemas de fertilización y riego. Esta tecnología procede sobre todo de Haifa Group, Adama y Netafim.

Cabe destacar aquí el papel que estas y otras empresas de agrotecnología desempeñan en el greenwashing o ecoblanqueo israelí. Este término refiere al uso estratégico que hace Israel del lenguaje y el discurso ambiental para ocultar o legitimar sus prácticas de colonialismo mediante los asentamientos, la ocupación y el despojo (Who Profits Research Center, 2020). En el relato de ecoblanqueo que promueven estas empresas, se presenta a Israel como un líder mundial en sostenibilidad e innovación, mientras se oculta deliberadamente el daño ecológico real y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que estas empresas y el Estado israelí perpetran contra la población palestina y su medio ambiente (Who Profits Research Center, 2024). En particular, el sector de la agroindustria israelí propaga el mito sionista de que los colonos sionistas en Palestina “hacen florecer el desierto”, con lo que comercializan sus tecnologías de riego y agricultura desértica como soluciones globales al cambio climático y la inseguridad alimentaria, a la vez que borran el desplazamiento histórico de los agricultores palestinos y la destrucción ecológica que provocan la expansión de los asentamientos de colonos (Who Profits Research Center, 2020).

Las mencionadas Adama y Netafim, con sus considerables exportaciones a Brasil, son dos de las mayores empresas de la agroindustria israelí y ejercen un papel central en las estrategias de greenwashing del país. Netafim, muy reconocida por ser pionera en tecnologías de riego por goteo, se comercializa como proveedora de soluciones para la escasez mundial de agua y los desafíos climáticos. La publicidad de su marca pone énfasis en la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, y proyecta una imagen de responsabilidad ambiental. Sin embargo, las operaciones de la empresa en la Palestina ocupada revelan una contradicción flagrante. Netafim proporciona sistemas de riego a los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. Al exhibir sus tecnologías como innovaciones ambientalmente sostenibles, Netafim oculta la realidad material del despojo y la redistribución de los recursos hídricos lejos de las comunidades palestinas.

En este sentido, su reputación internacional como innovadora ambiental funciona como un escudo contra el examen de su complicidad en la expansión de los asentamientos de colonos (Who Profits Research Center, 2020). Adama, una de las principales productoras mundiales de agroquímicos, también está implicada en dinámicas de greenwashing. La empresa promociona su cartera de productos de protección de cultivos, fertilizantes y sistemas de manejo de plagas como herramientas para una agricultura sostenible que mejora los rendimientos y minimiza el daño ambiental. Pero las actividades de Adama están estrechamente vinculadas al modelo de agroindustria de Israel, que se basa en la apropiación de tierras, el monocultivo intensivo y la marginación de las prácticas agrícolas palestinas (Who Profits Research Center, 2020). Además, la empresa se beneficia de la estrategia internacional de marca del Estado israelí, que comercializa la agroindustria israelí como una forma de agricultura climáticamente inteligente que puede exportarse a todo el mundo, lo que afecta especialmente a las comunidades del Sur Global (GRAIN, 2022). Esta narrativa de sostenibilidad oculta en los hechos los costos ecológicos del uso intensivo de productos químicos, la degradación del suelo y el desplazamiento de los sistemas agrícolas locales.

En conjunto, Netafim y Adama ejemplifican la manera en que las empresas de la agroindustria israelí utilizan la promoción ecológica de sus marcas para naturalizar y legitimar las estructuras de despojo y expansión colonial. Su reputación mundial como pioneras en la agricultura sostenible ayuda a integrar a Israel a las agendas internacionales de desarrollo, las estrategias de adaptación climática y los programas de seguridad alimentaria, incluso en espacios como la COP (GRAIN, 2022).

Otro ejemplo conocido del greenwashing israelí es la empresa estatal Mekorot, que exporta su experiencia en desalinización y riego, mientras participa simultáneamente en lo que se ha calificado de apartheid hídrico: el desvío de recursos hídricos palestinos hacia los asentamientos israelíes, la restricción del acceso palestino al agua limpia y el uso de la escasez del agua como una forma de control político (PENGON – Palestinian Environmental NGOs Network, 2021). Aunque gracias a las campañas en su contra (analizadas más adelante) Mekorot no logró hasta la fecha ingresar al mercado brasileño, la empresa tiene una fuerte presencia en otras partes de América Latina y África (PENGON – Palestinian Environmental NGOs Network, 2024).

La estrategia de “marca” de Israel no se limita solo al greenwashing: también implica, de manera aún más destacada, al sector militar-industrial. Si bien no hay evidencia del uso militar o represivo de esta tecnología específica en Brasil, esta sirve a la agroindustria en el país, la cual somete a los pequeños productores, campesinos, comunidades tradicionales y pueblos indígenas, incluso mediante el despojo, la contaminación por pesticidas y fertilizantes, y hasta la violencia física y psicológica (Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil [AMDH], 2025). Además, la compra de estos productos de doble uso, como los drones, integra aún más las tecnologías militares israelíes a la economía verde internacional, lo que a su vez profundiza la normalización de la industria de armamentos israelí. Por eso es tan importante imponerle un embargo total a Israel, y no solo a determinados equipos militares israelíes.

Los vínculos de Brasil con el complejo militar-industrial israelí se caracterizan por la importación y la exportación, así como por la inversión de empresas militares israelíes en el sector militar brasileño. Con respecto a lo primero, Brasil aumentó sus importaciones de armas israelíes entre 2010 y 2019, al recibir aviones, drones, misiles y sistemas de mando. Aunque los datos sobre compras militares no son fáciles de encontrar, las cifras oficiales indican que en 2024 Brasil gastó al menos 167 millones de dólares en maquinaria militar, armas y municiones israelíes. La cantidad real probablemente sea mucho mayor, ya que estas cifras no incluyen las compras por parte de los estados y municipios dentro de Brasil, porque muchos de los contratos son secretos y los equipos de doble uso se registran en otras categorías (Trading Economics, 2025). No obstante, incluso según estas cifras oficiales, la «maquinaria militar, reactores nucleares y calderas» fue en importancia la tercera categoría de compras a Israel, después de los agroquímicos y los productos plásticos.

Cabe señalar aquí que la cantidad de productos militar-industriales que Brasil importó de Israel habría sido aún mayor en 2024 de no ser por la presión popular contra este tipo de comercio. En 2024, en pleno genocidio y después de que el presidente Lula reconociera que el mismo estaba ocurriendo, el ejército brasileño comenzó a negociar la compra de 36 obuses autopropulsados ATMOS por un valor de entre 150 y 200 millones de dólares a Elbit Systems, una de las más importantes (si no la más importante) empresas israelíes productoras y exportadoras de tecnología militar (Azulay, 2024). Esto ocurrió a pesar de la creciente tensión política en Brasil en torno al tema, ya que la sociedad civil y sus aliados presionaban para que se aprobara el embargo y las sanciones contra Israel. Finalmente, la campaña contra las importaciones de armas israelíes fue cubierta por los principales medios de comunicación y el Gobierno se retiró del contrato propuesto con Elbit antes de su firma a finales de 2024.

El comercio de armas entre Brasil e Israel no es una calle de un solo sentido: Brasil también exporta al sector militar israelí. Produce suministros para las mayores industrias de Israel, y las empresas brasileñas suelen tener vínculos financieros y de propiedad con empresas de armas israelíes. Por ejemplo, AEL Sistemas, un fabricante militar ubicado en Porto Alegre, en el sur de Brasil, es actualmente una subsidiaria de Elbit Systems (AEL Sistemas, 2025). AEL produce equipos de defensa brasileños utilizando tecnología israelí, con el apoyo del Gobierno federal y otros organismos públicos, y exporta partes militares a Israel (Brasil de Fato, 2023a). Elbit se convirtió en un socio más fuerte del sector militar brasileño a través de otra subsidiaria conjunta, Ares Aeroespacial e Defesa, en el estado de Río de Janeiro (Ares, 2019), que a partir de 2017 fabrica estaciones de armas teledirigidas para el ejército brasileño con tecnología de Elbit. (Azulay, 2024).

Otros sectores de la industria brasileña también tienen vínculos con el sector militar israelí. En 2025, periodistas y movimientos sociales de Brasil denunciaron que acero brasileño se estaba exportando a Israeli Military Industries (IMI), una empresa israelí vinculada a Elbit, para ser utilizado en la fabricación de armas (The Intercept Brasil, 2025). Grupos de solidaridad difundieron documentos de embarque que indicaban el envío previsto de entre 56 y 60 toneladas de barras de acero del Puerto de Santos hacia Haifa, a principios de septiembre de 2025, catalogadas como insumos de “doble uso” con su posible incorporación posterior en la cadena de suministro de la industria militar israelí (Chade, 2025). Las revelaciones generaron protestas en Santos y Río de Janeiro y reclamos de una intervención administrativa para detener el envío (incluidas acciones por plataformas mediáticas y sindicales en la costa de San Pablo), mientras que la prensa destacaba que el acero integraba la lista de las 10 principales exportaciones de Brasil a Israel en 2024, una tendencia que se mantuvo en 2025 (Sindipetro-LP, 2025).

El petróleo es otra exportación relevante de Brasil al sector militar israelí. Como ya se señaló, una investigación de 2024 reveló que Brasil aportó aproximadamente el 9 por ciento del total de crudo suministrado a Israel entre octubre de 2023 y julio de 2024, incluidos buques tanque que partieron después del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre genocidio en febrero de 2024 (Lakhani y Niranjan, 2024). Durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), las exportaciones de petróleo a Israel crecieron y alcanzaron un pico de 1070 millones de dólares en 2022 (Trading Economics, 2025), pero incluso durante la presidencia de Lula, los envíos de petróleo a Israel se mantienen en gran medida. Según la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP), esas exportaciones crecieron un 51 por ciento en 2024 frente a 2023. Las principales empresas involucradas son Shell y Petrobrás, la petrolera estatal brasileña (Forgerini, 2025).

Para las redes de solidaridad con Palestina y los movimientos sociales brasileños, estos flujos de petróleo se convirtieron en un punto focal de campaña. Las mayores federaciones sindicales que representan a los trabajadores petroleros, la Federação Única dos Petroleiros (FUP) y la Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), emitieron declaraciones en mayo de 2025 que reclaman la suspensión de las exportaciones de petróleo a Israel debido a sus acciones militares en Gaza. Estas movilizaciones consideran al petróleo como un vínculo material entre los recursos brasileños y la perpetuación de la guerra israelí, con el argumento de que este comercio socava los compromisos de Brasil en materia de derechos humanos y sus principios constitucionales de promoción de la paz y la autodeterminación (FNP y FUP, 2025). Esta campaña reunió al movimiento BDS, sindicatos y otros actores de la sociedad civil. Sin embargo, hasta la fecha (octubre de 2025), parecería que el volumen de exportaciones de crudo y sus derivados destinadas a Israel ha disminuido considerablemente. No obstante, existen sospechas de que aún se darían exportaciones indirectas y trianguladas (operaciones de barco a barco con cambios en países intermediarios antes del destino final), por lo que se mantienen los reclamos por el embargo oficial y que el Estado brasileño adopte una política comercial basada en principios (Opera Mundi, 2025).

La suspensión de la compra de los obuses de Elbit (mencionada antes) es señal de un cambio reciente en la actitud del Gobierno hacia las importaciones de armas israelíes. Otra es el anuncio del canciller en agosto de 2025 de que Brasil estudia la posibilidad de prohibir las exportaciones de material militar a Israel. No obstante, Brasilia no ha dado marcha atrás con respecto a los principales acuerdos militares o de agroindustria con Israel, ni se retiró de grandes tratados como el TLC entre el Mercosur e Israel. Cabe señalar, en este contexto, que de los cuatro acuerdos bilaterales que Bolsonaro firmó con Israel en 2021 (tres de los cuales tenían que ver con cooperación militar, de seguridad y de aviación), uno ya está vigente y tres esperan la aprobación del senado brasileño. El movimiento BDS y sus socios reclamaron que el presidente cancele estos acuerdos, algo que está dentro de sus facultades antes de que el Congreso vote su aprobación (Blumer, 2024).

Dado que el Gobierno no ha tomado suficientes medidas concretas, crece la presión de la sociedad civil tanto en Brasil como en Palestina para la ruptura de relaciones entre Brasil e Israel (BADIL, 2024). La sección a continuación explora cómo la solidaridad brasileña con Palestina se vincula con las luchas nacionales, y cómo creció el movimiento BDS en el país, culminando en la enorme campaña que se desarrolla actualmente, con sus reclamos de acciones más que palabras.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Resistencia y solidaridad: luchas conjuntas

El reconocimiento de la lucha palestina siempre ha estado presente en los movimientos sociales brasileños, pero la solidaridad concreta surgió debido a la valoración de los paralelos históricos existentes entre el trato que los palestinos reciben de Israel –como un Estado de asentamientos coloniales que impone un sistema de apartheid a la población palestina, no solo de facto sino también de iure– y el trato que reciben las poblaciones negras, indígenas y otros grupos subalternos en la práctica en Brasil. Los movimientos negros brasileños reconocen cómo las tácticas aplicadas contra el pueblo palestino se exportan para ser utilizadas por el aparato militar de Brasil contra la juventud negra y periférica y los pueblos indígenas (Almapreta, 2023). A diferencia de Israel, Brasil no es un Estado de apartheid por ley, pero no obstante carga con un fuerte legado de violencia colonial. Esa violencia consolida la autoridad soberana al eliminar o neutralizar grupos percibidos como amenazas para los regímenes existentes de acumulación, relaciones de propiedad y control político. Por ejemplo, los indígenas yanomamis8 sufrieron cientos de muertes vinculadas a la minería ilegal, mientras que las comunidades negras soportan una violencia estatal sistémica a través de una policía militarizada y la llamada Guerra contra las Drogas, como lo ejemplifican las recientes muertes en la región de Baixada Santista (Almapreta, 2023).

Las exigencias económicas contribuyen a estas dinámicas de opresión, en ambos países. En Brasil, con Bolsonaro, la desregulación facilitó la extracción ilegal en tierras indígenas, especialmente dentro de la reserva yanomami, e integró el oro extraído ilegalmente a los mercados internacionales. En Israel, la crisis económica posterior a 2008 aumentó la presión para confiscar tierras palestinas como reacción a la crisis doméstica del costo de vida. Ambos casos demuestran cómo la expansión de asentamientos de colonos y el genocidio sirven no solo a fines políticos, sino también económicos (Huberman, 2024).

En ambos contextos, aunque con diferentes especificidades, la violencia estatal afecta de forma desmesurada a las poblaciones racialmente subalternas, cuya resistencia es percibida como un desafío fundamental al régimen de acumulación, las relaciones de propiedad y la soberanía política del Estado. Tales dinámicas conllevan el ejercicio del “poder de eliminación”, que se manifiesta a través del asesinato, la expulsión, la asimilación y el confinamiento. Estas estrategias tienen el objetivo de consolidar la soberanía colonial sobre los territorios expropiados y facilitar la acumulación primitiva. Importa señalar que la explotación y la eliminación no son mutuamente excluyentes, sino más bien modalidades intercambiables del poder colonial de asentamientos incrustadas en las relaciones capitalistas (Huberman, 2024).

Muchos actores de la sociedad civil brasileña, y especialmente los movimientos negros y de favelas, consideran que la militarización de territorios en Brasil y Palestina puede interpretarse como regímenes conectados de gobernanza racializada que operan mediante lógicas compartidas de excepción, confinamiento y vigilancia, aun cuando se desarrollan en contextos históricos y legales no equivalentes. En las favelas y periferias brasileñas, las operaciones policial-militares, la vigilancia datificada y el monitoreo ambiental constituyen una infraestructura de control que normaliza la letalidad y suspende derechos. En los territorios palestinos ocupados, los puestos de control, las redadas y las fronteras que emplean tecnología sensorial aplican una arquitectura paralela de restricción. Lo que vincula estos espacios es una circulación transnacional de doctrinas, tecnologías y redes de adquisición (drones; plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; policía predictiva; software de “ciudades inteligentes”) mediante las cuales los proveedores y los aparatos burocráticos de seguridad trasladan técnicas comprobadas en un contexto a la administración de rutina en otro. El resultado es un paradigma de “seguridad-desarrollo” que se refuerza mutuamente, al tratar a las poblaciones racializadas como amenazas gobernables y a los espacios como laboratorios para la experimentación gerencial, mientras oculta las desigualdades estructurales que subyacen tras los relatos de eficiencia, modernización y gestión de riesgos (Martins y Farias, 2024).

Los megaeventos celebrados recientemente en Brasil, especialmente los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, consolidaron la militarización de la vida cotidiana en el país: los regímenes de seguridad excepcionales, las adquisiciones aceleradas y la infraestructura de vigilancia se normalizaron y luego se reutilizaron para la gobernanza de rutina en favelas y comunidades urbanas. Este montaje de seguridad impulsado por los Juegos Olímpicos (patrullas blindadas, centros de mando y control, redes de cámaras y policía basada en datos) reformuló el orden público como un estado de excepción permanente, lo que legitimó la gestión constante de los territorios racializados como zonas de “riesgo”. Esta aplicación doméstica de medidas extraordinarias refleja circuitos transnacionales de tecnologías y doctrinas de seguridad, al alinear la gobernanza urbana de Brasil con modelos perfeccionados en otros contextos de ocupación y confinamiento, y al reforzar el tratamiento de los espacios vulnerables como laboratorios para la experimentación gerencial. (PACS, 2017)

La intensificación de estas formas estructurales de opresión ha sido facilitada por el ascenso de Gobiernos de ultraderecha tanto en Brasil como en Israel. El brasileño Jair Bolsonaro y el israelí Benjamin Netanyahu son ejemplos de formas de “fascismo periférico” que legitiman y amplifican la violencia estatal, al extenderse más allá del fundamentalismo religioso y los marcos ideológicos conservadores. Este fascismo periférico refuerza el colonialismo interno, las estructuras de apartheid y la profundización de la acumulación originaria bajo las exigencias neoliberales (Huberman, 2024).

En este contexto, el movimiento brasileño de solidaridad con Palestina ha crecido constantemente desde mediados de la década de 2000, basado en los principios del BDS, las alianzas interseccionales y las críticas al militarismo y el greenwashing. El movimiento BDS surgió en 2005 como un llamado unificado de más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina que exigían el fin de la ocupación y la colonización, la igualdad plena para las y los palestinos y el cese del sistema de apartheid de Israel, así como el respeto al derecho de retorno de los refugiados (Movimiento BDS, 2005). En Brasil y América Latina, el BDS ganó impulso a través de las actividades de sindicatos, asociaciones estudiantiles y académicas, y grupos en las favelas y el medio rural que adaptaron la plataforma internacional del BDS a las campañas locales, la presión sobre instituciones públicas, boicots culturales y políticas de compras, situando a Palestina dentro de luchas mayores contra el racismo, la militarización, la agroindustria y el extractivismo. (Misleh, 2016).

En 2006, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Superior (ANDES) aprobó una moción formal de apoyo al pedido internacional de la sociedad civil palestina por el BDS (ANDES-SN, 2025). En febrero de 2006, la Central Única dos Trabalhadores (CUT), la mayor central sindical de América Latina, emitió una declaración de rechazo al propuesto TLC entre el Mercosur e Israel, tras un llamamiento del BDS que advertía que haría a Brasil cómplice del apartheid israelí (Badil, 2007).

En 2010 se creó por primera vez en Brasil y formalmente un grupo de BDS, centrado en la resistencia a la militarización y la campaña en contra de Elbit Systems. El grupo profundizó las alianzas entre la solidaridad con Palestina y los movimientos basados en favelas y quilombos urbanos.9 Simultáneamente, los eventos de Julio Negro10 en Río de Janeiro y San Pablo conectaron la violencia estatal dentro de las periferias de Brasil –caracterizada por policía racista y la injusticia en materia de vivienda– con la ocupación militarizada de Israel en Palestina. En 2014, el movimiento BDS brasileño logró una gran victoria, al detener una propuesta de expansión de la empresa de Elbit en Porto Alegre (Carta Capital, 2019).

Las primeras actividades del BDS dirigidas al sector de la agricultura y el medio ambiente fueron esfuerzos para resistir los intentos de ingreso de Mekorot al mercado brasileño (mencionado anteriormente). En 2009, la CUT lideró una campaña contra un acuerdo entre Mekorot y la distribuidora de agua pública de San Pablo, que involucró a trabajadores de la empresa estatal y también a pequeños agroproductores de la región (CUT, 2009). Unos años más tarde, en 2014, el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB) y el Movimiento de Pequeños Productores (MPA) aunaron esfuerzos para impedir un acuerdo entre Mekorot y el estado de Bahía (Carta Capital, 2019). Más recientemente, la dirigencia del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) vinculó públicamente las demandas de reforma agraria y antiextractivistas a la solidaridad con Palestina, al considerar que ambas son luchas contra la apropiación capitalista y el militarismo. El estudio de International Viewpoint (2024) sobre el MST enfatiza la forma en que el movimiento posiciona su solidaridad como parte de una resistencia anticolonial mundial más amplia.

Los grupos brasileños de BDS favorecen el trabajo en coalición y a menudo colaboran con partidos de izquierda. Por ejemplo, colaboraron con el PSOL (Partido Socialismo y Libertad), que aprobó una resolución en 2018 donde reafirmaba su apoyo al BDS y reclamaba el embargo a las exportaciones militares de Israel destinadas a Brasil, vinculando expresamente las tecnologías israelíes con la represión doméstica (PSOL, 2018).

En 2019, catorce años después de la creación del movimiento BDS, la cobertura de prensa en Brasil destacó sus impactos acumulativos y “victorias” visibles, que han ayudado a normalizar las tácticas del BDS –desinversión empresarial, cancelaciones culturales y debates políticos sobre comercio y cooperación militar– a la vez que señalaba ciclos de reacción (jurídica, diplomática y reputacional) que buscan limitar la incidencia del movimiento (CartaCapital, 2019). Estas dinámicas subrayan el carácter dual del BDS como un proyecto estructurado, arraigado tanto en el derecho internacional y principios antirracistas, como en un repertorio estratégico que apunta a la complicidad institucional y no a los individuos, con el objetivo de trasladar costos e incentivos en los mercados, las universidades, los circuitos culturales y la contratación pública (Misleh, 2016; CartaCapital, 2019).

Las multitudinarias protestas de Julio Negro en San Pablo y Río de Janeiro ya mencionadas, junto con otras protestas similares, también lograron un avance simbólico pero importante al vincular directamente los sistemas de armas de Israel con la vigilancia policial militarizada de las favelas en Brasil. Al replantear la solidaridad con Palestina como algo inseparable de las luchas por la justicia racial, la desmilitarización y la protección ambiental local, estos movimientos amplían su base y ligan la solidaridad internacional a las demandas locales (Martins, 2021).

A pesar de estos avances del movimiento BDS, ya persistían los reveses antes del inicio del genocidio israelí en Gaza en 2023: el TLC entre Mercosur e Israel siguió en vigor, lo que aseguraba a Israel un estatus comercial preferencial, mientras que las exportaciones agroindustriales y petroleras brasileñas continuaban socavando la difusión del boicot. Además, la inercia gubernamental y las presiones políticas hicieron que se estancaran otras medidas legislativas o ejecutivas más abarcativas sobre el asunto, lo que refleja los límites que tienen las victorias de base cuando se enfrentan a intereses económicos y diplomáticos arraigados.

Entonces se desató el genocidio israelí en Gaza. Entre 2023 y 2025, mientras el genocidio se transmitía en directo y a diario por Internet, crecía la visibilidad del movimiento BDS en Brasil. En este contexto, el BDS logró victorias concretas gracias a una serie de movilizaciones y campañas. Como ya se mencionó, en 2024 se suspendió el mayor contrato militar propuesto en los últimos años con Elbit Systems: la compra planificada de obuses por 150-200 millones de dólares. Ese año también se canceló una feria de innovación conjunta en la Universidad Federal de Ceará (UFC), que tenía previsto exhibir la asociación con instituciones israelíes en ámbitos como la gestión del agua y la seguridad alimentaria (Gazeta do Povo, 2024). Y en 2025, la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), la Universidad Federal Fluminense (UFF), la Universidad Federal de Ceará (UFC) y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) cancelaron todos sus acuerdos con universidades israelíes (Folha de São Paulo, 2025b).

Estos logros se dieron en el contexto de un cambio en la opinión pública, según lo confirmaron numerosas encuestas. En junio de 2025, más de 15 000 personas, entre ellas nombres destacados de las artes, la música y la política –como Chico Buarque, Ney Matogrosso y Francisco Rezek– firmaron una petición que exigía sanciones concretas contra Israel, como el embargo militar total y el fin del TLC (Folha de São Paulo, 2025a). En agosto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, anunció por primera vez que Brasil consideraba tomar medidas económicas específicas contra Israel, como la reevaluación del TLC y de las exportaciones de armas.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

La contraofensiva y los grandes desafíos

A pesar de los logros resumidos anteriormente, la resistencia política y las barreras estructurales continúan limitando el avance del BDS en Brasil y la solidaridad con Palestina en general. Entre estas barreras se encuentran las redes de presión sionistas, la inercia gubernamental, la represión legal y la interpretación ideológica de Israel como un socio benigno en la innovación.

Dos importantes grupos de presión sionistas que están activos en Brasil son la Fundación Aliados de Israel (IAF, por sus siglas en inglés) y la Confederação Israelita do Brasil (CONIB). La IAF mantiene un grupo centrado en Brasil integrado por legisladores alineados con bloques evangélicos y conservadores que se dedican a contrarrestar la movilización pro-Palestina en el país. Estos legisladores se oponen a las mociones del BDS y promueven las relaciones con Israel en los foros legislativos (Israeli National News, 2023). Por su parte, la CONIB opera como una mediadora central entre las instituciones comunitarias y los actores estatales, en la defensa del poder blando israelí y el cuestionamiento del discurso crítico, particularmente en los medios de comunicación y el ámbito académico.

Además de participar en amenazas legales y lawfare o guerra jurídica, las redes pro-Israel, como la IAF y la CONIB, buscan definir las críticas a Israel como discurso de odio, al afirmar que las críticas a la política israelí suelen ocultar una intención antisemita, en una estrategia que se utiliza para deslegitimar a los activistas. Para la ley brasileña, el antisemitismo es una forma de racismo y es un delito penal; sin embargo, no existe una definición oficial del término. Los grupos sionistas presionan para que “antisemitismo” se aplique de forma amplia con el fin de suprimir el activismo de solidaridad con Palestina. Y un legislador de derecha presentó recientemente un proyecto de ley que impondría la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que es conocida por ser utilizada como un instrumento de censura de las críticas al régimen israelí. Sin embargo, judíos antisionistas, como los integrantes de Voces Judías por la Liberación (VJL), combatieron la iniciativa y el Gobierno federal terminó por retirarse de la IHRA, de la cual era miembro observador desde 2021, de forma indefinida (Folha de S. Paulo, 2025b).

Si bien –desde que comenzó el genocidio– el presidente Lula ha utilizado un lenguaje diplomático fuerte, que incluyó el retiro del embajador de Brasil ante Israel y la degradación del estatus diplomático de Israel, y aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que está considerando medidas contrarias a ese país, los cambios en la política vigente siguen siendo limitados. El TLC entre Mercosur-Israel sigue operativo y los organismos gubernamentales no han suspendido los principales compromisos militares o comerciales. Mientras tanto, los estados y municipios continúan con la compra de equipos israelíes. Y a pesar de la gran victoria que fue la paralización de la entrega directa de petróleo a Israel en 2025, no se adoptó un embargo formal y continúan los envíos indirectos.

Un motivo que explica este progreso limitado es el hecho de que los legisladores alineados con el sionismo (algunos de ellos aliados del Gobierno) y las élites empresariales siguen presionando a los ministerios brasileños para que se preserven los lazos comerciales entre Brasil e Israel en las áreas de seguridad, agricultura y energía. Un ejemplo es la votación unánime del Senado brasileño en junio de 2025 a favor de establecer el 12 de abril como el Día de la Amistad con Israel, en celebración de los lazos históricos y económicos entre los dos países –durante el genocidio en Gaza (Câmara dos Deputados, 2025). Este fue un mensaje claro a la presidencia, incluso por parte de senadores del propio partido del presidente, tras las fuertes declaraciones de Lula contra las acciones de Israel. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa, que mantiene una coordinación con socios vinculados a Elbit y comercia con mercados israelíes, defendió públicamente su asociación con empresas israelíes y calificó los intentos de detenerlas como «interferencia ideológica» (O Globo, 2024).

Un factor que puede explicar la orientación positiva de las élites brasileñas hacia Israel es la estrategia internacional de promoción de la marca de Israel (mencionada anteriormente), que pone énfasis en la tecnología climática, la innovación agrícola y la cooperación en seguridad. Como parte de esta estrategia, Israel participa en muchas ferias y eventos de innovación en Brasil. En conjunto, esta estrategia permite a Israel exhibirse como socio en el desarrollo brasileño, blanqueando en los hechos sus políticas de ocupación. Estas narrativas repercuten en las élites brasileñas y eclipsan las exigencias de rendición de cuentas.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Hacia adelante: Estrategias para asegurar que Brasil lidere en la defensa de los derechos palestinos

Brasil ocupa una posición fundamental en el panorama de la política exterior de América Latina. Es la mayor economía de América del Sur y una de las 10 principales economías del mundo en 2025. También desempeña un papel importante en los BRICS y en el movimiento por un orden internacional multipolar. El liderazgo histórico de Brasil en el Sur Global y sus profundas conexiones económicas con Israel le otorgan una influencia singular para inclinar la balanza hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, esto requiere una ruptura deliberada con la complicidad estructural, lo que incluye el comercio militar, la agroindustria y las exportaciones de petróleo.

En este contexto, el éxito del movimiento brasileño de solidaridad con Palestina depende de la capacidad de entablar alianzas amplias e interseccionales que unan las luchas urbanas, rurales, ambientales, laborales y antirracistas. Movimientos como el MST, MAB, MPA, el Movimiento Negro Unificado (MNU) y colectivos de favelas demostraron el potencial que tiene vincular la reforma agraria, la justicia en materia de vivienda y la defensa ambiental con la liberación palestina (Tricontinental, 2024). Los sindicatos, las organizaciones feministas, los movimientos negros, las campañas por la justicia climática y las asociaciones estudiantiles también son aliados importantes. Las campañas coordinadas con la participación de estos diferentes actores pueden amplificar el mensaje de que el sistema de apartheid de Israel no es un fenómeno aislado y geográficamente distante, sino que está ligado a las mismas lógicas extractivistas y militarizadas que perjudican a las comunidades marginadas de Brasil.

En particular, es necesario impulsar campañas dedicadas a los acuerdos de defensa y de comercio con Israel. La paralización del acuerdo de artillería ATMOS con Elbit Systems en 2024 demostró el poder de la presión pública y la movilización sindical, y puede servir como precedente para la cancelación de todos los acuerdos de armas con Israel.

El mismo enfoque puede aplicarse en relación con el TLC entre Mercosur e Israel. Brasil debería tomar la iniciativa y cancelar unilateralmente el acuerdo, aun si los socios del Mercosur no lo hacen de inmediato. En paralelo, sindicatos como la FUP y la FNP, en el sector petrolero, y la CUT, deberían continuar ejerciendo su poder económico y negarse a facilitar las exportaciones de petróleo a Israel, así como la cooperación técnica con empresas vinculadas a ese país.

Además, los actores de base deben presionar al Gobierno federal para que pase de la condena retórica a la acción sustancial. En términos prácticos, el movimiento BDS reclamó sistemáticamente la imposición de sanciones y medidas de rendición de cuentas que sean efectivas, legales, proporcionales y diseñadas para apuntar a las estructuras de opresión. Es importante señalar que la adopción de estas medidas es una obligación legal, no una cuestión de discrecionalidad, como afirma hoy prácticamente un consenso de expertos en derecho internacional. En el plano nacional, Brasil debe cumplir con sus obligaciones de derecho internacional, particularmente aquellas derivadas de la Convención sobre el Genocidio, la Convención sobre el Apartheid y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de febrero y julio de 2024, entre otras. En este sentido, son necesarias las siguientes medidas de rendición de cuentas:

  1. Cesar todas las exportaciones de energía al Israel del apartheid.
  2. Anunciar, legislar e implementar un embargo militar total y completo contra Israel, que incluya la exportación e importación de material militar y de doble uso, y el cese inmediato de todos los acuerdos de cooperación militar y de seguridad con Israel.
  3. Cancelar el TLC actualmente en vigor con Israel.
  4. Suspender el acuerdo de viaje sin visa para las y los ciudadanos israelíes y adoptar medidas de verificación para asegurar que las personas que ingresen al país no hayan participado de crímenes de atrocidad.
  5. Fortalecer el compromiso de Brasil con el procesamiento de personas –más allá de su nacionalidad (que incluye a aquellas con doble nacionalidad brasileña-israelí)– sospechosas de haber participado en (incluyendo la incitación a) crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y apartheid.
  6. Unirse al Grupo de La Haya y firmar la declaración del Grupo, para demostrar el compromiso de Brasil con la acción colectiva en defensa del derecho internacional y la protección de los derechos fundamentales.

La implementación de estas medidas representaría no solo el cumplimiento de las obligaciones de Brasil con el derecho internacional, sino también el cumplimiento de su responsabilidad moral de contribuir con los esfuerzos internacionales en defensa de la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho. En particular, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) –que tiene una historia de diplomacia proactiva– en procedimientos legales internacionales relacionados con los crímenes israelíes sentaría un precedente regional que alentaría a otros Gobiernos latinoamericanos a tomar medidas similares. Cabe señalar aquí que Brasil se sumó recientemente al caso de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia contra Israel, amparado en la Convención para la Prevención del Genocidio. Esto representa una victoria para el movimiento pro-Palestina en Brasil, y también aumenta la presión sobre Brasil para actuar y prevenir el genocidio de Israel.

Las estrategias de Israel de greenwashing y de promoción de marca en tecnología de seguridad requieren una impugnación sistemática mediante campañas de educación crítica. En el contexto brasileño, estas iniciativas deberían priorizar la producción de materiales en portugués que examinen críticamente las operaciones de las empresas israelíes, como Netafim y Adama, que lucran con lo que se ha caracterizado de apartheid del agua, mientras se destaca también cómo los relatos de tecnología agrícola funcionan para ocultar y legitimar los procesos de despojo de tierras por parte de los asentamientos de colonos. Además, establecer conexiones expresas entre las tecnologías militares israelíes y las propias prácticas de Brasil en materia de vigilancia y control policial doméstico de activistas y defensores ambientales tiene el potencial de generar una resonancia social más amplia. Al situar estas dinámicas tanto en las luchas urbanas como rurales, estas campañas pueden mejorar la conciencia pública, fortalecer las solidaridades y situar la liberación de Palestina en las luchas actuales de Brasil por la justicia racial, social y ambiental.

Las acciones de universidades, como la Semana del Apartheid Israelí, siguen siendo cruciales, pero también es importante aumentar la proyección hacia los espacios de movimientos sociales. En ese sentido, las campañas visuales en las redes sociales y en los principales centros urbanos deberían enfatizar los relatos interseccionales de resistencia.

Como ya se mencionó, durante la COP30 en Belém, los movimientos de base celebrarán la Cumbre de los Pueblos, que reunirá las voces de movimientos sociales de todo el mundo, entre ellos movimientos y organizaciones palestinas, como el Comité Nacional de BDS (BNC), Stop the Wall, PENGON –Amigos de la Tierra Palestina, Global Energy Embargo for Palestine (GEEP) y Palestinian Institute of Public Diplomacy (PIPD). Durante la Cumbre, estos grupos pondrán a Palestina en la palestra, no solo como un tema abstracto sino también de forma concreta, en cuanto a fortalecer las redes con sindicatos y movimientos por los derechos humanos y ambientales, y generar una solidaridad concreta que aborde las luchas interseccionales. Juntos, dejarán en claro que la liberación palestina es un sine qua non de la justicia climática real.

Conclusión

Brasil tiene ante sí una oportunidad histórica para apoyar a Palestina. Como anfitrión de la COP30 y de la Cumbre de los Pueblos, toda la atención recaerá sobre el Gobierno y la sociedad civil del país, y si tomarán acciones concretas para detener la complicidad con el régimen de apartheid y genocida israelí.

El progreso ya es visible. Los movimientos sociales, desde el MST hasta las asociaciones estudiantiles, han logrado victorias clave: detener los contratos con Mekorot y Elbit, presionar a las universidades para que cancelen ferias israelíes y forzar debates públicos sobre las exportaciones de petróleo y el embargo energético total. Además, la solidaridad sindical ha vinculado la liberación palestina con los derechos laborales y la justicia ambiental, lo que demuestra cuán profundamente se entrelazan estas luchas. Esta interseccionalidad debe ser explorada y ampliada aún más.

Sin embargo, el Estado brasileño aún se mantiene vacilante. A pesar de la poderosa condena de Lula al genocidio israelí en Gaza y del retiro del embajador de Brasil ante Israel, las redes estructurales de cooperación militar, las exportaciones de petróleo y el comercio de la agroindustria permanecen en gran medida intactas. Los grupos de presión sionistas y las élites económicas son obstáculos para una acción de peso. Si las bases no mantienen una presión sostenida, Brasil corre el riesgo de permanecer cómplice. A la vez, las campañas de solidaridad con Palestina no siempre han conseguido el apoyo amplio de la sociedad civil, y algunos movimientos aún ven la solidaridad con Palestina como un tema abstracto y discursivo.

El camino a seguir requiere una mayor organización interseccional; el trabajo constante con los sindicatos, movimientos estudiantiles y grupos ambientalistas y de defensa del territorio; la presión constante sobre el Gobierno; una mayor coordinación regional; y una estrategia de educación pública que desmantele la propaganda israelí.

Brasil tiene tanto la obligación moral como el poder político para ir más allá de la solidaridad retórica. Al acabar de lleno con la complicidad –militar, diplomática y económica– puede ayudar a impulsar un realineamiento regional y avanzar en la campaña mundial para desmantelar el apartheid israelí. Si aprovecha esta oportunidad, Brasil puede convertirse en la voz que lidere en la confrontación del apartheid y el militarismo israelíes, dentro del Sur Global y en foros internacionales, como el BRICS, el Mercosur, la Organización de los Estados Americanos (OEA) e incluso la ONU. Los próximos años determinarán si Brasil elige seguir siendo un facilitador del militarismo o si asume plenamente su papel histórico como defensor de los derechos humanos y el derecho internacional. El futuro de la lucha palestina, y la lucha mayor contra los sistemas de opresión mundial, se definirá en parte por esta elección.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *