MISCELÁNEA 8/08/2025

DEL COMPAÑERO Y MIEMBRO DE ESPAI MARX, CARLOS VALMASEDA.

ÍNDICE
1.El desarme libanés.
2. Guerra, revolución, y esperanza.
3. Más sobre el lucro con el genocidio.
4. Estructura de clases en Georgia.
5. También en Guatemala hubo genocidio.
6. Entrevista a un discípulo de Fanon.
7. La música en la vida de Craig Murray.
8. Sumud.
9. Resumen de la guerra en Palestina, 7 de agosto de 2025.

1. El desarme libanés.

Las cosas van muy mal en el Líbano, donde el gobierno acaba de aprobar una propuesta estadounidense para desarmar a Hezbolá. Os paso un par de artículos. Uno de The Cradle, describiendo lo sucedido, y uno mucho más duro, del periodista Ibrahim Majed, que creo muestra el estado de ánimo en la resistencia, hablando incluso de guerra civil…

https://thecradle.co/articles/beirut-showdown-hezbollah-slams-foreign-project-to-dismantle-resistance

Enfrentamiento en Beirut: Hezbolá critica el proyecto extranjero para desmantelar la resistencia

El Gran Serrallo es escenario de intensos debates sobre un plan liderado por Estados Unidos para desarmar a las facciones de la resistencia, lo que pone de manifiesto las profundas divisiones existentes en el Estado libanés.

Mohamad Shams Eddine

7 DE AGOSTO DE 2025

En una sesión del Consejo de Ministros celebrada a principios de esta semana, el 5 de agosto, en el Gran Serrallo (Palacio de Gobierno), el Gobierno libanés pasó más de cinco horas debatiendo una controvertida propuesta estadounidense para desarmar lo que denomina «armas ilegales», en una referencia apenas velada a Hezbolá y las facciones de la resistencia aliadas. El documento, entregado por el enviado estadounidense Tom Barrack, se puso sobre la mesa para su debate, lo que provocó una inmediata y acalorada respuesta.

El presidente libanés, Joseph Aoun, abrió la sesión instando a los ministros a aceptar lo que denominó «compromiso positivo» con las exigencias internacionales, que, según afirmó, restablecería la confianza extranjera y desbloquearía el apoyo económico.

A continuación, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, presentó el documento estadounidense, que rechazaba de plano la iniciativa nacional del presidente del Parlamento libanés y líder del Movimiento Amal, Nabih Berri, calificándola de «nada más que un medio para reducir las diferencias» y pidiendo en su lugar un plan de desarme firme y con plazos concretos.

La propuesta estadounidense obligaba al ejército libanés a comenzar el desarme de los actores no estatales a finales de agosto y a completar la operación en un plazo de 90 días, con el apoyo logístico de Estados Unidos, Francia y varios Estados árabes.

El Consejo de Ministros del Líbano reanudó hoy, jueves 7 de agosto, sus sesiones y dedicó una parte importante a debatir la controvertida cuestión del «control exclusivo de las armas». La medida provocó fuertes objeciones por parte de Hezbolá y su aliado, el Movimiento Amal, liderado por el presidente del Parlamento, Nabih Berri. Desde el martes, se han sucedido las reacciones políticas y populares tras la decisión del Gobierno de dar al ejército libanés hasta finales de este mes para presentar un mecanismo de recogida y regulación de todas las armas en territorio libanés, cuya aplicación está prevista para finales de año.

«No podemos hablar de las armas de la resistencia»

Durante la sesión de hoy, el ministro de Trabajo libanés, Mohammad Haidar, refiriéndose a la propuesta del enviado estadounidense Tom Barrack, dijo: «Yo soy una de esas personas, ¿cómo puedo mirar a la madre de un mártir o a un joven que vive en la angustia existencial y decirle que debe renunciar a la única garantía que le protege?». Haidar hizo hincapié en que cualquier debate sobre las armas de la resistencia es prematuro sin la retirada de Israel, el regreso de los prisioneros, el fin de los ataques y un proceso de reconstrucción serio. Se negó a asumir la responsabilidad de cualquier decisión que dejara al pueblo con la sensación de abandono o de trato injusto.

El ejército en alerta máxima

Anticipándose a los disturbios o movilizaciones populares, en particular entre los partidarios de Hezbolá y Amal y los residentes del este de Beirut, el ejército libanés se desplegó en los principales puntos conflictivos para evitar cualquier escalada o enfrentamientos sectarios. Simultáneamente, el ejército israelí anunció que había atacado posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano, con objetivos específicos en depósitos de armas y lanzaderas de cohetes.

Israel sigue ejerciendo presión sobre Hezbolá para que desarme, mientras que el Gobierno libanés ha encargado al ejército la elaboración de una hoja de ruta para alcanzar este objetivo.

La propuesta estadounidense y sus controvertidas enmiendas

Fuentes cercanas al presidente del Parlamento, Nabih Berri, informaron al periódico Asharq al-Awsat de que el Gobierno libanés había recibido una tercera versión modificada de la propuesta estadounidense redactada por el enviado Tom Barrack. Según se informa, se centra en tres cuestiones fundamentales: la situación de seguridad con Israel, la frontera entre el Líbano y Siria y un calendario para el desarme.

Berri expresó su consternación por lo que describió como un cambio drástico en el lenguaje de la propuesta. «El problema radica en la diferencia entre la segunda y la tercera versión… ha ido de mal en peor». Según las fuentes, los ministros chiítas asistieron a la segunda sesión del Consejo de Ministros específicamente «para advertir sobre los peligros del documento», que, según ellos, amenaza los intereses económicos y soberanos del Líbano.

Hezbolá: «No desarmaremos ni aceptaremos dictados extranjeros»

En una dura reprimenda, el bloque parlamentario de Hezbolá, el «Bloque de Lealtad a la Resistencia», emitió un comunicado enérgico tras su reunión semanal. El grupo declaró que el Líbano está atravesando «una de sus fases más peligrosas» debido a la ofensiva estadounidense-israelí y acusó al Gobierno de sucumbir a «dictados extranjeros» mientras socava la única fuerza disuasoria disponible contra la agresión.

El bloque advirtió de que el respaldo de Salam a la propuesta de Barrack equivale a una traición a la declaración política del Gabinete y al juramento del presidente. «Cualquier intento débil de manipular las armas de la resistencia es un regalo para el enemigo israelí», afirma el comunicado, que insta al Gobierno a reconsiderar su postura y a formular una estrategia de seguridad nacional integral antes de reabrir el expediente de las armas.

Un doble mensaje de Berri y una negación

Un informe publicado por el medio de comunicación libanés Al-Modon desató la polémica al citar fuentes cercanas a Berri que pedían «realismo» y advertían contra presionar demasiado para hacer cumplir la decisión del Gobierno. La oficina del presidente del Parlamento negó rápidamente las declaraciones, calificándolas de «inventadas» e insistiendo en que las posiciones de Berri no se comunican a través de fuentes anónimas o visitantes.

Sin embargo, los observadores políticos interpretaron la negación como un «mensaje suave», que indica la disposición de Berri a explorar compromisos entre bastidores, a pesar de su oposición pública al enfoque actual.

Fuentes de Hezbolá advierten de una escalada

En declaraciones a The Cradle, fuentes de Hezbolá afirmaron que la decisión del Gobierno «es imposible de aplicar» y añadieron que el grupo está «preparado para cualquier enfrentamiento, incluso hasta la muerte». Las fuentes advirtieron de que el partido tiene información de que actores extranjeros están suministrando armas a facciones libanesas rivales en un momento en que se pide a Hezbolá que se desarme, lo que calificaron de «contradicción profundamente sospechosa».

El panorama político y de seguridad del Líbano se encuentra ahora en una encrucijada crítica. Desde la escalada de la seguridad hasta las divisiones políticas, la desconfianza es profunda entre las partes interesadas. Las presiones externas siguen aumentando y la sesión de hoy del Consejo de Ministros puede marcar un punto de inflexión crucial, ya sea hacia una calma frágil y condicional o hacia una implosión política más amplia que podría extenderse a las calles.

Soberanía frente a sumisión: el gabinete se divide

Durante la sesión del martes, el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nassereddine, encabezó la ofensiva contra el dictado estadounidense, calificándolo de violación flagrante de la soberanía del Líbano. Defendió la propuesta de Berri como una vía realista basada en el consenso interno y advirtió contra la posibilidad de colocar al ejército en una posición imposible. «¿Debemos confiar al ejército la tarea del desarme cuando ni siquiera le proporcionamos un plan de armamento integral?», preguntó.

Por el lado opuesto, el ministro de Justicia, Adel Nassar, argumentó que era hora de poner fin a la «lógica de la excepción» y advirtió que la tolerancia continuada de las armas fuera del marco estatal llevaría al Líbano al aislamiento total. El ministro Hanin Sayyed se hizo eco de este sentimiento y afirmó que un nuevo retraso atraparía al Líbano en un «círculo vicioso de crisis».

En un intento por salvar las diferencias, la ministra de Medio Ambiente, Tamara el-Zein, propuso un diálogo nacional por fases que diera lugar a una estrategia de defensa integral, inclusiva de todas las partes y diseñada para salvaguardar la seguridad nacional.

La declaración final agrava las tensiones y los ministros abandonan la sala

A pesar de los intentos de compromiso, la sesión terminó con la lectura por parte del primer ministro Salam de una declaración en la que se encargaba al ejército libanés la elaboración de un plan de desarme que se presentaría al Consejo de Ministros a finales de agosto y se aplicaría antes de finales de año. La medida provocó una reacción inmediata. El ministro de Desarrollo Administrativo, Fadi Makki, se opuso al calendario por considerarlo prematuro, señalando que el plan se estaba ratificando sin que se tuviera clara la capacidad real del ejército.

Aclarando su posición, el ministro Mekki se explayó más tarde en X, escribiendo:

«Mi postura se basa en la firme convicción de que estas discusiones deben llevarse a cabo con calma y responsabilidad, de manera que se salvaguarden los intereses de todos los libaneses, se protejan sus legítimas preocupaciones y se respete la declaración ministerial a la que nos comprometimos, relativa a la extensión de la autoridad del Estado sobre todos sus territorios y la restricción de la posesión de armas a sus fuerzas legítimas, a cambio del cese de las hostilidades israelíes, la retirada total de los territorios ocupados y la devolución de los prisioneros».»

Tanto Nassereddine como Zein abandonaron la reunión en señal de protesta, denunciando la decisión como una «emboscada contra el consenso nacional» y una «adopción implícita de la agenda estadounidense».

Hezbolá responde: Se trata de un proyecto extranjero

En respuesta, Hezbolá emitió un comunicado en el que condenaba al primer ministro Salam por cometer «un grave pecado al adoptar una decisión que despoja al Líbano de las armas de resistencia contra el enemigo israelí. Esto debilita la fuerza y la posición del Líbano frente a la agresión estadounidense-israelí en curso y concede a Israel lo que no logró durante su asalto al Líbano».

Círculos cercanos a Hezbolá informan a The Cradle de que el movimiento consideraba que Salam actuaba como «portavoz extranjero» y que su discurso no tenía en cuenta los equilibrios internos ni las particularidades de la situación actual. Los círculos describen la decisión de asignar al ejército sin consenso nacional como «una amenaza al mandato y un peligro para la propia institución del ejército».

Las fuentes añaden que el partido habría preferido que la declaración final incluyera una referencia a una estrategia de defensa nacional que preservara la resistencia y regulase su relación con el Estado, en lugar de proceder a un «desmantelamiento delirante del arsenal».

Carta Nacional o ruptura interna: Hezbolá establece su línea roja

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, dejó clara la posición del partido al afirmar que «la cuestión de las armas es una cuestión de Carta Nacional que solo puede decidirse por consenso nacional, al igual que la modificación de la Constitución». Los círculos del partido interpretaron esta posición como un mensaje directo al Gobierno y al ejército de que «cualquier medida unilateral provocará una explosión interna».

«Al igual que el sistema sectario no puede modificarse sin consenso, las armas no pueden modificarse sin un consenso nacional amplio. Cualquier decisión tomada por votación es nula y sin efecto según la Constitución y no vincula al partido a nada», afirman fuentes del partido a The Cradle.

Aoun actúa con cautela ante las tensiones internas del ejército

Fuentes cercanas al palacio de Baabda revelan a The Cradle que el presidente Aoun está manejando el asunto con cautela deliberada, en estrecha consulta con el presidente del Parlamento, Berri, para asegurarse cobertura política. Argumentan que situar al ejército al frente de una estrategia de defensa no significa ponerlo en confrontación directa con la resistencia, sino empoderarlo para articular una visión de la seguridad compatible con la estabilidad interna.

Según fuentes bien informadas, Hezbolá transmitió a Aoun una posición concreta cuando el jeque Qassem indicó que «la decisión sobre la guerra y la paz está en manos del Estado». Se trata de una concesión poco habitual que, si se aprovecha con inteligencia, podría afianzar el consenso nacional.

Sin embargo, las mismas fuentes advirtieron que utilizar esta postura para presionar a la resistencia podría fracturar al ejército: «Cualquier intento de utilizar esta posición como herramienta de presión podría provocar una división dentro del propio ejército, sobre todo teniendo en cuenta que un tercio de sus efectivos procede de la comunidad de la resistencia».

Cuestión interna, no asunto exterior

Fuentes de Hezbolá afirman que «la cuestión es libanesa por excelencia y debe seguir siéndolo. Las potencias extranjeras no tienen una solución mágica, solo buscan sus propios intereses. En cuanto a quienes apuestan por un papel estadounidense o francés para resolver la cuestión de las armas, están delirando y no comprenden la dinámica de los equilibrios internos».

Las fuentes subrayan que la amenaza de internacionalizar la cuestión o convertirla en un conflicto entre el ejército y la resistencia «no prosperará», y describen a quienes adoptan este enfoque como «ingenuos o implicados en un proyecto para derrocar al Estado».

«Tenemos un arsenal capaz de resistir una guerra de tres años, según las estimaciones de nuestros enemigos. Pero no queremos la guerra, queremos la colaboración nacional. Nos negamos a que el ejército se convierta en un adversario o en una herramienta. El diálogo es la única vía, y aún hay tiempo para corregir los errores».

El momento de la verdad para el Líbano

El Estado está profundamente fracturado: un Gobierno impulsado por agendas externas, una presidencia que maniobra entre polos rivales, un primer ministro que se hace eco de las exigencias extranjeras y un movimiento de resistencia que traza una línea firme en torno a la soberanía y la doctrina de seguridad del país.

El enfrentamiento ya no se limita a las armas. Se trata de quién define el Estado libanés, quién lo protege y a quién sirve en última instancia. Cualquier intento de imponer una solución unilateral a la cuestión de las armas no solo violará el tejido constitucional, sino que corre el riesgo de desencadenar una implosión de la que ninguna institución saldrá indemne.

https://x.com/ibrahimtmajed/status/1953014206065709410

Un regalo envuelto en traición

En un momento de imprudencia histórica, el Gobierno libanés ha dado un paso que no será recordado como un acto de soberanía, sino como un acto de rendición. Bajo la ilusión del interés nacional y a la sombra de la influencia extranjera, los dirigentes libaneses pueden haberle entregado a Israel el regalo que siempre había deseado, pero que nunca pudo conseguir por sí solo: una guerra civil en el Líbano y la confrontación directa entre el ejército y la resistencia.

Calcular mal el momento: la suposición fatal del primer ministro
Tras el asesinato de Sayyed Hassan Nasrallah, el nuevo primer ministro libanés parece creer que Hezbolá ha quedado fatalmente debilitado.

Esta lectura errónea de la situación le ha envalentonado para perseguir una agenda israelí-saudí-estadounidense de larga data: la neutralización de la única fuerza disuasoria eficaz del Líbano contra la agresión israelí.

En lugar de esperar a los hechos o comprender la profundidad y la resistencia de la estructura de la resistencia, el primer ministro asumió el caos y trató de atacar.

Desarme por parte del Gabinete: el plan que nunca debería haberse redactado

A petición del primer ministro, se encargó al ejército libanés la elaboración de un plan para desarmar a la resistencia, una medida sin precedentes en la historia reciente del Líbano.

El plan no surgió de los intereses de seguridad nacional libaneses, sino de la presión externa.

El mero hecho de que se esté debatiendo una propuesta de este tipo a nivel del Gabinete supone cruzar una línea roja peligrosa.

El mero hecho de legitimar el debate sobre el desarme de Hezbolá, mientras Israel sigue ocupando territorio libanés y viola a diario la soberanía libanesa, es en sí mismo una traición a las prioridades nacionales y un regalo al enemigo.

Siguiendo el guion: la agenda saudí-estadounidense-israelí en Beirut

No se equivoquen: este no es un plan libanés.

Es un guion extranjero, escrito en Tel Aviv, pulido en Riad y respaldado en Washington.

El primer ministro, voluntariamente o bajo presión, se ha alineado con fuerzas que nunca se han preocupado por la soberanía o la unidad del Líbano.

Este trío formado por Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos lleva mucho tiempo tratando de eliminar a Hezbolá de la ecuación, sabiendo muy bien que la resistencia sigue siendo el único freno real a la expansión israelí y al dominio regional.

Una marcha hacia la guerra civil

Al plantear la cuestión del desarme, el Gobierno está arrastrando al país hacia el abismo de la guerra civil.

La resistencia no es solo una fuerza militar, está profundamente arraigada en las comunidades, en la historia, en la sangre derramada en defensa del Líbano.

Intentar desmantelarla por la fuerza o por decreto no traerá la paz, sino que desencadenará un conflicto interno del que el Líbano podría no salir vivo. La guerra civil no es consecuencia del sectarismo, es el resultado de la traición política.

Una línea en la arena: la resistencia responderá

La resistencia ha dejado clara su postura: el desarme no se producirá, ni por decisión ni por la fuerza, es una cuestión constitucional y forma parte del consenso libanés.

Cualquier intento de debilitar la resistencia será considerado como lo que es: colaboración con el enemigo.

Quienes lleven a cabo la agenda israelí, independientemente de la bandera que enarbolen, serán tratados como herramientas de Israel.

La resistencia no distinguirá entre la mano que aprieta el gatillo y la que carga el arma.

Un Gobierno en guerra con su propio escudo

En un momento en que el Líbano necesita unidad y defensa, su Gobierno opta por la división y el desarme.

Israel no pudo derrotar a la resistencia en la guerra, por lo que ahora observa con satisfacción cómo los funcionarios libaneses hacen el trabajo por ellos.

Si este plan continúa, la historia juzgará a este Gobierno no como uno que protegió al Líbano, sino como uno que lo traicionó.

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2. Guerra, revolución, y esperanza.

Primera parte de una serie de Boaventura de Sousa Santos sobre el futuro, que él ve de guerra y revolución por el hundimiento de los cuatro instrumentos con los que se habían evitado después de la II Guerra Mundial: reforma social, democracia, fin del colonialismo histórico y derecho internacional.

https://znetwork.org/znetarticle/war-revolution-and-the-future-of-hope-part-1/

Guerra, revolución y el futuro de la esperanza — Parte 1

Por Boaventura de Sousa Santos, 6 de agosto de 2025

Introducción

La historia nos enseña que las grandes transformaciones sociales siempre se han producido a raíz de dos tipos de convulsiones sociales traumáticas: la guerra y la revolución. Aunque la secuencia entre la guerra y la revolución varía, ambas convulsiones sociales tienden a producirse en el mismo proceso histórico de gran transformación social, especialmente desde principios del siglo XX. Al final del proceso histórico, quedará claro que ni la guerra ni la revolución por sí solas podrían explicar la transformación que se ha producido. Tanto la guerra como la revolución son productos humanos y, como tales, están sujetas al riesgo y la incertidumbre, a la posibilidad y la ambigüedad del éxito y el fracaso, a una mezcla de pasión y razón, animalidad y espiritualidad, al deseo de ser y no ser, a experiencias de desesperación y esperanza. Tanto en la guerra como en la revolución, el sentido de la historia discurre en paralelo al absurdo de la historia, y sus fracasos siempre circulan en el subsuelo de sus éxitos.

La guerra y la revolución son tan complejas y adoptan tantas formas que quienes quieren promoverlas rara vez logran lo que se proponen, y quienes quieren impedirlas rara vez pueden hacerlo de manera eficaz o sin autodestruirse. El trauma social que causan proviene de la violencia abrupta que implican, que puede ser destructiva para las vidas y las instituciones, y a menudo para ambas. La diferencia entre la guerra y la revolución es más visible en sus antídotos. El antídoto contra la guerra en la era contemporánea es la paz, mientras que el antídoto contra la revolución es la contrarrevolución. Los antídotos revelan el carácter de las fuerzas sociales implicadas tanto en la guerra como en la revolución. Quienes desean la paz son las clases sociales que más sufren la guerra. Quienes mueren en las guerras son los soldados y los ciudadanos inocentes, no los políticos que las deciden ni los generales que las dirigen. Tanto los soldados que eligen la guerra o se ven obligados a luchar en ella como los ciudadanos inocentes más vulnerables al riesgo de muerte pertenecen a las clases sociales históricamente menos privilegiadas, miembros de las clases trabajadoras, como los campesinos y los obreros. Por el contrario, quienes quieren la guerra son las clases sociales que corren menos riesgo de sufrir la destrucción que puede causar y las que más se benefician de lo que sigue a la destrucción. Quienes promueven la contrarrevolución son las clases sociales minoritarias poderosas que más se benefician del statu quo que la revolución pretende destruir. Por el contrario, quienes promueven la revolución son los grupos y clases sociales explotados, oprimidos y discriminados que, a pesar de ser mayoría, no encuentran otro medio que la revolución para poner fin a la injusticia de la que son víctimas.

Tanto la guerra como la revolución son formas extremas de lucha de clases, que constituyen una lucha abierta entre la vida y la muerte. Pero mientras que la guerra implica la muerte de la mayoría para defender la vida de la minoría, la revolución implica la muerte de la minoría para defender la vida de la mayoría. Las fuerzas sociales y políticas que promueven la guerra son las mismas que promueven la contrarrevolución. Por el contrario, las fuerzas sociales y políticas que promueven la revolución también promueven la paz, aunque esto pueda implicar la guerra contra las minorías (la llamada guerra revolucionaria que marca muchas de las trayectorias políticas de liberación en el Sur global).

La naturaleza traumática de la guerra y la revolución es aún más problemática si se tiene en cuenta que rara vez se desarrollan según lo previsto o alcanzan los resultados deseados, por profundas que sean las transformaciones sociales que hacen posibles. La aparente necesidad que empuja a los pueblos a la guerra o a la revolución acaba provocando la contingencia más caótica. Por eso, las fuerzas sociales que promueven cualquiera de ellas enfatizan la necesidad y ocultan la contingencia, justificándolas como último recurso frente a otros recursos que podrían garantizar la transformación social sin guerra ni revolución.

En la época moderna y contemporánea, la distribución social del destino de la vida y la muerte se ha decidido según dos modos principales de dominación: el capitalismo y el colonialismo. Se trata de dos modos diferentes, pero están tan entrelazados que uno no puede existir sin el otro. En términos marxistas, esto significa que la llamada acumulación primaria o primitiva es un componente permanente del capitalismo. Se trata siempre de una acumulación violenta que implica destrucción y muerte causadas por poderes que basan su superioridad en la degradación ontológica de sus víctimas, tratadas como subhumanas. Históricamente, estas víctimas han sido los siervos, los esclavos, las razas o castas consideradas inferiores y las mujeres. La diferencia ontológica legitima el ejercicio arbitrario del poder superior. El colonialismo encarna la dimensión ineradicable del identitarismo que existe en toda lucha de clases.

La era moderna y contemporánea ha sido un periodo fértil para las guerras y las revoluciones. Pero quizá por esta misma razón, también fue un periodo en el que se invirtió la mayor parte de la energía política e institucional en prevenir tanto la guerra como la revolución. Los principales instrumentos fueron la reforma social, la democracia, el fin del colonialismo histórico y el derecho internacional, todos ellos basados en supuestos epistémicos y políticos que dominaban el Norte global. Se trataba de instrumentos diseñados para reducir la polarización entre las minorías poderosas y las mayorías impotentes, y entre el Norte global y el Sur global, sin poner en peligro la continuidad del capitalismo colonial.

La reforma social tenía como objetivo mitigar la desigualdad económica y social entre las clases sociales mediante la creación de clases intermedias (las clases medias) que no tenían nada que ganar con la guerra o la revolución.

La democracia tenía como objetivo reducir las diferencias de poder político y cultural para hacer plausible la coexistencia pacífica, transformando a los enemigos a eliminar en adversarios políticos a derrotar mediante la argumentación ideológica (la opinión pública) y la participación política (es decir, las elecciones).

El fin del colonialismo histórico tenía como objetivo poner fin a la ocupación territorial de un país determinado por una potencia extranjera. Su objetivo no era acabar con el colonialismo, que, como he mencionado, es inherente a la dominación capitalista, sino solo con su versión más violenta, que había prevalecido durante los últimos cinco siglos, con especial intensidad desde la Conferencia de Berlín de 1884-85. El colonialismo es cualquier relación social basada en la degradación ontológica de una de las partes, ya sea un ser humano, un grupo social o un país. Esta degradación implica que una parte de la humanidad es considerada subhumana y tratada como tal. La creación de la subhumanidad tiene como objetivo legitimar todo tipo de poder arbitrario y violento, ya sea la hiperdevaluación del trabajo, los contratos y tratados desiguales, la discriminación, el epistemicidio o el exterminio.

Finalmente, el derecho internacional tenía como objetivo crear una coexistencia pacífica entre países rivales a través de normas, tratados y convenciones aplicados por un interés mutuo en respetarlos (multilateralismo). Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo imperativo que, para que el derecho internacional funcionara mínimamente y evitara la guerra, fuera necesario el respeto, al menos aparente, de los derechos humanos, lo que a su vez implicaba que la coexistencia democrática debía prevalecer internamente y disminuir el atractivo de la revolución, y que las relaciones internacionales debían regirse por un orden que respetara la soberanía nacional de todos los países, incluidos los que se estaban liberando del colonialismo. Las dictaduras, al igual que el colonialismo histórico, dejaron (¿temporalmente?) de tener legitimidad política.

Cada vez que estos recursos fallaban, los pueblos iniciaban su marcha sonámbula hacia la guerra y la revolución. Una marcha sonámbula porque la propaganda dominada por quienes tienen el poder de destruir la paz y promover la contrarrevolución siempre consigue imponer la ideología de que quiere evitar la guerra y mostrar el carácter innecesario, si no obsoleto, de la revolución. Esto no ha impedido que el camino de la revolución continúe bajo tierra en su marcha hacia la guerra.

¿Dónde estamos?

Hay señales cada vez más claras de que nuestra época marca la aceleración de la marcha hacia la guerra y la revolución. Estamos asistiendo al colapso de los cuatro instrumentos que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han garantizado la imposibilidad o la innecesariedad de la guerra y la revolución como únicos medios de transformación social. Y, como era de esperar, el poder dominante habla cada vez más de guerra, supuestamente para garantizar la paz, con la arrogancia de quien sabe que puede destruir las voces que denuncian el engaño. Y cada vez es más eficaz en ocultar la marcha clandestina de la revolución, desacreditando como obsoletas o subversivas a aquellas fuerzas que insisten en hablar de dominación capitalista-colonialista y en transformar la creciente polarización social en una cuestión de seguridad nacional y de refuerzo de la represión policial.

La reforma social

La reforma social se basaba en la idea de una transformación social progresiva, gradual y pacífica, que respetaba el marco legal mientras luchaba por transformarlo dentro de los límites constitucionales. Así surgieron los derechos económicos y sociales de las clases trabajadoras, que les permitieron, por primera vez en la historia, planificar su vida y la de sus familias y comprar los productos que ellas mismas producían.

Es evidente que el brillo de la idea reformista se ha desvanecido. La desigualdad social aumenta en cada país, mientras que la idea de sus causas sociales y políticas desaparece; la riqueza extravagante de una minoría cada vez más restringida se exhibe sin vergüenza; reina la indiferencia ante la austeridad y la pérdida de ingresos impuesta a la mayoría; hay personas pobres que merecen filantropía, pero no hay clases ni grupos sociales empobrecidos por la violación o la erosión de sus derechos sociales; la culpa individual y el éxito personal tienen más poder explicativo que la responsabilidad social y política por la desgracia de muchos y las condiciones sociales y políticas ofrecidas para el éxito de otros; la inversión en el bienestar de los ciudadanos, las familias y las comunidades es un costo social cada vez más insoportable, y los impuestos necesarios para garantizarlo se consideran un mal social que debe minimizarse; el mundo siempre ha sido injusto, y el nuestro es el menos injusto de todos los anteriores; los partidos políticos que nacieron en oposición a la revolución en nombre de la superioridad civilizatoria del reformismo se han rendido a los argumentos de sus antiguos adversarios de la derecha (en el peor de los casos, se han vendido al dinero de sus adversarios); La religión reconfortante que garantiza la salvación en el más allá prevalece sobre la inquietante religión que da prioridad a los pobres y oprimidos y a su liberación en este mundo. Este es el cruel retrato del contrarreforma en el que vivimos.

Democracia

En su forma original, la democracia es la soberanía popular a través del gobierno de la mayoría en beneficio de la mayoría. A lo largo de la historia, ha adoptado muchas formas diferentes, pero hasta la consolidación del capitalismo-colonialismo como forma de dominación, siempre fue un régimen político condenado al ostracismo porque se consideraba peligroso: las mayorías, consideradas ignorantes, serían incapaces de gobernar con sabiduría. Con la consolidación del capitalismo-colonialismo, la democracia adoptó una forma dominante que llamamos democracia liberal: sufragio universal, aunque inicialmente muy restringido; pluralidad de partidos que aceptan las reglas del juego democrático; libertad de expresión; elecciones libres. Aceptar las reglas del juego democrático significaba respetar dos principios fundamentales. En primer lugar, abandonar la revolución en favor del reformismo. En segundo lugar, no cuestionar los fundamentos de la dominación capitalista-colonialista. Para ello, el juego democrático se restringió a una dimensión de la vida social, que se designó como política. Todas las demás dimensiones quedaron fuera de este juego y solo estaban sujetas a sus consecuencias: el espacio-tiempo de la producción, la familia y la vida comunitaria se consideraban ajenos al mundo político. Por eso he sostenido que la democracia liberal logró establecerse políticamente como una isla democrática en un archipiélago de despotismos.

Por otra parte, partiendo de la hipótesis de que existía una contradicción fundamental entre la acumulación capitalista-colonialista y la soberanía popular, la democracia liberal decidió regularla (no resolverla) separando dos universos de valores: el universo de los valores que tienen un precio y, por lo tanto, pueden comprarse y venderse (los valores económicos, las mercancías u otros productos tratados como tales, por ejemplo, la tierra y el trabajo) y el universo de los valores que no tienen precio y, por lo tanto, no pueden comprarse ni venderse (las convicciones políticas e ideológicas). Para garantizar la separación de los dos universos de valores, se consideraron esenciales dos condiciones: la financiación pública o altamente regulada de los partidos políticos; y la prevención de la inversión en otros ámbitos económicos por parte de quienes invertían en el periodismo, considerado el instrumento privilegiado para formar la opinión pública.

Durante los últimos 150 años, la democracia liberal ha funcionado para un pequeño grupo de países (los países centrales del sistema mundial, que ahora llamamos el Norte global) porque, como explicaba la teoría, se necesitaban ciertas condiciones socioeconómicas para que la democracia liberal fuera viable, a saber, la urbanización y la reforma agraria para eliminar la renta de la tierra, y la aparición de clases medias cuya posición socioeconómica impidiera la polarización social entre las mayorías explotadas y oprimidas y las minorías explotadoras y opresoras. Solo así la democracia liberal podía «regular» los excesos «naturales» de la acumulación capitalista-colonialista. Esa regulación requería la intervención del Estado en la economía y una fiscalidad progresiva. Los dos objetivos principales eran lograr cierta redistribución social a favor de las clases trabajadoras y evitar el retorno del rentismo parasitario que había dominado la era feudal en el contexto europeo.

Todo cambió en la década de 1980 sin que la mayoría se diera cuenta de por qué esto era impedido por el control de los medios de comunicación por parte de la clase dominante, que estaba consolidando su poder en ese momento. Así es como el neoliberalismo se convirtió rápidamente en la versión dominante del capitalismo colonial. En respuesta a una crisis estructural de la acumulación capitalista (que comenzó con la primera crisis del petróleo en 1973), el objetivo central del neoliberalismo era invertir el movimiento de redistribución social que había prevalecido hasta entonces, al menos en teoría. Se trataba ahora de permitir la transferencia masiva de ingresos de los más pobres a los más ricos, es decir, de las clases trabajadoras y medias a la clase capitalista, especialmente a su fracción más depredadora: el capital financiero.

Esto significaba una incompatibilidad total con la democracia. Para disimular esta incompatibilidad sin recurrir a golpes de Estado y dictaduras —que habían perdido su atractivo popular debido al recuerdo de los horrores que habían causado—, era necesario subvertir los principios y las condiciones de la democracia liberal. La separación entre el universo de los valores políticos inestimables y el universo de los valores económicos con un precio se eliminó gradualmente mediante cambios en las leyes electorales que permitían una financiación potencialmente ilimitada de los partidos políticos. La política se convirtió rápidamente en un universo donde todo se puede comprar y vender. La corrupción se convirtió en una parte estructural del sistema político, y la lucha contra la corrupción pasó a ser parte integrante de ese sistema. Como resultado, la democracia dejó de pretender regular los «excesos» del capitalismo y pasó a estar regulada por ellos. Del mismo modo, la democracia ya no requería condiciones socioeconómicas para ser viable y se convirtió en la condición para todas las sociedades, independientemente de sus características socioeconómicas. Así fue como se impuso a nivel mundial como condición por parte de las instituciones financieras multilaterales, en particular el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, más tarde, la Organización Mundial del Comercio.

A la luz de los criterios estructurales que sustentaban la democracia liberal, ahora vivimos en un período posdemocrático. Vivimos en sociedades cada vez más autocráticas, en las que los países con mayor poder económico y financiero tienen el privilegio mediático de autodenominarse democráticos y de calificar de autocráticos a los países rivales o a aquellos que aún no han sido explotados. Todo tipo de antidemócratas (fascistas, populistas, caudillistas, fanáticos religiosos) pueden ahora ser elegidos democráticamente. Por estas razones, el segundo instrumento o recurso para prevenir el extremismo de la guerra y la revolución se está derrumbando, si es que no lo ha hecho ya.

El fin del colonialismo histórico

El fin del colonialismo histórico no fue un regalo desinteresado de las potencias coloniales. Fue el resultado de la lucha de los pueblos colonizados que lucharon contra los invasores europeos durante siglos. Dio la casualidad de que la devastación de vidas inocentes causada por la Segunda Guerra Mundial, incluidas las de los pueblos colonizados que no tenían nada que ver con las rivalidades imperialistas que estaban en el origen de la guerra, creó un entorno internacional más favorable al éxito de las luchas de liberación. Curiosamente, estas luchas implicaban un debate sobre los medios que debían favorecerse para lograr la liberación, lo que planteaba una alternativa entre la guerra/revolución (lucha armada) y la negociación pacífica. Los debates entre quienes defendían la primera alternativa, entre los que destacaba Frantz Fanon, y quienes defendían la segunda, entre los que se encontraban Leopold Senghor, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere y Eduardo Mondlane, se hicieron famosos en el mundo anticolonial de los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, muchos de los que defendían la segunda alternativa reconocían que, si fracasaba, habría que recurrir a la primera. También se prepararon para una combinación de ambas opciones.

Por parte de las potencias coloniales, la represión de la lucha anticolonial fue siempre violenta. En algunos casos, la violencia fue tan severa que la lucha por la liberación abrazó plenamente la opción de la guerra o la revolución. Los casos más significativos fueron la guerra de liberación de Argelia contra el colonialismo francés, la guerra de liberación de Kenia contra el colonialismo británico y las guerras de liberación de Guinea-Bissau, Angola y Mozambique contra el colonialismo portugués.

Independientemente de los medios con los que se logró la liberación, los nuevos países se dieron cuenta de que la independencia que habían conquistado era muy parcial. Estaba fuertemente condicionada por las relaciones internacionales que caracterizaban el sistema mundial moderno, en particular en lo que respecta a las relaciones entre los países centrales y periféricos. La independencia era un fenómeno político que tenía que coexistir con diversos tipos de dependencia económica, financiera y militar. Esta cuestión fue identificada desde el principio, con diferentes matices, por algunos de los fundadores de los nuevos países, desde Kwame Nkrumah hasta Leopold Senghor, desde Amílcar Cabral hasta Julius Nyerere, desde Patrice Lumumba hasta Jomo Kenyata, desde Ahmed Ben Bella hasta Habib Bourguiba, desde Samora Machel hasta Sam Nujoma. Las consecuencias negativas de una independencia incompleta se hicieron más visibles y graves con el paso de los años: relaciones internacionales dependientes, perpetuación de tratados desiguales, saqueo de los recursos naturales y creciente sometimiento financiero y militar.

La conciencia teórica crítica de las limitaciones de la independencia política adoptó diferentes formas: el neocolonialismo y la obra de Frantz Fanon en la década de 1960, la teoría de la dependencia en la década de 1970, los estudios poscoloniales en la década de 1980, los estudios descoloniales en la década de 1990 y las epistemologías del Sur en la década de 2000. Todas estas perspectivas han evolucionado en las décadas posteriores. Todas ellas comparten la idea central de que la independencia política puso fin a una forma específica de colonialismo, el colonialismo histórico, pero que el colonialismo continuó bajo otras formas e incluso se intensificó. De hecho, ni siquiera el fin del colonialismo histórico fue total, como pueden atestiguar de forma especialmente cruel los pueblos palestino y saharaui. Y desde el comienzo del milenio, hemos sido testigos de la intensificación del colonialismo en múltiples formas: el saqueo de los recursos naturales, los tratados desiguales y la imposición de la austeridad y la deuda por parte de las instituciones financieras (FMI y Banco Mundial), la creación de reservas agrícolas en territorios soberanos, el trato a los inmigrantes, el racismo, la brecha digital y, más recientemente, la «naturalización» del colonialismo a través de la inteligencia artificial. Podemos incluso afirmar que los tiempos actuales son tiempos de recolonización, cuya teorización se ha visto facilitada por el auge mundial de las fuerzas de extrema derecha. Hemos sido testigos de la justificación e incluso la apología del colonialismo histórico y de la radicalización creciente de las críticas a las diferentes teorías poscoloniales, con intentos de silenciamiento que van mucho más allá de la argumentación académica.

Derecho internacional

El segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que comenzará en 2025, es solo el síntoma más grotesco del colapso del derecho internacional. Pero este colapso se ha ido gestando durante décadas. Veamos algunos de los indicios.

La transformación de la OTAN en un pacto militar de agresión global

El primer indicio se «vendió» internacionalmente como el triunfo definitivo del derecho internacional. El colapso de la entonces Unión Soviética en 1991 indicaba que por fin sería posible consolidar un orden internacional basado en normas que garantizaran la coexistencia pacífica entre los pueblos y el respeto global de los derechos humanos. Fue un megaengaño. El principal instrumento para garantizar la paz mediante la disuasión entre bloques rivales eran los dos pactos militares: el Pacto de Varsovia por parte soviética y la OTAN por parte occidental. Mientras que el Pacto de Varsovia se disolvió rápidamente por la obvia razón de que ya no era necesario, la OTAN no solo se mantuvo, sino que se amplió y cambió de carácter. Dejó de ser un instrumento de paz y defensa para convertirse en un instrumento de guerra y agresión al servicio de los intereses imperialistas estadounidenses y europeos, actuando en todo el mundo al servicio de esos intereses, desde la antigua Yugoslavia hasta Libia, desde Irak hasta Afganistán.

Represión de las autonomías regionales

El segundo signo fue la resistencia del bloque occidental contra el Movimiento de Países No Alineados, el grupo de países que se estaban liberando del colonialismo europeo, nacido en 1961 tras la Conferencia de Bandung de 1955. Se trataba de un grupo de países que, en nombre de la soberanía nacional, buscaban su propio camino hacia el desarrollo, negándose a elegir entre el socialismo soviético y el capitalismo occidental. En la misma línea, estos y otros países buscaban establecer un Nuevo Orden Económico Internacional, que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 1974. Las ideas centrales eran «comercio en lugar de ayuda», igualdad soberana y derecho a la autodeterminación. El bloque occidental, es decir, los países centrales del sistema mundial, liderados por Estados Unidos, rechazaron todas estas propuestas y, a raíz de la crisis mundial de la deuda de los años ochenta, impusieron al mundo entero el llamado Consenso de Washington, que consagraría el dominio de la versión neoliberal del capitalismo-colonialismo.

Marginación de las Naciones Unidas

La tercera señal, relacionada con la anterior, fue la creciente marginación de las instituciones de las Naciones Unidas en favor de organizaciones multilaterales controladas por las grandes potencias occidentales (FMI, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio) y ONG y fundaciones financiadas por los superricos de los Estados Unidos, como la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación George Soros. La voz de la mayoría de los países del sistema mundial perdió peso en el sistema de las Naciones Unidas, que, por el contrario, se volvió cada vez más servil a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y las multinacionales occidentales.

Guerras globales y cambios de régimen

El cuarto signo de la degradación del derecho internacional fue la sustitución del activismo internacional en favor de la paz y la justicia social por el dominio internacional de conceptos cada vez más expansivos de la seguridad nacional estadounidense a través de dos mecanismos que sembraron la guerra, la injusticia social y la inestabilidad política en todo el mundo: la «guerra global» y el «cambio de régimen». Tras la guerra mundial contra el comunismo, que comenzó principalmente después de la Revolución Cubana en la década de 1960, surgieron sucesivamente la «guerra mundial contra las drogas», la «guerra mundial contra el terrorismo» y, finalmente, la «guerra mundial contra la corrupción». Cada una de estas guerras fue diseñada para legitimar la injerencia de Estados Unidos en la política interna de países considerados hostiles a sus intereses económicos y geopolíticos.

A su vez, la política de «cambio de régimen» implica una violación aún más pronunciada de la soberanía de los países. Consiste en manipular la política interna con el objetivo de sustituir gobiernos, a menudo elegidos democráticamente, considerados hostiles a los intereses del capitalismo-colonialismo occidental por gobiernos subordinados a esos intereses. Se utilizan mecanismos de contrainsurgencia cada vez más sofisticados, algunos estatales, otros privados (ONG, fundaciones), con la participación creciente de la vigilancia de los ciudadanos y las organizaciones políticas «hostiles», el silenciamiento de las voces críticas y el uso de las redes sociales para provocar inestabilidad política y conducir a los resultados deseados con un barniz democrático (elecciones manipuladas, en particular mediante noticias falsas y discursos de odio), los llamados golpes blandos. Entre los ejemplos recientes figuran las «revoluciones de colores» en las sociedades postsoviéticas, la Primavera Árabe y los golpes blandos en Honduras (2009), Paraguay (2012), Ucrania (2014), Brasil (2016) o las intervenciones militares en Irak (2003), Libia (2011), etc. Tanto las «guerras globales» como los «cambios de régimen» han sido factores de inestabilidad política y han desacreditado la idea de la democracia como ejercicio de la soberanía nacional-popular, cuando no han dado lugar a guerras civiles o regionales y a la instauración de regímenes autocráticos de diversa índole. La ONU, garante último del orden internacional según las normas, ha asistido impotente a todo ello. Cada vez que ha intentado resistir a través de sus secretarios generales más destacados, ha tenido que ver cómo eran humillados, especialmente Boutros Boutros-Ghali y Kofi Annan. Finalmente, con António Guterres, se rindió a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y promovió la infiltración de importantes agendas a medio plazo por parte de los grupos de presión de las grandes empresas multinacionales, en particular en el caso de la defensa de la biodiversidad y la detención del colapso ecológico.

La transición de la UE de aliada a vasalla

El quinto signo de la degradación del orden internacional, y quizás el que tiene consecuencias más graves, es el colapso de Europa ante el declive del imperialismo estadounidense. Durante setenta años, Europa recordó que tenía una responsabilidad histórica por el colonialismo y que había sido el continente más violento del siglo XX, causando más de 78 millones de muertes entre sus ciudadanos y los pueblos colonizados en dos guerras.

Este recuerdo fue fundamental para recordarnos que Europa estaba dividida, pero convencida de las virtudes de la coexistencia y orgullosa de que su bloque capitalista-colonialista hubiera construido una alianza firmemente anclada en los tres instrumentos que permitían la paz e impedían la contrarrevolución: el reformismo social, la democracia liberal y el derecho internacional. Pero desde el principio se estaba gestando un megaengaño. El engaño consistía en que los países que construyeron la alianza que llegaría a llamarse Unión Europea eran países democráticos y, como tales, creíbles para construir una alianza internacional diferente a todas las anteriores. Una alianza que no solo respetaba y empoderaba a las democracias nacionales, sino que era democrática en su constitución y en el funcionamiento de sus instituciones. La realidad fue trágicamente diferente. Siguieron existiendo países europeos democráticos, pero nunca hubo una democracia europea. Por eso, la versión más salvaje del capitalismo colonial, el neoliberalismo al servicio de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, se infiltró en Europa a través de las instituciones europeas, especialmente la Comisión Europea. El déficit democrático de la Unión Europea facilitó la penetración de fuerzas que buscaban destruir el reformismo social, la democracia y el derecho internacional que habían caracterizado a la Europa democrática de la posguerra. No es de extrañar la facilidad con la que Estados Unidos ha involucrado recientemente a Europa en una guerra contra Rusia, cuya continuación solo beneficia a Estados Unidos, orquestando la ruptura de los lazos económicos con Rusia, que, al suministrar energía barata, garantizaba en parte la prosperidad de Europa, y lanzando a Europa a una guerra y a una carrera armamentística para defenderse de una supuesta amenaza rusa que los ciudadanos europeos no ven. El vasallaje de la Unión Europea, liderada por la quinta columna del imperialismo estadounidense, en la que se ha convertido la Comisión Europea, queda hoy escandalosamente al descubierto en cuatro bulos, ramificaciones del megabulo original.

Primer engaño: se ha creado confusión entre los intereses de la OTAN, cuyo mando militar es un monopolio estadounidense y, por lo tanto, responde a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, y los intereses geoestratégicos de Europa, que, si alguna vez existieron, ahora se han reducido a cenizas.

Segundo engaño: los Estados europeos se comprometen a gastar el 5 % de sus presupuestos nacionales en armas compradas en su mayor parte a Estados Unidos, que solo pueden utilizarse cuando ello redunda en interés de Estados Unidos. No se trata solo de que su uso esté previsto en el marco de la OTAN, sino de que las armas más letales tienen códigos secretos que son propiedad de Estados Unidos y, por lo tanto, solo pueden utilizarse cuando Estados Unidos lo autoriza.

Tercer engaño: el dinero invertido en armamento se detraerá del presupuesto destinado a las políticas sociales que han contribuido al bienestar relativo de un porcentaje significativo de la población de cada país y a la creación de las clases medias que han impedido la polarización social que alimenta, con fines opuestos, la guerra y la revolución.

Cuarto engaño: el reciente «acuerdo» sobre aranceles entre «aliados» (impuestos sobre los productos importados de Europa por Estados Unidos) marca la consolidación del vasallaje de Europa. El acuerdo de chantaje no solo impide a Europa alcanzar la autonomía energética, sino que somete su economía financiera a los grandes fondos de inversión y, por lo tanto, al capital financiero estadounidense. Este acuerdo chantajista solo es posible porque no existe una democracia europea, aunque haya países europeos democráticos. Disfrazado de comisario europeo, quien firmó este acuerdo chantajista fue el embajador informal de Estados Unidos ante la Unión Europea, un negociador de armas (¿y quizás de vacunas?) que fue colocado en ese puesto para llevar a cabo esta misión. Esto no es nada nuevo. Durão Barroso fue embajador informal de Estados Unidos ante la Comisión Europea (¿quién puede olvidar su firme defensa de la guerra de Irak?) y, como era de esperar, hoy es presidente no ejecutivo del gigante financiero estadounidense Goldman Sachs International. Los servicios valiosos se pagan bien.

El desorden internacional impuesto por Donald Trump

La última señal de la degradación del derecho internacional es la conversión de Estados Unidos en un Estado paria a la luz de los criterios que este país había inventado para designar como Estados parias a aquellos que violan sistemáticamente el orden internacional y los derechos humanos. El segundo mandato de Donald Trump ha revelado al mundo el engaño que las primeras víctimas de la geopolítica estadounidense conocen desde hace tiempo: Estados Unidos es un país nacido del genocidio de los pueblos indígenas; un país violento que, en sus 249 años de existencia, ha estado en guerra con países extranjeros durante 222 años; un país que no reconoce aliados ni negociaciones entre iguales, solo sus propios intereses y vasallos que los sirvan, imponiéndoles condiciones mediante el chantaje; una democracia altamente condicionada que solo durante un breve periodo permitió que la democracia regulase los «excesos» del capitalismo-colonialismo, el periodo del New Deal. No es de extrañar que hoy en día el único aliado de Estados Unidos sea otro Estado paria, Israel, una alianza que tiene como objetivo controlar Oriente Medio y sus recursos naturales y bloquear el acceso de China a Europa occidental, después de haberlo bloqueado a través de Rusia y Bielorrusia. Se trata de una alianza radical que recurre a los medios más violentos de la tradición colonialista y nazifascista de Europa: la degradación ontológica de todo un pueblo a la condición de subhumano para «legitimar» su genocidio, en este caso, el pueblo palestino. Juntos, son los dos países más peligrosos del mundo, las mayores amenazas para la paz y los más fervientes promotores de la contrarrevolución.

Por último, la guerra arancelaria (impuestos impuestos por Estados Unidos a los productos importados de diferentes países según una lógica que parece más política que económica) representa el paroxismo del unilateralismo chantajista al imponer aranceles diferentes a cada país. No tiene lógica económica y, en este sentido, es algo nuevo en el orden liberal y neoliberal de los últimos doscientos años. Pero, por otro lado, su lógica política no es nada nuevo en la historia del imperialismo: dividir y gobernar.

Conclusión

Vivimos en las ruinas del reformismo social, la democracia, el fin del colonialismo histórico y el derecho internacional. La historia demuestra que las ideas muertas tienen un impulso propio que les permite sobrevivir como fantasmas durante un tiempo. Mientras tanto, aumenta la polarización social, los adversarios se convierten en enemigos y crecen las justificaciones de la guerra y la contrarrevolución en forma de auge mundial de la extrema derecha y la política del odio. Bajo este movimiento se esconde el retorno de la idea de la revolución. ¿Qué significa la esperanza cuando la humanidad camina sonámbula hacia la guerra y la revolución sin conocer la secuencia entre ambas ni el futuro que les espera? Este es el tema de la segunda parte de este ensayo.

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3. Más sobre el lucro con el genocidio.

A partir del informe de Albanese, Prashad y un investigador palestino publican este artículo sobre quienes se lucran con el genocidio palestino. Y recordad: siempre BDS.

https://www.somosmass99.com/168174-2/

El beneficio económico global del genocidio palestino

Ubai al-Aboudi y Vijay Prashad* / SomosMass99

Martes 5 de agosto de 2025

El 16 de junio de 2025, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, publicó un nuevo informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. A lo largo de treinta y nueve páginas, el informe acusa a varias grandes empresas multinacionales de beneficiarse de la ocupación y el genocidio de los palestinos. Entre las implicadas se encuentran nombres conocidos: Amazon, Blackrock, Google, Lockheed Martin y Volvo. Cada una de estas empresas, y muchas universidades (en particular el Instituto Tecnológico de Massachusetts), tienen inversiones diferenciales en el desplazamiento de los palestinos y su sustitución por colonos israelíes. Albanese termina su informe con unas peticiones razonables: dejar de lucrarse con el genocidio y romper los lazos con Israel.

El 9 de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a Albanese por su trabajo, lo que le impide acceder a sus propiedades en los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que “Albanese ha vertido un antisemitismo descarado, ha expresado su apoyo al terrorismo y ha mostrado un desprecio abierto hacia los Estados Unidos, Israel y Occidente”. Las Naciones Unidas respondieron que esta imposición de sanciones sienta un “precedente peligroso”. “El uso de sanciones unilaterales contra relatores especiales o cualquier otro experto o funcionario de la ONU es inaceptable”, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric. Albanese no es la primera persona en ser sancionada de esta manera. En junio de 2025, los Estados Unidos sancionó a jueces de la Corte Penal Internacional basándose en la misma orden ejecutiva estadounidense.

La polémica en torno a las sanciones de los Estados Unidos contra altos funcionarios de las Naciones Unidas y sus instituciones distrae la atención de los argumentos fundamentales expuestos en el informe de Albanese y de su equipo. Es casi como si el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hubiera decidido utilizar el arma de las sanciones para convertirla en el centro de atención. En muchos sentidos, Rubio lo ha conseguido. El argumento central del informe ha quedado relegado a un segundo plano, ya que la cuestión principal ha pasado a ser si es aceptable o no que los Estados Unidos sancione a funcionarios de la ONU.

Genocidio en las nubes

El informe de Albanese indica que varias grandes empresas multinacionales están involucradas en el genocidio. Estas empresas pertenecen a los siguientes sectores: construcción, educación, finanzas, prestación de servicios y producción de armas. Hay nombres que cabría esperar: los principales fabricantes de armas, como Lockheed Martin. El Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC) mantiene una lista completa de estas empresas armamentísticas. Vale la pena leer la sección del AFSC sobre Amazon:

La inteligencia militar israelí utiliza los servidores de AWS [Amazon Web Services] para almacenar gran cantidad de información de inteligencia sobre casi todos los habitantes de Gaza. Desde 2021, Amazon proporciona servicios en la nube al Gobierno israelí en el marco del Proyecto Nimbus, un contrato de 1200 millones de dólares que comparte con Google. Proporciona servicios en la nube a todas las ramas del Gobierno israelí, incluidos el ejército, la Agencia de Seguridad Israelí (Shabak / “Shin Bet”), la policía y los servicios penitenciarios; los fabricantes de armas Israel Aerospace Industries y Rafael; y las agencias gubernamentales relacionadas con la empresa de asentamientos ilegales de Israel en la Cisjordania ocupada.

El informe de Albanese menciona el Proyecto Nimbus y nos informa de que está financiado principalmente por el Ministerio de Defensa israelí. A continuación, su informe profundiza más:

Microsoft, Alphabet y Amazon conceden a Israel acceso prácticamente a toda la administración pública a sus tecnologías de nube e inteligencia artificial, lo que mejora el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis. En octubre de 2023, cuando la nube militar interna israelí se sobrecargó, Microsoft, con su plataforma Azure, y el consorcio del Proyecto Nimbus intervinieron con infraestructura crítica de nube e inteligencia artificial. Sus servidores ubicados en Israel garantizan la soberanía de los datos y un escudo contra la rendición de cuentas, en virtud de contratos favorables que ofrecen restricciones o supervisión mínimas. En julio de 2024, un coronel israelí describió la tecnología en la nube como un arma en todos los sentidos de la palabra, citando a estas empresas.

Está claro que estas empresas tecnológicas no solo proporcionan información para la ocupación y el genocidio israelíes, sino que también proporcionan un “escudo contra la rendición de cuentas”, ya que protegen información clave que podría ser utilizable en un tribunal internacional de crímenes de guerra. Albanese se refirió a la coronel Racheli Dembinsky, comandante del Centro de Informática y Sistemas de Información de Israel, que proporciona procesamiento de datos a las fuerzas armadas israelíes. En una conferencia titulada “IT for IDF” (Tecnología de la información para las Fuerzas de Defensa de Israel) celebrada en Rishon Lezion, cerca de Tel Aviv, la coronel Dembinsky dijo que el ejército israelí dependía del almacenamiento en la nube y los servicios de inteligencia artificial de estos gigantes tecnológicos multinacionales (que, en las diapositivas de su conferencia, son Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure). La coronel Dembinsky afirmó que su unidad del ejército, conocida como Mamram, utilizaba una “nube operativa” en sus servidores internos que, según ella, es una “plataforma de armas”. No hay información pública sobre la cantidad total que estas empresas han ganado con el genocidio.

En 2024, empleados de Amazon y Google crearon la campaña No Tech for Apartheid. En un evento en Nueva York, mientras Barak Regev, de Google Israel, estaba hablando, un empleado de Google lo interrumpió y dijo: “Soy ingeniero de software de Google Cloud y me niego a crear tecnología que impulse el genocidio, el apartheid o la vigilancia”. Decenas de ingenieros de Google fueron despedidos por su asociación con la campaña No Tech for Apartheid. Esto no ha impedido que el grupo siga organizando más protestas.

El ciego

En 2003, Peter Thiel y otros fundaron una empresa tecnológica llamada Palantir. El nombre proviene de El Señor de los Anillos y hace referencia a la bola de cristal que permite ver a gran distancia. Thiel, un libertario profundamente conservador que cree firmemente en la “civilización occidental”, amasó su fortuna en PayPal y Facebook antes de entrar en el lucrativo mundo de los contratos militares y de inteligencia (el primer gran inversor de Palantir fue In-Q-Tel, la empresa de capital riesgo de la Agencia Central de Inteligencia). En 2015, Palantir comenzó a hacer negocios en Israel, en particular con su complejo militar y de inteligencia, proporcionando integración de datos, análisis de datos y el uso de inteligencia artificial. En diciembre de 2023, durante la primera fase del genocidio israelí, el director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, dijo a Fox Business: “Somos muy conocidos en Israel”.

El 12 de enero de 2024, Palantir se asoció con la industria militar israelí para ayudar en el genocidio. El vicepresidente ejecutivo de Palantir, Josh Harrish, dijo en ese momento: “Ambas partes han acordado mutuamente aprovechar la tecnología avanzada de Palantir para apoyar misiones relacionadas con la guerra”. La expresión “misiones relacionadas con la guerra” es muy clara y podría describirse como genocidio, que es precisamente como la Corte Internacional de Justicia lo calificó el 26 de enero de 2024. El sistema TITAN de Palantir se está utilizando para ataques de precisión que, dado el número de víctimas civiles en Gaza, han sido precisos en el asesinato de personas no combatientes. El 30 de abril de 2025, en el Foro Hill & Valley, se le preguntó al director ejecutivo de Palantir, Karp, sobre la muerte de palestinos, y él respondió que Palantir había sido responsable de matar “en su mayoría a terroristas, eso es cierto”. Esto, por supuesto, no es cierto, ya que la mayoría de las personas asesinadas en Gaza han sido civiles (sería útil consultar los datos generales sobre el número de víctimas palestinas desde 2008, que obran en poder de las Naciones Unidas; si todos los fallecidos hubieran formado parte de Hamás y la Yihad Islámica, estos grupos habrían sido una fuerza armada aún más formidable). Basándose en los comentarios de Karp en la reunión de 2024 en Tel Aviv y en el Foro Hill & Valley de 2025, el informe de Albanese concluye que son “indicativos del conocimiento y la intención a nivel ejecutivo con respecto al uso ilegal de la fuerza por parte de Israel, y de la incapacidad para prevenir tales actos o retirar su participación”.

A medida que han ido apareciendo noticias sobre la asociación de Palantir con la deportación de migrantes de los Estados Unidos, las protestas se han multiplicado en todo el país frente a las oficinas de Palantir. Estas protestas vinculan la labor genocida de Palantir contra los palestinos y la colaboración con el Estado estadounidense para deportar migrantes.

Lucrarse con la ocupación

Desde hace décadas, investigadores de las Naciones Unidas y otros grupos (incluidas organizaciones palestinas) han documentado la forma en que las empresas se han lucrado con la ocupación israelí de Palestina. Según una estimación conservadora de la UNCTAD, Israel genera 41.000 millones de dólares anuales con la explotación directa de Cisjordania (alrededor del 7% del PIB israelí). Esto no tiene en cuenta otros beneficios indirectos que se derivan de tener una población cautiva a la que explotar.

En 2020, las Naciones Unidas publicaron una base de datos de empresas que se habían beneficiado de la actividad ilegal de los asentamientos en Cisjordania. La mayoría de las empresas de la base de datos tenían su domicilio en Israel, pero muchas eran multinacionales. Entre las más conocidas se encontraban Airbnb (Estados Unidos), Booking.com (Países Bajos), Expedia (Estados Unidos), TripAdvisor (Estados Unidos), General Mills (Estados Unidos) y Motorola (Estados Unidos). Por su parte, el sitio web WhoProfits no solo cuenta con una base de datos precisa de las empresas que se benefician del genocidio y la ocupación, sino que también elabora importantes informes sobre áreas específicas de actividad, como su informe de 2024 titulado Greenwashing Dispossession: The Israeli Renewable Energy Industry and the Exploitation of Occupied Natural Resources (El lavado verde: la industria israelí de las energías renovables y la explotación de los recursos naturales ocupados). El informe de la coalición Don’t Buy Into Occupation, publicado en diciembre de 2023, enumera las empresas financieras europeas y sus lucrativos tentáculos dentro del proyecto ilegal de asentamientos israelíes.

El 10 de junio de 2025, la Red de Acción Legal Global (GLAN), Sadaka Irlanda y al-Haq (Palestina) interpusieron una serie de demandas en Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos contra Airbnb por sus operaciones en el territorio palestino ocupado. En 2018, Airbnb dijo que “consideraría el impacto que tiene y actuaría de manera responsable”, pero luego dio marcha atrás y, como señala GLAN, “sigue ofreciendo más de 300 alojamientos en alquiler” en Cisjordania. Estas tres organizaciones sostienen que uno de los delitos aquí es el “lavado de dinero por parte de Airbnb de los ingresos obtenidos por los crímenes de guerra israelíes”. Se trata de acusaciones graves, especialmente en Irlanda y el Reino Unido, que cuentan con una legislación estricta en materia de blanqueo de capitales. El abogado principal de GLAN, Gerry Liston, declaró: “Estos son los primeros casos en los que se aplica la legislación contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido y en otros lugares a actividades comerciales en los asentamientos ilegales israelíes. Demuestran que los altos ejecutivos de las empresas que se benefician de la ocupación israelí del territorio palestino corren el riesgo de ser procesados por un delito muy grave”.

El impacto de estas empresas que se lucran con la ocupación no se limita a los ingresos que generan a costa de los palestinos, sino que también contribuyen al acaparamiento de tierras y a la contaminación medioambiental. Un ejemplo es la empresa agroquímica Geshuri, que afecta a las comunidades indígenas palestinas de Tulkarem y provoca un aumento de las tasas de cáncer, asma y anomalías oculares y respiratorias. Lamentablemente, este ejemplo no es único en Cisjordania, ya que las empresas israelíes se lucran con prácticas extractivas y contaminantes en toda la región.

Tener una población cautiva sin derechos sobre la que experimentar ha demostrado ser un recurso valioso para el desarrollo de tecnologías de espionaje intrusivas. Un ejemplo claro es el software espía Pegasus, desarrollado en estrecha colaboración entre la infame unidad de inteligencia 8200 del ejército israelí, el mundo académico israelí y el capital privado. Este software espía fue utilizado por gobiernos represivos de todo el mundo para reprimir a los disidentes, con más de 50.000 personas en el punto de mira.

Según el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), “en 2020, las empresas cibernéticas israelíes recibieron aproximadamente el 31% de la inversión mundial en el sector. Las adquisiciones de empresas cibernéticas israelíes generaron unos 4.700 millones de dólares estadounidenses, y las exportaciones cibernéticas israelíes se situaron en 6.850 millones de dólares estadounidenses. Israel se ha convertido en líder del mercado del spyware y la vigilancia, proporcionando experiencia en la recopilación y el procesamiento de datos, incluyendo spyware, reconocimiento facial, ‘herramientas de rastreo de usuarios’ utilizadas para la vigilancia policial, la manipulación electoral y mucho más”.

Genocide Gentry

Es notable el enfoque en los altos ejecutivos. Un nuevo proyecto, Genocide Gentry, se centra directamente en los altos ejecutivos de los fabricantes de armas (Boeing, Elbit Systems of America, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y RTX, anteriormente Raytheon). Estos son los principales contratistas de defensa del Pentágono estadounidense. El grupo, creado por la plataforma en línea de código abierto LittleSis, nombra a los altos cargos de estas empresas, rastrea sus conexiones con otras corporaciones y luego encuentra sus vínculos con instituciones culturales. Son estas instituciones las que constituyen el eslabón más débil de la cadena, ya que no les gusta que se las asocie directamente con empresas genocidas, aunque necesiten el dinero.

Genocide Gentry ofrece una estrategia sencilla en tres pasos:

  1. Comprenda mejor la conexión de su ciudad, universidad o lugar de trabajo con el genocidio. Su base de datos ayuda a rastrear si un miembro de una empresa armamentística forma parte del consejo de administración de alguna institución de una ciudad.

  2. Identifique las instituciones culturales y educativas de su comunidad que tienen vínculos con empresas armamentísticas.

  3. Utilice los perfiles de los miembros de la junta directiva y los donantes para encontrar ejemplos concretos de cómo las instituciones locales están vinculadas a la maquinaria bélica.

He aquí un ejemplo interesante: Kathy Warden es la directora ejecutiva de Northrop Grumman y miembro de la junta directiva de Catalyst, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a crear lugares de trabajo “que funcionan para las mujeres”. ONU Mujeres estima que al menos 28.000 mujeres y niñas han muerto en Gaza a causa de las armas, algunas de ellas de Northrop Grumman, y ONU Mujeres advierte que un millón de mujeres y niñas se enfrentan a la hambruna en Gaza debido a la maquinaria bélica alimentada por Northrop Grumman. Ahí queda la “marca” de Catalyst de defender a las mujeres.

Esta estrategia ha tenido algunos éxitos. A principios de 2024, activistas comenzaron a presionar a los músicos que iban a actuar en el festival South by Southwest SXSW en Austin, Texas. En marzo, Ella Williams (que toca bajo el nombre artístico de Squirrel Flower) anunció que no acudiría al SXSW porque estaba patrocinado por fabricantes de armas. En Instagram, escribió: “El SXSW está dando plataforma a contratistas de defensa, entre ellos filiales de Raytheon y el Ejército de los Estados Unidos, uno de los principales patrocinadores del festival… Los especuladores del genocidio como Raytheon suministran armas al ejército israelí, pagadas con nuestros impuestos. Un festival de música no debería incluir a especuladores de la guerra. Me niego a ser cómplice de esto y retiro mi arte y mi trabajo en señal de protesta”. Otros 79 artistas decidieron boicotear el festival. En junio de 2024, SXSW anunció que cortaría sus vínculos con el ejército estadounidense y con Raytheon (RTX).

* * *

Lo que es evidente, mientras continúa el genocidio, es que existen intereses creados de grandes inversores para proteger sus beneficios derivados de la ocupación continuada de Palestina. La situación es sombría y desagradable, pero ahora hay pruebas suficientes, como las del informe de Albanese, de la miseria de la ocupación sionista de Palestina y del trato que da a los palestinos. También hay numerosas pruebas irrefutables que revelan cómo se ha utilizado a las empresas y sus tecnologías para reprimir a los palestinos, y cómo siguen encontrando la manera de utilizarse a nivel mundial. Estas pruebas deben ser objeto de medidas, ya sea por parte de organismos internacionales, de los tribunales o de la opinión pública. El silencio no es una opción.

No seremos libres hasta que todos sean libres.


* Ubai al-Aboudi es director del Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo (Ramala, Palestina). Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es miembro de la redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es editor en jefe de LeftWord Books y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos Las Naciones Oscuras y Las Naciones Pobres. Sus libros más recientes son Luchar nos hace humanos: aprendiendo de los movimientos por el socialismoLa retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense y Sobre Cuba: 70 años de Revolución y Lucha (los dos últimos en coautoría con Noam Chomsky).

Este artículo ha sido elaborado por Globetrotter y No Cold War.

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4. Estructura de clases en Georgia.

Sopo Japaridze presenta en su Substack un nuevo estudio en el que se intenta hacer un análisis de la estructura de clases en la Georgia de hoy.

https://sopio.substack.com/p/unmasking-georgian-class-structure

Desenmascarando la estructura de clases georgiana: Resumen de un nuevo estudio

Sopo Japaridze

02 de agosto de 2025

Me comprometo a compartir conocimientos: investigaciones, resúmenes, traducciones y perspectivas sobre el terreno. Si le interesan estos medios independientes Hazte colaborador (si tienes medios).

No hay nada que me guste más que un estudio sobre la composición de clases: son increíblemente difíciles de hacer, pero vitalmente necesarios. Este trabajo, «Estructura de clases en Georgia», de Kote Eristavi y Ana Mikhelidze, traza un mapa de la composición de clases de Georgia para exponer nuestros problemas reales más allá de las agendas políticas superficiales. Acojo con gran satisfacción este ambicioso esfuerzo, a sabiendas de lo ardua que es una investigación de este tipo, especialmente en Georgia, donde la hostilidad al discurso de clase sofoca el diálogo y apenas existen recursos para este tipo de trabajo.

No me centraré en las lagunas (los autores seguramente reconocen las necesidades futuras). A continuación resumo sus conclusiones; salvo que se indique lo contrario, se trata de puntos de estudio condensados, no de comentarios míos. El original en georgiano está disponible aquí.

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Estudio sobre la estructura de clases en Georgia

Por qué el análisis de clase y los antecedentes de Georgia

Los autores sostienen que el análisis de clase pone al descubierto las estructuras ocultas de dominación y explotación -desde las políticas estatales (por ejemplo, la justicia penal clasista de Georgia) hasta las narrativas ideológicas-, revelando cómo las posiciones de clase configuran las vidas, las desigualdades y el potencial político, al tiempo que potencian la solidaridad estratégica contra la injusticia sistémica.

Aunque la sociología ofrece distintos modelos de clase (las oportunidades vitales de Weber, el capital tripartito de Bourdieu, la explotación basada en la propiedad de Marx), los autores adoptan el marco neomarxista de Wright -priorizando el análisis opresión/liberación- para trazar el mapa de los conflictos y alianzas de clase georgianos, sin descartar las ideas complementarias de otras tradiciones.

Los autores utilizan el marco de Wright para ampliar el análisis marxista de clases más allá de las relaciones de propiedad añadiendo la autoridad (control sobre el trabajo de los demás) y la autonomía (control sobre el propio proceso laboral), revelando tres ubicaciones de clase contradictorias que ocupan posiciones antagónicas entre las clases primarias.

Según los autores, la estructura de clases de la Georgia independiente surgió del colapso soviético y de la «terapia de choque» neoliberal ordenada por el FMI y el Banco Mundial (1992-1994), con privatizaciones masivas, desmantelamiento del Estado y austeridad. Estas reformas -implementadas en medio de la guerra civil y la hiperinflación- desencadenaron una catastrófica desindustrialización: el empleo industrial se desplomó de 695.000 (1990) a 284.000 (1996), con un colapso total de la producción del 78% en 1995 y la evaporación de los puestos de trabajo del sector formal. La destrucción de empleo estable y cualificado creó una subclase permanente al tiempo que consolidaba el poder entre el capital oligárquico alineado con los intereses financieros extranjeros.

Los autores señalan que el aumento del 51% del desempleo en Georgia en la década de 1990 reflejó el desplazamiento masivo hacia la agricultura de subsistencia y el trabajo informal, que representaban el 52% del empleo en 1999. Al mismo tiempo, el colapso del Estado desmanteló las redes de seguridad social mediante el retraso en el pago de las pensiones, el recorte de la protección de los trabajadores y la confiscación de los activos sindicales de la era soviética. Estas fuerzas, combinadas con los trabajadores cualificados que adoptaron la «meritocracia» neoliberal en lugar de la solidaridad, debilitaron catastróficamente el poder colectivo de los trabajadores durante la transición.

Según los autores, el colapso postsoviético de Georgia desencadenó un cambio masivo hacia la agricultura a pequeña escala y un aumento de la «población excedente» (desempleados, subempleados y trabajadores precarios), mientras que la desindustrialización desmanteló la mano de obra cualificada y las protecciones sociales, empobreciendo catastróficamente a la mayoría de los ciudadanos. Simultáneamente, surgió una clase capitalista políticamente conectada mediante la apropiación de activos depredadores en lugar de la inversión productiva, creando una desigualdad extrema y fragmentándose en facciones oligárquicas rivales que más tarde impulsarían el cambio de régimen de 2003.

Los autores sostienen que, después de la década de 2000, Georgia intensificó las reformas neoliberales -acelerando la privatización, la desregulación y los recortes en el sector público- para atraer inversión extranjera mediante políticas favorables a los empleadores, como la supresión salarial y medidas antisindicales, que culminaron en la Ley de Libertad de 2011, que restringió constitucionalmente los impuestos y el gasto social. Esto, dicen, cimentó un modelo económico extractivo: la industria manufacturera se estancó en el 9,3% del PIB, mientras que el turismo y el comercio minorista de baja productividad dominan, atrapando a las poblaciones rurales en la agricultura de subsistencia (6% del PIB a pesar del alto nivel de empleo) y a los trabajadores en condiciones precarias y de desempoderamiento.

Aclaran la terminología de su clase de la siguiente manera:

Pequeñas empresas

Wright considera pequeños empresarios a los que tienen menos de 10 empleados. Su criterio es condicional, ya que no tiene acceso a datos que permitan medir con precisión la cantidad de capital y la implicación de los empresarios en el proceso de trabajo. Los autores tampoco disponen de esos datos, por lo que, de momento, utilizan el criterio de Wright.

Autónomos (pequeña burguesía)[nota: no estoy de acuerdo con categorizar a los autónomos sin trabajadores como pequeña burguesía].

A efectos de la tipología de los autores, se refieren a la categoría de autónomos como personas que 1) ejercen una actividad económica, 2) son propietarios de los medios de producción, pero 3) no tienen trabajadores contratados (a diferencia de la metodología Geostat, en la que los autónomos pueden tener trabajadores contratados), y 4) no se dedican a la agricultura (incluyen a los autónomos que se dedican a la agricultura en la posición de clase de los pequeños agricultores).

Los autores definen a los auténticos autónomos (pequeña burguesía) como propietarios no agrícolas, sin trabajadores y libres de explotación, pero las encuestas laborales no los distinguen de los autónomos-trabajadores dependientes vinculados a 1-2 clientes mediante contratos de servicios que carecen de autonomía sobre las condiciones de trabajo. Estos trabajadores (por ejemplo, los más de 22.794 taxistas/repartidores georgianos bajo control algorítmico, los obreros de la construcción y los «arrendatarios» de salones de belleza) son reclasificados por los autores como trabajadores semiindependientes debido a que experimentan dominación, lo que expone cómo el «autoempleo» enmascara la explotación en la economía informal de Georgia.

Directivos y supervisores

Los directivos se identifican utilizando los grupos ocupacionales CIUO-08 de Geostat, mientras que los supervisores se definen como empleados no directivos que declaran supervisar a otros en las encuestas laborales, incluidos los profesionales reclasificados como no profesionales si supervisan al personal. Este enfoque capta matices críticos (por ejemplo, altos directivos que actúan como propietarios/accionistas de facto frente a supervisores de bajo nivel que actúan como transmisores de órdenes con una autonomía mínima), pero los autores señalan que futuras investigaciones deben afinar los gradientes de autoridad para trazar con precisión las posiciones de clase.

Trabajadores semiindependientes

Los autores definen provisionalmente a los trabajadores semiindependientes como profesionales contratados (según la CIUO/Encuesta de Población Activa) que carecen de funciones de supervisión, y que aprovechan sus conocimientos y aptitudes especializados para mitigar la dominación y la explotación en el lugar de trabajo. Sin embargo, esta categoría debe precisarse: no todos los profesionales gozan de una autonomía significativa (por ejemplo, los que desempeñan funciones subalternas), mientras que algunos no profesionales (por ejemplo, los técnicos cualificados) pueden controlar su proceso de trabajo, lo que pone de relieve la necesidad de realizar investigaciones empíricas sobre la independencia laboral real en Georgia.

Pequeños agricultores

Los pequeños agricultores de Georgia (agricultores de subsistencia/orientados al mercado) representan una posición de clase distinta, ausente en el modelo occidental de Wright, definida por la vulnerabilidad a la desposesión de la tierra y la dependencia del trabajo asalariado fragmentado junto con el autoempleo precario. A diferencia de los prósperos terratenientes occidentales, los autores sostienen que ocupan una «posición de clase contradictoria» semiproletarizada debido a la elevada dependencia de los clientes (que a menudo se asemeja a un empleo encubierto) y a la proletarización estacional. Esta realidad específica de la periferia exige teorizar de nuevo su lugar en las estructuras de clase capitalistas mediante el estudio empírico de sus medios de vida híbridos.

Dinámica del desarrollo de la estructura de clases

Según los autores, el análisis a largo plazo de la dinámica de la estructura de clases en Georgia se ve gravemente limitado por la falta de disponibilidad de datos laborales de principios de la década de 2000 y la incompatibilidad de las encuestas anteriores a 2020 (2009/2017), lo que restringe el análisis comparativo a las Encuestas de Población Activa de 2020 y 2024. Las discontinuidades técnicas y metodológicas impiden un seguimiento histórico fiable, limitando el alcance temporal de este estudio a un estrecho marco temporal posterior a 2020, a pesar de la reconocida importancia de observar los cambios estructurales a lo largo de las décadas.

La estructura de clases de Georgia se divide así:Clase de los capitalistas (no implicados en el proceso de producción); Pequeños empresarios (implicados en el proceso de producción); Clase de los autónomos (empleo urbano. excluidos los autónomos dependientes); Directivos (excluidos los altos directivos, que prácticamente no se diferencian de los empresarios); Supervisores (en caso de control real sobre la planificación y/o ejecución del proceso de trabajo); Trabajadores semiindependientes (en caso de control sustancial sobre la planificación y ejecución del proceso de trabajo); La clase obrera; Pequeños agricultores.

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