DEL COMPAÑERO Y MIEMBRO DE ESPAI MARX, CARLOS VALMASEDA.
ÍNDICE
1. Actualidad sobre el sabotaje a Nordstream.
2. Un camino complicado para China.
3. Capitalismo verde en Pakistán.
4. El blues de la India por Gaza.
5. Missing.
6. Los motivos de la irrupción de Milei.
7. Posible fin de la tregua en Yemen.
8. Los jueces de la élite.
9. Resumen de la guerra en Palestina, 7 de noviembre de 2025.
1. Actualidad sobre el sabotaje a Nordstream.
El artículo de Ferrero me parece un buen estado de la cuestión sobre las repercusiones políticas de las investigaciones sobre el sabotaje.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/investigaciones-sabotaje-nord-stream-alemania
Las investigaciones por el sabotaje al Nord Stream agitan las aguas en Alemania
En septiembre de 2022 se producía el ataque submarino a Nord Stream, el gasoducto que unía a Rusia y Alemania. Tres años después, un sospechoso permanece en prisión, pero el caso sigue ejemplificando las contradicciones entre países europeos.
Àngel Ferrero
6 nov 2025
“Si tus olas en alguna parte están furiosas, más lejos, en alguna otra zona, están en la calma más completa”. Ésta es una de las frases que, en pleno arrebato romántico, Isidore Ducasse dedicaba al océano en el primero de Los cantos de Maldoror. Si algún día, dentro de muchos años, cuando los investigadores puedan acceder libremente a la información clasificada, alguien se decide a escribir un libro sobre el sabotaje al Nord Stream, podría usarla como cita al comienzo del mismo y añadir inmediatamente su continuación: “No eres como el hombre que se detiene en la calle para ver a dos bulldogs agarrándose del cuello, pero que no se detiene cuando pasa un entierro”.
A día de hoy la responsabilidad por la cadena de explosiones que el 22 de septiembre de 2022 inutilizó Nord Stream 1 (NS1) y Nord Stream 2 (NS2) sigue siendo objeto de especulación. Las investigaciones que pusieron en marcha las autoridades de Suecia y Dinamarca se cerraron en febrero de 2024 sin identificar al culpable. Un muy controvertido artículo de febrero de 2023 del periodista Seymour Hersh lo atribuyó a los servicios secretos estadounidenses.
Myhaylo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acusó en su día a Rusia de estar detrás de las explosiones y calificó lo sucedido de “un acto de agresión” contra la Unión Europea. El responsable de los servicios secretos rusos para el exterior (SVR), Serguéi Narishkin, apuntó a finales de octubre, sin mencionar el caso explícitamente, a los servicios de inteligencia británicos y europeos, los cuales, dijo, “en su impunidad han puesto a prueba los límites de lo permisible”, y agregó que Rusia espera otras provocaciones y acciones de sabotaje por su parte en el Mar Báltico y en el Mar Negro.
Varios estados europeos son, en efecto, como el hombre que se detiene en la calle para ver a dos bulldogs agarrándose del cuello, pero que no se detiene cuando pasa un entierro. El sabotaje contra el Nord Stream ha tenido un impacto colosal para Alemania: aunque en el momento de las explosiones Alemania había dejado de importar gas natural ruso, el daño a Nord Stream hace muy difícil que el gasoducto —construido como una conexión directa que evitaba los países de tránsito que habían de cruzar gasoductos como Druzhbá y Yamal-Europa y que en el pasado habían sido fuente de disputas que afectaban la circulación del gas hasta su llegada a territorio alemán— pueda volver a funcionar a corto plazo incluso en el escenario, hoy poco probable, de que Berlín y Moscú normalicen sus relaciones diplomáticas, una cuestión que a pesar de todo reaparece periódicamente en los medios alemanes por la presión creciente de una situación económica que no parece mejorar.
Y si bien no es el único motivo de la crisis que atraviesa en la actualidad el modelo industrial alemán —algunos medios hablan de “desindustrialización”, sin cortapisas—, el fin de la importación de gas natural ruso y su sustitución por otras fuentes —sobre todo gas natural licuado (GNL) procedente de EEUU y obtenido mediante fracturación hidráulica (fracking) o de países cuyas credenciales democráticas no son precisamente mejores que las de Rusia, como Qatar o Azerbaiyán— sí que ha sido un factor determinante en la pérdida de competitividad. El eurodiputado alemán Fabio De Masi (Alianza Sahra Wagenknecht) ha definido “la espiral sancionadora” como un “suicidio a plazos de Europa”: “Los Estados Unidos hace tiempo que siguen importando uranio de Rusia mientras que al mismo tiempo, con el encarecimiento de la energía, se destruye nuestra industria y hemos estrangulado los salarios reales.”
Cui prodest?
El arresto el pasado mes de agosto de Serhiy K., un ciudadano ucraniano de 49 años, en el municipio italiano de San Clemente, mientras se encontraba de vacaciones con su esposa y dos hijos, es el último episodio en la investigación alemana sobre el sabotaje a NordStream, que se inició en octubre de 2022 y se ha llevado a cabo entre un considerable (y acaso necesario) secretismo: las preguntas de la entonces diputada de La Izquierda Sahra Wagenknecht en octubre de 2022 –al Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos Exteriores– o de Alternativa para Alemania (AfD) en julio de este año –al gobierno federal– quedaron sin respuesta.
De acuerdo con la orden de arresto de la justicia italiana, el detenido, con vínculos con las Fuerzas Armadas de Ucrania, supuestamente habría dirigido un equipo de al menos seis personas –un marino encargado de pilotar el barco, cuatro submarinistas y un expertos en explosivos– que habría detonado cuatro cargas explosivas con un peso de entre 14 y 27 kilogramos cada una. Como ha afirmado Wolfgang Münchau en EuroIntelligence, los autores del sabotaje “emplearon casi una tonelada de explosivos, algo que no puedes conseguir en la armería local”. Para Münchau, con la revelación de esta información, “de inmediato estaba claro que ésta era la obra de un actor estatal” y que la cuestión pasaba a ser “¿Qué estado?”. La idea, continuaba, “de que ésta fue una especie de empresa financiada de manera privada es para los ilusos”.
El 17 de octubre un tribunal de Varsovia denegó la extradición de otro sospechoso –un procedimiento por lo general rutinario y sin complicaciones entre estados miembro de la Unión– en las investigaciones, un ciudadano ucraniano residente en Polonia, Volodymyr Zhuravlev, y que había sido solicitada por las autoridades alemanas en agosto. Según el tribunal, la justicia alemana no proporcionó pruebas suficientes, sino “información muy general”, y, en cualquier caso, el sabotaje se produjo en el marco de una “guerra justa”, de tal modo que lo que en tiempos de paz podría considerarse un acto de sabotaje, en el contexto “del genocidio ruso en Ucrania” era “una acción bélica con carácter de sabotaje” plenamente justificada.
Como ha observado agudamente Reinhard Lauterbach, a las autoridades alemanas no les quedó otra opción que aceptar a regañadientes el alegato de las polacas, remitiéndose formalmente al respeto a la independencia judicial –el portavoz del canciller, Stefan Kornelius, se limitó a decir que Berlín “había tomado nota”– y a sabiendas que la propia Alemania ha recurrido en el pasado al argumento de la “inmunidad de los estados” para evitar tener que pagar las reparaciones de guerra reclamadas por los tribunales griegos o italianos por las acciones de sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial.
El profesor de derecho penal internacional de la Universidad de Gotinga Kai Ambos ha cuestionado la justificación de los jueces polacos en declaraciones al diario británico The Guardian, afirmando que se basa en “un razonamiento que no es de tipo legal” y presenta tintes políticos: “Se trata de una página diciendo que es una guerra justa de Ucrania contra Rusia. No es convincente por varios motivos. No es realmente un razonamiento, es sólo una afirmación. Si quiere argumentarse que éste fue un acto de guerra, ha de establecerse que el gasoducto era un objetivo militar, lo que no es el caso. Es un objetivo civil, no puede atacarse sin más.” Para Ambos, Alemania, en contra de la opinión de los jueces polacos, sí que tiene jurisdicción en el caso, ya que el Andromeda, el yate que supuestamente se utilizó en el ataque, fue alquilado en Alemania.
La decisión venía precedida, diez días antes, por unas polémicas declaraciones del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en la red social X: “El problema con North Stream (sic) no es que explotase. El problema es que fuese construido.” Conviene recordar que el actual ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, publicó y luego borró un tuit en 2022 con una fotografía del escape de gas resultante de la explosión del Nord Stream y el mensaje: “Gracias, EEUU”.
El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, respondió con un dardo contra Tusk al día siguiente empleando su cuenta en esa misma red social: “De acuerdo con Donald Tusk, hacer explotar un gasoducto es aceptable. Es tan chocante que le hace a uno preguntarse qué otra cosa podría explotarse e incluso considerarse olvidable o digna de elogio. Algo es claro: no queremos una Europa en la que los primeros ministros defiendan a terroristas”. Frente a las críticas, Tusk dobló la apuesta, y, durante una visita de la primera ministra lituana Inga Ruginiene, declaró que “ciertamente no está en el interés de Polonia, ni en el interés de la decencia y la justicia, perseguir a este ciudadano o extraditarlo a otro país”.
Aunque las declaraciones de Tusk se han interpretado también en clave interna —como una demostración de fuerza ante Alemania frente a las críticas de sumisión al país vecino realizadas por el partido Ley y Justicia (PiS) de Jarosław Kaczyński (que tras recuperar la presidencia del país en junio aspira a volver al gobierno), y, al mismo tiempo, como una manera de reforzar su posición negociadora hacia Ucrania, de acuerdo con el think tank conservador Klub Jagiellonski—, sus declaraciones, como era de prever, escaparon rápidamente de control. Sławomir Cenckiewicz, asesor del presidente Karol Nawrocki, pidió directamente a Alemania en declaraciones al Financial Times que pusiese fin a las investigaciones. “Si Alemania está investigando a alguien que reside en Polonia que destruyó la fuente de ingresos de la maquinaria de guerra rusa, entonces vemos una clara contradicción entre Polonia y Alemania, especialmente en lo que se refieren a cómo percibimos la realidad después de 2022”, afirmó Cenckiewicz.
“¿Qué es lo que intentan ocultar?”, se preguntaba el ya citado Münchau en otro artículo. En efecto, y como apunta este autor, los obstáculos a la investigación por el sabotaje contra el Nord Stream amenazan con tensar las relaciones entre Alemania y Polonia y producir una nueva grieta en la arquitectura del edificio europeo, que no anda sobrado precisamente de ellas. Como ha escrito este analista, independientemente de lo que uno piense sobre Nord Stream, “la destrucción fue, inequívocamente, un acto criminal”: “Los gasoductos fueron comisionados y construidos de manera legal. Eran propiedad privada. Y ahora sabemos, gracias al fiscal alemán, que un grupo de operativos con vínculos con el ejército y los servicios secretos ucranianos son sospechosos de haber llevado a cabo el sabotaje. Fue, sin ninguna duda, la operación militar de un Estado. Por el comentario de Tusk, pues, uno pensaría que Polonia ahora oficialmente condona un acto de terrorismo.”
Un silencio más terrorífico de una bomba atómica
Cuando se celebre el juicio en Alemania se harán públicos, siguiendo a Münchau, “una buena cantidad de detalles desagradables sobre la operación” y “habrá un considerable énfasis en los vínculos entre quienes lo perpetraron y las potencias que estaban detrás suyo”, por lo que este proceso podría llegar a tener “un profundo impacto en la opinión pública alemana”.
En efecto, de revelarse una participación de Ucrania en el sabotaje a Nord Stream, la paradoja podría condensarse en una sola frase: Alemania ha estado los últimos tres años entregando ayuda financiera y armas, así como cobertura diplomática, al país mismo que ha atentado contra una de sus infraestructuras energéticas clave y precipitado una crisis económica, con todas las repercusiones políticas y sociales que ello comporta. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, advirtió en 2022 que “cualquier disrupción deliberada de una infraestructura energética europea en activo es inaceptable y conducirá a la respuesta más contundente posible”.
La ironía, en este escenario, podría, incluso, ir más lejos todavía: si, como sostuvo el exdirector de los servicios secretos alemanes (BND) Bruno Kahl, la ‘guerra híbrida’ y el sabotaje ofrecen una base jurídica lo suficientemente sólida como para reclamar activar el artículo 5 del Tratado de la OTAN de defensa colectiva, ¿significaría eso que, en buena lógica, si las investigaciones revelan una participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ucranianos debería entonces el gobierno alemán solicitarlo contra Ucrania, y que, además —y siguiendo en todo momento la lógica y los textos de la Alianza Atlántica— el resto de estados miembro de la OTAN debería aceptar la solicitud alemana y, en consecuencia, dar una respuesta armada contra el mismo Estado al que han estado ofreciendo ayuda económica y militar todos estos años? ¿Qué pasará llegado el caso con las perspectivas de Ucrania de acceder como miembro de pleno derecho a la Unión Europea? ¿Se mantendrá la amenaza de Von der Leyen de 2022 de aplicar “la respuesta más contundente posible”?
Llegado este caso, es claro que el estamento político alemán preferirá correr un tupido velo. Pero incluso si cuenta con la colaboración decidida o involuntaria de los medios de comunicación —cuya influencia, en cualquier caso, va disminuyendo en favor de los medios digitales, más pequeños y ágiles, y de las redes sociales— no hay tela lo suficientemente densa como para encubrirlo: recuérdese que en mayo de 2021, de acuerdo con un sondeo de Forsa, hasta un 75% de los alemanes estaba a favor de la construcción de Nord Stream 2, y que, por partidos, incluso los votantes de Los Verdes eran favorables a la ampliación del gasoducto —Los Verdes (92%), AfD (84%), los liberales del FDP (82%), la Unión Demócrata Cristiana (CDU) (81%) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) (75%)—.
“Cuando acontecimientos públicos de grandes consecuencias –como la explosión del gasoducto Nord Stream– son recibidos con silencio tanto por el gobierno como los medios de comunicación, el silencio mismo se convierte en algo más terrorífico que cualquier bomba atómica”, escribía el artista chino Ai Weiwei –que reside en Berlín– en un texto que el diario Die Zeit se negó a publicar. Al dejar morir por inanición al viejo topo, el partido mejor posicionado por ahora para sacar rédito de este nuevo fracaso alemán será, una vez más, AfD, que ya supera a la CDU del canciller Friedrich Merz en algunas encuestas de intención de voto.
2. Un camino complicado para China.
Una visión no tan optimista sobre el nuevo plan quinquenal chino. La publicación original no es prensa de izquierda, sino mainstream: The Conversation.
El nuevo plan quinquenal de China: una apuesta arriesgada por la autosuficiencia que no solucionará el desequilibrio económico
6 de noviembre de 2025
Por Shaoyu Yuan / The Conversation
Cada pocos años, desde 1953, el Gobierno chino ha presentado una nueva estrategia maestra para su economía: el importantísimo plan quinquenal.
En su mayor parte, estos planes se han orientado a estimular el crecimiento y la unidad a medida que la nación se transformaba de una economía rural y agraria a una potencia urbanizada y desarrollada.
Sin embargo, la tarea a la que se enfrentaban los líderes chinos cuando se reunieron a principios de octubre de 2025 para trazar su decimoquinto plan se complicó por dos factores principales: el lento crecimiento interno y la intensificación de la rivalidad geopolítica.
¿Su solución? Más de lo mismo. Al comprometerse a lograr un «desarrollo de alta calidad» mediante la autosuficiencia tecnológica, la modernización industrial y la expansión de la demanda interna, Pekín está redoblando su apuesta por un modelo impulsado por el Estado que ha propiciado su auge en los últimos años. El presidente Xi Jinping y otros responsables de elaborar el plan para 2026-2030 apuestan por que el crecimiento industrial impulsado por la innovación pueda garantizar el futuro de China, a pesar de las dudas que se ciernen sobre el débil gasto de los consumidores y los crecientes riesgos económicos.
Como experto en economía política china, considero que el nuevo plan quinquenal de China tiene tanto que ver con el poder como con la economía. De hecho, se trata principalmente de un proyecto para navegar por una nueva era de competencia. Como tal, corre el riesgo de no abordar la brecha cada vez mayor entre la creciente capacidad industrial y la tibia demanda interna.
Sueños de alta tecnología
En el centro del nuevo plan se encuentran recomendaciones que sitúan la fabricación avanzada y la innovación tecnológica en primer plano. En la práctica, esto significa modernizar las fábricas antiguas, automatizar y «ecologizar» la industria pesada y fomentar «industrias emergentes y futuras» como la aeroespacial, las energías renovables y la computación cuántica.
Al hacer avanzar la economía en la cadena de valor, Pekín espera escapar de la trampa del ingreso medio y consolidar su estatus como superpotencia tecnológica autosuficiente.
Para aislar a China de los controles a la exportación impuestos por otros países para frenar su ascenso, Pekín está redoblando sus esfuerzos por «indigenizar» las tecnologías críticas, inyectando dinero en las empresas nacionales y reduciendo la dependencia de los proveedores extranjeros.
Esta búsqueda de la autosuficiencia no es solo una cuestión económica, sino que está explícitamente ligada a la seguridad nacional.
Bajo el mandato de Xi, China ha perseguido agresivamente lo que el Partido Comunista Chino denomina «fusión militar-civil», es decir, la integración de la innovación civil con las necesidades militares.
El nuevo plan quinquenal está dispuesto a institucionalizar esta fusión como mecanismo principal para la modernización de la defensa, garantizando que cualquier avance en inteligencia artificial civil o supercomputación beneficie automáticamente al Ejército Popular de Liberación.
Remodelación del comercio mundial
El impulso estatal de China en las industrias de alta tecnología ya está dando sus frutos, que el nuevo plan quinquenal pretende ampliar. En la última década, China se ha convertido en líder mundial en tecnologías verdes, como paneles solares, baterías y vehículos eléctricos, gracias al fuerte apoyo del Gobierno. Ahora, Pekín pretende replicar ese éxito en semiconductores, maquinaria avanzada, biotecnología y computación cuántica.
Si se materializa, esa ambición podría remodelar las cadenas de suministro y los estándares mundiales.
Pero también aumenta lo que está en juego en la rivalidad económica de China con las economías avanzadas. La destreza china en la construcción de cadenas de suministro completas ha llevado a Estados Unidos y Europa a hablar de reindustrialización para evitar una dependencia excesiva de Pekín.
Al comprometerse a construir «un sistema industrial moderno con la fabricación avanzada como columna vertebral» y a acelerar «la autosuficiencia científica y tecnológica de alto nivel», el nuevo plan deja claro que China no renunciará a su intento de dominar la tecnología.
Un reequilibrio difícil de alcanzar
Sin embargo, lo que el plan presta una atención relativamente modesta es la falta de una demanda interna fuerte.
El impulso del gasto de los consumidores y los medios de vida apenas recibe más que palabras vacías en el comunicado que siguió al pleno en el que se trazó el plan quinquenal.
Los líderes chinos prometieron esforzarse por «impulsar vigorosamente el consumo» y construir un «mercado interno fuerte», junto con mejoras en la educación, la sanidad y la seguridad social. Pero estos objetivos solo se enumeraron después de los llamamientos a la modernización industrial y la autosuficiencia tecnológica, lo que sugiere que siguen prevaleciendo las antiguas prioridades.
Y esto decepcionará a los economistas que llevan mucho tiempo instando a Pekín a pasar de un modelo abierto y basado en las exportaciones a un modelo de crecimiento impulsado en mayor medida por el consumo de los hogares.
El consumo de los hogares sigue representando solo alrededor del 40 % del producto interior bruto, muy por debajo de las normas de las economías avanzadas. La realidad es que los hogares chinos aún se están recuperando de una serie de reveses económicos recientes: los confinamientos por la COVID-19 que destrozaron la confianza de los consumidores, el colapso del mercado inmobiliario que acabó con billones en riqueza y el aumento del desempleo juvenil que alcanzó un máximo histórico antes de que las autoridades detuvieran la publicación de esos datos.
Con los gobiernos locales sumidos en deudas y enfrentándose a tensiones fiscales, existe escepticismo sobre la posibilidad de que se materialicen en un futuro próximo reformas audaces en materia de gasto social o de fomento del consumo.
Dado que Pekín está reforzando la industria manufacturera a pesar de que la demanda interna sigue siendo débil, es probable que la producción adicional se exporte al extranjero, especialmente en lo que se refiere a los vehículos eléctricos, las baterías y las tecnologías solares, en lugar de absorberse en el mercado interno.
El nuevo plan es consciente de la necesidad de mantener una base manufacturera sólida, especialmente entre las industrias agrícolas en dificultades y otras industrias más antiguas que luchan por mantenerse a flote. Como tal, este enfoque puede evitar una dolorosa reducción de plantilla a corto plazo, pero retrasa el reequilibrio hacia los servicios y el consumo que muchos economistas sostienen que China necesita.
Efectos en cadena
Pekín ha presentado tradicionalmente sus planes quinquenales como una bendición no solo para China, sino para el mundo. La narrativa oficial, repetida por los medios de comunicación estatales, hace hincapié en que una China estable y en crecimiento sigue siendo un «motor» del crecimiento mundial y un «estabilizador» en medio de la incertidumbre mundial.
Cabe destacar que el nuevo plan aboga por una «apertura de alto nivel», alineándose con las normas comerciales internacionales, ampliando las zonas de libre comercio y fomentando la inversión extranjera, incluso mientras se persigue la autosuficiencia.
Sin embargo, el impulso de China por ascender en la escala tecnológica y apoyar a sus industrias probablemente intensificará la competencia en los mercados mundiales, posiblemente a expensas de los fabricantes de otros países. En los últimos años, las exportaciones de China han aumentado hasta alcanzar niveles récord. Esta avalancha de productos chinos baratos ha presionado a los fabricantes de sus socios comerciales, desde México hasta Europa, que han comenzado a contemplar medidas proteccionistas. Si Pekín redobla ahora sus esfuerzos por subvencionar tanto a las industrias de vanguardia como a las tradicionales, el resultado podría ser un exceso aún mayor de productos chinos a nivel mundial, lo que agravaría las fricciones comerciales.
En otras palabras, el mundo podría sentir más el poderío industrial de China, pero no lo suficiente su poder adquisitivo, una combinación que podría tensar las relaciones económicas internacionales.
Una apuesta de alto riesgo por el futuro
Con el 15.º plan quinquenal de China, Xi Jinping está haciendo una apuesta estratégica por su visión a largo plazo. No hay duda de que el plan es ambicioso y completo. Y, si tiene éxito, podría llevar a China a cotas tecnológicas y reforzar su pretensión de convertirse en una gran potencia.
Pero el plan también revela la renuencia de Pekín a alejarse de una fórmula que ha generado crecimiento a costa de desequilibrios que han perjudicado a muchos hogares en todo el vasto país.
En lugar de cambiar radicalmente de rumbo, China está tratando de tenerlo todo: perseguir la autosuficiencia y la integración global, profesar la apertura mientras se fortalece y prometer prosperidad para el pueblo mientras invierte recursos en la industria y la defensa.
Pero los ciudadanos chinos, cuyo bienestar es aparentemente el centro del plan, juzgarán en última instancia su éxito por si sus ingresos aumentan y sus vidas mejoran para 2030. Y esa apuesta se enfrenta a grandes dificultades.
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Shaoyu Yuan
El Dr. Shaoyu Yuan es un académico especializado en relaciones internacionales con experiencia en política exterior, poder blando y relaciones entre China y Estados Unidos. Investiga y enseña en la Universidad de Rutgers y en la Universidad de Nueva York. El Dr. Yuan es autor de dos libros y numerosos artículos académicos. Su trabajo ha aparecido en revistas académicas como International Affairs, East Asia, The Pacific Review, Journal of Contemporary Eastern Asia y Humanities and Social Science Communications. Su trabajo ha sido destacado en medios de comunicación destacados, como The New York Times, USA Today, The Hill, The Economist, Al Jazeera y The Diplomat. Es licenciado por el Centre College, tiene un máster por la Universidad Northeastern y un doctorado por la Universidad Rutgers.
3. Capitalismo verde en Pakistán.
Otro de esos excelentes informes del TNI sobre capitalismo verde y acaparamiento de tierras en casos concretos. En esta ocasión, Pakistán.
https://www.tni.org/en/article/the-green-pakistan-initiative
La Iniciativa Pakistán Verde Capitalismo verde y despojo rural en Pakistán
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2025
El 11 de julio de 2025, mientras las lluvias monzónicas inundaban Lahore, Pakistán puso en marcha la Iniciativa Pakistán Verde, respaldada por el ejército, que consistía en granjas corporativas y seis nuevos canales en Punyab. Vendida como «modernización», está provocando desalojos de pequeños agricultores, disputas por el agua dulce con Sindh, grandes inversiones del Golfo y un creciente movimiento de protesta liderado por figuras como «Zulfiqar Junior».
Artículo largo de Zaighum Abbas
Ilustración de Fourate Chahal El Rekaby
Resumen ejecutivo
- La Iniciativa Pakistán Verde es un programa liderado por el ejército que se puso en marcha en 2023 para promover la agricultura corporativa mediante proyectos de irrigación a gran escala e inversiones extranjeras (principalmente del Golfo) en la agricultura. Se presenta como una respuesta integral a los retos económicos y ecológicos de Pakistán, prometiendo una agricultura mecanizada y un desarrollo verde. Sin embargo, a pesar de este discurso de sostenibilidad, la Iniciativa Pakistán Verde refleja los patrones tradicionales de la economía política de Pakistán, donde el ejército desempeña un papel dominante en la gobernanza y controla vastas extensiones de tierra.
- Este artículo sitúa la Iniciativa Pakistán Verde en una trayectoria histórica que va desde las «colonias de canales» coloniales hasta los megaproyectos poscoloniales, y muestra cómo los planes de desarrollo han servido para reforzar el control de la élite sobre la tierra en lugar de redistribuirla. El programa marca un cambio del latifundismo agrícola a la agroindustria dirigida por empresas y respaldada por instituciones estatales clave e inversores extranjeros.
- Los cambios legales y políticos en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde permiten el arrendamiento a largo plazo de tierras estatales a empresas gestionadas por el ejército y a corporaciones agroindustriales con sede en el Golfo. Estos acuerdos les garantizan el acceso a los recursos agrícolas de Pakistán, mientras que las comunidades que han cultivado esas mismas tierras durante generaciones se enfrentan ahora al desalojo. Los riesgos y daños medioambientales, como el agotamiento de las aguas subterráneas, la destrucción de los manglares y la escasez de agua, recaen sobre las poblaciones rurales, mientras que gran parte de los beneficios salen del país.
- La Iniciativa Pakistán Verde oculta su lógica extractivista al enmarcar estos procesos en términos ecológicos. Al hacerlo, sitúa a Pakistán en plena tendencia mundial en la que la acción climática se utiliza para impulsar la acumulación de capital y el control de las élites, en lugar de abordar las desigualdades ecológicas y sociales.
Introducción
Es 11 de julio de 2025 y Lahore está empapada por las lluvias monzónicas, con cielos grises y carreteras inundadas. Una inusual sensación de expectación invade el Club de Prensa de la ciudad, donde está a punto de comenzar una rueda de prensa sobre una nueva ola de proyectos de desarrollo agrario impulsados por el Estado, denominada Iniciativa Pakistán Verde. En el interior, los periodistas, con sus shalwar qameez1 húmedos, esperan ansiosos la llegada de los ponentes. Entre los ponentes se encuentra un joven barbudo de unos 35 años, conocido popularmente como «Zulfiqar Junior». Lleva el nombre de su abuelo, Zulfiqar Ali Bhutto, antiguo primer ministro de Pakistán de orientación socialista que fue ejecutado en 1979 por la dictadura militar de Muhammed Zia-ul-Haq, respaldada por Estados Unidos. Durante el último año, Zulfiqar Junior, un joven artista y ecosocialista, se ha convertido en el insólito rostro del movimiento campesino y agrario que se opone a la Iniciativa Pakistán Verde. Cuando se dirige a los periodistas reunidos, lo hace con una actitud tranquila y serena, y les dice: «No dejaremos a nuestros agricultores y campesinos a merced de esta locura».
Más allá del Club de Prensa, el clima político en Pakistán se caracteriza actualmente por un inmenso apoyo popular al ex primer ministro Imran Khan, encarcelado, que fue destituido del Gobierno hace tres años en la primera moción de censura parlamentaria exitosa del país.2 Desde entonces, Khan ha sido encarcelado, condenado por corrupción y por filtrar secretos de Estado, cargos que muchos de sus partidarios describen como falsos. No obstante, Khan ha sido capaz de plantear un desafío directo a la autoridad del poderoso ejército del país, al que considera responsable de su destitución del Gobierno.
En el periodo de inestabilidad política que siguió a la destitución de Khan, llegó al poder una coalición liderada por la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz, de centro-derecha. Durante este tiempo, el país también se enfrentó a violentos ataques del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grupo armado, así como a una inflación galopante, todo lo cual alimentó el descontento público.3 Si bien la guerra entre la India y Pakistán en mayo de este año (2025) ha ayudado al ejército a recuperar parcialmente su imagen pública, no ha podido frenar la popularidad de su oponente más vociferante, Imran Khan. No obstante, los generales del país siguen teniendo un enorme poder político en Pakistán, y muchos sugieren que el país tiene una forma híbrida de gobierno en la que los funcionarios electos ocupan sus cargos, pero las decisiones clave recaen en el ejército.4
En este tenso contexto, marcado por los crecientes problemas económicos y una crisis de la balanza de pagos, las autoridades estatales pusieron en marcha en 2023 la Iniciativa Pakistán Verde, un ambicioso programa de recuperación económica ideado y supervisado directamente por el ejército pakistaní.5 Mediante inversiones empresariales nacionales y extranjeras, la Iniciativa Pakistán Verde tiene como objetivo introducir prácticas agrícolas modernas en las tierras cultivables y en las que actualmente no lo son. Esto es importante porque Pakistán depende en gran medida de su sector agrícola para sostener su economía (contribuyó con alrededor del 24 % del PIB en el año fiscal 2024-25). Una parte central de la Iniciativa Pakistán Verde es el proyecto de los seis canales, que consiste en desarrollar seis grandes canales de riego en las regiones áridas de la provincia más grande del país, Punyab, con el objetivo de convertir vastas extensiones de tierra árida en zonas cultivables.
Aunque oficialmente se presenta como una iniciativa para mejorar la productividad, la Iniciativa Pakistán Verde sirve de marco institucional para arrendar grandes extensiones de tierras estatales a empresas agrícolas. En virtud de este plan, los gobiernos provinciales identifican las llamadas tierras «áridas» o «sin utilizar» y las transfieren a una empresa gestionada por el ejército, Green Corporate Initiative Pvt. Ltd., creada bajo la supervisión del Consejo Especial de Facilitación de Inversiones (SIFC). A continuación, esta empresa celebra contratos de arrendamiento a largo plazo —normalmente de 20 a 30 años— con inversores nacionales y del Golfo, que desarrollan estas tierras para la agroindustria orientada a la exportación.
Aunque la Iniciativa Pakistán Verde se disfraza con el lenguaje de la productividad y la inversión, la cruda realidad está siendo puesta de relieve por diversos movimientos en todo el país: personas que son despojadas de sus tierras y que estas son apropiadas por capital nacional y extranjero, principalmente de los países del Golfo.
Ilustración de Fourate Chahal El Rekaby
Las raíces de la captura por parte de la élite: un Estado desarrollista militarizado y la formación de clases en Pakistán
En 1961, el primer dictador militar de Pakistán, el general Ayub Khan, fue recibido con extraordinaria pompa en Estados Unidos después de que Pakistán se uniera a la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO) y a la Organización del Tratado Central (CENTO), ambas lideradas por Estados Unidos. Estas dos alianzas militares de la Guerra Fría se crearon para contener la expansión del comunismo en Asia y Oriente Medio; al unirse a ellas, Pakistán se convirtió en un Estado de primera línea en la Guerra Fría.6 Por esta razón, cuando el general Ayub llegó a la base aérea de Andrews, en Washington, fue recibido con una guardia de honor militar completa y una salva de 21 cañonazos, y fue recibido personalmente por el presidente estadounidense John F. Kennedy.
Con la ayuda de Occidente, y en particular de Estados Unidos, el general Ayub invirtió miles de millones de dólares en el sector agrícola de Pakistán, lo que muchos aclamaron como una transformación revolucionaria del panorama agrícola del país.7 Los medios de comunicación occidentales publicaron informes sobre cómo Pakistán estaba en camino de convertirse en uno de los llamados «tigres asiáticos». La ayuda financiera a la agricultura pakistaní formaba parte de un intento de dar legitimidad a la dictadura militar en Pakistán, al tiempo que se sofocaba la posibilidad de una insurgencia campesina como las que eran habituales en gran parte del Sur Global durante ese periodo.8 De hecho, Nick Cullather ha argumentado que la ayuda agrícola estadounidense a Asia durante la Guerra Fría fue una forma de contrarrevolución verde, afirmando: «La Revolución Verde se convirtió en el arma elegida para garantizar que el equilibrio de poder se mantuviera a favor de Estados Unidos. Washington recurrió a la tecnología agrícola para aliviar la pobreza y promover el crecimiento económico a una escala que «disciplinara la política rebelde [de Asia] y reforzara los regímenes clientes».9 Desde este punto de vista, el monopolio tecnológico de Washington se instrumentalizó para «disciplinar» la política, vinculando a los campesinos y agricultores a un elaborado sistema de instituciones crediticias y despojándolos de sus tierras y de su autonomía agrícola. Bajo este nuevo sistema, los agricultores tenían que pedir préstamos, comprar semillas, utilizar fertilizantes químicos y vender cultivos comerciales. De este modo, pasaron a formar parte de un circuito económico controlado10 que reestructuró las relaciones sociales y socavó las posibilidades de organización y revuelta.11 Este nuevo sistema enmarcó el hambre como un reto técnico, relacionado con una simple «falta de calorías», en lugar de como una cuestión política directamente vinculada a la desigualdad y al despojo (de tierras).12
Mientras que los regímenes de izquierda de la China maoísta y el Vietnam posrevolucionario llevaron a cabo reformas agrarias radicales, tales reformas eran un tema tabú para el régimen de Ayub Khan, alineado con Estados Unidos. En su lugar, el régimen impulsó el aumento de la productividad agrícola mediante la aplicación de tecnología y financiación respaldadas por Occidente. A nivel nacional, el objetivo subyacente de estas políticas era garantizar que los grandes terratenientes tradicionales de Pakistán mantuvieran el control, preservando las formaciones de clase tradicionales.13 En el ámbito internacional, el papel de Pakistán como Estado cliente de Estados Unidos consistía en presentar el modelo estadounidense como una alternativa al comunismo. Pakistán no fue el único en esta experiencia: este modelo de ayuda agrícola como estrategia de contrainsurgencia se aplicó con fuerza durante el período de la Guerra Fría en Filipinas, Indonesia y Tailandia.14
El respaldo geopolítico de Estados Unidos a su régimen cliente en Pakistán permitió a la dictadura militar establecer un modelo agrícola acumulativo en el que el ejército desempeña un papel clave, una situación que continúa hasta hoy. Según las estimaciones actuales, aproximadamente 12 millones de acres de tierra en Pakistán, o el 4 % de la superficie total, están bajo control militar.15 Esto ha llevado a la creación de una clase terrateniente militar que obtiene rentas de los arrendatarios sin vivir realmente en la tierra. Por ejemplo, en regiones como Okara, Bahawalpur y Baluchistán, las tierras que históricamente eran cultivadas por arrendatarios agrícolas bajo arrendamientos coloniales fueron reapropiadas por los militares a principios de la década de 2000, y quienes reclamaban la propiedad fueron objeto de represión. Es importante destacar que las tierras asignadas al establishment militar-burocrático se riegan con agua de canales gestionados por el Gobierno, mientras que los canales utilizados por los pequeños agricultores suelen estar secos, sedimentados o rotos, lo que les obliga a depender de costosos pozos entubados, lo que aumenta el coste de producción.16
Si bien los militares de países como Egipto y Turquía tienen un poder económico significativo, la escala del control directo de la tierra por parte de los militares en Pakistán es inusual: tiene una de las clases terratenientes militares más arraigadas del mundo. A través de sus propiedades inmobiliarias, el acceso preferencial al agua y el patrocinio del Estado (en forma de subsidios para la agricultura), la élite militar terrateniente domina la economía rural y obtiene rentas y beneficios, pero se distancia de la agricultura real. Los arrendatarios, por su parte, son vulnerables a los desalojos, especialmente cuando la búsqueda de beneficios conduce a la inmobiliarización de las tierras agrícolas, principalmente en relación con proyectos de viviendas de élite.
La transición del latifundismo agrícola al capitalismo inmobiliario urbano ha intensificado aún más la división de clases entre la élite terrateniente vinculada al ejército y los agricultores arrendatarios. Esta transición se aceleró en los años ochenta y noventa, cuando se expandieron los planes de vivienda respaldados por el Estado en las principales ciudades. En este cambio, la tierra ya no estaba vinculada a la producción, sino que se sometía cada vez más a la especulación y la acumulación. Las zonas rurales y periurbanas pasaron a ser cada vez más propiedad de las sociedades inmobiliarias en expansión que se crearon para atender a las clases medias y altas urbanas. Por ejemplo, el 25 % de la tierra de Lahore, la capital de la provincia más grande de Pakistán, Punjab, pertenece a la Autoridad de Vivienda de Defensa, una autoridad inmobiliaria y de desarrollo de viviendas creada originalmente para proporcionar vivienda a los oficiales militares retirados y en servicio.17 Con el tiempo, la Autoridad de Vivienda de Defensa se ha convertido en uno de los imperios inmobiliarios más poderosos del país, atendiendo a las élites urbanas, tanto civiles como militares.
Otro ejemplo de estas sociedades inmobiliarias es Bahria Town, uno de los mayores proyectos inmobiliarios privados del sur de Asia, con proyectos de gran envergadura en Lahore y Karachi. Bahria Town es un ejemplo del modelo de conversión de la tierra en capital ficticio y un caso paradigmático de rentismo de élite, en el que la riqueza no se produce mediante el trabajo o la innovación, sino que se extrae mediante la propiedad y la manipulación de los mercados inmobiliarios. Bahria Town es también un ejemplo notorio de lo que David Harvey denomina «acumulación por desposesión», ya que es conocida por sus desalojos forzosos de comunidades periurbanas de larga data. En los casos en que fracasan los intentos de desalojo directo, el conglomerado adopta una estrategia alternativa: compra terrenos a bajo precio ejerciendo coacción sobre los propietarios y, a continuación, cambia la calificación de esos terrenos de uso agrícola a uso comercial.18 Una vez reclasificados, comercializa agresivamente los terrenos, apelando a las aspiraciones de lujo y exclusividad de la clase alta. Incluso antes de que comience el desarrollo de proyectos de vivienda en los terrenos, las parcelas se venden por adelantado a los inversores, lo que genera un capital inicial enorme.19 Este capital se utiliza luego para comprar terrenos adicionales, creando un ciclo de expansión especulativa. De este modo, la tierra se transforma de un activo productivo en una herramienta para la acumulación de la élite. La tierra sigue siendo fundamental en esta ecuación, pero su valor ahora proviene de su potencial de intercambio, no de su valor de uso.
Lo novedoso en esta transición del latifundismo agrícola al capitalismo inmobiliario es la entrada de nuevos grupos de élite en el control y la gestión de las tierras, una posición que antes estaba dominada por las familias feudales. A partir de la década de 1980 y acelerándose después de la década de 2000, esta élite pasó a incluir a generales del ejército, jueces, burócratas y magnates inmobiliarios, que trabajan en colaboración con instituciones estatales clave. Así, aunque el capitalismo inmobiliario representa una nueva fase de acumulación de capital, también se basa en las antiguas estructuras feudales. Es importante destacar que los patrones de despojo continúan. También se trata de un caso de captura por parte de la élite, que adopta la forma de explotar las lagunas normativas, influir en las autoridades locales de desarrollo y crear una economía paralela basada en las expectativas de revalorización de la tierra. Todo ello es un ejemplo clásico de lo que Marx denominaba capital ficticio.
Las consecuencias de la transición del latifundismo agrícola al capitalismo inmobiliario han sido nefastas para la economía de Pakistán. A medida que la tierra se ha convertido en el principal lugar de acumulación de capital, la economía ha pasado de la producción a la especulación, lo que ha provocado la erosión de la competitividad industrial. El rentismo puro y duro impide la industrialización y el desarrollo de las fuerzas productivas: en cambio, el capital se asigna erróneamente al sector inmobiliario en busca de rendimientos más rápidos y seguros. Entre 2015 y 2020, el sector inmobiliario atrajo más capital que el sector textil, que sigue representando aproximadamente entre el 8 % y el 9 % del PIB y más de la mitad de las exportaciones de Pakistán.20 Como resultado, el país lucha contra un déficit comercial persistente, con una deuda externa que ahora supera los 90 000 millones de dólares. Pakistán depende ahora principalmente de las remesas extranjeras para mantenerse a flote.21
A nivel social, este capitalismo inmobiliario ha provocado el deterioro de los sistemas de arrendamiento rural y el aumento de la inseguridad alimentaria, que ahora afecta al 43 % de la población de Pakistán, según las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos. Con una pobreza rural que sigue rondando el 35 %, se ha intensificado la migración de los hogares rurales a las ciudades y a otros países, lo que ha provocado una feminización cada vez mayor de la mano de obra agrícola.22 Sin embargo, esta feminización no va acompañada de una mayor autonomía o apoyo institucional para las mujeres, ya que el trabajo de estas no está remunerado o está mal remunerado. Solo en la provincia de Sindh, se estima que el 60 % de las mujeres trabajan como mano de obra no remunerada en explotaciones agrícolas familiares, mientras que el valor anual de su trabajo se estima en 2460 millones de dólares, lo que constituye el 57 % del total de la mano de obra agrícola de la provincia.23
Junto con la precariedad del trabajo en las zonas rurales, la inmobiliarización de la tierra va acompañada de una crisis de vivienda que está provocando una dramática desigualdad espacial en los principales centros urbanos, como Karachi, Lahore e Islamabad. Según un estudio del Instituto de Economía del Desarrollo de Pakistán, el país se enfrenta actualmente a una escasez total de 10,3 millones de viviendas. Este déficit está distribuido de forma desigual, y algunas provincias se enfrentan a déficits muy elevados, como Punjab, con casi un 40 %, y Sindh, con más del 57 %.24
En este contexto, el desarrollo para unos pocos suele significar el desplazamiento de muchos, y a veces se arrasan por completo Katchi Abadis (asentamientos informales) sin ningún plan para el reasentamiento de sus ocupantes. Por ejemplo, en el corazón de la capital del país, Islamabad, en julio de 2015 se lanzó una violenta operación para demoler un katchi abadi con el fin de llevar a cabo un proyecto inmobiliario, lo que afectó a casi 8000 personas de clase trabajadora, pertenecientes en su mayoría a la comunidad cristiana minoritaria. Estas demoliciones son ataques de clase contra los residentes pobres que benefician a los inversores inmobiliarios, en connivencia con el Estado controlado por los militares. Constituyen una criminalización simbólica y material de la falta de vivienda y la pobreza, mientras que las violaciones de los ricos pasan desapercibidas.25 A pesar de estar justificados en nombre de la crisis de la vivienda, estos planes inmobiliarios son, por su diseño, inaccesibles para los trabajadores urbanos pobres. Los promotores suelen invocar la retórica de proporcionar vivienda, pero sus proyectos se dirigen a los sectores acomodados de las clases media y alta, no a los grupos de bajos ingresos. Como resultado, la demanda de viviendas verdaderamente asequibles en las zonas urbanas de Pakistán sigue sin atenderse.
La trayectoria histórica que ha visto un cambio del latifundismo agrícola al capitalismo inmobiliario ha entrado ahora en una nueva fase: la del capitalismo verde. Esta nueva fase de acumulación se disfraza con retórica verde y jerga sobre la sostenibilidad, pero la están llevando a cabo los mismos actores que participan en el capitalismo inmobiliario. Por lo tanto, representa un cambio en el lenguaje, pero no en la lógica. Este cambio refleja la tendencia mundial del capitalismo verde, en el que la acción climática está diseñada para generar financiación y obtener rentas, en lugar de romper con la lógica extractiva o hacer frente a la injusticia ecológica y climática. En el capitalismo verde, el lenguaje de la «agricultura climáticamente inteligente» y las tecnologías de la llamada «nueva revolución verde» se utiliza cada vez más en el discurso de los Estados y los donantes. Este encuadre no solo destaca las soluciones técnicas, sino que también presenta implícitamente a los usuarios tradicionales de la tierra como ineficientes, posicionando la agricultura industrial como el futuro inevitable.26 Como sostiene Tania Li (2007), estos discursos tratan de transformar cuestiones agrarias complejas en cuestiones exclusivamente técnicas, convirtiendo las luchas por la tierra y los medios de vida en problemas estrechos de productividad y eficiencia. 27 En la práctica, esto legitima los planes agrícolas corporativos, incluida la Iniciativa Pakistán Verde, al tiempo que oculta el despojo de los campesinos y los conocimientos medioambientales arraigados en las prácticas locales.28 Así, en el capitalismo verde, el ecologismo se ha convertido en una nueva frontera para la captura por parte de las élites, que permite el despojo bajo el pretexto de la gestión ecológica. El objetivo no es tanto restaurar los ecosistemas como volver a legitimar el acaparamiento de tierras en nombre de la conservación, la eficiencia agrícola y las compensaciones de carbono.
Ilustración de Fourate Chahal El Rekaby
Plantando beneficios: desentrañando la Iniciativa Pakistán Verde
وارث شاہ نیویں نیویں وسدا، جتھے کھیتی روئے کھُرکاں مارے
«Waris Shah camina con la cabeza gacha por pueblos donde los cultivos lloran bajo el peso de la opresión» —Waris, en Heer.
Heer, de Waris Shah, es el equivalente en el Punyab de la Ilíada, el Shahnameh o Alf Laila Wa Laila. Es un libro sobre el amor y la tierra, lleno de imágenes rurales, en el que los personajes se lanzan a monólogos y diálogos, a menudo con connotaciones espirituales y sociales. Heer es una obra maestra de la literatura sufí punjabi escrita en el siglo XVIII que refleja la tradición sudasiática de contar historias llamada Qissa. Cantada y celebrada durante siglos, Heer refleja de forma inquietante los patrones de angustia agraria que vemos en el Punjab moderno. En el relato de Waris Shah, la amante del protagonista Ranjha, Heer, no es solo una mujer, sino también un símbolo de la tierra del Punjab: fértil, orgullosa y autónoma, pero sometida a la dominación. Su matrimonio forzado para proteger el honor de su clan muestra cómo tanto las mujeres como la tierra han sido objeto de comercio y violación durante mucho tiempo. Esta continuidad es importante: mientras que en la época de Waris Shah estas metáforas reflejaban el funcionamiento de la autoridad patriarcal y feudal, hoy en día se desarrollan dinámicas similares bajo nuevas formas, ya que las tierras agrícolas se convierten en propiedades inmobiliarias sin el consentimiento de quienes las cultivan. Esta Qissa nos recuerda que el desarrollo sin consentimiento es siempre una violación, independientemente de cómo se presente. Del mismo modo, la decisión del protagonista Ranjha de convertirse en un vagabundo sufí después de que sus hermanos le nieguen la parte de tierra que le corresponde resuena con la difícil situación de los campesinos migrantes contemporáneos que abandonan sus hogares para encontrar un medio de supervivencia ante las dificultades agrarias.
Moldeado por el legado colonial de la clasificación de la tierra y las colonias de canales —asentamientos construidos por los británicos en el Punyab cerca de los canales de riego que transformaron las tierras áridas en tierras de cultivo que se trabajaban para obtener ingresos—, el Estado moderno que gobierna hoy el Punyab presenta una visión de la provincia diferente a la que se describe en Heer: una visión desprovista del rico tapiz cultural del pasado. Esta visión imagina la tierra a través de un lenguaje de desarrollo y seguridad. La profunda memoria cultural incrustada en su suelo, ricamente articulada por poetas como Waris Shah, está siendo ahora sustituida por visiones tecnocráticas e injustas del desarrollo. La tierra se ha convertido en un activo cuantificable y ya no es el hogar de las innumerables comunidades que le dieron vida y significado a través de su trabajo y su cultura. Se trata de una ruptura moral y epistemológica con el pasado provocada por las lógicas coloniales, poscoloniales y neocoloniales del desarrollo, tal y como se imagina en proyectos como la Iniciativa Pakistán Verde.
Lanzada oficialmente en 2023, la Iniciativa Pakistán Verde se presenta como una panacea que puede resolver los problemas económicos del país y mejorar la producción nacional de alimentos mediante la agricultura mecanizada. Su sitio web afirma: «La Iniciativa Pakistán Verde (GPI) es un proyecto agrícola que constituye un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Pakistán y el ejército pakistaní con el objetivo de mejorar el desarrollo agrícola en el país». 29 La iniciativa afirma que está mejorando la productividad agrícola mediante la aplicación de tecnología moderna y técnicas de riego, al tiempo que crea empleo a gran escala en las zonas rurales al atraer inversión extranjera directa, principalmente de los países del Golfo.
Más allá de los objetivos declarados, la Iniciativa Pakistán Verde debe entenderse como una arquitectura institucional más amplia que está desarrollando el Gobierno pakistaní, en estrecha colaboración con los líderes militares, para consolidar el control sobre la tierra y la inversión agrícola en el país. Esta arquitectura incluye la creación del Sistema de Gestión de la Información Territorial (LIMS), la Green Corporate Initiative Pvt. Ltd. (GCI) y el Consejo Especial de Facilitación de Inversiones (SIFC), junto con la construcción de seis nuevos canales en Punyab, todo lo cual centraliza colectivamente la toma de decisiones sobre el uso de la tierra, la asignación del agua y la gobernanza agrícola bajo la supervisión del ejército.
Los efectos de esta ambiciosa empresa ya se están dejando sentir en todo el país. Según las estimaciones, se prevé que aproximadamente un millón de campesinos y pequeños agricultores sean desplazados y desposeídos debido a los proyectos agrícolas corporativos en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde.30 Además, se han planteado serias dudas sobre el proceso de adquisición de tierras para estos proyectos.
La iniciativa se remonta a principios de enero de 2023, cuando, tras la instauración de un gobierno provisional en Punyab, el ejército pakistaní propuso ampliar los proyectos agrícolas corporativos en la provincia en el marco de lo que se denominó la Iniciativa Pakistán Verde. Actuando sobre esta propuesta, y a pesar de que carecía de un mandato constitucional para tomar decisiones políticas a tan largo plazo, el gabinete provisional aprobó arrendamientos de fuente única31 de más de 45 000 acres de las llamadas tierras estatales en los distritos de Bhakkar, Khushab y Khanewal32 a la Organización de Obras Fronterizas (FWO) del ejército pakistaní, un conglomerado de ingeniería y construcción, en el marco de una empresa conjunta con el gobierno del Punjab centrada en el desarrollo agrícola y ganadero. Estos arrendamientos tienen una duración de 20 años, pero pueden prorrogarse por otros 10 años. En junio de 2023, el Tribunal Superior de Lahore declaró inconstitucional todo este proceso, dictaminando que el gobierno interino había excedido su autoridad y que el ejército no tenía ninguna función constitucional en la agricultura comercial. Sin embargo, esa sentencia fue suspendida en apelación en julio de 2023. Esto allanó el camino para la adquisición en curso de las llamadas tierras estatales para proyectos agrícolas corporativos en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde.33
Es importante señalar que las tierras etiquetadas como de propiedad estatal son, en realidad, cultivadas por agricultores arrendatarios en virtud del sistema de arrendamiento introducido por las autoridades coloniales británicas hace más de un siglo. Sin embargo, los derechos de propiedad de estos agricultores siguen sin ser reconocidos o son frecuentemente impugnados por el Estado. Del mismo modo, muchas zonas clasificadas como no cultivadas son, en realidad, utilizadas estacionalmente por comunidades pastorales y nómadas para el pastoreo y la subsistencia.
Los controvertidos arrendamientos para la agricultura corporativa en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde han allanado el camino para el desalojo de los agricultores arrendatarios en todo el Punjab. Un caso así es el de la aldea de Muhammad Nagar, en el distrito de Khanewal, donde, el 4 de noviembre de 2024, el comisionado adjunto ordenó repentinamente el desalojo de los agricultores arrendatarios de las tierras en las que habían vivido durante 120 años.34 En respuesta a la orden, unos 300 agricultores locales realizaron manifestaciones, coreando el lema «¡Propiedad o muerte!» y declarando que nunca abandonarían sus tierras. Tras los enfrentamientos, la administración se retiró, pero la sensación de miedo sigue cerniéndose sobre la zona y los agricultores siguen recibiendo amenazas de desalojo forzoso por parte de la administración local.
Para facilitar la expansión de la Iniciativa Pakistán Verde, en julio de 2023 el Gobierno instituyó dos mecanismos clave:
- El Sistema de Gestión de la Información Territorial (LIMS): Establecido bajo la supervisión conjunta del Gobierno federal y el ejército, el LIMS es un componente clave de la Iniciativa Pakistán Verde. Se trata de una agencia gubernamental encargada de identificar, cartografiar y supervisar las tierras estatales y sin cultivar para proyectos agrícolas corporativos en el país. Hasta ahora, el LIMS ha identificado aproximadamente 4,8 millones de acres de tierra para proyectos agrícolas corporativos en la fase inicial de la iniciativa.35 El LIMS forma parte de una iniciativa gubernamental más amplia para centralizar la toma de decisiones sobre el uso de la tierra y promover métodos tecnológicos en la agricultura con el fin de aumentar la productividad y el rendimiento de los cultivos.36
- Green Corporate Initiative Pvt Ltd (GCI): La GCI es una empresa creada por el ejército pakistaní en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde para gestionar y arrendar tierras cultivables transferidas al control del ejército mediante acuerdos de empresa conjunta con los gobiernos provinciales. Si bien la propiedad legal de las tierras sigue siendo de las provincias, la GCI actúa como intermediaria, arrendando estas tierras a inversores corporativos y extranjeros por períodos de hasta 30 años para facilitar proyectos agroindustriales a gran escala.
A raíz de estos acontecimientos, la Iniciativa Pakistán Verde se amplió a la provincia de Sindh. Aunque la información sobre las actividades de la Iniciativa Pakistán Verde sigue siendo limitada, ya que solo aparece en unos pocos documentos disponibles al público, se puede determinar que el gobierno de Sindh ya ha arrendado a la GCI alrededor de 52 000 acres de tierras estatales en los distritos de Khairpur, Sukkur y Ghotki.37
Aunque las 52 000 acres arrendadas en Sindh y las 45 000 acres arrendadas en Punjab pueden parecer modestas, estos primeros pasos marcan la primera fase de un plan mucho más amplio para someter 4,8 millones de acres de las denominadas tierras estatales y tierras sin cultivar de Sindh y Punjab a acuerdos de arrendamiento similares. Es importante destacar que esta evolución representa un cambio drástico en la forma de gestionar la tierra: los agricultores arrendatarios que han habitado y labrado las tierras estatales desde la época colonial perderán su derecho de propiedad sobre sus tierras; y las llamadas tierras sin cultivar a las que antes tenían acceso las comunidades pastorales y campesinas en virtud del uso consuetudinario serán reclasificadas y arrendadas para proyectos agrícolas corporativos a gran escala. La iniciativa también refleja el papel cada vez más importante del ejército en la gestión de la economía política agraria, con un cambio hacia un modelo que invoca el lenguaje global de la sostenibilidad, al tiempo que reproduce las estructuras preexistentes de exclusión y despojo.
Ilustración de Fourate Chahal El Rekaby
Entrada de la inversión del Golfo
La participación del Golfo en la Iniciativa Pakistán Verde ya se está materializando, en forma de una serie de acuerdos de inversión en los que participan países como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí. Estos acuerdos han sido facilitados por el Consejo Especial de Facilitación de Inversiones (SIFC), un organismo creado en 2023 para acelerar la inversión extranjera en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde. Por ejemplo, en 2023 los EAU se comprometieron a invertir más de 35 000 millones de dólares en acuerdos con Pakistán, incluidas inversiones directas en agricultura corporativa, producción de carne halal y la producción de palmeras datileras para su exportación a los EAU.38 Importantes entidades de los EAU, como Al Dahra, ADQ y AD Ports Group, han firmado memorandos de entendimiento con el Gobierno pakistaní para ampliar su papel en las infraestructuras portuarias, logísticas y aduaneras. Estos avances señalan una mayor presencia de los EAU en los sectores agroalimentario y logístico de Pakistán.39
Del mismo modo, Arabia Saudí se ha posicionado como otro actor clave en la agenda agraria de la Iniciativa Pakistán Verde. En 2023, se comprometió a realizar una inversión prevista de 25 000 millones de dólares en un plazo de dos a cinco años, centrada principalmente en la agricultura, y realizó una inversión inicial de 500 millones de dólares en proyectos agrícolas facilitados a través del nuevo LIMS.40 Varias empresas saudíes, entre ellas Sarh Attaqnia Co., Al Marai, Al Dahra, Saleh y Al-Khorayef, se han asociado con conglomerados pakistaníes, como el Grupo Fatima, para el cultivo a gran escala de arroz, cebada, avena y ensilaje en el marco de planes de agricultura corporativa.41 A la Compañía Saudí de Inversiones Agrícolas y Ganaderas (SALIC) también se le ha ofrecido un proyecto para establecer una granja ganadera en Punjab con 30 000 animales y una capacidad de producción anual de carne de 6000 toneladas para la exportación. La empresa también ha mostrado interés en arrendar 49 000 acres de tierra para proyectos agrícolas corporativos.42 Además, un acuerdo de marzo de 2024 asignó 5000 acres en Bhakkar (Punjab) para cultivar alfalfa que se exportará para alimentar al ganado lechero saudí.43 El conglomerado lácteo saudí Al Marai fue invitado a unirse a esta empresa a pesar de sus controvertidas operaciones en Estados Unidos, donde se le acusa de desviar el escaso agua del río Colorado para cultivar alfalfa en Arizona, una zona afectada por la sequía. La alfalfa es un cultivo que requiere mucho agua y su cultivo en una región semiárida como Bhakkar agotará las ya escasas reservas de agua subterránea.
Todos estos proyectos revelan una integración cada vez mayor entre el sector agrícola de Pakistán y la agenda de seguridad alimentaria del Golfo. Esto debe entenderse en el contexto de una economía política más amplia en la que la acumulación de capital se enmarca en la seguridad alimentaria y la modernización. Como ha demostrado Adam Hanieh, estas iniciativas agrícolas no tienen tanto que ver con garantizar el acceso a los alimentos para las poblaciones del Golfo como con reforzar el poder de las empresas mediante la reorganización espacial del control de los recursos y el desplazamiento de los costes medioambientales, en particular el agotamiento y la contaminación del agua, a los países anfitriones. 44 En Pakistán, esta lógica se materializa a través de la Iniciativa Pakistán Verde, en la que los inversores del Golfo colaboran con las empresas agrícolas dirigidas por el ejército pakistaní para convertir las tierras «en barbecho» reclamadas por el Estado en explotaciones agrícolas corporativas orientadas a la exportación. Sin embargo, estas designaciones de «barbecho» o «sin uso» rara vez son neutrales. Las tierras clasificadas oficialmente como baldías o de propiedad estatal suelen haber sido utilizadas durante mucho tiempo por los pastores, cuyos derechos informales o consuetudinarios se ven anulados por la reclasificación burocrática. Un estudio sobre el desierto de Cholistán revela que aproximadamente medio millón de pastores rohi dependen de la ganadería y el pastoreo estacional en las zonas desérticas.45 Sus medios de vida se ven ahora amenazados por la reapropiación de tierras para megaproyectos agrícolas en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde. Los residentes de toda la región informan de que las zonas de pastoreo tradicionales están siendo sistemáticamente confiscadas, lo que deja a los ganaderos y a las comunidades locales sin alternativas viables.46
Como sostiene Hanieh, estas iniciativas forman parte de una ecología transnacional de acumulación que une a las empresas del Golfo y del sur de Asia en un proyecto común de extracción de recursos y desplazamiento del riesgo medioambiental.47 Son la continuación de anteriores intentos fallidos de cultivar los propios desiertos del Golfo, que provocaron la degradación ecológica y pérdidas financieras masivas. Esto provocó un cambio estratégico que Rafeef Ziadah (2019) denomina «externalización de la inseguridad alimentaria», un proceso (elaborado por Christian Henderson (2020)) mediante el cual el capital agrícola del Golfo traslada los riesgos medioambientales y alimentarios al extranjero a través de adquisiciones transnacionales de tierras.48
Ilustración de Fourate Chahal El Rekaby
Hidrología de la desposesión: el proyecto de los seis canales
Un elemento clave de la Iniciativa Pakistán Verde es la construcción de seis nuevos canales en la provincia de Punyab. Aprobados en julio de 2024, se prevé que los canales de 176 km irriguen aproximadamente 1,2 millones de acres de tierra árida en el desierto de Cholistán, en la provincia de Punyab, con el apoyo de inversiones públicas y privadas.49 Este megaproyecto ya ha generado una feroz resistencia en las comunidades ribereñas del bajo del país, especialmente en la provincia de Sindh.
Aunque los planificadores del proyecto sugieren que los nuevos canales extraerán agua del río Sutlej, en realidad este río no tiene suficiente agua para este fin. El caudal del río Sutlej se ha vuelto muy irregular debido a las presas indias situadas aguas arriba y a la variabilidad climática.50 Según el Tratado de las Aguas del Indo de 1960 entre Pakistán y la India, los ríos Ravi, Beas y Sutlej están controlados en gran medida por la India. Los datos de la Autoridad del Sistema Fluvial del Indo indican una disminución persistente del caudal de estos tres ríos, mientras que Punjab y Sindh se enfrentan actualmente a déficits hídricos del 20 % y el 14 %, respectivamente.51 Esto significa que es muy probable que el agua para los seis nuevos canales se desvíe del río Indo, que está controlado por Pakistán en virtud del marco del Tratado de las Aguas del Indo. Esta medida reduciría la cuota de agua de Sindh, lo que supondría una violación del acuerdo de reparto de agua de 1991 que regula el reparto interprovincial del agua en Pakistán.52 Esto causaría graves daños medioambientales. En particular, provocaría una mayor destrucción de los bosques de manglares de la zona árida del delta del Indo en Sindh, que requieren un delicado equilibrio entre agua dulce y agua de mar. La reducción del caudal del río en estas zonas aumentará la salinidad, destruyendo los hábitats de manglares y amenazando los medios de vida de unos 100 000 agricultores que se dedican a la pesca tradicional en esta zona.53 Esto también socavaría las defensas naturales contra los ciclones y los tsunamis, ya que los manglares actúan como amortiguadores climáticos para las comunidades costeras. Además, el proyecto de canales también amenaza con convertir alrededor de 4 millones de acres de tierras agrícolas en Sindh en tierras áridas, debido a la escasez de agua resultante.54
El actual desequilibrio de poder en el acceso al agua entre Punjab y Sindh tiene su origen en el dominio colonial británico. En la época colonial, Punjab fue el escenario de un gran proyecto de colonización mediante canales: una extensa red de riego que se construyó en toda la cuenca del Indo con el objetivo tanto de apoyar la agricultura como de afirmar el control estratégico sobre la zona. A través de este proyecto, los británicos desarrollaron lo que los historiadores denominan un nexo militar-agrícola en la región. Los soldados punjabíes que regresaban de las guerras imperiales británicas en el extranjero eran recompensados con tierras en las recién creadas «colonias de canales», ya que los británicos buscaban crear un campesinado terrateniente leal que actuara como columna vertebral del orden colonial en el subcontinente indio.55 El legado del proyecto británico de colonización de canales fue que el dominio de Punjab sobre el acceso al agua quedó consolidado en el Estado poscolonial de Pakistán. El historiador Daanish Mustafa señala esta infraestructura hidráulica como un lugar de dominación en el que las regiones fuera del Punjab son tratadas como colonias dentro del Estado-nación más amplio. Mustafa sostiene que el sistema de riego de la cuenca del Indo fue diseñado para permitir un capitalismo agrario extractivo que beneficia a los grandes terratenientes y a las élites militares y burocráticas. Así, el agua se desvía río arriba para beneficiar a las regiones centrales, a expensas de los usuarios río abajo.56 En efecto, las quejas de los sindhis sobre el agua no se refieren a la escasez, sino a la desposesión histórica perpetuada por el Estado poscolonial.
El proyecto de los seis canales que se está llevando a cabo bajo los auspicios de la Iniciativa Pakistán Verde reproduce esencialmente la lógica de las colonias de canales, pero envuelta en el lenguaje del desarrollo verde. Durante la época colonial, las colonias de canales se diseñaron para ampliar el cultivo de productos comerciales y generar los máximos ingresos por tierras para la administración colonial. Del mismo modo, al desviar el agua hacia zonas que acogerán proyectos agrícolas a gran escala respaldados por capital extranjero y local, el proyecto de los seis canales intenta alinear la infraestructura hídrica con los intereses corporativos de los inversores locales y extranjeros, dejando que las comunidades aguas abajo de Sindh soporten los costes ecológicos.
El proyecto de los seis canales se puso en marcha sin ninguna evaluación medioambiental ni debate en el Parlamento nacional, y el Estado no consultó a las partes afectadas. Tampoco se solicitó el consentimiento de Sindh a través del Consejo de Interés Común, un órgano constitucional responsable de resolver disputas y coordinar políticas entre el Gobierno federal y las provincias, en particular en relación con los grandes proyectos interprovinciales. Como se ha indicado anteriormente, Punjab, como provincia ribereña superior, ha ejercido históricamente un control desproporcionado sobre el riego y el acceso a la tierra, en detrimento de Sindh, situada aguas abajo. Como sostiene Ayesha Siddiqi (2023), las prácticas espaciales del Estado y la gobernanza del agua han institucionalizado la marginación de Sindh dentro de la economía política de Pakistán, lo que ha dado lugar a una percepción duradera de explotación económica y exclusión política.57 Además de la desposesión histórica resultante de la infraestructura hidráulica, la objeción de Sindh al proyecto de los seis canales se deriva de la realidad que viven las comunidades del delta. Muchos habitantes del sur de Sindh dependen de las ecologías fluviales y deltaicas para su sustento. La pesca en ríos y estuarios, a menudo realizada a pequeña escala y gestionada por las comunidades locales, es la principal fuente de ingresos de estos hogares.58 El desvío de las aguas del Indo socava estos medios de vida, lo que empuja a las comunidades del delta a emigrar o a buscar trabajo asalariado en ciudades más grandes. Esto refuerza aún más la alienación política que los sindhis han experimentado durante mucho tiempo. Como resultado, muchos sindhis culpan a la federación pakistaní de su despojo.
La paradoja más llamativa del proyecto de los seis canales es que el Estado está intentando convertir el árido desierto de Cholistán en tierra cultivable mediante la construcción de los nuevos canales, aun a riesgo de dejar estériles vastas extensiones de tierra agrícola actualmente fértil en otros lugares. Un enfoque más racional que la expansión del cultivo a zonas ecológicamente frágiles sería poner fin a la conversión en curso de tierras agrarias en proyectos de viviendas residenciales.
Otra iniciativa que encarna esta paradoja y que pone aún más de manifiesto el espíritu perjudicial de las iniciativas de desarrollo del Estado es el proyecto de desarrollo urbano de la ribera del río Ravi, también conocido como proyecto RUDA, que fue iniciado por el Gobierno de Punyab en 2020. Presentado oficialmente como un plan de restauración medioambiental y renovación urbana para «revitalizar el río Ravi», el proyecto implica la adquisición a gran escala de más de 10 000 acres de zonas agrícolas fértiles en la periferia de Lahore. Bajo el pretexto de la rehabilitación del río, el proyecto RUDA prevé una serie de promociones inmobiliarias que convertirán las fértiles tierras agrícolas a lo largo de las orillas del río Ravi en extensos complejos residenciales.59 Así, mientras el Gobierno afirma estar «ecologizando» desiertos como el de Cholistán mediante la ampliación de las redes de riego, al mismo tiempo está desmantelando los paisajes agrarios más productivos del Punyab al convertirlos en propiedades urbanas.
Ilustración de Fourate Chahal El Rekaby
El SIFC
En el centro de la Iniciativa Pakistán Verde se encuentra el SIFC. Como se ha indicado anteriormente, este poderoso organismo sirve de conducto fundamental para acelerar los proyectos de la iniciativa. Su pretensión es conceder aprobaciones rápidas a los proyectos agrícolas de la iniciativa y coordinar entre las autoridades federales y provinciales la eliminación de la burocracia y los obstáculos normativos para los inversores interesados en proyectos relacionados con la Iniciativa Pakistán Verde. Entre sus dirigentes se encuentran altos mandos del ejército, siendo el primer ministro y el jefe del Estado Mayor del Ejército los principales responsables de la toma de decisiones. Según su sitio web oficial, el SIFC tiene como objetivo atraer inversiones de países amigos en sectores seleccionados, como la agricultura, las energías renovables y la minería, mejorar la facilidad para hacer negocios en Pakistán y promover la coordinación entre las instituciones gubernamentales, con el ejército pakistaní desempeñando un papel facilitador.60
El SIFC es una sofisticada continuación del pretorianismo al que se ha enfrentado Pakistán desde sus inicios, por el que el ejército toma las decisiones nacionales clave. Incluso los principales partidos políticos del país ven al SIFC como un instrumento para revertir las autonomías legislativas y financieras que se concedieron a las provincias en virtud de la 18.ª enmienda de la Constitución del país, aprobada en 2010.61 La enmienda fue una importante reforma democrática que revirtió muchas de las características autoritarias de la Constitución introducidas bajo las dictaduras militares anteriores. Fortaleció la autonomía provincial y dio una apariencia de supremacía parlamentaria a la toma de decisiones a nivel nacional. Supuso un contrapeso democrático a décadas de régimen militar y centralización a nivel federal.62 El ejército se siente incómodo con la enmienda porque ha erosionado el control centralizado al transferir el poder administrativo a las unidades federadas. También reduce la influencia central sobre la asignación de recursos, ya que otorga a las provincias una mayor autonomía financiera, lo que reduce el margen fiscal del Gobierno federal. Los críticos argumentan que el SIFC es un intento de lograr una recentralización encubierta de la autoridad constitucional y que socava el espíritu de la 18.ª enmienda, ya que el organismo carece de legitimidad constitucional y elude los procesos democráticos. Sus decisiones no se debaten en el Parlamento y no están sujetas al escrutinio provincial. El SIFC pretende centralizar las decisiones de inversión relacionadas con la agricultura, la energía, la industrialización e incluso el turismo, que constitucionalmente son competencia de las provincias en virtud de la 18.ª enmienda.
A diferencia de los golpes militares abiertos del pasado, la extralimitación militar actual se disfraza con el lenguaje de la inversión y la reforma. Sin embargo, el objetivo subyacente sigue siendo el mismo: ampliar la huella institucional del ejército. La modernización del general Ayub en la década de 1960 enriqueció a la aristocracia terrateniente, mientras que la campaña de privatizaciones del general Musharraf en la década de 2000 favoreció a los magnates inmobiliarios. En ambos casos, las reformas se iniciaron invocando narrativas de desarrollo e interés nacional. El SIFC utiliza el mismo manual: ante una crisis económica provocada por ellos mismos, la élite gobernante justifica ahora cambios radicales en la gobernanza apelando a la «eficiencia» por encima de la legalidad y al «desarrollo» por encima de la justicia. En esencia, se trata de un intento de reestructurar la economía en favor de las élites arraigadas, más que de una respuesta al colapso económico.
Esta reestructuración no es nueva: se basa en el legado del control centralizado instituido por el sistema administrativo colonial británico. El Estado poscolonial heredó el hardware que los británicos habían instalado para facilitar el saqueo imperial, lo que el historiador Hamza Alavi ha descrito como un Estado sobredesarrollado.63 Durante la era colonial, las fuertes instituciones militares y burocráticas, inspiradas en las instituciones británicas e imbuidas de un espíritu de disciplina jerárquica, se encargaban de mantener el orden y facilitar la extracción. En el subcontinente indio, estos mecanismos se extendieron más allá del ejército y la burocracia para incluir regímenes jurídicos y de propiedad integrales diseñados para asegurar el control imperial. Dentro de este sistema, la ley era principalmente una herramienta para la expropiación de recursos, más que un vehículo para garantizar la justicia. Leyes como la Ley de Enajenación de Tierras del Punyab de 1900 facilitaron la recaudación de impuestos y garantizaron que las tierras permanecieran en manos de las castas agrícolas consideradas leales a la corona británica.64 Del mismo modo, los estilos de vida pastorales nómadas fueron tipificados como delito en virtud de la Ley de Tribus Criminales y diversas Leyes Forestales, que redefinieron los paisajes compartidos como propiedad del Estado, restringiendo así el acceso de los indígenas a ellos. Estos instrumentos jurídicos se han mantenido prácticamente intactos en el período poscolonial, lo que ha permitido a la élite controlar la tierra y los recursos.65 La Ley de Adquisición de Tierras de 1894 es un buen ejemplo de ello. Introducida inicialmente por los británicos para consolidar las tierras sobre las que se construyeron los ferrocarriles y las infraestructuras imperiales, sigue vigente hoy en día con mínimas modificaciones. Su cláusula ambigua relativa a la adquisición de tierras para el «bien público» se utiliza para expropiar tierras para proyectos inmobiliarios y planes de desarrollo gestionados por el ejército.
Ilustración de Fourate Chahal El Rekaby
La apuesta por las energías renovables del SIFC
Aunque el SIFC se dedica principalmente a dirigir y aprobar inversiones agrícolas a gran escala en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde, su mandato se está ampliando ahora para abarcar otros sectores estratégicos, como las energías renovables. Una de sus prioridades declaradas es atraer inversiones extranjeras y nacionales al sector de las energías renovables del país, que, según afirma, asciende a 3300 gigavatios (GW).66 Este giro hacia las energías renovables se enmarca en una promesa más amplia de sostenibilidad y ecología. La ambición declarada de la SIFC es añadir 60 GW de energía renovable a la red eléctrica del país atrayendo inversiones nacionales y extranjeras para 2034. Según sus propias proyecciones, si se logra, esto reduciría la dependencia de los combustibles fósiles importados, como el gas natural licuado (GNL), el petróleo y el carbón, que actualmente se obtienen principalmente de los países del Golfo, lo que supondría un ahorro de divisas fundamentales. También contribuiría a reducir la necesidad de «descargas de carga» (cortes temporales), al tiempo que contribuiría a los esfuerzos de mitigación del cambio climático en el marco de las contribuciones determinadas a nivel nacional de Pakistán.67
Sin embargo, el ambicioso plan de la SIFC para impulsar las energías renovables contradice aparentemente las recientes iniciativas políticas del Gobierno en el sector energético, entre las que se incluye un esfuerzo por frenar el crecimiento de los sistemas solares descentralizados en tejados, que los ciudadanos están instalando cada vez más. Reuters68 y el Financial Times69 han informado de que el auge de la energía solar en los tejados de Pakistán es un caso excepcional de innovación ascendente en un régimen energético que, por lo demás, es disfuncional. A principios de 2025, más de 125 000 consumidores habían registrado conexiones solares con medición neta, con una capacidad acumulada superior a 1200 MW. Esto equivale aproximadamente al 2,5 % de la capacidad total instalada de Pakistán. Aunque su escala sigue siendo modesta en relación con la red nacional, la energía solar en tejados es el segmento de más rápido crecimiento del mercado de las energías renovables. El auge de la energía solar ha supuesto una carga de entre 570 y 720 millones de dólares anuales para los usuarios que no utilizan energía solar, ya que a los hogares con energía solar se les acredita la energía que envían a la red al mismo precio que pagan por la electricidad, aunque no participan en los costes fijos de mantenimiento del sistema.70 Esto ha aumentado las tarifas para los consumidores que dependen de la red nacional, empujando al sector eléctrico de Pakistán hacia lo que los analistas denominan una «espiral de muerte», en la que el aumento de las tarifas lleva a más personas a adoptar la energía solar, lo que reduce aún más la base de clientes que pagan.71 En marzo de 2025, el Gobierno respondió a este problema recortando la tarifa de medición neta de 27 rupias pakistaníes (PKR) por unidad (0,10 dólares) a 10 PKR por unidad (0,037 dólares), lo que redujo significativamente los beneficios económicos para los usuarios de tejados solares. Como resultado, el período de amortización medio, es decir, el tiempo necesario para que los hogares recuperen el coste inicial de la instalación de sistemas solares mediante el ahorro en las facturas de electricidad, ha aumentado de unos dos años a entre dos y cinco años.72
Esta política refleja tendencias contradictorias dentro del Gobierno: por un lado, busca atraer inversiones extranjeras a gran escala en energías renovables en el marco de la Iniciativa Pakistán Verde; por otro, desincentiva la transición solar impulsada por los ciudadanos. Estas contradicciones apuntan a una preferencia más amplia por los proyectos intensivos en capital y un modelo de generación de energía renovable que sea rentable para los inversores, en lugar de uno que dé prioridad al acceso equitativo o a la satisfacción de las necesidades energéticas de la población. Sin alinear su planificación a nivel macro con las realidades de la innovación ascendente, las ambiciones del país en materia de energía renovable corren el riesgo de convertirse en extractivas, no solo a través de la captura de recursos, sino a través de lo que Shalini Randeria denomina la «astuta» recombinación de la autoridad estatal y del mercado que deja de lado las reivindicaciones locales sobre los bienes comunes. En este sentido, el «Estado astuto» opera invocando el lenguaje de la sostenibilidad para ampliar el control sobre los recursos, permitiendo que las fuerzas del mercado y las instituciones burocráticas se refuercen mutuamente de manera que se profundicen las jerarquías existentes, un arreglo que, en última instancia, consolida el poder del Estado en lugar de democratizar la gobernanza.73
Ilustración de Fourate Chahal El Rekaby
La lucha contra la Iniciativa Pakistán Verde
En Sindh, la oposición a los seis canales y a la agricultura corporativa está liderada por varios partidos políticos, entre ellos Awami Tehreek (AT) y Jeay Sindh Mahaz (JSM), así como Bhullan Bachao Tehreek, de Zulfiqar Junior, que trabaja para proteger a los delfines del río Indo. Junto con otros movimientos sociales y políticos de todo el país, estas organizaciones forman una resistencia interprovincial que se basa en experiencias compartidas de despojo. Es este despojo lo que Zulfiqar Junior destaca cuando describe el proyecto de los seis canales como uno que beneficiará al capital privado, en lugar de a los agricultores sin tierras de Cholistán y Sindh.74
La resistencia al proyecto de los seis canales tiene un gran eco en Sindh, donde ha atraído a escritores, poetas y otros miembros de la intelectualidad, que han condenado colectivamente la canalización de la tierra.75 Los expertos en la materia cuestionan la viabilidad y la legalidad del proyecto.76 La cuestión es un punto de encuentro para grupos dispares de la provincia que la consideran otra traición más del Partido Popular de Pakistán, actualmente en el poder. Aunque el partido se ha opuesto al proyecto, los críticos señalan su incapacidad para defender los intereses provinciales debido a la participación del ejército, y argumentan que el partido es cómplice del patrón más amplio de «militarismo desarrollista» que está consolidando el control estatal sobre la tierra y los recursos. El resultado es un déficit de confianza cada vez mayor entre el partido y su base de apoyo tradicional en las zonas rurales de Sindh, donde la canalización de la tierra y la expansión de la agricultura corporativa se interpretan como formas de colonización interna.77
Por lo tanto, las conferencias públicas, marchas y protestas se han convertido en la norma en la provincia, con resoluciones que piden la distribución de la tierra entre los campesinos y la abolición de la SIFC.78 Partidos nacionalistas como el Qaumi Awami Tehreek (QAT) y el Jeay Sindh Mahaz (JSM) han condenado la Iniciativa Pakistán Verde de manera más amplia como una amenaza existencial para la agricultura y los medios de vida de la provincia, al tiempo que advierten de la inestabilidad política y social más amplia que puede desencadenar. Para muchos en Sindh, la lucha contra estos proyectos representa tanto una defensa del río Indo como fuente de vida como un rechazo a la intromisión de las empresas y del Gobierno federal en los asuntos provinciales.
En Punyab, la resistencia contra la agricultura corporativa y la Iniciativa Pakistán Verde está encabezada por Anjuman-e-Mazareen Punjab (AMP) y Pakistan Kissan Rabita Committee (PKRC).79 Estos movimientos tienen una rica historia de movilización popular para corregir injusticias históricas. AMP está al frente de lo que se conoce ampliamente como el Movimiento de las Granjas Militares de Okara, una lucha no violenta por los derechos de los campesinos en Punjab que se centra en la cuestión de la propiedad de las tierras de Okara, que fueron asignadas a las familias locales por la administración colonial británica hace más de 120 años, pero que ahora están controladas por el ejército. El Estado colonial británico creó estas granjas como parte de su plan de colonización de canales (mencionado anteriormente) para abastecer a las cadenas de suministro militares: establecieron arrendatarios en las tierras para que las cultivaran a cambio del pago de un alquiler fijo. El presidente de AMP, Meher Ghulam Abbas, explica: «Cuando se creó Pakistán, estas tierras deberían habernos sido entregadas automáticamente. En cambio, el Estado puso a diferentes departamentos a cargo de nuestras tierras y nos pidió que las compartiéramos». La disputa actual comenzó a principios de 2000, cuando el ejército pakistaní intentó convertir la condición de los arrendatarios en la de agricultores contratados, lo que significaba que los militares serían los propietarios legales de las tierras y los agricultores trabajarían en ellas como jornaleros. Los arrendatarios, bajo el liderazgo de la AMP, se negaron a ello, alegando que ellos eran los legítimos propietarios de las tierras. Los arrendatarios se resistieron al desalojo y pusieron en marcha un movimiento masivo no violento para exigir el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra. En respuesta, los líderes de la AMP fueron detenidos en virtud de las leyes antiterroristas, acusados de ser agentes respaldados por la India.
Desde 2000, la AMP ha movilizado a cientos de miles de agricultores en torno a su reivindicación central de la propiedad de las tierras de Okara.80 Meher Ghulam Abbas afirma: «Tenemos un lema: «la propiedad de nuestra tierra o la muerte»». Sus palabras se basan en un profundo sentido de pertenencia generacional: «La tumba de mi abuelo está aquí, al igual que la de mi padre y la mía. Mis hijos son la cuarta generación que cultiva esta tierra y no vamos a ceder ni un centímetro a ninguna empresa».81
En una rueda de prensa celebrada en Lahore a principios de este año, varios movimientos, partidos políticos y asociaciones de agricultores progresistas, entre ellos el AMP, se unieron para prometer que se opondrían a la agricultura corporativa y, en concreto, a la Iniciativa Pakistán Verde. La rueda de prensa se convocó después de que la policía intentara desalojar a los arrendatarios de una granja en Hasilpur, en el distrito de Bahawalpur, en Punjab. Desde entonces, la oposición a la agricultura corporativa ha pasado de ser una disputa localizada por los arrendamientos a convertirse en un movimiento agrario nacional que cuenta con el respaldo de los partidos políticos y la sociedad civil.
Junto con la AMP, otro actor clave en esta lucha es el PKRC, una amplia red de más de 20 organizaciones campesinas y agrícolas de tres provincias. La PKRC se creó a principios de la década de 2000 para coordinar a los grupos que participaban en la cuestión de las granjas militares de Okara. Su secretario general, Farooq Tariq, afirma: «La Iniciativa Pakistán Verde nos ha unido a todos, por eso hemos podido movilizarnos en más de 30 pueblos y ciudades de todo Pakistán en contra de la agricultura corporativa y el proyecto de los seis canales, y se nos está escuchando y tomando en serio». 82 Como sugieren estas palabras, Tariq cree que la Iniciativa Pakistán Verde y la agricultura corporativa han unido a izquierdistas, progresistas y nacionalistas en torno a una agenda común: «El agua siempre ha sido una cuestión nacionalista en Sindh, pero, como ves, incluso los movimientos y grupos de agricultores de Punyab se opusieron a la construcción de seis canales y se unieron a sus hermanos y hermanas de Sindh. Esto envió un mensaje muy positivo y formó un frente unificado contra la apropiación corporativa».83 Tariq explicó que el PKRC, en colaboración con la AMP, había convocado una jornada de acción para el 14 de abril de 2025.
La convergencia de la lucha más allá de las fronteras provinciales marca un cambio en el panorama político del país. En disputas anteriores sobre el agua y la tierra, las divisiones provinciales se profundizaron. Por ejemplo, la propuesta de la presa de Kalabagh en el río Indo, en Kalabagh, en el distrito de Mianwali, Punjab, fue una controversia interprovincial determinante durante el régimen de Musharraf (2001-2008). La presa, que nunca se ha construido, suscitó una oposición generalizada por parte de las provincias de Sindh y Khyber Pakhtunkhwa, y de grupos de la sociedad civil en general, que la consideraban un mecanismo que garantizaría aún más el control del agua por parte de Punyab. La cuestión dividió no solo a los gobiernos provinciales, sino también a la sociedad civil y a los grupos progresistas, enfrentando esencialmente a los habitantes de las diferentes provincias de Pakistán entre sí. Por el contrario, la oposición a la Iniciativa Pakistán Verde y al proyecto de los seis canales ha aumentado la solidaridad entre los movimientos campesinos. Farooq Tariq afirma: «Fue histórico que la oposición a los seis canales fuera encabezada por grupos de Punyab, que luego se sumaron en la provincia de Sindh. Ese fue siempre nuestro objetivo: unir los movimientos y luchar juntos». 84
La resistencia actual a la agricultura corporativa, la Iniciativa Pakistán Verde y los seis canales ha unido así a diversas fuerzas progresistas del país. Además de las ya mencionadas, entre ellas se encuentran partidos de izquierda, como el Haqooq-e-Khalq Party (Partido de los Derechos del Pueblo) y el Pakistan Mazdoor Kissan Party (PMKP), junto con actores urbanos como periodistas y organizaciones estudiantiles. Una de las características definitorias de esta coalición es que redefine el lenguaje del desarrollo para centrarlo en los derechos de los agricultores y los campesinos. Presenta una visión alternativa a las visiones positivistas del desarrollo impulsadas por el Estado. Esta amplia coalición tiene el potencial de reestructurar el equilibrio de poder entre el Estado y las comunidades rurales. Sin embargo, también se enfrenta a riesgos. En el pasado, la legislación antiterrorista se ha utilizado repetidamente para criminalizar la movilización pacífica, y su presencia continuada supone una grave amenaza para el movimiento que se opone a la agricultura corporativa y a la Iniciativa Pakistán Verde. El respaldo policial y militar a las explotaciones agrícolas corporativas aumenta aún más el riesgo de intimidación y desalojo. Además, aunque este movimiento demuestra una fuerza creciente, su potencial para lograr un cambio estructural a largo plazo sigue siendo incierto.
Los acontecimientos actuales relacionados con la agricultura corporativa, la Iniciativa Pakistán Verde y el proyecto de los seis canales plantean cuestiones críticas sobre el cambio de un complejo militar-industrial a un complejo militar-agroindustrial que está surgiendo en Pakistán. El impulso de la acumulación de capital a través de programas agrícolas ecológicos plantea la necesidad de reflexionar detenidamente sobre cómo las autoridades estatales utilizan el lenguaje de la sostenibilidad para despojar a las comunidades y, en algunos casos, causar más daños al medio ambiente. También pone de relieve la creciente participación de actores transnacionales en estas iniciativas. Por último, exige una mayor consideración de cómo Pakistán, a pesar de no ser uno de los principales contribuyentes al cambio climático global, ha supervisado un «régimen de desarrollo» que a menudo exacerba los efectos locales y regionales del cambio climático.
Zaighum Abbas es un politólogo afincado en Lahore, Pakistán. Trabaja para el Movimiento Popular Asiático sobre Deuda y Desarrollo.
- El shalwar qameez es una prenda tradicional que se lleva en el sur y el centro de Asia y que combina pantalones y una túnica.
- Procedimiento que permite a los legisladores destituir constitucionalmente a un primer ministro en ejercicio. El 10 de abril de 2022, la moción de censura se aprobó por una mayoría de 174 votos (de un total de 342), lo que provocó que Khan perdiera la confianza de la Cámara y dejara de ocupar el cargo de primer ministro. Al día siguiente, Shehbaz Sharif fue elegido sin oposición por la Asamblea Nacional para sustituir a Khan como primer ministro.
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- El «modelo Comilla» se estudia a menudo desde esta perspectiva. Académicos como Cullather y Markus Daechsel (en Islamabad and the Politics of International Development in Pakistan, 2015) muestran cómo el desarrollo, la agricultura, las obras hidráulicas, el desarrollo comunitario, etc., se utilizaron como una forma de poder blando, en parte para prevenir las revueltas campesinas o la abstracción radical en las zonas rurales. Por ejemplo, esto se explica de forma explícita en Ali, O. A. (2019) «Tecnologías de producción y reproducción campesinas: El estado poscolonial y el imperio de la guerra fría en Comilla, Pakistán Oriental, 1960-1970», South Asia: Journal of South Asian Studies 42(3). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00856401.2019.1590788 (enlace externo)
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- En Pakistán, la sociedad rural estaba históricamente dominada por grandes terratenientes (zamindars) que poseían vastas fincas agrícolas. Estas fincas eran trabajadas por campesinos sin tierra, a menudo como aparceros o arrendatarios, lo que creaba una estructura agraria muy desigual que concentraba la riqueza y la influencia política en manos de una pequeña élite.
- Para un análisis detallado de cómo se utilizó la ayuda agrícola como parte de las estrategias de contrainsurgencia de Estados Unidos durante la Guerra Fría en Asia, véase Cullather, The Hungry World. Cullather examina los programas estadounidenses en Filipinas, Indonesia y Tailandia, y muestra cómo el desarrollo agrícola estaba estrechamente vinculado a los esfuerzos por contener las insurgencias comunistas.
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- Entrevista con Meher Ghulam Abbas, presidente de AMP. Realizada por Zaighum Abbas, 28 de julio de 2025.
- Entrevista con Farooq Tariq, secretario general de PKRC. Realizada por Zaighum Abbas, 31 de julio de 2025.
- Ibid.
- Ibid.
4. El blues de la India por Gaza.
India, que ha apostado por un claro acercamiento a Israel, se encuentra ahora en una situación política delicada. El análisis de Bhadrakumar.
https://www.indianpunchline.com/indias-west-asian-blues-deepen-as-gaza-plan-shifts-gear/
Publicado el 6 de noviembre de 2025 por M. K. BHADRAKUMAR
La tristeza de la India por Asia Occidental se agrava a medida que el Plan de Gaza cambia de rumbo
La visita de una noche del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, a la India ha sido bastante escasa. Aunque se trata de su primera visita a la India como ministro de Asuntos Exteriores, y a pesar del enfoque «práctico» del primer ministro Narendra Modi hacia la relación entre la India e Israel, que ha experimentado un enorme auge durante sus años en el poder a lo largo de los últimos 11 años, resulta sorprendente que no fuera recibido por el primer ministro. Una explicación plausible podría ser que el primer ministro está muy ocupado con las cruciales elecciones estatales en Bihar, que tradicionalmente han sido un barómetro de la política nacional de la India.
¿No se podría haber programado la visita de Sa’ar de manera que fuera posible una reunión con el primer ministro? La única explicación es que la consulta del dignatario israelí se organizó apresuradamente. ¿Qué ocurrió para que Sa’ar se apresurara a viajar a Delhi con tanta precipitación?
Cuanto más se analiza la visita, más parece que Sa’ar vino en realidad para discutir la situación de Gaza, incluso cuando se avecina la crucial segunda fase del Plan de Paz de Gaza sobre el despliegue de la fuerza internacional.
El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores se limita a decir: «El ministro Sa’ar compartió la perspectiva y las opiniones de Israel sobre los acontecimientos en Asia Occidental y el Golfo. El ministro de Asuntos Exteriores de la India expresó el apoyo de la India al Plan de Paz de Gaza, acogió con satisfacción el regreso de los rehenes y expresó su esperanza de que el Plan de Paz allane el camino para una solución duradera y permanente».
Quizás sea necesario realizar un trabajo forense para profundizar en el tema. Sin duda, Delhi es consciente de que Washington se dispone a presentar un proyecto de resolución de la ONU en el Consejo de Seguridad para solicitar el mandato de crear una Fuerza Internacional de Seguridad (ISF) para Gaza.
Según Axios, que ha visto el documento pertinente, la duración de la ISF será de dos años, con posibilidad de prórroga. La ISF no llevará a cabo una misión de mantenimiento de la paz, sino que se centrará en garantizar la seguridad del sector fronterizo, con Israel y Egipto protegiendo a la población de Gaza y los corredores humanitarios, así como en preparar nuevas fuerzas policiales palestinas.
El mandato de la ISF también incluye el desarme de Hamás, que es, por supuesto, la tarea más delicada de toda su misión. Según el borrador de resolución de Estados Unidos, se espera que la ISF estabilice la situación en el sector de Gaza mediante la desmilitarización de la región, incluyendo la destrucción y la prevención de la reconstrucción de infraestructuras militares, terroristas y ofensivas, así como la represión del suministro de armas a formaciones armadas insostenibles. En resumen, se trata de una misión proactiva con una diferencia, cuyo desempeño será fundamental para la seguridad de Israel y la viabilidad del propio Plan de Gaza.
El despliegue de las primeras unidades de la ISF en el sector de Gaza está previsto para enero, según informó Axios citando a un funcionario estadounidense anónimo. La ISF ejercerá su mandato bajo un mando único, «cooperando estrechamente y consultando con representantes de Egipto e Israel».
Ahora viene lo más importante
Según informan Ynet y The Guardian, entre los países cuyas tropas se unirán a la ISF bajo el mando común de Egipto podrían figurar Azerbaiyán, Indonesia, Turquía y Pakistán. En consecuencia, todos estos países participaron en la reciente conferencia de Estambul organizada por Turquía para debatir la situación de Gaza.
Se espera que el debate del Consejo de Seguridad sobre el borrador estadounidense comience en un futuro próximo. Trump tiene prisa por poner en marcha el Consejo de Paz propuesto, con él mismo como virrey con plenos poderes para coordinar el proceso de recuperación y la gestión del territorio destruido en Gaza, de acuerdo con un plan integral.
Por supuesto, Israel no está totalmente de acuerdo con el plan de desplegar la ISF en Gaza. Por otro lado, Hamás, como era de esperar, está interesado en un despliegue temprano de la ISF, con la esperanza de que sirva para frenar la ocupación israelí.
Según una «primicia» de Ynet, el sitio web de noticias israelí y medio de comunicación online del periódico Yedioth Ahronoth, funcionarios del Ministerio de Defensa israelí hicieron una revelación sorprendente hace una semana durante una reunión a puerta cerrada con miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset sobre la inclusión de Pakistán en la ISF.
En un comentario reciente, Ynet evaluó que «es importante señalar que Estados Unidos no busca una resolución del Consejo de Seguridad —desde luego, no en virtud del capítulo VII, que autorizaría el uso de la fuerza—, sino más bien un documento redactado en términos vagos que permita al Consejo respaldar y apoyar la formación de una fuerza de estabilización. Esta fuerza sería establecida por Estados Unidos en coordinación con los países árabes y musulmanes… parece que, por ahora, no hay elementos que sean fundamentalmente problemáticos desde la perspectiva de Israel, excepto uno: la cláusula relativa al desarme de Hamás y otros grupos terroristas con base en Gaza».
La apresurada visita del ministro Sa’ar a Delhi puede ponerse en perspectiva. Habrá sensibilizado a Delhi sobre el hecho de que Israel no está en condiciones de dictar la composición de las FDI. Curiosamente, la única otra reunión que Sa’ar mantuvo en Delhi fue con el asesor de Seguridad Nacional Ajit Doval, el as de la India en lo que respecta a Pakistán.
Pakistán cuenta con el firme apoyo de Arabia Saudí, con la que ahora está indisolublemente vinculado por un pacto de defensa. En cualquier caso, Estados Unidos lleva la batuta en este asunto y Trump está presionando a Turquía para que asuma el papel principal, y Turquía mantiene relaciones muy amistosas con Pakistán (y bastante hostiles con Delhi).
Se ha informado anteriormente de que Trump es admirador del mariscal de campo pakistaní Asim Munir, e incluso algunos medios de comunicación especularon con que el papel de Pakistán en la estabilización de Gaza ya figuraba en las deliberaciones entre los dos estadistas. En última instancia, la inclusión de Pakistán en la ISF lleva el sello de Trump. Y ahora será una tarea difícil para Delhi o cualquier otra capital mundial hacer algo al respecto.
De hecho, Israel se opone a la idea misma de cualquier participación de la ONU, ya que teme que afecte a las reglas de combate de su ejército en Gaza. Israel tiene motivos para preocuparse por la dependencia de las Naciones Unidas como fuente de autoridad para establecer la fuerza de estabilización y la Junta de Paz, lo que podría dar a la ONU influencia sobre el lenguaje del mandato y las reglas de combate concedidas a la fuerza.
Estamos en la recta final antes de que esté lista la versión definitiva del documento estadounidense y se solicite el mandato del Consejo de Seguridad, en el que se detallan los países que constituirán la ISF. Israel contaría con que la India hiciera todo lo posible para bloquear la inclusión de Pakistán en la IDF.
El papel de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad cobra importancia en este contexto. Pero Pakistán ha sido un socio activo en las iniciativas rusas en el Consejo de Seguridad destinadas a frenar a Israel en su destructiva guerra en Gaza.
Además, Rusia tendrá que tener en cuenta la postura de China, con la que coordina sus acciones en la ONU casi de forma rutinaria en los últimos años. Es muy improbable que China se sume a la exclusión de Pakistán.
La cuestión es que, por mucho que la India vilipendie a Islamabad como defensor del terrorismo internacional, Pakistán también es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2025-2026 y ha sido nombrado presidente del Comité de Sanciones 1988 (Taliban) para 2025, y vicepresidente del Comité contra el Terrorismo 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU para 2025, junto con Rusia y Francia.
Por encima de todo eso, Pakistán cuenta con un ejército muy disciplinado y profesional, que goza de prestigio internacional, especialmente en la región de Oriente Medio, y es capaz de realizar un gran trabajo profesional en la misión de Gaza, que está plagada de grandes retos de seguridad.
La responsabilidad recae en el Despacho Oval
Delhi tiene motivos para preocuparse de que la responsabilidad recaiga en el Despacho Oval. De hecho, con toda la humillación y amargura que ha sufrido la India en los últimos meses a manos de los funcionarios estadounidenses por las importaciones de petróleo de Rusia, es demasiado esperar que el primer ministro pida un favor a Trump, que es lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu habría esperado en circunstancias más felices. Delhi también debe tener cuidado con que Trump aproveche la oportunidad para proponer una mediación en las cuestiones entre la India y Pakistán.
Eso deja al ministro de Asuntos Exteriores bailando el tango con su homólogo estadounidense Marco Rubio, que es actualmente una estrella en ascenso en el aparato de formulación de políticas de Trump. El ministro de Asuntos Exteriores se ha reunido con Rubio en numerosas ocasiones. Su última reunión fue en Malasia hace apenas una semana.
Pero incluso aquí, Rubio tiene sus limitaciones cuando Trump está directamente involucrado. En este caso, Trump tiene un papel que desempeñar en los futuros acontecimientos en Gaza. Si la situación de seguridad en Gaza se vuelve crítica en los próximos meses debido a la ineptitud de las Fuerzas de Defensa de Israel, el prestigio de Trump se verá mermado a nivel internacional.
No nos equivoquemos, el despliegue de las FDI será a largo plazo. Y no nos sorprenda si la prolongada presencia militar pakistaní en Gaza, no lejos de Tel Aviv, acaba transformándose en algún tipo de relación entre Israel y Pakistán. Como mínimo, una relación de trabajo cordial entre las instituciones militares de ambos países se convertirá en una necesidad operativa, dada la importancia que Tel Aviv concede al clima de seguridad de Gaza, que es sin duda una cuestión existencial para Israel.
La diplomacia israelí es muy pragmática y hábil a la hora de manejar situaciones tan delicadas. Sin duda, el hecho de que Israel no tenga relaciones diplomáticas con Pakistán no le impedirá cultivar el contingente pakistaní en las FDI una vez que las cosas se pongan en marcha. Y Israel tiene un homólogo a la altura en este sentido en el mariscal de campo Munir.
Trump solo estará satisfecho con una «normalización» informal entre Islamabad y Tel Aviv. Quién sabe, si las cosas van bien, Steve Witkoff y Jared Kushner podrían aparecer algún día en Rawalpindi, en un futuro no muy lejano, siguiendo las instrucciones de Trump para resucitar los moribundos Acuerdos de Abraham.
5. Missing.
Los que tenéis una edad, y los que no también si sois cinéfilos, recordaréis la película Missing (Desaparecido) de Costa-Gavras, basada en el caso real de la desaparición de un periodista estadounidense en el golpe militar chileno en 1973. Los periodistas asesinados fueron en realidad dos, y Hedges entrevista a otro periodista estadounidense que ha escrito sobre el tema.
https://chrishedges.substack.com/p/how-america-left-their-own-to-die
Cómo Estados Unidos abandonó a los suyos a su suerte en el golpe de Estado chileno de 1973 (con John Dinges) | El informe de Chris Hedges
John Dinges profundiza en la verdadera historia de dos periodistas estadounidenses que fueron asesinados en Chile tras el golpe militar respaldado por la CIA contra Salvador Allende, y en si Estados Unidos estuvo involucrado.
Chris Hedges
5 de noviembre de 2025
Esta entrevista también está disponible en plataformas de podcast y Rumble.
La intromisión y la infiltración de los gobiernos de Estados Unidos en América Latina es un capítulo importante de su historia del siglo XX. Uno de los ejemplos más atroces y flagrantes de intervención fue en Chile, donde el presidente socialista elegido democráticamente, Salvador Allende, fue derrocado por el golpe militar respaldado por la CIA en 1973.
Los años siguientes fueron testigos de una violenta represión de activistas estudiantiles, líderes sindicales, periodistas, políticos de izquierda y disidentes bajo el mando de una brutal dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Entre las víctimas de esta despiadada represión se encontraban dos ciudadanos estadounidenses, Charles Horman y Frank Teruggi.
En este episodio de The Chris Hedges Report, el presentador Chris Hedges recibe al periodista John Dinges, quien, en su nuevo libro Chile in Their Hearts: The Untold Story of Two Americans Who Went Missing After the Coup (Chile en sus corazones: la historia no contada de dos estadounidenses que desaparecieron tras el golpe), profundiza en su participación en Chile en un momento en el que la gran esperanza se convirtió rápidamente en una gran desesperación.
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Presentador
Chris Hedges
Productor
Max Jones
Introducción
Diego Ramos
Equipo
Diego Ramos, Sofía Menemenlis y Víctor Castellanos
Transcripción
Diego Ramos
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Transcripción
Chris Hedges
A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, miles de jóvenes acudieron en masa a Chile, muchos de ellos huyendo de las dictaduras de derecha en países como Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay. La democracia chilena contrastaba radicalmente con los estados policiales de los que procedían, que se caracterizaban por una severa represión política, listas negras, asesinatos políticos, torturas y, en última instancia, la desaparición de decenas de miles de activistas estudiantiles, líderes sindicales, periodistas, políticos de izquierda y disidentes.
En 1970, el socialista Salvador Allende fue elegido presidente de Chile. Su elección supuso una nueva afluencia de estadounidenses de izquierdas, muchos de ellos pertenecientes al movimiento contra la guerra en Estados Unidos, así como de europeos, lo que aumentó el número de extranjeros a unos 20 000. Estar en Chile entonces, como escribe John Dinges, era vivir el experimento político más emocionante de América Latina, que rivalizaba con la victoria de Fidel Castro en 1959 en Cuba.
Dinges, que trabajó como reportero en Chile entre 1972 y 1978, analiza en su libro Chile in Their Hearts este periodo de promesas iniciales y posterior tragedia cuando Allende fue derrocado y asesinado o se suicidó en un golpe militar respaldado por la CIA en 1973. Se centra en las vidas y la ejecución por parte del ejército chileno de dos jóvenes estadounidenses idealistas, Charles Horman y Frank Teruggi.
Para hablar de su libro, me acompaña John Dinges, que fue corresponsal de The Washington Post y más tarde director editorial de la National Public Radio. También es profesor emérito de Periodismo en la Universidad de Columbia. Entre sus otros libros se encuentran Assassination on Embassy Row, Our Man in Panama y The Condor Years: How Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents.
John, al principio del libro, describes el clima social, cultural y político, y creo que eso es muy importante. Frank [Teruggi] provenía de un entorno religioso. Charles [Horman] estudió en Harvard, pero una de las cosas que tú señalas, y creo que con razón, es que no eran, como se retrata en la película de 1982 «Missing», basada en el asesinato y la desaparición de Charles, unos neófitos en política.
Háblanos de cuando llegaste a Chile, ¿un año antes del golpe? Y quiero que me hables de ello, porque los dos fuimos a Latinoamérica, yo un poco más tarde, pero los dos empezamos como seminaristas. Háblame del terreno fértil y de la importancia de Chile y del clima de la época.
John Dinges
Bueno, fuimos a Chile porque teníamos esperanza, y eso es un término religioso además de político. Salimos del movimiento de protesta de los años sesenta. Yo era periodista. Había dejado el seminario en 1967. Estaba estudiando en Austria y tenía que evitar el servicio militar y que me enviaran a Vietnam, lo que realmente me radicalizó.
Y cuando me convertí en periodista, comencé a centrarme en América Latina. Cuando Allende fue elegido en 1970, yo trabajaba en la redacción de un periódico en Iowa y escribí el titular. El titular decía: «Victoria marxista». Era una noticia de portada.
Quizá fue mi decisión, no lo recuerdo, ponerlo en portada, pero me interesaba mucho lo que estaba pasando como joven periodista en Iowa. Así que Charles Horman es una especie de reflejo de lo que yo estaba viviendo. También era periodista, freelance. En otras palabras, teníamos credenciales periodísticas legítimas, pero al mismo tiempo no éramos periodistas del establishment.
Los dos fuimos allí como autónomos. Ninguno de los dos tuvo mucho éxito en aquellos años en cuanto a publicar muchas cosas. Pero nos interesaba mucho documentar lo que estaba pasando durante el gobierno de Allende. Pensábamos que lo que no habíamos conseguido, lo que el movimiento progresista no había conseguido en Estados Unidos en la década de 1960, se podía recuperar y tener éxito en Latinoamérica.
La idea de que América Latina pudiera ser un modelo para el resto del continente, tal vez incluso para otros países del mundo, combinando la democracia y el cambio social, era una idea magnífica que nos llevó a cambiar nuestras vidas para ir allí. Miles de europeos, estadounidenses y latinoamericanos acudimos en masa a Chile pensando que ese podría ser el futuro.
Chris Hedges
Hablemos de cómo era el clima. Has escrito tres libros sobre Chile. Es un tema que ha dominado gran parte de tu obra. Quiero hablar de eso al final, porque te quedaste y viviste bajo la dictadura de [Augusto] Pinochet. Probablemente haya algunos paralelismos con lo que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos.
Pero hablemos de eso. Quiero decir, inmediatamente después de su elección, [Richard] Nixon y [Henry] Kissinger se fijaron en Allende y, de hecho, esperaban un golpe militar. Están asesinando… Y debemos dejar claro que Chile tenía una democracia que funcionaba, ¿durante décadas? Quiero decir, ¿fueron 50, 100 años o algo así?
John Dinges
Más de cien años.
Chris Hedges
Más de cien años. Así que tenían una democracia que funcionaba. Allende fue elegido en unas elecciones justas. ¿Qué tipo de programas pretendía instaurar y por qué se ganó inmediatamente la animadversión del Gobierno de Estados Unidos?
John Dinges
El programa de Allende era una revolución con vino tinto y empanadas. Era un programa muy popular, muy populista. Abogaba por una especie de socialismo democrático, no como en Europa, y desde luego no como los experimentos comunistas de Europa del Este, sino una economía mixta, surgida realmente de las ideas de desarrollo económico de las Naciones Unidas de la década de 1950.
La idea de la intervención del Estado para crear una base manufacturera en un país latinoamericano y, al mismo tiempo, cambiar la agricultura alejándola de las grandes explotaciones dominadas por grandes propietarios, propietarios muy ricos que no cultivaban la tierra de forma productiva. Así que, por un lado, la reforma agraria y, por otro, el desarrollo industrial, estos son los dos pilares del experimento.
La parte social, la parte cultural, creo que quizá no era más importante, pero era lo que nos llamaba más la atención de forma inmediata. Era la literatura. Era [el poeta chileno y exsenador de la República de Chile] Pablo Neruda. Era la música. Hubo una revolución en la música, en la música popular. El país se había vuelto muy liberal, casi como la contracultura en Estados Unidos. Las costumbres sexuales, por ejemplo, eran muy similares a las de América Latina, es decir, a las de Estados Unidos.
Y esto, por supuesto, para los jóvenes que iban a Sudamérica, era una continuación de la libertad que habíamos experimentado en Estados Unidos. Y la gente, por ejemplo, Allende creó una editorial llamada [Editora Nacional] Quimantú. Y publicaban ediciones de libros de todo el mundo. Camus, Hemingway, en ediciones de bolsillo muy baratas, que se podían comprar por menos de un dólar y se vendían en quioscos por todo Chile.
Y veías a los trabajadores de las fábricas leyendo libros en los autobuses. Fue una revolución literaria increíble en un país muy pobre. No quiero presentar a Chile como un país miserable, pobre y que no funciona. Es un país con un nivel educativo muy alto. El sistema de educación pública había funcionado muy bien durante la mayor parte del período democrático de Chile, que se remontaba a muchos años atrás.
Y Allende tomó todos esos elementos y los reunió en un experimento social que, al principio, parecía tener mucho éxito. La economía creció un 8 % en el primer año de su gobierno. No quiero entrar en detalles económicos, pero tuvo mucho que ver con la estimulación de la economía y el aumento de los salarios de la población y de las pensiones de los jubilados. Esto provocó un auge económico inmediato que duró más de un año.
Y así había mucha esperanza. Justo en medio de eso fue cuando llegué y cuando Frank Tarucci y Charles Horman llegaron a Chile en 1972. Las cosas todavía parecían bastante bien. En 1972 ya había más oposición. Pero usted me ha preguntado por la oposición de Estados Unidos. Es importante destacar una de las revelaciones que he resaltado en mi libro, y digo revelaciones porque el conocimiento general que la gente tiene sobre este periodo se centra en el golpe de Estado de 1973, en el que, en realidad, Estados Unidos no participó directamente.
Pero en 1970, cuando Allende fue elegido en septiembre de 1970, Estados Unidos, bajo la dirección de Henry Kissinger, ordenó inmediatamente a la CIA que llevara a cabo un golpe militar. Y lo hicieron. Fue financiado, organizado, todos los participantes estuvieron directamente involucrados con la dirección de la CIA. Y el resultado fue que no tuvo éxito. El objetivo era impedir que Allende tomara posesión del cargo, de modo que no pudiera ser confirmado por el Congreso, lo cual era un paso necesario en el proceso.
El golpe fallido provocó el asesinato del jefe de las fuerzas armadas de Chile, el general del Ejército más importante del país, a manos de un grupo de jóvenes que estaban bajo la dirección de los militares que la CIA había reclutado para intentar llevar a cabo el golpe.
Henry Kissinger nunca ha rendido cuentas por su participación en ello, y es algo que siempre he destacado en mis escritos. Las pruebas son muy claras: Estados Unidos fue responsable de ese intento de golpe militar.
Chris Hedges
Y luego declararon la guerra al país. Hay que hablar del cobre, por supuesto. Yo estaba en Anaconda. Pero como la economía chilena se basa en la producción de cobre, o gran parte de sus exportaciones se basan sin duda en el cobre.
Y hay un par de cosas en su libro que yo no sabía. Una es la idea de que Pinochet, que orquestó el golpe y, por supuesto, Estados Unidos lo quería y ellos sabían que lo querían. Pero él no le dijo a Washington que lo había llevado a cabo. No lo sabía hasta que lo leí en tu libro y luego hablaremos de las percepciones erróneas sobre Frank y Charles.
Pero hablemos de ello, así que tenías una especie de, aunque fracasaron en impedir que Allende llegara al poder, la CIA invirtió enormes recursos en destruir la economía chilena y socavar el poder de Allende y, por supuesto, animar a los militares, como vuelve a aparecer en tu libro, Pinochet fue llevado, creo que a la zona del Canal de Panamá, si no recuerdo mal, y se le agasajó con comidas y vinos, y quedó muy claro que si llevaba a cabo un golpe de Estado, contaría con el respaldo de Estados Unidos.
Así que hubo una guerra contra Allende financiada y, a menudo, dirigida por Estados Unidos. Explique lo que ocurrió. Y comenzó casi inmediatamente después de que Allende llegara al poder.
John Dinges
Exactamente. Cuando fracasó el intento de golpe militar, tengo algunos documentos en los que Kissinger expone la estrategia. Se los presenta a Nixon. De hecho, orquestó la reunión para que prevaleciera su punto de vista y Nixon apoyara su plan. Su plan era asegurarse de que Allende no tuviera éxito en el gobierno y lo expone en este increíble documento estratégico.
Su temor no es que una nueva Cuba se haga con el control de América Latina. Su temor es que sea una revolución democráticamente legítima y que se convierta en un modelo para el resto de América Latina. Y eso es lo que hay que destruir. Dice cosas como que, si no nos aseguramos de ello, si no indicamos al resto de países que no permitiremos que un experimento como este tenga éxito, perderemos nuestra credibilidad.
En otras palabras, perderemos el dominio que hemos tenido durante tanto tiempo en América Latina. Así que la razón para oponerse a Allende era, como mínimo, una contradicción con la afirmación de los principios democráticos en los que se basaba y seguía basándose Estados Unidos.
La desestabilización era la estrategia. Básicamente constaba de dos partes. Propaganda. Estados Unidos financió el periódico más importante del país con más de 10 millones de dólares para mantenerlo como órgano de propaganda contra el gobierno de Allende, ya que siempre había sido bastante inestable económicamente.
Y luego la presión internacional sobre las empresas para que no hicieran negocios con Chile, los programas de préstamos internacionales, el Banco Mundial, el FMI [Fondo Monetario Internacional], todos los programas de préstamos internacionales fueron suspendidos para Chile. La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que es un fondo de inversión de exportación e importación que Estados Unidos… todo lo que Estados Unidos podía controlar directamente o influir en las finanzas internacionales se cortó a Chile para intentar estrangular la economía desde el exterior.
En el interior, Estados Unidos, pero no solo, fomentó la oposición. No quiero presentar a la oposición como una creación de Estados Unidos. Definitivamente fue el resultado de la acción de la oposición chilena, que fue considerable. Hubo algo de financiación de Estados Unidos.
Así que entre las cosas que hicieron hubo actividades terroristas, no necesariamente asesinatos, aunque hubo un par de asesinatos, sino, por ejemplo, la destrucción de torres eléctricas en todo el país, el fomento de una huelga de camioneros para que básicamente se detuviera el transporte de alimentos y productos industriales entre las fábricas.
Chile es un país muy largo, muy largo. Tiene más de 3200 kilómetros de largo. Por lo tanto, el transporte por camión es realmente la única forma de transportar cosas en el país. Y a menudo tienen que recorrer largas distancias. Por ejemplo, se cortó el suministro de harina, que se importaba en gran medida de otros países, se cortó desde el puerto para que no pudiera llegar a las fábricas que producían alimentos. Ese tipo de cosas eran muy importantes.
Y usted mencionó el cobre. Estados Unidos, las minas de cobre, el cobre era el salario de Chile, como lo llamaba Allende. Representaba más del 50 %, mucho más del 50 % de los ingresos extranjeros de Chile. Y Chile expropió las minas de cobre estadounidenses con la promesa de una compensación. Pero lo interesante fue que, por primera vez, un gobierno expropió un activo extranjero y dijo: «Vamos a calcular cuáles fueron los beneficios excesivos de su gestión pasada de estos negocios, de estas minas».
Así que Allende calculó, sus economistas calcularon, cuánto beneficio excesivo había y lo dedujeron de la compensación que se le debía a Anaconda, que es el nombre de la empresa cuprífera.
Chris Hedges
Bueno, seamos claros, los hermanos Dulles no estaban allí entonces, pero toda la creación y el uso de la CIA se debió esencialmente a la protección de industrias extractivas como Anaconda. Así que hay una larga tradición de utilizar los activos de inteligencia estadounidenses para proteger los intereses de corporaciones multinacionales como Anaconda. Esto tuvo una larga trayectoria en la política estadounidense que se remonta a los años 50 y tal vez incluso antes.
Hablemos un poco de Charles y Frank. Tú los conocías. Conocías a uno mejor que al otro. Y, en cierto modo, tu libro es una refutación de la película de 1982 «Missing» en lo que respecta al argumento. Es una gran película, pero tiene un par de errores importantes, como tú señalas. Uno, por supuesto, gira en torno a sus ejecuciones, pero también porque los pintan como ingenuos e inocentes, cosa que no eran.
Ambos eran políticamente astutos y sofisticados y provenían de la izquierda. Pero hablemos de ellos.
John Dinges
Bueno, Frank y Charlie eran producto de la década de 1960, «El Movimiento», como lo llamábamos entonces, el movimiento progresista, antibélico y pro derechos civiles. Frank se inspiró en la teología de la liberación. Era más joven. Solo tenía 24 años cuando llegó a Chile y Charlie tenía 30.
Me propuse averiguar por qué los mataron, cuál fue el motivo y si Estados Unidos tuvo algo que ver con ello, porque la película da a entender claramente que Estados Unidos lo aprobó y, de hecho, los señaló, puede que los delató para que los chilenos los ejecutaran. Pensé que eso podría ser cierto. Quiero decir, Estados Unidos había hecho cosas bastante terribles y estaba profundamente involucrado en ese periodo.
Y, por supuesto, la película los retrata como una especie de inocentes en el extranjero. Tuve un momento importante en mi reportaje cuando hablé con uno de los amigos de Charlie, un cineasta llamado Richard Pierce. Y Richard, en mi entrevista, esto fue al principio del proceso, dijo: «Me molestó profundamente la representación de Charlie. Por qué no tuvieron el valor de retratarlo tal y como era realmente».
Y tal y como era en realidad, según su mejor amigo, era un joven profundamente político que estaba comprometido con la defensa del gobierno de Allende, hasta el punto de que le había pedido dinero a Richard Pierce para comprar armas para la defensa del gobierno de Allende. Charlie estaba en Nueva York en agosto. Este es el mes justo antes del golpe militar. Y Dick Pierce y otras tres personas me dijeron que se les acercó para pedirles dinero.
Y él dijo, Charlie dijo, que era para comprar armas para la defensa del movimiento obrero en Chile. No para la lucha armada, sino para la defensa del gobierno, porque temían que se avecinara un golpe militar. Esos son actos políticos.
Chris Hedges
Y déjame interrumpirte, John, porque al final hablaremos de eso, estaba claro lo que se avecinaba y por eso estaban armando milicias dentro de las fábricas para intentar defenderse del golpe militar.
John Dinges
Exactamente. Y hubo un intento de golpe de Estado en junio de 1976…
Chris Hedges
No en el 76.
John Dinges
Lo siento, en 1973, una especie de ensayo general por parte de elementos dentro del ejército. Se determinó quiénes eran los más pro-Allende entre los militares, y luego fueron aislados y eliminados para que no se resistieran al golpe que finalmente se produjo.
Y es en ese periodo cuando Allende promete que se distribuirán armas. Yo estaba allí, iba a las fábricas llamadas «los cordones», el cinturón industrial que rodea Santiago. Había 500 fábricas que estaban bajo el control del Gobierno. La mitad de esas fábricas fueron tomadas en este periodo, después del primer golpe militar fallido por parte de los militares.
Así que el corazón de la revolución, donde se sentía su poder, estaba en esas fábricas. Y se les asignó la tarea, no muy apropiada, pero se les asignó la tarea en ese momento de ser la defensa. Eran el baluarte contra el golpe que todos pensaban que se avecinaba. Y la gente hablaba muy abiertamente de armarlos.
En ese contexto, Charlie se va a Nueva York e intenta recaudar dinero, lo cual consigue. Según mis cálculos, recaudó más de mil dólares, que era mucho dinero en el mercado negro de Chile, y lo trajo de vuelta a Chile. No sé qué hizo con él después, pero lo importante era que se trataba de una conversación abierta sobre la necesidad de defendernos. Se habló mucho de armas, pero tengo que decir que lo que descubrimos fue lo más sorprendente.
A pesar de todo lo que se habló de defensa y armas, en realidad aparecieron muy pocas armas en esas fábricas. Entrevisté a trabajadores sindicalizados de las fábricas, personas que estaban a cargo del movimiento sindical y, recuerden, estas eran fábricas controladas por los sindicatos en ese momento, y describieron que el día del golpe esperaban lo que les habían prometido: camiones que iban a llegar con armas, pero ninguna de las armas, ninguno de los camiones llegó jamás.
Había gente esperando allí, incluidas algunas personas que no eran trabajadores y que se habían unido a ellos para formar parte de la defensa. Las armas simplemente no llegaron. La resistencia que en ese momento pensábamos que se iba a materializar simplemente nunca ocurrió. Y, de hecho, los trabajadores de las fábricas fueron presa fácil para los militares cuando, en los días posteriores al golpe, fueron capturando todas estas fábricas y llevaron a todos estos trabajadores que esperaban defender el proceso al Estadio Nacional.
Más de 7000 personas fueron detenidas en esos primeros días y llevadas al Estadio Nacional. La mayoría eran trabajadores. Muchos de ellos eran, por supuesto, funcionarios de Allende, personas que trabajaban para el Gobierno, pero la gran mayoría eran personas que estaban en esas fábricas y que fueron reunidas y llevadas al estadio y encerradas en esa prisión improvisada.
Chris Hedges
Recuerdo que, según el libro, fue porque Allende se acobardó. Al parecer, la embajada cubana tenía un arsenal de armas, pero fue Allende quien impidió su distribución. ¿Es eso cierto?
John Dinges
Sí, yo no diría que se acobardó. Diría que fue un ataque de sentido común. Si hubiera distribuido las armas, habría sido una masacre. Ahora sabemos que se han realizado investigaciones muy buenas basadas en fuentes cubanas, por lo que podemos cuantificar cuántas armas había. Había muchas armas, pero ni de lejos las necesarias para resistir contra un ejército unido.
El hecho de que el ejército estuviera unido… si el ejército se hubiera dividido, se habría producido una especie de guerra civil, pero el ejército no se dividió. Así que habrían sido los partidarios de Allende con las pocas armas que tenían. E incluso si hubieran traído un par de miles de armas más, habría sido algo horrible. Y eso es lo que Allende decidió en esos últimos días. Y queda muy claro en los discursos que pronunció, habló cinco veces en la radio la mañana del golpe.
De hecho, grabé uno de los últimos, su despedida, y lo deja claro. Dice: «No se dejen humillar, pero no se sacrifiquen». No llamó a la resistencia. No pidió al pueblo que tomara las armas contra este intento de golpe de Estado porque sabía que no iba a ser posible y, al hacerlo así, evitó el baño de sangre.
No conozco los detalles, pero los cubanos dicen que Allende envió un mensaje claro para que no se distribuyeran las armas que había en la embajada cubana. Sin embargo, había otros alijos de armas del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), el movimiento revolucionario de izquierda. He hablado con personas que participaron en ello.
Frank Teruggi, por ejemplo, vivía en una casa con un miembro del brazo militar del MIR llamado Fuerza Central y tenían un sistema de casas seguras que habían establecido precisamente para montar una defensa en caso de que hubiera un golpe militar. Y tenían algunas armas, me describieron el número de armas, pero serían unas pocas docenas de casas seguras con tal vez un centenar de armas más o menos.
Simplemente habría sido insuficiente. Las personas que me describieron lo que estaban haciendo se dieron cuenta muy rápidamente de que la resistencia, la resistencia armada en el momento del golpe, era inútil. Intentaron reagruparse para organizar un movimiento de resistencia clandestino, lo que hicieron durante los dos primeros años. Y eso también fue reprimido por la policía secreta chilena de la manera más brutal.
Pinochet se convierte en un símbolo de la policía secreta y de la represión efectiva, matando a más de 3000 personas y haciendo desaparecer a la mitad de ellas mediante una técnica en la que no solo se arresta a alguien, se le tortura y se le mata, sino que luego se ocultan sus cadáveres.
Se deshacen de los cadáveres de manera que nadie los encuentre y luego niegan que estén detenidos, para que las familias no tengan consuelo. A las familias se les dice que están lloriqueando, que sus seres queridos han abandonado el país, que los maridos han abandonado a sus esposas. Por eso no se les puede encontrar. Intentaban humillar a las personas que quedaban atrás afirmando que las personas a las que habían matado estaban en realidad vivas en otro lugar. Era una técnica perniciosa y cruel llamada «desapariciones».
Chris Hedges
Hablemos del 11 de septiembre de 1973. Hablemos de ti, Charles y Frank ese día. Qué pasó, cómo fue, y luego puedes contar lo que descubriste en tu libro sobre lo que les pasó.
John Dinges
En Santiago, en aquel momento, se decía que si ocurría algo, si parecía que había un golpe de Estado, la gente debía acudir a sus lugares de trabajo o a las fábricas. Y allí es donde se organizaría la resistencia. Así que yo y mis amigos, las personas con las que vivía, lo hicimos como periodistas.
No digo que fuera allí para tomar las armas, pero quería ir donde estaba la noticia, así que fui a la avenida Vicuña Mackenna, hacia el cordón, hacia las zonas industriales, y caminé varios kilómetros para llegar a donde estaban esas fábricas y ver qué estaba pasando en ellas. Muy pronto quedó claro que no se estaba produciendo ninguna resistencia.
Y los trabajadores me dijeron: «Da media vuelta, protégete, vuelve a casa». Mientras caminaba por esta avenida, pasaban camiones con soldados. Aún no habían atacado las fábricas, pero seguían llegando desde las bases al centro de Santiago. Esos son los soldados que vimos.
Frank Teruggi hizo lo mismo. Él y sus amigos salieron de su casa. Vivía no muy lejos de donde yo vivía, pero se dirigió a otro cordón. Fue al cordón de Macul, que estaba cerca de la Universidad de Chile, uno de los campus de la Universidad de Chile, donde él había estado estudiando. Y con sus amigos, algunos brasileños, algunos chilenos, fueron a una fábrica en esa zona.
Y tuvieron la misma experiencia. De hecho, recogieron algunas armas. Algunos de los brasileños me dijeron que recogieron algunas armas en el camino y fueron a una fábrica. No pasaba nada. Dieron media vuelta. Frank volvió a casa. Los brasileños se unieron a un grupo de simples militantes. De hecho, tomaron una comisaría de policía en ese barrio cercano a la universidad y la mantuvieron durante cuatro horas.
Pero a medida que avanzaba la tarde, me contó que recibieron una llamada de alguien de la dirección, diciéndoles que salieran de allí, que los masacrarían si conseguían recuperar el control. Así que abandonaron la comisaría que habían tomado y me describieron cómo recorrieron Santiago tratando de encontrar puntos de resistencia y determinando que había muy poca resistencia, y entonces se trataba de encontrar un lugar seguro donde esconderse y, por supuesto, se deshicieron de sus armas y simplemente lo intentaron, entraron en modo de supervivencia.
Por lo que yo sé, Frank no participó en ninguna de estas actividades de resistencia. Pero estaba relacionado con personas que estaban muy involucradas en las actividades de resistencia armada. Vuelve a casa y piensa que va a estar bien. Tiene una casa en la que viven unas ocho personas, todas ellas miembros del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Era miembro de la asociación de estudiantes organizada por el MIR, pero no lo era, en realidad lo intentó, pero le rechazaron como miembro del MIR porque era extranjero. Así que piensa que, como tiene pasaporte estadounidense, se lo cuenta a sus amigos, muchos de ellos brasileños, una pareja uruguaya, y todos acuden a las embajadas al cabo de unos días para solicitar asilo.
Pero Frank y su amigo David Hathaway, con quien hablé, pensaban que estaban protegidos por sus pasaportes estadounidenses, que no les pasaría nada. Así que se quedaron en la casa. Y, por supuesto, se equivocaron. La casa fue objeto de un ataque debido a su asociación pasada y fue allanada aproximadamente una semana y media después del golpe, y Frank fue llevado primero a una comisaría y luego al Estadio Nacional.
Allí, tenemos testigos presenciales que lo vieron en las cámaras de tortura, que estaba en muy mal estado. Les pidió que, si salían, dijeran que no solo eran latinoamericanos y chilenos, sino que en realidad eran ciudadanos estadounidenses entre los prisioneros y que estaba seguro de que la embajada estadounidense acudiría en su ayuda.
De hecho, documenté ese mismo día, el 20 de septiembre, que hubo conversaciones en Washington D. C. en las que el Departamento de Estado discutía si realmente tenían acceso al Estadio Nacional y evitaban la pregunta.
Chris Hedges
Debemos dejar claro, John, que allí retuvieron a unas 3000 personas y montaron una cámara de tortura y un lugar de ejecución en el estadio. Fue bastante notorio. ¿El número era 3000 personas en el estadio o algo así?
John Dinges
Había 7000 personas en el estado que estaban retenidas en el estadio a principios de septiembre, a finales de septiembre. Es decir, tres semanas después del golpe. Esta cifra proviene de la Cruz Roja. Había un lugar llamado Caracol, que es una pista de ciclismo o de carreras de bicicletas, y los vestuarios de este pequeño estadio situado a un lado se utilizaban como centro de tortura.
Había brasileños, uruguayos y argentinos, perdón, militares bolivianos como parte del interrogatorio, porque muchos de los prisioneros eran de esos países. Y allí es donde se llevaron a cabo las terribles torturas. Cuando los ejecutaban, los sacaban del estadio y los llevaban a las calles y arrojaban los cuerpos en las calles.
Hubo disparos. No está muy claro dónde mataban a estas personas, porque nunca se encontró ningún cadáver dentro del estadio. A todas estas personas las sacaban fuera del estadio para poder negar lo que realmente estaba ocurriendo.
Chris Hedges
Y el cuerpo de Frank se encuentra en la calle bastante rápido.
John Dinges
Frank fue encontrado y Charlie también, según mi investigación, también estaba en el estadio, igualmente golpeado y su cuerpo también fue sacado a la calle. Ambos fueron llevados al depósito de cadáveres. Y la parte de la desaparición fue que se impidió la identificación del cuerpo de Charlie. Al parecer, su cuerpo estuvo en el depósito de cadáveres todo el tiempo.
Sospecho que lo pusieron en algún lugar, en un lugar especial fuera de la vista. Había cadáveres por todos los pasillos de la morgue y, en algunos casos, se permitía a la gente entrar y mirar para ver si podían encontrar a las personas desaparecidas. Entraron personas de la embajada de Estados Unidos, personas de la Cruz Roja.
Se les permitió buscar cadáveres allí y Frank fue encontrado, pero Charlie nunca fue visto. Así que creo que fue secuestrado. Ahora, Frank fue… Quiero decir, son cosas terribles de las que hablar y a veces las cuento con demasiada frialdad. No necesito ser frío al hablar de ellas, pero estos son los hechos. El cuerpo de Frank estaba allí y fue identificado casi inmediatamente por sus huellas dactilares.
Tengo los documentos que muestran que sus huellas dactilares se compararon con su documento de identidad en menos de 48 horas. Y luego, un par de días después, un amigo suyo, Steve Volk, fue a la morgue y le mostraron el cuerpo que creían que podía ser el suyo y lo identificó positivamente. Así que no había ninguna duda en el caso de Frank.
Pero en el caso de Charlie, ese proceso de huellas dactilares que era rutinario y también bastante eficiente se subvirtió en el caso de Charlie. Y encontré pruebas de ello, pruebas que, en realidad, fueron recopiladas por un detective chileno que intentaba averiguar qué había sucedido. Y él pudo demostrar que el proceso de identificación de Charlie fue desviado por alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores que básicamente dijo: «No confirmen la identidad de esta persona. No muestren los documentos de huellas dactilares a nadie del consulado de Estados Unidos».
Así que pasó un mes antes de que se identificara el cuerpo de Charlie. Y cuando se identificó, no fue por funcionarios estadounidenses, sino por dos soldados chilenos que habían sido asignados para ello. Y esta es una de las cosas que, uno de los misterios de lo que estaba sucediendo en ese momento, es que en realidad había personas en el ejército chileno que estaban haciendo lo que, en efecto, era lo correcto.
Intentaban averiguar qué le había pasado a este estadounidense y consiguieron sortear el ocultamiento del cadáver, lo encontraron, encontraron los documentos con las huellas dactilares y pudieron identificar dónde se encontraba el cadáver, y eso fue un mes después del [inaudible].
Chris Hedges
Y, por supuesto, en la película, su padre viene desde Nueva York, ese es todo el asunto, Jack Lemmon interpreta a ese personaje en la película. Hablemos de la embajada de Estados Unidos, porque creo que su libro dice que sí, y mucha gente teorizó y era, como usted dijo al principio, ciertamente posible que la embajada de Estados Unidos hubiera participado en dar luz verde a estas ejecuciones. Usted argumentó que ese no es el caso.
Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no sale muy bien parado en tu libro. En primer lugar, niegan el asilo a los ciudadanos estadounidenses. Todas las demás embajadas están repletas de personas que se refugian en ellas, incluyendo, por supuesto, a chilenos, y a los que se les concede un salvoconducto para salir del país.
Estados Unidos se niega a conceder asilo y se cree durante muchos años la historia ficticia de que Charlie no fue asesinado por el ejército chileno, sino por izquierdistas disfrazados, lo cual es absurdo, izquierdistas con uniformes militares. Pero hablemos del papel del Estado, porque amaban a Allende e inmediatamente sacrificaron a sus propios ciudadanos para apoyar la dictadura [de Pinochet].
John Dinges
La dictadura de Pinochet. Uno de los documentos que encontré, y lo encontré en los archivos chilenos, no en los archivos estadounidenses, es un mensaje de la embajada de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, creo que es del 28 de septiembre, que dice: «Nos complace informarle que la embajada de Estados Unidos no ha concedido asilo a ningún ciudadano estadounidense ni a ninguna otra persona».
Hablé con personas del Estado que estaban en la embajada en ese momento, y había dos tipos de personas en la embajada. Había personas que eran buenas, que querían hacer lo correcto, que entendían que se estaban produciendo masacres y que debían informar de ello de manera objetiva a Washington. Y luego estaban las personas que seguían las directrices de Henry Kissinger para defender. Y hay una directiva para no ejercer ninguna presión sobre el Gobierno de Pinochet en materia de derechos humanos, que también era de Henry Kissinger.
Así que no solo no protegieron a los ciudadanos estadounidenses, sino que Charlie no buscó protección, no es que lo rechazaran ni nada por el estilo, sino que la señal de la embajada al ejército, al ejército chileno, era que no teníamos nada que ver con proteger a nadie, ni a nuestros ciudadanos ni a los ciudadanos de otros países.
Básicamente, fue una luz verde para hacer lo que consideraran necesario para llevar a cabo la represión. La embajada recibió al Sr. Horman, el padre de Charlie, un hombre de negocios que vive en el Upper East Side, concretamente en un ático, en la ciudad de Nueva York. No es una persona tremendamente rica, pero sí un caballero próspero que votaba a los republicanos.
Consiguió la ayuda de Jacob Javits, un republicano progresista, lo que solía ser, lo que solía existir, un republicano liberal, para que le ayudara en la búsqueda de su hijo. Y va allí pensando que la embajada de Estados Unidos, por supuesto, no escatimará esfuerzos para encontrar a su hijo. Y descubre una cosa tras otra que demuestra que la investigación no tenía energía, que, de hecho, en muchos casos, le habían engañado. Y al saber que le habían engañado, es susceptible de desarrollar la teoría de que Estados Unidos debía saberlo, que los chilenos no habrían matado a un estadounidense sin informar a sus amigos de la embajada estadounidense.
Pero hay un elemento más importante, realmente importante, en esta teoría de que Estados Unidos estuvo involucrado en su asesinato. Se trata de un hombre llamado Rafael González, que era un agente de inteligencia civil que trabajaba para la principal agencia de inteligencia del ejército chileno en aquella época.
Y Rafael González, por razones que explico en el libro, en 1976, da un paso al frente y concede una entrevista a Joanne Omang y Frank Manitzas, amigos míos, periodistas en Chile. En esta entrevista, les cuenta que vio a Charlie Horman en la sede del jefe de inteligencia y que allí había un estadounidense que él supuso que era miembro de la CIA y que, junto con el jefe de inteligencia y este tipo de la CIA, decidieron que Charlie debía ser ejecutado porque sabía demasiado, presumiblemente sobre el papel de Estados Unidos en el golpe. Ese testigo
Chris Hedges
Bueno, él había tenido contacto con el jefe del grupo de la fábrica cuando se produjo el golpe, y eso fue lo que hizo que esta teoría se extendiera como una bola de nieve.
John Dinges
Sí, Charlie estaba en Valparaíso, en la ciudad portuaria, en el momento del golpe. Estuvo atrapado allí durante cinco días con una joven de Nueva York, que era amiga suya. Y para volver a Santiago, consigue que le lleve el jefe del grupo militar estadounidense, un hombre llamado capitán Ray Davis. Ese es el único contacto que tuvieron. Y él regresa.
Lo interesante es que Rafael González, al contar esta historia, menciona el contacto con el ejército estadounidense. Así que hablé con Rafael González, el hombre que inició este debate, esta acusación inicial de que Estados Unidos estaba involucrado, de que la CIA aprobó el asesinato de Charles Horman. Y le pregunté, en primer lugar, por qué se retractó tan rápidamente y de manera oficial ante el juez chileno en su testimonio de 2003.
Y hablé con él más tarde, cuando estaba haciendo mi investigación. Y le dije: «Bueno, ¿de dónde sacaste la información sobre Charles Horman? ¿Cómo sabías de él?». Y él dijo que provenía de un artículo que había sido escrito por un periodista que quizá conozcas, William Shawcross, un periodista muy conocido, periodista británico. Y él había escrito una historia sobre la desestabilización.
En ese artículo, cuenta la historia de Charlie Horman en Valparaíso y que un oficial militar estadounidense le lleva de vuelta a Santiago. Y esos detalles clave se convierten en los detalles que dan credibilidad a su historia al inventar esta historia de que un agente de la CIA y el jefe de inteligencia militar decidieron ejecutarlo por lo que había descubierto en Valparaíso.
La retractación fue completa y él explica por qué lo hizo. Fue para salvarlo a él y a su familia. Había tenido un desencuentro con el ejército chileno. Estaba asilado en la embajada italiana. Para ejercer presión y poder salir del país con su hijo de nueve años y su esposa, inventa esta historia y dice que pensó que tenía que hacerlo para salvar su propia vida. Y se da cuenta de que era una invención y que Ray Davis no tenía nada que ver con ello.
Es una de esas historias misteriosas, terribles y complicadas que ocurren en situaciones como esta, en las que, por supuesto, la verdad es la primera víctima de este tipo de enfrentamientos. Y la gente hace lo que sea necesario para salvarse.
En este caso, inventa una historia sobre este estadounidense asesinado para llamar la atención sobre sí mismo y poder salir finalmente de Chile. Se va a España y, finalmente, regresa a Chile, se retracta de la historia y dice: «Sí, inventé la historia, saqué los detalles de este artículo del London Times y esa es la verdad. Ahora estoy diciendo la verdad».
Entonces estaba mintiendo y, por supuesto, lamentablemente esta rectificación no se hace pública hasta 2001. Tanta gente creía en la historia de que Charlie Horman fue asesinado por orden del Gobierno estadounidense que hubo mucha resistencia a decir que no había sido así.
Por eso, en este libro, a diferencia de mis libros anteriores, ha habido rechazo por parte de ciertas personas que no quieren abandonar la idea de que Estados Unidos estuvo involucrado en los asesinatos. Y, por supuesto, mi investigación es condenatoria para lo que hizo Estados Unidos en ese periodo. Es mi trabajo y ha sido mi carrera, documento lo que ocurrió, pero también documento lo que no ocurrió.
Es importante saber lo que hizo Estados Unidos. También es importante saber lo que no hizo. Y para aclarar la historia, he exonerado a la embajada de Estados Unidos por el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses.
Pero, al mismo tiempo, todo mi trabajo ha sido una de las documentaciones más completas de lo que Estados Unidos realmente hizo en su complicidad con las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Pinochet.
Y, como mencionaste antes, al alentar a los militares a dar un golpe de Estado y asegurarles que Estados Unidos los apoyaría en todo lo que hicieran para derrocar al gobierno de Allende.
Chris Hedges
Para terminar, John, ya que te quedaste después de que Pinochet tomara el poder en esa dictadura, hablemos de lo que viste, y quiero que establezcas paralelismos con lo que está sucediendo en Estados Unidos.
John Dinges
Sí, aquellos de nosotros que vimos cómo se destruía una democracia, como yo en Chile, vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos desde una perspectiva muy diferente. Es aterrador porque vemos, en primer lugar, cómo se destruyen y se toman el control de las instituciones. Pero aún más problemático es que vemos que la gente no entiende lo que está sucediendo.
La gente nunca ha vivido esto en Estados Unidos. No tienen un contexto con el que entender cómo se está tomando el control sistemáticamente de nuestra democracia. No es algo que vaya a suceder en el futuro. Es algo que hemos visto esta semana. Washington D. C. es ahora una ciudad ocupada y seis estados controlados por los republicanos han enviado tropas, tropas de la Guardia Nacional, para reforzar la presencia militar en Washington D. C.
Hay conflictos entre la policía de D.C., que está tratando de resistir, pero en realidad la ley está de su lado, porque D.C. es un enclave federal, por así decirlo, no controlan, no pueden rechazar esta intervención, que está siendo totalmente abusiva. No hay ninguna emergencia en D.C. Este es solo un ejemplo.
Cuando vemos lo que ocurrió en un lugar como Chile, donde todos sabemos que la dictadura fue total. Todos sabemos que la dictadura provocó la muerte de miles de personas. Y sabemos que decenas de miles de personas fueron torturadas. La libertad de prensa fue totalmente eliminada. Las universidades fueron controladas. Lo hemos visto en nuestra experiencia personal.
Y es difícil explicar eso a los estadounidenses que están pasando por lo que nosotros estamos pasando en este país sin parecer exagerado. Bueno, cosas así, por supuesto, no pueden suceder en Estados Unidos. Pero están sucediendo y la progresión es muy similar a lo que ocurrió en la dictadura que se instauró en Chile.
Y, por supuesto, no se han producido matanzas masivas. Esperemos que nunca se produzcan. Pero el hecho de que se estén construyendo centros de detención por todo el país, supuestamente para inmigrantes, inmigrantes ilegales, para alguien como yo, que ha visto esto, que ha vivido esto durante los seis años que viví en Chile, estos centros de detención son una infraestructura que se utilizará para todos los disidentes, a los que el Gobierno quiere detener en el futuro.
Es una situación muy aterradora. Por supuesto, no quiero especular sobre lo que va a pasar en el futuro en Estados Unidos, solo decir que los ecos de lo que está pasando con lo que ocurrió en Chile, Argentina y Brasil en la década de 1970 en América Latina son muy claros y que es importante supongo, compartir esa experiencia con la gente para que realmente se resistan a lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde, porque aún no es demasiado tarde.
Todavía tenemos una prensa libre. Todavía tenemos instituciones civiles. Todavía tenemos estados que son autónomos hasta cierto punto y que deberían ser capaces de resistir una toma de poder federal, una toma de poder por parte de las fuerzas de MAGA. Espero que se produzca ese tipo de resistencia real y que ningún otro estado… California permitió la entrada del ejército. Espero que ningún otro estado permita que eso suceda.
Chris Hedges
Bueno, la erosión es rápida. Estuve en una manifestación callejera en Santiago, una manifestación callejera contra el Gobierno. Sacaron los cañones de agua y rociaron a todo el mundo. Y luego la policía secreta se abalanzó sobre la multitud, con el rostro cubierto, y empujó a la gente, capturó a personas, las empujó, secuestró a personas y las metió en coches sin distintivos. Y parecía una redada del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]. Cuando vi las primeras imágenes del ICE, inmediatamente me transporté a ese momento en Santiago.
John Dinges
A principios de 1975, iba en coche a trabajar desde mi casa en Santiago, hacia el centro de la ciudad, y vi que un coche había detenido a otro coche y que unos agentes enmascarados, en realidad no llevaban máscaras, salieron del coche, sacaron a la gente del otro coche y los capturaron. Detuvieron a la gente.
Recuerdo que había una mujer en un coche junto al mío. Yo también me detuve. Ella lloraba porque sabía lo que estaba pasando, que esas personas estaban siendo capturadas por la policía secreta. Y en 1975, la proporción de personas que no sobrevivían a esas detenciones era muy alta.
Me refiero a que la metodología de capturar a alguien, detener su coche, sacarlo del coche, con o sin máscara, es una metodología bastante estándar para la represión. Si realmente son ejecutados y torturados es el siguiente paso. En Chile, eso es lo que le pasó a la gente. En Estados Unidos, todavía estamos en una fase preliminar.
Chris Hedges
Bueno, sí, aunque avanzamos rápidamente hacia allí. Gracias, John. Quiero dar las gracias a Diego [Ramos], Sofía [Menemenlis], Thomas [Hedges], Max [Jones] y Víctor [Padilla], que han producido el programa. Pueden encontrarme en ChrisHedges.Substack.com.
6. Los motivos de la irrupción de Milei.
Los de New Left Review han publicado su último número, y el artículo liberado es este sobre Milei. Me hubiera interesado más que fuese el de Dylan Riley y Robert Brenner, The Long Downturn and Its Political Results, siguiendo el debate que lleva un par de años, pero este es de pago.
https://newleftreview.org/issues/ii155/articles/martin-mosquera-the-meaning-of-milei
Martín Mosquera
El significado de Milei
«Soy el rey y os destruiré: todas las castas alimentan mi apetito», gritó Javier Milei en su mitin de victoria tras las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre de 2025.nota al pie1 La victoria de su partido no era algo seguro. Tras casi dos años en el cargo, el autoproclamado anarcocapitalista de extrema derecha había logrado controlar la altísima inflación. Pero a medida que el dólar se fortalecía a partir de julio de 2025, lo que trajo más dificultades económicas para los argentinos, su popularidad comenzó a caer. Sus allegados —su hermana Karina, candidata principal de su partido en las elecciones legislativas— se vieron envueltos en acusaciones de corrupción. En septiembre, sus antiguos aliados en el Congreso le dieron la espalda para aprobar gastos en sanidad, universidades y prestaciones por discapacidad, anulando el veto del presidente. Fuerza Patria, el bloque peronista, triunfó en las elecciones provinciales de Buenos Aires el 7 de septiembre, derrotando a la alianza La Libertad Avanza de Milei por 47 a 34 %. Los mercados de divisas respondieron con una caída del peso, lo que provocó un nuevo aumento de la inflación y elevó los ya elevados costos del servicio de la deuda de Argentina. Las encuestas para las elecciones de mitad de mandato mostraban a los peronistas ligeramente por delante.
Con gran fanfarria, la Administración Trump acudió en ayuda de Milei, organizando una visita a la Casa Blanca, un intercambio de divisas por valor de 20 000 millones de dólares —a un tipo de cambio fijo, no al precio de mercado— y hablando de otros 20 000 millones de dólares en préstamos privados y de fondos soberanos. Pero Trump era consciente del riesgo de asociarse con un perdedor y al mandato presidencial de Milei aún le quedaban dos años. «Si gana, le ayudaremos mucho», declaró Trump a la prensa, con Milei sudando a su lado. «Y si no gana, no vamos a perder el tiempo».nota al pie2 Los medios de comunicación liberal-conservadores de Argentina se habían mostrado ambivalentes con respecto a Trump, sin aceptar de buen grado su amenaza de imponer al país un acuerdo sobre tierras raras a cambio de su ayuda. Pero en ese momento, se le consideraba el único salvador del país. Las elecciones de mitad de mandato de 2025 se convirtieron en una prueba de nervios y en un referéndum nacional sobre el rescate de Trump.
Cabe destacar que la participación del 26 de octubre, del 68 %, fue la más baja de la historia, ya que los votantes de la oposición se quedaron en casa. La lla de Milei obtuvo el 41 % de los votos populares frente al 34 % del bloque peronista, aumentando su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados de 37 a 111 escaños, acaparando el voto centrista, mientras que los peronistas terminaron con 99 escaños (de 257). El resultado político fue negar a la oposición la mayoría de dos tercios necesaria para anular los vetos presidenciales, lo que liberó a Milei para seguir adelante con su agenda de recortar el otrora orgulloso estado del bienestar argentino, reducir los derechos de los trabajadores y demoler las redes de políticos peronistas, sindicalistas, líderes sociales y grupos vecinales a los que él llama la casta.
¿Cómo explicar la irrupción de esta figura en una escena política hasta entonces dominada por profesionales elegantemente vestidos? En un contexto socioeconómico más estable, Milei, con su pelo mal teñido, su chaqueta de cuero y sus diatribas mesiánicas ultraliberales, podría haber seguido siendo una celebridad excéntrica sin futuro político. En una Argentina azotada por la tensión de una inflación elevada —dos décadas de tasas de dos dígitos tras la crisis de 2001, seguidas de dos años de tasas de tres dígitos en 2023-24— y en medio del agotamiento mutuo de los bloques políticos existentes, se convirtió en un candidato presidencial plausible. Incluso su estilo agresivo ha generado un sorprendente grado de empatía, ya que se entiende como una respuesta a la violencia y el acoso que sufrió a manos de su padre, un empresario. Una parte significativa de la población lo percibe como una víctima enfadada, en sintonía con una sociedad que se siente victimizada y enfadada con la política, y ve en él a un outsider, subestimado y discriminado, igual que ellos. En otras palabras, el fenómeno Milei debe entenderse como la expresión de una crisis más profunda de la sociedad argentina.
Provisionalmente, podría resumirse así. La «normalización» neoliberal del país en la década de 1990 terminó en una catástrofe en 2001, que generó una nueva ola de militancia de la clase trabajadora. Bajo el liderazgo peronista de izquierda de Néstor Kirchner, este sector estableció un nuevo pacto social que demostró ser capaz de bloquear todos los intentos de la burguesía argentina de revertirlo, incluso cuando la economía entró en una crisis de caída de la rentabilidad e inflación crónica. En una situación de prolongado estancamiento político, Milei podría proyectarse como el único líder capaz de un cambio decisivo. Por lo tanto, es necesario situarlo en el contexto de este ciclo de resistencia, que a su vez debe enmarcarse en la larga historia del peronismo.
Tres generaciones peronistas
El peronismo suele desconcertar a los observadores externos, en particular a aquellos con una formación en las categorías políticas del mundo europeo. El movimiento nació a principios de la década de 1940, en un momento de gran militancia obrera en un país en proceso de industrialización y urbanización, a partir de la fusión de organizaciones obreras dispares bajo el liderazgo del carismático Juan Domingo Perón, una figura menor del gobierno militar de la época. Perón, un joven coronel, encontró en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social —entonces una institución menor en la jerarquía estatal— una base desde la que llevar a cabo un novedoso proyecto de integración social, uniendo una alianza multiclase bajo la dirección del Estado, garante y árbitro de la unidad nacional. Con este fin, dictó órdenes para la ampliación de los derechos laborales, la negociación colectiva, las prestaciones por jubilación, el salario mínimo, las vacaciones pagadas, la asistencia médica, etc., con el fin de atraer a los sindicatos al nuevo orden corporativista, junto con otros sectores sociales y fracciones del capital.footnote3
Sin embargo, la burguesía argentina reaccionó con alarma y descontento. La presión de sus compañeros oficiales, recelosos de su popularidad, provocó la destitución de Perón en octubre de 1945. La histórica movilización del 17 de octubre, inmortalizada en el musical que lleva el nombre de su luchadora y joven esposa, Evita, interrumpió el proceso de neutralización. Las clases trabajadoras salieron a las calles para exigir la liberación de su líder en tal número que Perón fue liberado al día siguiente. Un año más tarde, fue elegido presidente al frente de una coalición notablemente heterogénea, que abarcaba desde sectores de la izquierda hasta nacionalistas de extrema derecha. La alianza que se le oponía no era menos diversa: conservadores, radicales, socialistas y comunistas, que interpretaban el peronismo como una amenaza fascista, lo que justificaba una alianza con las élites tradicionales. Desde entonces, la vida política argentina se ha organizado en torno a la división entre peronistas y antiperonistas, una línea divisoria que atraviesa la propia izquierda.
Así se formó una relación sin precedentes: un político militar nacionalista, que había tratado de contener el movimiento obrero para evitar su radicalización, se vio interpelado por una clase trabajadora dinámica que se convirtió en el pilar de su liderazgo. Este sustento fue la base de la continuidad del peronismo como fuerza política, diferenciándolo de otros fenómenos nacionalistas de la década de 1940, como el varguismo en Brasil. A partir de entonces, la relación entre Perón y los trabajadores adquirió una forma única y ambivalente: aunque integrados bajo una lógica de subordinación al Estado, los sindicatos conservaron una capacidad de presión e influencia que, a su vez, condicionaba el liderazgo de Perón. La persistente desconfianza de la gran burguesía —que Perón intentó incorporar sin éxito— junto con una autonomía sindical mayor de lo esperado definieron la relación contradictoria entre el peronismo y la clase obrera: entre integración y resistencia.footnote4
Derrocado por un golpe civil-militar en 1955 —con el apoyo liberal y antiponista de las fuerzas armadas—, el primer experimento peronista fue clausurado. Pero durante los diecisiete años de proscripción que siguieron, el peronismo consolidó su estatus como fuerza popular, sostenido por el anhelo de una época perdida. La caída de Perón no condujo a la pasividad, sino a una intensificación de las luchas obreras conocida como la resistencia peronista. A pesar de la severa represión, los sindicatos organizaron huelgas y acciones clandestinas que mantuvieron vivo el vínculo entre el peronismo y la clase obrera. A partir de la década de 1960, esto se entrelazó con una nueva ola de radicalización influenciada por la Revolución Cubana y los movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo. La nueva militancia del movimiento obrero y el fortalecimiento de la izquierda radical alcanzaron su punto álgido con el levantamiento del Cordobazo de 1969. Por primera vez, una rebelión masiva de trabajadores y estudiantes desbordó al propio peronismo, lo que provocó una crisis de hegemonía que socavó la dictadura de Onganía y aceleró la descomposición del régimen. Esta escalada condujo al regreso de Perón del exilio en 1973. Sin embargo, su tercer gobierno no catalizó la movilización popular, sino que se propuso contenerla; para ello, Perón promovió el ala derecha de su movimiento contra la izquierda. Tras su muerte en 1974, esta deriva reaccionaria quedó al descubierto: la derecha peronista pasó a la ofensiva, liderada por su tercera esposa, desmantelando las organizaciones revolucionarias y desatando una violencia represiva abierta, allanando el camino para la dictadura militar de 1976-1983, sostenida por el terror estatal más sistemático de la historia argentina.
Sin embargo, aunque la represión remodeló profundamente las estructuras sociales y políticas del país, no logró eliminar los sindicatos ni erosionar la influencia del peronismo entre las clases populares. Incluso en la clandestinidad, el movimiento sindical conservó sus estructuras fundamentales y resurgió con una fuerza asombrosa en la huelga general de 1982, un momento clave en el declive de la dictadura. Sin embargo, la muerte de Perón había dejado al movimiento sin su figura unificadora, y la derrota electoral de 1983 —la primera en condiciones plenamente democráticas— marcó el inicio de una crisis de orientación. Al mismo tiempo, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y el inicio de la ofensiva neoliberal comenzaron a erosionar la base material del proyecto social peronista. Bajo la presión de la crisis de la deuda de los años ochenta, el FMI y el Banco Mundial presionaron sin cesar para que se reestructurara el capital y el Estado en Argentina mediante la internacionalización subordinada de la economía.footnote5 En medio del aumento del desempleo, la hiperinflación y el colapso institucional, la composición de la clase trabajadora se vio alterada por estos procesos, fragmentándose en capas formales e informales.
Cuando el partido peronista volvió al poder con Carlos Menem en 1989, no tardó en adaptarse a esta nueva situación, al igual que la socialdemocracia europea en el mismo período. Con el apoyo de los líderes sindicales, Menem impulsó el conjunto de medidas prescritas por el FMI: liberalización financiera y comercial, desregulación del mercado, privatización de empresas estatales estratégicas y aplicación de un régimen monetario que vinculaba el peso al dólar, imponiendo una disciplina monetaria drástica a medida que el dólar se fortalecía después de 1995. Los peronistas fueron expulsados en las elecciones de 1999, cuando este modelo entró en crisis. Su colapso se produjo durante la breve administración de Fernando de la Rúa (1999-2001), líder de la Unión Cívica Radical (UCR), liberal-conservadora, cuya alianza con sectores del centroizquierda salvó al peronismo de asumir la responsabilidad del fracaso del modelo de convertibilidad.
Bloqueo popular
El punto de inflexión se produjo con la explosión de diciembre de 2001, en pleno verano argentino: un levantamiento popular masivo que obligó a De la Rúa a dimitir, el colapso de la convertibilidad y un impago récord de la deuda del país, que ascendía a 130 000 millones de dólares. El PIB de Argentina se contrajo más de un 16 % y la economía se sumió en una recesión. Alrededor del 52 % de la población cayó por debajo del umbral de la pobreza; muchos tenían dificultades para comprar alimentos. El tipo de cambio fijo, que inicialmente había ayudado a contener la hiperinflación, acabó devastando el orden socioeconómico. Los servicios públicos colapsaron, los salarios y las pensiones dejaron de pagarse. Las movilizaciones espontáneas de diciembre de 2001 cristalizaron en redes populares de autoayuda para organizar cooperativas de alimentos o distribuir los cupones de emergencia del nuevo Gobierno. El papel protagonista no recayó en los sindicatos —aunque estos recuperarían gradualmente su capacidad de acción—, sino en los movimientos de trabajadores desempleados, los llamados piqueteros, que salieron muy fortalecidos de la crisis. Junto con la radicalización de las clases medias y la reactivación de los sindicatos, este bloque puso fin al ciclo de hegemonía neoliberal y allanó el camino para una nueva situación política.
Paradójicamente, fue el mismo partido peronista que había administrado el ajuste neoliberal el que ahora canalizó la resistencia al mismo, bajo el liderazgo de una pareja anteriormente menemista: Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007, y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2007 y 2015. Al igual que el PRI en México, el APRA en Perú o el MNR en Bolivia, el peronismo había pasado del desarrollismo al neoliberalismo en la década de 1980. Pero, a diferencia de ellos, logró reinventarse como el canal privilegiado del progresismo argentino en el siglo XXI, formando parte del cambio regional que un reportero del New York Times denominaría la «marea rosa». nota al pie6 Esta nueva marca de peronismo de izquierda —el kirchnerismo, como se le llegó a llamar— surgió como un intento de reconstrucción populista del orden político mediante la canalización parcial de las demandas sociales, sin deshacer las transformaciones estructurales de la década de 1990; por lo tanto, tenía un carácter conservador en el sentido gramsciano de trasformismo. Revivió la lógica del peronismo clásico, respondiendo a la nueva militancia mediante la integración de los sectores movilizados, reconociendo su capacidad de presión, pero canalizando el conflicto dentro del aparato estatal como instrumento de regulación.
Impulsado por la creciente demanda china de materias primas, el gobierno de Kirchner estableció un nuevo modelo de redistribución, más modesto que el del peronismo clásico, pero ajustado a las condiciones contemporáneas. Atrajo a los movimientos de resistencia popular como relés locales para los programas de bienestar social y volvió a empoderar a los sindicatos a través de un marco de negociación colectiva. Bajo el kirchnerismo, el Estado retomó un papel activo mediante renacionalizaciones estratégicas —especialmente de los fondos de pensiones y la empresa petrolera YPF— y subsidios para mantener las tasas de utilización en sectores clave de la producción industrial. Se amplió la red de bienestar social redistributiva mediante la expansión de un subsidio universal por hijo, la ampliación de la cobertura de las pensiones y el aumento del salario mínimo. El equipo de Kirchner rechazó las exigencias punitivas del FMI y las reclamaciones de diversos fondos de cobertura de que los argentinos se empobrecieran aún más para saldar las malas apuestas de los inversores ricos. En esto contaron con el respaldo de la fuerza organizada de los piqueteros y otros grupos de la clase trabajadora, que constituyeron lo que Adrián Piva ha denominado un «bloqueo popular» contra el ajuste estructural al estilo del FMI.nota al pie7
Inicialmente, el programa de recuperación redistributiva del kirchnerismo generó un período de relativa estabilidad e incluso contó con el respaldo de sectores de la clase capitalista. Sin embargo, a medida que el largo ciclo mundial de las materias primas llegaba a su fin y las movilizaciones sociales perdían impulso, la estrategia comenzó a tensar las relaciones con algunas facciones del mundo empresarial.footnote8 En 2008, el intento de Fernández de Kirchner de aumentar los impuestos progresivos sobre las exportaciones agrícolas desencadenó un enfrentamiento frontal con la agroindustria argentina, que rápidamente se convirtió en una batalla política en la que se involucraron primero las clases medias agrarias, luego la mayor parte de las grandes empresas y la pequeña burguesía urbana, que redescubrió su tradicional antperonismo. Aunque políticamente costosa, la confrontación proporcionó al equipo de Fernández de Kirchner una narrativa épica de la que hasta entonces carecía, enfrentándolo a un enemigo arquetípico, la «oligarquía rural», históricamente asociada al elitismo y la hostilidad hacia las clases populares. Pero el éxito del kirchnerismo dependía casi por completo del contexto externo favorable: los términos de intercambio permitían la redistribución sin afectar gravemente a la acumulación. Con la desaceleración china después de 2012, ese margen comenzó a reducirse. Se inició un largo ciclo de estancamiento, que persiste hasta hoy. Debilitado por la muerte de Néstor Kirchner en 2010, el proyecto peronista de izquierda mostraba signos crecientes de agotamiento: crecimiento lento, inflación y desequilibrio macroeconómico.
En 2015, el candidato presidencial peronista fue derrotado por un estrecho margen por el conservador Mauricio Macri, hijo de un magnate de la construcción, y su partido Propuesta Republicana (PRO). Macri procedió con cautela al principio con su agenda favorable a las empresas, temeroso de provocar la resistencia de la clase trabajadora. Envalentonado por el éxito en las elecciones legislativas de 2017, incluida la estratégica provincia de Buenos Aires, su Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley de reforma de la seguridad social, todavía moderado en su alcance, pero simbólicamente significativo. La reacción social no se hizo esperar. La violenta represión policial de las protestas masivas de diciembre de 2017 no supuso más que una victoria pírrica para el bloque conservador. Aunque debilitado, el «bloqueo popular» conservaba su veto social. A partir de entonces, el gobierno de Macri se vio en una posición defensiva, castigado por los mercados financieros mundiales por el estancamiento de las reformas estructurales y su caída en las encuestas.
Pero cuando los peronistas volvieron al poder en 2019, quedó claro que no tenían ninguna solución. En un intento por conciliar con los mercados, Kirchner desplazó al partido hacia la derecha, impulsando a Alberto Fernández, un tecnócrata mediocre, como presidente, con ella misma como vicepresidenta. El resultado fue una administración débil y contradictoria, que gestionó la crisis con una combinación disonante de discurso estatista y subordinación al FMI, una racionalización de la regresión en nombre del «mal menor». A medida que los salarios reales caían y la pobreza aumentaba, el discurso oficial sobre los derechos y la justicia social perdió toda correlación material. Esto era peor que hipocresía; la narrativa autocomplaciente de un «gobierno progresista, estatista y redistributivo» contrastaba cada vez más con la experiencia cotidiana de millones de argentinos que se enfrentaban a una estanflación persistente, al deterioro de los servicios públicos, a la disminución de los ingresos y al empeoramiento de las condiciones laborales. La mala gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Fernández, caracterizada por confinamientos prolongados, una alta tasa de mortalidad y una fuerte contracción económica, convirtió el descontento en ira.
Romper el estancamiento
El fracaso sucesivo de las dos principales coaliciones políticas, la peronista y la conservadora, alimentó una crisis de representación. La situación sugiere una variante de la noción de Gramsci de un estancamiento catastrófico: un equilibrio de fuerzas en el que ninguna de las partes, ni A ni B, es capaz de imponer su proyecto de manera efectiva, aunque cada una conserva la capacidad de vetar el de la otra. En la descripción que hace Gramsci del cesarismo, esto abre la vía a una irrupción inesperada: un liderazgo alternativo, C, que se impone como salida al atolladero, desplazando a los contendientes tradicionales.nota al pie9 Sin embargo, como subrayaba Gramsci, el estancamiento no era una cuestión de parálisis estática, sino de degradación mutua de ambos bandos, provocada por el desgaste estructural de una lucha prolongada. En el caso de Argentina, sin embargo, el prolongado estancamiento social ha tenido efectos asimétricos. El bloque popular contra la austeridad ha sufrido una derrota larga, silenciosa y lenta, resultado de una década de estancamiento económico y proliferación del empleo informal, con sus efectos debilitadores sobre la acción colectiva; una inflación alta y persistente que ha agotado a la población; y la profunda sensación de frustración y desorientación generada por el fracaso del gobierno de Fernández.nota10
Al mismo tiempo, el estancamiento provocó una radicalización de las clases medias y pequeñas empresariales que permitió el ascenso meteórico de una nueva extrema derecha. Privada de contenido redistributivo, la intervención estatal se convirtió en objeto del desprecio popular. El rechazo a la casta o al «Estado parasitario» no fue solo el resultado de una ofensiva cultural reaccionaria, sino una expresión del desencanto popular con una forma de gobierno que, aunque se proclamaba Estado social —el estado presente, en términos kirchneristas—, administraba el empobrecimiento. Las diatribas libertarias de Javier Milei, con sus extravagantes florituras anarcocapitalistas, aparecieron como el polo opuesto a veinte años de estatismo agotado. En la derecha política, mientras tanto, el naufragio del experimento Macri consolidó la idea de que Argentina sería ingobernable si no se rompía el poder de veto del peronismo. La protesta social, más autónoma de lo que se suponía, se identificaba con el peronismo —más colaboracionista de lo que admitía el estereotipo— y el piquete se interpretaba como un símbolo de coacción callejera, con los sindicatos y los movimientos sociales como el brazo fuerte de un establishment informal. Se asumió que Macri había fracasado por un gradualismo excesivo. Lógicamente, la nueva estrategia requería una «terapia de choque» neoliberal, respaldada, cuando fuera necesario, por el uso de la fuerza. La expectativa era que Macri —o un futuro candidato suyo— lo pusiera en práctica. Pero la aparición de Milei, sin vínculos orgánicos con los partidos tradicionales, ofrecería una encarnación más pura y agresiva de ese mandato.
Nacido en 1970, Milei es hijo de un empresario que se hizo a sí mismo y que, durante los años de Menem, amplió su flota de autobuses de Buenos Aires hasta convertirla en una empresa de inversión y de coches usados apalancada con deuda, con diversos intereses inmobiliarios, mientras maltrataba y golpeaba a su hijo, cuya hermana pequeña, Karina, se convirtió en su única protectora y amiga. Tras obtener títulos en economía matemática en varias instituciones periféricas, Milei encontró trabajo como asistente del magnate de las líneas aéreas Eduardo Eurnekian, un hombre hecho a sí mismo con más éxito. El encuentro con el ensayo «Monopoly and Competition» (Monopolio y competencia) de Murray Rothbard lo convirtió al ultraliberalismo. A mediados de la década de 2010, alcanzó notoriedad como ruidoso panelista de televisión, proponiendo el dogma del libre mercado en su forma más extrema. Su estilo beligerante y sus insultos desenfrenados, arremetiendo contra la clase política, lo convirtieron en una celebridad mediática fácilmente identificable, al tiempo que proyectaba la imagen de un outsider radical. Al igual que con la nueva derecha en otros lugares, el escándalo se convirtió en un signo de sinceridad, una prueba de que no era un político convencional que mide cada palabra según la «tiranía de lo políticamente correcto». Incendiario y provocador, Milei se convirtió así en el catalizador del descontento acumulado, que se tradujo en el entusiasmo popular por un proyecto que prometía la demolición del Estado y la venganza contra los privilegios de la casta.
Aprovechando su imagen de personaje de la televisión basura, Milei entró en la política nacional como diputado por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021; su recién formada lla obtuvo un 14 % de los votos. A medida que la crisis se agravaba en lo más profundo de la pandemia, causó sensación al sortear cada mes su sueldo parlamentario. Mientras tanto, con una inflación superior al 100 % y el 40 % de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, la camarilla peronista en el poder confirmó su desconexión de la realidad al elegir al ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato presidencial para 2023. La decisión de Milei de presentarse a la presidencia fue tratada como una broma por los medios de comunicación, pero llevó a cabo una campaña eficaz, respaldada por la experiencia político-tecnológica de la extrema derecha estadounidense y los bolsonaristas brasileños. Más potente que los tropos prestados sobre el sufrimiento masculino bajo la «conciencia social» fue la articulación de Milei del cansancio de los argentinos con la inflación y la crisis económica como un discurso específicamente antiestatal —y, por tanto, antiponchista—. En noviembre de 2023 ganó la segunda vuelta por una mayoría aplastante, con un 56 % frente a un 44 %.
Emergencia económica
Una vez instalado en la Casa Rosada, Milei declaró el estado de emergencia económica como motivo para derogar los poderes ejecutivos extraordinarios. Ordenó una devaluación del 100 % del peso y emitió una avalancha de decretos y proyectos de ley para recortar el gasto público, desregular el trabajo, abolir los controles de alquileres y reducir los impuestos a los inversores extranjeros en los nuevos yacimientos de petróleo y gas de la Patagonia. Gran parte del aparato estatal fue desmantelado cuando la administración Milei recortó ministerios, despidió a decenas de miles de trabajadores del sector público, cerró agencias y convirtió las empresas estatales en corporaciones, antes de su privatización. Dos importantes instrumentos jurídicos estructuraron esta ofensiva: el decreto ejecutivo dnu 70, un paquete de decretos neoliberales impuestos sin respaldo legislativo, y la Ley de Bases, un proyecto de ley ómnibus presentado ante el Parlamento. Los decretos incluían una ofensiva autoritaria contra los manifestantes, calificados de «terroristas» por Milei. Se aplicó un «protocolo antipiquetero» que restringía severamente las manifestaciones legales, con un nuevo nivel de violencia policial, utilizando cañones de agua, cargas con porras, gases lacrimógenos y spray pimienta. Se negó el derecho de huelga a una amplia categoría de trabajadores «esenciales». Por primera vez desde la dictadura, estas medidas provocaron un miedo real y las protestas contra el Gobierno se redujeron a unos pocos incondicionales.
En sus primeros meses en el cargo, Milei parecía a menudo desorientado; con solo unas pocas docenas de diputados en la Asamblea Nacional, carecía del poder necesario para que muchos de sus decretos se convirtieran en ley. En el verano de 2024 se había asegurado el apoyo de las fuerzas más tradicionales. Los partidarios de Macri, que representaban a la derecha «seria», ayudaron a impulsar la Ley de Bases en el Congreso y le dieron la capacidad de gobernar. A medida que su administración se estabilizaba, la base electoral de la derecha tradicional migró a la lla, lo que le permitió absorber a esos partidos en una alianza más amplia. También obtuvo el apoyo parlamentario de muchos diputados radicales e incluso de algunos peronistas vinculados a gobernadores provinciales, que dependían de los fondos del centro. Este pragmatismo representó un respaldo tácito a las duras reformas favorables a las empresas para relanzar el proceso de acumulación. Aunque la burguesía argentina consideró inicialmente a Milei una apuesta arriesgada, pronto se unió a él como la mejor oportunidad para impulsar su programa de reformas, largamente pospuesto, sin que se viera frustrado por las protestas sociales. En abril de 2025, el FMI aprobó un nuevo préstamo de 20 000 millones de dólares para amortiguar la relajación de los controles de capital y la flotación controlada del peso por parte de Milei.
El apoyo a Milei se mantuvo sorprendentemente fuerte durante los primeros dieciocho meses, a pesar de las dificultades que causó su terapia de choque, «el ajuste fiscal más drástico jamás visto en una economía en tiempos de paz», según un funcionario del FMI.nota al pie11 La inflación comenzó a descender a partir del verano de 2024, cayendo por debajo del 40 % la primavera siguiente. El Gobierno restó importancia al escándalo de la criptomoneda libra, que Milei había respaldado pero que resultó ser una operación Ponzi de «rug pull». Sin embargo, en el verano de 2025, el cansancio social por los altos costes de la política deflacionista sobre los ingresos y la actividad económica comenzó a hacerse notar. Las encuestas mostraban una disminución gradual de la confianza en el Gobierno y el malestar social iba en aumento, no a gran escala, pero cada vez más persistente.footnote12 A finales de agosto de 2025, la filtración de unas grabaciones de audio que detallaban la comisión del 3 % que Karina Milei se quedaba de los pagos públicos por medicamentos para discapacitados amenazaba con causar un daño aún más grave.
En Argentina, como en otros lugares, las actitudes hacia la corrupción pueden ser ambivalentes; puede tolerarse si la economía es relativamente boyante, pero cuando los tiempos son difíciles se percibe como una doble afrenta. El sacrificio que los argentinos habían aceptado para superar la inflación y el estancamiento parecía ahora menospreciado por aquellos que se embolsaban dinero público mientras exigían un mayor ajuste. El impacto fue inmediato: el revés de Lla en las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre reveló la fragilidad de la situación económica. El plan de Milei, sostenido hasta entonces por el apoyo empresarial y la pasividad social, comenzó a desmoronarse. El Banco Central agotó las reservas de divisas de Argentina para frenar la fuga de capitales y evitar una devaluación inflacionaria en vísperas de las elecciones de mitad de mandato. Junto con el rechazo del peronismo por parte de una parte sustancial del electorado, el rescate muy público de Trump y Bessent, apenas doce días antes de las elecciones, le dio al anarcocapitalista otros dos años más.
Precedentes
Milei puede ahora avanzar con medidas más duras, empezando por la legislación laboral, las pensiones y los impuestos. Su discurso de victoria indicó una apertura a trabajar con otros partidos, evocando la imagen de una nación unida contra el odiado «populismo» peronista.nota al pie13 Con el apoyo de sus aliados parlamentarios liberal-conservadores, la lla podrá convertir en ley una nueva dispensación político-económica. El objetivo de Milei, una vez que se haya frenado la inflación, es fortalecer el peso y generar un «efecto riqueza» mediante la entrada de dólares, atraídos por la desregulación, la privatización y otras ofertas para los inversores extranjeros, imponiendo una dura disciplina a los sectores industriales no competitivos y al trabajo. El programa es, por supuesto, el del «Consenso de Washington» del FMI, y no el anarcocapitalismo ultraliberal, sea lo que sea eso. La concepción de Gramsci sobre el estancamiento debe modificarse en el caso argentino: aquí, la tercera fuerza cesarista, C, resulta ser en realidad una máscara de B, o la forma más eficaz de aplicar el programa de B. nota al pie14 Aunque mantiene la retórica de «outsider» y amenaza con devorar a las élites, su agenda es estrictamente la de un insider, alabada por ese portavoz de la «élite global» que es The Economist, que se muestra frío con Trump pero se emociona con «el poder de los mensajes económicos duros pero coherentes que proclama con claridad y convicción» el presidente argentino. Del mismo modo, el FMI, sede mundial de la casta, se ha apresurado a elogiar la «sólida trayectoria» de Milei.nota al pie15
Pero el programa ya se ha probado muchas veces en Argentina. En el pasado, ha terminado en devaluación, recesión aguda y aumento del malestar social. Cuando se intentó por primera vez bajo la dictadura a finales de la década de 1970, orquestada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, duró apenas tres años antes de terminar en un colapso monetario y protestas laborales. Por el contrario, Menem mantuvo una estrategia similar durante una década, reformulando de manera decisiva el pacto social a favor del capital antes de la catastrófica crisis de 2001 y el auge del «bloqueo popular». El Gobierno de Macri también intentó un breve periodo de apreciación de la moneda, que terminó en una retirada masiva de depósitos bancarios y una fuerte devaluación.
Que Milei resulte ser un Martínez de Hoz, un Macri o un Menem depende en gran medida de si los dólares siguen fluyendo y de si Washington sigue desempeñando el papel de financista de última instancia. El Gobierno espera que la subasta de los yacimientos de esquisto de Vaca Muerta, en el noreste de la Patagonia, en desarrollo desde 2010, genere una inyección suficiente de inversión extranjera para mantener la reestructuración en marcha. El tiempo es un factor clave. La apuesta es que un contexto relativamente favorable —efecto riqueza, disciplina monetaria, estabilización macroeconómica— proporcione una ventana de oportunidad para remodelar de forma duradera el equilibrio social y político de fuerzas antes del próximo colapso. Incluso una leve recuperación económica podría ayudar a consolidar elementos de la heterogénea coalición de Milei como un nuevo bloque popular, bajo la hegemonía de la derecha.
En la actualidad, sus seguidores más comprometidos representan alrededor del 30 % del electorado. Entre ellos se encuentran componentes de la clase empresarial pequeña y mediana, tradicionalmente antperonista, que antes votaba a Pro o a la UCR, pero que se radicalizó debido al estancamiento; jóvenes precarios, sin recuerdo del crecimiento bajo el primer gobierno de Kirchner, para quienes el iconoclasmo de Milei ofrece una expresión de sus propias frustraciones por los horizontes bloqueados del país; y sectores de la clase media baja y la clase trabajadora informal, muy afectados por la inflación y la pérdida de estatus, que ya no ven al Estado como garante de los derechos, sino como fuente de corrupción e ineficiencia. Por último, Milei contó con el respaldo de un voto de protesta transversal a las clases, que expresaba el desencanto popular con todo el sistema político. La suerte económica de estas capas será un factor clave en la configuración del próximo ciclo político, pero ya se puede decir que los efectos corrosivos del estancamiento peronista y la alta inflación han dado lugar a una sedimentación social en la derecha que será difícil de disipar en un futuro próximo, incluso si el proyecto de Milei termina en crisis y desgracia.
¿Seguirán fluyendo los dólares? El Gobierno apostará por que la gran cantidad de liquidez inyectada por los principales bancos centrales con cada nueva crisis tiene que ir a parar a algún sitio. Pero Argentina no tiene mucho margen de maniobra. Reparar su solvencia crediticia significa pagar para refinanciar las enormes deudas que vencen el año que viene. En unas condiciones en las que los puntos conflictivos geopolíticos coinciden con los cuellos de botella geoeconómicos, y la creciente ira popular está adoptando formas políticas impredecibles, cualquier crisis local podría provocar otro repunte de la inflación, una subida de los tipos de interés, el colapso de las empresas endeudadas o de los prestamistas apalancados, o la destrucción de los fondos gestionados si estalla la burbuja de la inteligencia artificial. Con el levantamiento de los controles cambiarios y el peso vinculado al dólar, por muy elástico que sea, Argentina no estará mejor protegida de las turbulencias económicas mundiales que en 1999.
Además, Washington tendrá asuntos más importantes que atender. El rescate de octubre de 2025 ya fue desproporcionado, una medida de la irracionalidad generada por los compromisos políticos de la administración Trump. Con 20 000 millones de dólares, el canje de divisas y las compras de bonos que lo acompañan representan uno de los mayores paquetes de ayuda directa jamás concedidos por Estados Unidos a América Latina. Habría que remontarse a la crisis del tequila de México en 1995 para encontrar un rescate de tamaño comparable. Pero esa operación involucró al principal socio comercial de Estados Unidos, la tercera pata del recién creado TLCAN, y respondió a una sacudida financiera mundial que amenazaba con desestabilizar toda la región. Del mismo modo, la descarada intervención de Trump en las elecciones intermedias de Argentina podría compararse con el apoyo algo más discreto de Clinton a la segunda candidatura presidencial de Yeltsin en 1996, cuando Washington hizo la vista gorda mientras se desviaban grandes cantidades de un préstamo del FMI de 10 000 millones de dólares para asegurar su reelección. Pero, de nuevo, Rusia era un socio estratégico clave al que había que mantener contento mientras se llevaba a cabo la expansión de la OTAN.
La situación con Argentina es muy diferente. Económica y geopolíticamente, el país ocupa un lugar menos importante en la mente de Washington. La propia economía estadounidense se encuentra hoy en día bajo una mayor presión, y la radicalización del «America First» (Estados Unidos primero) se impone a la generosidad imperial. Quizás para calmar la presión de las redes sociales de MAGA, Bessent dejó caer una amplia insinuación, después de que la posición de Milei se estabilizara con los resultados de las elecciones intermedias argentinas, de que el apoyo estadounidense sería a partir de entonces más limitado.nota al pie16 Argentina es ya, con diferencia, el mayor prestatario del FMI, con una deuda de casi 42 000 millones de dólares del fondo de 120 000 millones, frente a los 11 000 millones de Egipto y los 9000 millones de Ucrania, ambos mucho más importantes desde el punto de vista geopolítico. Además, las condiciones locales son menos propicias ahora que en la época de Menem y Martínez de Hoz. A finales de los años setenta y principios de los noventa, los salarios medios en Argentina se situaban en un nivel relativamente alto para los estándares latinoamericanos, lo que amortiguó en parte el impacto de la crisis deflacionaria, mientras que el peso era relativamente débil. El programa inicial de Milei ha distorsionado estas relaciones: los salarios reales se han mantenido bajos, mientras que el peso se ha mantenido insosteniblemente fuerte para combatir la inflación, beneficiándose durante un tiempo del ancla de un dólar inusualmente débil. En este contexto, una devaluación forzada ya no se vería suavizada por el colchón de ingresos de ciclos anteriores y podría desencadenar una grave crisis social, sin margen para la tolerancia. Las repercusiones políticas podrían entonces utilizarse para justificar soluciones más abiertamente autoritarias, ya presagiadas en la represión de Milei contra los piqueteros, aunque esto en sí mismo no podría proporcionar un alivio económico.
Completar la tarea
Una comparación con la extrema derecha de Jair Bolsonaro en Brasil puede ayudar a definir la especificidad del fenómeno Milei. En cuanto al estilo, son polos opuestos. El pelo largo y las patillas al estilo heavy metal de Milei se corresponden con la excentricidad bohemia de su vida personal, sus intensas relaciones con su hermana y éminence grise, la primera dama de facto de Argentina, y su perro, Conan, del que Milei afirmaba que en realidad era su hijo. Bolsonaro promovió una imagen de ganadero patriarcal de aspecto pulcro y se rodeó de pastores evangélicos y figuras militares. Pero ambos surgieron como una respuesta radicalizada al fracaso de la derecha tradicional, Macri en Argentina y Temer en Brasil, para mantener el apoyo electoral mientras revertían la legislación social del kirchnerismo y el lulismo-dilmismo.
Retóricamente, la gran fortaleza de Milei como político ha sido transmitir su estrategia real en términos vívidos que pueden repetirse una y otra vez. El mensaje, dividido en dos partes, es muy simple: impulsar una revolución neoliberal antiestatista y convertir la derrota del veto social y los piqueteros en una aniquilación definitiva. Eso no significa necesariamente la destrucción del proteico movimiento peronista; el busto de Menem ocupa un lugar de honor en la Casa Rosada de Milei. Pero sí implica la eliminación y el descrédito del kirchnerismo y su incorporación al aparato público-administrativo de los organismos autoorganizados de la clase trabajadora. Bolsonaro, menos inteligente, se concentró en diatribas anticomunistas y «antiwoke», mientras que su ministro de Finanzas, una figura de la élite, mucho más suave que el presidente pero no menos impulsado por el odio hacia la izquierda electoralmente exitosa, se dedicó a aplicar una agenda procapitalista más o menos en silencio.
Bolsonaro se enfrentó a una oposición más débil cuando asumió el cargo en 2019, pero su catastrófica gestión de la pandemia provocó enormes protestas y, como prácticamente todos los mandatarios de América Latina, fue castigado en las urnas por las altas tasas de mortalidad y el sufrimiento económico. Inhabilitado para ejercer cargos políticos hasta 2030 por su torpe intento de revertir el resultado de las elecciones, sigue liderando un fuerte movimiento de extrema derecha con base en las iglesias y los aparatos de seguridad, que ha absorbido a las fuerzas conservadoras tradicionales. Es muy capaz de volver al poder, ya sea con su hijo Eduardo, su esposa Michelle, el gobernador de São Paulo o cualquier otro candidato. La base de Milei es más bien una «masa flotante» y su legado aún está por construir.
Los intentos de conceptualizar los exitosos experimentos de la derecha que han proliferado en los últimos años —Brasil, Argentina, India, Turquía, Hungría, Polonia, Rusia y, por supuesto, Estados Unidos— no pueden limitarse a la contraposición entre el fascismo clásico y la democracia liberal, cuyo resultado es una polarización estéril del debate entre quienes gritan «¡Fascismo! ante cualquier avance de la derecha y los que minimizan la novedad y la agresividad de las nuevas derechas con el argumento de que las instituciones representativas permanecen intactas. Este fue un error que los teóricos clásicos del fascismo no cometieron. Los escritos extraordinariamente proféticos de Trotsky sobre el auge del nazismo se enmarcaban sobre todo como análisis coyunturales.nota17 Sobre esa base, advirtió de la amenaza física e institucional de la extrema derecha para las organizaciones del movimiento obrero y de la necesidad de una política unitaria para defenderlas, pero no subordinada a la burguesía liberal, que había contribuido a crear la crisis de la que se alimentaba la extrema derecha. Trotsky, por supuesto, escribiendo desde Prinkipo, veía el fascismo como una manifestación de la crisis terminal del capitalismo; al igual que Lenin durante la Primera Guerra Mundial, pidió que la lucha contra el síntoma se convirtiera en una lucha contra su causa. Otto Bauer, escribiendo desde la Austria de entreguerras, consideraba que la revolución socialista ya había sido derrotada; el objetivo del fascismo era eliminar el socialismo reformista. Angelo Tasca, escribiendo desde la Francia ocupada por los nazis, llevó la idea un paso más allá y la definió como una «contrarrevolución póstuma y preventiva», que se proponía completar la obra una vez que la resistencia obrera se hubiera debilitado de forma decisiva. nota al pie18 En otras palabras, la derecha agresiva se convierte en una fuerza funcional tanto cuando la clase dominante es relativamente débil y recurre a medidas extremas para derrotar una amenaza revolucionaria —la situación descrita por Trotsky— como cuando la clase dominante es fuerte y decide terminar el trabajo.
En América Latina, las fuerzas populares de numerosos países lucharon de diferentes maneras, a menudo confusas, para encontrar salidas de izquierda a las crisis neoliberales en las que se vieron sumidas en los años ochenta y noventa. En el proceso, redujeron en uno o dos puntos el índice de desigualdad de Gini del continente, ampliaron la alfabetización y crearon programas básicos de lucha contra la pobreza, sin romper —excepto en el honorable caso de Cuba— con las relaciones de propiedad capitalistas. El auge de China ofreció cierto margen para iniciativas alternativas: proyectos de infraestructura asequibles, destinos de exportación, productos baratos. Al igual que en Argentina, muchos de esos esfuerzos llegaron a un punto muerto o se erosionaron desde dentro. Sin embargo, desde el presupuesto público de Porto Alegre hasta las misiones de Caracas, el constitucionalismo indígena de Bolivia, la música de Cuba y la teoría crítica de Brasil, los países latinoamericanos ofrecieron una especie de faro al mundo durante una década más o menos en los años 2000, cuando Estados Unidos bombardeaba Afganistán, Irak, Libia y Siria, haciendo estallar burbujas especulativas y ampliando la vigilancia.
Si observamos la estrategia de la Administración Trump para América Latina —la flota de la Marina estadounidense enviada al Caribe, con el objetivo de acabar con los desaliñados restos de la revolución bolivariana, con Cuba como premio final; 20 000 millones de dólares y contando para que Milei se ocupe de esa «cultura radical de izquierda enferma»; aranceles del 50 % al Brasil de Lula, aparentemente a instancias de Eduardo Bolsonaro— la intención parece clara: terminar el trabajo. Eso no significa que Trump —o Milei— vayan a tener éxito. En Argentina, el veto social resurgió tras el terror de la dictadura de 1976-1983, y de nuevo tras la ingeniería social más generalizada de los años de Menem. En América Latina en su conjunto, las dificultades experimentadas por el capitalismo periférico en un continente con fuertes tradiciones de resistencia popular y formas relativamente débiles de absorción hegemónica han catalizado generación tras generación de revueltas. No obstante, esto da una idea de a qué se enfrenta ahora la izquierda.
1 «Soy el rey y te destrozaré / Todas las castas son de mi apetito». La canción «Panic Show», de la banda de rock argentina La Renga, se ha convertido en una especie de himno personal para Milei, un hombre desafinado y vestido de cuero, cuya letra ha sido modificada para referirse a sus adversarios retóricos, las «castas» políticas peronistas; la original se refiere a los cómplices, en lugar de a las castas.
2 Trump aclaró su razonamiento a los periodistas: «Todo el mundo sabe que está haciendo lo correcto. Pero hay una cultura radical de izquierda enferma que es un grupo de personas muy peligroso, y están tratando de hacerle quedar mal»: Allison Griner, «“No vamos a perder el tiempo”: Trump condiciona la ayuda a Argentina a las elecciones», Al-Jazeera, 14 de octubre de 2025.
3 Véase la obra de Juan Carlos Torre, en particular: La formación del sindicalismo peronista, Buenos Aires, 1987; El gigante invertebrado: Los sindicatos en el gobierno 1973-1976, Buenos Aires, 1995; Clase obrera y peronismo, Buenos Aires, 2005.
4 Véase el análisis clásico de Daniel James, Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946–1976, Cambridge 1988.
5 Adrián Piva, Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista, Buenos Aires 2012.
6 Larry Rohter, «With New Chief, Uruguay Veers Left, in a Latin Pattern», nyt, 1 de marzo de 2005.
7 Véase Piva, Economía y política en la Argentina kirchnerista, Buenos Aires 2015.
8 Los primeros indicios de conflicto surgieron ya en 2005, cuando el desacuerdo sobre la política salarial provocó la dimisión del ministro de Economía, Roberto Lavagna, partidario de la moderación salarial frente a la determinación de los Kirchner de apostar por el crecimiento.
9 «Cuando una fuerza progresista A lucha contra una fuerza reaccionaria B, no solo puede ocurrir que A derrote a B o que B derrote a A, sino que puede suceder que ni A ni B se derroten mutuamente, que se debiliten mutuamente y que entonces intervenga una tercera fuerza C desde fuera, sometiendo lo que queda de A y B»: Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. y trad. Quintin Hoare y Geoffrey Nowell Smith, Londres, 1971, p. 219.
10 Este es el argumento esgrimido por Adrián Piva, «Milei, desmovilización popular y avance autoritario», Jacobin América Latina, 10 de diciembre de 2024.
11 Citado en Michael Stott y Ciara Nugent, «¿Cómo le está yendo a Javier Milei tras casi 11 meses en el cargo?», ft, 23 de octubre de 2024.
12 «Milei, lejos de captar a la oposición», D’Alessio/irol, 7 de agosto de 2025.
13 «El discurso completo de Javier Milei tras la victoria en las elecciones legislativas nacionales», Clarín, 27 de octubre de 2025.
14 Gramsci, por supuesto, pretendía que la categoría fuera heurística, señalando que puede haber muchas formas diferentes de cesarismo, progresistas y reaccionarias: «el significado exacto de cada forma solo puede reconstruirse, en última instancia, a través de la historia concreta, y no mediante ninguna regla sociológica empírica»: Selections from the Prison Notebooks, p. 219
15 Leader, «Choosing the chainsaw», Economist, 1 de noviembre de 2025; «El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo ampliado de 20 000 millones de dólares por ocho meses para Argentina», comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional, n.º 25/101, 11 de abril de 2025.
16 «Javier’s chance», Economist, 1 de noviembre de 2025.
17 León Trotsky, La lucha contra el fascismo en Alemania, Nueva York, 1971.
18 Otto Bauer, «Fascism» [1936], en Tom Bottomore y Patrick Goode, eds., Austro-Marxism, Oxford, 1978; Angelo Tasca, La Naissance du fascisme: l’Italie de 1918 à 1922, París, 1938; edición inglesa, The Rise of Italian Fascism, 1918–1922, Londres, 2010.
7. Posible fin de la tregua en Yemen.
Un análisis sobre la situación en Yemen, donde parece que la tregua esta llegando a su fin, y podría provocar una escalada regional.
Yemen entre dos guerras: una frágil tregua y la sombra de una escalada regional
La inestable tregua en Yemen se está desmoronando. Omán presiona para reactivar las conversaciones, las fuerzas saudíes permanecen activas sobre el terreno y Washington y Tel Aviv buscan reabrir viejos frentes bajo nuevos lemas.
Mawadda Iskandar
4 DE NOVIEMBRE DE 2025
Desde mediados de octubre, Yemen ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la escena regional. La actividad política y militar se ha intensificado en varias provincias, dejando al descubierto los límites del actual alto el fuego. Desde el punto de vista de Saná, la fase de «ni guerra ni paz» no puede continuar.
Cualquier ataque, advierte, será respondido con una respuesta directa. La disuasión, insiste, forma ahora parte de su estrategia central.
Arabia Saudí, por su parte, está tratando de compaginar dos vías: la presión militar y la reanudación del diálogo a través de la mediación de Omán. Riad quiere mantener su peso sobre el terreno mientras prueba la posibilidad de un acuerdo más amplio.
Estados Unidos e Israel se han vuelto a involucrar en el conflicto, trabajando cada uno para bloquear un resultado negociado que pueda fortalecer al Gobierno de Saná. Washington ha reactivado los canales de coordinación con la coalición, mientras que Tel Aviv vigila el frente del Mar Rojo y presiona para contener a las fuerzas armadas alineadas con Ansarallah. Yemen se ha convertido una vez más en un escenario en el que se superponen las conversaciones de paz, las maniobras extranjeras y las amenazas militares.
Negociaciones bajo fuego
Omán ha vuelto a ser el principal mediador regional, tratando de calmar las tensiones después de que Saná y Riad se acusaran mutuamente de violar la tregua económica de 2024, la columna vertebral de la «hoja de ruta» de la ONU. El 28 de octubre, Mascate anunció nuevos esfuerzos diplomáticos para evitar un enfrentamiento más amplio y reabrir la vía política.
Sin embargo, la situación sobre el terreno muestra poca moderación. Solo en la provincia de Saada, los observadores registraron 947 violaciones este año, que dejaron 153 muertos y casi 900 heridos. El 29 de octubre, la artillería saudí bombardeó las aldeas fronterizas de Razeh.
Saná afirmó que la «ecuación recíproca» sigue vigente y organizó un gran desfile militar cerca de Najran para mostrar su preparación. A su vez, Riad probó las sirenas de defensa civil en sus principales ciudades, una medida que fue ridiculizada por la figura de Ansarallah, Hizam al-Assad, quien dijo que ninguna sirena protegería las ciudades saudíes mientras continuaran la agresión y el asedio.
En declaraciones a The Cradle, Adel al-Hassani, director del Foro de la Paz, señala que la crisis se está agravando debido al deterioro de la situación económica y a las sanciones, que han afectado a más de 25 millones de yemeníes, mientras que Omán está interviniendo como mediador para la desescalada.
Según Hasani, la hoja de ruta incluye dos fases: la primera es humanitaria, e incluye el levantamiento del bloqueo, el pago de salarios y la reanudación de las exportaciones de petróleo; la segunda es política: formar un gobierno de unidad o de coalición que coincida con la retirada declarada de la coalición. Solo eso, afirma, podría estabilizar la situación.
La nueva estrategia de Washington y Tel Aviv
Tras la operación Al-Aqsa Flood y la consiguiente guerra en Gaza, el enfoque estadounidense-israelí hacia Yemen ha cambiado hacia operaciones híbridas: movilización de socios locales, guerra de información y ataques selectivos en lugar de una intervención abierta.
La reciente advertencia de Saná sobre el ataque a las instalaciones petroleras saudíes se produjo tras detectar movimientos para crear un frente estadounidense-israelí contra Ansarallah. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el movimiento de resistencia como «una amenaza muy grande», y el ministro de Defensa, Israel Katz, amenazó con lanzar ataques aéreos sobre la propia Saná.
La idea es mantener a Arabia Saudí bajo presión, al tiempo que se permite a Israel actuar de forma indirecta. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, afirmó que la «amenaza yemení» sigue sin resolverse e instó a los aliados árabes a participar en su contención.
Los think tanks occidentales se han hecho eco de esto, instando a Washington a reconstruir el papel militar de Riad tras el fracaso de la alianza naval del Mar Rojo. El director del puerto de Eilat, Gideon Golber, admitió que el comercio marítimo se ha visto muy afectado y añadió que «necesitamos una imagen de victoria reiniciando el puerto». Un informe del Instituto Naval de Estados Unidos también señaló que, a pesar de haber gastado más de 1000 millones de dólares en defensa aérea y operaciones conjuntas, el control sobre el corredor sigue siendo débil.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, las fuerzas yemeníes llevaron a cabo más de 750 operaciones en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico, como parte de lo que Saná denomina una respuesta defensiva. El jefe del Consejo Político Supremo, Mahdi al-Mashat, instó a Arabia Saudí a «pasar de la fase de distensión a poner fin a la agresión, el asedio y la ocupación, y a aplicar los derechos claros de la paz».
Además, acusó a Washington de utilizar las tensiones regionales para servir a Israel. El miembro del Consejo Nacional Hamid Assem añadió que un acuerdo de distensión anterior, firmado hace año y medio en Saná, fue rechazado por Riad bajo la dirección de Estados Unidos tras la Operación Al-Aqsa Flood.
Una fuente cercana a Saná declara a The Cradle:
«Los líderes del movimiento están firmemente convencidos de que la responsabilidad de estas herramientas no puede separarse de quienes las crearon, armaron y entrenaron desde 2015. Por lo tanto, Saná afirma que cualquier movimiento de estas herramientas en Marib, la costa oeste o el sur del país no quedará aislado y acarreará consecuencias directas que afectarán a las partes que apoyaron y supervisaron la preparación de estos grupos».
La fuente añade que:
«Estados Unidos tiene una larga experiencia con Yemen y puede inclinarse por evitar una intervención terrestre directa, ya que sus prioridades parecen centrarse en proteger a Israel atacando la capacidad naval y de misiles de Ansarallah sin una fricción terrestre extensa. Por lo tanto, ha comenzado a implementar un plan que adopta la guerra híbrida: intensificar la propaganda mediática, la distorsión, las operaciones de información y la guerra psicológica, además de los preparativos logísticos y de coordinación para mover los frentes internos a través de herramientas locales procoalición».
Esta estrategia híbrida puede coincidir con las medidas militares y mediáticas de Israel, señala la fuente, a través de amenazas y declaraciones de funcionarios de Tel Aviv, de modo que el objetivo deseado sea «hacer estallar la escena desde dentro» y debilitar Saná mediante el caos interno que allane el camino para opciones urgentes o ataques dirigidos a su arsenal sin intervención terrestre directa de Estados Unidos.
Movimientos de Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos en el sur
A lo largo de octubre, Estados Unidos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos ampliaron su presencia en el sur, la costa oeste y Al-Mahra para reorganizar las facciones de la coalición y reforzar el control. Oficiales estadounidenses y emiratíes llegaron a la provincia de Lahj para supervisar la reestructuración de las unidades del Consejo de Transición del Sur (STC) desde el campamento de Al-Kibsi en Al-Raha hasta el distrito de Al-Mallah. La seguridad en torno a estas zonas se reforzó con barreras y fortificaciones.
En Shabwa y Hadhramaut, comités conjuntos de oficiales estadounidenses y emiratíes inspeccionaron el aeropuerto de Ataq y los campamentos cercanos, contando reclutas, realizando revisiones médicas, revisando las existencias de armas y trazando cadenas de mando. Según algunas fuentes, contratistas latinoamericanos y empresas militares privadas prestaron su ayuda, garantizando que los recursos permanecieran bajo supervisión externa.
En Taiz, otro comité visitó Jabal al-Nar para evaluar las Brigadas Gigantes, su número y su armamento. En la costa oeste, desde Bab al-Mandab hasta la isla de Zuqar, continúan las obras de construcción: terrazas, fortificaciones y puestos avanzados operados por «fuerzas conjuntas» hostiles a Saná, incluidas las formaciones de Tariq Saleh. Según se informa, la coordinación se extendió a reuniones navales a bordo del destructor italiano «ITS Caio Duilio» para asegurar las rutas marítimas y «proteger los intereses israelíes» en el mar Rojo.
Hasani, que sigue estos movimientos, informa a The Cradle que «estos comités son de evaluación y supervisión, no de entrenamiento, y están directamente supervisados por Estados Unidos para garantizar la preparación de las fuerzas y quizás como una señal para presionar a Saná».
Añade que han aparecido equipos británicos en Al-Mahra, mientras que los grupos entrenados en la isla de Socotra están siendo reubicados en Sudán y Libia bajo la gestión de los Emiratos Árabes Unidos.
Las unidades salafistas alineadas con Arabia Saudí, conocidas como «Homeland Shield», operan ahora desde Al-Mahra hasta Abyan y Hadhramaut. «Estas fuerzas son hoy en día un pilar de la coalición para reducir la capacidad de Ansarallah, aprovechando sus creencias religiosas, como parte de la tendencia de la coalición a convertir el conflicto en una guerra sectaria», explica Hasani.
En Al-Mahra, el descontento local va en aumento. Ali Mubarak Mohamed, portavoz del Comité de Sentada Pacífica, declara a The Cradle que el aeropuerto de Al-Ghaydah permanece cerrado tras haber sido convertido en una base conjunta estadounidense-británica.
«El comité sigue intensificando pacíficamente sus actividades mediante visitas sobre el terreno y reuniones con jeques para concienciar a la comunidad sobre el peligro de las milicias», afirma, señalando que la presencia estadounidense ha sido constante desde que se creó la coalición, aunque se desconoce la naturaleza exacta de dicha presencia.
¿Hacia dónde se dirige Yemen?
Estas acciones sobre el terreno se producen en un momento en que Washington y Abu Dabi coordinan más estrechamente con Tel Aviv. Tras las reuniones celebradas en octubre entre el comandante del CENTCOM estadounidense y el jefe del Estado Mayor israelí, comenzó a tomar forma un nuevo plan: construir una red terrestre conjunta en el sur de Yemen para contener Saná y proteger el estrecho de Bab al-Mandab, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de EE. UU. nombró a su embajador ante el Gobierno de Adén, respaldado por Arabia Saudí, Steven Fagin, para dirigir un «Centro de Coordinación Civil-Militar» (CMCC) vinculado a los esfuerzos de alto el fuego en Gaza. Los observadores regionales ven esto como un movimiento para integrar los frentes palestino y yemení en un marco de control de seguridad estadounidense que se extiende desde el Mediterráneo hasta el mar Arábigo.
Los informes que circulan en Shabwa y Al-Rayyan afirman que se han enviado oficiales emiratíes a Gaza para ayudar a organizar brigadas locales, una afirmación aún sin confirmar, pero coherente con el patrón operativo más amplio de los EAU. Las investigaciones de Sky News Arabia señalaron similitudes en las consignas y la estructura de las milicias respaldadas por los EAU en Yemen y las facciones armadas en Gaza, lo que sugiere vínculos logísticos y de entrenamiento compartidos.
Adnan Bawazir, jefe del Consejo de Salvación Nacional del Sur en Hadramaut, declara a The Cradle que la hipótesis de reclutar mercenarios para luchar en Gaza no está probada, pero es posible, especialmente con el nombramiento de la administración provisional en Gaza por parte de Fagin, que vincula las medidas locales con planes regionales más amplios.
En Hadramaut, las visitas de Fagin a Seiyun, que incluye la Primera Región Militar, indican preparativos para un posible enfrentamiento, especialmente porque la zona sigue bajo el control de Islah, respaldado por Arabia Saudí, frente al conflicto del STC, mientras que Riad busca reducir la influencia de Islah mediante la transferencia de brigadas y el cambio de liderazgo.
Bawazir también señala movimientos sospechosos en Shabwa y en el aeropuerto de Ataq, donde los informes sobre el terreno indican que hay vuelos que transportan armas para reforzar el frente, dada la proximidad de la provincia a Marib y los frentes de contacto con Ansarallah, lo que la convierte en un punto clave para cualquier escalada regional o local.
Por lo tanto, estas medidas forman parte de tres escenarios interrelacionados.
En primer lugar, desplazar la presión de Gaza a Yemen para compensar las pérdidas políticas y morales de Tel Aviv y Washington, al tiempo que se utiliza a las facciones procoalición como escenario de presión contra Saná. En segundo lugar, prepararse para una posible acción militar en caso de fracaso de las negociaciones. En tercer lugar, la reorganización de las facciones procoalición y la creación de un mando central que pueda ser dirigido por Washington, convirtiendo así a las brigadas en herramientas ejecutivas, listas para agravar la situación interna con un carácter sectario.
Cada escenario posiciona a Yemen una vez más como un campo de pruebas para las ambiciones extranjeras. El país sigue dividido entre dos trayectorias: la posibilidad de un acuerdo político a través de la diplomacia de Omán y el riesgo de un nuevo conflicto alimentado por la competencia regional y el control extranjero sobre sus costas y recursos.
Que los próximos meses traigan un acuerdo o otra guerra dependerá menos de lo que quieran los yemeníes y más de cómo decidan sus vecinos utilizar su territorio.
8. Los jueces de la élite.
Algunas instituciones europeas, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están poco a poco extralimitándose en sus funciones, según Fazi, en un plan de dominio supraestatal de las élites europeas.
https://unherd.com/2025/11/will-we-ever-escape-the-echr/
¿Podremos escapar alguna vez del TEDH? El gobierno de los jueces protege los intereses de la élite
Thomas Fazi
4 de noviembre
Durante gran parte de su existencia, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y su órgano de aplicación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ocuparon un lugar relativamente poco controvertido en el imaginario europeo y británico, al que se le atribuyen avances históricos en materia de derechos civiles, desde la protección de la libertad periodística hasta la igualdad de los homosexuales. Sin embargo, 75 años después de su fundación, la institución que en su día se consideraba guardiana de la libertad se ha convertido en algo muy diferente: un tribunal transnacional que funciona en la práctica como una autoridad supranacional, reservándose el poder de decidir y redefinir constantemente lo que se considera un «derecho humano».
En los últimos años, el Tribunal ha entrado cada vez más en conflicto con los gobiernos elegidos, sobre todo en cuestiones de migración y deportación. Sus detractores, especialmente en Gran Bretaña, sostienen que el Convenio se ha expandido mucho más allá de su ámbito de competencia original, interfiriendo en áreas que afectan al núcleo de la soberanía democrática: el control de fronteras, la seguridad nacional y la prerrogativa de los parlamentos de establecer la ley. Cuando nueve líderes europeos firmaron una carta conjunta en mayo de este año, cuestionando si el TEDH había sobrepasado su mandato en materia de migración, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, desestimó rotundamente sus preocupaciones. «Ningún órgano judicial debe estar sujeto a presiones políticas», declaró. La implicación era clara: el TEDH está por encima del escrutinio democrático; su autoridad, derivada de principios morales y no del consentimiento electoral, debe aceptarse sin debate.
Un punto de inflexión clave se produjo en 2023, cuando el TEDH intervino, mediante la regla 39, para bloquear el llamado «plan Ruanda» del Reino Unido, que enviaría a determinados solicitantes de asilo y migrantes ilegales a África para su tramitación. Apenas unas horas antes de la salida del primer vuelo, un único juez de Estrasburgo dictó una orden judicial de emergencia que lo inmovilizó. Independientemente de la opinión que se tenga sobre esta política, el episodio planteó una profunda cuestión constitucional: ¿debe un juez extranjero no elegido tener el poder de revocar una decisión aprobada por un parlamento soberano?
El debate no ha hecho más que intensificarse desde entonces. Tanto los conservadores como el partido Reform UK de Nigel Farage se han comprometido a retirarse del Convenio. Incluso Keir Starmer, aunque rechaza la retirada total, ha sugerido que el Gobierno revisará la forma en que los tribunales británicos interpretan el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el CEDH, en particular para impedir que los solicitantes de asilo rechazados bloqueen la deportación.
Abandonar el Convenio no resolvería por sí solo el complejo problema de la migración ilegal. Pero en toda Europa, los gobiernos elegidos —en Polonia, Italia, Hungría, los Países Bajos y otros lugares— se han visto a menudo limitados a la hora de responder a la creciente preocupación pública por este fenómeno, que se ha convertido en uno de los temas políticos más importantes de nuestro tiempo. Lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa jurídica técnica, sino un choque entre la democracia y un poder judicial transnacional que se considera cada vez más una autoridad moral por encima de la política.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llevado a cabo, durante las últimas dos décadas, lo que podría describirse como una «toma de poder silenciosa». A través de una serie de innovaciones jurídicas y reinterpretaciones doctrinales, el Tribunal ha ampliado progresivamente su jurisdicción, a menudo más allá de lo que los Estados miembros acordaron en su momento.
Una de las doctrinas controvertidas del Tribunal es la de la jurisdicción extraterritorial, es decir, la idea de que el CEDH se aplica incluso fuera de las fronteras de un Estado. Este instrumento ha permitido al Tribunal extender su alcance a territorio extranjero e incluso a aguas internacionales. En el caso Hirsi Jamaa y otros contra Italia, por ejemplo, el Tribunal dictaminó en 2012 que Italia no podía interceptar a los migrantes en el Mediterráneo y devolverlos a Libia, a pesar de que la operación se llevara a cabo fuera del territorio italiano. El resultado fue la ilegalización de facto de las «devoluciones en el mar», que son un componente fundamental de la vigilancia fronteriza. En la práctica, la sentencia significó que los Estados ya no podían impedir que los inmigrantes ilegales llegaran a sus costas para solicitar asilo, independientemente del coste operativo o humanitario.
Otro avance importante se refiere a la doctrina de no devolución, es decir, la prohibición de devolver a las personas a países en los que puedan sufrir daños graves. Aunque no se menciona explícitamente en el Convenio, el TEDH ha ampliado este principio mucho más allá de su intención original de la posguerra. En varios casos, el Tribunal ha dictaminado que incluso los traslados a otros países de la UE pueden ser ilegales si las condiciones allí se consideran inadecuadas. También ha insistido en que cada expulsión debe ser objeto de una «evaluación individualizada» del riesgo, una pesadilla administrativa que hace prácticamente imposible las expulsiones masivas. Las consideraciones de seguridad nacional no tienen prácticamente ningún peso: incluso las personas consideradas peligrosas no pueden ser expulsadas si pueden sufrir malos tratos en el extranjero.
Por último, está el artículo 8 del Convenio, el «derecho al respeto de la vida privada y familiar». Lo que antes era una protección estrictamente definida del hogar y la correspondencia, se ha convertido en una disposición general invocada para impedir la expulsión de delincuentes condenados e inmigrantes ilegales. El Tribunal ha dictaminado en repetidas ocasiones que las expulsiones deben detenerse si el delincuente ha establecido una vida familiar en el país de acogida, por muy precaria que sea. Esto ha dado lugar a una avalancha de casos en los que delincuentes graves —desde criminales violentos hasta traficantes de drogas— han recurrido con éxito contra su expulsión basándose en el artículo 8. Los tabloides británicos han informado con regocijo de casos en los que los delincuentes han podido evitar la expulsión porque a sus hijos les gustaban los nuggets de pollo o cuestionaban su género. Pero detrás de la absurdidad de los tabloides se esconde una grave realidad constitucional: un tribunal internacional ha asumido la autoridad de decidir quién puede permanecer dentro de las fronteras de una nación.
Los defensores del Tribunal insisten en que este se limita a aplicar los principios que los propios Estados acordaron respetar. Sin embargo, esto ya no es creíble. El TEDH, según sus propias declaraciones, ha adoptado la doctrina del Convenio como un «instrumento vivo», lo que significa que sus disposiciones deben interpretarse a la luz de las «condiciones actuales». En la práctica, esto da a los jueces carta blanca para reinterpretar y ampliar el significado de los derechos de acuerdo con la sensibilidad política contemporánea. Lo que comenzó como una carta limitada de posguerra se ha convertido en un código moral en evolución aplicado por una élite no elegida con un poder de veto de facto sobre la legislación nacional.
Sin embargo, el TEDH es solo la punta del iceberg. El Tribunal opera dentro de un ecosistema más amplio de poder judicial y tecnocrático que se extiende mucho más allá de Estrasburgo. Sus sentencias son citadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los tribunales supremos nacionales y los organismos internacionales, y a menudo se transcriben a la legislación nacional. Los jueces nacionales, las ONG y los grupos de presión de derechos humanos utilizan su jurisprudencia para influir en la elaboración de políticas. Ha surgido todo un régimen de gobernanza judicializada, lo que el jurista Ran Hirschl ha denominado juristocracia: el gobierno de los jueces.
Durante el último medio siglo, amplios ámbitos de la vida pública que antes se decidían mediante el debate político —desde la migración y la seguridad hasta la política macroeconómica— se han transferido de los parlamentos a los tribunales, los juzgados y las autoridades independientes. Este proceso de despolitización fue una respuesta deliberada de las élites políticas a la creciente asertividad de la democracia de masas. A medida que se ampliaba el derecho al voto a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, las clases dirigentes europeas temían que las mayorías populares utilizaran su nuevo poder para desafiar el orden económico y social. La solución fue crear controles institucionales —tribunales constitucionales, bancos centrales independientes y tratados e instituciones supranacionales— que aislaran áreas clave de la gobernanza de la contestación democrática.
En las décadas de la posguerra, este modelo se extendió rápidamente. Alemania, Italia, Francia y Austria establecieron tribunales constitucionales con poder para derogar leyes. A nivel internacional, surgieron nuevos organismos, como el TEDH y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como guardianes de un orden liberal que situaba los «derechos» y los mercados por encima de la soberanía popular. Incluso sistemas al estilo de Westminster, como el británico, acabaron sucumbiendo. En los años setenta y ochenta, las élites políticas de toda la anglosfera adoptaron la judicialización como medio para aplicar políticas que, de otro modo, podrían haber encontrado resistencia por parte de la población.
Entre los ejemplos se incluyen la creación de organismos monetarios y de fijación de precios independientes, y el uso extensivo de organizaciones no gubernamentales cuasi autónomas (quangos) para aplicar políticas al margen del control parlamentario. La Ley de Derechos Humanos de 1998, que incorporó el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la legislación británica, resume a la perfección la tendencia a la judicialización. Como observó Hirschl, la «deferencia hacia el poder judicial» sirvió bien a los intereses de las élites: por ejemplo, permitió a los gobiernos llevar a cabo controvertidas reformas económicas y laborales neoliberales, al tiempo que culpaban a jueces no elegidos u organismos independientes de sus consecuencias.
El resultado es el sistema en el que vivimos hoy: una «democracia limitada» en la que se mantienen las formas de representación, pero se ha vaciado de contenido la esencia de la elección política. La política de inmigración, que antes era competencia exclusiva de los parlamentos, se ha convertido en dominio de los jueces que interpretan los «derechos». Las políticas económicas y sociales están ahora dictadas por tratados internacionales y doctrinas constitucionales.
Criticar al TEDH no es oponerse a los derechos humanos, sino preguntarse quién los define y con qué autoridad. Cuando los «derechos» se amplían indefinidamente sin el consentimiento democrático, dejan de ser instrumentos de libertad y se convierten en herramientas de control. Mientras tanto, los gobiernos, aunque nominalmente limitados por dichos tribunales, a menudo acogen con agrado su interferencia, lo que les permite externalizar decisiones políticamente costosas a jueces no elegidos —para perseguir o preservar políticas que apoyan en privado pero que no se atreven a defender— o simplemente evadir la responsabilidad de problemas que son incapaces de resolver. Por eso las condenas de los políticos al TEDH, especialmente las procedentes del bando conservador que traicionó de forma tan espectacular el mandato del Brexit mientras estaba en el poder, suenan tan huecas.
La opinión pública británica parece percibir esta contradicción. Aunque muchos ciudadanos probablemente estarían de acuerdo en que la autoridad del TEDH ha ido demasiado lejos, las encuestas sugieren que la mayoría no está a favor de una retirada total del Convenio. Quizás entienden intuitivamente que abandonar el TEDH solo tendría sentido como parte de un proyecto más amplio de renovación política: una redemocratización de la gobernanza que restaure la primacía del parlamento y la soberanía popular. Pero un proyecto así requeriría una clase política que realmente creyera en la democracia, algo que escasea tanto en Gran Bretaña como en el resto de Europa.
9. Resumen de la guerra en Palestina, 7 de noviembre de 2025.
El seguimiento en directo de Middle East Eye.
https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-dropped-153-tonnes-bombs-gaza-sunday
En directo: Israel ataca la ciudad de Gaza y Jan Yunis, hiriendo a un niño
Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan asaltando Cisjordania
Puntos clave
La Franja de Gaza se enfrenta a una grave escasez de agua, a pesar del alto el fuego
El número de muertos en Gaza alcanza los 68 875
Las fuerzas israelíes matan a dos niños cerca de Jerusalén y hieren a 15 cerca de Tulkarem
Actualizaciones en directo
La mayor organización de defensa de los derechos civiles de los musulmanes de Estados Unidos lanzó el viernes un nuevo llamamiento a la administración Trump para que abogue por la liberación de Mohammed Ibrahim, de 16 años, que lleva ocho meses detenido en una prisión israelí.
Al parecer, los fiscales israelíes amenazaron con mantener a Ibrahim encarcelado durante otros tres años a menos que admita un delito que no cometió. Si lo hace, cumpliría dos años de prisión.
En un comunicado, el director de asuntos gubernamentales de Cair, Robert McCaw, afirmó: «Por cada día que Mohammed Ibrahim permanezca injustamente encarcelado y sea maltratado por el ejército israelí, seguiremos presionando a nuestros representantes electos para que exijan su liberación inmediata».
La campaña, titulada #BringMohammedHome, estará en marcha hasta el sábado e incluirá vigilias, manifestaciones, campañas en línea, llamadas telefónicas y iniciativas de envío de cartas en todo el país.
Soldados israelíes dispararon e hirieron a un niño palestino de 14 años en Jenin, en Cisjordania, el viernes, después de irrumpir en el centro de la ciudad y abrir fuego contra civiles.
La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) afirmó que atendió al adolescente, que recibió un disparo cerca de la Gran Mezquita de Jenin, y lo trasladó al hospital.
Sufrió una herida de bala en la rodilla izquierda y actualmente está siendo tratado por sus lesiones.
El ejército israelí agrede a vendedores palestinos en Jerusalén
El ejército israelí agredió el viernes a un vendedor palestino en la ciudad vieja de Jerusalén, antes de detenerlo, según informó la agencia de noticias Wafa.
Según la Gobernación de Jerusalén, los soldados israelíes detuvieron a un vendedor después de golpearlo mientras trabajaba en la zona de Bab al-Amoud.
Los soldados también agredieron a varios vendedores más, les confiscaron sus mercancías y expulsaron por la fuerza a ellos de la zona. Ninguno de los vendedores ha sido acusado de ningún delito.
Mahmoud Abbas se reúne con la primera ministra italiana, Georgia Meloni
El presidente Mahmoud Abbas se reunió el viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Durante la reunión, en la que también participaron altos funcionarios italianos, se discutieron formas de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.
El presidente Abbas expresó su gratitud a Meloni por acoger a niños heridos de Gaza para su tratamiento, entrenar a las fuerzas policiales palestinas y participar en el equipo de supervisión europeo en el cruce de Rafah, además de informarle sobre la escalada de ataques contra los palestinos en Cisjordania.
Meloni, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, han sido remitidos a la Corte Penal Internacional por complicidad en el genocidio de Israel en Gaza.
La denuncia afirma que la complicidad de Italia se basa en el suministro de armas al Gobierno israelí.
Italia también permitió a Israel utilizar su espacio aéreo durante su guerra contra Gaza.
La UNRWA, la OMS y sus socios lanzan un programa de inmunización infantil en Gaza
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) afirmó que uno de cada cinco niños de la Franja de Gaza no ha sido vacunado debido a la guerra.
La UNRWA declaró en una publicación en X: «Tras dos años de guerra, se estima que uno de cada cinco niños de Gaza no ha recibido las vacunas esenciales.
La UNRWA, junto con UNICEF, la OMS y sus socios, está lanzando una campaña de vacunación de recuperación para llegar a 44 000 niños con vacunas que salvan vidas y pruebas de detección de malnutrición.
Por su parte, la UNRWA contribuirá a través de 24 centros de salud y puntos médicos en toda la Franja de Gaza, apoyando este esfuerzo vital para restablecer la atención esencial a los niños de Gaza».
Los niños representan el 47 % de la población de Gaza.
Cisjordania: un palestino gravemente herido tras una incursión del ejército israelí en su localidad
Un palestino fue brutalmente golpeado y otro detenido el viernes tras una incursión del ejército israelí en la localidad de Silwad, al este de Ramala, según informó la agencia de noticias Wafa.
Citando fuentes locales, dijeron que el hombre sufrió heridas y contusiones tras ser brutalmente golpeado por las fuerzas israelíes, y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento.
Otro palestino fue detenido durante la incursión y su vehículo fue confiscado por el ejército.
Silwad se encuentra cerca del lugar donde Sayfollah Musallet fue golpeado hasta la muerte por colonos, y la zona se ha convertido en un punto álgido entre el ejército israelí y los palestinos locales.
Un periodista italiano afirmó que fue despedido de su agencia de noticias tras preguntar a la portavoz de la Comisión Europea el 13 de octubre si Israel debería pagar la reconstrucción de Gaza, al igual que la UE pidió a Rusia que reconstruyera Ucrania.
El corresponsal en Bruselas de la agencia de noticias Agencia Nova, Gabriele Nunziati, preguntó a la portavoz Paula Pinho: «Usted ha dicho en repetidas ocasiones que Rusia debería pagar la reconstrucción de Ucrania. ¿Cree que Israel también debería pagar la reconstrucción de Gaza, dado que destruyó gran parte de la Franja y su infraestructura civil?».
Nunziati afirmó que recibió múltiples llamadas de Agencia Nova durante las dos semanas siguientes para discutir la pregunta que había formulado. Fue despedido el 27 de octubre.
La Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas condenaron el despido y criticaron a Agencia Nova por haber censurado a Nunziati.
La Federación Nacional de la Prensa Italiana declaró en un comunicado: «Es inaceptable que una pregunta, por incómoda que sea, le haya costado el puesto», y se comprometió a ayudar a Nunziati en cualquier medida que pueda tomar en el futuro.
Después de cada aguacero, el campo de desplazados donde se aloja Hamza al-Mutawwaq se convierte en un pantano.
El barro se pega a los zapatos y pequeños charcos brillan entre las tiendas de campaña combadas, donde los niños resbalan y los padres luchan por mantenerse secos.
«Es como si la gente durmiera sobre un río de agua de lluvia», dijo el padre palestino, hablando desde el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.
Tras dos años de bombardeos incesantes por parte de Israel contra la población civil, casi la totalidad de los 2,2 millones de habitantes temen ahora otro peligro que viene del cielo: la lluvia.
Al-Mutawwaq es uno de los cientos de miles de palestinos que se han visto obligados a construir sus hogares en tiendas de campaña, ya que más del 80 % de las estructuras de Gaza han sido destruidas desde octubre de 2023.
Una mujer con un niño en brazos en una escuela convertida en refugio para palestinos desplazados en el barrio de al-Rimal de la ciudad de Gaza, el 5 de noviembre de 2025 (AFP/Omar al-Qattaa).
El cuarto preso de Palestine Action inicia una huelga de hambre por «abusos sistemáticos»
Un cuarto preso preventivo en el Reino Unido por presuntos delitos relacionados con las actividades de Palestine Action ha iniciado una huelga de hambre por sus condiciones de detención y la proscripción del grupo de acción directa por parte del Gobierno.
El jueves, Jon Cink se convirtió en el cuarto preso vinculado a Palestine Action en negarse a comer, uniéndose a los presos Qesser Zurah, Amu Gibb y Heba Muraisi en una huelga de hambre indefinida por lo que describen como «abusos sistemáticos» por parte de las autoridades penitenciarias.
Cink fue enviado a la prisión de Bronzefield en relación con una redada de Palestine Action contra la base aérea de la RAF en Brize Norton en junio de 2025, en la que los activistas supuestamente atacaron con pintura y palancas dos aviones que, según ellos, «se utilizaban para operaciones militares en Gaza y en todo Oriente Medio».
Agentes de policía se llevan a una mujer durante una manifestación en apoyo al grupo proscrito Palestine Action, frente a la conferencia del Partido Laborista en Liverpool el 28 de septiembre de 2025 (AFP).
Colonos israelíes queman tierras de cultivo cerca de Jenin
Colonos israelíes quemaron tierras de cultivo y olivares de propiedad palestina cerca de Arraba, al sur de Jenin, según informó la agencia de noticias Wafa.
Los colonos quemaron tierras cerca del asentamiento de Dotan, considerado ilegal según el derecho internacional.
Las fuerzas israelíes irrumpieron simultáneamente en la ciudad y registraron una casa, según Wafa.
Los colonos también rompieron quince olivos centenarios en Susya, al sur de Hebrón, y destruyeron piensos para el ganado cerca de Nablus, informó Wafa.
OMS: Más de 16 500 personas necesitan tratamiento médico urgente en Gaza
Más de 16 500 personas en Gaza necesitan atención médica urgente, según una publicación del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jueves.
Ghebreyesus mencionó que la OMS había evacuado recientemente a 19 pacientes en estado crítico a Italia, con el fin de proporcionar la atención médica vital que no está disponible en Gaza a ellos.
El director general pidió que se aumentaran las evacuaciones médicas y se ampliaran las rutas.
Las fuerzas israelíes matan a dos niños cerca de Jerusalén
Las fuerzas israelíes mataron a dos niños, Muhammad Abdullah Taym, de dieciséis años, y Muhammad Rashad Fadl Qasim, también de dieciséis años, durante un intenso tiroteo en Al-Judeira, cerca de Jerusalén, anoche, según informó la agencia de noticias Wafa.
Sus cuerpos no han sido entregados a sus familias.
Las fuerzas israelíes también hirieron al menos a quince palestinos tras las oraciones del viernes en Beit Lid, cerca de Tulkarem, según la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja.
El ataque del viernes se produjo después de que las comunidades de Kafr Quddum y Beit Lid organizaran una manifestación contra la construcción de un nuevo asentamiento ilegal en la zona, informó Wafa.
Los Emiratos Árabes Unidos ampliarán la ayuda a Gaza y destacan la ruta marítima a través de Chipre
Los Emiratos Árabes Unidos han anunciado planes para aumentar los envíos humanitarios a Gaza, destacando el papel de un corredor marítimo desde Chipre para facilitar las entregas.
En declaraciones a los periodistas, la ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, describió la ruta marítima, que transporta ayuda previamente seleccionada desde la isla del Mediterráneo oriental, como un «salvavidas vital» para los palestinos en el enclave sitiado.
«Mantener múltiples puntos de entrada en Gaza sigue siendo increíblemente importante», afirmó Nusseibeh. «A medida que este plan avance, el acceso por tierra, aire y mar seguirá siendo fundamental».
El anuncio se produce en medio de la creciente preocupación por la escasez de alimentos, medicinas y combustible en Gaza, donde el bloqueo y los ataques continuos de Israel han dejado a la población en gran medida dependiente de la ayuda internacional.
La ONU insta a Israel a detener las órdenes de demolición en una aldea de Hebrón
Las Naciones Unidas han pedido a Israel que suspenda inmediatamente las órdenes de demolición de viviendas y edificios comunitarios en la aldea palestina de Umm al-Khair, en el sur de la Cisjordania ocupada.
En un comunicado publicado esta semana, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados afirmó que Israel había emitido órdenes de demolición para 11 viviendas y estructuras comunitarias vitales en la gobernación de Hebrón.
La oficina afirmó que esta medida forma parte de una pauta más amplia de acciones israelíes destinadas a consolidar el control y profundizar la anexión de Cisjordania, y advirtió de que las demoliciones desplazarían a familias enteras y desmantelarían infraestructuras esenciales en una comunidad ya de por sí vulnerable.
Umm al-Khair, una pequeña aldea beduina situada cerca del asentamiento ilegal israelí de Carmel, lleva décadas sufriendo demoliciones y acoso. Los residentes palestinos afirman que se les niega sistemáticamente los permisos de construcción, lo que obliga a ellos a vivir bajo la amenaza constante de desalojo, mientras que los asentamientos cercanos continúan expandiéndose con el pleno apoyo del Estado.
Según la ONU, las autoridades israelíes llevan mucho tiempo aplicando normativas discriminatorias sobre la tierra que restringen el desarrollo palestino, mientras que a los colonos se les ha concedido espacio para expandir los asentamientos y llevar a cabo un número cada vez mayor de ataques violentos contra los residentes y sus propiedades.
«La situación es urgente», afirmó la oficina de la ONU. «La comunidad internacional debe actuar ahora para proteger a la población de Umm al-Khair de la amenaza inminente de desplazamiento forzoso».
Los grupos de derechos humanos se han hecho eco de las preocupaciones de la ONU y han advertido de que las continuas demoliciones y el crecimiento de los asentamientos corren el riesgo de borrar las comunidades palestinas de algunas partes de Cisjordania, reforzando el control de Israel sobre los territorios ocupados en violación del derecho internacional.
WCK inaugura una nueva cocina en el norte de Gaza, donde la hambruna azota a la población
World Central Kitchen (WCK) ha reanudado sus operaciones alimentarias en la parte norte de la Franja de Gaza, que se encuentra sitiada, y ha preparado más de 3000 comidas para hospitales y familias desplazadas en el primer día de funcionamiento de sus nuevas instalaciones.
En un comunicado emitido el jueves, la organización benéfica afirmó que la nueva cocina aumentaría significativamente su capacidad para distribuir ayuda en todo el enclave.
«La nueva cocina amplía la capacidad de WCK en la región, con planes de aumentar hasta 40 000 comidas diarias en las próximas semanas», afirmó la organización.
El norte de Gaza se enfrenta a una escasez extrema de alimentos desde que la invasión terrestre de Israel cortó las rutas de suministro a principios de este año. Muchas familias han sobrevivido gracias a plantas silvestres o piensos para animales, y las agencias de ayuda internacional advierten del empeoramiento de la hambruna.
La organización benéfica suspendió sus operaciones en Gaza el año pasado después de que siete de sus empleados murieran en lo que describió como un «ataque selectivo» de las fuerzas israelíes en el centro de Gaza. Los asesinatos provocaron una condena internacional generalizada y despertaron la alarma sobre la seguridad de los trabajadores humanitarios en el enclave.
WCK inaugura una nueva cocina en el norte de Gaza, azotado por el hambre
World Central Kitchen (WCK) ha reanudado sus operaciones alimentarias en la parte norte de la Franja de Gaza, sometida a asedio, y ha preparado más de 3000 comidas para hospitales y familias desplazadas en el primer día de funcionamiento de sus nuevas instalaciones.
En un comunicado emitido el jueves, la organización benéfica afirmó que la nueva cocina aumentaría significativamente su capacidad para distribuir ayuda en todo el enclave.
«La nueva cocina amplía la capacidad de WCK en la región, con planes de aumentar hasta 40 000 comidas al día en las próximas semanas», afirmó la organización.
El norte de Gaza se enfrenta a una escasez extrema de alimentos desde que la invasión terrestre de Israel cortó las rutas de suministro a principios de este año. Muchas familias han sobrevivido gracias a plantas silvestres o piensos para animales, y las agencias de ayuda internacional advierten del empeoramiento de la hambruna.
La organización benéfica suspendió sus operaciones en Gaza el año pasado después de que siete de sus empleados murieran en lo que describió como un «ataque selectivo» de las fuerzas israelíes en el centro de Gaza. Las muertes provocaron una condena internacional generalizada y despertaron la alarma sobre la seguridad de los trabajadores humanitarios en el enclave.
Uno de cada cinco niños de Gaza no ha recibido las vacunas esenciales, advierte la UNRWA
Alrededor del 20 % de los niños de Gaza carecen de «vacunas esenciales», ha advertido la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que ha anunciado una nueva campaña de inmunización destinada a 44 000 niños.
La campaña también incluirá pruebas de detección de malnutrición, ya que los niños de Gaza siguen enfrentándose a graves problemas de salud debido al bloqueo en curso y a las interrupciones de los servicios médicos relacionadas con el conflicto.
«Por su parte, la UNRWA contribuirá a través de 24 centros de salud y puntos médicos en toda la Franja de Gaza, apoyando este esfuerzo vital para restablecer la atención esencial a los niños de Gaza», ha declarado la agencia.
Los expertos en salud han advertido en repetidas ocasiones que la prolongada escasez de vacunas y suministros médicos en Gaza conlleva el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles, lo que pone a miles de niños en situación de mayor riesgo.
Un ataque con drones israelíes en la ciudad de Gaza hiere a un niño
Un niño resultó herido el viernes después de que las fuerzas israelíes lanzaran una bomba desde un dron en el barrio de Shujaya, en la ciudad de Gaza, según la agencia de noticias palestina Wafa. El niño fue hospitalizado en el Hospital Árabe Al-Ahli, uno de los principales centros médicos del territorio.
El ataque se produce semanas después de que se acordara un alto el fuego entre Israel y Hamás el 10 de octubre.
A pesar de la tregua, Israel ha continuado con los ataques aéreos y con drones en algunas zonas de la Franja de Gaza, al tiempo que mantiene estrictas restricciones a la entrada de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales, lo que agrava una crisis humanitaria ya de por sí grave.
Un tribunal alemán declara ilegal la prohibición de un cirujano palestino-británico
Un tribunal alemán falló el viernes a favor del Dr. Ghassan Abu Sittah, un destacado cirujano y académico palestino-británico, declarando ilegal la prohibición de su actividad política en Alemania.
El Tribunal Administrativo de Berlín consideró que la Oficina de Inmigración de Berlín había impedido indebidamente a Abu Sittah entrar en el país para intervenir en el Congreso de Palestina en 2024. El tribunal destacó que se debería haber tenido en cuenta el testimonio de Abu Sittah sobre los ataques aéreos israelíes en Gaza en octubre y noviembre de 2023, que había proporcionado a la Corte Penal Internacional (CPI).
El Congreso de Palestina, organizado por activistas pro palestinos, fue clausurado por la policía alemana poco después de su inicio. Se esperaba que el evento, de tres días de duración, abordara la supuesta complicidad de Alemania en las operaciones militares israelíes, así como otras cuestiones que afectan a los palestinos.
Abu Sittah, cirujano plástico y reconstructivo y rector de la Universidad de Glasgow, pasó 43 días en Gaza durante el ataque inicial de Israel en octubre de 2023, prestando asistencia médica. Había sido invitado a la conferencia de Berlín para compartir sus experiencias, pero las autoridades le impidieron entrar en Alemania.
La sentencia ha sido bien recibida por activistas y grupos de derechos humanos, que la han calificado de victoria para la libertad de expresión y de reprimenda a lo que consideran medidas restrictivas dirigidas contra las voces palestinas en Europa.
El medio de comunicación israelí Haaretz informó el viernes que la exfiscal general del ejército israelí Yifat Tomer-Yerushalmi ha sido puesta bajo arresto domiciliario tras su detención el domingo por su presunta implicación en la filtración de un vídeo en el que se ve a soldados israelíes maltratando a un prisionero palestino en un centro de detención israelí.
El Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv aprobó su puesta en libertad de acuerdo con la solicitud de la policía y con el consentimiento de su equipo legal. Las autoridades también impusieron restricciones que prohíben a Tomer-Yerushalmi ponerse en contacto con otros sospechosos relacionados con la filtración hasta el 31 de diciembre.
El vídeo, que ha circulado ampliamente por Internet, ha reavivado las críticas al trato que el ejército israelí da a los prisioneros palestinos y ha planteado dudas sobre la rendición de cuentas dentro del sistema legal del ejército israelí. Los grupos de derechos humanos llevan mucho tiempo condenando lo que describen como maltrato sistemático de los palestinos en las celdas israelíes.
Tomer-Yerushalmi, que en su día fue el principal asesor jurídico del ejército israelí, se enfrenta a un escrutinio no solo por la supuesta filtración, sino también por las implicaciones más amplias que esta tiene para la transparencia y la supervisión de las instituciones militares israelíes.
Ataques aéreos israelíes en Jan Yunis
Según Al Jazeera, se ha informado de una serie de ataques aéreos y de artillería israelíes en Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de Gaza, y sus alrededores.
Los disparos de artillería alcanzaron las afueras de Bani Suheila, al este de Khan Younis, mientras que los bombardeos aéreos se dirigieron a zonas más al este.
A pesar del alto el fuego de casi un mes entre Israel y Hamás, los ataques israelíes continúan, y el Ministerio de Salud de Gaza ha informado de que más de 240 palestinos han muerto desde principios de octubre.
Katz, de Israel, se compromete a destruir todos los túneles de Hamás
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el viernes que ha ordenado al ejército «destruir y aniquilar» todos los túneles utilizados por Hamás en Gaza.
Añadió en X que «si no hay túneles, no hay Hamás».
Buenos días, lectores de Middle East Eye:
Estas son las últimas novedades de Gaza y la región circundante:
- El Comité para las Personas Desaparecidas en Gaza ha advertido de que el enclave se ha convertido en la mayor fosa común del mundo, con más de 10 000 cadáveres aún atrapados bajo los escombros de los edificios destruidos.
- Mientras tanto, aviones israelíes llevaron a cabo ataques aéreos el viernes por la mañana en las zonas de la Línea Amarilla al este de Jan Yunis y al este de la ciudad de Gaza. Las autoridades aún no han informado sobre las víctimas ni la magnitud de los daños.
- En el norte de Cisjordania, las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad de Qalqilya el viernes por la mañana. En Al-Judeira, al noroeste de la Jerusalén ocupada, un joven resultó herido por disparos israelíes, mientras que otro fue detenido.
- En el frente diplomático, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que las Naciones Unidas están trabajando en una resolución para crear una fuerza internacional de estabilización en Gaza, señalando que los países voluntarios necesitarían un mandato de la ONU y que se están haciendo progresos.
- El presidente estadounidense, Donald Trump, añadió que la llegada de la fuerza internacional es inminente y describió la situación de Gaza como «actualmente estable». Advirtió de que Hamás podría enfrentarse a graves repercusiones si no actúa según lo prometido, y destacó que varios países se han ofrecido voluntarios para intervenir si surgen problemas con Hamás u otros retos.
