El primer trimestre de 2026 ofrece una imagen especialmente nítida de la transformación en curso del sistema internacional.
No estamos ante una crisis puntual ni ante una simple acumulación de conflictos desconectados, sino ante un cambio de fase de la globalización que comenzó a gestarse a mediados de la década de 2010 y que hoy se manifiesta con especial intensidad. Durante aproximadamente dos décadas, desde mediados de los años noventa hasta bien entrada la década de 2010, se consolidó la idea de que el mundo había alcanzado un cierto equilibrio basado en la interdependencia. El comercio internacional crecía de forma sostenida, las cadenas globales de producción conectaban territorios muy distantes, las inversiones circulaban con relativa libertad y las instituciones multilaterales ofrecían un marco de reglas que, aun siendo imperfecto, proporcionaba cierta previsibilidad. Incluso cuando se producían crisis importantes, como la financiera de 2008, el sistema no parecía cuestionado en sus fundamentos.
Sin embargo, ese equilibrio era más frágil de lo que parecía. Descansaba sobre una combinación de factores que hoy se han erosionado: el predominio económico y tecnológico de Estados Unidos, la aceptación relativa de su liderazgo por parte de otros actores, y la expectativa compartida de que la globalización generaría beneficios generalizados. Ese conjunto de condiciones permitía que el multilateralismo funcionara como un marco de coordinación relativamente estable. Las instituciones internacionales no eliminaban los conflictos, pero contribuían a encauzarlos, a dotarlos de formas reconocibles y a reducir los costes de su gestión. Al mismo tiempo, proporcionaban legitimidad a decisiones que, en muchos casos, respondían a relaciones de poder desiguales.
La idea de que vivíamos en un mundo «regido por reglas» se apoyaba en esa capacidad institucional para producir previsibilidad. Sin embargo, esa imagen contenía un elemento de idealización. Las reglas existían, pero no eran neutrales ni se aplicaban de manera uniforme. Las grandes potencias disponían de márgenes de maniobra para interpretarlas o ignorarlas cuando lo consideraban necesario, y los mecanismos de sanción eran limitados o selectivos. En este sentido, el multilateralismo no eliminaba la primacía del poder, sino que la canalizaba a través de formas institucionales.
Lo que ha cambiado en la actualidad no es la existencia de esas prácticas, sino el contexto en el que se producen. La expresión «mundo sin reglas» resulta equívoca porque sugiere una ruptura radical con el pasado. Más que una desaparición de las normas, lo que se observa es una pérdida de eficacia de los mecanismos que antes contribuían a estructurar el comportamiento de los actores. Las reglas siguen existiendo, pero su capacidad para condicionar las decisiones es menor. En muchos ámbitos, han dejado de funcionar como límites efectivos para convertirse en referencias que pueden ser desplazadas cuando entran en conflicto con intereses estratégicos.
Este desplazamiento se hace especialmente visible en el ámbito económico, y en particular en la evolución del sistema comercial internacional. La Organización Mundial del Comercio fue durante años el núcleo de ese sistema. En ella se negociaban acuerdos, se establecían normas y, sobre todo, se resolvían los conflictos entre estados mediante un mecanismo relativamente sofisticado. Este mecanismo, conocido como Mecanismo de Solución de Diferencias, constituía uno de los elementos más innovadores del orden multilateral. Permitía canalizar disputas potencialmente muy conflictivas dentro de un marco institucional relativamente previsible.
El funcionamiento de este sistema tenía varias fases. En primer lugar, cuando un Estado consideraba que otro había vulnerado las reglas —por ejemplo, mediante aranceles ilegales, subvenciones indebidas o restricciones discriminatorias—, se abría un periodo de consultas. Esta fase no era meramente formal: muchas controversias se resolvían en este nivel mediante negociación directa, pero dentro de un marco institucional y con plazos definidos. Si las consultas fracasaban, se constituía un panel de expertos independientes que analizaba el caso y emitía un informe con conclusiones jurídicas. Este informe podía ser recurrido ante un Órgano de Apelación, que revisaba las cuestiones de derecho y adoptaba una decisión final.
Este diseño dotaba al sistema de una cierta coherencia jurídica. Aunque no se trataba de un tribunal en sentido estricto, funcionaba como una instancia cuasijudicial que permitía cerrar los conflictos de forma relativamente ordenada. El Estado que perdía el caso debía adaptar su legislación o sus prácticas, y en caso de incumplimiento, el sistema autorizaba al Estado reclamante a adoptar contramedidas de forma controlada y proporcional. Este elemento era crucial, ya que permitía evitar escaladas desordenadas de represalias.
Durante años, este mecanismo contribuyó de manera decisiva a la estabilidad del sistema comercial. Más de 600 disputas fueron tramitadas desde 1995, muchas de ellas entre grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea o China. Incluso en contextos de fuerte competencia, los actores tendían a recurrir a este marco institucional, lo que reforzaba la percepción de que existía un orden basado en reglas.
Sin embargo, este sistema arrastraba limitaciones importantes. Desde sus orígenes, la OMC incorporaba asimetrías estructurales que favorecían a los países desarrollados, especialmente en sectores como la agricultura. Los países del Norte mantenían mecanismos de protección —subvenciones, aranceles, barreras no arancelarias— que limitaban las oportunidades de los países en desarrollo. La Ronda de Doha, iniciada en 2001 con la ambición de corregir estos desequilibrios y de dar mayor protagonismo a los intereses del Sur global, quedó bloqueada y nunca llegó a cerrarse. Este fracaso marcó un punto de inflexión: la OMC dejó de ser el principal espacio de producción de nuevas reglas del comercio mundial.
A pesar de ello, el sistema de solución de diferencias siguió funcionando durante años como un elemento estabilizador. Pero desde 2019 ha quedado gravemente debilitado. El bloqueo estadounidense en el nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Apelación ha paralizado de facto esta instancia. Como consecuencia, si una de las partes recurre la decisión de un panel, el proceso queda suspendido indefinidamente, ya que no existe órgano capaz de resolver el recurso. El sistema sigue formalmente en pie, pero ha perdido su capacidad de cierre.
Las implicaciones de este cambio son profundas. En ausencia de una instancia capaz de adoptar decisiones definitivas, los estados tienen menos incentivos para someterse a las reglas y más margen para actuar de forma unilateral. Esto no significa que el comercio internacional haya dejado de existir, sino que su regulación se ha vuelto más incierta y más dependiente de la correlación de fuerzas. Los conflictos se gestionan cada vez más mediante aranceles unilaterales, represalias o acuerdos directos entre países.
Podría decirse que hemos pasado de un sistema en el que las normas funcionaban como reglas de tráfico relativamente claras a otro en el que esas reglas siguen existiendo, pero pueden ser ignoradas sin consecuencias decisivas. La previsibilidad disminuye y la negociación caso por caso adquiere mayor peso.
Este cambio en el ámbito económico se inscribe en una transformación más amplia del significado de la interdependencia. Durante décadas, la interdependencia fue presentada como un factor de estabilidad. La idea era que cuanto más integradas estuvieran las economías, mayores serían los costes de la confrontación y, por tanto, menores los incentivos para el conflicto. Sin embargo, en la actualidad esa interdependencia se percibe cada vez más como una fuente de vulnerabilidad.
Las cadenas globales de suministro, que durante años fueron el símbolo de la eficiencia económica, se han revelado como estructuras frágiles ante perturbaciones externas. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto esta fragilidad al interrumpir flujos esenciales de bienes. Posteriormente, las tensiones geopolíticas han reforzado esta percepción. La dependencia de determinados proveedores o de determinadas rutas comerciales puede convertirse en un instrumento de presión.
El ámbito energético ofrece ejemplos particularmente claros. El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, constituye uno de los principales puntos críticos del sistema global. Cualquier alteración en esa zona tiene efectos inmediatos sobre los precios, los costes de transporte y la estabilidad de los mercados. En los episodios recientes de tensión, las compañías de seguros han elevado significativamente las primas por riesgo de guerra o han limitado la cobertura, lo que ha reducido el tráfico marítimo y ha generado acumulaciones de buques. Estos fenómenos muestran hasta qué punto la globalización depende de infraestructuras críticas que pueden convertirse en instrumentos de presión geopolítica.
China se encuentra especialmente expuesta a este tipo de vulnerabilidades debido a su elevada dependencia de las importaciones energéticas procedentes del Golfo. En respuesta, ha desarrollado una estrategia orientada a reducir riesgos. Esta estrategia incluye la diversificación de proveedores, el refuerzo de las reservas estratégicas —que han alcanzado niveles muy elevados— y el establecimiento de acuerdos con países clave como Irán. Estas políticas reflejan una tendencia más general: los estados buscan reducir dependencias críticas incluso a costa de sacrificar parte de la eficiencia económica.
Este giro implica una transformación en la lógica de la globalización. La eficiencia, que durante décadas fue el criterio dominante, cede terreno frente a consideraciones de seguridad. Las decisiones económicas se evalúan cada vez más en términos de riesgo estratégico, lo que introduce una dimensión política en ámbitos que anteriormente se consideraban principalmente técnicos.
Este desplazamiento de la eficiencia hacia la seguridad se manifiesta con especial claridad en la creciente centralidad de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que se ha convertido en el eje estructurador del sistema internacional contemporáneo. A diferencia de conflictos anteriores, esta rivalidad no se limita al ámbito militar o diplomático, sino que se despliega de manera transversal en la economía, la tecnología, las infraestructuras y las finanzas. No se trata simplemente de una competencia entre dos estados, sino de una pugna por definir las condiciones de funcionamiento del sistema global en su conjunto.
Uno de los terrenos en los que esta rivalidad se expresa con mayor intensidad es el de la tecnología, y en particular el de los semiconductores. Estos componentes, aparentemente invisibles para el gran público, son el núcleo de la economía digital contemporánea. Están presentes en dispositivos electrónicos, sistemas de comunicación, infraestructuras críticas y aplicaciones militares avanzadas. Su importancia estratégica ha llevado a Estados Unidos a adoptar una política activa de control de las exportaciones, con el objetivo de limitar el acceso de China a los chips más avanzados.
Estas restricciones no se limitan al territorio estadounidense, sino que se extienden a empresas y países aliados. Un caso especialmente ilustrativo es el de la empresa neerlandesa ASML, líder mundial en la fabricación de maquinaria para la producción de microchips de última generación. Bajo presión estadounidense, los Países Bajos han limitado la exportación de determinados equipos a China. Este tipo de decisiones muestra hasta qué punto la geopolítica condiciona hoy las dinámicas económicas y tecnológicas, y cómo las cadenas de valor globales se ven reconfiguradas por consideraciones estratégicas.
Al mismo tiempo, China ha intensificado sus esfuerzos para desarrollar un ecosistema tecnológico propio. Este proceso no se limita a la producción de componentes, sino que abarca un conjunto amplio de sectores: redes de telecomunicaciones, plataformas digitales, sistemas de pago, inteligencia artificial y estándares técnicos. Empresas como Huawei, Alibaba o Tencent desempeñan un papel central en este ecosistema, que se caracteriza por una fuerte integración entre el sector privado y las estrategias estatales.
El resultado es una fragmentación progresiva del espacio tecnológico global. Durante la fase anterior de la globalización, predominaba la idea de un sistema relativamente integrado, en el que las tecnologías se difundían de manera amplia y en el que las cadenas de producción se organizaban a escala global. Hoy, en cambio, se perfilan varios espacios tecnológicos diferenciados, con normas, infraestructuras y dependencias propias. Este proceso no implica una ruptura total, pero sí introduce barreras, duplicaciones y tensiones que afectan al funcionamiento del sistema en su conjunto.
La fragmentación tecnológica se inscribe, a su vez, en una reorganización más amplia de la globalización. Iniciativas como la Belt and Road Initiative impulsada por China reflejan un intento de reconfigurar las redes de infraestructura y comercio a escala global. A través de corredores terrestres y marítimos, este proyecto busca conectar Asia, Europa, África y Oriente Medio en una red en la que China ocupe una posición central. Aunque su desarrollo se enfrenta a obstáculos —financieros, políticos y geopolíticos—, constituye uno de los ejemplos más claros de cómo la globalización se reorganiza en torno a nuevas estructuras.
En paralelo, acuerdos comerciales como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que agrupa a países de Asia-Pacífico, muestran que la cooperación económica continúa, pero adopta formas que no dependen necesariamente de las instituciones multilaterales tradicionales. Estos acuerdos establecen sus propias reglas y mecanismos, lo que contribuye a una mayor fragmentación del sistema global.
En este contexto, la posición de la Unión Europea resulta especialmente compleja. La Unión se encuentra en una situación intermedia entre los grandes polos de poder, lo que le otorga un margen de maniobra significativo, pero también la expone a tensiones y dependencias. En el plano discursivo, la Unión ha adoptado la noción de «autonomía estratégica» como eje de su acción. Esta noción se refiere a la capacidad de actuar de manera independiente en ámbitos clave como la defensa, la tecnología, la energía o la industria. Sin embargo, la traducción de este objetivo en políticas concretas ha sido desigual y, en muchos casos, contradictoria.
En el ámbito de la seguridad, la guerra de Ucrania ha actuado como un catalizador. Por un lado, ha reforzado la cohesión interna y ha revitalizado la OTAN como instrumento central de la defensa europea. Por otro, ha reactivado el debate sobre la necesidad de reducir la dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, en la práctica, el aumento del gasto militar se ha canalizado en gran medida a través de la compra de equipamiento estadounidense, lo que refuerza esa dependencia. Esta situación refleja una tensión estructural entre la aspiración a la autonomía y la realidad de las capacidades disponibles.
En el terreno económico, la Unión Europea se enfrenta a desafíos similares. La adopción por parte de Estados Unidos de políticas industriales activas, como la Inflation Reduction Act, ha alterado el equilibrio competitivo entre aliados. Este programa incluye importantes subsidios para empresas que produzcan en territorio estadounidense tecnologías verdes, como baterías o vehículos eléctricos. Como resultado, inversiones que podrían haberse realizado en Europa se han desplazado hacia Estados Unidos. Esta dinámica ha generado preocupación en las instituciones europeas y ha impulsado debates sobre la necesidad de adoptar políticas similares.
La respuesta europea ha sido ambivalente. Por un lado, se han puesto en marcha iniciativas para reforzar la capacidad industrial, como la European Chips Act o programas de apoyo a tecnologías estratégicas. Por otro, persisten limitaciones estructurales derivadas de la fragmentación interna, de las diferencias entre estados miembros y de las restricciones presupuestarias. La dificultad para coordinar políticas a escala europea limita la eficacia de estas iniciativas.
En el ámbito comercial, la Unión ha adoptado medidas que reflejan un giro hacia posiciones más defensivas. La imposición de aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China, en algunos casos superiores al 40%, ilustra esta tendencia. Estas medidas buscan proteger a la industria europea, pero también generan tensiones con socios comerciales y cuestionan el compromiso con el libre comercio. La respuesta china, que combina represalias, negociación y adaptación empresarial, muestra la complejidad de estas interacciones.
La posición de la Unión Europea se caracteriza, en definitiva, por una combinación de ambición y limitaciones. La aspiración a la autonomía estratégica coexiste con una fuerte interdependencia, y las políticas adoptadas reflejan esa tensión. Esta situación no implica una ausencia de estrategia, sino la dificultad para articular una línea coherente en un entorno marcado por presiones múltiples y por una competencia creciente entre grandes potencias.
Esta reconfiguración del sistema internacional no se limita a las relaciones entre estados, sino que tiene implicaciones profundas en el funcionamiento de las sociedades. La politización de la economía, la fragmentación de los espacios tecnológicos y la transformación de las cadenas de valor afectan directamente a las condiciones de vida, al empleo y a las expectativas de amplios sectores de la población. En este sentido, las dinámicas geopolíticas y geoeconómicas se entrelazan con procesos sociales y políticos internos.
Uno de los efectos más visibles de esta interacción es el deterioro de la calidad democrática en numerosos países. Informes recientes, como los elaborados por el V-Dem Institute, señalan que la democracia ha retrocedido a niveles comparables a los de finales de los años setenta. Este retroceso no adopta la forma de rupturas abruptas, sino de procesos graduales de erosión institucional. Gobiernos elegidos democráticamente debilitan progresivamente los mecanismos de control, limitan la independencia judicial, restringen la libertad de expresión y reducen el espacio de la oposición.
Este fenómeno, conocido como democratic backsliding, se observa en contextos muy diversos, lo que sugiere que responde a dinámicas estructurales más amplias. La desconfianza hacia las instituciones, la percepción de desigualdad y la sensación de pérdida de control frente a procesos globales contribuyen a este deterioro. En este contexto, han ganado fuerza movimientos políticos que cuestionan los fundamentos del pluralismo y que proponen redefinir la relación entre el poder y la ciudadanía.
El auge de los populismos autoritarios constituye una de las manifestaciones más claras de esta tendencia. El informe de International IDEA de 2020 subraya que estos movimientos se apoyan en una combinación de factores: las transformaciones del mercado de trabajo, los efectos de la globalización, los flujos migratorios y la crisis de representación de los partidos tradicionales. Estos actores construyen su discurso a partir de una oposición entre «el pueblo» y unas élites consideradas corruptas o desconectadas, pero delimitan ese pueblo de forma excluyente, dejando fuera a determinados grupos, especialmente los inmigrantes.
Las redes sociales desempeñan un papel central en este proceso de transformación política, no solo como canales de comunicación, sino como estructuras que reconfiguran la propia esfera pública. Su funcionamiento, basado en algoritmos que priorizan la atención y la interacción, tiende a favorecer la circulación de contenidos emocionales, simplificados y polarizantes. Esto contribuye a la fragmentación de la ciudadanía en comunidades informativas relativamente cerradas, en las que se refuerzan las propias creencias y se percibe a quienes disienten como adversarios o incluso como enemigos. En este contexto, los actores políticos encuentran un entorno especialmente propicio para la movilización directa, pero a costa de una deliberación más pobre y de una mayor dificultad para construir consensos amplios.
A esta dinámica se añade un elemento menos visible, pero igualmente relevante: la financiación de la política. En las democracias contemporáneas, las campañas electorales requieren recursos cada vez mayores para la comunicación, la organización y la movilización. Muchos países han introducido mecanismos para limitar la influencia del dinero, como la financiación pública, los topes a las donaciones o las obligaciones de transparencia. Sin embargo, estas medidas no han eliminado las desigualdades en el acceso a los recursos, que siguen influyendo de manera significativa en la competencia política.
El caso de Estados Unidos es particularmente ilustrativo. La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Citizens United v. Federal Election Commission, de 2010, amplió de forma sustancial las posibilidades de gasto político independiente por parte de empresas, sindicatos y grandes donantes. A partir de ese momento, los llamados «Super PACs» pudieron movilizar cantidades prácticamente ilimitadas de recursos para apoyar a candidatos o campañas, siempre que no existiera una coordinación formal con estos. En la práctica, esta distinción ha sido difícil de mantener, y el resultado ha sido un incremento notable del peso del dinero en la política. En las últimas elecciones presidenciales, el gasto total se situó en torno a los 2.700 millones de dólares, una cifra que ilustra la magnitud del fenómeno y que sitúa la competencia electoral en un terreno fuertemente condicionado por los recursos económicos disponibles.
Estas dinámicas políticas se entrelazan con problemas sociales de gran escala que contribuyen a alimentar la inestabilidad. Uno de los más persistentes es la desigualdad de género. A pesar de los avances registrados en las últimas décadas en ámbitos como la educación, la salud o la legislación, las desigualdades siguen siendo profundas y, en algunos casos, se han estancado o incluso han retrocedido. Informes recientes indican que, al ritmo actual, ninguno de los objetivos globales de igualdad de género se alcanzará en 2030. Más de 350 millones de mujeres y niñas podrían continuar en situación de pobreza extrema, y en muchos países persisten limitaciones significativas en el acceso a derechos básicos.
La desigualdad no se expresa únicamente en términos económicos, sino también en la capacidad efectiva de ejercer derechos. Solo una parte de las mujeres dispone de plena autonomía para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, y el acceso a la justicia sigue siendo limitado en numerosos contextos. En algunos países, las reformas legales han avanzado, pero su aplicación es incompleta; en otros, se observan dinámicas que restringen activamente los derechos, dificultan la denuncia de abusos o permiten que estos queden impunes. Estas tendencias se ven agravadas por el deterioro del Estado de derecho y por la reducción del espacio democrático, lo que pone de manifiesto la estrecha relación entre las condiciones institucionales y la efectividad de los derechos.
Otro desafío estructural que contribuye a la inestabilidad global es la relación entre crecimiento demográfico y creación de empleo. En regiones como África, más de diez millones de jóvenes se incorporan cada año al mercado laboral, mientras que las economías solo generan una fracción de los empleos necesarios. Esta brecha no se traduce necesariamente en desempleo abierto, sino en formas de subempleo, informalidad y precariedad que, aunque menos visibles en las estadísticas, tienen efectos profundos sobre la cohesión social y las perspectivas de desarrollo.
La magnitud del desafío es considerable. Para absorber adecuadamente a la nueva población activa, sería necesario multiplicar significativamente la creación de empleo, algo que no parece viable en el corto plazo. Esta situación genera tensiones que pueden traducirse en migraciones, en cambios políticos o en formas de conflicto social. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la capacidad de los modelos económicos actuales para integrar a una población joven en rápido crecimiento.
Se han desarrollado diversas iniciativas para abordar este problema, como programas que combinan capital semilla con formación y capacitación. Estos programas buscan fomentar el emprendimiento y mejorar las oportunidades económicas, pero su alcance sigue siendo limitado en relación con la magnitud del desafío. La brecha entre expectativas y oportunidades constituye, en este sentido, uno de los factores más importantes de inestabilidad potencial en el sistema global.
A estas dinámicas se suma la aceleración tecnológica, que introduce una capa adicional de complejidad. La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales vectores de transformación de la economía y de la política. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y ejecutar tareas complejas permite aumentar la productividad y desarrollar nuevas aplicaciones en múltiples sectores. Sin embargo, también plantea desafíos significativos.
En el ámbito del trabajo, la inteligencia artificial puede generar tanto oportunidades como riesgos. Por un lado, puede complementar las capacidades humanas y facilitar la realización de tareas complejas; por otro, puede sustituir determinados empleos y aumentar la desigualdad si sus beneficios se concentran en determinados sectores o actores. El impacto final dependerá en gran medida de las políticas que se adopten en materia de educación, formación y regulación.
En el ámbito militar, la inteligencia artificial introduce cambios aún más profundos. La capacidad de procesar información en tiempo real permite acelerar la llamada «cadena de decisión», es decir, el proceso que va desde la identificación de un objetivo hasta la ejecución de una acción. En algunos casos, esto permite identificar y atacar múltiples objetivos en plazos muy reducidos. Sin embargo, esta aceleración plantea un problema fundamental: aunque formalmente la decisión final sigue siendo humana, en la práctica el margen de intervención se reduce, lo que convierte esa decisión en una validación casi automática de procesos altamente complejos. Esto plantea interrogantes sobre la responsabilidad, el control y las implicaciones éticas de estas tecnologías.
El cambio climático constituye, finalmente, el ejemplo más claro de problema global que exige cooperación internacional sostenida y que, al mismo tiempo, pone de manifiesto los límites del sistema actual. A diferencia de otros desafíos, el cambio climático no puede abordarse mediante soluciones parciales o locales: requiere una acción coordinada a escala global y a largo plazo. Sin embargo, los mecanismos existentes son insuficientes para garantizar esa coordinación.
El Acuerdo de París establece un marco de referencia, pero su eficacia depende de compromisos nacionales que son voluntarios y desiguales. No existen mecanismos robustos de cumplimiento que obliguen a los estados a alcanzar los objetivos establecidos, lo que limita su impacto. Además, las tensiones geopolíticas y las prioridades económicas dificultan la adopción de medidas más ambiciosas. En este sentido, el cambio climático pone de manifiesto una paradoja central del sistema contemporáneo: en un mundo cada vez más interdependiente, la capacidad de acción colectiva es limitada.
La convergencia de todas estas dinámicas —geopolíticas, económicas, tecnológicas, sociales y ambientales— configura un escenario caracterizado por una elevada complejidad. La globalización no ha desaparecido, pero ha cambiado de naturaleza. Se ha vuelto más fragmentada, más conflictiva y más politizada. Las reglas siguen existiendo, pero su eficacia es menor y su aplicación más selectiva. La interdependencia persiste, pero se percibe cada vez más como una vulnerabilidad.
En este contexto, la noción de multipolaridad sin multilateralismo permite captar una característica central del momento actual: la coexistencia de varios centros de poder sin un marco institucional capaz de estructurar sus relaciones de manera estable. Esta situación no implica necesariamente un colapso del sistema, pero sí una transformación profunda de sus mecanismos de funcionamiento.
La cuestión fundamental no es tanto si las reglas han desaparecido como si pueden ser reconstruidas en nuevas condiciones. El sistema internacional se encuentra en una fase de transición en la que las formas tradicionales de cooperación han perdido eficacia, pero no han sido sustituidas por otras plenamente consolidadas. En este espacio intermedio, los actores experimentan con nuevas formas de coordinación, acuerdos regionales, alianzas flexibles y marcos sectoriales.
El resultado de este proceso no está predeterminado. Puede dar lugar a una fragmentación más profunda en bloques regionales y esferas de influencia, o puede abrir la posibilidad de nuevas formas de cooperación adaptadas a las condiciones actuales. En cualquier caso, lo que parece claro es que el equilibrio entre poder, normas e instituciones está en proceso de redefinición. El mundo de 2026 no es el final de la globalización, sino el inicio de una nueva etapa cuya configuración aún no está cerrada.
https://mientrastanto.org/255/notas/multipolaridad-sin-multilateralismo-el-estado-del-mundo-en-2026/.
