Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
Definitivamente la fase de movilizaciones que arrancó al dia siguiente de la destitución de Pedro Castillo ha terminado. Eso no significa ni que la movilización en sí haya concluido, ni que el gobierno Boluarte-Otárola se haya conseguido afirmar. La crisis política sigue y el malestar social se mantiene. Las movilizaciones de estos casi tres meses -con la tregua de Navidad- tenían el objetivo, y la esperanza, de hacer caer a Dina Boluarte y o bien reponer a Pedro Castillo o bien ir a elecciones generales inmediatas, con el añadido de la Asamblea Constituyente, que es la reivindicación desde la falsa transición del régimen fujimorista a la democracia. La expectativa de la caída de DB se fundamentaba en la experiencia de la fugaz presidencia de Manuel Merino, presidente del Congreso que sustituyo a Vizcarra, depuesto por corrupción, el 10 de noviembre de 2020 y dimitió cinco días después por el rechazo casi universal a su asunción. Pero DB no era Merino, no por razones subjetivas sino porque Merino, del muy venido a menos partido de Acción Popular, no tenía ningún apoyo, en tanto que Boluarte tenía el apoyo de todos los que conspiraron contra Castillo y manera particular de los tres principales grupos de la derecha, Fuerza Popular, Renovacion Popular y Avanza País. Su caída era el fracaso político de la larga operación de acoso y derribo de Castillo, que en mi opinión tuvo la ayuda inesperada de la torpeza política del propio Castillo.
La movilización que en sus inicios fue solo movilización del Sur, no consiguió el “efecto Merino” pero la muy desproporcionada represión, que tuvo su primera masacre en Ayacucho, el 15 de diciembre, cuando 10 manifestantes fueron asesinados, alimentó la permanencia de protestas contra Dina Boluarte, que ya no era solo la “usurpadora”, sino que había pasado a ser la “asesina”. Cuando las manifestaciones y bloqueos se reanudaron, todavía solo en el Sur, la nueva masacre, en Juliaca con 17 asesinados el 9 de enero consolido la protesta, que fue pasando a Lima y al Norte del Perú, aunque siempre con mucha menor participación que en el Sur. Menor participación, pero con un importante apoyo como demostraron las encuestas, también en el centro y norte del Perú. Las movilizaciones del de estas dos últimas macroregiones las han protagonizado la CGTP, la militancia de los grupos de izquierda, organizaciones de ronderos del Norte y en Lima las delegaciones procedentes del Sur en lo que, muy enfática y exageradamente, se llamó la ocupación de Lima. En el Sur las movilizaciones han tenido desde el primer momento unas características más masivas, de protestas desde abajo, y más universales socialmente.
La extensión de las protestas obligó al Congreso a plantearse la cuestión del adelanto de elecciones, que la izquierda siempre defendió que fueran inmediatas, en este 2023; la parte de la derecha que aceptó la inevitabilidad, o la conveniencia, de elecciones adelantadas siempre las quiso para no antes de marzo/abril de 2024, para marcar las cartas de su desarrollo mediante reformas oportunas aprobadas previamente y al propio tiempo esperar que se realizaran en el reflujo de la protesta. Finalmente, la derecha que tiene una amplía mayoría en el Congreso y cuenta con la parcialidad del Presidente de la Cámara, José Williams, ha conseguido bloquear el adelanto de elecciones a 2023.
Es una victoria para la derecha, pero puede resultar pírrica. El gobierno Boluarte-Otárola no solo no se ha consolidado, sino que al optar por la represión pura y dura ha incrementado su falta de legitimidad y el rechazo del pueblo. La quiebra de consenso entre el estado, el sistema político de la constitución fujimorista -que se mantiene- no se ha reducido, se ha hecho mayor. Las evidencias de la represión no solo policial sino también judicial han sido denunciada incluso por medios centristas como La República. Las noticias de manifestaciones y bloqueos han sido sustituidos por las informaciones que detallan cómo el ejército y la policía, han disparado contra los manifestantes. Desde La República -insisto en el símil con El País– se ha denunciado la enormidad de las decisiones judiciales contra manifestantes, líderes sociales e incluso el grupo de Ayacucho. Por otra parte, el Departamento de Puno está en rebeldía permanente, sigue la huelga en las ciudades de Juliaca y Puno y se anuncia una marcha aymara a Lima el 1 de marzo, que puede reactivar las movilizaciones, coincidiendo con la reanudación del año académico en las universidades a mediados de marzo (ahora están en las vacaciones de veranos desde el 2 de diciembre.
Un par de consideraciones complementarias sobre la movilizacion.
El retroceso de éstas no solo ha tenido que ver con el cansancio por el esfuerzo realizado y la dura represión padecida. Las fiestas de carnaval, muy populares en Perú, que no se celebraban desde la pandemia del covid, ha impuesto un impasse forzado; hubo un amago de suspender/ boicotear los carnavales, pero no prosperó, no solo son una importante fuente de ingresos para sectores populares, la gente quería también divertirse. Aún así, la protesta no ha sido ajena a los carnavales; en muchos lugares las comparsas han cantado y bailado contra el gobierno y el congreso y han lanzado globos de agua y espuma a la policía, que no ha tenido otra que sonreir, aunque oyeran también gritos de asesinos.
Segunda consideración. El tiempo político está en parte detenido por el parón del congreso. En esta semana y hasta el 2 de marzo los diputados han podido ir a las circunscripciones por las que fueron elegidos; media docena de ellos han sido recibidos con abucheos, todos de la derecha menos una de un grupo disidente de Perú Libre. El malestar social no ha bajado y se cuela por todas partes. Cuando se reabra el congreso el 1 de marzo, el adelanto de elecciones volverá a estar sobre la mesa… y con él la cuestión de la Asamblea Constituyente que cuanto más tarden en celebrarse las elecciones más importancia cobrará.
Todos los partidos políticos están ya en casi precampaña. Y no solo los partidos. Medios de comunicación -y presión- como La República están a la búsqueda del centro perdido. El Partido Morado endurece sus posiciones contra Dina Boluarte para crecer como centro. Otros esperan que los apristas, que recuperarán seguro el registro legal antes de las elecciones -lo perdió tras no alcanzar el 5% en las últimas-, puedan ser ese centro. La derecha extrema, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, se dedica a poner denuncias contra políticos de la izquierda por las declaraciones que hacen; y presentan propuestas legislativas para restringir, aún más, la participación electoral, proponiendo que todos los que hayan sido condenados no puedan presentarse a elecciones aun cuando hayan cumplido sus condenas y hayan sido rehabilitados.
En la izquierda también hay movimientos. A comienzos de esta semana se produjo un acto político en la Facultad de Sociologia de la Universidad de San Marcos, bajo el cartel del Ante la crisis política. Unidad Popular. La rectora de la universidad -la que permitió la entrada de la policía- hizo lo posible para evitarlo sin conseguirlo. Intervinieron Héctor Béjar, Aníbal Torres -penúltimo primer ministro de Castillo, acusado por la derecha de ser mentir intelectual del golpe político de Castillo del 7 de diciembre- y Diberly Rodriguez -militante de Patria Roja en su juventud, diputado por Izquierda Unida en los ochenta, abogado de élite que fue presidente del Tribunal Constitucional-; también estaba anunciada la participación de López Chao, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero finalmente no lo hizo, supongo que presionado, por su condición de rector. El acto fue un mitin, un éxito de participación (aula llena y gente llenando los accesos) y de repercusión. Toda la prensa de la derecha ha bramado contra el acto, en particular contra Aníbal Torres, que por su discurso lo consideran un buen candidato presidencial y podría recoger el electorado más específico de Pedro Castillo. Veremos si tiene alguna continuidad
