Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
Ayer, jueves, acabó todo en ascuas. Siguieron las movilizaciones, pero sobre todo se aceleró el frente político. Todo empezó cuando se informó de rumores de que Dina Boluarte estaba pensando proponer el adelanto de las elecciones para 2023; incluso se dijo que el Ministro de Justicia había hecho una propuesta para ello, recogiendo las opiniones de expertos de que no había imposibilidad técnica para ello. Se reunió el Consejo de Ministro y luego una delegación con Otárola y algunos ministros fue al congreso para reunirse con su Presidente, José Williams. Tras hacerlo Otárola dijo que de cambio de fecha nada de nada, que el «cronograma» era el de las elecciones para 2024 y que el principal acuerdo del Consejo de Ministro que había llevado al Presidente del Congreso para que lo aprobara fue una ampliación presupuestaria para un «bono» – una paga extra- para «nuestra heroica policía nacional». Luego, en la noche, el gobierno se enrocó aún más anunciado que la policía y el ejército iban a actuar conjuntamente para desbloquear, obviamente por la fuerza, las carreteras (ayer seguían 88 puntos de bloqueo) en los Departamentos en que se hubiese decretado de emergencia. Es decir, ningún avance en la solución política sólo iniciativas de represión. A juzgar por la prensa, escrita y en red, se produjo una estupefacción general. A la propuesta de adelantar las elecciones se estaban sumando figuras políticas de la derecha, como Hernano de Soto – candidato del partido por el que se presentó José Williams- o Diego Garcia Sayán, un jurista importante del Perú, ministro de Justicia y de Exteriores en los primeros años de este siglo, Presidente luego de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también organizaciones sociales, ayer lo hizo la Federación Nacional de Agricultores y Cafetaleros; a la vez que estudiantes de otras dos universidades pedían a sus rectores que la institución diera alojamiento a los estudiantes que venían a manifestarse en Lima.
La reacción inmediata de Juntos por Perú-Cambio Democrático fue presentar una moción formal al congreso para el adelantamiento de las elecciones a 2023; una moción abierta al respaldo no solo de la izquierda, en la medida en que no vinculaba la propuesta a la cuestión de la Constituyente sino que se ceñía solo a la celebración de elecciones, y el consiguiente fin del gobierno Boluarte-Otárola. A partir de ese momento se han precipitado las cosas, con un giro inesperado de Fuerza Popular (Fujimori) que anunció en el congreso que pasa a defender el adelanto electoral a diciembre de 2023, para que esa consigna no sea monopolizada por la izquierda (de hecho ha venido a argumentarlo por esa razón; para que, han dicho, la izquierda no siga utilizando el adelanto electoral en su beneficio. Patada al acuerdo de la destitución de Castillo y al segundo acuerdo, forzado por las primeras movilizaciones en diciembre, de no agotar la legislatura hasta 2026 – como era la intención inicial- sino acabarla en el verano de 2024. José Williams suspendió acto seguido la sesión del Congreso, que se reanudará hoy. Otárola, que había dicho sobre ese adelanto a 2023 que «la situación no está para movidas audaces» ha acabado lanzando la toalla: «decidan ustedes». Veremos que pasa hoy, aunque eso no lo sabremos seguramente hasta nuestra madrugada. Perú Libre ha dicho que apoyará la moción de Juntos por Perú-Cambio Democrático, no sin recordar – y creo que lleva razón- que si no se cambia la constitución no hay solución a la crisis política e institucional; pero para que avance esa solución el primer paso es el cambio en la cúspide del poder. Sin dejar de considerar que quedan pendientes «flecos» – es una manera de hablar- fundamentales como son la situación de Pedro Castillo y el desagravio público a las regiones del Sur (el político solo es posible mediante el cambio constitucional y el abandona de las políticas neoliberales que han agravado su situación social y la desigualdad con el Norte y Lima.
Así que hoy hay dos focos fundamentales: qué decisión toma el congreso y qué pasará con los bloqueos de carretera. La movilización no ha cesado – hay cinco provincias en el Sur en paro total: Andahuaylas, Chincheros (Cusco), Puno, Tacna, Tamboapa (en Madre de Dios) y también la ciudad de Juliaca; siguieron las manifestaciones en Lima y 17 provincias del Sur. Los bloqueos afectan a 33 provincias y si interviene la policía y el ejército, sobre todo antes de haya alguna señal política positiva, las consecuencias no son imprevisibles, todo lo contrario. Antes de ayer, la caravana de camiones del ejército que se dirigían a Puno, tuvo que quedarse sobre la carretera por el bloqueo de los campesinos de la zona; los soldados siguieron la marcha a campo través. Nada está decidido; y también podría ser que la moción de Fuerza Popular, que plantea elecciones en diciembre, no en octubre-noviembre, solo sea para quebrar el movimiento parlamentario de adelantamiento, dividiendo las propuestas del 2023. El riesgo es que el congreso se acabe de bloquear del todo y entonces los «ellos» que tendrán que decidir son otros.
PD. Ayer hubo dos iniciativas de la fiscalía. Una contra Valdimir Cerrón, al que se le pide prisión provisional por no haber pagado la caución judicial que se le impuso en el proceso – en curso de instrucción- que se le abrió como supuesto responsable de una red de extorsión; la extorsión constituyó en el cobro de cupos y «coimas» a trabajadores del gobierno regional para financiar a Perú Libre.La otra a Antauro Humala por sus declaraciones del otro día sobre Sendero Luminoso, al que se le abre instrucción fiscal durante sesenta días por apología del terrorismo. En la perspectiva de la celebración de elecciones ambas iniciativas no son nada inocentes.
