Observaciones de un lector amigo.
Más allá de la cuestión de la amnistía, y ya que el gobierno en funciones actual está dispuesto a recabar y obtener el apoyo de partidos separatistas que se consideran a sí mismos enemigos del estado español y de cualquiera gobierno de ese estado que no esté dispuesto no sólo a reconocer la independencia de Cataluña en las condiciones fijadas por sus partidarios, sino también a atender sus reivindicaciones territoriales fuera del actual territorio autonómico catalán (y así lo manifiestan en sus declaraciones públicas: si todo esto es pura retórica e hipocresía, allá ellos; pero yo prefiero tomármelas en serio, pues no quiero infravalorar el peligro que representan los nacionalismos), el presidente del gobierno debería públicamente advertir que aplicará los poderes de ejecución forzosa previstos en el artículo 155 de la CE frente a cualquier intento por parte de estos partidos y la Generalitat de volver a intentar la secesión de España por su cuenta (y riesgo de los ciudadanos), especialmente si se tiene en cuenta que los separatistas no hacen más que insistir en que volverán a intentar esta separación unilateral en cuanto se den las circunstancias propicias para ello. Pues fue la resuelta aplicación de estos poderes (con los que cuenta cualquier gobierno federal en los estados federales, por cierto) y no otra cosa lo que permitió la superación -aunque fuera provisionalmente- del llamado por el propio presidente del gobierno en funciones “conflicto político”. Un gobierno que no esté dispuesto a utilizar los poderes de ejecución federal (por usar la jerga jurídico-constitucional habitual) en circunstancias tan graves como las otoño de 2017 es el gobierno de un “estado fallido” (de hecho, algunos ya empiezan a tratar a España en Europa como el nuevo “enfermo de Europa”, detrás de lo cual está el espectro de que podamos acabar como Yugoslavia en 1991-99).
