Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
La convocatoria de movilización del 24 parece haber sido más nutrida en Lima que la del 19, con la participación de universitarios de la capital y grupos procedentes de las universidades, por lo menos, de Puno y Huancayo (Junín). La dinámica se ha repetido: 14.000 policías distribuidos en toda la región metropolitana de Lima, de ellos casi la mitad en Lima centro; los manifestantes se concentran en plaza dos de mayo y otros puntos y marchan luego a San Martín, donde la policía impide el acceso a la plaza central y desde allí a las calles que se dirigen hacia la sede del Congreso; ahí la policía interviene para impedir ese acceso al congreso, y empiezan los enfrentamientos. Se constataron 6 puntos de enfrentamientos, por lo menos. Hay que decir que la acción de la policía a la que hay respuesta muy individual y limitada de manifestantes: la policía hace uso masivo de bombas lacrimógenas, pero también de perdigones; no hay uso de pistolas y armas de fuego -como en el Sur-, seguramente por el impacto político que tendría que se produjeran muertos en Lima, en el transcurso de una manifestaciones en las que hay una amplia cobertura periodística, con videos cortos subidos a la red por la prensa. Aún así los perdigones producen heridas: ayer la prensa informó de por lo menos tres heridos por perdigones, uno de ellos un médico que ha tenido que ser hospitalizado y una enfermera, que auxiliaban a manifestantes; y de una fotógrafa de prensa que se salvó de perder un ojo por un perdigón que impactó en su objetivo, pero no atravesó su cámara.
Por cierto, La República, al hilo de la cuestión del incendio de la casona, va confirmando que las bombas lacrimógenas que lanza la policía peruana pueden inflamarse, de hecho pueden llegar a 210 grados al impactar con el suelo.
Hubo también manifestaciones en otras ciudades del Perú. Importantes las de Arequipa -varios miles dice la prensa- con participación de ciudadanos, pobladores, estudiantes, gremios y la sección departamental de la CGTP- Puno, Juliaca. En Ica los piquetes extendieron el paro a las haciendas agroexportadoras; no tengo datos concretos, la prensa solo destaca que uno de ellos produjo un incendio en las garitas y el cerco de árboles de tres haciendas. Siguieron los bloqueos de carretera y el baile de acción policial y reacción de los piquetes de bloqueo; los más trascendentes los que se dan en la Panamericana, al Norte y al Sur de Lima. La patronal transportista exige al gobierno resolver la situación en 48 horas. Tmbién se repiten los acosos a aeropuertos; el de Cusco ha vuelto a cerrarse, se había reabierto el 20.
El balance hasta ayer, excluido, es de 55/56 muertos, y 1492 heridos registrados – pueden haber muchos más que no han sido atendidos en centros de salud- entre policías y manifestantes, aunque la relación es desde luego muy desigual (no tengo el desglose). También el gobierno dió la cifra de detenidos: 608 desde diciembre, de ellos 364 en lo que va de enero (no sé si están incluidos los 193 de la Universidad San Marcos). El gobierno y la derecha- sus políticos y sus medios de comunicación, que son absolutamente dominantes (con el Grupo Miró-Quesada al frente)- no para de acusar a los azuzadores terroristas; no obstante de todo esos detenidos sólo 8 están en prisión preventiva y 40 más en lo que es Perú es «prisión preliminar»; para la prisión preliminar, que dictamina un juez, es suficiente que el fiscal, con el informe policial, argumente la sospecha de delito (¡!), a los quince días de esa decisión del juez, se revisa su caso y solo se dictamina prisión provisional si la acusación fiscal puede presentar pruebas. Entre los que han entrado en prisión preliminar una decena son los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, con Rocío Leandro a a la cabeza – a la que los medios involucran con actividades de SL en los ochenta y noventa; ayer se vio su caso, el fiscal argumentó la sospecha pero no presentó pruebas. Este episodio quizás pueda ser indicativo de un clima de intimidación en Ayacucho que explique su ausencia en la geografía de las protestas.
Los dos otros escenarios de la situación siguen siendo las intervenciones de Dina Boluarte y el Congreso. Cada vez que habla la presidenta monta una broca. Ayer dos. En su intervención a la prensa internacional, queriendo minimizar las protesta en el Sur, remató una de sus intervenciones diciendo «Puno no es Perú». Desde luego en Puno se lo han tomado muy mal, le han recordado que fue vicepresidente por el voto de Puno. Y queriendo insistir en el terruqueo y mirar hacia otro lado sobre la represión dijo que la violencia era de los manifestantes, que en videos se habia visto como un manifestante mataba a otro a tiro de pistola y como se había disparado desde un domicilio matando a un manifestante, concluyendo «No es la polícia la que dispara». Bueno, que bajo Dios y lo vea. Las evidencias de que la policía dispara, balas y perdigones, son abrumadoras; las protestas ante ello no solo de la izquierda o los manifestantes, también de la prensa -alguna- de la Defensoría del Pueblo y ayer mismo de Asociación Civil de Transparencia. Dina Boluarte está cada vez más aislada; ayer incluso en El Comercio, un par de columnistas arremetían contra ella: uno de ellos (Martin Tanaka, docente universitario) escribía «el gobierno, más bien considera que de lo que se trata es de recuperar la iniciativa con un esquema autoritario», que el columnista considera una «peligrosa opción»; el otro (Rodrigo Cruz) bajo el título de «La incapacidad de Boluarte», afirma «A un país que arde, al presidenta no tuvo mayor idea que echarle gasolina». La entrada policial en la Universidad Nacional de San Marcos le está pasando una importante factura; DB se disculpó con la boca pequeña, dijo que la entrada había sido necesaria aunque no se había hecho de la mejor manera; explicación equívoca que no concreta, quizás se refiera al ridículo de la tanqueta arremetiendo contra una de las verjas de hierro de la puerta 3 para entrar luego en el campus, como toda la policía, por la verja contigua que fue abierta sin tener que derribarla.
En su intervención de ayer DB pidió una tregua y abrir mesas de diálogo, pero lo que hizo ayer – intervenciones policiales al margen- fue decretar el toque de queda en Puno, por diez días más y enviar a dos contingentes del ejército, desde Tacna y Moquegua, a Puno; 500 militares, que en su recorrido tuvieron que afrontar los bloqueos y las protestas de las poblaciones por donde pasaban en su traslado a la ciudad.
En cuanto al Congreso, sigue el debate sobre cuando discutir sobre el adelanto de elecciones. El Congreso ha cerrado, en principio, el actual período de sesiones y no abre el siguiente hasta el 15 de febrero – como estaba reglamentado- aunque parece que las protestas que hay ante esa falta de sensibilidad política y social han llevado a José Williams a plantear la prórroga del actual período hasta el 10. No hay nada firme todavía. La cuestión principal es que la derecha quiere dos cosas: adelantar las elecciones a abril de 2024, con tiempo suficiente para introducir las reformas previas a las elecciones, que incluyen levantar la no reelección de diputados, prohibir las candidaturas de personas con antecedentes o modificar la composición de la Junta Nacional Electoral. Ir a elecciones con cartas marcadas, y lo más lejos en el tiempo posible de las movilizaciones actuales.
La cuestión de los antecedentes tiene significado político. Entre los detenidos, el diario más afin a la extrema derecha – Perú 21- informa que cuatro de ellos – da los nombres- habían firmado en la solicitud de reconocimiento que el Movadef presentó en 2011 para su reconocimiento legal a fin de participar en las elecciones; lo hicieron más de 300.000 (maximizando Sendero Luminoso llegó a tener 10.000 miembros), lo que representa un volumen importante, sobre los cuales se pueden presentar sospechas de «terrorismo». Por otra parte, buena parte de los miembros de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru condenados entre los ochenta y los noventa, han salido ya en libertad con pena cumplida. Muchos de los firmantes no fueron nunca miembros de Sendero, no participaron en ninguna política terrorista; la mayoría de los senderistas aceptaron la «rendición» de Abimael Guzmán, tras su captura el reconocimiento de la derrota y su proclamación, unilateral, del «acuerdo de paz» en 1993. Pero firmantes y excarcelados siguen puestos bajo la sospecha por una parte de la sociedad peruana y desde luego por todas la derecha. Se acusa a Cerrón, a Castillo, y a otros de Perú Libre de connivencia con Sendero Luminoso y de haber reciclado política o institucionalmente a antiguos senderistas. Y ahora de serlo activamente a los presuntos «azuzadores» y «perpetradores» de la violencia en las manifestaciones. Para mayor problema, la derecha, desde Fuerza Popular y Renovación Popular, se está pidiendo una reforma urgente de la Ley antiterrorista, para incluir en ella, los actos de «vandalismo» que se están produciendo en las movilizaciones actuales. Alargar la actividad del actual congreso no augura nada bueno y depende de que decisiones pudiera tomar estaría haciendo eso mismo de lo que ya hay casi consenso sobre Dina Boluarte, arrojar gasolina al fuego.
Veremos cómo sigue la semana, y atención particular a Puno.
PD.: Se confirma la prolongación del periodo actual, que acaba el 31 de enero, al 10 de febrero. Pero también se confirma que no hay seguridad de que la propuesta de adelantamiento a abril de 2024 pueda tener los 2/3 necesarios; con lo que dado que el adelantamiento a 2023, hoy por hoy, no es aceptado por la derecha, que tiene mayoría absoluta en el Congreso, no habría ningún adelantamiento. Eso produciría una situación de callejón cerrado en la crisis en el aspecto institucional.
PD: Novedad. Otra ministra dimite; y el gobierno está estudiando adelanto elecciones a 2023, Es la única salida honorable que le queda.
