Salvador López Arnal

El tribunal inicia el proceso contra activistas de Palestine Action tras mantenerlos ocho meses en régimen de aislamiento preventivo por una acción directa contra el suministro de material militar a Israel.

El Tribunal Regional de Stuttgart inició este lunes 27 de abril el juicio contra cinco activistas, conocidos como los «Los Cinco de Ulm», acusados de irrumpir y sabotear la sede de la empresa Elbit Systems Deutschland el pasado septiembre. La Fiscalía General de Stuttgart imputa a Daniel Tatlow-Devally, Zo Hailu, Crow Tricks, Vi Kovarbasic y Leandra Rollo los delitos de «allanamiento de morada», «daños a la propiedad» y «pertenencia a una organización criminal», bajo el artículo 129 del Código Penal alemán. La sesión inaugural se suspendió parcialmente y está previsto que se reanude el próximo 4 de mayo.

Los hechos se remontan a la madrugada del 8 de septiembre de 2025 en la localidad de Ulm, cuando los procesados accedieron a las instalaciones de la filial del mayor fabricante de armas de Israel. Según consta en el sumario y recogen fuentes como Al Jazeera y el medio local SWR, los activistas inutilizaron equipos informáticos, mobiliario y parte de la infraestructura de la empresa utilizando martillos y palancas, además de realizar grafitis. La fiscalía cifra los daños en «cerca de un millón de euros», mientras que los acusados reivindicaron el acto como una acción directa no violenta para desmantelar las herramientas del genocidio en Gaza y denunciar la exportación de armamento desde suelo alemán.

La instrucción del caso destaca por la dureza de las medidas cautelares impuestas por la República Federal. Los cinco activistas, vinculados a la red Palestine Action, han permanecido casi ocho meses en prisión preventiva repartidos en cinco centros penitenciarios distintos. Organizaciones como CAGE International han denunciado que los acusados han sido sometidos a condiciones de alto aislamiento, permaneciendo hasta 23 horas diarias en celdas individuales con comunicaciones monitorizadas. La defensa y diversos grupos de apoyo a los prisioneros califican el procedimiento de «juicio espectáculo» y recordando que los detenidos como son presos políticos, un hecho que queda en evidencia por la desproporcionalidad de las condiciones de reclusión.

El enfoque judicial de la Fiscalía General, que implica al Centro de Seguridad y Contraterrorismo, sitúa la protesta política bajo el marco de la «criminalidad organizada». Elbit Systems es, según los datos aportados por los activistas en sus declaraciones, el proveedor de aproximadamente el 86% de las armas terrestres y tecnología de vigilancia utilizadas por el Ejército israelí. La fiscalía, por su parte, se centra en el carácter planificado de la irrupción y el perjuicio económico causado a la compañía transnacional, eludiendo el debate sobre la responsabilidad material de la empresa en el genocidio contra el pueblo palestino.

Este proceso judicial se desarrolla en un contexto de creciente hostilidad institucional en Alemania hacia el movimiento de solidaridad con Palestina. Mientras los sectores de la izquierda alemana y organizaciones de derechos humanos alertan sobre una escalada represiva y la criminalización de la protesta, las autoridades mantienen una postura de tolerancia cero contra cualquier acción que cuestione los intereses estratégicos y comerciales de la industria armamentística vinculada a Israel. De ser hallados culpables, los activistas podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión.

Fuente: Diario Socialista