El País, 7/06/2026. Al otorgar un carácter público y oficial a una simple visita del representante de una determinada opción espiritual, se vulnera la igualdad entre los católicos y el resto de ciudadanos.
No existe ningún Estado del todo laico. Ni siquiera la República francesa lo es. Y tampoco la España actual. Recuerdo una conversación que mantuve hace unos años con Gregorio Peces-Barba, jurista católico que participó a la redacción de la Constitución española de 1978. Yo, nieto de republicanos españoles, ciudadano francés, republicano, y laicista convencido, le pregunté: “¿Por qué escribieron en el texto constitucional que el Estado español es aconfesional y, al mismo tiempo, que ‘los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’? ¿No es esto contradictorio?”. Peces-Barba me contestó: “ No puede hacerse todo de golpe. Damos un paso hacia la laicidad, pero en la coyuntura no podía hacerse más”.
En la misma Francia a la que se considera la más laica de las democracias occidentales, hay excepciones a la laicidad: escuelas privadas que viven del dinero público, un régimen de concordato para las regiones de Alsacia y Mosela que viene de Napoleón, o políticos que van a rezar a una iglesia en su calidad de figuras pública y no privadas. España, casi medio siglo después de la adopción de la Constitución, cumple algunas exigencias de un Estado laico. Pero no todas. La Iglesia católica mantiene privilegios que vulneran el estricto trato de igualdad entre las personas con distintas religiones o con el humanismo ateo. Con la visita del Papa, estos días, salta a la vista la confusión entre la esfera pública y la esfera privada. Cuando a una visita de un líder religioso se le da un carácter oficial, se produce una confusión entre ambas esferas, la publica y la privada. Tal visita tendría que ser privada, pues compromete únicamente al colectivo de los católicos.
Que León XIV venga España no plantea ningún problema. Ni que presida una misa en un lugar adecuado. Tal es la libertad auténtica. Otra cosa es pronunciar un discurso ante las Cortes. El discurso del líder católico en el Parlamento va en contra del carácter aconfesional del Estado consagrado en la Constitución. Al otorgar un carácter público y oficial a una simple visita del representante de una determinada opción espiritual, se vulnera la igualdad entre los católicos y el resto de ciudadanos. Significa que el Estado español abandona su obligación de neutralidad, que en latín significa ni uno ni otro, como un árbitro de fútbol. Y es verdad que León XIV también es un jefe de Estado, además de un líder espiritual, pero también es obvio que el Vaticano no es un Estado como los demás. No se trata, evidentemente, de impedir la visita de un Papa, pero esta visita debería mantenerse privada, no en el sentido de eludir su carácter colectivo, porque las misas y actos religiosos son colectivos y tienen todo el derecho de serlo. Pero de todo esto no puede concluirse que merezca atenciones especiales del Gobierno.
La Iglesia en España ha dejado de ser lo que fue en el pasado : la de la Inquisición, o la de aquel obispo que en al Guerra Civil decía “benditos sean los cañones si en las brechas que abren florece el Evangelio”, ni tampoco la que promovió la vergonzosa limpieza de sangre. Pero todavía goza hoy de privilegios incompatibles con la igualdad de todos los españoles, sean ateos, agnósticos o creyentes. Para cumplir el ideal laico todas las religiones han de respetar la ley común y admitir la independencia de la esfera publica. Una exigencia mayor del laicismo es distinguir claramente la esfera pública de la esfera privada. El catolicismo, por ejemplo, compromete solo a los católicos y no ha de comprometer a los demás. La religión es cosa privada, individual o colectiva.
Los privilegios todavia vigentes del catolicismo han de desaparecer. Por ejemplo: las escuelas concertadas que en España, y también en Francia, se subvencionan con el dinero público. El principio laico, en este aspecto, es claro: el dinero público ha de destinarse a lo que es público, como los hospitales u otros servicios. En el caso español, se ha otorgado otro privilegio peor: las inmatriculaciones de monumentos públicos que han permitido a la Iglesia católica apropiarse bienes comunes, como la mezquita de Córdoba. ¿Cómo puede un gobierno que se dice laico admitir que de un día para otro la Iglesia pueda decir: “Esta casa, este monumento es mío”?
Y otro ejemplo es la actual bandera de España, que yo considero inconstitucional, porque tiene una cruz encima de la corona, cuando la Constitución afirma que ninguna religión tendrá carácter estatal y que todos los españoles serán reconocidos en igualdad de derechos. Para mí, la bandera legítima de España debería ser la bandera republicana morada, amarilla y roja. No lo digo solo por razones sentimentales ligadas a mis abuelos republicanos, sino como fruto de una convicción racionalista. La bandera de la República es la verdadera bandera laica.
https://elpais.com/opinion/2026-06-07/la-dudosa-laicidad-espanola.html.
