Del historiador y compañero de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
Para mi un caso [“el Catalangate”] y otro [vigilancia al gobierno español] son iguales en una perspectiva moral. Como cualquier uso de fuerza sobre las personas nuestra aspiración ha de ser conseguir la condiciones para acabar con ellas. El espionaje, como la policía, son elementos de fuerza del estado.
Pero los dos casos tienen una diferencia política. El espionaje a los indepes lo ha practicado el estado. Lo que procede es: averiguar si se ha hecho conforme a la ley vigente; con ocasión de lo sucedido reexaminar si las disposiciones de la ley actual siguen siendo las adecuadas y si hay, o no, que retocar, modificar, para mayor eficiencia de esa arma y mayor garantía de uso y control democrático de ella. El espionaje a los miembros del gobierno es una quiebra de seguridad del estado; ha de averiguarse quien lo ha hecho y proceder en consecuencia (si lo ha hecho Marruecos, el gobierno habrá hecho el ganso); y ha de depurarse la responsabilidad interna en el estado en esa quiebra de seguridad.
Son diferentes y ninguno de ellos tapa al otro. El espionaje al gobierno no desborda “por elevación” la reclamación y aclaración del espionaje a los independentistas. Esa aclaración es imprescindible; sin que eso signifique prejuzgar antes de la aclaración el comportamiento del estado -el CNI, los jueces y el gobierno. El espionaje a los miembros del gobierno no puede minimizarse ni despreciarse, como si fuera una operación de desvío de la atención. También se ha de averiguar, en este caso todo lo que se pueda, todo lo que ha pasado.
Una cosa no tapa la otra. Ni podemos aceptar que así sea o se pretenda.
