Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos
El proceso de votaciones sobre el adelanto electoral culminó, y se cerró, el viernes 4, cuando la propuesta del gobierno de instar al Congreso, a través de la Comisión de Constitución, a convocarlas no pasó adelante; en la Comisión de Constitución no consiguió más que 10 votos -por debajo de los 14 de la mayoría absoluta- por lo que fue archivada. Puesto que el período de sesiones acaba el 10 de febrero ya no hay tiempo para ninguna propuesta más. El Congreso queda fuera de juego no ya de la solución, sino de la salida de la crisis. La reacción del gobierno ha sido subir su apuesta por la represión. El sábado, durante una nueva manifestación en Lima, en la que no se produjeron enfrentamientos significativos y que siguió la tónica del aumento de participantes, la PNP cargó de nuevo lanzando bombas lacrimógenas, pegando porrazos a diestro y siniestro, y agrediendo incluso a periodistas y voluntarios de los equipos de primeros auxilios a manifestantes heridos; además detuvo a 29 personas. Se trató obviamente de una acción intimidatoria.
La demostración se acompañó con la declaración, en la misma madrugada del sábado al domingo, del estado de emergencia por 60 días en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno -donde además se establece el estado de queda por 10 días-, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna; prácticamente todo el Sur, a excepción de Ayacucho.
Lo de Ayacucho es singular, fue escenario de las primeras movilizaciones en diciembre, y de las primeras brutalidades de la represión, con el salto de una decena de muertos; luego a finales de diciembre la prensa publicó la nota de l DIRCOTE (Dirección Contra el Terrorismo) de que se había «detectado» a la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Rocío Leandro, «dando dinero a los manifestantes»; vinculaba a Rocío Leandro a Sendero Luminoso y convertía todo ello en la prueba de la orquestación de las manifestaciones en Ayacucucho por los senderistas. El 9 de enero una juez de instrucción dictaba orden de detención y el 13 era efectivamente detenida junto con otras seis personas más, la junta directiva del FREDEPA, y puesta en detención preliminar de quince días, a la espera de que el poder judicial aceptara la base de la acusación y los situara en prisión provisional de 18 meses a la espera de juicio. El lunes 30 de enero la DIRCOTE amplió la noticia anunciando que su investigación había identificado a Rocío Melgar y los otros detenidos como los integrantes del Comité Regional de Sendero Luminoso en Ayacucho. No es aventurado suponer que la paralización de las manifestaciones tuvo que ver con el descabezamiento del FREDEPA y el clima de persecución policial.
Lo de Rocío Leandro tiene su que. Sin duda fue o estuvo vinculada a Sendero Luminoso a comienzos de los noventa, cuando a finales de 1992 fue detenida como miembro de un Comité de Lima que supuestamente habría asesinado al entonces secretario general de la CGTP, Pedro Huisca, el 18 de diciembre de aquel año. Desde el primer momento, la CGTP acusó a Fujimori del hecho, pero -obviamente- lo que prosperó fue la acusación policial por la un consejo de guerra condenó a cinco senderistas a cadena perpetua, otro a 20 años de cárcel, y a Rocio Melgar, a la que se la acusaba de haber seleccionado a los autores del atentado, a una pena de la que cumplió nueve años. Los familiares de Pedro Huisca apelaron al Comité Interamericano de Derechos Humanos, que aceptó la investigación en 1998 y la resolvió en 2003 dictaminando que los asesinos habían sido el grupo paramilitar Colina, bajo el mando de Vladimir Montesinos; el Estado peruano acató en 2004 el dictamen y tras la larga prisión sufrida los falsamente acusados recuperaron la libertad. No obstante, aquel mismo año un periodista, del grupo de El Comercio y fundador del Instituto Prensa y Sociedad -financiado entre otros por la Open Society Fundation y la National Endowment for Democracy- insistió, sin pruebas que merecieran ninguna reapertura judicial del caso, en la autoría de Sendero Luminoso, basándose en las declaraciones del «camarada Feliciano», líder de un grupo disidente senderista -el PCP.SLO-Proseguir-. Desde luego, la prensa del grupo El Comercio ha sostenido en estos días la supuesta participación de Rocío Leandro en el asesinato de Pedro Huisca. También ha recordado que estaba entre los firmantes de la petición de reconocimiento como partido del MOVADEF en 2011, por lo que, sin duda, era miembro de esa organización. Hay pocas dudas de la militancia pasada y presente de Rocío Leandro, pero no hay certeza -más allá de las acusaciones policiales- de lo que realmente hizo. Pero todo el episodio sirve para terruquear al MoVADEF, al FREDEPA, y, en el fondo, a los que se movilizan, y desde luego a los activistas, los «azuzadores».
Han pasado los quince días desde la detención de los dirigentes del FREDEPA y todavía el juez no ha decidido si los pone en libertad o dictamina su prisión provisional. Por cierto, hoy La República -que rechaza el terruqueo y las formas de la represión gubernamental- ha publicado que uno de los argumentos de la fiscal que presenta la acusación incluye como delito de Rocío Leandro haber organizado un coloquio en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga -la de Ayacucho- «Conflicto armado interno (1980-2000) en el Perú del Bicentenario», en el que sostiene se produjo apología del terrorismo. Es falso, el coloquio fue organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, junto con la Alianza de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, financiado por la Universidad de Le Havre (Francia) y con participación de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma Metropolitana de México; Rocío Lendro fue invitada a participar como público. Así están las cosas.
En Ayacucho se ha rehecho el FREDEPA, eligiendo una nueva dirección encabezada por Íber Maraví, ministro de Trabajo con Pedro Castillo (julio-octubre) que tuvo que dimitir tras la campaña mediática en su contra acusándole de ser miembro del Movadef, e incluso de haber participado en acciones terroristas en 1981. Este lunes ha vuelto a dar señales de vida convocando paro indefinido a partir de hoy. Hoy, tras una tregua el domingo, con el desbloqueo de carreteras en Madre de Dios, Puno y Cusco para permitir el tránsito de abastecimientos, está anunciados el retorno a bloqueos y manifestaciones y los anuncios de que los bloqueos de carreteras serán levantados, con el auxilio de las fuerzas armadas en los Departamentos en los que se ha declarado el estado de emergencia. A día de hoy, a las 12.30, hay de nuevo 65 puntos de bloqueo. En Cusco, Puno, Apurímac, Madre de Dios y también Ayacucho. La CGTP ha dado otro paso adelante convocando un paro nacional indefinido a partir del jueves (su anterior convocatoria de paro había sido por un día). La CGTP dice tener 800.000 afiliados, la mayor parte en el sector público (otros sectores en los que tiene importancia es en el de la construcción y la enseñanza).
