Tradicionalmente, contra lo que es usual hoy día, las expresiones habituales para designar los dos segmentos en que, a partir de la Revolución Francesa, acostumbra a dividirse el espectro político no aparecían en singular, sino en plural. Ya les gustaría a personajes como Pedro Sánchez y demás socios de gobierno ser reconocidos como representantes de un bloque monolítico llamado «izquierda» y, simétricamente, poder meter en el mismo saco de una «derecha» sin fisuras a todos los partidos que hoy conforman la oposición parlamentaria en España. Pero contra esa tendencia al reduccionismo y la simplificación grosera (tendencia presente y aun dominante por igual en las derechas y en las izquierdas), el examen desapasionado tanto de los programas como de las actuaciones de partidos de uno u otro bando permite hallar diferencias no sólo de detalle sino también de fondo.
Cierto que hay elementos comunes entre los distintos sectores que se identifican con uno u otro de los lados del espectro político. Verbigracia: un rasgo común a todas las derechas es la legitimación más o menos franca de la desigualdad (de rentas, de derechos o de ambas cosas). Simétricamente, las izquierdas coinciden en líneas generales en el rechazo más o menos decidido y más o menos coherente de esas formas de desigualdad.
Yendo al grano. Tras los «Treinta gloriosos» de posguerra (1945-1975), en que buen número de defensores de la economía de mercado admitieron la conveniencia, cuando no la necesidad, de introducir mecanismos de regulación que garantizaran un mínimo de redistribución en aras del consenso y la paz social, sobrevino la reacción neoliberal que paulatinamente, a lo largo de otros 30 ó 40 años, bajo la égida de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se ha dedicado con gran empeño a desregular todo lo previamente regulado.
Ni que decir tiene que la Comunidad Económica Europea primero y la Unión Europea a continuación se han sumado con entusiasmo a la empresa desreguladora una vez dejados atrás los modestos elementos de política social, sepultados sin ninguna solemnidad con el cadáver del extinto tratado de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), que dio origen a todo el entramado institucional que hoy conocemos como UE.
Claro que al hablar de desregulación conviene precisar mucho. La UE, a la vez que ha obligado a los Estados miembros a dar rienda suelta a los movimientos de capital privado, se ha dedicado con igual o mayor celo a embridar la inversión pública imponiendo estrictos topes al déficit y a la capacidad de endeudamiento de los Estados, forzando la privatización en masa de empresas estratégicas (transporte, energía, comunicaciones, etc.), presionando a favor del recorte de las prestaciones sociales y promoviendo su privatización. Todo ello reforzado mediante la supresión de la facultad de los Estados miembros de emitir moneda y medios de pago en general. El Leviatán de Bruselas, en suma, mientras con una mano liberaliza el mercado de trabajo eliminando topes a los márgenes de explotación, con la otra, en nombre de un supuesto celo por la protección del medio ambiente, impone normas de todo tipo hasta detalles tan grotescos como el diseño de los tapones de las botellas de plástico (ya puestos, ¿por qué no prohibir sin más esas botellas, así como las dichosas y escasamente higiénicas latitas, y obligar a los fabricantes de bebidas a volver al ecológicamente impecable vidrio, con la consiguiente creación de puestos de trabajo para su reutilización?)
Ahora bien, a partir de la crisis de 2008, seguida de la pandemia de 2020, parece estar produciéndose un movimiento de sentido contrario en determinados puntos del sistema ―todavía en gran parte― neoliberal. Sin dar, por supuesto, marcha atrás en la tendencia general de las derechas a erigirse en valladar protector de privilegios, se producen desplazamientos en cuanto al peso otorgado a unos privilegios frente a otros. Simplificando mucho, pero recogiendo lo esencial, podemos encontrar primeramente en el lado derecho de la escala ideológica cohortes de fieles discípulos de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Milton Friedman (padre de la «Escuela de Chicago»), sobre cuyo liberalismo económico a ultranza, y al amparo de entidades como la Mont Pelerin Society o el Manhattan Institute, se fue construyendo durante la segunda mitad del siglo XX el edificio teórico-práctico del neoliberalismo. Es esa progenie de autodenominados, en inglés, «libertarians» la que ha dominado durante decenios, y sigue dominando en la mayor parte de Europa y en países de Iberoamérica como la Argentina, la política económica de los Estados, incluidos países con gobiernos presuntamente socialdemócratas.
Pero junto a esa «vieja escuela» de defensores del darwinismo social surgen cada día nuevos representantes de una tendencia que, en lugar de poner en el centro de su concepción de la economía y la política al individuo libre de ataduras comunitarias, al «Atlas» rebelde exaltado por Ayn Rand en sus novelas, reivindica la primacía de la nación y el Estado como sujeto político. A partir de ahí surge la crítica a la globalización y la defensa de un cierto proteccionismo (con las consiguientes derivas xenófobas bien conocidas en todos los países receptores de flujos migratorios importantes).
Esa especie de nuevo comunitarismo selectivo y excluyente puede alcanzar cotas grotescas, como la comunidad instalada en la isla hondureña de Roatán y constituida como ciudad privada con el nombre de «Próspera», con todo tipo de facilidades fiscales para «emprendedores» que quieran desarrollar actividades lucrativas a salvo de todo control externo y gozar de gratificantes relaciones sociales con personas «interesantes».
Se trata, pues, de una derecha defensora no tanto de privilegios individuales como de privilegios colectivos expresables sucintamente con lemas como «los de aquí, primero». En esa tendencia se inscriben fenómenos como el estadounidense MAGA, el lepenismo en Francia, las políticas impulsadas por el partido Ley y Justicia en Polonia o por el partido Fidesz de Viktor Orban en Hungría, o las propuestas programáticas de Alternative für Deutschland en Alemania. Un denominador común a todas esas tendencias es la revalorización del Estado nacional frente al «globalismo». Un Estado, por supuesto, de rasgos autoritarios, reacio a tomarse en serio principios liberales como la separación de poderes, que recurre sin complejos a la retórica y la práctica nacionalista, favoreciendo a las empresas autóctonas frente a las extranjeras, a la vez que trata de ganarse el apoyo de las clases populares mediante diversos mecanismos de protección social típicamente paternalistas, que en modo alguno implican una verdadera política redistributiva.
La derecha liberal (que en países como España o Francia incluye a los partidos «socialistas») descalifica a esa derecha «nacionalista» acusándola de «populismo». Término, por cierto, demasiado desgastado como para que sirva de algo a la hora de definir una corriente política. Porque si llamamos populismo a toda política que busque gozar de popularidad, entonces los partidos neoliberales no pueden librarse de ese sambenito.
Lo que ocurre es que la globalización desatada durante los últimos decenios, con traslados masivos de empresas al extranjero, unida a la creciente sustitución de las grandes unidades productivas por conglomerados de microempresas o nubes de autónomos (falsos autónomos en la mayoría de los casos), ha llevado a un grado tal de inseguridad y volatilidad en el mundo del trabajo y en la vida social en general que cualquier propuesta política que ofrezca un mínimo de seguridad cuenta de entrada con altos grados de aceptación.
Por eso la izquierda liberal moderna, que ha puesto el acento en su adjetivo antes que en el sustantivo, está condenada a fracasar si desoye el sordo clamor que subyace a las encuestas que muestran una creciente atracción de las políticas autoritario-proteccionistas entre las generaciones más jóvenes. Jóvenes sin seguridad laboral ni habitacional, expuestos a la dura competencia con inmigrantes ilegales, jóvenes que a falta de verdadera comunidad que los acoja y los integre se refugian en las tribus urbanas, en el solipsismo general fomentado por las redes sociales (todo redes, nada sociales) o en los matapenas tradicionales del alcohol o los estupefacientes. Y que, si todo lo anterior no les ha disuadido de esperar algo de la política, optan, no por partidos de izquierda vistos como parte integrante del «sistema», sino por aquellos que parecen ofrecerles algo de seguridad, aunque vaya acompañada de recortes a la libertad. Porque, dada la situación real de las llamadas sociedades «libres», vuelve a cobrar plena vigencia la vieja pregunta: «Libertad, ¿para qué?»
La izquierda (cómodamente) instalada en las instituciones suele considerar como su enemiga principal a esa derecha, digamos, populista. Uno no puede evitar la sospecha de que lo hace porque ha interiorizado los valores básicos del neoliberalismo, al que pretende simplemente dotar de un «rostro humano». Porque en cuanto a la defensa del Estado de derecho, dejando de lado que la derecha liberal tradicional sólo lo reivindica cuando y en la medida que le conviene, no se puede decir que gobiernos pretendidamente de izquierdas (apoyados, eso sí, por un puñado de ultranacionalistas antisolidarios) se distingan mucho por el respeto de principios básicos de la democracia liberal como la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Pero dejando de lado la vertiente de la política interior, la situación que vive el mundo, con un foco de guerra a gran escala enquistado en el Oriente de Europa, obliga a tomar prioritariamente en consideración cuestiones candentes de política exterior. La guerra de la OTAN contra Rusia por mediación de Ucrania está poniendo de manifiesto cómo pretendidos defensores de las tradiciones democráticas, encastillados en la mayoría de los gobiernos europeos y en las instituciones de la Unión Europea, se han convertido en apóstoles del belicismo más insensato, acercando cada vez más a Europa al borde del abismo nuclear. En la medida, en cambio, que representantes de la derecha llamada populista (como el primer ministro húngaro Viktor Orbán) muestran una resistencia más o menos decidida a seguir esa deriva, no es ajeno al sentido común, y sí muy conforme con el instinto de supervivencia, suscribir las siguientes reflexiones del periodista italiano Andrea Zhok publicadas en su Facebook
Desde este punto de vista, también hay que acoger con satisfacción las iniciativas populistas, porque la prioridad en este momento no es «revolucionaria», no es la sustitución de una clase dirigente por una nueva clase dirigente capaz de proporcionar un rumbo alternativo coherente. Este es un ideal normativo que hay que perseguir, pero la urgencia actual es eliminar de las salas de mando a los actuales «monopolistas de la violencia» que se alternan en el gobierno.
