Cómo el alquiler, la vivienda y las finanzas convirtieron los ingresos no ganados en la lógica central del capitalismo contemporáneo.
Una de las grandes pesadillas de los primeros economistas políticos la encarnaba un grupo social cuya riqueza se multiplicaba sin ningún esfuerzo por su parte. Se les llamaba rentistas, aunque, en la práctica, en aquel entonces, equivalía más o menos a terratenientes. En su opinión, esta clase social era un remanente feudal que obstaculizaba el desarrollo del capitalismo y lastraba el crecimiento económico. Como escribió John Stuart Mill, los terratenientes «se enriquecen, por así decirlo, mientras duermen, sin trabajar, arriesgar ni economizar».
Este rentismo fue atacado desde dos perspectivas. La primera era de carácter moral: ¿era justo que algunas personas se enriquecieran únicamente por poseer propiedades, sin aportar trabajo ni contribuir al bienestar colectivo? Al fin y al cabo, los terratenientes obtenían rentas como peaje por permitir que otros trabajaran la tierra, razón por la cual pronto se empezó a hablar de «ingresos no ganados». La segunda crítica era económica: si esas rentas eran demasiado altas, las ganancias capitalistas se verían reducidas y el crecimiento se ralentizaría. El rentismo no solo era injusto, sino también ineficiente.
Para los economistas clásicos, lo verdaderamente importante era el aumento de las ganancias capitalistas, ya que estas eran las únicas que podían reinvertirse en mejoras productivas capaces de impulsar el crecimiento. El problema con los terratenientes residía en que sus rentas solían gastarse en bienes y servicios de lujo que no contribuían al bienestar general, aunque el reverendo Malthus los defendía por el papel que les atribuía en el mantenimiento del orden social tradicional. En cambio, economistas como Adam Smith, David Ricardo y el propio John Stuart Mill valoraban el esfuerzo y el trabajo, virtudes que no veían reflejadas en una nobleza educada en los valores de las élites feudales. Para ellos —y como también reconocería la historiografía económica posterior—, uno de los grandes problemas del Imperio español fue que dedicó la enorme riqueza extraída de América no a mejorar su capacidad productiva —industrialización, como diríamos hoy—, sino a un consumo ostentoso que reforzaba la posición social de comerciantes, conquistadores y élites en general. Es decir, una forma de búsqueda de rentas (no en el sentido neoclásico).
Con el tiempo, el concepto de rentismo desapareció del vocabulario de la mayoría de los economistas. Hoy en día, es raro leer o escuchar a economistas cuestionar ciertos tipos de ingresos: en la economía convencional, todos los ingresos se tratan como equivalentes y se consideran igualmente funcionales para el desarrollo económico. Sin embargo, antes de que se produjera este cambio intelectual, el debate alcanzó un momento crítico con la figura de Henry George, un controvertido economista que quedó en segundo lugar en las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 1886.
George amplió el razonamiento clásico y defendió con vehemencia un impuesto único sobre la tierra. Su propuesta se basaba en una visión económica muy particular: apoyaba el libre mercado y la propiedad privada del fruto del trabajo, pero argumentaba que los recursos naturales pertenecían a la comunidad en su conjunto. En consecuencia, consideraba injusto que los propietarios se enriquecieran apropiándose de algo que pertenecía a todos, como la tierra. Esta forma de pensar lo llevó a hacer de la lucha contra el rentismo el eje central de su programa político-económico.
El núcleo del argumento era simple, pero muy contundente. Como ya había señalado John Stuart Mill, las rentas de la tierra aumentaban sin que el propietario tuviera que intervenir: su valor dependía de la dinámica económica de la comunidad. George lo ilustró claramente: la tierra adquirida en una zona remota y aislada valdría poco más que el valor de los productos cultivados en ella. Pero si esa zona se desarrollaba con la llegada de comerciantes, negocios e infraestructura, esa misma parcela multiplicaría su valor aunque su productividad no hubiera variado en absoluto. Ese nuevo valor sería enteramente resultado del desarrollo colectivo, pero la renta generada iría exclusivamente al propietario. Por lo tanto, George propuso un impuesto elevado sobre esa apreciación, de modo que lo que la comunidad había creado le fuera devuelto. Por lo tanto, no es sorprendente que estas ideas provocaran una férrea oposición por parte de las élites propietarias y un conflicto especialmente duro con la Iglesia, que excomulgó a un sacerdote aliado de George e incluso llegó a debatir la prohibición de las obras del economista.
Lo importante es que tanto el argumento como la propuesta de George siguen siendo plenamente relevantes hoy en día. La tierra se revaloriza según su centralidad geográfica: cuanto mayor sea la actividad económica circundante (empresas, infraestructuras, servicios), mayor será su valor. Este es un caso paradigmático de rentismo: la extracción de rentas económicas no ganadas simplemente por poseer un recurso escaso. A partir de la década de 1930, y en gran medida siguiendo a Keynes, el debate sobre el rentismo se trasladó de la propiedad de la tierra al ámbito financiero. El crecimiento del sistema financiero demostró que allí también era posible enriquecerse «mientras dormía», desviando al mismo tiempo recursos que podrían haberse asignado a actividades productivas. Sin embargo, con el tiempo, el concepto de rentismo desapareció de la gramática económica dominante.
El problema es que hoy en día es imposible comprender procesos centrales de nuestro tiempo —como la crisis inmobiliaria o la hegemonía financiera— sin recuperar este concepto clásico. La diferencia con el siglo XIX radica en que hoy grandes segmentos de la población participan en este rentismo, aunque en distintos grados: la «democratización» del acceso a la vivienda en propiedad y a los productos financieros ha facilitado que muchos hogares complementen sus ingresos regulares con alquileres que parecen caer del cielo: dinero que se multiplica mientras dormimos.
Hoy en día, la vivienda ofrece una rentabilidad comparable a la de cualquier otra actividad financiera, como invertir en empresas medianas. Si especular con vivienda genera una rentabilidad del 15% —como ocurrió en España en 2024— mientras que invertir en bonos del Estado genera un 3%, el capital fluirá racionalmente hacia la primera. Esto es precisamente lo que los economistas clásicos denunciaron como una asignación ineficiente de recursos. Y este es, a grandes rasgos, nuestro panorama actual: no es raro oír que grandes fortunas —artistas, presentadores de televisión o políticos— invierten en bienes raíces a través de fondos de inversión que funcionan como auténticas máquinas de extracción de rentas. ¿Qué futuro le espera a una economía con tales incentivos, donde el capital no se utiliza para modernizar el país, sino para permitir que ciertos grupos sociales vivan de las rentas?
Los economistas clásicos también nos habrían recordado que los ingresos no laborales solo existen a expensas del trabajo ajeno: son, en esencia, ingresos parásitos. Basta pensar en el mercado inmobiliario. Cuando alguien compra una vivienda como inversión y luego la vende o la alquila, los ingresos derivados provienen exclusivamente de la propiedad, no de ningún esfuerzo. Y esas rentas no caen del cielo: se extraen directamente de los bolsillos de otros ciudadanos —no propietarios— que necesitan estos bienes escasos y deben trabajar duro para pagarlos. En el ámbito financiero, el mecanismo es más sofisticado, pero fundamentalmente el mismo: el dinero se aprecia porque los fondos realizan operaciones de extracción de rentas, por ejemplo, comprando empresas, reestructurándolas y recortando los salarios de los trabajadores.
La economía convencional ha abandonado el debate sobre la propiedad y el poder, facilitando la reproducción del rentismo. La consecuencia lógica es el aumento de la desigualdad, ya que solo quienes ya poseen bienes escasos, como la vivienda, pueden acceder a rentas no ganadas. La concentración de la propiedad incrementa la desigualdad y, a su vez, genera nuevas dinámicas de concentración. ¿De qué otra manera se puede explicar que, en la España actual, el 10% de los hogares más ricos posea el 50% de la riqueza total?
La gran paradoja es que hoy no vivimos bajo el capitalismo imaginado por Adam Smith o John Stuart Mill, sino bajo su reverso. Estos autores concibieron el capitalismo como un sistema que, a pesar de todas sus limitaciones, recompensaba el trabajo, la innovación y la inversión productiva, y que debía combatir activamente las rentas improductivas por razones tanto morales como económicas. El capitalismo contemporáneo, en cambio, ha hecho exactamente lo contrario: ha normalizado los ingresos no ganados, los ha despojado de toda carga moral y los ha integrado en el núcleo mismo de su funcionamiento.
Así, el rentismo ha dejado de ser una anomalía o una disfunción para convertirse en una forma respetable, incluso deseable, de acumulación. Este cambio no es meramente técnico o académico, sino profundamente político. Al dejar de hablar de rentas, la economía ha contribuido a neutralizar el conflicto social que generan y a legitimar una estructura de desigualdad basada en la concentración de la propiedad. Cuando la vivienda, el suelo o los activos financieros se tratan como meras inversiones, se oculta que las rentas que generan provienen del trabajo ajeno y del esfuerzo colectivo. El resultado es un sistema que premia la propiedad por encima de la contribución y consolida una economía cada vez más parasitaria.
