El País, 3/06/2026. “La Xarxa Dret i Presó critica que el sistema penitenciario catalán presenta “síntomas de clara regresión” ante el uso de contenciones y los problemas de salud mental y suicidios.”
El próximo 10 de junio el papa León XIV hará una breve parada en su visita de dos días en España en la cárcel de Brians 1, la tercera cárcel más poblada de Cataluña, con casi 1.100 presos entre hombres que están en prisión provisional a la espera de ser juzgados y mujeres que ya han sido condenadas. La Xarxa Dret i Presó (Red Derecho y Prisión, en catalán), una plataforma que integra a 10 entidades de diferente talante y algunas de vocación católica, ha remitido a Robert Francis Prevost una dura carta con la que pretende criticar la situación del centro penitenciario (y del resto de los existentes en Cataluña) en el que hará un alto en el camino antes de acudir a Montserrat. Denuncia que se trata de la prisión que “más denuncias ha recibido”, señala el documento al que ha accedido EL PAÍS, por presuntos maltratos, prácticas de aislamiento, contenciones mecánicas y también suicidios, que suman cinco en lo que va de año. León XIV prevé tener un encuentro con presas en el centro.
La carta denuncia que el sistema penitenciario catalán, cuya competencia es de la Generalitat desde 1984, es “aparentemente muy avanzado y seguramente lo sea si lo compara con prisiones que ha visitado recientemente o a lo largo de su vida”, una clara alusión a la reciente visita papal a la cárcel de Bata, en Guinea Ecuatorial, durante su gira por África. El texto, sin embargo, denuncia que las cárceles catalanas están “lejos” de los objetivos que marca su marco regulatorio y presentan “síntomas de clara regresión, impropios de una sociedad occidental desarrollada”. “En definitiva, no cumple los protocolos internacionales”, asevera un texto que enumera diferentes convenios para acabar refiriéndose a un informe elaborado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en el que se advertía de los problemas “de deterioro de la salud mental, la aplicación de medidas como el régimen de aislamiento y también el uso abusivo de la práctica de contenciones mecánicas”.
“El centro penitenciario que usted visitará está integrado por mujeres y personas en régimen preventivo, en espera de juicio”, se dirige la plataforma denunciante directamente a León XIV, para después subrayar que ese difícil proceso de espera en el que se encuentran los presidiarios se ve agravado por “la lentitud y la falta de medios de la Justicia”. Pero dentro de la prisión, expresa la carta, esas mujeres además han de ocupar módulos dentro de los recintos penitenciarios masculinos, lo que hace más evidente las limitaciones de las infraestructuras y de las actividades que se pueden desempeñar.
El Parlamento catalán está a punto de poner en marcha un grupo de trabajo acerca de las condiciones de vida en las cárceles catalanas, cuya iniciativa, impulsada por los grupos de ERC, Comuns y CUP con la iniciativa de la Xarxa Dret i Presó que firma la misiva, y en la que figuran 10 entidades.
Las entidades firmantes destacan especialmente el “sufrimiento” que padecen no solo los presos, sino sus familiares, por el deterioro “de las relaciones afectivas y familiares y de los vínculos parentales y de pareja”. Las organizaciones critican que con el actual sistema, “el reconocimiento social” de las familias de la población penitenciaria es “prácticamente nulo” y que, además, estas padecen los efectos directos de la relación de sus familiares presos: empobrecimiento económico y los gastos derivados de los trámites judiciales y de los desplazamientos hasta las cárceles para poder verlos.
Xarxa Dret i Presó reivindica que trabaja por la abolición total de la práctica de inmovilizar a personas en las camas de los departamentos de régimen cerrado, una medida pensada inicialmente para “situaciones extremas” y aplicada como castigo en Cataluña en una proporción muy superior al resto de prisiones españolas. Asimismo, la carta también critica que el coste mensual de mantener a un preso en Cataluña, de 6.000 euros, no logra resultados en cuestión de rehabilitación, al tener en cuenta el estigma social, la degradación personal, los problemas de salud mental y efectos colaterales para sus familias, que “son, casi siempre, definitivos”.
Entre las entidades que suscriben la carta abierta al Papa se encuentran Alerta Solidària, Arrels Advocats, Associació de Famílies de Presos a Catalunya, Observa, Associació pel monitoratge del sistema penal, IACTA Cooperativa d’advocades, Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, Justícia i Pau, Observatori del Sistema penal i els drets humans de la Universitat de Barcelona, y la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.
