Que Jorge Riechmann tenga que sentarse en el banquillo por participar en protestas climáticas pacíficas resulta profundamente revelador del tiempo que vivimos. No porque sea un caso aislado, sino precisamente porque no lo es.
El filósofo, poeta y ecologista que lleva décadas advirtiendo con rigor, serenidad y lucidez sobre el colapso ecosocial se enfrenta ahora a procesos penales por acciones de desobediencia civil no violenta. En uno de ellos, junto con Marina Martínez y Francisco del Pozo, ya celebrado el 26 de mayo de 2026 y pendiente de sentencia, la Fiscalía ha mantenido su petición de diez meses de prisión por el bloqueo del puente de la calle Raimundo Fernández Villaverde, sobre la Castellana, en Madrid, durante una protesta climática de octubre de 2019 dentro de una movilización de 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion en la que participaron unas 300 personas para reclamar políticas urgentes frente a la emergencia climática. En otro procedimiento, Riechmann afronta una petición de 21 meses de prisión por la acción de Rebelión Científica ante el Congreso en 2022, en la que se vertió un líquido biodegradable para simbolizar la sangre derramada por la inacción climática.
La escena tiene algo de inversión moral intolerable. Quienes han contribuido durante décadas a ocultar, minimizar o retrasar la respuesta frente al desastre climático continúan disfrutando de respetabilidad política, económica y mediática. Quienes interrumpen pacíficamente la normalidad para denunciar que esa normalidad nos conduce al abismo son tratados como delincuentes. Se castiga el gesto que incomoda, mientras se tolera la inacción que destruye. Se persigue la protesta que bloquea durante unas horas una vía urbana, mientras se normalizan políticas que bloquean durante décadas la posibilidad de un futuro habitable.
El caso de Riechmann no debe leerse sólo como un episodio penal español. Forma parte de una tendencia internacional que los informes recientes sobre litigación climática describen con creciente preocupación. El informe de UNEP y el Sabin Center sobre litigación climática de 2025 recuerda que la litigación climática tiene dos caras: puede servir para exigir a estados y empresas que actúen frente al calentamiento global, pero también puede ser utilizada como reacción contra la acción climática. El informe llama backlash cases a los litigios de reacción o contraataque: procedimientos destinados a retrasar, desmontar o resistir políticas climáticas, o a intimidar a quienes defienden la justicia climática. Dentro de esa categoría incluye expresamente los procedimientos civiles o penales contra activistas, periodistas, personas y organizaciones que se oponen a los combustibles fósiles u otros proyectos altamente emisores.
Conviene ser precisos. El procesamiento de Riechmann no es una SLAPP clásica, si por SLAPP entendemos una demanda civil abusiva promovida por una empresa poderosa para silenciar a sus críticos. Aquí estamos ante un procedimiento penal impulsado por la Fiscalía. Pero el efecto político puede ser parecido: producir miedo, desgaste, autocensura, cansancio, prudencia forzada. El informe del Grantham Research Institute de la London School of Economics señala que el Sabin Center ha identificado más de ochenta casos en el mundo vinculados a manifestantes climáticos, muchos de ellos «reactivos», en los que se procesa a activistas por actos como allanamiento, daños o desórdenes, y en los que éstos invocan la llamada «defensa de necesidad climática», esto es, la idea de que la acción estaba justificada para evitar un daño mayor.
Lo inquietante es precisamente ese efecto desaliento. Climática recoge cómo los propios activistas hablan del chilling effect: el frío que se instala en el cuerpo social cuando la protesta pacífica empieza a implicar años de procedimientos, gastos, ansiedad, miedo a la cárcel y amenaza de antecedentes. El castigo no empieza con la sentencia; empieza mucho antes, con el proceso mismo. Empieza cuando una persona sabe que, si se tumba en el suelo para denunciar la emergencia climática, puede pasar años pendiente de un juzgado mientras quienes toman decisiones que agravan esa emergencia siguen hablando de crecimiento, competitividad y sentido común.
Y en España este proceso no ocurre en el vacío. Coincide con el ascenso de una cultura política abiertamente antiecológica, alimentada sobre todo por la ultraderecha y parcialmente normalizada por sus alianzas con la derecha conservadora. Vox ha convertido el ecologismo en uno de sus enemigos simbólicos. En su programa ambiental para las elecciones de 2023 defendía más regadíos, más coches de combustión y el abandono del Acuerdo de París, mientras presentaba los avances climáticos como imposiciones de «radicales ecologistas», de la Unión Europea o de organismos internacionales. No estamos ante simples diferencias técnicas sobre cómo hacer la transición ecológica. Estamos ante una operación ideológica: convertir la defensa de las condiciones materiales de la vida en una amenaza a la patria, al campo, al empleo o a la libertad.
Los pactos entre PP y Vox en distintas instituciones han mostrado hasta qué punto ese discurso puede traducirse en políticas concretas. El País señalaba ya en 2023 que esos acuerdos ignoraban la crisis climática y entregaban a Vox áreas ligadas al campo, mientras incorporaban medidas como la ampliación de regadíos, la rebaja de normas ambientales, la reducción de limitaciones en espacios protegidos, la reversión de políticas europeas y la supresión de carriles bici en algunas ciudades. Es decir, justo cuando la ciencia climática exige acelerar la mitigación y la adaptación, una parte de la política española se dedica a deshabilitar y desacreditar los instrumentos mínimos para hacerlas posibles.
La estrategia, además, se ha vuelto más sofisticada. No siempre consiste ya en negar frontalmente que exista el cambio climático. A menudo adopta la forma del retardismo: aceptar de palabra que hay un problema, pero oponerse sistemáticamente a cualquier medida eficaz para afrontarlo. Se desvía la conversación, se exageran los costes inmediatos, se invoca la defensa de «los nuestros» contra supuestas imposiciones globalistas, se prometen falsas soluciones tecnológicas futuras y se deslegitima a quienes reclaman actuar ahora. Climática ha descrito esta evolución en el discurso de Vox: la ultraderecha ya no necesita negar siempre el fenómeno; le basta con desmovilizar, retrasar y vaciar de contenido las políticas climáticas.
En ese contexto, procesar penalmente a quienes practican la desobediencia civil climática no es un hecho neutro. Por supuesto, los tribunales deben valorar actos concretos, derechos de terceros, proporcionalidad y legalidad. Nadie sostiene que toda protesta quede automáticamente fuera del derecho. Pero tampoco puede fingirse que una protesta climática pacífica es un simple problema de orden público, como si quienes se sientan en una carretera lo hicieran por capricho, vandalismo o afán de notoriedad. El cambio climático es una amenaza existencial reconocida por la comunidad científica, por tribunales internacionales y por organismos de Naciones Unidas. La protesta climática no es una molestia privada; es una forma de intervención democrática ante la insuficiencia de las instituciones.
Hay tribunales que han entendido esto. En Olsen v. Police, en Nueva Zelanda, el tribunal afirmó que el derecho a la protesta pacífica, especialmente en materia climática, debía tener peso al valorar condiciones de libertad bajo fianza. Ese caso no es un ejemplo de represión, sino precisamente de lo contrario: muestra que incluso dentro del sistema penal es posible reconocer la relevancia democrática de la protesta climática. Por eso resulta más grave que en otros contextos la respuesta institucional parezca consistir en cerrar los ojos al mensaje y ensañarse con el mensajero.
La cuestión de fondo es ésta: ¿qué tipo de sociedad castiga antes a quienes alertan del incendio que a quienes siguen echando gasolina? Riechmann no es peligroso porque bloquee un puente. Lo que resulta peligroso, para el poder, es que diga con claridad lo que tantos prefieren no oír: que la crisis ecológica no se resolverá con pequeños ajustes, que el capitalismo fosilista ha chocado contra los límites biofísicos del planeta y que la transición necesaria exige transformaciones profundas en la producción, el consumo, la movilidad, la energía y la idea misma de progreso. Público recoge sus palabras sobre el auge reaccionario y el antiecologismo como una de las marcas de la ultraderecha, así como su diagnóstico de una «hipernormalidad» en la que seguimos actuando como si el mundo que conocemos pudiera durar indefinidamente. La criminalización de la protesta climática cumple entonces una función política: proteger la apariencia de normalidad. Mientras se juzga a quienes interrumpen el tráfico, no se juzga la irresponsabilidad de quienes retrasan la transición. Mientras se exagera la gravedad de una acción simbólica, se minimiza la gravedad de la desertificación, las olas de calor, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de cosechas, el sufrimiento de los más vulnerables y la transferencia de daños hacia las generaciones futuras. Se invierte la escala de valores: el orden circulatorio importa más que el orden climático; la fachada del Congreso importa más que las condiciones materiales de la democracia; la tranquilidad del presente pesa más que la habitabilidad del futuro.
En mi nota sobre litigación climática señalaba que ésta no es un terreno automáticamente favorable a la justicia climática. Puede servir para exigir responsabilidad a estados y empresas, pero también para intimidar a activistas, periodistas y comunidades locales mediante procedimientos penales, demandas estratégicas o litigios de reacción. El caso Riechmann muestra esa segunda cara. No estamos sólo ante un juicio a tres personas. Estamos ante una señal dirigida a todo un movimiento: protestar puede salir caro; interrumpir la normalidad puede destruir tu propia normalidad; decir la verdad en voz alta puede llevarte al banquillo.
Frente a eso, conviene no responder con moderación impostada. Hay que decirlo con claridad: resulta indecente que una sociedad que no está haciendo lo suficiente para proteger a sus jóvenes, a sus mayores, a sus trabajadores expuestos al calor, a sus territorios amenazados por la sequía y a sus generaciones futuras trate como amenaza penal a quienes reclaman precisamente esa protección. La democracia no se defiende silenciando a quienes advierten de sus condiciones ecológicas de posibilidad. Se defiende escuchándolos, incluso cuando molestan; quizá sobre todo cuando molestan. Porque, en un tiempo de colapso climático, la protesta no violenta no es el problema. El problema es la tranquilidad obscena de quienes quieren seguir llamando «orden» a la marcha organizada hacia el desastre.
https://mientrastanto.org/257/notas/el-mensajero-en-el-banquillo/.
