Antes de que el amigo lector o lectora se rasgue las vestiduras (arriesgándose a pillar un resfriado o la variante omega del Covid) tras leer el escandaloso título de este escrito, aclaremos unas pocas cuestiones.
Primera. Tener razón puede significar varias cosas, por ejemplo: tener una opinión acertada sobre algo (es decir, una creencia que corresponda a la verdad); actuar de manera correcta en una situación dada; guiarse por criterios racionales (es decir, aquellos que permiten elegir los medios más idóneos para alcanzar un determinado fin).
Segunda. Mayoría no es un concepto absoluto, sino relativo. Sólo se habla de mayorías y minorías en relación con un asunto determinado, no sobre todos los asuntos en general. Si se entendiera de esta última manera, la mayoría se identificaría con la totalidad, y es evidente que entonces dejaría de tener sentido el concepto mismo de mayoría.
Tercera. Las mayorías no son conjuntos estables y permanentes, sino que cambian en función del asunto de que se trate en cada caso y de la evolución del mismo. La única mayoría inmutable (aunque sí acrecentable o, mejor, en continuo crecimiento) es lo que los antiguos romanos designaban así refiriéndose al conjunto de las personas fallecidas hasta un momento dado, cuando poco antes de morir, con la serenidad que, al parecer, caracterizaba a muchos de ellos, sobre todo si eran edictos a la filosofía estoica, exclamaban: “Voy a unirme a la mayoría”.
Pues bien, hechas estas aclaraciones, nadie podrá reprocharnos que estemos criticando a la mayoría de la gente en general considerándola ignorante, estúpida o irracional.
Lo que sí afirmamos es lo que expondremos a continuación.
Un adagio enunciado por filósofos escolásticos medievales decía (en latín, claro está): bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu, o sea algo así como: “una cosa no es buena, sino mala, cuando tiene algún defecto”. De donde se desprende el siguiente corolario: “sólo hay un modo de hacer las cosas bien, infinitos, en cambio, de hacerlas mal”. Si a alguien le preguntan qué año descubrieron América los europeos, sólo podrá dar una respuesta correcta: 1492 (d. C.); cualquiera otra, hasta el infinito, será errónea (salvo que tengamos en cuenta el caso de ciertos dirigentes políticos europeos que parecen haber descubierto América en enero de 2025, justo después del acceso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos; su ignorancia al respecto antes de esa fecha ha demostrado ser absoluta).
Del corolario anterior se desprende otro no menos evidente: es enormemente (alguien dirá incluso “infinitamente”) más fácil equivocarse que acertar. Pues bien, aplicado esto a la cuestión del acierto o desacierto atribuible a las opiniones o las decisiones de un conjunto de individuos ante un asunto caracterizado por un cierto grado de complejidad y por la imposibilidad de poseer sobre él una información exhaustiva, parece claro que una mayoría (variable) de esos individuos tendrán opiniones o tomarán decisiones más o menos equivocadas.
Es obvio, claro está, que si los perfiles del asunto están muy bien delimitados y el abanico de opciones de acción fuertemente restringido, predominarán ampliamente los aciertos sobre los errores. Caso típico: el tránsito rodado por calles y carreteras, en que frente a ocasionales errores de conducción prevalecen masivamente las actuaciones correctas entre los conductores gracias a la existencia de un código de circulación muy preciso y la amenaza de sanción para los infractores.
En cambio, si del acotado campo de la circulación rodada pasamos al de la política, los perfiles claros y la simplicidad de lo asuntos dan paso a todo lo contrario, a un conjunto de posibilidades no abierto (de eso se encargan, en los sistemas llamados democráticos o, al menos, sometidos a procesos electorales, las leyes que rigen dichos procesos, que imponen cierto número de restricciones tanto a los electores como a los elegibles), pero en que las consecuencias derivadas de las decisiones de los participantes en el sistema suelen ser difícilmente calculables, por no decir imposibles de calcular con un mínimo de certeza.
En esa situación, caracterizada no sólo por la inexistencia de información completa, sino también por la existencia (casi siempre promovida activamente) de información falsa, la asimetría entre la probabilidad de acierto y la probabilidad de error aumenta exponencialmente.
Es cierto que, estadísticamente hablando, las desviaciones respecto de lo que sería un decisión acertada no se producen todas en el mismo sentido, sino en sentidos a menudo opuestos, lo que da lugar a un cierto grado de corrección de la desviación en el resultado global. Pero ello tiene también la contrapartida de que en ese resultado, al hecho de no ser, por lo general, pésimo, se le contrapone el de no ser nunca óptimo. Dicho de otro modo: es imposible el acierto masivo y generalizado que pudiera generar un estado de satisfacción universal.
Y aquí viene la puntilla: a todo lo dicho en cuanto a los límites cognoscitivos de los individuos del conjunto de participantes en un sistema político dado hay que añadir las diferencias de intereses entre ellos. Aunque, como pensaba Sócrates, nadie busca el mal como tal, lo cierto es que hay muchas especies diferentes de bienes; en el límite, tantas como individuos a la búsqueda del bien. Y eso, como demostró matemáticamente el economista Kenneth J. Arrow en su obra de 1951 Social Choice and Individual Values, hace imposible que la suma de intereses particulares perseguidos libremente por los miembros de un colectivo dé como resultado una situación de igual interés para todos los miembros del conjunto, situación, pues, que merezca el nombre de interés colectivo. Fijémonos en el término en cursiva de la descripción anterior: el adverbio “libremente”. En efecto, el logro de un equilibrio entre los diversos y encontrados intereses o valores individuales es imposible sin algún grado de coerción con fines compensatorios, es decir, sin una renuncia a lo que se conoce como “óptimo de Pareto” (formulado por el economista italiano Vilfredo Pareto en 1896), situación de equilibrio en la que ningún miembro del colectivo puede mejorar sin que otro(s) empeore(n). Caso típico de violación de este principio: el sistema fiscal progresivo, que tiende a equilibrar las rentas detrayendo parte de las más altas en beneficio de las más bajas según un criterio de proporcionalidad creciente. Es imposible, por tanto, dentro de un tal sistema, que la satisfacción de los ricos crezca en paralelo a la de los pobres. De la misma manera que, en un sistema de fiscalidad no progresiva (no hablemos ya de una regresiva) ocurre lo mismo pero al revés.
Dada la mencionada contraposición de intereses, toda mayoría que pueda formarse entre los miembros de un colectivo será considerada carente de razón por quienes no comparten sus intereses. Y como ya se ha advertido, allá donde hubiera acierto y unanimidad total carecería de sentido hablar de mayoría. La existencia de ésta es indisociable de la de una minoría contrapuesta a ella. Con lo cual, y dada la alta probabilidad de error al tomar decisiones en asuntos complejos como son aquellos de los que se ocupa la política, es probable que tenga “más razón” la minoría que la mayoría, pues la suma de individuos falibles no hace sino aumentar el grado de falibilidad del conjunto. Con la salvedad, claro está, de que, si los errores de unos son de signo contrario a los de otros, se minimizará el error global, pero al precio de vaciar de “substancia” la decisión de la mayoría, tan alejada de lo peor como de lo mejor.
Dejados, pues, los individuos a “sus anchas”, en un entorno de máxima libertad de elección, es altamente improbable que se formen mayorías razonables. Claro, se dirá: esa hipotética situación es totalmente irreal. En la práctica, en todo grupo hay individuos con capacidad de “arrastre” que acaban rodeándose de “fieles” que se dejan guiar más o menos ciegamente por ellos. Es inherente a toda sociedad la formación de “facciones”. Por eso la humanidad tuvo claro desde bien temprano, desde las primeras bandas de cazadores recolectores, que no se puede estar siempre improvisando las decisiones que afectan al conjunto, sino que hay que establecer criterios generales que orienten de entrada (e inevitablemente limiten) el sentido y alcance de las decisiones de cada momento. Por eso los clásicos dejaron también sentado, como Aristóteles en su Política, que la “voluntad popular”, por unánime que sea, no tiene en sí misma suficientes garantías de racionalidad, entre otras razones porque suele ser presa fácil de los demagogos, individuos ambiciosos como el ateniense Alcibíades (gran amigo, por cierto, de Sócrates) que, merced a sus dotes oratorias, arrastró a la asamblea de Atenas, contra el sensato criterio de Nicias, a tomar la decisión de enviar en 415 a. C. una expedición militar a Sicilia cuyo desastroso resultado, debido a las pérdidas sufridas, propició no muchos años más tarde la derrota final de Atenas frente a Esparta. Así lo cuenta Tucídides en el libro VI de sus Historias.
De ahí que Aristóteles propugnara un sistema político en que el principio democrático se combinara con una especie de principio “oligárquico” (una minoría selecta de consejeros con buen criterio) que pusiera límites a la discrecionalidad de la asamblea popular impidiendo que ésta pudiera en cualquier momento tomar cualquier decisión. De esa combinación de principios surge lo que andando el tiempo se llamaría “régimen constitucional”.
En cualquier caso, lo cierto es que, por desacertadas que estén casi siempre las mayorías, los males que de sus decisiones se derivan suelen ser menores que los causados por un régimen despótico. En ciertos pasajes de su ya mencionada Política, Aristóteles viene también a decir que, en teoría, el régimen ideal sería una monarquía encarnada en un rey máximamente sabio y benevolente. Pero para añadir inmediatamente después que la suma de esas virtudes en una sola persona queda muy por encima de las capacidades de la naturaleza humana…
https://www.cronica-politica.es/la-mayoria-casi-nunca-tiene-razon/
