Project Syndicate, 29 de mayo de 2026. Traducido por Tlaxcala

PARÍS – Pocos matrimonios políticos son más extraños que el que une al movimiento MAGA de Donald Trump con la recién ascendente «tecnoderecha » [Tech Right] –ese grupo de multimillonarios de Silicon Valley y capitalistas de riesgo que financiaron el regreso de Trump al poder y avivaron su apetito por la desregulación. La alianza fusiona un movimiento populista orientado al pasado con una vanguardia californiana cuyo principio rector es que la IA volverá económicamente superfluas a muchas personas.

Las dos partes no solo quieren cosas distintas; habitan mundos diferentes. La retórica de MAGA se ancla en un pasado mítico. Busca la restauración de un orden industrial, nacional y cultural perdido en el que el trabajo, los roles de género y la vida comunitaria eran familiares y de arraigo local. El ethos dominante en Silicon Valley trata la disrupción como un imperativo civilizatorio y los arreglos sociales existentes como desechables. Un lado añora un pasado idealizado, mientras que el otro se esfuerza por volver obsoleto el presente.

Sus visiones de la gente corriente divergen en consecuencia. La autoimagen de MAGA es la de ciudadanos «olvidados», entre ellos trabajadores manuales, pequeños empresarios y votantes de regiones del interior desindustrializadas a quienes las élites costeras han dado de lado. Los multimillonarios tecnológicos, por el contrario, anticipan abiertamente una subclase semipermanente a medida que los sistemas avanzados desplacen decenas de millones de empleos, concentrando la riqueza y el poder en manos de los actuales propietarios de capital y las empresas de IA. Según el llamado «consenso de San Francisco», el trabajador medio no es el protagonista del futuro sino un vestigio de una época pasada –que presumiblemente será aplacado con pagos mínimos de asistencia mientras la innovación avanza.

En lugar de abordar esta contradicción, la coalición la esconde tras un culto a la personalidad. Mientras los inversores tecnológicos se exaltan a sí mismos como genios, Trump adopta una postura doblemente absurda, jactándose a la vez de su elevado CI y de su singular devoción por los «poco educados». Durante un tiempo, esta postura ocultó el hecho de que la misma jerarquía de valía cognitiva que halaga a los donantes también marcaba a muchos de sus seguidores como prescindibles. La coalición de Trump ha acomodado dos relatos incompatibles: una narrativa populista halagadora para los votantes, y una narrativa meritocrático-elitista para los financiadores.

Pero a medida que el poder de Trump decrece bajo el peso de su fiasco en Irán, también se erosiona su capacidad para hacer dos promesas mutuamente incompatibles a la vez. El juego de manos que mantenía unida a la coalición ya no funciona, y el matrimonio mal avenido comienza a desmoronarse. Y de todos los lugares donde la tensión es evidente, la fractura más profunda atraviesa la red eléctrica.

Trump prometió reducir las facturas de electricidad de los usamericanos, llegando incluso a jurar que las reduciría a la mitad. Sin embargo, en muchas de las localidades que anclan la coalición MAGA, las tarifas residenciales de electricidad han aumentado bruscamente, y los precios de capacidad se han multiplicado por más de diez en dos años.

Casi la mitad de estos recientes aumentos de costes son atribuibles a la voraz demanda de electricidad de los centros de datos. El hogar típico en lugares donde se han construido centros de datos pagará unos 70 dólares más en su factura mensual para 2028.

A medida que se disparan las facturas de la luz, las contradicciones de la alianza Tecno-MAGA ya no pueden silenciarse. Comunidades rurales de fuerte inclinación MAGA y suburbios periféricos de Virginia, Ohio, Georgia y Arizona se movilizan contra subestaciones y corredores de transmisión que sirven a clústeres de cómputo cuyos beneficios van a otra parte; populistas estatales coquetean con protecciones tarifarias que aíslen a los hogares de los costes de los centros de datos.

La gran ironía, entonces, es que las protestas más ruidosas contra la infraestructura de IA en 2026 pueden surgir desde dentro de la propia coalición de Trump. Calentar una vivienda rural durante un invierno en Pensilvania es un problema que un culto a la personalidad no puede resolver.

La injusticia es innegable. Mientras una red sigue siendo pública, políticamente disputada, regulada por tarifas y lenta, otra red es cada vez más privada, colocalizada con centros de datos, integrada verticalmente y aislada de las restricciones impuestas a todos los demás. Los hiperescaladores [grandes proveedores de servicios en la nube y centros de datos que ofrecen infraestructura informática masiva y escalable bajo demanda ] han firmado acuerdos nucleares y de gas a escala de gigavatios y han comenzado a reacondicionar reactores cerrados y a construir plantas de gas dedicadas «detrás del contador».

Cuentan con el apoyo de reguladores federales que han reescrito las normas para que los centros de datos puedan conectarse directamente a las plantas eléctricas, sorteando la infraestructura de transmisión de la que depende el resto de la red. Los clústeres de cómputo obtienen megavatios estables y dedicados, mientras que los hogares sufren volatilidad de tarifas en el mismo cable. Una red es lo que el ciudadano paga; la otra es lo que el ciudadano financia pero no puede usar.

El «humano superfluo» de la tecnoderecha es una estrategia, no una aspiración. Los clústeres de IA están dimensionados para absorber el trabajo remunerado de una fuerza laboral que desaparece, mientras que el trabajo no remunerado que los hogares siguen realizando desaparece silenciosamente del modelo. El patrón es en parte conocido. La infraestructura financiada con fondos públicos siempre ha servido mejor a unos grupos que a otros –según dónde se tiendan las líneas, cómo se fija el precio del acceso y cuán fiable es el servicio. Aunque no discriminatoria en principio, la inversión en infraestructura tiende a seguir los contornos de la clase, la geografía y la voz política.

Dicho esto, lo que estamos presenciando hoy en USA va más allá. No es la gradiente ordinaria de ventaja incorporada a la provisión pública, sino un sistema paralelo, un apartheid eléctrico establecido mediante contrato privado. Los hiperescaladores están creando un régimen bifurcado en el que una capacidad constante y dedicada se diseña para una clase de usuario mientras que la red pública absorbe la volatilidad y los costes.

La mayoría demográfica del lado perdedor del cable no es un otro “racial”, como lo era en la Sudáfrica del apartheid que Elon Musk recuerda. Son los votantes de las clases trabajadora y media de las regiones del interior desindustrializadas –las mismas bases que MAGA dice defender. Ellos apoyaron abrumadoramente a Trump, y ahora son ellos a quienes se hace pagar por un sistema diseñado para volverlos obsoletos.

El tecnopopulismo, ahora parece claro, contiene las semillas de su propia disolución. Una creciente guerra por la energía está haciendo inevitable el divorcio. El contador no pregunta a quién se le prometió el futuro. Registra quién lo recibe realmente.

Stephen Holmes (1948) es profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York y becario del Premio Berlín en la Academia Americana de Berlín. Es coautor (junto con Ivan Krastev) de «The Light that Failed: A Reckoning» (Penguin Books, 2019, no traducido). Bio-bibliogr.