Del compañero y miembro de Espai Marx, Carlos Valmaseda.
1. Nuevo boletín del Tricontinental.
2. Nueva declaración del FPLP.
3. Estado-menos.
4. Libertad para Kagarlitsky.
5. La ecología como comodín.
6. Conferencia por el centenario de Lenin en Nigeria.
7. Violencia divina.
8. Murray sobre Assange: 2º día de juicio.
9. Resumen de la guerra en Palestina, 29 de febrero.
1. Nuevo boletín del Tricontinental
Prashad escribe esta semana sobre el veto estadounidense en las Naciones Unidas.
https://thetricontinental.org/
Los nadies valen más que la bala que los mata | Boletín 9 (2024)
29 de febrero de 2024
Queridos amigos y amigas,
Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
El 20 de febrero, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, tuvo la terrible tarea de vetar la resolución de Argelia a favor de un alto el fuego en Gaza. Amar Bendjama, embajador de Argelia ante la ONU, señaló que la resolución que había presentado se había elaborado a partir de conversaciones entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, se le pidió que aplazara la resolución, pero su país se negó. “El silencio no es una opción viable. Ha llegado la hora de la acción y de la verdad”, respondió. Cuando el 26 de enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que las acciones de Israel en Gaza constituían un genocidio “plausible”, Argelia se comprometió a actuar de inmediato a través del Consejo de Seguridad de la ONU.
Desde el 7 de octubre, Israel ha matado a casi 30.000 palestinos y palestinas en Gaza, más de 13.000 de ellos son niños y niñas. Desde que el 26 de enero la CIJ ordenó detener el genocidio, Israel ha matado a más de 3.000 personas. Tras pasar meses huyendo de una supuesta zona segura a otra que Israel ha bombardeado igual, más de 1,5 millones de palestinos —más de la mitad de la población de Gaza— están ahora atrapados en Rafah, el punto más meridional de Gaza y ahora la zona más densamente poblada del mundo. Rafah, que tenía una población de 275.000 habitantes antes del 7 de octubre, está siendo bombardeada en este momento por Israel.
A pesar de esta desoladora realidad, el embajador Thomas-Greenfield afirmó que Estados Unidos no podía apoyar la resolución de alto el fuego porque esta no condenaba a Hamás y porque supuestamente pondría en peligro las negociaciones en curso para liberar a los rehenes. El embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, discrepó, señalando que el veto “no es nada distinto a dar luz verde a la continuación de la matanza”. Solo “apagando el fuego de la guerra en Gaza podremos evitar que el fuego del infierno se extienda por toda la región”, afirmó.
De hecho, la declaración de Thomas-Greenfield en el Consejo de Seguridad de la ONU coincidió con el intento de su gobierno de proporcionar 14.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel. Desde 1948, cuando se creó Israel, Estados Unidos le ha proporcionado más de 300.000 millones de dólares en ayuda, incluido un desembolso anual de 4.000 millones de dólares de ayuda militar (más las decenas de miles de millones en tramitación desde el 7 de octubre de 2023). Cuando el presidente estadounidense Joe Biden habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el 11 de febrero, en lugar de criticar el genocidio reafirmó su “objetivo compartido de ver a Hamás derrotado y garantizar la seguridad a largo plazo de Israel y su pueblo”. El veto de Thomas-Greenfield no surgió de la nada.
El veto se ha utilizado en el Consejo de Seguridad de la ONU casi 300 veces. Desde 1970, EE. UU. ha utilizado este poder más que cualquiera de los otros miembros permanentes (China, Francia, Rusia y Reino Unido). Muchos de los vetos de EE. UU. fueron, primero, para defender el régimen del apartheid en Sudáfrica, que comenzó el año en que se fundó Israel, y después para defender a Israel de cualquier crítica. Por ejemplo, 27 de los 33 vetos que EE. UU. ha ejercido desde 1988 han sido en defensa de las acciones de Israel contra el pueblo palestino. Desde el 7 de octubre, Estados Unidos ha vetado tres resoluciones en la ONU para obligar a Israel a detener su bombardeo genocida (18 de octubre, 8 de diciembre y 20 de febrero).
A pesar de su uso recurrente por parte de Estados Unidos, la palabra “veto” no aparece en la Carta de la ONU (1945). Sin embargo, el Artículo 27(3) de la Carta sí dice que las votaciones en el Consejo de Seguridad “se harán por el voto afirmativo de nueve miembros, incluyendo los votos concurrentes de los miembros permanentes”. La idea del “voto concurrente” se interpreta como el “derecho de veto”. Durante décadas, la mayoría de los Estados miembros de la ONU han insistido en que el Consejo de Seguridad de la ONU no es democrático y que el poder de veto lo hace aún menos creíble. Ningún país africano o latinoamericano tiene asiento permanente en el Consejo, y al país con mayor población del mundo —India— también se le niega este privilegio. Los P5 (Permanent Five [Cinco Permanentes], como se les llama) no solo han dominado el Consejo de Seguridad, sino que también han debilitado la importancia de la Asamblea General de la ONU, cuyas propias resoluciones no tienen poder de ejecución.
En 2005, la ONU celebró una Cumbre Mundial para evaluar las amenazas de alto nivel al orden mundial, en la que la entonces vicepresidenta de Costa Rica, Lineth Saborío Chaverri, afirmó que “el derecho de veto debe eliminarse en asuntos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones masivas de los derechos humanos”. Tras esa cumbre, Costa Rica se unió a Jordania, Liechtenstein, Singapur y Suiza para crear los Small Five [Cinco Pequeños] (S5) y abogar por la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Presentaron una declaración en la Asamblea General en la que se especificaba que “ningún miembro permanente debería emitir un veto en el sentido del artículo 27, párrafo 3, de la carta en caso de genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario”. Pero esto no ha tenido ninguna repercusión. Tras la disolución del S5 en 2012, 27 Estados se unieron para crear el grupo Accountability, Coherence, and Transparency o ACT [Responsabilidad, coherencia y transparencia], en gran parte para reformar el “derecho de veto”. En 2015, el grupo ACT difundió un código de conducta específico sobre la actuación de la ONU contra las violaciones graves del derecho humanitario. En 2022, 123 países habían suscrito este código, aunque los tres países que más enérgicamente han utilizado el derecho de veto en los últimos años (China, Rusia y EE.UU.) no lo hicieron. Con el aumento de las tensiones que EE. UU. ha impuesto a China y Rusia, es poco probable que estos dos países —ahora amenazados de ataque por EE. UU.— accedan a disolver el veto.
La Carta de las Naciones Unidas, el tratado más importante del planeta, es un intento de acabar con la guerra y garantizar que se valore toda vida humana. Sin embargo, nuestro mundo está fracturado por una división internacional de la humanidad según la cual las vidas de unas personas valen mucho más que las de otras. Esta división es una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y del instinto básico compartido de igualdad social. Proteger a los niños y niñas de Palestina, por ejemplo, se trata con mucha menos urgencia que proteger a los de Ucrania (como dijo la corresponsal de NBC News en Londres, Kelly Cobiella, los ucranianos no son refugiados de cualquier parte: “Para decirlo sin rodeos… Son cristianos, son blancos”). Esta división internacional de la humanidad se filtra en la conciencia pública generación tras generación.
En El libro de los abrazos (1992), nuestro amigo Eduardo Galeano escribió un breve fragmento sobre las graves divisiones que afligen a nuestro mundo y clavan una fría estaca de hierro en el corazón de nuestro sentido de la humanidad. Ese fragmento se titula “Los nadies”:
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte…
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Cordialmente, Vijay
2. Nueva declaración del FPLP
Con el lenguaje típico de este tipo de comunicados. Quizá destacar que siguen insistiendo en la unidad de todas las fuerzas de liberación.
FPLP: «La escalada de la lucha y la protesta globales es el deber de la humanidad ante la guerra de aniquilación»
febrero 28, 2024
Después de cinco meses de la guerra de aniquilación en curso contra nuestro pueblo, en la que la máquina de matar sionista ha seguido vertiendo su fuego sobre civiles, hospitales e instalaciones vitales, nada es más claro que el agravio de nuestro pueblo y la justicia de su causa, o la brutalidad, la criminalidad de nuestro enemigo y el papel de sus partidarios en el lanzamiento y la continuación de la campaña de aniquilación.
Insistimos en que esta campaña sistemática de aniquilación no fue más que una guerra estadounidense para liquidar los derechos de nuestro pueblo, destruir los elementos de su existencia y obligarlo a abandonar su causa y sus derechos bajo el fuego de la aniquilación, una guerra contra el legítimo y justo empeño humano de apoyar los derechos y la lucha del pueblo palestino por la libertad y la independencia, ya que la administración estadounidense y la coalición de aniquilación formada por gobiernos coloniales que armaron y abastecieron el sistema de matanza sionista, le dieron cobertura política y se opusieron a cualquier intento de detener la agresión.
La alianza sionista-imperialista que enciende y apoya la agresión y el genocidio requiere una confrontación integral con las políticas de los gobiernos que apoyan la agresión, movilizando a todas las fuerzas aliadas y amigas para hacerle frente, y presionando a los gobiernos que dirigen la agresión contra nuestro pueblo en Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá, lo cual es una parte esencial de las tareas para derrocar esta agresión y detener el genocidio, y un deber humanitario que no pueden descuidar todos los creyentes en la justicia y la humanidad en este mundo.
Esta guerra brutal no se detendrá si no se intensifica la presión sobre las fuerzas de la agresión, si no se levanta la consigna de rechazar las políticas racistas inhumanas, si no se hace frente al degenerado terrorismo sionista, si no se trabaja para desmantelar la coalición de aniquilación, y si no se defiende Palestina y su causa y el derecho y la dignidad de su pueblo como brújula para la humanidad, como prueba para toda conciencia viva en este mundo y como dirección de la lucha de los pueblos para obtener sus derechos y su libertad y defender su existencia frente a los sistemas asesinos y la cábala de los criminales de guerra.
En el contexto de la necesidad de escalar la confrontación contra los gobiernos asesinos y brutales, destacamos los siguientes puntos:
1- Nuestro llamado a escalar las protestas en todas sus formas, y a fortalecer las formas de presión directa sobre los gobiernos, políticos y partidos, para detener la guerra de exterminio, levantar el asedio mortal, poner fin a la ocupación, y defender el derecho de nuestro pueblo a la libertad, la independencia, el retorno y la autodeterminación. A la luz de la guerra de aniquilación, es imperativo unificar la lucha y fortalecer la coordinación entre todas las fuerzas palestinas y árabes y los partidarios de la causa palestina en todo el mundo, con el fin de formar el frente de Palestina y de la humanidad contra la coalición de agresión, los partidarios de la aniquilación y los criminales de guerra. La necesidad de desarrollar el trabajo de acuerdo a estrategias comunes y unificadas dirigidas a detener la guerra genocida y apoyar a nuestro pueblo en su justa lucha por sus legítimos derechos.
2- Ampliar el área de movilización para la protesta masiva y expandir sus marcos a través de la coordinación con sindicatos, partidos, fuerzas y marcos de apoyo y amigos, superando cualquier obstáculo que lo impida, y elevándonos al nivel del deber hacia los sacrificios de nuestro pueblo, y en este contexto, llamamos a la más amplia participación masiva en los eventos del 2 de marzo de 2024 en todo el mundo. 2- La necesidad de intensificar el boicot a la ocupación con sus diversas armas, gobiernos y empresas que la apoyan, en todas las formas de boicot, y trabajar para aislar al ocupante y crear presión económica y política como herramienta de lucha eficaz y necesaria en esta etapa.
3- Llamamos a todas las fuerzas vivas, incluyendo la solidaridad y los sindicatos, a intensificar todas las formas de lucha y presión dirigidas a detener los suministros destinados a equipar la máquina de matar sionista contra nuestro pueblo, ya sea oponiéndose a las decisiones de exportar armas y materiales que apoyan la ocupación criminal, o mediante objeciones directas dirigidas a obstruir el transporte y envío de municiones para el exterminio.
4- Subrayamos la necesidad de que todo el mundo cumpla con su deber de apoyar la firmeza de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, tanto material como moralmente, y la necesidad de trabajar para ampliar, desarrollar y organizar las formas y herramientas de apoyo.
5- Hacemos un llamamiento a organizar, institucionalizar y estructurar estos movimientos para garantizar la continuidad y el impacto con el fin de salvar a la humanidad de su atolladero moral.
6- Saludamos a los movimientos populares globales y a su conciencia viva que rechaza la histeria de la dirección sionista/imperialista de la guerra. Saludamos especialmente el nuevo pulso dirigido por los activistas de la conciencia en el mundo, como expresión verdadera, libre, democrática y pacífica de la victoria por la universalidad de Palestina.
Frente Popular para la Liberación de Palestina
26 de febrero de 2024
3. Estado-menos.
A pesar de que todo el mundo insiste retóricamente en la solución de los dos estados, nadie hace nada por ponerlo en práctica. https://thecradle.co/articles/
«Estado-menos»: La solución palestina de Biden
Tres décadas después de la Mentira de Oslo, ni Estados Unidos ni la UE están en condiciones de lanzar la promesa de un Estado palestino.
Stasa Salacanin 29 DE FEBRERO DE 2024
Resulta tristemente irónico que la cuestión del Estado palestino, sin resolver desde hace más de 75 años, haya resurgido tras el bombardeo israelí de la Franja de Gaza, en el que han muerto más de 30.000 civiles, decenas de miles han resultado heridos y se han destruido gran parte de las infraestructuras del territorio.
El historiador de la Universidad de California (UCLA) James Gelvin lo explica claramente: «No habría habido un debate serio sobre una solución de dos Estados sin [los acontecimientos del] 7 de octubre. De hecho, volver a poner la cuestión palestina en el primer plano de la política internacional y de Asia Occidental fue una de las razones por las que Hamás lanzó su operación».
Según explica Gelvin a The Cradle, Hamás ya se ha anotado varias victorias desde su operación Inundación de Al-Aqsa: «La cuestión palestina ha vuelto a la agenda internacional, está negociando la liberación de sus cautivos como socio igualitario de Israel» y ha demostrado que es «más eficaz en la realización de los objetivos palestinos que su rival, Al Fatah.»
Nueva «doctrina Biden»
Aunque la brutal respuesta militar israelí, sin precedentes, ha puesto de manifiesto la urgencia de establecer un refugio palestino, es imposible ignorar que los Estados occidentales que respaldaron los Acuerdos de Oslo de 1993 -que establecieron el marco esencial para la creación de un Estado palestino- han ignorado y desatendido tan asiduamente esa responsabilidad.
Una hipocresía aún mayor se desprende del hecho de que estas potencias occidentales, encabezadas por Washington, hayan decidido ahora forzar el debate sobre la creación de un Estado palestino en medio de la carnicería de Gaza, con un primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se opone infamemente a ello.
Entonces, ¿por qué es posible este debate ahora? ¿Por qué se ignoró antes del 7 de octubre, o incluso antes del regreso de Netanyahu al cargo de primer ministro?
Tras una enorme presión pública e internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reabierto, al menos retóricamente, la cuestión de la estatalidad palestina. Según el New York Times, la nueva doctrina de la Casa Blanca de Biden «implicaría alguna forma de reconocimiento estadounidense de un Estado palestino desmilitarizado en Cisjordania y la Franja de Gaza a cambio de fuertes garantías palestinas de que sus instituciones nunca podrían amenazar a Israel».
Además, el plan del presidente estadounidense también contempla la normalización saudí-israelí y una dura postura militar contra Irán y sus aliados regionales. Sin embargo, muchos analistas ya han planteado dudas sobre la viabilidad de un plan que no refleja las realidades actuales sobre el terreno.
Aunque Netanyahu rechaza la noción misma de un Estado palestino, la «doctrina Biden» y su oferta de una versión de soberanía limitada de un Estado palestino desmilitarizado es poco menos que humillante para los palestinos.
El Dr. Muhannad Ayyash, profesor de Sociología en la Universidad Mount Royal, observa que no hay ningún cambio fundamental de enfoque por parte de Estados Unidos en esta cuestión. En resumen, la administración Biden se niega a aclarar lo que entiende por «Estado palestino». Su iniciativa parece principalmente promover una forma de solución de dos Estados que sea aceptable para Israel.
Ayyash señala que las cuestiones clave relacionadas con la condición de Estado palestino quedan sin respuesta, entre ellas la cuestión de la soberanía, los asentamientos judíos, el estatus de Jerusalén Este, una Cisjordania/Jerusalén Este necesaria con la Franja de Gaza, el derecho palestino al retorno, etcétera.
Dado que Israel ha insistido firmemente en mantener un control de seguridad total sobre todo el territorio al oeste de Jordania -es decir, sobre todo el territorio que probablemente quede bajo (auto)gobierno palestino-, muchos expertos temen que Israel tenga derecho a entrar militarmente en esos territorios a voluntad, sin el consentimiento palestino, con la prohibición de este último de reunir su propia fuerza militar.
Esta versión de la «condición de Estado» no está ni remotamente a la altura de la de otros Estados miembros de la ONU, que tienen derecho, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, a ejercer su plena soberanía y defender su integridad territorial. La «solución» de Biden de un Estado palestino con soberanía limitada no es más que la legalización de la ocupación perpetua de Palestina por Israel.
Una «cáscara vacía» palestina
El reavivado debate sobre la creación de un Estado palestino también está estrechamente relacionado con un gran dilema de relaciones públicas de Occidente. El apoyo incondicional de los atlantistas al ataque militar ilegal y desproporcionado de Israel contra poblaciones mayoritariamente femeninas e infantiles ha afectado profundamente a su imagen y capacidad de maniobra en Asia Occidental y más allá.
Esto es especialmente cierto para los objetivos de política exterior de Washington en la región, que se enfrentan a una resistencia importante y directa sobre el terreno en Irak, Siria y Yemen.
El resurgimiento de una solución de dos Estados es, por tanto, un «acto desesperado para salvar algo de la credibilidad o legitimidad de estos regímenes (tanto de los gobiernos árabes como de los occidentales)», argumenta el Dr. Mohammed Abu-Nimer, profesor y Cátedra Abdulaziz Said de Paz y Resolución de Conflictos de la American University de Washington, DC.
Durante décadas, Estados Unidos ha capitulado ante las exigencias israelíes en prácticamente todo lo que Tel Aviv ha pedido. En los últimos años, como lo describe Gelvin, EE.UU. se ha centrado principalmente «en sobornar a varios gobiernos árabes -los EAU, Bahrein, Marruecos, Sudán- para que normalizaran sus relaciones con Israel» a través de los «Acuerdos de Abraham», que, en efecto, sacaron de la mesa la cuestión de Palestina».
Mientras tanto, los Estados árabes gestionaron las expectativas regionales continuando con sus declaraciones de boquilla sobre las cuestiones palestinas, al tiempo que desechaban cualquier oportunidad entre bastidores. Con los pocos Estados árabes aliados que les quedaban, los propios palestinos se quedaron sin cartas que utilizar, hasta el 7 de octubre.
Ahora, Israel está haciendo todo lo posible para anular los logros de ese día. Dice Ayyash: «Netanyahu quiere prescindir de toda pretensión sobre la creación del Estado palestino y aprovechar este momento para establecer la plena soberanía judía israelí desde el río hasta el mar, mientras que la administración Biden prefiere un enfoque más tranquilo que finge preocuparse por las aspiraciones del pueblo palestino para mantener sus estrechos vínculos con los regímenes árabes de toda la región.»
La solución de los dos Estados, según el profesor Abu-Nimer, no es, por tanto, más que una «hoja de parra» para resucitar la maltrecha imagen de Occidente y no debe considerarse una iniciativa seria de Estados Unidos. El plan propuesto es «un esqueleto o una cáscara vacía que carece de cualquier forma seria de soberanía».
Nathan Brown, estudioso estadounidense de derecho y política de Oriente Medio en la Universidad George Washington, coincide en gran medida: «No se trata de un paso hacia la condición de Estado, sino sólo de revivir algunas disposiciones de los Acuerdos de Oslo. Incluso al máximo, produciría lo que en el siglo XIX se habría llamado un ‘protectorado’, no un Estado».
Un Estado palestino no está en las cartas
Aunque Estados Unidos y la UE podrían ejercer una inmensa influencia sobre Israel para reactivar los Acuerdos de Oslo y acelerar sus disposiciones, no están haciendo nada de eso.
Hoy en día, los aliados occidentales de Tel Aviv tienen una oportunidad única de jugar esta mano, dado el absoluto hundimiento de la imagen de Israel en todo el mundo y la demanda pública masiva de protección de los palestinos.
En lugar de ello, el gobierno de Biden cree que puede resucitar la idea de los dos Estados mediando en un gran acuerdo regional que ofrezca todo lo que Israel quiere, con la promesa de un Estado palestino.
La Casa Blanca cree que la recompensa de normalizar las relaciones con Arabia Saudí compensará al gobierno de Netanyahu si da marcha atrás en la cuestión del Estado palestino y se retira de los territorios palestinos ocupados.
Gelvin descarta el plan, diciendo que simplemente no funcionará a muchos niveles. Para empezar, «si Netanyahu se compromete con un Estado palestino y la retirada de los territorios ocupados, su gobierno se derrumbará y él irá a la cárcel».
Tampoco esperes nada espectacular de la Unión Europea. Aunque el Alto Representante de la UE para las Relaciones Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado que puede ser necesario imponer un Estado palestino desde el exterior sin el acuerdo de Israel, siendo realistas, el alcance y el radio de acción de la política exterior europea son mínimos o inexistentes. Según Gelvin, «la UE no tiene más influencia contra Israel que Costa Rica».
Es probable que Abu-Nimer hable en nombre de la mayoría de los observadores regionales, que ya han visto cómo se desarrolla este juego: estas fórmulas occidentales de creación de un Estado desde arriba no funcionan sin un compromiso genuino con la representación política palestina, en este caso, Hamás y otras organizaciones de la resistencia palestina.
Treinta y un años después de que los Acuerdos de Oslo prometieran un Estado palestino, Israel está limpiando étnicamente Gaza y engullendo Cisjordania y Jerusalén Este. Casi cinco meses después del inicio de la operación «Inundación de Al-Aqsa», la resistencia palestina ha recuperado parte de su influencia y es poco probable que cambie sus logros por un Estado no soberano al que los diplomáticos llaman en privado «Estado-menos».
4. Libertad para Kagarlitsky
En los ambientes trotskistas y similares asistimos últimamente a una curiosa exaltación sin límites del fascista Navalny. No os paso nada porque me da un poco de vergüenza ajena, pero si queréis una muestra aquí tenéis a tres «izquierdistas» rusos ensalzando su figura: https://links.org.au/navalny-. La mayoría de las entradas de Links -australianos- en los últimos días están dedicadas a Navalny y a críticas al «imperialismo» ruso y la guerra en Ucrania (https://links.org.au/).
En Jacobin se suelen apuntar a estas cosas, pero, al menos, en este caso comparto su preocupación por el futuro de Kagarlitsky. Navalny está bien donde está. Aunque ya hemos visto por aquí todo el «caso Kagarlitsky», hay que insistir para conseguir su liberación.
II. Navalny era un nazi que hacía vídeos muy «graciosos» comparando con cucarachas a los musulmanes y proponiendo eliminarlos con una pistola: https://www.youtube.com/watch?. Yo no lo mataría y condenaría que lo hubiesen hecho, pero parece que no ha sido así: el «asesino» fue un coágulo -o eso dice Budianov-. Cero empatía por él.
Libertad para Boris Kagarlitsky
Suzi Weissman
Boris Kagarlitsky, marxista ruso y crítico antibelicista de Vladimir Putin, vuelve a estar recluido en un brutal centro de detención bajo acusaciones infundadas. Merece nuestra solidaridad.
Boris Kagarlitsky, el célebre marxista ruso, tuvo un inesperado juicio de apelación el 13 de febrero de 2024. Los fiscales pretendían anular los resultados de su juicio de dos días celebrado en diciembre de 2023, cuando Kagarlitsky fue puesto en libertad con una multa tras cumplir cuatro meses y medio de prisión preventiva en la República de Komi, a más de mil kilómetros al norte de Moscú.
Kagarlitsky se enfrentaba a una pena de hasta siete años de prisión por «apología del terrorismo», pero fue puesto en libertad con una multa de 609.000 rublos, unos 6.500 dólares. La acusación era absurda a primera vista, pero formaba parte de un ataque generalizado contra la izquierda rusa en su conjunto y contra el medio de comunicación Rabkor de Kagarlitsky en particular, sirviendo como advertencia de que romper el silencio sobre la guerra tendría consecuencias nefastas. De hecho, hay quince mil personas que han sido detenidas por oponerse a la guerra del Kremlin contra Ucrania.
En el caso de Kagarlitsky, la acusación de apología del terrorismo fue por unos comentarios irónicos que hizo en un vídeo en las redes sociales titulado «Saludos explosivos del gato Mostik». Las autoridades no entendieron la broma de Boris y argumentaron que Kagarlitsky estaba justificando la explosión del puente de Crimea. En el vídeo, Boris señalaba que la víspera del atentado circularon por las redes sociales rusas felicitaciones del gato Mostik al Presidente Vladimir Putin. Como el gato era la mascota del puente saboteado, Kagarlitsky bromeó diciendo que había actuado como un provocador con sus felicitaciones. Boris comentó más tarde que probablemente se trataba de una broma de mal gusto, pero que difícilmente era motivo suficiente para arrestarlo. Y continuó: «Además, se supone que se tomaron dos palabras, ni siquiera el texto completo, dos palabras. Naturalmente, no hubo aprobación de la explosión, insisto en ello. Pero había una frase, bueno, se podría decir, realmente, no era una broma muy buena, para ser honesto. Por desgracia, no todas mis bromas tienen éxito».
En respuesta a la detención de Boris en Syktyvkar, surgió un enorme movimiento «Liberad a Boris» a escala internacional y, lo que es más importante, en todas las ciudades y pueblos de Rusia. Se celebraron manifestaciones espontáneas, protestas en Internet, pintadas de «Free Boris» en las paredes y acciones internacionales coordinadas el día del cumpleaños de Kagarlitsky, en agosto. Se recogieron miles de firmas de destacados intelectuales, activistas y políticos. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó la detención de Kagarlitsky, al igual que hicieron líderes de otros países BRICS a los que Putin cuenta como aliados. Cuando Boris fue liberado el 13 de diciembre de 2023, fue una demostración de que la presión y la solidaridad internacionales funcionan.
El juicio de apelación, en el que Kagarlitsky esperaba que se confirmara el veredicto de diciembre, terminó con la anulación de la decisión de diciembre y la imposición de una pena de cinco años en una colonia penal de régimen general. Fue sacado bajo custodia de la sala del tribunal.
La fiscalía alegó que Kagarlitsky estaba en proceso de quiebra y no podía pagar la multa impuesta en diciembre, por lo que debía cumplir la condena original. Ambas cosas son falsas: Rabkor organizó un crowdfunding al día siguiente de la puesta en libertad de Kagarlitsky, y en una hora se recaudaron 700.000 rublos. Las posteriores costas judiciales y multas impusieron otros 710.000 rublos a la cantidad que Kagarlitsky debía pagar. De nuevo, el crowdfunding de Rabkor recaudó la cantidad requerida, un total de 1.410.000 rublos (15.270 dólares). En una jugada casi cómica, el banco intentó rechazar el dinero cuando Boris pagó la multa. Le exigieron que pagara en persona, pero su nombre figuraba en la lista de «extremistas y terroristas» a los que se prohíbe realizar cualquier transacción financiera. Al final pagó la multa, socavando los argumentos de los fiscales. Como dijo el socialista ruso Ilya Budraitskis, «es inútil discutir argumentos legalistas, no hay legalidad en el caso de Kagarlitsky, en el de Navalny o en el de muchos otros detenidos por sus opiniones. No hay legalidad, sólo decisiones políticas que llegan desde arriba a tribunales que no tienen independencia».
El resultado del juicio de apelación fue inesperado, brutal y significativo. Tres días después, el 16 de febrero, Alexei Navalny murió en la dura colonia penal del Círculo Polar Ártico donde estaba recluido. Estos acontecimientos se producen en el contexto del segundo aniversario de la invasión de Ucrania y de la proximidad de las elecciones presidenciales, en las que el Kremlin pretende presentar a los rusos unidos en torno a Putin y su candidatura a un quinto mandato.
Kagarlitsky, por su parte, pudo hacer una declaración tras la decisión, y mostró su característico optimismo y su determinación. Dio las gracias a Rabkor, pidió más solidaridad, pero no se desanimó. Dijo,
Estoy, como siempre, muy animado. Sigo recopilando datos y materiales para nuevos libros, incluidas descripciones de la vida en prisión, ahora en instituciones moscovitas. En fin, ¡hasta pronto! Estoy seguro de que al final todo irá bien. Nos volveremos a ver tanto en el canal como en persona. Sólo tenemos que vivir un poco más y sobrevivir a este periodo oscuro para nuestro país.
Kagarlitsky cumplirá su condena en una colonia penal aún desconocida. Primero estará treinta días en cuarentena. En el momento de escribir estas líneas, se encuentra en el centro de detención preventiva 7 Kapotnya, en Moscú, conocido como uno de los calabozos más duros de Rusia. La única noticia que tenemos de él es que está recluido en una celda con otros quince hombres.
La hija de Kagarlitsky, en respuesta a la muerte de Navalny, hizo esta declaración: «Y para todos nosotros, esta es una señal especial, especialmente para aquellos que tienen familiares, amigos, socios, en manos del régimen de Putin, todos no estamos a salvo. Ahora, cuando Boris está entre rejas, es especialmente importante comprender lo peligrosas que son sus manos, y mostrar aún más solidaridad en torno a Boris, en torno a su caso y en torno a otros presos políticos.»
Efectivamente, Boris Kagarlitsky, el crítico marxista y piedra en el zapato del gobierno de Putin, está ahora en sus manos, y es necesaria la solidaridad internacional.
Suzi Weissman es autora de Victor Serge: A Political Biography.
5. La ecología como comodín.
Una nueva aportación al debate sobre el futuro de la agricultura capitalista y la «ecología» como «comodín» al que recurrir como chivo expiatorio (greenblaming).
Cólera agrícola: el «comodín» verde al servicio del statu quo
Claire Lejeune 28 febrero 2024
Los medios de comunicación dominantes y los políticos han presentado en gran medida el movimiento de los agricultores en términos de una oposición entre lo «social» y lo «ecológico». Esto jugó en gran medida a favor de la FNSEA, el principal sindicato agrícola dominado por las grandes empresas agroalimentarias, que pudo presentar la retirada del gobierno de una serie de normas y reglamentos medioambientales como una victoria «social» para los agricultores.
En este artículo, Claire Lejeune pone de relieve el papel de «comodín» que desempeña la ecología en el discurso neoliberal, y muestra que es posible pensar en lo social y lo ecológico de forma armoniosa, siempre que se avance hacia una ruptura con el modelo agrícola capitalista dominante, que es precisamente el del gobierno Macron.
***
El movimiento campesino es a la vez evocador del movimiento de los Gilets jaunes y radicalmente diferente de él en su estructuración y sus resultados. Como en el caso de los Gilets jaunes, el movimiento es espontáneo, difícil de delimitar, porque el ecosistema agrícola es un mosaico heterogéneo de situaciones, tipos de agricultura, niveles de renta, técnicas empleadas, con integraciones diferenciadas en los mercados regionales, europeos y mundiales y visiones antagónicas de la propia profesión. Desde las megagranjas y las gigagranjas, con sus campos industriales saturados de pesticidas, hasta las explotaciones agroecológicas: a primera vista es difícil ver aquí un terreno común.
Sin embargo, como en el caso de los Gilets jaunes, hay puntos de convergencia en los eslóganes y las reivindicaciones. Más allá de estas disparidades, para la mayoría de los agricultores y campesinos que participan en la lucha, las condiciones de vida y de trabajo son cada vez más brutales: elevados niveles de endeudamiento, bajos niveles de ingresos, exposición en primera línea a las fluctuaciones de los precios, así como a los caprichos de la meteorología y a episodios pandémicos de tipo epizoótico, todo ello en un contexto en el que el giro neoliberal de la PAC (Política Agrícola Común) y la continua firma de acuerdos de libre comercio sitúan a los agricultores «entre el martillo de la competitividad y el yunque del productivismo», mientras que las multinacionales agroalimentarias, por su parte, baten récords de márgenes alimentando la inflación. La tasa de suicidios en la profesión es escalofriante: un agricultor se suicida cada dos días.
En lo que el movimiento agrícola difiere mucho del de los Gilets jaunes es en su vulnerabilidad a la captura política, porque forma parte de una estructura sindical integrada a su vez en un modelo de cogestión con el Estado. De hecho, es muy fácil ver quién en el movimiento ostenta el poder, forja la narrativa mediática dominante, lleva a cabo las negociaciones con el gobierno e incluso parece dictarle las decisiones. Los grandes sindicatos agrícolas, encabezados por la FNSEA y Jeunes Agriculteurs, han ocupado el centro de la escena, a pesar de que sus sucesivas direcciones han defendido sistemáticamente, de la mano de los gobiernos, una agricultura industrializada y orientada a la exportación, precisamente el tipo de agricultura que está en el origen de la agitación actual.
Han conseguido más o menos ahogar las voces de los sindicatos alternativos (la Confédération Paysanne en particular), pero también las voces plurales de las bases del movimiento, con el «greenblaming» [neologismo utilizado para describir la tendencia a hacer de la ecología el chivo expiatorio, a señalar a la ecología como responsable de las crisis][1] apuntando a las normas y regulaciones medioambientales como fuente de ira.
Dos matices del greenblaming: transición condicional o ausencia de transición
Para la FNSEA, el greenblaming adopta la forma, no de un rechazo frontal y asertivo de la ecología, sino de una demanda más insidiosa de acomodación y despriorización de la trayectoria de transición. En una situación en la que hay que preservar la competitividad de la agricultura francesa y su poder exportador, pero también responder a las quejas de los agricultores por la dureza de sus condiciones, agravadas por las complejidades que acompañan a las normativas verdes, en última instancia no hay otra opción: hay que ralentizar, pausar, aplazar y disminuir los objetivos de reducción del uso de insumos químicos y de preservación del suelo, de retirada de tierras, etc. Esta variedad de greenblaming se centra estrechamente en el lado «verde» de la ecuación.
Esta variedad de greenblaming está estrechamente vinculada a una visión típicamente liberal «win-win» de la transición ecológica: las políticas verdes son aceptables si y sólo si pueden incorporarse a las grandes coordenadas materiales y reglamentarias del modelo económico capitalista; la crisis climática sólo se reconoce y se asume en la medida en que puede traducirse en oportunidades, inversiones rentables y fuente de renovación del ciclo de acumulación. Desde el momento en que las rupturas metabólicas y las crisis que estructuran este modelo se hacen evidentes -en forma de levantamientos como el de los campesinos- y comienza a surgir el imperativo de una transformación estructural, las políticas verdes son el primer sacrificio que hay que hacer, y uno que se hace rápida y visiblemente sin demasiados remordimientos.
Sin embargo, este «greenblaming» toma una forma más definitiva e ideológica con la Coordination Rurale, un sindicato en alza, algunos de cuyos miembros tienen fama de estar próximos a la extrema derecha, y que por su parte es abierta y vocalmente antiecológico. En este bando, la oposición a los acuerdos de libre comercio se combina con un rechazo total y brutal de la transformación ecológica del modelo agrícola. Estos dos matices del greenblaming son voces distintas, pero se han unido en un esfuerzo por derribar los ya muy débiles compromisos medioambientales adquiridos por la Unión Europea (en el marco del Pacto Verde Europeo y, en particular, del programa «de la granja a la mesa») y Francia (en particular, en el marco del plan Ecophyto, que ahora ha quedado «en suspenso»).
A esto se reduce en gran medida la «victoria» de las negociaciones y la batalla librada por la FNSEA y los Jóvenes Agricultores: equivale a disfrazar los retrocesos ecológicos de victoria social. Es un hecho: las políticas ecológicas se están convirtiendo en la variable de ajuste para gestionar las crisis del capitalismo global, tanto en la agricultura como en otros ámbitos. Salvo que esto no resuelve nada, como demuestra la persistencia del movimiento.
Enterrar la crisis, mantener el statu quo: el nuevo papel del comodín verde
Los debates y negociaciones de la cumbre no abordaron -en un primer momento- la cuestión del control de los precios o de las cantidades (precios mínimos, cuotas, stocks para suavizar los precios, etc.), ni los crecientes márgenes obtenidos por la agroindustria. Tampoco cuestionaron el imperativo de la producción máxima, que está estrangulando a los agricultores y contradice por completo los objetivos de sostenibilidad. Así que debemos preguntarnos una vez más: ¿por qué el capitalismo siempre sale relativamente indemne de los movimientos sociales contemporáneos, y en particular de la crisis agrícola, a pesar de que ésta revela cada vez con mayor claridad las contradicciones de este sistema?
La construcción narrativa y política de la crisis como un dilema entre lo «social» y lo «ecológico» es aquí una parte importante de la explicación. Consiste en aislar y oponer lo «social», por un lado, y las políticas aplicadas en nombre de la transición ecológica, por otro, haciendo hincapié en las limitaciones y los costes sociales de estas últimas. Crea una situación en la que los partidarios del statu quo pueden hacer aparecer de forma convincente que la resolución de la crisis requiere un compromiso entre las recompensas «sociales» y la transición ecológica. Mediante este artificio, pueden presentar los retrocesos y las concesiones ecológicas como victorias sociales, sin tocar los cimientos del sistema productivista ni la arquitectura material del capitalismo, y sin responder a las reivindicaciones sociales sustanciales que, no obstante, están omnipresentes en el movimiento campesino.
Este dilema, tal y como lo presentan los portavoces del greenblaming, es una invención basada en la invisibilización y naturalización de la principal variable a atacar: las múltiples limitaciones y contradicciones generadas por la inclusión del mundo agrícola en los flujos del capitalismo globalizado; el ataque abierto del capitalismo a los medios de vida, a los trabajadores y a la naturaleza en su conjunto.
Hemos propuesto aquí visualizar esta situación como la de un «trilema» reducido a dilema: el «dilema» entre lo social y lo ecológico sólo aparece como tal a condición de que el tercer y principal determinante, a saber, el marco competitivo del capitalismo global, quede fuera del campo de negociación. Una vez incluido éste, la relación entre lo social y lo ecológico ya no adopta la forma de una oposición, sino de una posible continuidad integrada, que se logra alterando las coordenadas capitalistas de producción y reproducción ecosocial.
La creación de una contraposición entre la defensa «social» de los agricultores y la bifurcación agroecológica desvía la atención de la acumulación de presiones vinculadas al imperativo de competitividad dentro del capitalismo: la esencia de este tour de force es centrar la atención en la nueva limitación generada por la normativa medioambiental y convertirla en el núcleo de los males del mundo agrícola. Sobre esta base, la FNSEA, los Jeunes Agriculteurs (Jóvenes Agricultores) y Matignon han recortado drásticamente el exiguo plan Ecophyto, han obtenido la congelación de las tarifas GNR (gasóleo no de carretera) y algunas subvenciones: según ellos, la crisis está en vías de «solución».
La más que tormentosa inauguración del Salón de la Agricultura, con la visita abucheada del Presidente de la República, es una clara señal de que esto está lejos de ser así: la crisis está muy arraigada y el movimiento persistirá sin una respuesta estructural. Cabe destacar la victoria ideológica que representa la aprobación en el Elíseo de la propuesta de precios mínimos, apoyada por la Confédération Paysanne y objeto de un proyecto de ley de France Insoumise en noviembre de 2023 (rechazado por sólo 6 votos). Denunciada como demagógica y «bolchevique» por el Ministro de Agricultura, Marc Fesneau, ha reaparecido ahora en boca del Presidente.
Detrás de la retórica, como en el caso de la reactivación por el gobierno del concepto de «planificación ecológica», queda por ver si se llevará a la práctica y cómo: según el Elíseo, no se trata de garantizar los precios, sino de desarrollar «indicadores de producción para cada sector», en resumen, de ayudar al mercado a definir el «precio justo» en lugar de garantizarlo en función de criterios extra-mercado (sociales y ecológicos).
Así pues, parece que los movimientos populares del Capitaloceno no se prestan bien a los acomodos de gestión. Hacen más difícil captar políticamente la gestión de las crisis y ponen de relieve el carácter «inmanejable» de las crisis contemporáneas dentro del statu quo neoliberal, cuyos defensores tienen ahora dos respuestas posibles: (1) abrir brechas más o menos profundas en su software (hablando de planificación ecológica o de precios mínimos) (2) reprimir -como fue el caso de los Gilets jaunes, de los movimientos ecologistas, y como quizás será el caso mañana de los agricultores si el movimiento persiste.
Materializar lo ecosocial frente al dilema «social/ecológico»
En el plano conceptual, hay que resistirse a la tendencia a poner lo social por un lado y lo ecológico por otro en dos cajas negras, lo que las convertiría en dos esferas de la realidad y de la existencia totalmente distintas y, por tanto, potencialmente contradictorias o antagónicas. Esto es posible gracias a un enfoque materialista, que parte de las condiciones sustanciales de existencia y de interdependencia, vuelve a una teoría de las necesidades y permite afirmar la continuidad integrada de lo ecosocial, ya sea en la versión monista à la Jason Moore[2] o con el mantenimiento del dualismo ontológico como en los trabajos de John Bellamy Foster y Paul Burkett[3] o Kohei Saito[4].
Hemos heredado una construcción intelectual, práctica y jurídica de lo «social» arrastrada por el dualismo cartesiano moderno y el productivismo[5]: la construcción de las funciones sociales del Estado se basaba en paradigmas (crecimiento, productivismo, consumismo) que el Antropo-Capitaloceno nos obliga a revisar.
En la raíz del dilema: la imposibilidad de un capitalismo verde[6].
Desde un punto de vista más directamente político, hay que tener en cuenta el riesgo de esencializar y uniformizar las concepciones de la bifurcación ecológica. No cabe duda de que en la actualidad existe una forma de asunción política de la responsabilidad de las cuestiones ecológicas y climáticas, en el marco del capitalismo y esforzándose con mayor o menor sinceridad y éxito por hacerlo más verde promoviendo trayectorias de descarbonización.
En este contexto, se tiende a designar la «transición ecológica» como una serie de medidas y mecanismos aplicados dentro del marco económico preexistente o sobre la base del mismo, lo que congela la ecología en un modelo único, reduciéndola a él y, en última instancia, despolitizándola[7]. Cuando este modelo de transición crea tensiones, malestar y reivindicaciones, la conclusión es que la «transición» es difícil, si no imposible.
Por tanto, conviene recordar que la ecología no es un monolito; no es unívoca ni evidente. Es un vasto campo de batalla en el que chocan mil posibilidades antagónicas en cuanto a la elección del modelo económico, las técnicas desplegadas, las infraestructuras, las herramientas, las instituciones, las constituciones, las jerarquías sociales, las (re)distribuciones del poder y la propiedad, las geografías y los imaginarios. Es objeto de múltiples apropiaciones y adaptaciones que no pueden reducirse unas a otras. Dicho de otro modo: fijar un objetivo «neto cero» [no liberar a la atmósfera en 2050 más gases de efecto invernadero de los que las reservas naturales y artificiales son capaces de absorber] no dice absolutamente nada sobre el camino que se toma para alcanzarlo, ni sobre el mundo que configurará.
El «greenblaming» dentro del movimiento agrario es, por tanto, en parte una reacción a un determinado tipo de política y regulación medioambiental, impulsada por la Unión Europea, y cuyos pormenores hay que dilucidar para entender cómo se construye el «dilema» socioecológico que acaba impidiendo cualquier transformación sustancial. La PAC (Política Agrícola Común), eje de la integración europea desde 1962, era originalmente una política de intervención y apoyo público a la modernización (en una versión claramente productivista), que organizaba cuotas, constituía existencias para suavizar los precios y mantener la estabilidad de las rentas de los agricultores, y garantizaba los precios.
Sin embargo, en 1992, la PAC dio un giro neoliberal, con la inclusión del «desacoplamiento» de los pagos de las ayudas: se introdujo entonces una prima uniforme por hectárea, independiente de la producción, que empujó a las explotaciones a ampliar sus tierras y, en consecuencia, a endeudarse. Poco a poco se fueron suprimiendo las protecciones y garantías, en nombre de la competencia leal y de la capacidad de autoajuste de los mercados, dejando a los agricultores directamente expuestos a las variaciones de precios y a las limitaciones impuestas por los transformadores y distribuidores.
Al mismo tiempo, se han firmado numerosos acuerdos de libre comercio (unos cuarenta están en vigor en todos los continentes, y muchos otros están en proceso de negociación o de entrada en vigor, como el CETA), que someten a los agricultores de los sectores afectados a una competencia no sólo europea, sino mundial, que beneficia casi exclusivamente a los grandes productores exportadores (en particular, los grandes cerealistas).
En este contexto, se imponen las políticas de regulación medioambiental, al integrarse el clima y la biodiversidad en las políticas europeas. De hecho, añaden al martillo del productivismo y al yunque de la competencia mundial el estrangulamiento de unas obligaciones reglamentarias totalmente justificadas y necesarias desde el punto de vista del imperativo ecológico, pero que pueden percibirse como parte del problema cuando se introducen en un contexto de competencia y de carrera por producir sin control de precios, sin seguridad de ingresos y sin visibilidad de futuro.
Las políticas verdes no caen del cielo ni aterrizan en un campo virgen: se construyen según racionalidades políticas heredadas -en el caso de Europa, la del ordoliberalismo [doctrina neoliberal desarrollada por economistas y juristas alemanes a partir de los años treinta, que inspiró fuertemente las políticas alemanas y europeas tras la Segunda Guerra Mundial]- y se introducen en los surcos de los circuitos productivos y reproductivos plenamente integrados en el movimiento del capitalismo global, sus limitaciones y contradicciones.
Los riesgos de una transición basada en la «desverdización» del capital privado
Además de la actual «ecologización» de la agricultura, la nueva serie de políticas climáticas -ya sea la Ley de Reducción de la Inflación (un vasto plan de ayuda a la industria y a la economía estadounidense puesto en marcha por la presidencia de Biden) o el Pacto Verde europeo- siguen una dinámica similar y crean del mismo modo el riesgo de una «disyuntiva» entre ecología y cuestiones sociales. A pesar del carácter inédito de los importes destinados y de los instrumentos reglamentarios utilizados, se trata de la misma invisibilización y naturalización del tercer polo del trilema, el del modelo económico. Podría presagiar el surgimiento de una oposición entre lo social y la transición.
Esencialmente, y de forma bastante explícita, el objetivo de estas nuevas políticas es preservar el marco del crecimiento, la globalización (incluso estamos asistiendo a la aparición de una nueva etapa de la globalización, basada en la construcción de cadenas de suministro de minerales críticos) y el equilibrio de fuerzas característico del capitalismo.
En el caso de Europa, se trata de conciliar la estabilización climática con la estabilización fiscal mediante el retorno a las políticas de austeridad. Los trabajos de Daniela Gabor[8] permiten identificar con precisión cómo la lógica sigue siendo la de «desestabilizar» los mercados en lugar de cuestionar su lógica fundamental. Se trata esencialmente de «escoltar» al capital privado hacia mercados, activos e inversiones verdes, aliviando su circulación de todo riesgo, sin imponer por ello ninguna disciplina sobre el ritmo de la transformación, ni sobre los impactos redistributivos que implica.
La dimensión «justa» de la transición se afirma enérgicamente en el marco y la retórica del Pacto Verde Europeo (la expresión utilizada repetidamente es la de una transición que «no deja a nadie atrás»), y sin embargo sólo intenta corregir a posteriori los efectos distributivos potencialmente perjudiciales de las políticas verdes. Es más, la cuantía del Fondo de Transición Justa se redujo drásticamente durante las negociaciones.
La potencial precariedad social de las vías de transición que generan estos planes verdes, y su inclusión en las coordenadas del capitalismo sin ningún contra-movimiento sustancial (que podría garantizarse, por ejemplo, mediante la planificación ecológica y el proteccionismo basado en la solidaridad organizada por el Estado), auguran nuevas crisis y trastornos sociales más amplios. Dado el estado actual del campo político y el creciente dominio de la extrema derecha, también cabe esperar su instrumentalización en una narrativa «antiecológica» y (falsamente) «social».
*
La formulación y dirección de la narrativa en torno a las crisis del Capitaloceno es, por tanto, una cuestión estratégica crucial. Por el momento, la configuración de la narrativa de estas crisis y las «soluciones» propuestas para regular y/o reprimir sus síntomas siguen alimentando la idea de que existe un compromiso necesario entre el mantenimiento de unas condiciones sociales mínimas y la bifurcación ecológica, todo ello dentro de un marco capitalista naturalizado, poco cuestionado y, en última instancia, retirado del campo de la negociación. Necesitamos darnos los medios para evitar la trampa del dilema «social versus ecológico» y (re)introducir el antagonismo con los componentes del capitalismo.
Debemos hacerlo ante todo en el seno del propio movimiento, apoyando -contra la captura política de la FNSEA- las voces que se niegan a encerrarse en este compromiso y hacen del cambio de modelo económico agrícola la condición de una verdadera salida de la crisis. Esto significa también continuar el trabajo intelectual, ya muy avanzado, para afirmar la naturaleza inseparable de la justicia social y el cambio ecológico – y su condición: hacer que la variable de ajuste no sean las condiciones sociales, ni el planeta ni los organismos vivos, sino las coordenadas materiales del capitalismo.
La impugnación de los acuerdos de libre comercio (no sólo los que se están negociando actualmente, sino también los que ya están en vigor), el control de los precios y los márgenes de las grandes empresas agrícolas, la garantía de las rentas agrícolas como condición para una transición ecológica justa, la propiedad de las tierras agrícolas (y su transferencia) y las luchas por la gestión y la propiedad del agua son ámbitos en los que esta ira agraria puede encontrar resonancia.
Notas
[1] Cf. la note « Greenblaming, la construction de l’épouvantail écologique » du collectif Construire l’écologie, janvier 2024.
[2] Moore, Jason W., Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital, Londres & New York, Verso, 2015.
[3] Foster, John Bellamy, & Burkett, Paul, Marx and the Earth: An Anti-critique, Leiden, Brill, 2016.
[4] Saito, Kohei, Marx in the Anthropocene: Towards the Idea of Degrowth Communism, Cambridge Mass., Cambridge University Press, 2023.
[5] Dermine, Elise, & Dumont, Daniel, « Le droit social et le productivisme. Droit de la croissance ou droit de l’autonomie? Une cartographie du rapport de forces », in Bailleux, Antoine (dir), Le droit en transition. Les clés juridiques d’une prospérité sans croissance, Bruxelles, Presses Universitaires de Saint-Louis-Bruxelles, 2020, p. 207-244 [en ligne].
[6] Tanuro, Daniel, L’impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte, 2015.
[7] Swyngedouw, Erik, “The non-political politics of climate change”, ACME: An International Journal for Critical Geographies, vol. 12, n° 1, 2013, p. 1-8.
[8] Gabor, Daniela, « The (European) Derisking State », Center for Open Science, 2023, [en ligne].
6. Conferencia por el centenario de Lenin en Nigeria
También en África se están organizando actividades por el centenario de Lenin.
La Conferencia del Centenario de Lenin en Nigeria
29 de febrero de 2024
Owei Lakemfa y Salvador Ousmane escriben sobre una vibrante conferencia celebrada en Abuja sobre la política, la vida y las ideas de Lenin. La conferencia supuso un rico abanico de discusiones y debates sobre la política socialista y de la clase obrera en Nigeria, África y el mundo. Estudiantes, investigadores y activistas debatieron la relevancia de las ideas revolucionarias de Lenin para la profunda crisis política y económica que atraviesa Nigeria.
Por Owei Lakemfa y Salvador Ousmane
Los días 22 y 23 de enero se celebró en Abuja una gran conferencia internacional con motivo del centenario de la muerte de Vladimir Ilich Lenin, líder de la primera revolución socialista.
La conferencia, de dos días de duración y a la que asistieron más de 300 personas, debatió sobre el legado y la vigencia de las ideas de Lenin. Entre los asistentes se encontraban varios participantes internacionales, socialistas veteranos y líderes sindicales de Nigeria, pero sobre todo varios jóvenes estudiantes.
El presidente del Comité Internacional de Coordinación del Centenario de Lenin fue Owei Lakemfa, conocido comentarista de la actualidad nigeriana y antiguo Secretario General de la Organización para la Unidad Sindical Africana (OATUU), la central sindical paraguas en África.
Lakemfa dijo que la conferencia examinaría, entre otros temas, el marxismo-leninismo como herramienta para analizar el neoliberalismo, el multilateralismo, el auge de organismos como los BRICS, la globalización y el mundo contemporáneo y por qué los llamados países socialistas se derrumbaron en 1989-1991, y si el marxismo-leninismo puede utilizarse para analizar, comprender y abordar los retos actuales de la democracia y el subdesarrollo en África y si sigue siendo emancipador y relevante hoy en día.
Los organizadores afirmaron que: El ejemplo de Lenin dio lugar a la explosión de revoluciones en el mundo, como las de Vietnam, Kampuchea, Corea del Norte, Laos, la Revolución China dirigida por el Presidente Mao, la Revolución Cubana liderada por Castro, la Revolución Sandinista en Nicaragua y la Revolución Venezolana dirigida por Hugo Chávez.
En África, la extinta URSS, que proporcionó entrenamiento, logística, armas y financiación, fue crucial para el éxito de los movimientos de liberación y la independencia de Guinea Bissau, Cabo Verde, Mozambique, Angola, Zimbabue, Namibia y Sudáfrica.
Lenin, abogado, teórico, estratega, táctico y organizador fue quizás el mayor defensor del poder de los trabajadores en el siglo XX y uno de los mayores pensadores e intelectuales de ese siglo.
Nuhu Yaqub, antiguo Vicerrector de las universidades de Abuja y Sokoto, pronunció el discurso inaugural sobre «La aristocracia obrera y el fin de la política democrática en Nigeria».
https://www.youtube.com/watch?
Diversas organizaciones, entre ellas el Nigeria Labour Congress, presentaron mensajes de solidaridad. Joe Ajaero, su presidente, dijo: «Está claro que sin el trabajo de Lenin y su grupo, todas las hermosas postulaciones marxianas no habrían encontrado tracción en la economía del mundo real…». Continuó diciendo: «El énfasis del leninismo en la lucha de clases y la necesidad de una vanguardia revolucionaria para abordar las preocupaciones de la clase obrera sigue siendo relevante. Frente a las empresas transnacionales y las disparidades económicas mundiales, las ideas leninistas nos animan a escudriñar las estructuras de poder y a abogar por la justicia social». Y añadió: «La lente leninista, centrada en el imperialismo y la explotación de la clase trabajadora, sigue siendo una potente herramienta para analizar las causas profundas de la desigualdad social… La concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos es un reto que trasciende las fronteras, y los principios leninistas nos animan a explorar soluciones colectivas que aborden los problemas sistémicos que subyacen a las disparidades globales.»
En la conferencia se presentaron 26 ponencias. En la primera sesión, se presentaron las ponencias introductorias de dos veteranos socialistas, Dipo Fashina, antiguo Presidente del Sindicato de Personal Académico de las Universidades (ASUU), el sindicato de profesores universitarios, y Edwin Madunagu, antiguo profesor de matemáticas y prolífico escritor. A éstas siguieron una ponencia de Drew Povey, sobre «Las huelgas apoyadas por Lenin como semillas de la autoemancipación de la clase obrera», y otra de Issa Aremu, antiguo dirigente de los trabajadores textiles.
Otras ponencias presentadas en la Conferencia fueron la de Biodun Olamosu sobre «La cuestión nacional y la búsqueda del cambio social». Olamosu es investigador, escritor y editor, y ha aparecido con frecuencia en ROAPE. Habló de la necesidad de unir a la clase trabajadora de Nigeria y de contrarrestar a quienes avivan las llamas del chovinismo étnico.
Saleh Mari Maina habló sobre «Globalización, imperialismo y el destino de la clase obrera nigeriana», una ponencia en la que subrayó que la izquierda nigeriana está fragmentada y necesita una plataforma unificada para guiar su transformación socialista por parte de la clase obrera y otras clases oprimidas. Adelaja Odukoya, por su parte, presentó la ponencia «Escapar del subdesarrollo: trazar un nuevo camino para el desarrollo de África en tiempos de neoliberalismo».
La última sesión se centró en el camino a seguir y estuvo presidida por el líder sindical Huawa Mustapha. Benson Upah, del Nigeria Labour Congress, señaló que la izquierda había estado en retirada y se preguntó qué podíamos hacer para revigorizarla sin idealizar el pasado. Defendió la necesidad de conectar el leninismo con el entorno local, evitando al mismo tiempo que los trabajadores, los estudiantes y la sociedad civil se culpen mutuamente.
Femi Aborisade hizo un llamamiento para cambiar el catastrófico estado actual de Nigeria. Sostuvo que el actual Presidente Bola Tinubu es el peor de la historia desde el punto de vista de la clase trabajadora. Aborisade afirmó que es necesario invertir en organizadores a tiempo completo para construir un partido de vanguardia.
Osagie Obayawana, veterano abogado, pidió un comité para acordar un programa mínimo y conseguir que trabajadores, agricultores, comerciantes y estudiantes trabajen juntos en los centros de trabajo, las escuelas y las comunidades para hacerse con el poder del Estado.
La conferencia finalizó con la entonación de canciones de solidaridad.
Owei Lakemfa y Salvador Ousmane son socialistas nigerianos que llevan años dedicados al activismo, la organización socialista y el desarrollo de organizaciones e ideas radicales para un futuro anticapitalista en África.
7. Violencia divina
No me gusta la «violencia divina», como la denomina Chris Hedges, y por eso había dudado hasta ahora sobre si enviar algo sobre el suicidio de Aaron Bushnell. No sé qué pensáis al respecto. https://chrishedges.substack.
La violencia divina de Aaron Bushnell
La autoinmolación de Aaron Bushnell fue en última instancia un acto religioso, que delimita radicalmente el bien y el mal y nos llama a resistir.
Chris Hedges 1 mar 2024
Aaron Bushnell, cuando colocó su teléfono móvil en el suelo para hacer un livestream y se prendió fuego frente a la embajada israelí en Washington D.C., provocando su muerte, enfrentó la violencia divina contra el mal radical. Como miembro en activo de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, formaba parte de la vasta maquinaria que sostiene el genocidio en curso en Gaza, no menos culpable moralmente que los soldados, tecnócratas, ingenieros, científicos y burócratas alemanes que engrasaron el aparato del Holocausto nazi. Era un papel que ya no podía aceptar. Murió por nuestros pecados.
«Ya no seré cómplice de un genocidio», dijo tranquilamente en su vídeo mientras se dirigía a la puerta de la embajada. «Estoy a punto de realizar un acto extremo de protesta. Pero comparado con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es extremo en absoluto. Es lo que nuestra clase dominante ha decidido que sea normal».
Los jóvenes se alistan en el ejército por muchas razones, pero matar de hambre, bombardear y asesinar a mujeres y niños no suele estar entre ellas. En un mundo justo, ¿no debería la flota estadounidense romper el bloqueo israelí de Gaza para proporcionar alimentos, refugio y medicinas? ¿No deberían los aviones de guerra estadounidenses imponer una zona de exclusión aérea sobre Gaza para detener los bombardeos de saturación? ¿No debería darse un ultimátum a Israel para que retire sus fuerzas de Gaza? ¿No deberían detenerse los envíos de armas, los miles de millones en ayuda militar e inteligencia proporcionados a Israel? ¿No deberían rendir cuentas quienes cometen genocidio, así como quienes lo apoyan?
Estas sencillas preguntas son las que la muerte de Bushnell nos obliga a afrontar.
«A muchos de nosotros nos gusta preguntarnos», publicó poco antes de su suicidio, «‘¿Qué haría yo si estuviera vivo durante la esclavitud? ¿O en el sur de Jim Crow? ¿O durante el apartheid? ¿Qué haría si mi país estuviera cometiendo un genocidio?». La respuesta es: lo estás haciendo. Ahora mismo».
Las fuerzas de la coalición intervinieron en el norte de Irak en 1991 para proteger a los kurdos tras la primera Guerra del Golfo. El sufrimiento de los kurdos fue extenso, pero empequeñecido por el genocidio de Gaza. Se impuso una zona de exclusión aérea para las fuerzas aéreas iraquíes. El ejército iraquí fue expulsado de las zonas kurdas del norte. La ayuda humanitaria salvó a los kurdos del hambre, las enfermedades infecciosas y la muerte por exposición.
Pero eso fue en otra época, en otra guerra. El genocidio es malo cuando lo llevan a cabo nuestros enemigos. Se defiende y se sostiene cuando lo llevan a cabo nuestros aliados.
Walter Benjamin -cuyos amigos Fritz Heinle y Rika Seligson se suicidaron en 1914 para protestar contra el militarismo alemán y la Primera Guerra Mundial- examina en su ensayo «Crítica de la violencia» los actos de violencia emprendidos por individuos que se enfrentan al mal radical. Todo acto que desafía al mal radical rompe la ley en nombre de la justicia. Afirma la soberanía y la dignidad del individuo. Condena la violencia coercitiva del Estado. Implica estar dispuesto a morir. Benjamin llamó a estos actos extremos de resistencia «violencia divina».
«Sólo por los desesperados se nos ha dado esperanza», escribe Benjamin.
La autoinmolación de Bushnell -que la mayoría de los medios sociales y organizaciones de noticias han censurado en gran medida- es la cuestión. Es para que se vea. Bushnell apagó su vida de la misma manera que miles de palestinos, incluidos niños, se han apagado. Podríamos verle arder hasta la muerte. Esto es lo que parece. Esto es lo que les ocurre a los palestinos por nuestra culpa.
La imagen de la autoinmolación de Bushnell, como la del monje budista Thích Quảng Đức en Vietnam en 1963 o la de Mohamed Bouazizi, un joven vendedor de fruta en Túnez, en 2010, es un potente mensaje político. Saca al espectador de su somnolencia. Obliga al espectador a cuestionar sus suposiciones. Le pide que actúe. Es teatro político, o quizá ritual religioso, en su forma más potente. El monje budista Thích Nhất Hạnh dijo de la autoinmolación: «Expresar la voluntad quemándose uno mismo, por tanto, no es cometer un acto de destrucción, sino realizar un acto de construcción, es decir, sufrir y morir por el bien de los suyos.»
Si Bushnell estaba dispuesto a morir, gritando repetidamente «¡Palestina libre!» mientras se quemaba, entonces algo debe estar terriblemente, terriblemente mal.
Estos sacrificios individuales a menudo se convierten en puntos de encuentro para la oposición de masas. Pueden desencadenar, como ocurrió en Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Bahréin y Siria, revueltas revolucionarias. Bouazizi, que estaba indignado porque las autoridades locales le habían confiscado sus balanzas y productos, no pretendía iniciar una revolución. Pero las injusticias mezquinas y humillantes que sufrió bajo el corrupto régimen de Ben Ali resonaron en un público maltratado. Si él podía morir, ellos podían tomar las calles.
Estos actos son nacimientos sacrificiales. Presagian algo nuevo. Son el rechazo total, en su forma más dramática, de las convenciones y los sistemas de poder imperantes. Están diseñados para ser horribles. Están pensados para escandalizar. Morir quemado es una de las formas más temidas de morir.
Autoinmolación procede de la raíz latina immolāre, espolvorear con harina salada al ofrecer una víctima consagrada para el sacrificio. Las autoinmolaciones, como la de Bushnell, vinculan lo sagrado y lo profano a través de la muerte sacrificial.
Pero llegar a este extremo requiere lo que el teólogo Reinhold Niebuhr llama «una locura sublime en el alma». Señala que «nada más que esa locura librará batalla contra el poder maligno y la maldad espiritual en las altas esferas». Esta locura es peligrosa, pero es necesaria al enfrentarse al mal radical porque sin ella «la verdad se oscurece». El liberalismo, advierte Niebuhr, «carece del espíritu de entusiasmo, por no decir fanatismo, que es tan necesario para sacar al mundo de sus caminos trillados. Es demasiado intelectual y demasiado poco emocional para ser una fuerza eficaz en la historia».
Esta protesta extrema, esta «locura sublime», ha sido una potente arma en manos de los oprimidos a lo largo de la historia.
Las cerca de 160 autoinmolaciones que se han producido en el Tíbet desde 2009 para protestar contra la ocupación china se perciben como ritos religiosos, actos que declaran la independencia de las víctimas del control del Estado. La autoinmolación nos llama a una forma diferente de ser. Estas víctimas sacrificadas se convierten en mártires.
Las comunidades de resistencia, aunque sean laicas, están unidas por los sacrificios de los mártires. Sólo los apóstatas traicionan su memoria. El mártir, con su ejemplo de abnegación, debilita y rompe los lazos y el poder coercitivo del Estado. El mártir representa un rechazo total del statu quo. Por eso todos los Estados intentan desacreditar al mártir o convertirlo en una no-persona. Conocen y temen el poder del mártir, incluso en la muerte.
En 1965, Daniel Ellsberg fue testigo de cómo un activista antibelicista de 22 años, Norman Morrison, se rociaba con queroseno y se prendía fuego -las llamas salieron disparadas a tres metros de altura- frente al despacho del Secretario de Defensa Robert McNamara en el Pentágono, para protestar contra la guerra de Vietnam. Ellsberg citó la autoinmolación, junto con las protestas nacionales contra la guerra, como uno de los factores que le llevaron a publicar los Papeles del Pentágono.
El sacerdote católico radical Daniel Berrigan, tras viajar a Vietnam del Norte con una delegación pacifista durante la guerra, visitó la habitación de hospital de Ronald Brazee. Brazee era un estudiante de secundaria que se había empapado de queroseno y se había inmolado frente a la Catedral de la Inmaculada Concepción, en el centro de Siracusa, Nueva York, para protestar contra la guerra.
«Seguía vivo un mes después», escribe Berrigan. «Pude acceder a él. Sentí el olor a carne quemada y comprendí de nuevo lo que había visto en Vietnam del Norte. El chico agonizaba atormentado, su cuerpo como un gran trozo de carne arrojado sobre una parrilla. Murió poco después. Sentí que mis sentidos habían sido invadidos de una manera nueva. Había comprendido el poder de la muerte en el mundo moderno. Sabía que debía hablar y actuar contra la muerte porque la muerte de este niño se multiplicaba por mil en el País de los Niños en Llamas. Así que fui a Catonsville porque había ido a Hanoi».
En Catonsville, Maryland, Berrigan y otros ocho activistas, conocidos como los Nueve de Catonsville, irrumpieron en una junta de reclutamiento el 17 de mayo de 1968. Se llevaron 378 expedientes de reclutamiento y los quemaron con napalm casero en el aparcamiento. Berrigan fue condenado a tres años en una prisión federal.
Estuve en Praga en 1989 con motivo de la Revolución de Terciopelo. Asistí a la conmemoración de la autoinmolación de un estudiante universitario de 20 años llamado Jan Palach. Palach se había plantado en 1969 en la escalinata del Teatro Nacional de la Plaza de Wenceslao, se roció con gasolina y se prendió fuego. Murió de sus heridas tres días después. Dejó una nota en la que decía que ese acto era la única forma de protestar contra la invasión soviética de Checoslovaquia, que había tenido lugar cinco meses antes. El cortejo fúnebre fue interrumpido por la policía. Cuando se celebraron frecuentes vigilias con velas en su tumba del cementerio de Olsany, las autoridades comunistas, decididas a borrar su memoria, desenterraron su cuerpo, lo incineraron y entregaron las cenizas a su madre.
Durante el invierno de 1989, carteles con el rostro de Palach cubrieron las paredes de Praga. Su muerte, dos décadas antes, fue ensalzada como el acto supremo de resistencia contra los soviéticos y el régimen prosoviético instaurado tras el derrocamiento de Alexander Dubček. Miles de personas marcharon a la Plaza de los Soldados del Ejército Rojo y la rebautizaron como Plaza de Jan Palach. Ganó.
Un día, si se desmantelan el Estado corporativo y el Estado de apartheid de Israel, la calle donde Bushnell se prendió fuego llevará su nombre. Al igual que Palach, será honrado por su valor moral. Los palestinos, traicionados por la mayor parte del mundo, ya le consideran un héroe. Gracias a él, será imposible demonizarnos a todos.
La violencia divina aterroriza a una clase dirigente corrupta y desacreditada. Expone su depravación. Ilustra que no todo el mundo está paralizado por el miedo. Es un canto de sirena para luchar contra el mal radical. Eso es lo que Bushnell pretendía. Su sacrificio habla a nuestro mejor yo.
8. Murray sobre Assange: 2º día de juicio
Craig Murray por fin ha publicado la segunda parte de sus impresiones en el juicio de apelación de Assange. El pobre, ha estado enfermo por el frío de Londres.
Assange Final Appeal Day 2 – Vuestro hombre en la galería pública
febrero 29, 2024
Me acerqué al segundo día con inquietud. No era tanto estar acostumbrado a tener esperanzas frustradas, como haber vivido tanto tiempo sin esperanza que era difícil saber qué hacer con ella. A las 5:30 de la mañana dejé de trabajar un rato en la redacción del primer día y salí a caminar por Strand hasta la sala. Había un poco más de gente que el día anterior a la misma hora y, afortunadamente, entre ellos estaban los heroicos voluntarios que me habían guardado el sitio.
Un gélido viento de levante soplaba por el Strand procedente de Siberia, arrastrando ante sí lo que parecía un buen trozo del Mar del Norte, penetrando a través de las capas de ropa con la facilidad de un fantasma a través de los muros de San Pablo. Les di a los voluntarios mi opinión sobre el caso hasta el momento y lo que esperaba que fuera una charla de ánimo a las 6 de la mañana. Estaban asombrosamente alegres dadas las circunstancias. Hay una bondad humana que puede calentar desde dentro; ojalá yo tuviera un poco.
Después de explicarles que quería publicar todo lo que pudiera antes de volver al juzgado, volví a mi Airbnb, donde tuve que cambiarme de ropa e incluso de zapatos. Volví a ponerme a escribir y escribí unos cuantos párrafos más antes de ir al juzgado.
Me preocupaba un poco que ese día me detuvieran; mi comparecencia del primer día podría haber cogido desprevenidas a las autoridades, y siempre había pensado que probablemente se lo pensarían un poco antes de actuar con la tontería de la «investigación por terrorismo». Pero al final no tuve ningún problema, y la policía y los funcionarios del tribunal siguieron siendo muy amables conmigo.
Tomando nuestra posición en la sala del tribunal, todavía había menos asientos disponibles para el público. Esto se debe a que había una presencia mucho mayor de los «medios de comunicación del tribunal», es decir, los periodistas de Londres con acreditación permanente ante el tribunal. Habían ignorado en gran medida el primer día, ya que se trataba del alegato de Julian; sin embargo, habían acudido a informar sobre el alegato del Gobierno estadounidense el segundo día.
Yo había presenciado precisamente el mismo comportamiento en el caso de genocidio de la CIJ en La Haya, donde los argumentos israelíes del segundo día tuvieron mucha más cobertura mediática que los de Sudáfrica del primero. La BBC incluso retransmitió en directo el alegato israelí, pero no el sudafricano, lo que supone un nivel de parcialidad impresionante.
Así que había menos plazas disponibles. Yo estaba apretujado contra la señora que instruía al abogado del Ministro del Interior, que en realidad era muy amable y no paraba de darme caramelos de menta cuando se hizo cada vez más evidente que estaba luchando contra los síntomas del resfriado.
James Lewis KC, que había actuado anteriormente para el gobierno de EE.UU., no estaba presente. Esto no tenía explicación; no es habitual cambiar al KC principal a mitad de un caso importante, y los jueces suelen hacer todo lo posible para evitarles coincidencias de agenda. Tengo que confesar que Lewis me había caído bastante bien, como creo que demostró mi informe. Me preguntaba si había perdido la fe en su cliente; puede ser interesante que su perfil profesional enumere sus casos más famosos, pero no el más famoso de todos.
Así que su número 2, Clare Dobbin, se puso hoy al frente. Parecía estar en vilo. Quince minutos antes de las 10.30, hora fijada para el comienzo, estuvo preparada, con los papeles cuidadosamente esparcidos por la tribuna. Miraba continuamente hacia la silla del juez, como si ensayara mentalmente sus argumentos en esa dirección. O imaginando convertirse en juez; ¿cómo voy a saber lo que estaba pensando? No me hagan caso.
Sobre todo me pareció inútil que estuviera allí preparada mientras nosotros estábamos sentados a su alrededor charlando despreocupadamente, dado que todos tendríamos que levantarnos también cuando entraran los jueces, antes de volver a nuestros sitios con un alboroto de toses, apagando teléfonos, tirando carpetas, aplastando bocadillos, etc. En cualquier caso, se quedó de pie, mirando seriamente al estrado. Esto me dio tiempo para observar que llevaba el pelo notablemente más largo que la última vez que compareció en este caso, y que las largas fibras rubias caían completamente rectas y espaciadas uniformemente, terminando en una línea de pelo a través de la parte posterior de su toga legal que no sólo era perfectamente recta, sino también perfectamente horizontal, y permanecía así sin importar cómo se moviera.
Era el pelo más disciplinado que jamás había visto. Sospecho que lo había sometido a gritos. La Sra. Dobbin tiene un acento muy fuerte. Es propio de esos gigantescos astilleros de Belfast que sólo empleaban a protestantes y que producían grandes transatlánticos que se hundían con más eficacia, y de una manera más propia de Hollywood, que cualquier otro barco del mundo.
Alguien en el astillero había tomado el acento de la señora Dobbin y le había remachado algunos sonidos vocálicos alargados en un esfuerzo por hacerlo más elegante, pero lamentablemente esto había causado grietas de comprensión por debajo de la línea de flotación.
Sin embargo, algo le había ocurrido a la Sra. Dobbin. Había sido estentórea; antes la había descrito como Ian Paisley con peluca. Pero ahora tardé varios minutos en darme cuenta de que había empezado a hablar. Esto no mejoró. A la amable jueza Dame Victoria Sharp se le ocurrieron unas ocho fórmulas diferentes a lo largo de la mañana para pedirle que hablara más alto, como un maestro de escuela que anima a un niño tímido en un concierto de villancicos. Todo fue en vano.
Una cosa estaba muy clara. La Sra. Dobbin había perdido la fe en el caso que estaba presentando. Apenas intentó argumentarlo. Y no sólo en términos de volumen. La Sra. Dobbin hizo muy poco esfuerzo para refutar los argumentos presentados por el equipo de Assange el día anterior. En su lugar, se limitó a leer grandes partes de la declaración jurada presentada por el Fiscal General Adjunto de EE.UU. Kronberg en apoyo de la segunda acusación sustitutiva.
Como los jueces Johnson y Sharp presumiblemente saben leer, no estaba claro qué valor añadía este ejercicio. La Sra. Dobbin no corre tanto el peligro de ser sustituida por la Inteligencia Artificial, como de ser sustituida por una máquina de las que te dicen tu peso hablando. Que al menos puede tener un acento más agradable.
Debo explicar la «Segunda Acusación Suplementaria». La acusación, o conjunto de cargos por los que Julian Assange fue detenido por primera vez para su extradición, era un evidente montón de tonterías juntadas y garabateadas en la parte posterior de la lista de la lavandería de Mike Pompeo. Sin embargo, antes de que comenzaran las audiencias, se permitió al Gobierno de EE.UU. desechar esta lista y sustituirla por un conjunto de cargos totalmente diferente, la «Primera acusación sustitutiva».
Las audiencias de entrega comenzaron con cinco días de alegatos iniciales en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en el transcurso de los cuales la defensa hizo trizas la Primera Acusación Suplementaria. Por lo tanto – y por favor lea esto tres veces para superar la incredulidad que está a punto de sentir – después de que las audiencias habían comenzado y pasado por la importante fase del alegato inicial, se permitió al Gobierno de los Estados Unidos retirar esos cargos, cambiarlos por completo y presentar la Segunda Acusación Suplementaria con un grupo completamente nuevo de cargos basados en Espionaje y Hacking.
La defensa no pudo modificar su alegato inicial para reflejar los nuevos cargos, ni tuvo la pausa de varios meses que solicitó para estudiar los nuevos cargos y responder a ellos. Tampoco se les permitió cambiar su lista de testigos de la defensa, que consistía en testigos llamados a refutar los cargos ahora retirados, no los cargos totalmente diferentes a los que ahora se enfrentan.
Sí, lo has leído bien. No, yo tampoco me lo creo. Ahora, continuemos. Este es mi mejor esfuerzo para reconstruir, con la ayuda ocasional de la amable señora del Ministerio del Interior, lo que Dobbin pudo haber murmurado.
Dobbin empezó diciendo que la defensa había hecho mucho hincapié en que las pruebas eran indiscutibles. Era una caracterización errónea. Todas las pruebas de la defensa fueron impugnadas. Ninguna debe considerarse aceptada.
El juez Baraitser, dijo Dobbin, había mostrado una considerable indulgencia al permitir que se escucharan pruebas de dudosa relevancia. Además, había un nexo de relaciones entre varios de los testigos, y entre algunos de los testigos y Julian Assange. Algunos, incluido un abogado, habían estado previamente a su servicio. Se cuestiona el estatus y la experiencia de los testigos individual y colectivamente. Sus pruebas fueron directamente contradichas por las pruebas anteriores que figuran en las declaraciones juradas de los testigos de los fiscales generales adjuntos de EE.UU. Dwyer y Kronberg.
Este caso no trata de periodismo. Se trata de la divulgación masiva de material clasificado. Se trata de la publicación indiscriminada de nombres sin censura. Eso es lo que distingue a Wikileaks del Guardian o del New York Times. El juez Baraitser ha rechazado de plano y con razón que Assange sea un periodista o algo parecido a un periodista.
No se trata de una acusación política. La Administración estadounidense ha cambiado durante este proceso, pero la acusación continúa porque se basa en la ley y en las pruebas, no en motivaciones políticas.
En el Superseding Indictment 2 (que suena como una película de franquicia muy mala) se añade el cargo de piratería informática, pero se incorporan las acusaciones del Superseding Indictment 1. Lo que se alega no tiene ninguna relación con los casos de libertad de expresión del Artículo X del CEDH presentados por la defensa. Este caso trata de documentos robados y pirateados, de un hash de contraseñas pirateado para permitir a Wikileaks y a Manning robar a los Estados Unidos de América, y de la posterior publicación de nombres no redactados que habían puesto a personas en riesgo inmediato de sufrir daños físicos y detención arbitraria.
Los archivos de documentos publicados indiscriminadamente eran ingentes. Incluían más de 90.000 sobre Afganistán, más de 400.000 sobre Irak y más de 250.000 cables diplomáticos. Assange había animado y provocado que Chelsea Manning descargara los documentos. El sitio web de Wikileaks solicita activamente material pirateado. «La sugerencia de que la señorita Manning es una denunciante es poco realista. Un informante revela material obtenido legalmente en el curso de su empleo». Sin embargo, Manning había obtenido material ilegalmente.
Assange descifrando el hash de la contraseña «va mucho más allá de la posición de un periodista». Por lo tanto, la juez Baraitser tenía pleno derecho a dar toda la importancia a ese aspecto del caso.
Estados Unidos se había visto obligado a hacer todo lo posible para mitigar el peligro que corrían sus fuentes después de que se revelaran sus nombres, Muchos habían sido reubicados, obligados a trasladarse. La acusación es que el acusado publicó a sabiendas y deliberadamente los nombres de los informantes.
Como señaló el Fiscal General Adjunto Kronberg, los cargos habían sido aprobados por un Gran Jurado Federal, tras un examen independiente muy cuidadoso de las pruebas.
Aunque esta acusación puede no tener precedentes, se ha llevado a cabo de acuerdo con principios establecidos desde hace mucho tiempo. No existe inmunidad de los periodistas para violar la ley penal. Ahora existe una ley específica contra la divulgación intencionada de los nombres de los agentes de inteligencia y sus fuentes, y se ha dictaminado que esto no infringe la Primera Enmienda. El único material por el que Assange está siendo procesado en virtud de la Ley de Espionaje es el que contiene nombres. Esa es la diferencia entre este caso y otros anteriores que fueron o no procesados.
Kronberg declaró en su declaración jurada que hay pruebas de personas que han tenido que abandonar sus hogares o incluso sus países como consecuencia de esta revelación. Varias habían sido detenidas o interrogadas, y algunas habían desaparecido.
El material divulgado por Wikileaks había sido útil a gobiernos hostiles, a grupos terroristas y a organizaciones criminales. Osama Bin Laden y los talibanes habían solicitado y estudiado parte del material divulgado.
A estas alturas, los jueces parecían mucho más cómodos que el día anterior. Se sentaron en sus sillas visiblemente relajados y sonrientes. Ayer les habían incomodado miembros de su propia clase diciéndoles a la cara cosas sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos, que preferían no oír. Hoy estaban recibiendo un simple recital de tópicos del Daily Mail y palabras desencadenantes que refuerzan la visión del mundo del establishment. Estaban de vuelta en su medio, como peces tropicales regordetes en un tanque cuyo calentador había fallado ayer pero acababa de ser sustituido.
Dobbin continuó diciendo que no era necesario ningún ejercicio de equilibrio del interés público. «El material que Assange publicó sin editar no tiene ningún interés público. Ese es el meollo del caso».
El juez Johnson preguntó si Dobbin aceptaba las pruebas presentadas ayer de que otros habían publicado primero el material no redactado. Dobbin respondió que era Assange quien tenía la responsabilidad de que el material estuviera disponible en primer lugar.
Sobre la cuestión de la extradición política, la Ley de 2003 había transformado la ley de extradición y había eliminado deliberadamente la prohibición de extradición por delitos políticos que figuraba en la Sección 6 de la Ley de Extradición de 1989 (mostrada aquí).
En cambio, el artículo 81 de la Ley de Extradición de 2003 decía lo siguiente:..
La frase «delito político» había sido obviamente eliminada deliberadamente por el parlamento, dijo Dobbin.
El juez Johnson preguntó si había algún material publicado por el Gobierno o algo dicho por los ministros en Hansard que explicara la omisión. Dobbin respondió que no era necesario: la supresión estaba clara a la vista de la Sección 81. Si un Tratado contiene una disposición no incorporada al Derecho interno del Reino Unido, no corresponde al tribunal restablecerla. La exclusión del delito político en la extradición no es derecho internacional consuetudinario.
Un tratado no incorporado puede dar lugar a una obligación en Derecho interno, pero no puede contradecir los términos de una ley. El artículo 4 del Tratado de Extradición entre EE.UU. y el Reino Unido de 2007 contradice los términos del artículo 81(a) de la Ley de Extradición de 2003. Por lo tanto, ese artículo del Tratado decae en el Reino Unido, aunque se aplique en los Estados Unidos, donde no contradice la legislación nacional. Aunque se supone que los tratados de extradición son mutuos y deben ser interpretados de la misma manera por ambas partes, ello no impide que una de las partes pueda extraditar a una persona en circunstancias unilaterales.
En este punto, el juez Johnson miraba a la Sra. Dobbin con cierta preocupación, como un aficionado local en un partido de fútbol en el que su equipo va perdiendo inesperadamente por 3-0, que no acaba de entender por qué están jugando tan mal.
En este punto he pensado que podría introducir un panel para que el lector pueda aislar este argumento vital. La cuestión es la siguiente. ¿Es esta disposición de la Ley de Extradición de 2003 en la Sección 81 (A):
.. incompatible con esta sección del posterior Tratado de Extradición EE.UU./Reino Unido de 2007:
.. de modo que este último sea nulo y sin efecto? Esta es una cuestión fundamental en esta vista y la afirmación hecha por Dobbin.
Si la aceptación de este argumento por parte del juez Baraitser fuera correcta, significaría, por supuesto, que los abogados del Ministerio del Interior en 2007 redactaron un tratado, aprobado por los abogados del FCO, que ninguno de los dos grupos de abogados advirtió que fuera incompatible con la legislación que los mismos abogados habían redactado sólo cuatro años antes.
También significaría que los propios mecanismos sustantivos para garantizar la compatibilidad de los tratados con la legislación nacional, que implican una gran ronda de consultas formales por escrito entre departamentos, también fallaron. He trabajado personalmente con esos mecanismos cuando estaba en el FCO, y no veo cómo pueden fallar.
Crucialmente, el argumento de Dobbin depende de la noción de que el Tratado de Extradición da una definición más amplia de lo que puede ser una extradición políticamente motivada, que la Ley. Así, mientras que la extradición de Assange estaría prohibida por el Tratado, no lo está por la Ley.
Pero eso es obviamente absurdo. Todo el propósito de la disposición mucho más larga del Tratado es claramente limitar lo que cuenta como político bajo la definición muy amplia de la Ley. Reduce el motivo para denegar la extradición por motivos políticos; no lo amplía. El hecho de que incluso esta larga lista de exclusiones no excluya la actividad de Wikileaks es extremadamente revelador.
Bien, este es el final del panel. Volvamos a la audiencia.
Dobbin continuó diciendo que los argumentos de Abuso de Proceso no permiten la incorporación de tratados internacionales no incorporados. Por ejemplo, los tribunales han considerado que las supuestas obligaciones del Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño no son exigibles en el derecho interno. Estados Unidos no acepta que se trate de un delito político. Pero incluso si lo fuera, Swift y Baraitser tienen razón en que la ley no prohíbe la extradición por delitos políticos.
La defensa había alegado que la acusación pretendía ser por un delito penal, pero en realidad era política. Este argumento debe tratarse con mucha cautela, porque cualquier delincuente podría alegar que su delito tenía una motivación política.
El punto de partida debe ser la presunción de buena fe por parte del Estado con el que el Reino Unido mantiene relaciones convencionales en materia de extradición. Estados Unidos es uno de los socios internacionales más antiguos y cercanos del Reino Unido.
El artículo de Yahoo no era una prueba nueva. Había sido debidamente considerado y rechazado por Swift y Baraitser. Era internamente incoherente e incluía negaciones oficiales de la conducta alegada. El tribunal debe considerar el nexo entre los que hacen alegaciones de incorrección y el recurrente. Ecuador había rescindido su solicitud de asilo político y Assange fue debidamente detenido por la policía invitada a la Embajada de Ecuador. Sencillamente, no hay pruebas de que Assange sufriera daño alguno si fuera extraditado.
Incluso aceptando el artículo de Yahoo como prueba, eso no afecta a la base objetiva de los procedimientos de extradición. Afirma que el secuestro fue rechazado por los abogados del gobierno de EE.UU., ya que interferiría con los procedimientos penales.
No es periodismo animar a la gente a violar la Ley de Secretos Oficiales o a robar información. La señorita Manning no es una denunciante sino una pirata informática. Por lo tanto, la expresión protegida no está comprometida y toda esa línea de argumentación decae. Baraitser distingue correctamente entre Wikileaks y el concepto de «periodismo responsable». La difusión masiva e indiscriminada de información no puede tener ningún interés público.
Hay muchas razones por las que el título de whistleblower no le corresponde a Chelsea Manning. No hay pruebas de que Manning tuviera ninguna información específica que deseara divulgar ni ningún asunto concreto que quisiera tratar.
Julian Assange no tenía que revelar el material no redactado. No era una parte necesaria de su publicación. El New York Times había publicado parte del material de forma responsable y redactado. Assange, por el contrario, se arrogó el papel de decidir qué era de interés público.
La defensa se equivocó en su enfoque del artículo X sobre la libertad de expresión. El enfoque en Inglaterra y Gales no es considerar si una publicación concreta es compatible con el artículo X, sino si una acusación penal concreta es compatible con el artículo X. Es evidente que la acusación era compatible en el caso de Assange. Es evidente que la acusación era compatible en este caso con las restricciones del artículo X por motivos de seguridad nacional. No hubo error de derecho. En esta jurisdicción Assange también podría ser acusado de conspiración.
Johnson hizo entonces una pregunta muy cuidadosa. Si, en este país, un periodista tuviera información sobre graves irregularidades gubernamentales y solicitara material clasificado, y publicara ese material de forma seria y cuidadosa, ¿no entraría eso en el Artículo X?
Dobbin respondió que, tras la decisión en el caso Shayler, debería haber seguido vías internas.
Johnson insistió en que no se refería al denunciante sino al periodista. ¿Tendría el periodista protección en virtud del artículo X?
Dobbin respondió que no, pero que tendría que haber una prueba de proporcionalidad antes de iniciar una acción judicial. (Recordarán que Dobbin había declarado anteriormente que en este caso no había necesidad de tal prueba de equilibrio, ya que Manning no era un denunciante y el material no era de interés público).
Dobbin dijo que EE.UU. se esforzaba por distinguir esta persecución sin precedentes del periodismo ordinario. Se trataba de la publicación indiscriminada de material. El caso Rosen fue importante porque, aunque en un tribunal inferior, explica por qué se procesa a Wikileaks y no al New York Times. (Este caso ha surgido repetidamente a lo largo de las audiencias. De interés actual, trataba sobre el AIPAC recibiendo y utilizando información clasificada).
Aunque se daba el caso de que Estados Unidos podía argumentar que Julian Assange no tenía derecho a la protección de la Primera Enmienda debido a su nacionalidad, no se decía que fuera a hacerlo. Simplemente se señaló como una opción. Por lo tanto, esto no podría ser un bloqueo a la extradición debido a la discriminación por motivos de nacionalidad en virtud de la Sección 81a.
Johnson intervino diciendo que en la declaración jurada tenemos al fiscal diciendo claramente que podría hacerlo. Dobbin contestó que esto era «tenue». Incluso si el fiscal lo hiciera, no hay forma de saber cómo podría resultar. El juez podría rechazarlo. Este argumento podría fracasar en los tribunales. Esta posibilidad no ofrecía fundamento suficiente para excluir la extradición por discriminación debida a la nacionalidad. Además, se trataría de derechos de la Convención que quedan fuera de la jurisdicción de este tribunal.
En este punto, la juez Dame Victoria Sharp miraba a Dobbin con gran preocupación, mientras Dobbin parloteaba con una especie de flujo de conciencia de frases sin sentido. El juez Johnson intentó devolverla a la realidad. ¿Tenemos alguna prueba, preguntó, de que un ciudadano extranjero tiene efectivamente los mismos derechos de la Primera Enmienda que un ciudadano estadounidense?
Bueno, sí, respondió Dobbin. O quizás no. Una de las dos. Ella lo averiguaría.
Dobbin se sentó con cara de alivio. Había llegado hasta el final, y había hablado tan bajo que no mucha gente había oído lo que había dicho. Así que no se había hecho demasiado daño. Los jueces parecían aún más aliviados de que hubiera terminado. La catedrática Alice Edwards, la inestimable relatora especial de la ONU sobre la tortura, estaba en el tribunal. Quería preguntarle si escuchar a Dobbin durante más de 15 minutos podría considerarse en sí mismo un castigo cruel e inusual, pero lamentablemente estaba sentada demasiado lejos.
El siguiente KC de los EE.UU. se puso en pie, un tal Sr. Smith, que había sido ascendido de número 3 a número 2 en ausencia de Lewis. Smith, por sus modales, no tenía ninguna duda sobre el caso de su cliente, o al menos no tenía dudas sobre sus honorarios, que viene a ser lo mismo. Tampoco tuvo problemas para ser escuchado. Le escucharon en Chelsea.
Dijo que deseaba abordar el mosaico de quejas presentadas por el demandante en virtud de los artículos IV y VI del CEDH, relativas a un juicio justo, el Estado de Derecho y el abuso de proceso. En las alegaciones escritas, el recurrente se había referido al sistema de negociación de declaraciones de culpabilidad como una imposición de declaraciones de culpabilidad mediante la amenaza de un castigo desproporcionado, interfiriendo así en un juicio justo. Pero este argumento nunca había sido aceptado en ninguna extradición a Estados Unidos. En algunas cuestiones, como la selección del jurado, el acusado tenía más derechos que en el Reino Unido.
En cuanto al sistema de aumento de la pena con referencia a otros presuntos delitos no imputados, no podía ser abuso de proceso ni denegación de juicio justo. Era «especialidad o nada», siendo la especialidad el principio del derecho internacional según el cual una persona extraditada sólo puede ser acusada del delito mencionado.
Como había señalado el recurrente, el juez de primera instancia estadounidense podía aumentar la pena en función de si el demandante era culpable de otros delitos, según un juicio de «equilibrio de probabilidades». Pero esto no significa que el acusado sea condenado por esos delitos adicionales. La condena es únicamente por el delito imputado, agravado por otras conductas. El argumento de la especialidad decae entonces. Esto no difiere del Reino Unido, donde pueden tenerse en cuenta factores agravantes o atenuantes.
Esto no podría acercarse ni de lejos al umbral de violación «flagrante» del Estado de Derecho necesario para que entre en vigor el CEDH. El artículo 6 (2) sólo se invocaría si el procedimiento implicara una condena adicional por un nuevo cargo. El recurrente también había planteado la posibilidad de un aumento de la condena a partir de la información contenida en el material clasificado que se mostraría al juez pero no al acusado ni a sus abogados. Pero no había pruebas ante el tribunal que demostraran que esto ocurriría en este caso.
Llegamos ahora, dijo Smith, a la cuestión de las condenas manifiestamente desproporcionadas, que la defensa planteó primero en relación con el artículo III del CEDH y que ahora relaciona también con el artículo X sobre la libertad de expresión. Pero la norma no es imponer las normas de imposición de penas del Reino Unido a Estados extranjeros. La prueba es si una decisión de condena es «extrema».
La defensa había estimado en 175 años la pena máxima por cada cargo, consecutivos. Pero los propios peritos de la defensa habían dado estimaciones diferentes, que oscilaban entre 30 y 40 años y entre 70 y 80 meses.
En su declaración jurada, el Fiscal General Adjunto había declarado que evitar la disparidad era un factor clave en las directrices para la imposición de penas. La Srta. Manning había sido condenada a 35 años y podía optar a la libertad condicional tras un tercio de esa condena en virtud de la legislación militar. Kronberg había dado otras posibles comparaciones que oscilaban entre los 42 y los 63 meses.
A Assange se le acusaba de una conducta muy grave, por la que la condena podría aumentar si se dieran factores agravantes significativos. En el Reino Unido, a Simon Finch se le aumentó la condena a 8 años por filtrar un documento que había puesto en peligro la seguridad nacional. En comparación, el presunto delito de Assange no sólo era grave, sino que no tenía precedentes.
Assange y otros miembros de Wikileaks habían reclutado a Chelsea Manning y a otros hackers, les habían animado a robar información clasificada y habían publicado nombres sin censura, poniendo así vidas en peligro y provocando la deslocalización. Por tanto, ninguna de las penas que se habían presentado al tribunal sería manifiestamente desproporcionada, de 60 meses a 40 años.
El artículo X sólo podría aplicarse en estas circunstancias a una violación flagrante de los derechos de libertad de expresión. Este no era el caso. No se trataba de un caso de denuncia de irregularidades ni de periodismo responsable. No se aplica el artículo X en absoluto.
El juez Johnson pidió una copia de las declaraciones de sentencia del consejo de guerra en el caso Manning.
Ben Watson KC se levantó ahora para dirigirse al tribunal en nombre del Secretario de Estado de Interior del Reino Unido, aunque por su forma reciente no podía estar seguro de si seguiría siendo la misma persona cuando volviera al despacho. Afirmó que el Secretario de Estado no tiene ningún papel en la supervisión del tratado de extradición, la decisión de fondo corresponde a los jueces.
Señaló que la prohibición de la extradición política había sido eliminada del Acuerdo Marco Europeo entre los Estados miembros de la UE. Se trata de una doctrina «en declive».
No había ninguna base para que el tribunal dedujera que el Parlamento no era consciente de la diferencia entre el artículo 81 de la Ley de Extradición de 2003 y la prohibición de la extradición política en el artículo 6 de la Ley de 1989. Véase, por ejemplo, la intervención del parlamentario Ross Cranston en el debate sobre la ley (Cranston era parlamentario y antiguo juez del Tribunal Supremo).
Sospecho que Watson lanzó esto con la confianza de que nadie vería realmente la contribución del Prof. Ross Cranston MP en el debate. Pero entonces el Sr. Watson nunca me ha conocido. Decidí ver la contribución del Profesor Ross Cranston MP en el debate, y esto es lo que tenía que decir sobre el tema de la extradición política, en el debate del 9 de diciembre de 2002.
La cláusula 13 se refiere a circunstancias ajenas. No extraditaremos a personas que puedan ser perseguidas por sus opiniones políticas o religiosas. Eso es bueno. Existe, por supuesto, la cuestión de la definición. En el caso Shayler, el tribunal francés se negó a extraditar a Shayler a este país alegando que se trataba de un delito político, por lo que puede haber desacuerdo sobre lo que pueden suponer circunstancias extrañas. Sin embargo, existe una barrera valiosa que operará en nuestro derecho interno.
Eso transmite más bien el sentido opuesto a lo que Watson afirmaba que decía el profesor Cranston. Cranston dice que los delitos políticos seguirán estando prohibidos y que corresponderá a los tribunales definirlos. Eso no es lo mismo que decir que la Ley elimina la prohibición de extradición por delitos políticos.
El juez Johnson hizo ahora una pregunta a Watson. El tratado prohíbe la extradición por delitos políticos. Entonces, ¿significa esto que si EE.UU. recibe una solicitud de extradición por un delito político del Reino Unido, puede denegarla, pero si el Reino Unido recibe una solicitud de extradición por un delito político idéntico de EE.UU., no puede denegarla, y el Secretario de Estado no puede bloquearla aunque la considere contraria al Artículo IV?
Watson respondió que sí, que esa es la posición. No pareció encontrar ningún problema en ello. Al Juez Johnson, sin embargo, le pareció una proposición extraña.
Watson pasó a la pena de muerte. Chelsea Manning no había sido condenada a muerte. No había nada que sugiriera que la demandante se enfrentaba a la seria amenaza de la pena de muerte. El hecho de que Estados Unidos hubiera dicho que Assange podía cumplir su condena en Australia podía tomarse como una garantía contra la pena de muerte. Así que no había necesidad de que el Secretario de Estado buscara garantías. Estados Unidos había sugerido que Assange se enfrentaba a una pena máxima de 30 a 40 años.
El juez Johnson volvió a intervenir y preguntó si había algo que impidiera a Estados Unidos añadir delitos de complicidad en traición u otros cargos de espionaje que sí conllevan la pena de muerte. Watson contestó que no había nada que se lo impidiera, pero que eso sería contrario a las garantías recibidas al cumplir condena en Australia. Debe haber un umbral de posibilidad de pena de muerte antes de que el Secretario de Estado se vea obligado a buscar garantías contra ella.
Edward Fitzgerald se levantó para rebatir. Hoy estaba en una forma mucho más dominante, al ataque, desdeñoso de los argumentos que estaba rechazando con un amplio despliegue de retórica.
Edward Fitzgerald KC
Estados Unidos no había abordado la cuestión de la arbitrariedad. Por supuesto que era arbitrario encerrar a alguien en virtud de un tratado de extradición, ignorando deliberadamente una disposición importante de ese mismo tratado que dice específicamente que no debe ser encerrado. Incluso ignorando esta disposición vital del tratado, Assange seguía siendo castigado por sus opiniones políticas en contra de la Sección 81 de la Ley de Extradición.
Se ha sugerido que la eliminación de la frase «delito político» de la Ley de 2003 fue una «omisión expresa». Pero no se presentaron pruebas de ello. «Usted está diciendo que el silencio establece por inferencia la disposición de la Ley, que inaplica una disposición que claramente se encuentra en el Tratado posterior».
Es ridículo decir que la prohibición de la extradición política está desfasada. No está desfasada. El Reino Unido sigue firmando tratados de extradición que contienen exactamente esta misma disposición. Está en todos menos en 2 de los más de 150 tratados de extradición del Reino Unido. Está en todos los tratados de extradición de Estados Unidos. Está en muchos de los principales instrumentos internacionales. Claramente esto es abuso de proceso. Como afirman claramente Bingham y Harper «es abuso privar a alguien de la protección del tratado».
Los Estados Unidos no estarían ni cerca de cumplir con el punto sobre la discriminación por nacionalidad, si al Sr. Assange no se le diera la protección de la Primera Enmienda porque no es ciudadano estadounidense. Para el fiscal de EE.UU. decir que podemos o no aplicar esta discriminación no era una respuesta, igual que si dijeran que se reservan el derecho a torturar a alguien pero que no pueden hacerlo.
En cuanto al aumento de la pena, este punto tampoco se había cumplido. Había un claro peligro de que Assange fuera condenado por delitos de los que no estaba acusado.
El juez Sharp preguntó a Fitzgerald si este punto no podía bloquear todas las extradiciones a EE.UU.. Fitzgerald dijo que no, que debía juzgarse caso por caso la probabilidad de que esto ocurriera. En este caso, el tribunal tenía pruebas de que la acusación no había estado motivada por los delitos imputados, sino por otras supuestas conductas. El juez Sharp preguntó si se refería a las filtraciones del Vault 7 de la CIA. Fitzgerald confirmó que sí.
Mark Summers KC se puso entonces en pie para continuar la refutación. Declaró, en un tono de rabia apenas contenida, que era sorprendente que los abogados de EE.UU. hubieran hablado durante horas sin reconocer ni una sola vez las pruebas masivas del comportamiento criminal a nivel estatal de EE.UU. revelado en el material filtrado. Nunca mencionaron ni reconocieron los crímenes de guerra revelados. Los testigos que declararon durante días que el material revelaba crímenes de Estado nunca fueron cuestionados por el tribunal.
Mark Summers KC
Summers dijo que un argumento clave de Estados Unidos parecía girar en torno a la noción de que lo que constituía un acto político y la persecución política en virtud de la sección 81, y las normas de las pruebas necesarias para juzgarlos, eran diferentes en una audiencia de extradición de lo que se aplica en la consideración de los casos de asilo político. Esto era erróneo, eran los mismos. Las categorías protegidas en el artículo 33 de la Convención de Refugiados de 1954 por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.
… eran en la práctica idénticas a las categorías protegidas del artículo 81 de la Ley de Extradición de 2003:
por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo, orientación sexual u opiniones políticas
Había una razón para ello. La protección que debe darse en virtud de la Ley de Extradición y en virtud de la Convención sobre los Refugiados es idéntica, y por idénticas razones, y debe juzgarse con arreglo a los mismos criterios.
Cuando se procesa por el acto de publicar pruebas de crímenes de guerra, el nexo que hacía de esta persecución política era totalmente evidente. La publicación de información que expone el crimen de un Estado es expresión protegida. El Estado al que expones no puede procesarte por ello.
Habíamos oído hablar mucho del Fiscal General Adjunto Kronberg, pero él no fue el iniciador. Todo esto fue ordenado desde muy por encima de su cabeza. La acusación había sido decidida desde arriba. No se puede hablar de las ovejas e ignorar al pastor. La fiscalía había señalado que Trump había elogiado a Wikileaks un par de veces, como si eso descartara la posibilidad de que organismos de Estados Unidos estuvieran conspirando para matar a Assange. Eso claramente no es cierto.
Teníamos pruebas claras, tanto del artículo de Yahoo News como del testigo protegido 2, de que las autoridades estadounidenses tenían planes para asesinar, secuestrar o envenenar a Assange. ¿Qué nos dice eso acerca de las intenciones del gobierno de EE.UU., en contraposición a las afirmaciones anodinas del Sr. Kronberg?
No se ha rebatido el punto de la previsibilidad. No se hizo ningún esfuerzo para contrarrestarlo. En 2010 no se podía prever que la publicación acarrearía cargos de espionaje contra el editor. Nunca había ocurrido. Animar a un denunciante a presentar documentos no era, desde luego, algo sin precedentes. Era una afirmación absurda. Era una actividad periodística cotidiana, como habían declarado los testigos. No se ha presentado ningún testigo que diga lo contrario.
Por supuesto, es ilegal que los periodistas cometan actos delictivos para obtener material. Eso no ha ocurrido aquí. Pero incluso en ese caso, no convierte en ilegal el acto de publicación.
La publicación de nombres sin censura no era en absoluto algo sin precedentes. Daniel Ellsberg había testificado en estas mismas audiencias que los Papeles del Pentágono que publicó contenían cientos de nombres de fuentes y oficiales sin suprimir. En el caso de Philip Agee también se publicaron nombres de fuentes y oficiales sin suprimir. Ninguno de los dos había dado lugar a un procesamiento en virtud de la Ley de Espionaje, ni a ningún procesamiento dirigido contra un periodista o editor.
La información divulgada revelaba crímenes de guerra. Por lo tanto, el artículo X se ve inevitablemente afectado por la expresión protegida. La fiscalía estaba aplicando erróneamente el caso Shayler. Esa sentencia excluía específicamente a la prensa de la responsabilidad por publicación. Se trataba de la posición del denunciante. Assange no es el denunciante aquí, Manning es. Assange es el editor. No hay ninguna sugerencia en absoluto, en ninguna de las autoridades de Estrasburgo, que la prensa debe ser considerada de la misma manera que el denunciante. Lo que sí dicta Estrasburgo es que debe haber un ejercicio de equilibrio del Artículo X con el interés público de las revelaciones. Baraitser no realizó tal ejercicio.
La acusación se negó a reconocer el hecho, respaldado por una amplia e indiscutible prueba testifical, de que Assange había llevado a cabo durante todo un año un importante ejercicio de redacción para evitar la publicación de nombres que pudieran ponerse en peligro. A este año le siguió la publicación por parte de uno de los medios de comunicación asociados de la contraseña del material no redactado como título del capítulo de un libro. Entonces el Sr. Assange hizo esfuerzos desesperados para mitigar el daño, incluso llamando por teléfono a la Casa Blanca. Esto no concuerda en absoluto con la narrativa de la acusación: «En el mejor de los casos, el Sr. Assange fue imprudente al proporcionar la clave al Sr. Leigh».
Varios otros habían publicado primero la base de datos completa, sin editar, incluyendo Cryptome. Ninguno había sido procesado, una prueba más de que este procesamiento era imprevisible.
Sin embargo, no había pruebas de que las revelaciones hubieran perjudicado a nadie. Lo que se había creado era un riesgo. Había que contraponer a ese riesgo la pena de 30 a 40 años de cárcel propuesta por la fiscalía. Las directrices dicen «resto de la vida». Chelsea Manning fue condenado a 35 años. Se había demostrado que 30 años era un «suelo, no un techo». Una condena así por publicación «sacude la conciencia de todos los periodistas del mundo».
¿Por qué? Por revelar crímenes de Estado, como torturas, entregas extraordinarias, submarino, ataques con aviones no tripulados, asesinatos, estraperlo. Estrasburgo considera extremadamente importante la revelación de estos crímenes de Estado. El Tribunal ha dictaminado que las revelaciones de tales abusos están claramente cubiertas por el Artículo X. Las filtraciones tenían la capacidad de poner fin a tales abusos, y en algunos casos de hecho lo habían hecho. La revelación de graves delitos penales internacionales supera el riesgo creado por la revelación de los nombres de algunos de los implicados en ellos.
Victoria añadió que algunos de los nombres eran de personas no implicadas en delitos. Summers lo aceptó, pero dijo que «no es sostenible argumentar, como hace la acusación, que no hay ningún interés público en las publicaciones».
En cuanto a la cuestión de la pena capital, el Ministerio del Interior afirmó que no existía «ningún riesgo real». Pero se admitió que Assange podría ser acusado de un delito punible con la pena capital. Este ejercicio no es una evaluación de riesgos. La ley dice que en circunstancias en las que se podría imponer la pena de muerte, se debe pedir una garantía contra ello. «No entendemos por qué en este caso no se han ofrecido garantías rutinarias contra la pena de muerte. Si no hay riesgo, no hay ninguna dificultad en dar esa garantía».
Entonces, de repente, la vista terminó. Los jueces se levantaron y salieron por la puerta que había tras ellos. Cinco minutos más tarde volvieron y se reservaron su fallo, pidiendo que se les facilitara diverso material escrito, con un último plazo hasta el 4 de marzo. Luego se marcharon y se acabó.
Soy consciente de que este relato fluye menos y se lee mucho más a trompicones que el del primer día. Pero así fue. El primer día, el equipo jurídico de Assange expuso el caso de forma planificada y detallada. El segundo día, los EE.UU. y el Ministerio del Interior respondieron, y lo hicieron de una manera bastante inconexa, esencialmente reiterando las acusaciones. Hubo pocos argumentos jurídicos sobre por qué Baraitser y Swift habían hecho bien en aceptarlas. A partir de entonces, la refutación consistió en una serie de réplicas rápidas sobre puntos concretos.
Era imposible no notar que los jueces no estaban impresionados por algunos elementos de la acusación. La posibilidad de discriminación por nacionalidad al aplicar la Primera Enmienda parece ser un argumento para el que los jueces buscaban en vano una respuesta adecuada. También se mostraron claramente insatisfechos por la falta de garantías sobre la pena de muerte.
Pero el estado de seguridad británico nunca va a aceptar que la publicación de secretos de Estado esté justificada cuando revele crímenes de Estado, y los jueces estaban desesperados por aferrarse a la artimaña de evitar esa cuestión diciendo que sólo se trata de la publicación de nombres de fuentes inocentes. Tampoco van a considerar nunca las críticas más amplias al sistema estadounidense, como la agravación de las penas.
Así que mi predicción es que se admitirá un nuevo recurso, pero sólo por los estrechos motivos de la discriminación por nacionalidad y la pena de muerte. Si se les obliga a actuar así, los estadounidenses presentarán una garantía contra esta última y el recurso se basará en la discriminación por nacionalidad.
La apelación se programará para otoño y su resultado se retrasará hasta después de las elecciones estadounidenses para evitar que Biden se sienta incómodo. Esa es mi mejor estimación de lo que ocurrirá a continuación. Por supuesto, todo el tiempo el establishment ha logrado su objetivo manteniendo a Julian en una cárcel de máxima seguridad durante más tiempo.
El punto en todo el procedimiento que me llamó la atención más fuertemente, fue que en las audiencias iniciales los EE.UU. estaba dispuesto a restar importancia a la posible sentencia, continuamente haciendo hincapié en 6 a 7 años como probable. Ahora que una decisión anterior ha eliminado del caso las consideraciones sobre las condiciones de las prisiones estadounidenses y la salud de Julian, han cambiado radicalmente de táctica y han insistido repetidamente en que lo normal son de 30 a 40 años, lo que en realidad es una condena de por vida. Ese cambio, junto con la negativa hasta ahora a descartar la pena de muerte, da una medida de la crueldad con la que la CIA está llevando este caso.
Pido disculpas por el retraso en la elaboración de este informe. Cogí una infección de pecho bastante grave, creo que por el frío y la humedad de Londres esos días, y estuve realmente muy enfermo.
https://youtu.be/ugR9Df0DRbk
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9. Resumen de la guerra en Palestina, 29 de febrero
El resumen de Mondoweiss.
Día 146 de la «Operación Inundación de Al Aqsa»: Las fuerzas israelíes masacran a civiles que esperaban ayuda humanitaria
Según informes, tanques y aviones de guerra israelíes atacaron a civiles que esperaban ayuda, matando al menos a 77 e hiriendo a centenares. Mientras tanto, grupos de ayuda internacional afirman que los lanzamientos aéreos de ayuda son tan «insignificantes» que «perpetúan la estrategia general de bloqueo.»
Por Leila Warah 29 de febrero de 2024
Víctimas
Más de 30.035 muertos* y al menos 70.457 heridos en la Franja de Gaza.
Más de 380 palestinos muertos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental.
Israel revisa a la baja su estimación de víctimas del 7 de octubre, de 1.400 a 1.147.
582 soldados israelíes muertos desde el 7 de octubre y al menos 3.221 heridos**.
*Esta cifra fue confirmada por el Ministerio de Sanidad de Gaza en el canal Telegram. Algunos grupos de derechos humanos sitúan la cifra de muertos en torno a los 35.000, si se tienen en cuenta los presuntos muertos.
**Esta cifra la dio a conocer el ejército israelí, mostrando los soldados cuyos nombres «se permitió publicar».
Acontecimientos clave
- Un periodista afirma que su familia ha muerto en un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza.
- El hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, fuera de servicio.
- El miércoles se declaró un incendio en el hospital Nasser de Khan Younis, informó Al Jazeera.
- El último hospital en funcionamiento del norte de Gaza, Al-Awda, cierra, informa Wafa.
- Una mujer muerta y su hija herida en ataques israelíes contra el sur de Líbano, según MTV Lebanon.
- La MLRP muestra su preocupación por el bienestar de 7 médicos detenidos.
- Más de 100.000 personas votan «no comprometido» en las primarias de Michigan por la política de Biden sobre Gaza.
- ONU: El suministro de agua en Gaza sólo alcanza el 7% de los niveles anteriores a octubre.
- ONU: Se calcula que se han destruido 339 hectáreas de invernaderos.
- Ministerio de Sanidad de Gaza: siete niños murieron de desnutrición el miércoles.
- Grupo de derechos humanos: Las transferencias de armas del Reino Unido a Israel pueden violar el derecho internacional.
- Muere un matrimonio en ataques israelíes contra el sur de Líbano.
- El gabinete de guerra israelí da marcha atrás en las restricciones a la mezquita de Al Aqsa, informa Channel 12, citado por Al Yazira.
- Un ministro israelí dice que no habrá normalización con Arabia Saudí si ello implica un Estado palestino, informa Al Yazira.
- Las fuerzas israelíes matan a tiros a un joven palestino en un puesto de control en Nablús, informa Wafa.
- Jefe de Refugees International: Los lanzamientos aéreos humanitarios ayudan a la «estrategia de bloqueo» de Israel.
- El jefe de Amnistía insta a la Unión Europea a financiar a la UNRWA «sin demora».
- Ministerio de Sanidad de Gaza: Las fuerzas israelíes matan al menos a 77 palestinos que esperaban ayuda alimentaria cerca de la ciudad de Gaza.
- El objetor de conciencia israelí Tal Mitnick condenado a una tercera pena de prisión.
Masacre israelí de civiles hambrientos
El jueves, fuerzas israelíes atacaron a palestinos hambrientos que esperaban ayuda alimentaria cerca de la ciudad de Gaza, matando al menos a 77 personas, según el Ministerio de Salud palestino.
Se vieron cadáveres en el suelo tras el ataque, sin que los equipos de rescate pudieran llegar hasta ellos debido al peligro de nuevos ataques israelíes, informó Al Jazeera.
Un hombre dijo que llevaba esperando la llegada de la ayuda desde el martes.
«Hacia las 4:30 de esta mañana empezaron a llegar los camiones. Una vez que nos acercamos a los camiones de ayuda, los tanques y aviones de guerra israelíes empezaron a dispararnos como si fuera una trampa», relató el hombre a Quds News Network, citado por Al Yazira.
«Mientras los militares israelíes abrían fuego contra los que buscaban ayuda, los tanques israelíes avanzaban y atropellaban a muchos de los cadáveres y heridos en las zonas suroccidentales de la ciudad de Gaza. Es una masacre, que se suma a la hambruna que amenaza a los ciudadanos de Gaza», declaró Ismail al-Ghoul, corresponsal de Al Jazeera.
Más de 250 palestinos resultaron heridos en el ataque, la mayoría de los cuales han sido trasladados al Hospital al-Shifa y al Hospital Kamal Adwan.
«Algunos de los demás están siendo trasladados de urgencia a los hospitales Ahli y Jordania. El [número de muertos] aumentará. Los hospitales ya no pueden acoger al enorme número de pacientes porque carecen de combustible, por no hablar de medicamentos. Los hospitales también se han quedado sin sangre», añadió al-Goul.
El hombre que presenció el ataque añadió: «A los Estados árabes les digo: si queréis que nos maten, ¿por qué enviáis ayuda humanitaria? Si esto sigue así, no queremos que nos envíen ninguna ayuda. Cada convoy que llega significa otra masacre».
«Muchos hombres y mujeres jóvenes murieron y muchos más resultaron heridos cuando se dirigían a recibir la ayuda. Es de sentido común que si se entrega ayuda, debe respetarse un alto el fuego. Esto no está ocurriendo sobre el terreno… esto es un crimen, es un pecado», concluyó.
Tras el ataque, Jadallah al-Shafei, jefe del departamento de enfermería del hospital Al-Shifa, declaró a Al Yazira que la «situación no puede describirse con palabras».
«Recuerda a las oscuras escenas del Hospital Baptista de hace cuatro meses, donde 500 personas murieron en un solo ataque aéreo israelí», dijo.
«Desde primeras horas de la mañana, el hospital está inundado de decenas de cadáveres y centenares de heridos. La mayoría de las víctimas sufrieron heridas de bala y metralla en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Fueron alcanzados por bombardeos directos de artillería, misiles teledirigidos y disparos.
«Nos hemos quedado sin quirófanos, por no hablar del personal médico. Nos hemos quedado sin suministros médicos y sin combustible para hacer funcionar el hospital. Esperamos poder prestar asistencia vital a los heridos. Todos están en estado crítico, tendidos en el suelo. Estamos indefensos ante esta escasez de suministros y personal», declaró al-Shafei.
El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino ha condenado lo que considera una «masacre» a sangre fría de civiles.
En un comunicado de prensa, el ministerio dijo que el ataque formaba parte de la «guerra genocida» en curso de Israel. El comunicado pedía a la comunidad internacional que «interviniera urgentemente» para forjar un alto el fuego como «única forma de proteger a los civiles».
Del mismo modo, la oficina de medios de comunicación del gobierno de Gaza declaró: «Responsabilizamos a la administración estadounidense, a la comunidad internacional, a la ocupación [israelí] y a las organizaciones internacionales de la matanza de civiles ante su inanición por la ocupación [israelí]», según cita Al Jazeera.
Los hospitales del norte de Gaza no funcionan
En medio de los continuos ataques y el brutal asedio de Israel, el sector sanitario de Gaza se ha resentido drásticamente y no puede hacer frente al creciente número de pacientes.
Otro centro médico del norte de Gaza, el hospital Kamal Adwan, ha sido declarado fuera de servicio tras quedarse sin combustible.
Ahmed al-Kahlout, director del hospital, declaró que detener todas las actividades médicas privaría a miles de pacientes del derecho a recibir atención médica, según informó Al Jazeera.
El hospital Al-Awda de la ciudad de Yabalia, en el norte de Gaza, también ha anunciado la suspensión total de todos sus servicios médicos debido a la grave escasez de combustible y suministros médicos.
El director del departamento de supervisión y evaluación de al-Awda, el Dr. Muhammad Salha, advirtió en un comunicado de prensa de que este hecho provocaría «una privación total de los servicios sanitarios básicos para los ciudadanos, especialmente a la luz del cese del servicio de todos los hospitales del norte», según la agencia de noticias Wafa.
El Dr. Salha hizo un llamamiento urgente a todas las organizaciones internacionales, humanitarias y de derechos humanos para que presionen a Israel a fin de que suministre al hospital medicamentos, material fungible, suministros médicos y combustible.
Hamás ha declarado que el cierre del hospital del norte de Gaza agravará la crisis sanitaria y humanitaria de la zona, informó Al Yazira.
Para empeorar las cosas, Israel no sólo está privando activamente a los hospitales de suministros adecuados, sino que el ejército ha seguido atacando las instalaciones.
Las fuerzas israelíes asediaron el hospital de al-Awda durante 18 días, causando graves daños en las plantas superiores del edificio, además de destruir varias ambulancias, añadió Wafa.
Por otra parte, el miércoles se declaró un incendio en uno de los edificios del Complejo Médico Nasser de Khan Younis después de que proyectiles de artillería israelíes alcanzaran el lugar, en el sur de la ciudad, informó Al Jazeera Arabic, que compartió un vídeo de las llamas que envolvían partes del hospital en medio de los intentos de extinguirlas.
Tania Hary, directora ejecutiva de Gisha-Centro Legal para la Libertad de Movimiento, afirma que el gobierno israelí sigue «sembrando el caos y negando su responsabilidad ante la población» mientras el orden público en Gaza se desintegra con la creciente desesperación y hambruna.
«La medida provisional de la CIJ [Corte Internacional de Justicia] establece que Israel debe ‘tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos que se necesitan urgentemente’ y no burlarse, mofarse y poner en peligro a los trabajadores humanitarios que intentan proporcionar ayuda a 2,2 millones de palestinos en Gaza», continuó Hary en X.
El personal médico sigue detenido ilegalmente
Al tiempo que brutalizan las instalaciones médicas, las fuerzas israelíes también han seguido atacando al personal médico. Por vigésimo día consecutivo, el ejército tiene detenidos a siete miembros de la Media Luna Roja Palestina (MLRP), entre ellos personal de ambulancias, técnicos de anestesia y un médico.
«Fueron detenidos durante la incursión de la ocupación israelí en el hospital Al-Amal, y por el momento se desconoce su destino. La MLRP expresa su máxima preocupación por la seguridad de los equipos detenidos y exige su liberación inmediata», ha declarado la MLRP.
Según Amani Sarhaneh, de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, las personas detenidas en el enclave costero asediado son objeto de desaparición forzada por parte del ejército israelí.
«Israel se niega a dar información alguna sobre el paradero o la suerte de los detenidos», declaró Sarahneh a Al Jazeera.
Añadió que los presos liberados han hablado de «horribles prácticas de tortura llevadas a cabo contra ellos durante su detención en campos israelíes.»
«Desde el 7 de octubre se ha producido un cambio radical en las condiciones de detención. Los presos palestinos están sometidos a una política sistemática de tortura, humillación y abusos», dijo, y añadió que diez detenidos han muerto mientras estaban en prisión.
Los detenidos también sufren desnutrición y hacinamiento en las celdas. Además, las autoridades penitenciarias israelíes se llevaron la ropa de abrigo y las mantas de los presos al comienzo de la temporada de invierno, al tiempo que les impidieron ducharse diariamente y les negaron las visitas de familiares y abogados, afirmó Sarahneh.
Siete bebés mueren de desnutrición
La situación en las comunidades gazatíes empeora cada hora, mientras la amenaza de una hambruna provocada por el hombre se cierne sobre el enclave asediado.
El director del hospital Kamal Adwan, Ahmad al-Kahlout, declaró a Al Jazeera Arabic que siete niños han muerto ya debido a la desnutrición. El propio centro médico se ha quedado sin combustible para hacer funcionar sus generadores.
Unas horas antes de que se agotara el combustible en el hospital, el Dr. Hossam Abu Safia, jefe de pediatría del hospital, dijo a Al Jazeera que el hospital estaba admitiendo entre 1.000 y 1.200 bebés al día, en comparación con la tasa de admisión diaria de 500 a 600 antes de la guerra.
«Observamos que todos los pacientes muestran signos de palidez y debilidad. Incluso los recién nacidos están demacrados», explica.
«La mayoría de los recién nacidos que tratamos hoy en el hospital Kamal Adwan no tienen padres. Nos fueron remitidos por centros de acogida u otros hospitales, y están sin sus madres», dijo Abu Safia.
Añadió que el hospital tiene dificultades para encontrar leche suficiente para los bebés, aunque muchos necesitan leche para ayudar a recuperar su sistema inmunitario.
«La leche que tenemos se reparte a partes iguales entre todos, y esto afectará sin duda al peso de los bebés y a su evolución diaria», afirmó.
Project Hope, una organización humanitaria que gestiona una clínica en la Franja de Gaza, afirma que el 21% de las mujeres embarazadas que ha tratado en las últimas tres semanas sufren desnutrición. Además, el 11% de los niños menores de cinco años tratados durante el mismo periodo están desnutridos.
«La gente ha informado de que sólo come pan blanco, ya que la fruta, las verduras y otros alimentos ricos en nutrientes son casi imposibles de encontrar o demasiado caros», añadió el grupo.
El suministro de agua de Gaza también se ha visto gravemente afectado por las severas restricciones a los envíos de combustible y la falta de plantas desalinizadoras en funcionamiento.
«La desnutrición, las enfermedades epidémicas y los traumas están por todas partes», declaró Jan Egeland, Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados, durante una visita a Rafah, en el sur de Gaza.
Durante su visita a una escuela que alberga a unos 4.500 desplazados que huyeron de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, y de la cercana Khan Younis, Egeland afirmó en las redes sociales que estaba «conmocionado por las condiciones» en las que se veían obligados a vivir.
«Los discapacitados, las embarazadas y los recién nacidos comparten 18 letrinas con otras 4.500 personas», escribió en las redes sociales.
En un post anterior desde el paso fronterizo de Rafah con Gaza, Egeland dijo que cientos de camiones de ayuda estaban esperando para viajar al territorio palestino para ayudar a «una población civil hambrienta».
«El sistema está roto», dijo sobre el proceso que implica permitir la entrada de ayuda en Gaza.
«Israel podría arreglarlo por el bien de los inocentes», añadió.
«No hay límite a la magnitud de las necesidades humanitarias de la población de Gaza. Las enfermedades proliferan. La producción de alimentos se ha paralizado. Más de 1/4 de los pozos de agua han sido destruidos», afirmó el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) en una publicación en las redes sociales.
«Se avecina una hambruna. Los hospitales se han convertido en campos de batalla. 1 millón de niños se enfrentan a traumas diarios».
Meinie Nicolai, director del grupo Médicos Sin Fronteras (MSF), dijo que la gente de Gaza está «desesperada».
«Viven en refugios improvisados. Hace frío. No hay suficiente comida. No hay agua suficiente. No hay suficiente atención sanitaria», dijo Nicolai.
«La sanidad ha sido atacada, se está colapsando. Todo el sistema está colapsado. Estamos trabajando desde tiendas de campaña intentando hacer lo que podemos. Atendemos a los heridos. Con los desplazamientos, las heridas de la gente se han infectado. Y ni siquiera hablo de las heridas mentales. La gente está desesperada. Ya no saben qué hacer».
«El lugar está muy oscuro, y la luz sólo entra por estrechas aberturas entre los restos de escombros», citó UNRWA a Alaa, de 12 años, que se ha visto obligada a buscar refugio junto a su familia en un edificio demolido en Rafah.
«Para la población de Gaza, no queda literalmente ningún lugar al que ir», añadió la agencia de la ONU, acompañada de fotos de la familia en el edificio bombardeado.
La congresista Pramila Jayapal, jefa del Caucus Progresista, ha escrito una carta en la que pide el restablecimiento completo de la financiación estadounidense a la principal distribuidora de ayuda en Gaza, UNRWA, que fue retirada por acusaciones israelíes infundadas de que varios de sus empleados habían participado en los ataques del 7 de octubre.
La carta estaba firmada por los representantes Andre Carson y Jamie Raskin.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, escribió en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que instaba a la UE a seguir financiando a la UNRWA «sin demora», que «la suspensión de la financiación a la UNRWA, en un contexto en el que existen signos alarmantes de genocidio, corre el riesgo de exacerbar significativamente, si no de contribuir, a los daños que la Convención sobre el Genocidio trata de prevenir».
Callamard también reconoció la necesidad de que se investiguen de forma independiente las acusaciones contra una docena de los 30.000 empleados de la UNRWA, pero afirmó que «suspender la financiación de la UNRWA también supone el riesgo de legitimar la práctica del castigo colectivo a los palestinos.»
Logística de la ayuda
Ante el alarmante índice de inanición en Gaza debido a los esfuerzos de Israel por obstruir la ayuda, los países se plantean cada vez más lanzar ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza, entre ellos Estados Unidos.
«Cientos de camiones de ayuda esperan en fila para cruzar a Gaza por los pasos fronterizos de Rafah y Kerem Shalom [Karam Abu Salem] a una población civil hambrienta», declaró Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, en una publicación en las redes sociales.
«No ha habido ni un solo día en que hayamos conseguido que crucen los 500 camiones necesarios. El sistema está roto e Israel podría arreglarlo por el bien de los inocentes», continuaba el mensaje de Egeland, acompañado de un vídeo que mostraba decenas de camiones de ayuda en fila.
La administración del presidente Joe Biden ha dicho que están debatiendo la posibilidad de lanzar ayuda desde aviones militares estadounidenses, informó Reuters citando a un funcionario estadounidense.
Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos han afirmado que el método de entrega es ineficaz para las necesidades drásticas y críticas de Gaza.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también ha dicho que los lanzamientos aéreos son un «último recurso» por varias razones, entre ellas las «cantidades relativamente pequeñas» que se pueden entregar en comparación con un convoy de camiones.
«Facilitar los lanzamientos aéreos -e impulsar la cobertura mediática en torno a ellos- da la apariencia pública de que Israel está cooperando con los esfuerzos humanitarios», afirmó Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International.
Konyndyk añadió que la cantidad de ayuda entregada en los lanzamientos aéreos es tan «insignificante» que contribuye a «perpetuar la estrategia general de bloqueo.»
«El hecho de que haya que tenerlos en cuenta es un gran fracaso político», concluyó.
Periodismo atacado
Los periodistas que cubren las agresiones israelíes en la Franja de Gaza siguen siendo blanco de los ataques y las obstrucciones de Israel.
A los reporteros extranjeros, salvo raras excepciones, se les ha prohibido sistemáticamente el acceso al territorio asediado desde el comienzo de la guerra, mientras que las fuerzas israelíes han asesinado al menos a 89 periodistas palestinos desde el 7 de octubre, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Más de dos docenas de legisladores del partido del presidente estadounidense Biden han firmado una carta exigiendo al Secretario de Estado Antony Blinken que tome medidas para proteger la seguridad de los periodistas en la Franja de Gaza y garantizar la libertad de prensa.
«Con más periodistas asesinados en tres meses de los que han sido asesinados en un solo país en todo un año, nos sigue preocupando que no se hayan tomado medidas suficientes para salvaguardar la vida de la población civil de Gaza, incluidos los periodistas», escribieron los congresistas.
Los congresistas también exigieron garantías de que se concede a los periodistas extranjeros y a todos los miembros de la prensa (incluidos los palestinos que ya se encuentran en Gaza) acceso a equipos de protección personal, al tiempo que se les permite la libertad de entrar y salir de Gaza a voluntad sin escolta militar israelí.
Además, los legisladores exigieron que se protejan las infraestructuras de comunicación siempre que sea posible.
Un grupo de 55 periodistas internacionales ha escrito una carta abierta instando al gobierno israelí a que les permita entrar en Gaza para informar sobre la guerra, informó Press Gazette.
La carta afirma que a los reporteros extranjeros se les ha denegado el acceso al territorio desde que estalló la guerra, «aparte de los escasos viajes escoltados con el ejército israelí», y pide a Israel y Egipto que permitan a todos los medios de comunicación «un acceso libre y sin restricciones».
También pide medidas para proteger a los periodistas locales, 126 de los cuales han muerto desde que estalló la guerra, según la oficina de medios de comunicación del gobierno de Gaza.
Biden no se compromete
El miércoles, el presidente Joe Biden ganó las primarias demócratas de Michigan. Sin embargo, más de 100.000 personas votaron «no comprometido» por la política de la administración en Gaza.
«Nuestro movimiento ha salido victorioso esta noche y ha superado masivamente nuestras expectativas. Decenas de miles de demócratas de Michigan, muchos de los cuales [sic] votaron por Biden en 2020, no están comprometidos con su reelección debido a la guerra en Gaza», tuiteó el grupo Listen to Michigan, que organizó la campaña de voto no comprometido.
«El presidente Biden ha financiado las bombas que caen sobre los familiares de personas que viven aquí mismo, en Michigan. Personas que votaron por él y que ahora se sienten completamente traicionadas. Presidente Biden, escuche a Michigan. No cuentes con nosotros, Joe», continuó el grupo.
Tras los resultados, la congresista Pramila Jayapal, presidenta del Grupo Progresista del Congreso, declaró: «Los resultados en Michigan son claros: los votantes no están contentos con la actuación de Estados Unidos en la guerra de Gaza», dijo Jayapal en un mensaje en las redes sociales, refiriéndose a la sólida participación de los votantes «no comprometidos» en las elecciones primarias demócratas de Michigan celebradas ayer.
«Esta es una cuestión moral profunda – y es hora de escuchar».
