DEL COMPAÑERO Y MIEMBRO DE ESPAI MARX, CARLOS VALMASEDA.
ÍNDICE
1. Suicidio de clase en Venezuela.
2. Elecciones locales en Francia.
3. Más sobre el ascenso de la derecha en Japón.
4. Siria contra Hezbolá.
5. Bandung de los Pueblos.
6. Entrevista de Hedges a Varoufakis.
7. El Sur Global y el socialismo.
8. Nuevo libro sobre Lukács.
9. Resumen de la guerra en Irán, 17 de marzo.
1. Suicidio de clase en Venezuela.
Pedregal y Joan López, de la Red Antiimperialista, creen que las concesiones del actual gobierno de Venezuela han ido demasiado lejos, y es un suicidio de clase.
https://www.elsaltodiario.com/venezuela/venezuela-intervencion-imperial-suicidio-clase
Venezuela: entre la intervención imperial y el suicidio de clase
La sucesión de eventos deja poco lugar a las dudas: bajo el Gobierno de Delcy Rodríguez se ha producido alineamiento casi simbiótico entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense orientado a asegurar que la riqueza petrolera fluya bajo la supervisión del imperio.
Joan López Fernández
Alejandro Pedregal miembros de la Red Antiimperialista/Anti-Imperialist Network (AIN), anti-imperialist.net
17 mar 2026
La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses combinó bombardeos en Caracas y zonas estratégicas militares con una incursión terrestre que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su posterior traslado a Nueva York. La operación dejó más de 90 muertos, incluyendo a 32 miembros de las fuerzas especiales cubanas que combatieron para proteger a Maduro, causando algunas bajas a las fuerzas imperialistas antes de ser asesinados.
Si bien es cierto que resulta extraño que Estados Unidos pudiese ejecutar la operación de secuestro contra Maduro y su esposa sin una gran resistencia, más allá de la ofrecida por el personal de seguridad del último anillo —la mayor parte de origen cubano, como los citados 32 mártires—, resultan quizá más sorprendentes las declaraciones del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Semanas después del secuestro de Maduro, Padrino aseguraba que era inviable sacar un avión de combate en el momento de la agresión dada la superioridad aérea de los Estados Unidos, con 150 aeronaves, y reconocía así que, a excepción de la guardia personal de la presidencia y unos pocos soldados apostados cerca de la residencia, las Fuerzas Armadas venezolanas no respondieron ante la agresión imperialista.
No podemos hacer conjeturas sobre aspectos militares, puesto que no somos expertos ni manejamos toda la información necesaria sobre esa cuestión. No nos compete a nosotros. En cualquier caso, las propias palabras de Padrino López y los hechos acaecidos durante la agresión indican que, fuese por una u otra razón, la decisión fue la de no responder militarmente al ataque de los Delta Force durante la madrugada del pasado 3 de enero en Caracas.
Para sorpresa de muchos, el secuestro de Maduro no produjo un colapso institucional ni inmediato ni absoluto. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y la jefatura de la Asamblea Nacional, a cargo de Jorge Rodríguez. Esta “pinza” permitió mantener cierta estabilidad formal, mientras se reorganizaba la administración de los recursos estratégicos del país y se aceleraba la implementación de políticas de adaptación al nuevo contexto.
La coordinación con Washington fue inmediata. El 15 de enero, el director de la CIA, John Ratcliffe, que apenas días antes dirigía la operación de agresión junto a Donald Trump en Florida, visitó Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez. Pocos días después se presentó y aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este cronograma evidencia un alineamiento casi simbiótico entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense orientado a asegurar que la riqueza petrolera fluya bajo la supervisión del imperio, blindando al mismo tiempo los intereses de grandes corporaciones y acreedores internacionales. Si este vínculo es resultado de una traición o de una claudicación es, por ahora, indiferente. Sin embargo, lo que cada día queda más claro es que, si se tratase de un repliegue táctico, parece difícil que este sea corregido sin dirección estratégica. Y esta última parece quedar lejos de las nuevas autoridades del país.
La liquidación de la soberanía petrolera: de Chávez a Delcy Rodríguez
La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos no es una modificación menor de la ley anterior, sino la consumación de un proceso de paulatino retroceso neoliberal que culmina ahora con la derogación sustancial de la ley de 2001, pilar del proyecto social chavista y conquista histórica de la soberanía venezolana.
La ley original de 2001, promulgada por Hugo Chávez en el marco de la Ley Habilitante, representó el pico de la nacionalización petrolera venezolana. Establecía la propiedad estatal exclusiva de los hidrocarburos en el subsuelo, el monopolio de PDVSA sobre la comercialización internacional, el control estatal mayoritario en todas las empresas mixtas, la planificación estatal de la inversión y la destinación prioritaria de la renta al desarrollo social.
A lo largo de los diferentes periodos de la administración de Maduro, y ante la crisis económica producto de las brutales sanciones, se implementaron políticas rentistas en busca liquidez y divisas que fueron minando la estructura socioeconómica chavista. Esto sentó las bases para una progresiva privatización de los recursos nacionales, pese a conservar el control comercial y la propiedad del petróleo en manos del Estado.
Fue en el 2022, bajo la asfixia que la postpandemia agregaba a las sanciones, cuando el gobierno de Maduro promulgó una reforma que modificó 21 artículos de la ley de 2001. Esta reforma mantenía la propiedad estatal formal, pero abría significativamente la participación privada. Permitía a empresas mixtas operar con mayor autonomía, flexibilizaba los requisitos de control mayoritario de PDVSA en nuevos proyectos y autorizaba acuerdos de servicios petroleros que la ley de 2001 había prohibido explícitamente. La reforma de 2022 también introdujo mecanismos de arbitraje internacional para conflictos con empresas privadas, socavando la jurisdicción exclusiva venezolana que Chávez había establecido.
Además, durante el período 2019-2024, Maduro otorgó licencias operativas a Chevron y otras corporaciones estadounidenses que permitían la explotación y comercialización directa en ciertas zonas, creando precedentes de control privado sobre la producción. Estas licencias, presentadas como “excepciones temporales” para reactivar la producción y aliviar la carga social de las sanciones, establecieron la arquitectura de dependencia que la reforma de 2026 ha acabado por consolidar legalmente.
La reforma de enero 2026 promovida por la administración de Delcy Rodríguez, configurada de acuerdo a las exigencias de la Orden Ejecutiva 14373 emitida por Trump el 9 de enero, consuma este proceso de erosión y representa una derogación sustancial de las bases económicas de la transformación social chavista. Donde la reforma de 2022 flexibilizaba, la de 2026 elimina. Donde Maduro mantenía parte del control estatal, Rodríguez instaura la subordinación abierta.
En primer lugar, la propiedad estatal exclusiva de los hidrocarburos en el subsuelo, que la Constitución de 1999 reafirmaba como principio irrenunciable y que incluso Maduro mantuvo formalmente, queda vaciada de contenido. Mientras el artículo 5 de la ley de 2001 declaraba que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la República”, la reforma de 2026 establece que los operadores privados extranjeros adquieren derechos de propiedad sobre la producción desde el momento de la extracción, pudiendo comercializarla directamente sin la intermediación estatal que caracterizaba al modelo chavista original. La diferencia cualitativa con la etapa de Maduro es que ahora esta comercialización directa se generaliza a todo el sector y se eliminan las restricciones de zona y temporalidad que mantenían un ámbito de control estatal.
En segundo lugar, la reforma elimina definitivamente el monopolio estatal de la comercialización internacional. La ley de 2001 establecía que PDVSA era la única entidad autorizada para exportar. La reforma de 2022 había permitido excepciones limitadas. La reforma de 2026 autoriza a Chevron, ExxonMobil, Shell y consorcios europeos como Repsol a comercializar directamente la totalidad o cuotas de la producción, debilitando la capacidad soberana de decidir a quién vender, bajo qué condiciones y a qué precio. Las empresas privadas determinan ahora el destino de los embarques, negociando directamente con refinadores y distribuidores, mientras el Estado venezolano recibe únicamente regalías y dividendos sujetos a mecanismos de control externo.
Esta subordinación comercial, además, se consolida mediante un marco restrictivo dictado desde Washington: las Licencias Generales 46 y 50A emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense vetan taxativamente que el crudo venezolano llegue a manos de entidades radicadas en Rusia, China, Irán, Corea del Norte o Cuba, extendiendo la prohibición a toda sociedad que mantenga vínculos de propiedad o control con personas de dichos países.
La reforma de 2026, lejos de recuperar la autonomía comercial, institucionaliza estas barreras: mientras las transnacionales obtienen carta blanca para negociar directamente con refinadores occidentales, queda vetada toda operación con los socios históricos del chavismo. El Estado venezolano queda reducido a percibir regalías bajo supervisión foránea, sin capacidad de orientar los flujos petroleros hacia aquellos mercados que durante años garantizaron la sostenibilidad del proyecto bolivariano. De este modo se llega a una situación tan lamentable como surrealista, donde el ente sionista ha podido recibir crudo venezolano sin inconvenientes, mientras a Cuba se la deja a merced de la asfixia impuesta desde Washington.
En tercer lugar, la reforma deroga el control estatal sobre la inversión y la explotación. La ley de 2001 reservaba al Estado la planificación de la inversión. La reforma de 2022 había flexibilizado este control. La reforma de 2026 permite a los operadores privados determinar unilateralmente los niveles de inversión, la tecnología a utilizar y la política de reservas, eliminando cualquier obligación de consulta previa con las autoridades venezolanas. Las empresas extranjeras adquieren el derecho a importar equipos y personal sin restricciones, operando bajo régimen de extraterritorialidad fiscal y legal.
En cuarto lugar, la reforma destruye el marco de protección de la inversión social. La ley de 2001 establecía que la renta petrolera debía destinarse prioritariamente al desarrollo económico y social. La reforma de 2026 incluye cláusulas que permiten el arbitraje internacional para resolver conflictos, priorizando la protección de inversiones privadas frente a cualquier reclamo social. Los fondos derivados de la producción petrolera quedan sujetos a mecanismos de control externo.
Por último, en quinto lugar, la reforma establece una arquitectura de subordinación fiscal que privilegia los intereses externos. La administración de Delcy Rodríguez queda sujeta a mecanismos de validación externa de sus presupuestos.
La reforma petrolera y la supervisión extranjera no son procesos aislados: constituyen un arreglo neocolonial disfrazado de normalización económica, donde la soberanía formal se mantiene mientras el control operativo se externaliza. En términos estratégicos, Venezuela ha pasado de ser un actor con capacidad relativa para definir su política energética, a pesar de sanciones y amenazas, a un subordinado cuyas decisiones críticas son tuteladas por Estados Unidos.
Condena a Irán: alineamiento geopolítico como sumisión
La subordinación estructural se manifiesta también en la política exterior. Ante la reciente agresión imperialista contra Irán, que Estados Unidos y la entidad sionista lanzaron el 28 de febrero de 2026 de manera conjunta, dejando más de 200 muertos en las primeras horas (incluyendo 148 niñas asesinadas en el bombardeo de una escuela primaria en Minab), la administración de Delcy Rodríguez se apresuró a abandonar la tradicional alianza con Teherán.
En un primer comunicado, adoptó una posición de condena tanto hacia la agresión imperial como hacia la respuesta del país atacado, cayendo en una vergonzosa y ridícula equidistancia. Este comunicado oficial, emitido el 1 de marzo de 2026, expresaba que el gobierno venezolano “condena y lamenta profundamente que se haya optado por la vía militar contra Irán”, y manifestaba consternación por las víctimas civiles. Sin embargo, el texto añadía de inmediato una referencia a “las indebidas y condenables represalias militares en contra de objetivos ubicados en distintos países de la región por parte de Irán”. De este modo, el Ejecutivo de Delcy Rodríguez negaba al país bombardeado el derecho a la legítima defensa, equiparando en un mismo plano al agresor y al agredido.
Esta posición, que el canciller Yván Gil terminó eliminando de sus redes sociales, representa la ruptura definitiva con el eje antiimperialista que Venezuela había construido durante dos décadas. La condena a la respuesta iraní, histórico aliado del chavismo, con quien se habían establecido fuertes alianzas y acuerdos de todo tipo, evidencia que la alineación con el imperialismo es ya un hecho consumado.
El comunicado venezolano no puede entenderse sin atender al contexto: la total apertura del sector petrolero al capital extranjero, la mencionada recepción en Caracas del director de la CIA y la siguiente llegada de la encargada de negocios estadounidense Laura Dogu, como representante diplomática, junto a las visitas de secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan; todo en pocas semanas, previas al reconocimiento del propio Trump de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.
La administración de Rodríguez no solo entrega el petróleo y se niega a enfrentar al imperio, sino que legitima políticamente la hegemonía estadounidense, rompiendo con la estela internacionalista y popular que el chavismo siempre había cuidado, defendido e impulsado. La condena a la resistencia iraní, que sin duda supone una condena a todo el Eje de la Resistencia antisionista y a todos los pueblos oprimidos por la entidad colonial, se presenta como “responsabilidad internacional” y “compromiso con la paz”. La nueva administración venezolana oculta así su entrega de la soberanía diplomática y da sepultura a la Venezuela solidaria e internacionalista que, también en tiempos de Maduro, el chavismo lideró.
La traición al proyecto chavista como suicidio de clase
Para comprender plenamente lo ocurrido en Venezuela, resulta bastante útil hacerlo a la luz de la teoría política de Amílcar Cabral, líder de la independencia de Guinea-Bisáu y Cabo Verde, uno de los pensadores más agudos de la liberación africana y del Tercer Mundo. Cabral formuló el concepto de “suicidio de clase” primero en su mensaje a los milicianos guineanos de 1972, para desarrollarlo después en múltiples intervenciones durante los años sesenta y setenta, particularmente en su discurso El arma de la teoría y la práctica revolucionaria, pronunciado en la primera Conferencia Tricontinental de los Pueblos de Asia, Africa y América Latina, celebrada en La Habana en enero de 1966.
En 1974, en el contexto de la lucha de liberación de Guinea-Bisáu, Cabral profundizaba en esta teoría aplicándola a esa realidad concreta en su trabajo Guiné-Bissau: Nação Africana forjada na luta. La pequeña burguesía guineana, formada en la administración colonial portuguesa, debía elegir entre integrarse con el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y sus bases campesinas, renunciando a sus privilegios de funcionarios coloniales, o mantenerse al margen y eventualmente colaborar con Portugal. Cabral no tenía ilusiones sobre las dificultades de esta elección. El dilema histórico de esta pequeña burguesía, según Cabral, es estrictamente binario: “o traiciona a la Revolución o se suicida como clase”. No hay tercera vía, posición intermedia o compromiso posible. Cualquier intento de mantener una postura equidistante termina, tarde o temprano, en la subordinación al imperialismo y la traición de los intereses nacionales.
El suicidio de clase no era la desaparición física de los individuos, sino la destrucción de su condición de clase particular. Implicaba una transformación radical y consciente. Como explicaba Cabral, la pequeña burguesía debía “renunciar a la posición de clase que ocupa en la vida social” e “integrarse con las fuerzas populares, esto es, con los trabajadores y con los campesinos”. En otras palabras: abandonar voluntariamente sus privilegios de clase intermediaria, dejar de ser una clase separada y diferenciada del pueblo, e identificarse plenamente con las fuerzas populares como parte de un proyecto de liberación nacional y social.
La traición de la revolución, la otra opción del dilema, ocurre cuando la burguesía preserva su existencia de clase y sus privilegios intermediarios mediante la subordinación al imperialismo. No renuncia a su posición, no se identifica con el pueblo, no destruye sus redes de poder. Por el contrario, negocia su supervivencia corporativa con el enemigo, convirtiéndose en burguesía compradora. Esta traición no siempre es explícita ni consciente. A menudo se presenta como “realismo”, “pragmatismo” o “tacticismo”. Pero su resultado es siempre el mismo: la consolidación de la dependencia estructural y el bloqueo de cualquier proyecto emancipatorio destinado a una verdadera independencia soberana, requisito indispensable para la desconexión de las jerarquías imperiales.
La teoría del suicidio de clase tiene implicaciones metodológicas profundas para el análisis político. Primero, establece que la liberación nacional no puede ser dirigida por la burguesía nacional ni por la pequeña burguesía que no se haya suicidado como clase. Segundo, demuestra que la independencia formal no equivale a liberación real si la dirección política preserva su carácter de clase intermedia subordinada. Tercero, señala que la lucha de clases continúa durante el proceso revolucionario y que la contradicción principal no es siempre entre el pueblo y el colonialismo externo, sino también entre el pueblo y sus propias direcciones que resisten el suicidio de clase.
La particularidad del caso venezolano es que la pequeña burguesía, sea esta traicionera o claudicadora, no es la clase colonial tradicional que Cabral analizaba, sino una burguesía burocrática forjada en el propio proceso del cambio revolucionario. Durante dos décadas de chavismo, esta clase ha acumulado experiencia de gestión estatal, ha construido redes de poder autónomas, ha desarrollado una identidad corporativa diferenciada y ha creado una base social de sustentación. El suicidio de clase implicaría renunciar a toda esta acumulación histórica, disolverse en las masas populares y reconfigurar el proyecto desde la base alineándose con el proletariado y el proyecto comunal. La traición permite, en cambio, preservar estructuras burocráticas y clientelares de poder adaptándolas al nuevo marco de subordinación. Una burguesía burocrática que controla el Estado y la renta petrolera tiene intereses materiales propios que pueden entrar en contradicción con un enfrentamiento directo contra el imperialismo.
Tras los rápidos y radicales cambios implementados por la administración de Delcy Rodríguez que hemos indicado, podemos observar amargamente cómo la burguesía nacional deja de administrar la independencia —propósito original del proyecto chavista— para, por el contrario, administrar la dependencia.
Todo ello se presenta, como no puede ser de otra manera, bajo una retórica de continuidad bolivariana, mantenimiento de símbolos y retóricas de responsabilidad histórica que emborronan la entrega de la renta petrolera a la gestión imperial, otrora la piedra angular del proyecto social chavista. A esto le acompaña una ruptura o un abandono de alianzas históricas como Irán o Cuba, mientras se asume sin rechistar la venta de los recursos nacionales al ente sionista, en una claudicación vergonzosa a los intereses de Estados Unidos.
La reforma petrolera de 2026 es el instrumento de esta entrega: la propiedad estatal del petróleo, pilar del proyecto de desarrollo soberano, se liquida en favor del control corporativo y se pone a merced del depósito del Tesoro de los Estados Unidos. Se trata de una forma sofisticada de dominación neocolonial porque dificulta la resistencia a la brutal agenda imperial. Efectivamente, las masas no enfrentan la presencia de un enemigo foráneo en forma de administración extranjera, sino a una élite que habla su idioma, usurpa sus símbolos, su folklore y mantiene una retórica patriótica, mientras pulveriza paso a paso los elementos centrales que el chavismo implementó durante décadas en busca de una ruptura histórica con la dependencia.
A modo de conclusión
La historia de los procesos de liberación enseña que si el proyecto revolucionario es el faro, la clase revolucionaria debe ser su guía. Como tal, su causa debe estar anclada en una estrategia histórica capaz de orientar incluso los repliegues tácticos más difíciles. Pero no puede haber repliegue táctico sin estrategia, ni estrategia sin bases materiales sobre las que sostenerla. La independencia económica no es un mero ornamento ideológico del proceso revolucionario: es su condición de posibilidad. Cuando las fuentes de riqueza de una nación se entregan a la gestión del imperio, cuando la renta que alimentaba el proyecto social se somete al control externo y cuando el Estado renuncia voluntariamente a los instrumentos que le permitían decidir sobre su propio desarrollo, ya no queda espacio para ninguna maniobra estratégica futura. Lo que se presenta como prudencia o realismo no es más que, en el mejor de los casos, la institucionalización de la claudicación; en el peor, de la traición.
Esos mismos procesos de liberación nacional también han mostrado que ninguna revolución ha sobrevivido sin cuadros dispuestos a asumir los riesgos que exige la confrontación con el poder imperial. Las direcciones revolucionarias no están llamadas únicamente a administrar estructuras, sino a encarnar una voluntad histórica capaz de sostener el conflicto hasta sus últimas consecuencias. En la madrugada del 3 de enero, mientras el aparato estatal venezolano cerraba su apuesta por la negociación servil, quienes estuvieron dispuestos a dar la vida por ese proyecto fueron los 32 internacionalistas cubanos que cayeron defendiendo la residencia presidencial. Y en ese hecho, brutal y simbólico a la vez, se condensa el dilema que Cabral formuló hace décadas: frente al imperialismo, no hay vía de escape duradera entre el suicidio de clase y la traición. Todo lo demás —las retóricas, los símbolos, las apelaciones a la táctica— son apenas formas transitorias de nombrar una decisión que, tarde o temprano, la historia termina por revelar.
2. Elecciones locales en Francia.
El repaso en Jacobin a los resultados de las elecciones, aunque no añade demasiado a lo que ya nos contó José Luis.
https://jacobin.com/2026/03/france-insoumise-center-left-elections
Una oportunidad perdida para la izquierda francesa
Harrison Stetler
Los resultados de la primera vuelta indican que la izquierda francesa puede mantener su posición en las elecciones municipales de este mes. Este resultado positivo se produce a pesar de una campaña marcada por una agria guerra interna entre el establishment de centroizquierda y «France Insoumise».
Es posible que las elecciones municipales de este mes en Francia no resulten ser, después de todo, una debacle tan grande. Lejos de la ola nacionalista y conservadora que muchos temían, los candidatos de izquierda se encuentran en una posición razonablemente buena para mantener el poder, y no solo en los grandes centros urbanos como París y Lyon. La primera vuelta de las elecciones del 15 de marzo también muestra que la izquierda se mantiene firme en ciudades pequeñas y medianas, y tiene posibilidades de lograr victorias en lugares como Toulouse.
La extrema derecha está ganando terreno, pero eso no es ninguna novedad. El Rassemblement National de Marine Le Pen y sus aliados están en camino de ampliar su dominio en las zonas rurales y en los bastiones tradicionales a lo largo de la costa mediterránea y en el norte industrial. Ahora incluso tienen la mirada puesta en ciudades más grandes como Niza y están dando a la izquierda una dura batalla en Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia. El mayor perdedor de este año será probablemente Emmanuel Macron, cuyo bloque conservador-centrista está abocado a continuar su desaparición gradual de la escena política dos años después del golpe autoinfligido en las elecciones parlamentarias anticipadas de 2024.
La sorpresa relativa es la izquierda. Los partidos que integraban la antigua alianza de izquierdas Nouveau Front Populaire (NFP), que obtuvo la mayor cuota de escaños en las elecciones anticipadas del verano de 2024, siguen ofreciendo una alternativa creíble —casi a pesar de sí mismos—.
Las elecciones locales francesas están dando un giro a una de las principales historias del último año, en el que la unidad del NFP sucumbió a una lucha interna por el poder entre sus dos facciones más importantes: el centrista Partido Socialista (PS) y La France Insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.
Para los principales medios de comunicación y las altas esferas del establishment de centroizquierda, estas elecciones debían ser la oportunidad de marcar una ruptura con France Insoumise, el mayor de los grupos parlamentarios del NFP elegidos en julio de 2024. Desafiando las expectativas de debilidad del partido en unas elecciones intermedias no presidenciales, France Insoumise obtendrá el control de los ayuntamientos en bastiones como Saint-Denis, un gran municipio situado justo al norte de París, y la ciudad postindustrial de Roubaix. También tiene opciones en el duelo, en gran medida entre formaciones de izquierda, por el control de Lille. En otros lugares, sus altos resultados en la primera vuelta la convierten en una parte crucial del electorado que los socios distanciados de LFI deben convencer antes de la segunda vuelta del 22 de marzo —un apoyo que podría resultar decisivo en ciudades como Lyon, Marsella e incluso París.
Hay una conclusión a la que, esperemos, todos los partidos del antiguo NFP estén prestando atención: una vez que se calme el drama de las luchas internas, desde el punto de vista electoral no hay forma de eludir la necesidad imperiosa de la unidad de la izquierda. A un año de las elecciones presidenciales de 2027, los partidos de izquierda siguen tan interdependientes como siempre. Esto se aplica tanto a France Insoumise, que no siempre parece darse cuenta de su aislamiento político, como a la dirección del PS, los Verdes y los comunistas (PCF).
Es posible que este mensaje nunca llegue realmente a calar. Durante meses, se dio a entender que estas elecciones iban a ser un referéndum contra la fuerza de Mélenchon. En cambio, estas elecciones —la primera incursión importante de LFI en la política municipal— han demostrado que el partido mantiene la lealtad de una parte sólida del electorado de izquierda, aunque su dificultad para salir de sus bastiones tradicionales debería ser motivo de reflexión. Lo que resulta preocupantemente persistente en la percepción pública del partido es su imagen de agrupación «de extrema izquierda» divisiva, en sintonía con su envejecido abanderado.
Pero nada justifica la campaña de excomunión que el PS centrista ha emprendido en su intento por recuperar la hegemonía sobre el espacio de izquierda. Desde los macronistas hasta Le Pen, el caótico panorama político francés se ha unido durante meses en una ofensiva total contra LFI, con acusaciones de antisemitismo contra Mélenchon y su partido que han vuelto con toda su fuerza en las últimas semanas.
El asesinato a mediados de febrero de un activista fascista en Lyon también derivó en una acusación nacional contra la fuerza de izquierda, vinculada a activistas del grupo antifa Jeune Garde implicados en el violento enfrentamiento que provocó la muerte de Quentin Deranque. A lo largo de todo este proceso, a menudo resultaba difícil distinguir entre los portavoces del PS y sus competidores del centro macronista y la extrema derecha.
En varias contiendas clave, el PS y los candidatos aliados no tienen ahora más remedio que buscar el apoyo de los votantes de France Insoumise —precisamente el electorado que ha sido denigrado como radicales irracionales y engañados—. Bajo el liderazgo de Olivier Faure, el PS se mantiene fiel a su omertà preelectoral contra un pacto nacional entre France Insoumise y el centro, rechazando los llamamientos de LFI a presentar listas «antifascistas» en la segunda vuelta.
Resulta alentador que exista cierta flexibilidad a nivel local. En Lyon, el actual alcalde de Écologistes, Grégory Doucet, ha fusionado sus listas con el candidato de LFI, lo que le coloca en buena posición para contener a la derecha. Los candidatos del PS y sus aliados incluso han acordado apoyar a los principales candidatos de LFI en lugares como Toulouse. En París y Marsella, el centroizquierda ha optado por ir por libre, confiando en las divisiones persistentes en la derecha para asegurarse la victoria.
Las críticas contra LFI tienden a moderarse cuando llega la hora de la verdad. El liberal centrista Raphaël Glucksmann, posible abanderado del PS en 2027, es el principal defensor del frente anti-LFI. «La línea de Glucksmann ha sido derrotada en las urnas. La línea del “nunca al PS” de Jean-Luc Mélenchon también ha sido derrotada», declaró el diputado de izquierda Alexis Corbière a Le Monde en respuesta a los resultados de este domingo. Pero el problema persistente es traducir un razonamiento sensato como este en una hipótesis estratégica de base sobre la crisis política actual. Corbière, que fue uno de los diputados expulsados de LFI en vísperas de las elecciones del verano de 2024, también sirve de recordatorio de que LFI no siempre ha hecho que su obstinada fortaleza resulte fácil de aceptar para sus socios.
Este ciclo electoral debería considerarse una oportunidad perdida. En lugar de una ocasión para aprovechar los logros del pasado, la izquierda se ha visto sumida en una lucha interna por el poder que ha eclipsado las líneas generales de un programa ampliamente compartido para mejorar la vida municipal. Las peticiones de una mayor inversión en vivienda social y comidas escolares gratuitas, junto con la ampliación del transporte público, fueron escuchadas por candidatos de todo el espectro de izquierda, desde LFI y el PCF hasta Écologistes y, sí, el PS.
Pero, echando la vista atrás, es imposible afirmar que estas propuestas hayan sido el verdadero eje de esta campaña. En cambio, estas ideas y muchas otras similares quedaron ahogadas por una acritud imprudente, lo que ha profundizado las divisiones un año antes de unas elecciones en las que la extrema derecha podría muy bien llegar a la presidencia.
El precio de la desunión es que la izquierda, en el mejor de los casos, se mantiene en sus posiciones, con pocos indicios del avance necesario más allá de sus bases de apoyo habituales. No es difícil ver una conexión entre ese hecho y otra tendencia confirmada por las votaciones de este año: los franceses votan cada vez con menos frecuencia. Salvo la participación excepcionalmente baja en las elecciones locales de 2020, celebradas en plena pandemia, las votaciones de este año parecen destinadas a marcar un nuevo récord, con una abstención en la primera vuelta que supera el 42 %, frente al 36 % de los votantes registrados en 2014.
3. Más sobre el ascenso de la derecha en Japón.
Como complemento al artículo del capitalismo tardío en Japón, este negro retrato sobre su evolución política.
https://newleftreview.org/sidecar/posts/nagatacho-bubble
La burbuja de Nagatachō
17 de marzo de 2026
La contundente victoria de Sanae Takaichi en las elecciones anticipadas celebradas el mes pasado en Japón dividió a los comentaristas de habla china. Muchos chinos residentes en el país se sintieron inquietos; algunos se golpeaban el pecho con desesperación, declarando que harían las maletas y se marcharían. Otros —en su mayoría residentes fuera de Japón— lo aclamaron como un triunfo de la democracia japonesa y un despertar del espíritu Yamato. Estos sentimientos encontrados son, en parte, una reacción a la postura belicista de Takaichi respecto a Taiwán. Poco después de asumir el cargo de primera ministra el pasado octubre, afirmó que un bloqueo chino de Taiwán podría constituir una «situación que amenazara la supervivencia», lo que implicaba una posible intervención militar en un conflicto a través del estrecho. Dentro de Japón, sus comentarios contribuyeron a consolidar su imagen de una Thatcher japonesa de discurso duro, pero provocaron un gran revuelo en Pekín, que ha restringido las exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos. El número de visitantes chinos a Japón ha caído un 61 % con respecto al año anterior.
Este antagonismo acentuado se inscribe en el contexto de un sentimiento antiinmigrante más generalizado, que ha desempeñado un papel cada vez más destacado en la política en los últimos meses. Durante las elecciones al Senado del pasado mes de julio, los extranjeros —que representan apenas el 3 % de la población japonesa— se convirtieron de repente en el tema más candente. Los rumores se extendieron como la pólvora en las redes sociales: la mano de obra inmigrante barata estaba frenando el crecimiento salarial de los japoneses y poniendo en peligro la seguridad pública; los empresarios extranjeros en Tokio recibían préstamos para la creación de empresas a bajo interés de hasta 15 millones de yenes; un número cada vez mayor de personas se quedaba más tiempo del permitido por sus visados y se aprovechaba del sistema de bienestar social; los empleados de las multinacionales estaban propagando la COVID; los delitos cometidos por extranjeros quedaban impunes. En medio de este alboroto, el partido de extrema derecha Sanseito ganó rápidamente popularidad con su campaña «Los japoneses primero». Quedó en tercer lugar en las elecciones, consiguiendo quince escaños, frente al único que tenía anteriormente.
Esto fue un indicio temprano del cambio en la opinión pública, ya que los votantes descontentos y con inseguridad económica se unieron a las consignas de la derecha xenófoba. Aunque el Partido Liberal Democrático de Takaichi sigue haciendo hincapié en la «coexistencia» con los residentes extranjeros y se compromete a ampliar los programas de visados para trabajadores cualificados —adoptando una postura más pragmática que muchos de los partidos de la oposición—, durante la campaña electoral sacó partido de estos temas. Invocó repetidamente el llamado «incidente de la patada al ciervo de Nara», en el que se difundió ampliamente en las redes sociales un vídeo de un turista maltratando a uno de los ciervos que deambulan por el Parque de Nara, algo que los comentaristas nacionalistas aprovecharon como prueba del desprecio de los extranjeros por los valores japoneses (los ciervos son un símbolo cultural muy apreciado). El hecho de que Takaichi se apropiara de la polémica indicaba que su enfoque respecto a la retórica antiinmigración del Sanseito sería: «Si no puedes vencerlos, únete a ellos».
Los medios tradicionales están teniendo dificultades para seguir el ritmo. Una semana antes de las elecciones al Senado en julio, medios como el Mainichi Shimbun y el Asahi Shimbun publicaron artículos de verificación de datos, mientras que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar y el secretario jefe del Gabinete celebraron ruedas de prensa para desmentir la desinformación. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. La relevancia de las redes sociales en las elecciones generales de febrero también ayuda a explicar el profundo afecto que Takaichi ha despertado entre los jóvenes. Los veinteañeros apoyan al primer ministro por un margen mayor que los treintañeros, y los adolescentes expresan un entusiasmo aún mayor. A pesar de ser una política veterana del establishment —elegida para la Cámara de Representantes a principios de la década de 1990, protegida del primer ministro con más años en el cargo, Shinzo Abe, y líder del partido que ha dominado la política japonesa durante setenta años—, Takaichi parece haberse beneficiado de la percepción generalizada de que representa el cambio, y de que no solo dice lo que piensa, sino que será capaz de actuar en consecuencia. «Parece que realmente podría hacer algo por nosotros», declaró un joven a los periodistas. Otro sugirió que Takaichi no se parece a los primeros ministros anteriores, que «se limitaban a leer guiones preparados que les entregaban los burócratas».
Otro joven entrevistado afirmó que pasaba gran parte de su tiempo en YouTube, donde la personalidad firme de Takaichi y su lema «Hagamos de Japón un país fuerte y próspero» le habían impresionado en los anuncios de campaña. El uso inteligente de las redes sociales por parte de Takaichi le proporcionó una gran ventaja en un país donde, hasta ahora, las elecciones se habían disputado y decidido principalmente fuera de la esfera digital. En 2011, menos de 10 millones de personas —en un país de más de 120 millones de habitantes— poseían un smartphone, y Twitter (ahora X) contaba con menos de 7 millones de usuarios mensuales. En 2024, el número de smartphones había aumentado a más de 220 millones, y los usuarios de Twitter se habían multiplicado por diez. La audiencia mensual de YouTube también ha superado los 70 millones. Un vídeo publicado por el PLD a principios de febrero acumuló 100 millones de visualizaciones en poco más de una semana, un logro muy publicitado por el partido (aunque la promoción de pago parece haber desempeñado un papel significativo en el aumento de las métricas de interacción del PLD, lo que refleja tanto el poderío financiero del partido como su atractivo popular). Los medios de difusión y recepción de la información han experimentado un cambio radical, y los efectos están empezando a notarse ahora en la política electoral, sobre todo en forma del rápido auge de partidos emergentes como Sanseito. Otro nuevo partido, Team Future, del ingeniero de IA y youtuber Takahiro Anno, logró obtener once escaños el mes pasado a pesar de su reducido tamaño.
Hay indicios de que los jóvenes se acercan cada vez más a la política como una extensión de sus actividades en las redes sociales y, en consecuencia, ven su relación con las figuras políticas como una forma de cultura de fans, con un apoyo que se propaga a través de una especie de contagio entre el grupo de moda («¿Apoyas a Takaichi? ¡Yo también!»). Takaichi también inspira una simpatía claramente basada en el género. Tras las elecciones, el Asahi Shimbun entrevistó a simpatizantes del PLD: «Como mujer, quiero apoyarla»; «Espero que tenga éxito como primera mujer primera ministra». Según se informó, las amas de casa a tiempo completo y las madres trabajadoras constituyeron una parte significativa del apoyo a Sanseito en las elecciones al Senado del verano pasado. Muchas se identificaban como apolíticas y afirmaban haberse visto atraídas hacia la política a través de «contenido viral» sensacionalista en las redes sociales: conspiraciones que implicaban a camarillas globalistas, intereses farmacéuticos en la sombra e injerencias externas en los asuntos japoneses.
Los clickbaits que alegan que los extranjeros han violado las leyes o costumbres japonesas, han causado accidentes de tráfico o suponen una carga para las arcas públicas pueden alcanzar fácilmente más de un millón de visitas. Por el contrario, el contenido que aborda políticas concretas o cuestiones de fondo tiene dificultades para ganar tracción. De hecho, la breve campaña electoral de febrero se caracterizó por la práctica ausencia de debate sobre las cuestiones clave a las que se enfrenta el país. En una esfera pública distorsionada por la lógica de la economía de la atención, apenas importa que se haya descubierto a políticos malversando fondos públicos, que la Iglesia de la Unificación siga envuelta en escándalos sin resolver, que no se hayan tomado medidas contra la escalada de precios o que las políticas fiscales estén debilitando el yen. Ante la ausencia de cualquier debate significativo sobre tales cuestiones, los votantes entonaron el cántico de «¡Takaichi, Takaichi!» como si estuvieran en un festival. Calificar este aparente cambio hacia un modo de política más personalizado y en línea como un deterioro de la democracia japonesa, o incluso del propio electorado, como han hecho algunos observadores, resulta engañoso y moralista. No obstante, hay que tener en cuenta las profundas implicaciones de estas nuevas tecnologías.
Por supuesto, la transformación del panorama mediático japonés no es toda la historia. El descontento con la política habitual proviene de un deseo largamente gestado de romper con las «décadas perdidas» de Japón: el período de estancamiento prolongado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a principios de la década de 1990. Quienes se incorporaron al mercado laboral tras ese episodio se encontraron con un mercado laboral en fuerte contracción que empujó a un gran número de personas hacia empleos irregulares, temporales o a tiempo parcial. El grupo más afectado por la «edad de hielo» del empleo en Japón es precisamente aquel que ha sido más susceptible a la retórica antiinmigrante. En una serie de manifestaciones celebradas en Tokio el año pasado, organizadas por el influencer de derecha Uryu Hirano junto con políticos locales afines para protestar contra unas políticas de inmigración supuestamente laxas, me llamó la atención la escasez de jóvenes: los asistentes tenían predominantemente entre 30 y 50 años. La tasa de empleo fijo de esta generación de la «edad de hielo» es, de media, entre un 10 % y un 20 % inferior a la de sus predecesores, y sus ingresos anuales pueden ser de tan solo 2 millones de yenes (9500 libras) al año cuando llegan a los cuarenta; quienes tienen puestos fijos pueden llevarse a casa el triple de esa cantidad.
La recesión posterior a la burbuja en Japón se vio acentuada por las crisis mundiales del estallido de la burbuja puntocom y la crisis financiera de 2008, y posteriormente por el devastador terremoto de Tōhoku en 2011. La «Abenomics» trajo consigo una cierta recuperación, pero esta fue frágil y desigual, y se estancó con la llegada de la COVID-19 en 2020. Las perturbaciones de la pandemia en las cadenas de suministro mundiales, unidas a la reestructuración de las redes de producción y a los esfuerzos occidentales por «reducir el riesgo», alimentaron un repunte de la inflación. Al mismo tiempo, la flexibilización cuantitativa comenzó a pasar factura con una fuerte depreciación del yen. El valor de los inmuebles en Tokio se disparó, llegando a duplicarse o incluso triplicarse en algunos distritos en pocos años.
En este contexto, las fricciones geopolíticas con el mayor vecino de Japón han despertado un fuerte sentimiento de antagonismo. Para los menores de 50 años, más de la mitad —si no la totalidad— de sus vidas se ha desarrollado en un clima discursivo dominado por la confrontación con China. Las declaraciones de Takaichi sobre Taiwán reflejan, de hecho, la realidad de la legislación de seguridad japonesa de 2015, que estipula que si Estados Unidos entra en guerra y es objeto de un ataque, Japón debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y participar en las contramedidas militares. La interpretación que China ha hecho de esto, según la cual Japón desplegará tropas si ocurre algo en Taiwán —independientemente de la actuación de Estados Unidos—, ha servido a los fines de su propaganda interna; la posterior imposición de sanciones dirigidas a los turistas, las exportaciones de tierras raras y otros sectores ha dejado a muchos japoneses desconcertados e indignados. Una reciente encuesta realizada entre la audiencia televisiva en la que se preguntaba si deberían mejorarse las relaciones sino-japonesas arrojó un veredicto contundente: un 76 % respondió «no».
Las encuestas realizadas por la Oficina del Gabinete de Japón y un grupo de expertos con sede en Tokio muestran sistemáticamente altos niveles de sentimiento negativo hacia China, que a menudo superan el 80 %. Sin embargo, hasta ahora estas actitudes rara vez se han traducido en un deseo de romper las relaciones diplomáticas o comerciales. En el pasado, la opinión pública tendía a ser pragmática en materia de política exterior. Este cambio sugiere no solo un estallido emocional, sino una creciente disposición a contemplar la posibilidad de romper los lazos. Ante las restricciones chinas sobre suministros críticos, en lugar de ceder a la presión, el Gobierno de Takaichi actuó de inmediato para asegurarse el apoyo de los aliados occidentales y comenzó a extraer sedimentos del lecho marino cerca de Minami-Torishima. Esta postura resuelta tuvo eco entre un público cada vez más receptivo a los llamamientos a la autosuficiencia económica y la independencia estratégica.
La clasificación mundial de Japón en cuanto al PIB per cápita ha caído de alrededor del vigésimo puesto hace una década a aproximadamente el cuadragésimo en la actualidad, situándolo por detrás de Taiwán y Corea del Sur, sus antiguos socios menores en Asia Oriental. Los nuevos sectores industriales tardan décadas en desarrollarse, lo que deja pocas estrategias económicas viables a corto plazo. ¿Cómo gestionar entonces las expectativas de la sociedad? Las reformas en materia de seguridad nacional pueden ser la vía más fácil para obtener resultados tangibles. La rápida aprobación de la Ley de Prevención del Espionaje presentada o la creación de la respuesta japonesa a la CIA —la Agencia Nacional de Inteligencia— podrían encajar en este contexto. Del mismo modo, en el período previo a las elecciones, el Gobierno de Takaichi anunció un paquete de medidas que afectan a los residentes extranjeros, promulgadas en gran medida mediante decretos administrativos en lugar de por los canales legislativos habituales, lo que le valió elogios por su rápida implementación.
Ante una posible crisis en el estrecho de Taiwán, hay varios ámbitos en los que el Gobierno podría reivindicar logros: el refuerzo de las capacidades de defensa, una mayor flexibilización de las restricciones legales de Japón a la exportación de armas y la ampliación de las alianzas de seguridad internacional. El premio definitivo para la derecha sigue siendo la revisión constitucional, la premisa fundamental de su visión de que Japón debe convertirse en una «nación normal», con lo que se refieren a liberarse de las ataduras pacifistas del acuerdo posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo del artículo 9 de la Constitución de 1947. Sin embargo, un intento serio de enmendar estas disposiciones probablemente provocaría divisiones más agudas en Japón que cualquiera de las que ha experimentado desde el final de la guerra. También provocaría una feroz oposición por parte de los Estados vecinos, empezando por China, que podría verse tentada a intervenir para preservar el orden de posguerra. Para el Gobierno de Takaichi, una confrontación tan directa conllevaría riesgos evidentes.
El reto más acuciante, sin embargo, sigue siendo cómo aliviar las presiones económicas en una situación de crecimiento persistentemente lento. Durante la campaña electoral, tanto el PLD como varios partidos de la oposición propusieron una suspensión de dos años del impuesto sobre el consumo de los productos alimenticios. El Ministerio de Finanzas ha expresado su oposición a la propuesta, advirtiendo de que podría socavar la sostenibilidad fiscal y desestabilizar tanto el yen como el mercado de bonos. La noche del triunfo del PLD, la presentadora de televisión Hikari Ōta se enfrentó a Takaichi durante una entrevista en directo: «¿Qué pasaría si resultara imposible aplicar la exención del impuesto sobre el consumo prometida?». Takaichi reprendió airadamente a Ōta por formular una «pregunta maliciosa», un intercambio que pareció delatar su propia incertidumbre. Su victoria hizo que el índice Nikkei se disparara hasta máximos históricos. Su anterior máximo se registró durante la burbuja inmobiliaria de finales de la década de 1980; el repunte actual podría describirse mejor como una burbuja política. Si las esperanzas que Takaichi ha despertado resultaran infundadas, no se puede descartar una fuerte corrección.
4. Siria contra Hezbolá.
Habrá que ver lo que dicen los «amigos» que defendían la «revolución» siria si los yihadistas apoyan a Israel en El Líbano.
Refuerzos sirios, presión internacional: ¿Se está empujando a Damasco a un enfrentamiento con Hezbolá?
En un momento de reajuste regional y de creciente presión por parte de las alianzas respaldadas por Estados Unidos, los movimientos fronterizos de Siria apuntan a una lucha más profunda en torno a la soberanía, la resistencia y el orden emergente.
Corresponsal de The Cradle en Siria
17 DE MARZO DE 2026
Las tensiones regionales se intensificaron tras la agresión estadounidense-israelí contra Irán que comenzó el 28 de febrero, seguida días después por la entrada de Hezbolá en el enfrentamiento en primera línea el 2 de marzo. Casi de inmediato, se intensificaron las especulaciones sobre un posible papel de Siria en el enfrentamiento con el movimiento de resistencia libanés a lo largo de la frontera común.
Estas cuestiones cobraron urgencia después de que el ejército sirio enviara refuerzos militares de una magnitud inusual hacia la frontera sirio-libanesa. Se desplegaron unidades de artillería pesada, tanques, vehículos de transporte de tropas y un número considerable de combatientes, incluidos contingentes descritos como ciudadanos extranjeros, tales como chechenos y uigures.
La concentración de fuerzas sirias parecía estratégicamente calculada. Los refuerzos se posicionaron frente a regiones libanesas con mayoría chiíta que forman parte de la base social de Hezbolá. El despliegue se extendió dentro del territorio sirio desde la ciudad de Qusayr, en la provincia de Homs, pasando por Asal al-Ward y Zabadani, en los alrededores de Damasco.
Esta postura militar se convirtió rápidamente en el centro de atención de la región. Los observadores se preguntaban si Damasco se estaba preparando para cerrar la frontera con fines defensivos, o si se estaba viendo arrastrado a una confrontación más amplia impulsada por potencias externas que buscaban remodelar un resurgente Eje de la Resistencia.
Llamamientos internacionales e incursiones sospechosas
El primer reconocimiento oficial sirio de los refuerzos se produjo después de que el autoproclamado presidente Ahmad al-Sharaa (el antiguo líder de Al-Qaeda conocido por el nombre de guerra Abu Mohammad al-Julani) recibiera una llamada telefónica del presidente francés Emmanuel Macron el 6 de marzo. Durante la conversación, Sharaa presentó el despliegue como una medida defensiva destinada a proteger la soberanía siria, impedir el contrabando de armas y estabilizar una frontera inestable.
Sin embargo, los acontecimientos que siguieron no hicieron más que aumentar las dudas.
Esa misma tarde, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una operación de desembarco aéreo en la que participaron cuatro helicópteros que aterrizaron en territorio sirio cerca de la localidad de Serghaya, en la zona de Zabadani. Según se informó, una unidad de infantería se dirigió hacia la localidad libanesa de Nabi Sheet con el pretexto de buscar al piloto israelí desaparecido Ron Arad, que fue capturado hace décadas.
Dos días después, tuvo lugar un segundo aterrizaje en el mismo lugar, pero con un número mayor de helicópteros israelíes, 15 en total, según Hezbolá. Esta operación también fracasó.
Damasco no emitió ninguna condena formal de ninguna de las dos incursiones. Tampoco los funcionarios sirios rechazaron públicamente el uso por parte de Tel Aviv del territorio sirio para operaciones dirigidas contra el Líbano. El silencio suscitó preguntas incisivas en los círculos políticos sobre si los dirigentes sirios habían aceptado tácitamente estas violaciones, o si estaban navegando por un equilibrio precario bajo la creciente presión occidental.
Retórica sobre el desarme y contradicciones internas
La controversia se agravó aún más cuando Sharaa expresó su apoyo a los esfuerzos del presidente libanés Joseph Aoun para desarmar a Hezbolá. Hizo esta declaración durante una videoconferencia con líderes regionales convocada para debatir los acontecimientos militares y los posibles mecanismos de distensión.
Para muchos analistas, el comentario supuso una desviación sin precedentes de las normas políticas árabes establecidas. Rara vez un jefe de Estado árabe había respaldado abiertamente el desarme de un movimiento de resistencia integrado en el tejido político y social de otro país. La declaración parecía incoherente con el énfasis que Sharaa había puesto anteriormente en la no injerencia en los asuntos internos de los Estados vecinos.
En una entrevista televisiva, el presidente sirio reveló también que, durante la operación de «disuasión de la agresión» que culminó con el colapso del Gobierno anterior, se le había ofrecido la oportunidad de avanzar hacia el Líbano y enfrentarse directamente a Hezbolá. Calificó la propuesta de «trampa» y afirmó que la había rechazado.
El momento en que se produjeron estas declaraciones avivó las especulaciones.
Una fuente cercana a los círculos de toma de decisiones sirios, que habló de forma anónima debido a la delicadeza de la situación, declaró a The Cradle que la postura de Sharaa reflejaba la intensa presión ejercida por Estados Unidos e Israel tras la adhesión de Siria a una coalición internacional liderada por Washington. Según la fuente, los dirigentes sirios estaban maniobrando bajo condiciones coercitivas, en lugar de actuar desde una posición de autonomía estratégica.
Denuncias de bombardeos y versiones contradictorias
El 10 de marzo, al día siguiente del segundo aterrizaje israelí, el departamento de operaciones del ejército sirio anunció que habían caído proyectiles de artillería cerca de Serghaya, al oeste de la capital.
Las autoridades afirmaron que el fuego procedía de territorio libanés y acusaron a los combatientes de Hezbolá de atacar posiciones del ejército sirio.
La declaración hacía hincapié en que las fuerzas sirias estaban siguiendo de cerca los acontecimientos, coordinándose con el ejército libanés y evaluando las opciones adecuadas, al tiempo que advertía de que el Ejército Árabe Sirio «no toleraría ninguna agresión dirigida contra Siria». »
Sin embargo, rápidamente surgieron dudas sobre la versión oficial, ya que, según se informó, los proyectiles habían impactado en la misma zona donde habían aterrizado helicópteros israelíes días antes. Los observadores cuestionaron cómo podían producirse tales incursiones en zonas supuestamente aseguradas por las fuerzas sirias.
La proximidad de estos incidentes sugería la posibilidad de manipulación o provocación por parte de un tercero que buscara desencadenar un conflicto entre Damasco y Hezbolá.
La fuente siria anónima refuerza esta interpretación, argumentando que Hezbolá no tenía interés en abrir un segundo frente mientras ya se enfrentaba a las fuerzas israelíes en el sur. Las prioridades del movimiento de resistencia, afirma, residen en enfrentarse a Israel más que en desestabilizar a Siria.
Ni Hezbolá ni el ejército libanés emitieron una declaración inmediata confirmando o desmintiendo las denuncias de bombardeos. El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, también se abstuvo de abordar el tema en su discurso con motivo del Día Internacional de Al-Quds.
El investigador político Wissam Nassif Yassin explica a The Cradle que, incluso si hubieran caído proyectiles en las zonas en disputa, tales incidentes podrían producirse en el contexto de una dinámica fronteriza tensa. Sostiene que la cuestión más apremiante se refería al vacío de seguridad que permitió a las fuerzas de ocupación israelíes llevar a cabo importantes operaciones de desembarco desde territorio sirio hacia el Líbano.
Añade que no era inusual que los misiles cruzaran ocasionalmente las fronteras durante los enfrentamientos, y que normalmente se contenían mediante mecanismos de coordinación en lugar de amplificarse hasta convertirse en crisis.
Maniobras diplomáticas y inquietudes regionales
Los contactos políticos se intensificaron en paralelo a los acontecimientos militares. El mismo día en que Damasco acusó a Hezbolá de bombardear territorio sirio, Sharaa mantuvo una conversación telefónica con el presidente Aoun, reiterando su apoyo a los esfuerzos por desarmar al movimiento de resistencia.
Reiteró esta postura de nuevo durante un diálogo trilateral en el que participaron Macron y Aoun. La frecuencia de estas declaraciones sugería un intento deliberado de mostrar alineamiento con las iniciativas diplomáticas respaldadas por Occidente, centradas en remodelar el equilibrio de poder interno del Líbano.
Los medios israelíes no tardaron en amplificar las especulaciones sobre la implicación siria. Una fuente vinculada a la familia real saudí declaró a la cadena pública israelí (KAN) que Siria podría unirse a Israel y a los dirigentes libaneses en los esfuerzos por restringir los movimientos de Hezbolá.
Según un alto funcionario árabe, Arabia Saudí teme que un enfrentamiento directo entre Hezbolá y las fuerzas sirias a lo largo de la frontera pueda extenderse al territorio sirio y desestabilizar al propio Gobierno de Sharaa, que actualmente cuenta con el respaldo de Riad.
Sin embargo, otras voces presentaron una valoración radicalmente diferente.
Mahmoud al-Mawladi, investigador en relaciones internacionales, informa a The Cradle de que la información que circula dentro de las estructuras de poder sirias apuntaba a directivas estadounidenses y a financiación del Golfo destinadas a orquestar una intervención dentro del territorio libanés. Según se informa, esta estrategia implicaba establecer salas de operaciones, formar células encubiertas en las regiones fronterizas y movilizar facciones armadas a lo largo de la frontera.
Según el análisis de Mawladi, Washington busca presionar a los dirigentes sirios para que cumplan las exigencias relacionadas con el desmantelamiento de las capacidades militares de Hezbolá. Sostiene que Sharaa sigue mostrándose indeciso, temiendo tanto una reacción interna como repercusiones regionales. La presión, afirma, ha sido intensa.
Añade que se transmitieron amenazas a los dirigentes sirios a través de canales de seguridad, incluido el ministro del Interior, Anas Khattab. Según las advertencias, cualquier movimiento hacia una intervención militar podría exponer a Damasco a graves represalias. Al parecer, los mensajes hacían referencia a la existencia de «12 objetivos» dentro del territorio sirio que podrían ser atacados si se tomara tal decisión.
Cálculos estratégicos y el riesgo de una guerra más amplia
Mawladi cree que cualquier intervención siria probablemente se desarrollaría bajo una intensa cobertura de fuego israelí. Advierte de que las fuerzas israelíes podrían intentar infiltrarse a través de la zona de Barouk, señalando maniobras previas cerca de Qatana y movimientos hacia la cordillera oriental. Tales acontecimientos podrían abrir nuevos corredores operativos para una escalada militar.
Tampoco descarta el apoyo de ciertas facciones políticas libanesas alineadas con las agendas occidentales o del Golfo.
Por su parte, Yassin ofrece una perspectiva estratégica más amplia sobre el pensamiento de Hezbolá. En su opinión, el movimiento de resistencia ha anticipado la posibilidad de un enfrentamiento con las fuerzas sirias desde la caída del anterior Gobierno sirio. La dirección de Hezbolá, afirma, lleva mucho tiempo teniendo en cuenta tales escenarios en sus cálculos.
Yassin señala que la realidad actual está rodeada de una serie de complejidades que deben tenerse en cuenta antes de hablar de la posibilidad de que las fuerzas sirias entren en el Líbano o abran un frente con Hezbolá.
El panorama interno de Siria sigue fragmentado, con facciones rivales y amenazas de seguridad sin resolver, incluida la presencia continuada de células del ISIS. Abrir un nuevo frente contra Hezbolá podría poner a prueba las capacidades sirias y correr el riesgo de desestabilizar las frágiles estructuras estatales.
Las dinámicas regionales complican aún más el panorama. Yassin describe al Líbano como un país que se encuentra dentro de la esfera de influencia regional suní de Arabia Saudí, mientras que Siria está más marcada por la influencia turca y qatarí. Cualquier decisión de esta magnitud probablemente implicaría la coordinación entre estos actores, en lugar de recaer únicamente en Damasco.
También destaca el papel de las facciones de la resistencia iraquí y del propio Estado iraquí. Irak sigue siendo crucial para la supervivencia económica de Siria a través del suministro de energía, los envíos de trigo y la coordinación en materia de seguridad a lo largo de la frontera común. Una acción siria contra Hezbolá podría repercutir en toda esta red de interdependencia.
Al mismo tiempo, el estado de ánimo regional viene definido por una movilización generalizada contra la agresión israelí. Tanto las fuerzas suníes como las chiíes se han movilizado en torno a Gaza, donde Hezbolá ha pagado un alto precio en combatientes y recursos. En este contexto, un enfrentamiento con la resistencia libanesa podría agravar las divisiones sectarias y socavar el impulso general contra la ocupación.
Legitimidad del liderazgo y tensiones sin resolver
Yassin interpreta en última instancia el apoyo de Sharaa al desarme de Hezbolá desde múltiples perspectivas. Una interpretación sugiere que el presidente sirio aún no ha consolidado plenamente su autoridad y busca legitimidad externa alineándose con las prioridades occidentales.
Otra interpretación apunta a motivaciones personales o faccionales moldeadas por conflictos y rivalidades del pasado, más que a una estrategia nacional siria coherente.
Sean cuales sean los factores subyacentes, la trayectoria sigue siendo incierta. Es probable que los acontecimientos sobre el terreno y las maniobras diplomáticas de los próximos días determinen si las tensiones se alivian o se intensifican hasta convertirse en un enfrentamiento más amplio.
Por ahora, Damasco se enfrenta a una presión coordinada por parte de actores regionales respaldados por Washington, al tiempo que busca consolidar su autoridad en el país y resistirse a los esfuerzos por arrastrarla a un enfrentamiento con Hezbolá.
5. Bandung de los Pueblos.
Dado el estado de las «fuerzass progresistas» en el mundo, me temo que no es más que un brindis al sol, pero ojalá tengan suerte.
https://www.tni.org/en/article/towards-a-bandung-de-los-pueblos?translation=es
Rumbo a una Bandung de los Pueblos Multilateralismo, poder corporativo y la construcción de un Frente del Sur Global
17 March 2026
En medio del ascenso del fascismo y de un orden capitalista en transformación, las fuerzas progresistas enfrentan una elección histórica: fragmentación o solidaridad. Inspirado en las luchas de liberación, este documento llama a construir una estrategia compartida y una acción colectiva para forjar un frente transformador del Sur Global por la justicia global.
Brid Brennan
Gonzalo Berrón
Juliana Rodrigues de Senna
Sol Trumbo Vila

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
- Introducción
- Parte I: El (des)orden multilateral
- Parte II – Construyendo un Frente del Sur Global
- Parte III – Estrategias para desarrollar una agenda común
Introducción
“El Sur no conoce al Sur: qué sucede en sus países, cuáles son las ideas de sus pueblos, cuál es su potencial y cómo puede la cooperación Sur-Sur ampliar las opciones de desarrollo para todos. Cada país se ve obligado a cometer sus propios errores, sin poder aprender de la experiencia de otros en situaciones similares ni beneficiarse de la experiencia de sus éxitos.”
– El desafío para el Sur, Informe de la Comisión del Sur (external link)
Vivimos en un mundo en transformación. A medida que el capitalismo entra en un nuevo ciclo de acumulación y el fascismo crece, las élites globales presionan para remodelar el orden mundial para que siga sirviendo a los intereses del imperialismo. Al mismo tiempo, estos cambios ofrecen una oportunidad para que los pueblos y las naciones encuentren y desarrollen nuevos caminos hacia la solidaridad internacionalista y el poder popular.
Pero esos caminos no se abrirán espontáneamente. El cambio intencional requiere estrategia, ideas y un entendimiento común, a escala global, dentro de la diversidad de actores sociales y políticos progresistas. No partimos de cero: los movimientos socialistas y de liberación nacional fueron las luchas políticas más inspiradoras del siglo pasado. Basándose en sus experiencias y aprendiendo de sus estrategias, este documento utiliza el término “fuerzas progresistas” para referirse al amplio espectro de la izquierda política, que abarca las diferentes formas adoptadas por la resistencia en nuestros distintos continentes. Resulta urgente consolidar un espacio cooperativo de diálogo y acción; de lo contrario, corremos el riesgo de ser aplastados durante otro ciclo más de explotación y opresión, atrapados en medio de luchas geopolíticas determinadas por los intereses de las superpotencias capitalistas.
Este documento pone de manifiesto la urgencia de que todas las fuerzas progresistas del Sur global se comprometan con un plan de acción colectivo ambicioso y emancipador para cambiar el orden mundial actual. El texto es el resultado de varias rondas de consultas informales, en África, Asia y América Latina, con movimientos sociales, sindicatos, académicos activistas y otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el multilateralismo. Se presentan aquí el análisis y el razonamiento que subyacen a la creación de un Frente del Sur Global (Parte I), sus retos y oportunidades (Parte II) y se subrayan algunos elementos para el desarrollo de una estrategia movilizadora global y común (Parte III).
Parte I: El (des)orden multilateral
El suelo se está moviendo bajo nuestros pies. Tanto en el Norte como en el Sur del mundo, el sistema internacional se está desmoronando. Muchos dentro de las fuerzas progresistas veían su fin más como un horizonte que como un problema. No obstante, la realidad es que ese sistema en decadencia se está hundiendo con nosotros, no por nosotros ni a causa de nosotros. En lugar de cantar victoria, oímos las campanas de la guerra.
Durante los últimos 80 años, críticas y esperanzas han compartido y disputado el espacio y el espíritu de nuestras instituciones multilaterales. El compromiso con el multilateralismo, que nunca ha sido un fin en sí mismo, permitió a los movimientos sociales, las mujeres, los pueblos indígenas, las y los campesinos y pescadores, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y personas migrantes y refugiadas, impulsar muchas agendas globales importantes, traduciendo sus luchas en Derecho Internacional a través de declaraciones de las Naciones Unidas, procesos de tratados, entre otros1. Sin embargo, a lo largo de ese tiempo, quedó claro que las normas de tal “sistema basado en normas” han sido sistemáticamente violadas por Estados miembros que se salieron con la suya. Se supone que todos los Estados son iguales, pero algunos son definitivamente más iguales que, por ejemplo, Irak en 2003, Libia en 2011 o Venezuela durante los primeros días de 2026.
Esos desequilibrios de poder también se han reflejado en nuestra arquitectura económica y financiera global. En lugar de privilegiar las negociaciones multilaterales, en las que el Sur podría ejercer cierto poder colectivo equilibrador, el comercio mundial ha estado regido por una red de acuerdos pluri y bilaterales que vinculan a la mayoría de los países del Sur global como socios subordinados a un Norte global cada vez más rico y financiarizado. Mientras que las demandas del Mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) convierten a los gobiernos del Sur en rehenes de inversiones buitres de las que sus pueblos rara vez se benefician, las instituciones financieras internacionales siguen jugando el juego del poder y del imperialismo, lo que hace imposible que los países altamente endeudados puedan concebir o seguir sus propios caminos hacia el desarrollo.
La abrumadora influencia del poder corporativo y la captura sistemática que hace de los procesos de toma de decisión dentro de las instituciones multilaterales agrava aún más este desequilibrio. Con la premisa de extender la participación de una gama más amplia de “partes interesadas” en los espacios de toma de decisión multilaterales, la “gobernanza de múltiples partes interesadas” pronto se convirtió en el llamado multistakeholderismo, un proceso de captura corporativa del multilateralismo a través de puertas giratorias, cabildeo empresarial no regulado y filantropía estratégica. Diseñado por personas como Bill Gates, con el respaldo del Foro Económico Mundial, COVAX (external link) es un ejemplo asombroso de cómo estos mecanismos permiten a las empresas sentarse junto a los Estados poderosos para decidir sobre la vida y la muerte de la mayor parte de la población del Sur global.
Dichas asimetrías entre el potencial y la realidad del multilateralismo han marcado los debates entre los activistas desde principios de este siglo. Una década después del fin de la Guerra Fría y la consolidación de la globalización neoliberal, constituían la crítica y la esperanza compartidas en las tiendas y en las mesas redondas de muchos Foros Sociales Mundiales, enmarcadas en un claro rechazo al nuevo status quo. Desde entonces, la crisis financiera de 2008, la pandemia, la profundización de nuestra emergencia climática, el genocidio del pueblo palestino y la consolidación de una ola macho-fascista coordinada de gobiernos de ultraderecha en todo el mundo han desgarrado aún más el raído tapiz de nuestro orden mundial internacional.
Si escuchamos muy atentamente…
Tales fallas no son eventos aislados, sino síntomas interconectados de un fracaso sistémico. Cada una de ellas contiene elementos esenciales del orden multilateral actual y apunta hacia qué debe cambiar. Si la crisis financiera de 2008 reveló las vulnerabilidades del capitalismo actual, la decisión de la mayoría de los gobiernos de rescatar a las empresas con fondos públicos, con escaso o ningún condicionante, demuestra que los negocios prevalecieron sobre la regulación democrática. Cuando los Estados recompensaron la imprudencia de los banqueros con impunidad, la población tuvo que pagar el precio con la profundización del desmantelamiento del bienestar social y de los derechos laborales. El aumento de la vigilancia y la militarización inclinaron aún más la balanza, redefiniendo estructuralmente el equilibrio entre el consentimiento y la coacción, esta vez también en el Norte global. Mientras tanto, la pandemia y la crisis del cambio climático dan testimonio de las limitaciones insuperables de las instituciones multilaterales actuales. Dado que los virus y los gases de efecto invernadero no necesitan visa, se trata de problemas globales por definición. Sin embargo, en lugar de ser orientada por la Organización Mundial de la Salud, la recuperación de la pandemia la lideraron las mismas empresas transnacionales que se beneficiaron de ella, respaldadas por los países del Norte global y con una importante financiación pública (external link), a la vez que las soluciones a nuestra emergencia climática se han confiado a las gigantes corporaciones contaminantes que generaron y siguen beneficiándose en gran medida de la destrucción del medio ambiente.
Pero fue el genocidio del pueblo palestino el que dio el golpe definitivo a quienes en la izquierda todavía albergaban un atisbo de esperanza. El papel que está desempeñando la Corte Internacional de Justicia, así como el compromiso de países como Sudáfrica y Colombia, son avances inspiradores. Pero la realidad del hambre deliberada, la tortura y la muerte de mujeres y niños en una limpieza étnica sistemática, incesante y orquestada, cometida por Israel con el apoyo activo de Estados Unidos y la Unión Europea, nos hace preguntarnos si alguna vez habrá un sistema que gobierne por sobre la entidad sionista o el imperio estadounidense. Ya quedan muy pocas normas internacionales que puedan violar.
En todo caso, la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Resolución 2803 (external link) de noviembre de 2025 es solo el último ejemplo de cómo se ha utilizado el multilateralismo para normalizar la ocupación y el genocidio. Solo Estados Unidos ha vetado al menos seis (external link) resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU propuestas para detener los bombardeos. Tras dos años bloqueando todos los esfuerzos por defender la autodeterminación y los derechos humanos de los palestinos, Trump y otros facilitadores del genocidio – la UE y algunos gobiernos árabes – han rebautizado la ocupación como un giro hacia la paz. Con la notable abstención de China y Rusia, la Resolución 2803 legitima la reocupación de Palestina, ahora bajo el control directo de Estados Unidos y gobernada por una “Junta de Paz” que excluye cualquier representación palestina. Según la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, esta resolución “traiciona al pueblo al que pretende proteger (external link)”. Este acuerdo de “paz”, impuesto por Trump pero ratificado oficialmente por el Consejo de Seguridad, da testimonio de la relación transaccional que el imperialismo siempre ha tenido con las Naciones Unidas: utilizarla para obtener validación, descartarla si resulta inconveniente, pero ignorarla la mayor parte del tiempo.
Para las fuerzas progresistas globales, aferrarse únicamente a los pilares de la ONU no es suficiente. Como sostiene Jeena Shah, “el objetivo principal del derecho internacional fue el de facilitar y gestionar el imperialismo (external link)”. Aunque la descolonización haya transformado radicalmente la dinámica interna de las Naciones Unidas (external link), nuestra lucha no puede centrarse en recuperar lo que nunca se diseñó para ser nuestro. Al mismo tiempo, el segundo gobierno de Trump, epítome de la macho-facho internacional, sin duda nos hace sentir que las fuerzas regresivas están ganando por defecto. Si bien resulta evidente que el actual sistema internacional es incapaz de abordar las cuestiones más cruciales de nuestro tiempo, el trumpismo es la antítesis del multilateralismo, la verdadera encarnación de la extrema derecha autoritaria del siglo XXI impulsada por la vigilancia y las ganancias del sector de alta tecnología. Existe una necesidad urgente de transformar el multilateralismo y, para que este ofrezca resultados diferentes, debe basarse en supuestos y compromisos diferentes.
Para que la izquierda y el campo progressista puedan resistir el dominio de la fuerza impuesto de forma descarada por el imperialismo estadounidense y la globalización neoliberal, existen alternativas tanto al multilateralismo que se está desmoronando como al multilateralismo al que muchos se acostumbraron a creer que era lo máximo a que se podía aspirar. Por lo tanto, se trata tanto de reconfigurar el multilateralismo como de imaginar y construir otros procesos y nuevas instituciones para la coordinación transnacional de los pueblos y los Estados, un nuevo orden multilateral en el que el Sur global tenga voz decisiva y poder efectivo.
Es hora de reflexionar, conectarnos y organizarnos para construir un Frente del Sur Global que pueda promover y cosechar colectivamente esas tres tareas, a escala mundial, para generar un plan de acción común y nuevos paradigmas políticos adecuados para un orden mundial que afirme la vida, la paz y la igualdad. Porque “si escuchamos con atención, otro mundo no solo es posible, sino que está en camino”2.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
Parte II – Construyendo un Frente del Sur Global
Establecer nuevos cimientos para un orden internacional equitativo y democrático significa que los pueblos del Sur global deben ser la fuerza motriz y los principales beneficiarios del multilateralismo. Podemos hablar de dos Sures globales: uno está dibujado en los mapas y comprende los Estados poscoloniales que aún llevan las cicatrices del imperio, que luchan por un lugar en una mesa que no construyeron, pero que aún cargan sobre sus espaldas. El otro no conoce fronteras: es el Sur que vive en las calles de Yakarta, los suburbios de París, las favelas de Río, los townships de Johannesburgo, los centros de detención de Texas. Son la clase trabajadora nacida con una deuda que nunca contrajo, que hereda una vida de lucha como los multimillonarios heredan su riqueza. El Frente Global del Sur combina a ambos. No es un bloque de naciones, sino la izquierda transnacional organizada, junto con las fuerzas progresistas, convirtiéndose en un sujeto político colectivo capaz de impulsar a los pueblos y los Estados hacia un futuro emancipador. El Frente se forja precisamente donde los Sures de los pueblos y los Estados se encuentran, chocan y descubren en qué pueden convertirse cuando marchan juntos.
Para forjar un frente unificado se requiere la construcción de valores comunes basados en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y los diferentes procesos sociales de los países y las regiones. La construcción de nuestra emancipación colectiva implica el diálogo entre una amplia diversidad de experiencias humanas y formas de ser y de vivir. A través de un compromiso humilde y productivo con otras culturas y procesos políticos, debería ser posible forjar la cultura de un nuevo internacionalismo en el que los valores, la literatura y las narrativas hegemónicas occidentales no sean la regla para medir la diversidad de todas las experiencias humanas. Esto implica la necesidad de “desoccidentalizar” y “desnorteanizar” el vocabulario político, las ambiciones y las estrategias de la izquierda.
Como proceso, el Frente del Sur Global promueve la coordinación estratégica de las fuerzas sociales progresistas de todas partes del mundo, reuniendo a quienes luchan contra el imperialismo, la extracción de valor y la opresión. Convertirse en un Frente exige el diseño ecuménico de nuestras trincheras, pero nunca puede significar comprometer nuestros principios fundamentales. La disidencia, la contestación y la disputa son intrínsecas a la política precisamente porque nacen de las muy diversas experiencias humanas vividas, de nuestras relaciones con nuestras comunidades, con la naturaleza, con el Estado, con el poder. Componer intereses dentro de una diversidad de trayectorias y culturas políticas significa permitir que nuestras propias posiciones sean cuestionadas, enriquecidas, fortalecidas e incluso cambiadas. Esta dialéctica de fertilización cruzada implica un enfoque no sectario y una visión clara de quién está realmente al otro lado de las barricadas. Esto significa trabajar junto con movimientos sociales y partidos políticos, así como con organizaciones de la sociedad civil, intelectuales e individuos comprometidos con el cambio social radical.
Pero construir un Frente del Sur Global también significa entender a los Estados como espacios de disputa y como actores cruciales para atender a las necesidades de sus pueblos. Aunque en muchos casos los Estados se han convertido en mecanismos de opresión y dominación, capturados por las élites gobernantes, la construcción de un Frente del Sur Global no puede ignorar el poder que los Estados progresistas pueden movilizar. Trabajar con y dentro del Estado, siempre que sea posible, es, por lo tanto, otro pilar importante para construir un Frente del Sur Global, especialmente teniendo en cuenta su papel destacado en el orden multilateral actual. A día de hoy, el régimen multilateral puede tanto limitar como ampliar las oportunidades que tienen los movimientos sociales para enfrentar la desigualdad en el acceso a derechos y en la distribución de recursos dentro de sus territorios. Si los Estados están ahogados en deudas o se ven atrapados en procesos productivos destructivos por acuerdos comerciales, quedan muchos menos recursos en general para que puedan satisfacer las necesidades de sus pueblos. A pesar de las contradicciones inherentes al trabajo con el Estado, una alianza de este tipo puede aprovechar diferentes fuentes de poder, escalas de acción y conocimientos especializados para construir una estrategia global capaz tanto de resistir al imperialismo como de generar alternativas a este. Sin embargo, para hacer realidad dicho potencial, la construcción de un Frente del Sur Global depende de los recursos, las capacidades y la influencia que el proprio Sur global pueda aportar. Si el Sur llega a conocerse y a trabajar con el Sur, la coyuntura actual ofrece oportunidades tangibles.
Oportunidades a mano
Impulsados por la revolución digital y la “transición energética”, los cambios estructurales en la economía mundial repercuten directamente en la distribución de la riqueza y del poder geopolítico. Por un lado, la incorporación de tecnologías de vanguardia en nuestros modos de producción requiere mucha más energía y capital para reproducir el capitalismo que antes. Pagar por la revolución digital – incluida la tecnología de inteligencia artificial y la infraestructura relacionada – significa que nuestras economías avancen aún más en la financiarización y la desregulación de la producción y los derechos laborales, ampliando las grietas en el circuito del capital que han llevado a crisis económicas estructurales. Por otro lado, se está produciendo una nueva y agresiva carrera por los minerales para fabricar baterías y turbinas eólicas para alimentar los centros de datos y los vehículos eléctricos. Esto se ha traducido en guerras para garantizar el suministro constante de materias primas a las potencias occidentales y en una nueva ola de acuerdos de libre comercio e inversión para limitar las políticas y la regulación soberanas. En este contexto, dejar las cosas como están significa que el Norte siga cosechando los beneficios, mientras que el Sur sigue aumentando su deuda y contando los muertos.
Al poseer la mayor parte de las reservas minerales y de la mano de obra disponible, el Sur podría aprovechar mejor sus activos. Existe un desequilibrio material entre el Norte y el Sur globales, y es hora de que el Sur comprenda y actúe en función del poder de su riqueza. En todo el Sur hay suficientes recursos y complejidad productiva para satisfacer sus necesidades reales: empleo, infraestructuras, alimentación, salud, educación. Desde una perspectiva económica, un Sur integrado podría alcanzar la misma complejidad tecnológica que el Norte, pero con mercados más grandes y muchos más recursos disponibles para llevar a cabo la transición que nuestro planeta y nuestros pueblos tan desesperadamente necesitan.
Si los pueblos de China, India, Brasil, Sudáfrica e Indonesia combinaran y coordinaran sus capacidades y conocimientos especializados, por ejemplo, el mundo podría estar determinado por el Sur global. Al deshacerse de paradigmas y marcos que solo benefician al Norte, como los regímenes de propiedad intelectual y los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados, el Sur podría fomentar un salto tecnológico que enfrentara no solo el cambio climático, sino también los retos en materia de salud, educación, distribución de tierras y alimentación, por nombrar algunos. Además, la provisión de medios de vida sostenibles podría revertir los programas de exportación de mano de obra para que los trabajadores pudieran contribuir a sus propias sociedades, al tiempo que las políticas de repatriación de cerebros podrían permitir a los Estados del Sur acceder a conocimientos técnicos de vanguardia de industrias productivas y sociales clave. La realización de este potencial depende, empero, del reconocimiento de que el poder del Sur global es colectivo y que solo colectivamente el Sur puede liberar sus capacidades y su futuro en sus propios términos.
Es necesario coordinar estrategias, integrar las cadenas de producción dentro y entre regiones, y construir una alianza estratégica entre todos los países y pueblos que han sido oprimidos y excluidos de los beneficios de la hegemonía occidental. Estos acuerdos de cooperación tendrían que ser radicalmente diferentes de lo que han podido ofrecer las instituciones de las Naciones Unidas y de Bretton Woods. Basada en un claro mapeo de sus recursos colectivos y, lo que es más importante, en un claro mapeo de las necesidades de sus pueblos y de nuestro planeta, la integración económica del Sur global es el único camino disponible para diseñar vías de desarrollo verdaderamente sostenibles: no depredadoras y que dependan exclusivamente de sus propios esfuerzos y recursos.
Ya existen importantes iniciativas, tanto de movimientos sociales como de Estados del Sur global, para diseñar colectivamente alternativas al desmoronamiento de nuestro orden económico y geopolítico. Hay esperanza y hay potencia en iniciativas como el proceso de Nyeleni (external link); la Asamblea Internacional de los Pueblos (external link); el nuevo marco comercial centrado en la soberanía alimentaria y los derechos de las y los campesinos y trabajadores rurales liderado por la Vía Campesina (external link); la serie de estudios y propuestas del Instituto Tricontinental (external link) para redefinir el desarrollo desde una perspectiva del Sur global (external link); las propuestas de la Internacional Progresista (external link) para un Nuevo Orden Económico Internacional del siglo XXI (external link); y los marcos jurídicos nacionales (external link) e internacionales (external link) diseñados desde abajo en el seno de la Campaña Global para Recuperar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Detener la Impunidad (external link). Los pensadores del Sur también han sido muy activos en la comprensión del Sur en el capitalismo contemporáneo, como en el análisis de Leda Paulani sobre el Capitalismo 4.0 (external link), o en la concepción de nuevas vías hacia un desarrollo integrado, tales como la propuesta de Fadhel Kaboub para “El trato del siglo (external link)», la desglobalización (external link) de Walden Bello, las ideas de Jomo Kwame sobre el potencial de la ASEAN + 3 (external link) y la integración monetaria africana (external link) de Ndongo Sylla.
En lo que se refiere a los Estados del Sur global, es importante comprender que las transformaciones del capitalismo actual se reflejan en una distribución del poder geopolítico significativamente diferente de la que dio lugar a la Conferencia de Bandung y al Movimiento de Países No Alineados (external link), primeros experimentos de coordinación del Sur global que no llegaron a desarrollar todo su potencial. Heredando este legado, a nivel regional, la coordinación de los procesos revolucionarios panafricanistas en el Sahel (external link) ofrece un ejemplo inspirador de determinación y resistencia anticolonial en este siglo. A nivel internacional, el BRICS ha desempeñado un papel importante como espacio en el que se comparten y coordinan propuestas, centrándose en la cooperación tecnológica y científica, así como en las finanzas y la coordinación política. A pesar de sus muchas contradicciones, al coordinar estrategias dentro de nuestras instituciones en ruinas y desarrollar las suyas propias, el BRICS es, de facto, el bloque contrahegemónico más desarrollado con condiciones para imponer la mayoría de los cambios necesarios para la construcción de un multilateralismo verdaderamente participativo y emancipador.
El potencial del BRICS para desafiar y transformar al multilateralismo es ampliamente reconocido, pero la alianza también deja al descubierto algunos de los grandes retos que tenemos para construir un futuro emancipador. En primer lugar, existen claros desequilibrios materiales entre los Estados del Sur, especialmente, aunque no solo, respecto a China. En segundo lugar, a pesar del importante cambio de poder económico y político que se ha producido en las últimas décadas, Estados Unidos y sus aliados mantienen una supremacía militar indiscutible sobre todos los miembros del Sur global juntos. En tercer lugar, existen importantes divisiones ideológicas que separan a los gobiernos del Sur, también, aunque no solamente, dentro del BRICS. Por último, si un multilateralismo emancipador debe basarse en las necesidades de los pueblos y en los límites de nuestro planeta, la integración de las voces interregionales o subnacionales dentro de las instituciones internacionales no es una tarea sencilla ni, necesariamente, una opción obvia para los líderes del BRICS.
Desafíos por delante
Las complejas capacidades financieras y tecnológicas de Asia, las importantes y diversas reservas minerales de África y la biodiversidad de América Latina son recursos cruciales. Tales activos regionales, aunque importantes y a menudo complementarios, no se traducen necesariamente en un poder político equivalente para los Estados del Sur global. Más importante aún, cada una de esas regiones presenta importantes desequilibrios materiales que, en muchas ocasiones, han sido explotados por los países más poderosos de la región en detrimento de los países más pequeños o con menos recursos. ¿Cómo asegurar que, en lugar de cambiar estructuralmente nuestras relaciones económicas, algunos países no se centren simplemente en ascender por la escalera del desarrollo ellos solos?
La integración regional es clave en este sentido. Aunque para muchos en la izquierda ha sido un sueño largamente anhelado, también constituye un camino pragmático e ineludible para transformar las cadenas de producción mundiales y regionales, para que puedan reflejar y compensar las diferentes capacidades y disponibilidades de recursos entre los países. En este contexto, también es fundamental diseñar estructuras de cooperación regional que garanticen que el desarrollo sea necesariamente emancipador y no subimperialismo extractivista. La participación popular en las coaliciones regionales del Sur global pone de manifiesto las tensiones y contradicciones entre el poder corporativo y los derechos de los pueblos, donde es necesario cuestionar las lógicas mismas del capitalismo.3
China complejiza aún más esta ecuación. Comprender las ambiciones y los límites de la política interior y exterior china, al igual que la forma de influir en ellas, será determinante para la construcción de un multilateralismo Sur-Sur transformador. Desde una perspectiva progresista y emancipadora, no podemos negar que el camino chino, aunque no sea perfecto ni necesariamente replicable, comenzó con una revolución popular que ha logrado cambiar sustancialmente la vida de su pueblo. Gracias a la cuidadosa coordinación de sus agentes económicos, tanto dentro como fuera del país, China ha logrado cambiar su papel dentro de una rígida división internacional del trabajo, sacando a millones de personas de la pobreza. Hay lecciones que aprender de su planificación, sus estrategias de desarrollo soberano y su apoyo popular sostenido – porque hay apoyo popular – y cualquier narrativa que sugiera que 1.400 millones de personas viven bajo un régimen exclusivamente coercitivo es, en el mejor de los casos, ingenua y, en el peor, racista. No es de extrañar que muchas fuerzas progresistas vean a China como un aliado natural en la búsqueda del desmantelamiento del poder hegemónico occidental y del capitalismo neoliberal.
Al mismo tiempo, China no ha asumido explícitamente el liderazgo en esta reformulación colectiva de las estructuras económicas y políticas mundiales4. Como potencia económica global en ascenso, arraigada en tradiciones políticas diferentes, existe el riesgo de que China se mueva de manera pragmática hacia el nuevo capitalismo digital bajo en carbono como solo un actor más del mercado, reproduciendo potencialmente prácticas coloniales e imperiales. Aún no está claro hasta qué punto el país estaría dispuesto a invertir activamente en la construcción de un internacionalismo popular, hacia un orden mundial verdaderamente democrático. ¿Puede China ser el motor dinámico de tal esfuerzo sin convertirse en una nueva potencia hegemónica guiada únicamente por sus propios intereses? Resulta fundamental, por lo tanto, comprender cuáles son los intereses fundamentales de China y hasta qué punto está dispuesta a ceder en las negociaciones con otros Estados del Sur global para permitir sus desarrollos de forma emancipadora y soberana. Por último, es imperativo tener en cuenta las distintas relaciones que China mantiene con cada una de las regiones del Sur: mientras que para algunas ha sido un motivo de esperanza, para otros los desequilibrios de poder son mucho más evidentes y potencialmente conflictivos, como ocurre en el Mar de China Meridional, donde la creciente presencia militar tanto de Estados Unidos como de la OTAN agrava aún más las tensiones.
Los desequilibrios militares entre el Norte y el Sur
La peligrosa escalada militar mundial que lideran Estados Unidos y la OTAN es el segundo reto al que un Frente del Sur Global deberá hacer frente. El reciente compromiso de la alianza de aumentar el gasto militar de sus países al 5% de su PIB es la cara visible de una carrera armamentística que crece de manera exponencial y transforma tecnológicamente el abrumador arsenal militar de la OTAN. Después de Estados Unidos, China es el segundo país que más gasta en defensa, pero sus gastos representan tan solo alrededor del 1,6% de su PIB, lo cual contrasta claramente con Occidente. Sin embargo, mucho más relevante es observar que, mientras Estados Unidos tiene alrededor de 750 bases militares en cerca de 80 países de todo el mundo, China tiene oficialmente una sola, en Yibuti (external link). En este contexto debemos entender la invasión estadounidense de Venezuela y los ejercicios militares conjuntos cada vez más provocativos de Estados Unidos con sus aliados en el mar de la China Meridional. El asombroso contraste entre la capacidad militar del Sur y del Norte globales es probablemente el reto más importante para cualquier transformación sustantiva hacia la democratización de nuestro orden mundial.
Cuando entra en juego la realpolitik, ¿qué capacidad de resistencia tendrían los pueblos y países del Sur global para mantener sus estrategias emancipadoras colectivas frente a ejércitos contrarrevolucionarios respaldados por las potencias occidentales? ¿Hasta qué punto pueden las fuerzas progresistas mantener su posición cuando las grandes empresas tecnológicas interfieren en los procesos democráticos, cuando hay golpes políticos contra los gobiernos del Sur o el asesinato de sus líderes? Igualmente importante es comprender cuánta transformación están dispuestas a aceptar las potencias imperiales antes de entrar en una guerra mundial a gran escala. Para abordar estos desequilibrios, más que contar las armas nucleares que pueda tener el Sur, es imperativo construir estrategias colectivas, involucrando orgánicamente a todas las fuerzas progresistas dispuestas a transformar sustancialmente nuestra realidad5. Si los procesos políticos se desarrollan y aplican de arriba hacia abajo, puede que baste una tendencia en TikTok para acabar con nuestras democracias, sin que se dispare ni un solo tiro.
El enemigo interno
Es importante, asimismo, reconocer al otro bloque contrahegemónico que disputa nuestro futuro, a saber, la Internacional Reaccionaria (external link). Coordinando a los líderes macho-fascistas del Sur como Nayib Bukele, Javier Milei y Jair Bolsonaro con sus homólogos del Norte global como Donald Trump, Victor Orbán, Giorgia Meloni y Benjamin Netanyahu, este bloque está muy bien financiado, coordinado internacionalmente y es experto en manejar los medios de comunicación.6 Al igual que el discurso progresista, muchos también denuncian la globalización neoliberal, pero con propuestas políticas radicalmente diferentes, basadas en la exclusión, el militarismo y la xenofobia, incluso dentro del BRICS.
Para abordar estas cuestiones, Walden Bello propone cláusulas democráticas y de derechos humanos Sur-Sur (external link) basadas en refuerzos positivos y negativos. Es muy importante marcar una línea en estas cuestiones, pero también es difícil establecer una base de referencia sustantiva y mecanismos para hacerla cumplir, dados los importantes desequilibrios de poder no solo dentro del BRICS, sino en todo el Sur global. Teniendo en cuenta el uso político y unilateral de las cláusulas sobre derechos humanos y democracia en las relaciones Norte-Sur, así como la complicidad del Norte en las violaciones de los derechos humanos, ¿cómo pueden decidirse y aplicarse colectivamente estos refuerzos propuestos?
Una forma de enfrentar este problema es incluir procesos y espacios que garanticen, dentro de un multilateralismo liderado por el Sur, la participación significativa, con un claro poder de decisión, de los movimientos sociales, sindicatos, campesinos y campesinas, pueblos indígenas y otros grupos y comunidades relevantes afectados por las decisiones que se tomen a nivel multilateral. Mientras la geopolítica ortodoxa westfaliana asume que los Estados reflejarán en sus políticas exteriores el resultado de los debates y de las disputas de poder subnacionales, un multilateralismo centrado en los pueblos debe incorporar explícitamente estas voces, ya que cualquier decisión será mejor y mucho más legítima si se basa en las experiencias vividas por aquellos que se verán más afectados por ella. Es fundamental respetar la autodeterminación, pero ha llegado el momento de que la autodeterminación no sea solo un derecho de los Estados, sino también un derecho exigible de los pueblos7. Igualmente importante es que estos espacios también conecten estructuralmente las luchas sociales, fertilizando de forma cruzada la comprensión que tienen los pueblos de sus propias realidades compartidas, mejorando sus estrategias y potenciando su poder transformador.
Sin embargo, la Internacional Reaccionaria (external link) no es más que la cara visible de un problema más profundo y estructural. En todo el Sur global, las élites nacionales llevan mucho tiempo cambiando la soberanía por privilegios, actuando con demasiada frecuencia como correas de transmisión de la dependencia neocolonial, alineándose no con sus propios pueblos, sino con la reproducción de una división internacional del trabajo violenta, racista, extractivista y desigual. Las élites nacionales del Sur global han desempeñado en ocasiones un papel positivo en el camino hacia la liberación de sus Estados, pero también son ellas las que garantizan que la extracción continúe y la resistencia sea reprimida. Cada vez vemos menos a las élites nacionales defendiendo proyectos soberanos; en lugar de ello, sostienen el modelo extractivo y venden los activos nacionales al capital transnacional, funcionando cómodamente como agentes de intereses extranjeros. Al beneficiarse de este papel en las cadenas de producción internacionales, se convierten inmensamente ricos. Por lo tanto, cualquier proyecto serio para la soberanía del Sur debe tener en cuenta al enemigo interno: la lucha de clases que siempre ha sido un instrumento para el mantenimiento de los vínculos de dependencia, y las burguesías locales cuyo poder se basa precisamente en la perpetuación de los privilegios y las desigualdades.
La construcción de un Frente del Sur Global se basa en el entendimiento de que hay más motivos para unir que para dividir a los pueblos y Estados del Sur. Hay retos sin precedentes que enfrentar, y sin duda la lista es mucho más amplia que la que se ha esbozado en esta sección. Sin embargo, estos son puntos de partida que las fuerzas progresistas deben tener en cuenta en el desarrollo de este futuro colectivamente concebido, lo que requerirá ambición, líderes políticos valientes y movimientos sociales fuertes. Estos retos no deben ser motivo para la inacción. Al contrario, la mayoría de las veces sus soluciones están integradas en la propia resistencia cotidiana.
Parte III – Estrategias para desarrollar una agenda común
La construcción de un Frente del Sur Global comienza por ver las cosas de manera diferente. El poder que ejerce la América Invertida (external link) sobre cada adolescentes latinoamericano de izquierda es un claro ejemplo de ello. El dibujo de tipo infantil de Torres García, que muestra un mapa invertido de América del Sur, transmite con una imagen sencilla lo fácil y lo desafiante que es cambiar nuestra forma de ver el mundo. Para actuar juntos debemos aprender a pensar juntos, desde el Sur y para el Sur. Porque el vocabulario y la imaginación política están muchas veces enmarcados por teorías formuladas muy lejos de las experiencias y los territorios del Sur global. Para que el mundo atienda a las necesidades y aspiraciones de los pueblos del Sur, los procesos e instituciones que rigen nuestras relaciones internacionales deben reflejar sus múltiples facetas. Es urgente que el Sur piense y hable por sí mismo, priorizando sus narrativas y dando visibilidad a sus diferentes realidades materiales.
Lo que ocurre es que la definición de “Sur global” no es ni estática ni precisa. Si bien existe un claro reconocimiento de una realidad compartida de opresión, derivada de su inclusión subordinada en la división internacional del trabajo, “Sur global” es el nombre de una lucha. El Sur, que abarca algunas de las economías más grandes del mundo, habla más de la exclusión de estos países de los espacios de toma de decisiones multilaterales que de una identidad macroeconómica concreta. En definitiva, el Sur global no puede determinar las estructuras internacionales que afectan al bienestar de sus pueblos, sujetos tanto a la extracción de valor como a constantes perturbaciones externas. Al combinar muchos de los países del “segundo” y “tercer” mundos, así como la mayoría de los llamados “países periféricos” o “en desarrollo”, el Sur global también habla de la alteridad, de aquellos excluidos de las definiciones hegemónicas capitalistas de lo que es bueno, bello y sabio.
El Sur también comparte un pasado de grandes civilizaciones, una historia de resistencia, de luchas anticoloniales de liberación, así como profundas heridas causadas por los ajustes estructurales impuestos más recientemente por el neoliberalismo. A pesar de la falta de una definición clara, el “Sur” es una identidad geopolítica y geoeconómica poderosa, que en todos los aspectos debe ocupar un lugar central en la construcción de un futuro sin cadenas. Pero cualquier estrategia exitosa para y por el Sur global debe comprender su relación con el Norte global y también su presencia en el Norte global.
El Sur global en el Norte
¿Cuál sería el rol del Norte global en la construcción de este nuevo internacionalismo? Por supuesto, comprender en profundidad su papel es una tarea que corresponde a los propios movimientos y activistas del Norte global. Sin embargo, cabe mencionar que, si bien las desigualdades y el empobrecimiento global en esta era tienen una fuerte presencia geográfica en el Sur, también existe una desigualdad significativa y creciente en el Norte global. Si a nivel mundial el 0,001% más rico controla tres veces más riqueza que el 50% de toda la humanidad junta (external link), en Estados Unidos, un país desarrollado en términos macroeconómicos, 35,9 millones de personas vivían en la pobreza en 2024 (external link). Durante ese mismo año, la Unión Europea contabilizó 93,3 millones de personas (external link) en riesgo de pobreza o exclusión social8, lo que supone un asombroso 21% de su población. Aunque es necesario revisar radicalmente las relaciones racistas y neocoloniales entre el Norte y el Sur, también hace falta reinterpretar en profundidad las desigualdades extremas y la composición de clase de las sociedades del Norte global.
Las personas migrantes y refugiadas que viven y trabajan en el Norte son la cara más visible de lo que llamamos el Sur global en el Norte. Como parte intrínseca de la reproducción del capitalismo actual y a la reestructuración global del trabajo, esas personas están incorporadas en las sociedades del Norte global realizando las tareas pesadas que la globalización neoliberal no ha podido externalizar directamente a los países del Sur. Por lo general, trabajan en las áreas de la construcción, la agricultura, la salud y los cuidados, las plataformas petrolíferas, el transporte y los sectores de servicios, siendo tratados como un apéndice, un anexo de sociedades que, por lo demás, serían consideradas prósperas. Sucede que, aunque se les invisibilice y criminalice sistemáticamente, la mano de obra migrante y refugiada contribuye de manera sustancial tanto a las economías de los países de acogida como al PIB de sus propios países de origen: en 2024 (external link), por ejemplo, las remesas extranjeras representaron el 8,7% del PIB de Filipinas, el 11,4% del de Senegal, el 19,1% en Guatemala y el 3,6% en México.
En efecto, los principales instrumentos multilaterales que protegen los derechos humanos de las “personas en movimiento” (Convención sobre los Refugiados (external link), de 1951; Convención contra el Racismo (external link), 1965; y Convención sobre los Migrantes (external link), 1990) han sido desmantelados (external link) por marcos como los Pactos Globales de la ONU de 2018 (external link), el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo (external link) de 2024 y la “Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa” (external link) de los Estados Unidos de 2025. Los migrantes y los refugiados son considerados cada vez más como terroristas, como delincuentes, como individuos cuya humanidad puede ser borrada legalmente mediante regímenes de categorización cada vez más estrictos. Las personas de ascendencia árabe y africana se ven afectadas de manera desproporcionada, y a menudo son tratadas como amenazas para la seguridad. Las políticas migratorias racistas se están extendiendo cada vez más allá del control fronterizo, afectando la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños migrantes cuyos nombres se consideran sospechosos o cuyo color de piel es el “incorrecto”, lo que da testimonio de la continuidad entre el colonialismo y los controles de inmigración (external link).
No obstante, hay respuestas inspiradoras. La resistencia del pueblo palestino y la Sumud frente a la continua ocupación sionista y el genocidio han puesto al desnudo la complicidad y el imperialismo de EEUU y la UE, catalizando un renovado internacionalismo centrado en el cambio sistemico. Los movimientos y redes de migrantes y refugiados (external link), así como las organizaciones antirracistas y antiislamófobas, están desempeñando un papel importante en el Norte global al impulsar una solidaridad hacia la acción radical, alejándose del filantropismo performático, a tal punto que los movimientos sociales globales están asumiendo cada vez más las luchas de los migrantes como agenda central en sus luchas, como es el caso, por ejemplo, de los movimientos por la soberanía alimentaria, la salud colectiva y la antimilitarización. La organización política de los migrantes y refugiados puede considerarse una gran protesta global (external link) contra la insostenibilidad del capitalismo, así como un recordatorio aleccionador de lo profundamente inconcluso que está el proceso de descolonización.
Estas dinámicas también repercuten en los procesos electorales y parlamentarios. Ante el empobrecimiento y la exclusión, es la extrema derecha la que está ganando adeptos. Tanto Estados Unidos como Europa han otorgado un segundo mandato a Trump y a Von der Leyen, y muchos países europeos han dejado de lado a los partidos socialdemócratas en favor de partidos fascistas y de extrema derecha, poniendo de manifiesto la culminación lógica de décadas de globalización neoliberal. Por lo tanto, se plantean importantes cuestiones estratégicas para las fuerzas progresistas del Norte. Fundamentalmente, este escenario exige un análisis exhaustivo no solo de los impactos del neoliberalismo, sino también de las bases sobre las cuales reconstruir sus infraestructuras sociales, alejándose del extractivismo neocolonial en el Sur global.
Para la izquierda del Norte, es imperativo desarrollar una comprensión más radical del internacionalismo. Al tiempo que las alianzas con las luchas del Sur global siguen siendo cruciales, como en el caso de la lucha por la autodeterminación de Palestina, cambiar sustancialmente la forma en que se gobiernan los países del Norte tendrá un impacto mucho mayor y más duradero en el Sur que los programas discrecionales de ayuda al desarrollo. Se trata de desmantelar el capitalismo y el imperialismo desde dentro, rompiendo con un modelo que sacrifica los derechos sociales y la responsabilidad democrática para proteger las ganancias y el poder mediante la militarización, la exclusión, la extracción y la guerra. Básicamente, para el Norte global, la tarea empieza por aprender a vivir sin imperio.
El Sur global en el Norte puede ser determinante para el cambio sistémico. Incluye a las personas migrantes y refugiadas, los negros, los pueblos indígenas, las comunidades marginadas y las minorías sociales, así como a la clase trabajadora blanca empobrecida y privada de derechos, cuyas vidas tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea han sido devastadas por la reestructuración neoliberal. Su tarea consiste en construir economías de solidaridad y democracia en el Norte que puedan prefigurar las relaciones postcapitalistas, desmantelando activamente las estructuras racistas y coloniales sin descuidar las debidas reparaciones. Se trata de que el Norte se comprometa con un nuevo internacionalismo que sitúe el cambio sistémico en el centro de la transformación global, desde las entrañas de la bestia.
Elementos de una estrategia común
La construcción de un Frente del Sur Global exige mecanismos concretos de coordinación, canales de comunicación claros y una alineación estratégica entre contextos muy diversos. Desde Yakarta hasta Johannesburgo, desde São Paulo hasta Manila, las fuerzas progresistas se enfrentan a batallas inmediatas diferentes, pero comparten los mismos adversarios estructurales: el imperialismo, el poder corporativo, la militarización y la internacional macho-fascista. El reto consiste en conectar estas luchas sin aplanar su especificidad, coordinar sin imponer uniformidad, construir poder a partir de la realidad de las múltiples luchas. Se trata de construir un horizonte colectivo, una voz común capaz de articular intereses compartidos y dar forma a las agendas políticas a nivel nacional, regional y global.
Esta sección describe algunos elementos de dicha estrategia, no como un plan detallado, sino como una invitación, un marco que debe ponerse a prueba, adaptarse y perfeccionarse colectivamente a través de la práctica. Identifica tres espacios interconectados en los que debe desarrollarse la labor de construir el poder de los pueblos: entre los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil; dentro y junto a los Estados y los partidos políticos; y a través de redes de pensadores, comunicadores y educadores populares. Cada uno de ellos es solo una pieza de un mosaico que, en conjunto, puede forjar una visión y estrategia común como exige el desarrollo de un Frente del Sur Global.
El primer espacio tiene la tarea de construir vínculos sólidos entre los pueblos y los movimientos del Sur global, conectando las luchas locales con las dinámicas internacionales e identificando los puntos de convergencia que permiten la acción colectiva. Esto requiere creatividad, apertura y voluntad política, un proceso arraigado en luchas concretas que se viven de manera diferente en cada país. ¿Cuáles son las luchas más significativas para cada sociedad? ¿Cómo se desarrolla la intersección entre los diferentes frentes de lucha en cada uno de los continentes? En Brasil, por ejemplo, la justicia racial, la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas, el empleo y la protección laboral, la distribución de la riqueza y de la tierra, y la violencia (estatal) conforman una configuración muy específica de luchas. ¿Cuáles son las fuerzas sociales que determinan los frentes de lucha en, por ejemplo, Indonesia o Sudáfrica? De la diversidad de realidades similares en todo el Sur puede surgir la esencia de una voz política compartida.
El segundo espacio implica un acercamiento estratégico con los Estados del Sur global, la movilización complementandose con una labor sostenida de incidencia y campañas públicas. Esta parte de la estrategia incluye el trabajo con las capitales y las coaliciones Sur-Sur, como el BRICS, el G77 y el Movimiento de Países No Alineados a nivel mundial; o la Unión Africana, la ASEAN y la CELAC a nivel regional. El trabajo de la Campaña Global dentro del proceso del Tratado Vinculante de la ONU, que fomenta la coordinación de los países del Sur global en torno a disposiciones legales elaboradas a partir de la realidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales, puede enseñar lecciones importantes sobre los límites y, especialmente, sobre el potencial del acercamiento de los movimientos sociales con los Estados. A pesar de sus numerosas contradicciones, estos ámbitos políticos pueden ofrecer oportunidades estratégicas para promover demandas comunes y reforzar la coordinación política.
Otra dimensión de ese espacio es el trabajo con los partidos políticos y los parlamentarios, esencial para traducir las demandas sociales en poder institucional. En América Latina, por ejemplo, el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla, el Congreso Panamericano y la Red Futuro proporcionan importantes plataformas para la coordinación regional de los programas de los partidos progresistas. Es fundamental intercambiar tales lecciones entre las regiones, creando alianzas globales de representantes progresistas del Sur, como las iniciativas organizadas recientemente por la Internacional Progresista con el Grupo de La Haya (external link) y Nuestra América (external link).
El tercer espacio exige la coordinación entre pensadores, intelectuales y medios de comunicación. Esto incluye la creación de redes de intelectuales y expertos del Sur en disciplinas clave, así como el fortalecimiento de los think tanks arraigados en las realidades del Sur. Dichas iniciativas deben complementarse con esfuerzos de formación política colectiva intencional, para comprender el pasado, el presente y el futuro desde una perspectiva progresista, recuperando el pensamiento y la cultura del Sur, como el trabajo que desarrollan el Instituto Tricontinental (external link) y Focus on the Global South (external link). Recientemente inaugurada, la Transnational Academy es una contribución concreta a este esfuerzo, en la que, junto con nuestros aliados, el TNI fomenta procesos de formación política colectiva. Para la segunda mitad de 2027, se está diseñando un curso para impulsar el análisis, la estrategia y la movilización desde una perspectiva del Sur, con la finalidad de que el Sur conozca mejor al Sur. En conjunto, estas iniciativas pueden profundizar nuestro conocimiento colectivo, influir en el debate público y reforzar los cimientos intelectuales de un proyecto común del Sur.
Los tres espacios de lucha confluyen en el frente antiimperialista y antifascista, tarea urgente para nuestra generación. Mediante la movilización constante, la coordinación política y la producción intelectual orgánica, esta estrategia nos permitirá construir un futuro diferente mientras resistimos.
Mirando hacia adelante
A lo largo de 2025, el TNI ha promovido consultas en todas las regiones del Sur global con muchos aliados cercanos para comprender su lectura de la coyuntura actual y las estrategias que contemplan para un nuevo orden multilateral. En la mayoría de las conversaciones, el diagnóstico fue similar: a pesar de las incertidumbres, o precisamente por ellas, nuestra coyuntura actual presenta muchas oportunidades que las fuerzas progresistas deben explorar de manera seria y colectiva. Los retos han variado en cierta medida en cuanto a su importancia entre las distintas regiones, pero ha quedado claro en todos los casos que necesitamos desarrollar una voz – un “coro” de voces plurales – y una estrategia común para forjar el futuro. Para guiarnos en ese sentido, se han mencionado de manera recurrente algunas cuestiones como temas centrales9 que deben explorarse más a fondo con el fin de diseñar estos múltiples tapices en una unión de luchas desde los Sures del mundo.
¿Cómo podemos cumplir con las altas aspiraciones de nuestros pueblos y movimientos? A lo largo de 2026, junto con movimientos sociales, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, el TNI participará en un proceso colectivo de formación política, encuentros de movilización y acción, con el fin de contribuir a la consolidación de una identidad política colectiva y desarrollar una estrategia y un plan de acción comunes. Partiendo de los aprendizajes de una agenda viva del Frente del Sur Global, trabajaremos para conectar la diversidad de voces políticas, luchas y tradiciones hacia una Bandung de los Pueblos, en 2027.
Hace setenta años, la Conferencia de Bandung marcó el nacimiento de la cooperación Sur-Sur, reuniendo a 29 Estados asiáticos y africanos recién independizados para abordar la descolonización, el desarrollo y el imperialismo. Creemos que la energía simbólica y política que proyectó Bandung 70 años hacia el futuro es más que una inspiración, es un llamado a la emancipación en esta nueva era. Sin embargo, una Bandung de los Pueblos debe abarcar no solo a los Estados, como lo hizo en 1955; tampoco solo a África y Asia, sino también a América Latina, el Caribe y la inmensa diversidad de movimientos sociales, fuerzas políticas y luchas populares de los muchos Sures del mundo. Es Bandung porque encarna la promesa transformadora de una estrategia común Sur-Sur. Está en español para enfatizar la inclusión de América Latina. Pero, sobre todo, es “de los Pueblos” porque el poder popular debe impulsar este nuevo multilateralismo, a ser fundado en la solidaridad internacionalista y la democracia genuina.