Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
El debate en el Congreso sobre adelanto electoral a 2023 acabó en casi una burla. In extremis Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Juntos por Perú-Cambio Democrático y Somos Perú consiguieron que se incluyera en la agenda del viernes 17 la reconsideración del debate. Ésta fue aprobada por 69 votos a favor, 35 en contra y 7 abstenciones de los 111 diputados presentes (el total es 130); todos los grupos de izquierda votaron a favor y la derecha se dividió, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular votó en contra. Cuando todo parecía que iba a concluir en el debate y la aprobación del adelanto electoral a 2023, el líder de Renovación Popular -Jorge Montoya- presentó una moción de orden; José Williams, Presidente del congreso, de Avanza País, notificó a la cámara la petición y siguió con el orden del día anterior, como si nada, hasta que «de pronto levantó la sesión y se retiró sin decir más» (La República). La cuestión de adelanto quedó formalmente en el limbo y materialmente anulada por lo que se refiere a la celebración de las elecciones en 2023. Salvo sorpresa mayúscula por un acuerdo político casi unánime -que no se prevé- lo más pronto que se podrían celebrar es en enero, y más seguramente en abril. Es decir se cumple la agenda que Williams y Otárola pactaron en su momento cuando el Ministro de Justicia actual casi convence a Dina Boluarte de llevarlas a cabo en 2023.
Para mayor descrédito del Congreso el episodio del viernes ha coincidido con la publicación en la prensa de la noticia de que la cámara había decidido el 12 de diciembre pasado, aumentar el presupuesto de la comida de sus señorías de 16 soles a 80; ante el escándalo Montoya ha respondido «¿Que cosa quieren que se pida? ¿Comida de tercera?», todo un insulto a la población.
El período actual de sesiones se ha cerrado, por otra parte, con la aceptación del Informe de la fiscal general Patricia Benavides, de octubre de 2022, que acusa a Pedro Castillo de liderar una organización criminal, colusión y tráfico de influencias; lo ha hecho por 59 votos favor -toda la derecha- 23 en contra -los de la izquierda presente en la votación- y 3 abstenciones.
En el frente de las movilizaciones éstas han descendido claramente en un final de semana de fiestas de carnavales y en los primeros días de esta semana. La represión policial y judicial, la intimidación de los ayuntamientos de Lima y Miraflores -que han prohibido las manifestaciones- han hecho su efecto. Siguen habiendo manifestaciones puntuales, también en Lima y Miraflores a pesar de todo, pero con mucha menor participación. En Cusco la mayoría de las organizaciones provinciales de ronderos han planteado frenar para reconsiderar y coordinar mejor la acción. No quiero decir que no haya muestras de enfado social, de desaprobación política: se han expresado en los carnavales en Cusco, con canciones alusivas a Boluarte y la represión. En Cusco el cordón policial que «protege» la Catedral tuvo que refugiarse dentro de ellas ante el «bombardeo» masivo de bolsas de agua y de jabón. Pero lo cierto es que los paros, bloqueos y manifestaciones se han reducido notablemente. Con una excepción, el Departamento de Puno, en donde se han registrado 21 de los 60 asesinados por la represión. Las ciudades de Juliaca y Puno siguen en pie de protesta; y en el Departamento hay 35 puntos de bloqueo de carreteras. Y en la de Puno ayer se produjo una manifestación impresionante de millares de aymaras de los pueblos -La República reconoce 20.000- amenazando con un «segundo aymarazo» (en 2011 los aymara ocuparon por unos días la capital punena en protesta por las concesiones mineras de Alan García) y han amenazado con «la guerra civil» si el ejército interviene en el Departamento. Amenaza exagerada, pero muestra de la tensión que se mantiene.
En el frente represivo, como han descendido las manifestaciones no hay novedades. Aunque hay que anotar que el juez ha rechazado la petición de la fiscalía de cambiar la situación de Vladimir Cerrón -pendiente de un proceso- de comparecencia periódica y limitación de movimientos a prisión provisional Cerrón seguirá en libertad, pero toda la prensa de la derecha arremete contra él. Fuerza Popular presentará un proyecto de ley para impedir que los condenados por «delito doloso» puedan ser elegidos a cargos públicos tras cumplir su condena, a pesar de que hayan sido rehabilitados.
En esta situación y a la espera de lo que pueda suceder en Puno, parece que no habrán grandes novedades hasta que se inicie el nuevo período del Congreso, en los primeros días de marzo.
PS: Añadido interesante. En los carnavales de Ayacucho las comparsas también han aprovechado para llamar a Dina asesina y exigir su renuncia; la policía no ha podido hacer nada.
