Del historiador y compañero de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
Desde el 7 de diciembre hasta hoy la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso y el reclamo de elecciones legislativas y asamblea constituyente han dado un salto político notable. Las protestas en diciembre se concentraron en el Sur, de Cusco y Ayacucho hasta Puno y Tacna; la principal motivación fue el rechazo de la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, pero desde el primer momento tuvieron un contenido político unificador en el rechazo al congreso y al gobierno Boluarte, responsables de estas dos medidas y la demanda de asamblea constituyente, que era una promesa de Perú Libre-Pedro Castillo. Sus protagonistas eran las comunidades campesinas, quechuas y aymaras y las principales ciudades de ese mundo campesino, ciudades de mercado, servicios y escasa industria, excepto la de la construcción. En enero fue ese sur el que reactivó la protesta, que -y esa es la novedad importante- ha ido saltando al Norte por lo que se refiere a territorios afectados por huelgas y manifestaciones y se ha extendido por toda la sociedad peruana en la cuestión del reclamo de la dimisión de DB, la convocatoria de elecciones generales y la consideración de la necesidad de una asamblea constituyente; en esa expansión social de la protesta la reivindicación de Pedro Castillo ha ido pasando a un segundo término; no ha desaparecido, sigue muy presente en las regiones campesinas, pero no en el Norte y ni en la ampliación social a población urbana. Ejemplo de esa ampliación social de la protesta son la evolución del diario La República en el seguimiento de los hechos, o manifestaciones de personalidades que no pertenecen a la izquierda como Susana Baca ministra de Cultura con Ollanta Humala, cantante afroperuana con una gran audiencia, o César Augusto Hildebrandt, periodista independiente, veterano antifujimorista desde posiciones estrictamente democráticas y de denuncia de la corrupción. En cuanto a la extensión de las protestas hacia el norte, al paro y las manifestaciones del Departamento de La libertad desde este lunes se sumará a partir del jueves 19 el Departamento de Lambayeque, costeño y contiguo a La Libertad. Los promotores del paro en el Norte son las rondas campesinas y también la Confederación General del Trabajo del Perú. Esos territorios forman parte del Perú blanco y mestizo, muy mayoritariamente urbano (80%). Fueron territorios del aprismo y en la actualidad el fujimorismo tiene una presencia importante.
Ayer se desarrollaron movilizaciones activas en 22 provincias, sin enfrentamientos con la policía, ni violencia; es significativo que no hay violencia si la policía no interviene. La única acción policial de respuesta activa a las movilizaciones fue detener la columna de comuneros de Chanka, en camiones, camionetas y coches, en marcha hacia Lima, a la altura de la ciudad de Pisco, a 230 km de Lima. La Defensoría del Pueblo -la única institución central que está manteniendo su consenso social- ha criticado esa detención de la caravana, como criticó la acción brutal de la policía, aunque lo haya hecho con el eufemismo de «poco profesional». No se van a poder mantener las maniobras de detención de las columnas de comuneros hacia Lima, que ya han salido de Cusco, Andahuaylas, Acomayo, Chumbivilcas, Canchis, Paruras, Quispicanchis, Huancahué… y habrá más a buen seguro.
La ampliación de la protesta, en los dos sentidos – territorial y social- parece haber tenido mucho que ver con la política represiva de DB y Otárola y configura un escenario de polarización que se va decantando en favor de la retirada de DB y las elecciones generales ya, con un gobierno de transición. Desbordado por la persistencia y el avance de la protesta DB y Otárola han asumido por completo el relato fujimorista que desde el triunfo de Perú Libre-Pedro Castillo pretendió deslegitimarlo vinculándolo a Sendero Luminoso. Es una acusación grosera, no porque no haya organizaciones del PCP-SL (hay una guerrilla residual que Abimalel Guzmán desautorizó y hay organizaciones legales, que responden al abandono de la política insurreccional -derrotada- como el Movadef o Setup (sindicato de enseñantes); pero son minoritarias, no tienen la capacidad de impulsar y menos aun dirigir esta amplia movilización. Desde luego sus militantes pueden estar presentes en movilizaciones e incluso en organizaciones sociales, como el Frente de Defensa del Pueblo Peruano de Ayacucho, pero no en una situación dirigente. El Fredepa tiene una relación compleja con el PCP-SL, fue impulsado por militantes maoístas competidores del grupo de Abimael Guzmán; este último intentó controlarlo en los años setenta-ochenta, y el Fredepa prácticamente despareció bajo el peso de la guerra civil regional que promovió la insurrección senderista; en el siglo XXI, tras la derrota del senderismo, con la detención de Abimael Guzmán, se reconstituyó de manera autónoma, seguro que en él hay ex miembros del PCP-SL y miembros activos, por la misma naturaleza del frente, que es una conglomerados de organizaciones y militancias sociales abierto. En cuanto a la manipulación de las comunidades indígenas, iría contra la realidad pasada de SL, una organización que desde la ciudad quiso sublevar al campo, pero cuyo sectario e irreal discurso de clase negó sentido y legitimidad a las identidades étnicas, considerándolas folclore pequeño-burgués y se enfrentó a ellas, sangrientamente; ya lo señalé con respecto a las aymara, pero eso vale también para las quechua.
Ayer la policía no atacó, aunque la interrupción de carreteras infringe el decreto de emergencia establecido en Lima, Callao, Cusco, Puno, Apurimac y diversas provincias de otros departamentos del Sur. Está por ver si es un cambio en la actitud gubernamental; las denuncias de la Defensoría del Pueblo, la apertura de una investigación de la fiscalía central que afecta directamente al gobierno, y las evidencias del comportamiento asesino (hoy se publica que los diez muertos en las manifestaciones de Ayacucho el 15 de diciembre, fueron de manera deliberada. con 6 por heridas en el tórax, tres en el abdomen y uno en la cabeza) pueden haber forzado al cambio de comportamiento policial. No obstante Fuerza Popular, fujimoristas, y Renovación Popular, ultraderecha, reclaman mano dura: militarización de aeropuertos, incautación de vehículos, desbloqueo forzado de carreteras, mano dura para impedir que las columnas lleguen a Lima. El gobierno de DB-Otárola puede querer ganar tiempo hasta que el 15 de febrero se reanuden las sesiones ordinarias del congreso -se ha adelantado- para que se pueda debatir ya un adelanto electoral para finales de 2023; esperando que la expectativa de la campaña electoral desactive las movilizaciones y, desde luego, que el bloque de la derecha vuelva a ganar las elecciones al congreso, como en 2021 y gane las presidenciales. Son muchas cábalas. La movilización no cesa y el espectáculo de Lima «invadida» de campesinos del sur, apoyados por la izquierda limeña, puede ser un espectáculo imposible de soportar para DB-Otárola.
Añado. Acabo de leer el editorial de El Comercio: «adelanto sí, renuncia no»; es decir elecciones con la presidencia de Boluarte activa y «con un mínimo de reformas», se supone que para ayudar a la desmovilización. En cualquier caso, en estos momentos la cuestión está entre una salida de fuerza – la que podemos pensar todos- o elecciones en 2023. Queda por ver quién gobierna las elecciones, es decir en qué situación política e institucional concreta se van a producir.
Ampliación: el paro del jueves 19 ha sido convocado por la CGTP en todo el país. Los ronderos de Cajamarca, también en el Norte, junto a Lambayeque y La libertad se han sumado.
