Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
La movilización sigue creciendo y el gobierno sigue enquistado en la nada política, sin nada que ofrecer, destacando por las declaraciones patéticas de Dina Boluarte [DB] y las medidas represivas de todo tipo, aunque ahora procuran evitar disparar contra los manifestantes. Ayer DB se quedó tan a gusto descalificando la consigna de la Asamblea Constituyente que considera que es tan solo un pretexto para cortar carreteras, que la agenda política de las movilizaciones es inviable, y que -dijo ante el Tribunal Constitucional en la apertura de su curso- «sabemos que quieren tomar Lima el 18 y el 19 de enero». Cada vez que abre la boca sube el pan de la protesta. Es un gobierno zombi.
Sobre la Asamblea Constituyente una nueva encuesta de IPSOS para el Instituto de Estudios Peruanos y hecha pública por La República señala que el 69% de los encuestados están a favor de ella y solo el 27% en contra. Las encuestas se están convirtiendo en un factor más de la situación política (no son encuestas de opciones partidarias, sino de los temas generales de la crisis). A la cuestión de la viabilidad de la agenda ya se le ha contestado que es viable: de acuerdo con la actual constitución -la de Fujimori de 1993- si queda vacante la Presidencia y la Vicepresidencia, la Presidencia interina de la República pasa al Presidente del Congreso, que la ejerce por tiempo limitado para convocar nuevas elecciones en el plazo menor posible; con determinadas medidas técnicas esos plazos son posibles para llevarlas a cabo en 2023; por ejemplo la supresión del proceso de primarias de los partidos concurrentes. La agenda no es inviable, incluso dentro de la actual legalidad. El quid político de de ella es que el Presidente actual del Congreso es el general de división retirado, antiguo jefe de Comando Militar Supremo y actual empresario José Williams. Fue uno de los destacados protagonistas de la guerra sucia contra Sendero Luminoso, responsable de la masacre de Accomarca (Ayacucho). una aldea arrasada en 1985 en busca de senderistas -que no había- con el asesinato de 65 comuneros; en 2005 asumió la Jefatura del comando Supremo. pero en 2006 tuvo que dimitir acusado de enriquecimiento ilícito; en 2021 decidió entrar en política en la candidatura de Avanza País, un partido de derechas promovido por el economista ultraliberal Hernando Soto. Por lo que he visto en retransmisiones del Congreso, por youtube, su conducción de la cámara, formalmente correcta, es de un autoritarismo reprimido con tratos desiguales a los diputados. Su acceso a la Presidencia interina es inaceptable, pero el obstáculo puede sortearse si el Congreso elige un nuevo Presidente, inmediatamente antes de la renuncia de DB. Eso no es un pacto político imposible y por tanto la agenda de las movilizaciones no es inviable legalmente.
Las movilizaciones siguen y siguen creciendo. En el Sur han pasado a traducirse en las columnas de comuneros y otros sectores sociales -se han incorporado los estudiantes de las universidades de Puno, Cusco y Juliaca- que marchan hacia Lima. Estuve repasando imágenes de las columnas en marcha; extraordinario el desfile de partida de los comuneros de Juliaca, parte de los 7.000 aymaras que marchan a Lima, en orden -casi disciplinados, cada pueblo con su trajes de gala, los hombres con ponchos uniformes, encabezando, las mujeres con sus polleras, detrás. La bandera más frecuente es la nacional del Perú, a veces sustituido el color rojo de las bandas exteriores por el negro, de luto; alguna bandera roja, y más -pero menos que nacionales- banderas de rombos multicolores, indigenistas, que es también la bandera adoptada por el movimiento «etnocacerista» de Antauro Humala. En el Norte, en la expansión del paro promovido por la Central única de Rondas Campesinas, con el añadido del bloqueo de carreteras provinciales y también la Panamericana Norte. Esa situación se presenta ya en los Departamentos de La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Desde ayer se han unido formalmente la Confederación General del Trabajo del Perú -ya lo habían hecho algunas secciones locales en el Sur, como la de los trabajadores de la construcción- y estudiantes de diversas universidades; ayer la Universidad de San Marcos de Lima ha sido ocupada por los estudiantes, y su acción ha sido apoyada por la Asociación de «egresados» de la universidad. Algunos Colegios Profesionales se han posicionado también en favor del cambio; el Colegio Nacional de Abogados con sede en Lima se ha ofrecido como institución anfitriona de una mesa de diálogo y negociación para encontrar la salida política de la crisis. La estulta respuesta de DB es decir que está dispuesta a atender una delegación de las marchas de comuneros en el Palacio Presidencial; absurdo, ¿para que?, no ofrece nada, los comuneros no quieren saber nada de ella ni de sus ministros. Para ellos es una usurpadora. Las marchas del Sur son apoyadas por las poblaciones por las que pasan; la que partió de Puno fue avituallada por los mayoristas del comercio de Arequipa…
La respuesta del gobierno ha dejado de ser bala, pero no ha de dejado de ser exclusivamente represiva. Se detiene a antiguos sospechosos de senderismo por haber participado en las manifestaciones, sin ningún cargo concreto, para pretender reforzar la tesis de la manipulación de las protestas por Sendero Luminoso, sus organizaciones legales -el Movadef y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza del Perú-; la dirección nacional de la CGTP denunció ayer que se había empezado a detener también a cuadros sindicales. La Policía detiene las caravanas de manifestantes que marchan a Lima con pretextos fútiles. El 16 detuvieron a la de los chankas de Andahuaylas y detuvieron a media docena de conductores que llevaron a la comisaría, la manifestación se trasladó a la comisaría y la policía tuvo que ponerlos en libertad por la noche; la caravana sigue adelante. La policía, apoyada por el ejército, intenta levantar los bloqueos de carreteras, sobre todo en la Panamericana, que comunica al país de norte a sur, entre sí y con los países vecinos. No lo han hecho de manera firme en el Sur, seguramente por la fuerza de las manifestaciones. Ayer de madrugada lo hicieron en el de la Panamericana Norte, en La Libertad, con el concurso además de la fuerzas de las excavadoras proporcionadas por el gobernador regional para retirar las rocas y objetos que barran la vía; por la tarde los manifestantes volvieron y tras algún tiempo de enfrentamientos -digamos convencionales- con la policía volvieron a cortar la Panamericana. Baluarte y Otárola están en la trampa que ellos se han tendido; sin balas, los manifestantes no retroceden. En el capítulo de medidas represiva, en este caso preventivas, ayer el gobierno tomó una muy indicativa de que sabe que su control está muy mermado: ha anunciado la suspensión de todas las actividades deportivas del 17 al 23 de enero; el inicio de la Liga de fútbol de primera división, que tenía que empezar el 21 ha sido pospuesto.
Los principales dirigentes de la izquierda están detrás, no delante, de las movilizaciones. Cerrón interviniendo a distancia con twits; Verónica Mendoza – Juntos por Perú/Cambio Democrático- si hace o dice algo no tiene reflejo en los medios. La acción pública de los partidos de izquierda es actuando en el Congreso o participando -pero no encabezando- las movilizaciones. El 16 esa figura que va por libre, Antauro Humala, dio una larga entrevista al canal de noticias en red del periodista peruano Marco Sifuente La Encerrona, que también es columnista de La República (por cierto que reside actualmente en Madrid). La entrada de Antauro fue de espanto: si gobernara Perú mandaría fusilar a todos los presidentes desde Fujimori por traición a la patria, por su corrupción y por haber vendido la patria a los intereses extranjeros; no fusilaría a Castillo, al que consideró un inepto, pero no un corrupto ni un vendepatrias, ni a DB, cuyo acceso a la Presidencia no puso en cuestión legalmente, pero si luego su gestión represiva y su empeño en mantenerse en la presidencia. Hay que recordar que ha pasado casi 18 en la cárcel , cumpliendo una condena de 25 años -luego rebajada por la Corte Suprema a 19 años- hasta que fue puesto en libertad en agosto de 2022, por su golpe fracasado en Andahuayla en el 2005 exigiendo la restauración de la Constitución de 1979. Luego la entrevista fue por cauces de análisis y de propuestas, más normal, dejó aparte su tic castrense -es mayor, suspendido, del ejército- y se metió en análisis y propuestas políticas. Interesante. Su ideología es populista-nacionalista, toma como referente a Velasco Alvarado; tras él, dijo Perú no ha conocido más que neoliberalismo y dictadura. Cuando Fujimori fue destituido por el Congreso en 2000 el gran error, en su opinión, fue no derogar la constitución de 1993 y restablecer la de 1979. En eso sustenta su defensa de la Asamblea Constituyente. Consideró que el triunfo de Pedro Castillo fue una victoria popular, pero que Pedro Castillo no ha sido capaz de gobernar adecuadamente; algo que es fácil admitir, incluso desde la izquierda. Su intento de autogolpe el 7 de diciembre fue su último error. La protesta contra la destitución de Castillo es una propuesta popular legítima, por la forma como desde el primer momento se ha conducido DB, por el vicio sistémico que supone mantener la constitución de 1993 y por los objetivos políticos que unifican todas las propuestas (retirada de DB, elecciones y Constituyente). Su análisis es que la importancia de las movilizaciones en el Sur se debe a la desigualdad permanente en que vive la macrorregión tras el fin de la experiencia de Velasco Alvarado, sin que en decenios el crecimiento económico peruano se haya traducido en una mejora paralela en las regiones meridionales; a la identificación que las poblaciones sureñas tenían con Castillo, uno de los suyos; a los efectos del Covid que han hecho aún más patente la discriminación del sur… y a la importancia del uso de las redes del móvil y las redes sociales, que el covid ha potenciado de manera exponencial. Reconoce que sus partidarios participan en las movilizaciones, pero no asume ninguna condición dirigente, como rechaza que la dirijan o la orienten los senderistas. Su expresión es que en el Sur se ha dado una situación de microliderazgo difundido: cada aldea, cada barrio, cada organización social del tipo que tiene su líder y todos ellos han confluido en la protesta. Las masas van por delante, las organizaciones políticas la siguen. Y una última cuestión, sobre el ejército dijo que sus mandos -algunos, compañeros suyos de promoción; ahora sería general sin el «andahuaylazo»- están cansados de ser utilizados en las situaciones de crisis para ser dados luego de lado. Dijo que el trauma del ejército fue la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de 2001-2003, que estableció que de los 70.000 asesinados el 50 lo fueron a manos de Sendero Luminoso, pero el 37% lo fue a las del ejército, que cometió múltiples extralimitaciones y masacres, como la protagonizada por José William. El ejército – sus mandos actuales, que fueron los oficiales de la represión en los ochenta- no quieren pasar por lo mismo. No sé cual será el éxito que pueda tener en unas futuras elecciones -su gira de septiembre-octubre por el Sur fue un éxito- ni si llegará a poder presentarse en caso de que se lleven a cabo en 2023, pero su discurso político me pareció notable, por encima de lo que he oído a otros dirigentes de la izquierda organizada actual.
