La Constitución Española de 1978 acaba de cumplir su 47º aniversario y podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el sistema político que en ella se fundamenta atraviesa por su momento más oscuro e incierto desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y no sólo por los múltiples escándalos de corrupción política y acusaciones de acoso sexual en los que se están viendo implicados miembros destacados del Gobierno o del principal partido que lo sustenta, que son todos ellos graves pero por desgracia no son nada nuevo, sino porque dichos escándalos llegan en un momento en el que la falta de escrúpulos de los partidos políticos mayoritarios en su lucha por el poder está haciendo tambalearse los propios cimientos de la democracia.
Hace dos años, a raíz de las elecciones generales de las que surgió el actual Gobierno, ya constatábamos que España se hallaba atrapada en una diabólica tenaza entre quienes, de manera expresa, desacatan ostentosamente el orden constitucional y niegan la propia existencia de España como Estado-nación (Bildu, JxC, ERC), y quienes hipócritamente, como VOX, afirman defender ese orden constitucional pero niegan y combaten, con una agresividad extrema, el espíritu de consenso en que se basó el pacto constitucional de 1978 y todos los derechos y libertades que, tan trabajosamente, se han ido construyendo durante los últimos cuarenta y siete años a partir de aquel pacto constitucional histórico.
Y añadíamos ya entonces que, si el gran pecado de Pedro Sánchez era estar dispuesto a dar –o, al menos, a prometer– cualquier cosa, por descabellada o inconstitucional que fuera, a cambio de los siete votos histéricamente hispanófobos y reaccionarios de JxC (votos que Sánchez necesita desesperadamente para sostener su inestable Gobierno), el pecado ciertamente no menor del PP de Feijoo era el de haber dado carta de constitucionalista y democrática a esa extrema derecha neofranquista que pretende eliminar cualquier vestigio de contenido social y democrático de nuestra Constitución para convertirla en un siniestro cascarón vacío, triste y reseco.
Pero hoy, y estemos o no de acuerdo con su contenido, la polémica y muy discutible condena penal contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz –condena celebrada sin disimulo como un auténtico éxito político por el entorno de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso–, demuestra fehacientemente que esa pinza diabólica ha comenzado ya a triturar los engranajes más delicados de las instituciones del Estado; instituciones del Estado que han dejado de sentir la menor lealtad y respeto las unas por las otras y que ya no tratan, ni siquiera, de aparentar la más mínima neutralidad u objetividad a la hora de involucrarse, del modo más sucio y barriobajero, en las subterráneas luchas de poder partidistas.
Porque si algunos, desde posiciones críticas de izquierda, nunca hemos dejado de censurar duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por el oportunismo e incoherencia que supone sacrificar principios básicos de la izquierda –la solidaridad territorial, la unidad de las clases trabajadoras– a cambio del envenenado apoyo de un partido nacionalpopulista cada vez más próximo a la ultraderecha como es JxC, la destructiva y muy peligrosa estrategia del PP y de VOX, en cambio, ha consistido en negar, desde el principio, la propia legitimidad y carácter democrático del Gobierno. Para lo cual se han dedicado a repetir, machacona e histéricamente, el desestabilizador sonsonete de que el Gobierno de España –un Gobierno, nos guste o no nos guste, legalmente investido por unas Cortes elegidas democráticamente– “es una dictadura”. Y que, como a tal régimen dictatorial corresponde, el sanchismo ha pretendido colonizar todas las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio, como en Cuba o en Venezuela (sic).
Es dentro de este discurso incendiariamente deslegitimador contra el Gobierno de Pedro Sánchez donde las actuaciones del Fiscal General del Estado contra los presuntos delitos fiscales cometidos por el empresario Alberto González Amador (novio o pareja o maromo, a la vez que privilegiado cliente, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso) han sido resignificados por el PP y sus medios afines como una prueba palpable de la persecución política a la que, según ellos, la dictadura sanchista somete a los miembros de la oposición; persecución para la cual el dictador Sánchez no dudaría en utilizar ilegítimamente a las propias instituciones del Estado ni en violar la sacrosanta separación de poderes que, supuestamente, nuestra carta magna consagra.
Y no es que queramos dárnoslas de doctores en Derecho, que no lo somos; pero un par de puntualizaciones sobre la “separación de poderes”, y sobre la supuesta utilización política del Ministerio Fiscal por parte del Gobierno, sí que nos atrevemos a hacerlas.
En primer lugar, y aunque se trate de un lugar común muy extendido, la Constitución Española de 1978 no consagra el principio de la separación de poderes, sino el de la división de poderes, que es una cosa diferente. Y ello es porque España se rige por un sistema político parlamentario (como Gran Bretaña, Alemania o Italia), no por uno presidencialista como Francia, Estados Unidos o México, y ello significa que todos los poderes del Estado emanan de la soberanía popular de la nación, expresada democrática y periódicamente por sufragio universal y depositada constitucionalmente en las Cortes Generales. Cortes Generales que son, según el art. 66 de la Constitución, las representantes legales del pueblo español.
En concreto, el art. 117 de la Constitución establece que la justicia, aunque sea administrada por jueces y magistrados, emana del pueblo, y el art. 122.3 garantiza el vínculo entre el Poder Judicial y la soberanía popular depositada en las Cortes Generales al establecer que, al menos, 8 de los 22 miembros del Consejo General del Poder Judicial (órgano máximo de gobierno de los jueces) sean designados a propuesta del Congreso y del Senado, órganos que representan al pueblo en el ejercicio de su soberanía.
Lo cual no ha evitado, sin embargo, que durante los 47 años de existencia de nuestro sistema constitucional la sensibilidad política mayoritaria entre jueces y magistrados haya sido, con frecuencia, notoriamente más conservadora que la de la mayoría de la ciudadanía española, con episodios tan escandalosos como el de la sentencia del caso de “La Manada”. Y lo cual también explica que durante 5 años, entre 2018 y 2024, el PP mantuviese anticonstitucionalmente paralizada la preceptiva renovación del CGPJ, con la única finalidad de poder imponer en el mismo una mayoría lo suficientemente acorde con sus propios gustos e intereses.
Pero es que además, en segundo lugar, la fiscalía no es una parte del Poder Judicial ni se puede decir, con la ley en la mano, que haya sido “colonizada por el sanchismo”. Porque según los art. 124.1, 124.2 y 124.4 C.E., el Fiscal General del Estado es designado a propuesta del Gobierno, y la función del Ministerio Fiscal en su conjunto es la defensa del interés público, bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.
Y ello, traducido al román paladino, significa que un Fiscal General del Estado puede, por supuesto, pasarse de listo y cometer un delito en el desempeño de su cargo (del mismo modo que puede cometerlo, por ejemplo, un juez que dicta –y no señalamos a nadie– una sentencia injusta a sabiendas), pero en ningún caso se le puede exigir que sea imparcial ni que desobedezca las instrucciones del Gobierno, pues obedecer al Gobierno en su defensa del interés público es la función que tiene constitucional y legalmente asignada. Y me parece que pocas cosas hay tan de interés público como perseguir a los empresarios sin escrúpulos que se enriquecieron ilegal e inmoralmente durante la pandemia de COVID 19 mercadeando con la salud y la vida de la ciudadanía española. Los cuales, por cierto y por desgracia, lo hicieron en colusión con cargos públicos corruptos de casi todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno: el PSOE, desde luego, incluido.
Pero el caso es que sí, que el Gobierno de Sánchez se tambalea, se descompone, se cae a pedazos. En eso sí tienen razón el bocazas de Miguel Tellado y el resto de voceros de la derechona eufórica y chulapa. Las encuestas del CIS de Tezanos siguen dando al PSOE una cierta ventaja sobre el PP en porcentaje de votos, pero ello es tan sólo porque al PP, por su parte, se lo está merendando VOX por su orilla derecha –quienes crean Frankensteins siempre acaban siendo devorados por ellos–, y porque los votos del PSOE que se van a la abstención y al desencanto son automáticamente reemplazados por los más desencantados todavía de Sumar y Podemos, que se están quedando electoralmente en los huesitos, y merecido lo tienen. Así que, en cuanto haya elecciones, la mayoría absoluta de PP+VOX está más que cantada.
Y hasta los carlistones trabucaires de JxC están deseando darle matarile al actual Gobierno lo antes posible, siguiendo la lógica del escorpión y la rana (“te pico porque está en mi naturaleza, y tú ya lo sabías cuando te pusiste a pactar conmigo”), y acuciados a su vez porque también a ellos se los está merendando por su extrema derecha la fanática matamoros de Ripoll, Sílvia Orriols; producto, éste, lógico e inevitable del carácter populista y xenófobo del Procés, que siempre tuvo más que ver con el trumpismo y con la Legga Nord de Umberto Bossi que con el Movimiento 15M. Con lo que el panorama político español se fascistiza cada vez más, tanto por el centro como por la periferia.
Y ello se produce, además, en el más peligroso de los contextos internacionales: el del avance electoral de las opciones políticas de derecha radical populista y autoritaria en todo el mundo (reciente el nuevo éxito electoral de Milei en las legislativas de Argentina, y con el pinochetista Karst como previsible ganador en las presidenciales de Chile), con lo que ello supone de retroceso global en derechos individuales y sociales básicos y de insensata negación del consenso científico en temas medioambientales de los que –sin exagerar– depende la supervivencia de la Humanidad misma. Y con un Trump-Palpatine cada vez más desquiciado y dispuesto a destruir militarmente a Venezuela para quedarse con sus recursos petrolíferos, auríferos y de tierras raras, con la bendición y sonrisas babeantes de la flamante premio Nobel de la Sumisión Indigna al Imperio, María Gorrina Manchado.
Y sí. Otras veces ya hemos oído el “¡que viene la derecha!” y nos pusieron anuncios de rottweilers, y luego no se acabó el mundo, aunque tampoco se nos volvió más bonito. Pero el contexto no es el mismo. Para empezar, la primera vez que llegó Aznar a la Moncloa, en el 96, todo el trabajo sucio (privatizaciones, desregulaciones, contrarreforma laboral) ya se lo había hecho el PSOE de Felipe, con lo que las políticas laborales del ministro Pimentel nos parecieron, por contraste, hasta casi de izquierdas. Y cuando ganó Rajoy en el 2011, la puñalada también nos la había dado ya Zapatero, con la reforma constitucional impuesta por Merkel que limitaba el techo de gasto público y condicionaba toda la economía nacional al pago de la deuda externa ilegítima; aunque luego, los recortes sociales combinados de Rajoy y Artur Mas nos hicieron llorar sangre, y de ese golpe todavía no hemos conseguido reponernos del todo.
Pero ahora los recortes y retrocesos pueden ser mucho más profundos y afectar a la médula misma del Estado Social y los derechos democráticos de la ciudadanía. Ya hemos visto cómo funciona el tándem PP-VOX en los gobiernos autonómicos: desguazan la Sanidad pública para que hagan negocios sus novios y sus amiguetes (aunque en eso el gran abanderado fue Jordi Pujol, y los barones del PSOE tampoco les han ido mucho a la zaga), bloquean el derecho al aborto de las mujeres y se cagan en las políticas medioambientales, que de verdes pasan a marrón con moscas. Un Abascal ejerciendo de ministro aplicaría la motosierra de Milei, dinamitaría la negociación colectiva, prohibiría los partidos de izquierda a poco que le dejaran, y pondría a Adolfito Quiles o a Bertrand Mondongo como jefes de prensa, bulo y calumnia en plan Joseph Goebbels.
Y podemos tratar de consolarnos esperando que de la derrota del PSOE y sus aliados salga, por fin, la tan deseada renovación y regeneración de la izquierda: una izquierda que recupere la conciencia de clase, la capacidad movilizadora y los antiguos ideales de igualdad y justicia, más allá de piercings y postmoderneces. Pero esas esperanzas ya las hemos tenido otras veces y ante otras derrotas, y la actual ola reaccionaria mundial no mueve precisamente al optimismo.
¡Que Marx nos pille confesados!
https://www.cronica-politica.es/la-agonia-del-constitucionalismo/.
