Del historiador y compañero de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
La semana de «la toma de Lima» ha acabado con un nuevo revés para el gobierno, políticamente uno de los más graves. La acción del 19 de enero no fue ni tan potente como para conseguir la dimisión inmediata de Dina Boluarte [DB], ni tan débil como para que ésta considerara que se había reforzado -como si pretendía algún periódico de la derecha-. Las columnas que procedieron del Sur, concebidas como «delegaciones», sumaban algunos, pocos-miles de personas; a ellos se unieron manifestantes del área metropolitana de Lima. No había una organización centralizada de la movilización en Lima, confiando en la convocatoria a la Plaza San Martín para sumar todos los grupos; pero la policía tomó el centro de la ciudad y cortó el paso a la posibilidad de una concentración en San Martín o cualquier otra plaza emblemática -Dos de Mayo-. El resultado fue que la manifestación fue dispersa y acabó favoreciendo el enfrentamiento entre la policía y algunos grupos de manifestantes (por ejemplo los «reservistas» de Antauro Hiumala, que van a lo suyo). Dispersión e incidentes dispersos también de violencia, esta vez de un nivel muy inferior al que se produce en el Sur, porque la voluntad mayoritaria era la de llevara cabo una acción pacífica y porque la policía se guardó de usar las armas de fuego y se limitó a intimidar -12.000 policías pueden intimidar mucho- y a usar generosamente bombas lacrimógenas. Por cierto que el incendio de la casona sigue sin esclarecerse, y es posible que nunca se aclare; queda la denuncia de vecinos que dijeron que había sido una bomba lacrimógena que había impactado en un edificio antiguo, muy combustible, y la respuesta de la policía de que si te poner una bomba de esas en el bolsillo no te quemas. En cuanto a la huelga de 24 horas convocada por la CGTP también es difícil su evaluación; como de costumbre las cifras del gobierno -que dieron un porcentaje a nivel nacional- y las de la CGTP, que no dio cifras pero dijo que las calles estaban vacías, difieren. Por otra parte, la Central Unitaria de Trabajadores, democristiana afiliada a la Confederación Sindical Internacional, no se sumó al paro. Por otra parte, durante toda la semana se ha mantenido la movilización en el Sur, sobre todo en los departamentos de Cusco y Arequipa (en el de Cusco con protagonista fundamental de comuneros y rondas campesinas:en el de Arequipa del sindicato de la construcción de la CGT; en los dos de los sindicatos de la enseñanza). Los bloqueos de carreteras se mantienen en torno al centenar, con un pico de casi centenar y medio el 19.
Así que el balance era de continuación, pero no de avance ni de uno ni de otros.
En esas, el gobierno ha podido creerse a quienes consideraban que los «protestante» habían fracasado en la «toma de Lima» (un calificativo exagerado de la propia prensa y del gobierno) y el sábado cometió su mayor error político. A instancias de la rectora de Universidad Nacional de San Marcos, la PNP irrumpió en el campus con una tanqueta al frente para derribar la puerta 3 -innecesaria- y acabó deteniendo a 193 personas, la mayor parte de gentes del Sur, que se habían alojado en ese campus y el de la Universidad Nacional de Ingeniería. El despliegue fue excesivo: 300 o 400 policías; pero no solo eso, junto con con los policías entraron agente de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), jaleados por los medios del grupo Miró Quesada, diciendo que verían como ahora se iban a ver las caras de los terroristas azuzadores. La acción se hizo «de oficio» es decir sin autorización judicial, sin presencia de fiscalía y sin presencia de la Defensoría del Pueblo, y no solo se apresó a los sureños, sino también a estudiantes alojados en la Residencia Universitaria, entre ellos cuatro dirigentes estudiantiles. El argumento de que esa acción era legal era que se trataba de hacer frente a una acción delictiva in fraganti, en pleno estado de emergencia. El resultado fue la remisión de los detenidos a tres centros, para diligencias, dos de la policía el de la DIRCOTE, donde llevaron más de medio centenar. No solo eso, aquella misma mañana de sábado llegaron a las puertas de la Universidad Nacional de Ingeniería 19 caminos de policías; pero el rector, que ha avalado el derecho de manifestación y el alojo en el campus de los manifestantes, se mantuvo firme.
El escándalo político que ha seguido a esa acción ha sido mayúsculo; incluso algún columnista de El Comercio lo ha considerado un error. La acción policial fue humillante para los detenidos, tumbados al suelo y registrados, en la comisaría algunas mujeres han sido desnudadas para registro, se ha producido algún maltrato de palabra y de obra… Pero lo peor de todo, para el gobierno de DB ha sido el desenlace del episodio. Los centros de detención se convirtieron en lugar de manifestación y de presencia de abogados y de diputados de la izquierda. El domingo por la mañana DB -ella, no Otárola- se reunió con el jefe del Departamento Nacional de Inteligencia, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Asunción pública de responsabilidad y de llevar las riendas. Pero caballo y carro se han estrellado. Después de que la comunidad universitaria, especialmente la de San Marcos, se haya pronunciado en contra no ya de la intervención policial sino de la demanda de intervención hecha por la rectora, la dirección -el consejo rector- de la UNM de San Marcos ha desmentido la versión gubernamental, ha dicho que solo le pidió la intervención de la policía para desbloquear la puerta 3 -no es cierto, la rectora pidió una intervención mayo- pero que la PNP «en evidente uso de la fuerza ingresó al campus universitario sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público. Por lo tanto denunciamos el abuso de las autoridades…» y rechazó de manera particular la intervención de la DIRCOTE en los hechos. Lo hizo a las tres de la tarde; pasadas las cinco los detenidos empezaron a ser puestos en libertad, proceso que acabó sobre las siete de la tarde. El pretendido delito in fraganti se ha desvanecido en el aire; uno de los 193 detenidos ha sido mantenido en la DIRCOTE como consecuencia de una requisitoria previa. El fiasco del gobierno es monumental. Lo que no había perdido el jueves 19, lo ha perdido el sábado 21. Veremos cómo sigue el asunto. De momento la CGTP ha convocado una nueva manifestación nacional en Lima para mañana 24 de enero.
Mientras tanto el juego político de los partidos parlamentarios se mantiene. La derecha ya ha presentado su propuesta para ratificar las elecciones adelantadas en abril de 2024. Su argumento principal ya no es que no se pueda, sino que hay que dar tiempo a que el congreso -el actual- lleve a cabo algunas reformas que han venido discutiéndose en la Comisión de Constitución -presidida por Hernando Guerra García, empresario y diputado de Fuerza Popular- que marcarían claramente el proceso electoral: el levantamiento de las restricciones a la reelección de diputados, el establecimiento de un sistema bicameral y otras; entre las que se proponen, limitación a la presentación de candidaturas de quienes tengan antecedentes penales, lo cual podría complicar de manera importante a las formaciones de izquierda y al registro de nuevas formaciones, como la de Antauro Humala. Está claro que es un intento no de cumplir plazos, sino de marcar el proceso electoral y, al propio tiempo, vaciar el objetivo de la constituyente mediante la dinámica de reformas de la actual constitución, en beneficio exclusivo de la derecha-
PS: Acabo de oír en TVE1-24 horas una redacción peregrina, para decirlo de alguna manera. Tras dar la noticia de la San Marcos, han dicho contrastan estos disturbios con la calma del Machu Pichu; luego han aclarado que está cerrando cerrado indefinidamente, sin decir por qué.
Por cierto, el policía retenido en La Joya por los manifestantes fue canjeado por cinco detenidos. Y anteayer en Puno los manifestantes localizaron a un infiltrado de la policía (que llevaba su uniforme verde en la mochila) y tras amonestarle por su acción lo dejaron ir. Tan vándalos no son.
