Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín.
Ayer se debatió en el Congreso la moción de minoría presentada por Perú Libre (elecciones en el segundo domingo de julio, para terminar el período de 2026, de manera que el 1 de octubre hay nueva Presidencia y nuevo Congreso; y celebración simultánea de un referéndum sobre convocatoria de Asamblea Constituyente, si el resultado es afirmativo convocatoria de elecciones a dicha AC en el plazo máximo de 90 días). El debate dibujó los dos campos políticos: el de los que buscan una salida para superar el momento de las movilizaciones, deshaciéndose al propio tiempo de Dina Boluarte-Otárola quemados por completo por su gestión: y el de los que buscan una solución al problema de fondo de quiebra del consenso social, de la confianza de gran parte de la sociedad en el estado, y así como del sistema constitucional vigente. Debate bronco, con José Williams perdiendo alguna vez los papeles. Toda la discusión se focalizó en la cuestión de la Asamblea Constituyente, que es lo que diferencia la salida de la solución. Las organizaciones de la derecha y del centro rechazaron en tromba plantear ningún referéndum sobre la AC; aunque algún diputado de esos grupos se desmarcó de esa posición; destacó el diputado Aragón de Acción Popular que dijo que no tenía miedo de consultar al pueblo y por ello no tenía inconveniente en que se acordara la consulta, por lo que recibió los aplausos de la izquierda, no desde luego de la derecha. A la hora de votar algunos diputados de derecha y centro votaron a favor de la moción, que recogió 48 votos a favor (el total de diputados de la izquierda, si estuviesen todos -en la votación participaron 123 diputados, del total de 130). La derecha se impuso por 74, suficiente para derrotar la moción, pero que pone a la vez de manifiesto que no tiene mayoría suficiente para conseguir que se apruebe su agenda política -87 votos- lo que obliga -siempre que consiga 66 votos su propuesta de adelanto electoral (contra el que está en contra absoluta Renovación Popular, 9 diputados)-, pasar la moción a referéndum, lo que abre el melón de la consulta popular cuyo resultado, en estos momentos, no está nada garantizado que fuera favorable a la cuestión de la exclusión de la Asamblea Constituyente.
Debate bronco, con José Williams perdiendo como dije alguna vez los papeles. Parte de la derecha recurrió al insulto, implícito y explícito, al juicio de intención y a argumentos rayanos en la grosería argumentativa . Descalificó la propuesta de la izquierda diciendo que la izquierda ignoraba lo que era una Asamblea Constituyente y que también lo ignoraba el pueblo; que lo que quería la izquierda era implantar una constitución comunista como en Nicaragua y Venezuela (ese era un leit motiv constante), obviando que lo que se propone no es convocar ya una Constituyente, sino consultar en referéndum si hay que hacerlo; y que las Constituyentes no resuelven nada, como se vio en Chile, donde tras aprobarse en ella una nueva constitución el pueblo la rechazó. Evidenciaron el miedo que tienen de que la consulta diga sí y por eso deforman la propuesta, como les respondió la diputada Sigrid Bazán, de Junto por Perú-Cambio Democrático, en una intervención de cinco minutos largos que merecería enmarcarse. Por cierto que Sigrid Bazán ha sido denunciada en sede judicial, a raíz de unas declaraciones sobre la movilización, por una diputada de Avanza País -el partido de José Williams- que sostiene que «se ha manifestado a favor de las protestas, justificando los disturbios y enalteciendo delitos contra la paz pública», denuncia que si llevaran a una sentencia podría suponerle a Sigrid Bazán hasta 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación.
La argumentación «centrista» -aunque los grupos de derecha extrema la han recogido también junto con los insultos y juicios de intención- la proporcionó la revista The Economist que en su número del 1 de febrero, ha descalificado que la Asamblea Constituyente «sería un error, quizás irreparable», admite que la Constitución de 1993 necesita una reforma, «pero su capítulo económico a favor del mercado, que la izquierda quiere revocar, ha sustentado el rápido crecimiento y la reducción de la pobreza del país». ¡Gran contribución de The Economist a la democracia! y, dejando el sarcasmo, nulo reconocimiento de la realidad peruana, de las nuevas desigualdades que ha generado el crecimiento del PIB -que ya se paró- y la incapacidad del sistema sanitario público para hacer frente a la Covid. Una mezcla de «ahora no toca» y de «cuidado con los comunistas, pero en versión light».
Desde luego que en el proyecto de la izquierda está un nuevo modelo productivo, es legítimo y lo que no es legítimo es impugnar la Constituyente por lo que la izquierda pueda proponer, no sea que la Asamblea lo aprobara. Pero más acá de esa cuestión última, la necesidad de la Asamblea Constituyente responde a dos razones, la disfuncionalidad de la Constitución de 1993, aprobada por estrecha margen tras el autogolpe de Fujimori, y la evidencia de la limitación de la democracia del sistema político actual, definido por la Constitución y las leyes que se derivan de ella, y su incapacidad para responder a la diversidad cultural del paía o a las causas de la corrupción sistémica. Voy a dar solo un ejemplo: la Ley de Partidos de noviembre de 2003. Esa ley establece que el reconocimiento legal de los partidos está sometido a la aceptación de su inclusión en el Registro de Organizaciones Políticas, que no es simplemente un órgano de registro de solicitudes sino de toma de la decisión sobre la aceptación del registro solicitado, en virtud de las condiciones que la ley pone para ello; entre otras condiciones: relación de afiliados con datos, dni y firma que sumen como mínimo el 0,1% del padrón del proceso electoral; declaración jurada de los fundadores de compromiso democrático y respeto al «estado constitucional de derecho», presentación de «ideario, principios y visión de país»; los fundadores de los partidos no podrán estar procesados o condenados por terrorismo o tráfico de drogas»; los partidos han de tener comité en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 partes de los departamentos y 1/3 de las provincias. Hecha esa presentación el Director del ROP decide, por sí y ante sí, si acepta o no la inscripción; el director del ROP es un funcionario y es todavía el nombrado en 2003, MFernano Miguel Rodríguez Patrón -no he podido aclarar si fue designado, que creo que es lo más probable, o accedió al cargo por concurso público, lo que no creo-. El ROP tiene como única autoridad, de la que dimana su existencia, el Jurado Electoral Nacional. El solicitante solo puede apelar las decisiones de del ROP ante la JEN; no hay ninguna intervención del poder judicial en ningún momento. La inscripción de cualquier partido puede ser denunciada ante el ROP por cualquier persona natural o jurídica, por supuesto incumplimiento de las condiciones establecidas por la ley; decide el ROP y la única instancia de apelación sigue siendo la JEN. La Junta Electoral Nacional está formada por cinco personas, representantes corporativos: el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, un representante de la Junta de Fiscales del Supremo, un representante de Colegio de Abogados de Lima, un decano de las facultades de Derecho de las universidades públicas, un decano de las facultades de derecho de las universidades privadas. El registro puede cancelarse por declaración de ilegalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia por «conducta antidemocrática» a petición del fiscal o de la Defensoría del Pueblo. También se pierde si no se consigue al menos 5 diputados en más de una circunscripción y al menos el 5% de los votos válidos; en este caso se cancela el registro, ha de volverse a hacerlo antes de las siguientes elecciones, pero no es propiamente ilegalizado entra en un limbo de presencia pública; un caso de ello es el histórico Partido Aprista Peruano, que no consiguió esas cifras, perdió el registro y tiene que volverlo a solicitar ahora, aunque todo el mundo lo da por hecho. La ley también establece normas para la financiación de los partidos, pero son mucho menos detalladas y dejan un amplio margen para su vulneración y para la financiación privada; se prohibe la financiación pública, de la confesiones religiosas, anónimas o de «personas jurídicas» nacionales con fines de lucro; eso deja un muy amplio margen para la donación privada -en efectivo o en especie- de personas naturales o personas jurídicas extranjeras «sin fines de lucro». Uno de los momentos clásicos de corrupción es el de las elecciones, por la que están procesados dos ex-Presidentes de la República, Toledo y Ollanta Humala; Kuzcinsky también está procesado por corrupción, pero no en ese momento electoral sino en otra actividad durante su mandato. Si los Presidentes son corruptos, ¿cómo no van serlo los del resto del aparato del estado!
La decisión más importante que ha tomado el ROP en estos casi veinte años es negar el registro como partido al MOVADEF, vinculado al PCP.SL que ha abandonado la violencia armada, de acuerdo con la decisión de Abimael Guzmán tras su detención en 1992; el MOVADEF lo solicitó en 2011 con un aval de más de 300.000 firmas. La solicitud solo ha servido para usos policiales, para seguir, perseguir o acusar de connivencia con el terrorismo (hay una guerrilla senderista disidente de una cincuentena de miembros) a personas firmantes de la lista de afiliados. La derecha quiere, en el periodo que le que queda al actual congreso, que se endurezcan las condiciones para la presentación de candidatos, que no podrán ser personas con antecedentes penales por terrorismo, narcotráfico o corrupción (el objetivo es el primer considerando), y modificar la composición de la JEN, lo que en vísperas de unas elecciones como las que vendrán no es una medida muy defendible.
A todo esto, la movilización sigue. Aunque la prensa nacional ha dejado de dar información concreta en estos últimos días. La única que es podido conseguir, de una diario de noche minoritario de Lima, La Nación, es que ayer todavía había 84 puntos de bloqueo en carreteras en 7 regiones. Y la noticia, está recogida por todos, de que manifestantes irrumpieron en la celebración de la fiesta de La Candelaria en la catedral de Puno, obligando a suspenderla. La suspensión de esa fiesta y de los carnavales forma parte de las exigencias de los manifestantes, como señal de duelo por los muertos por la represión.
