Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
Da la sensación de que estamos en una nueva fase en la que se mantienen abiertos los dos frentes, el de las maniobras política y la cuestión del adelanto electoral y el de las movilizaciones. Por otra parte sigue la dinámica de represión política y judicial, coreada por los medios de comunicación del grupo Miró-Quesada y otros aún más a la derecha. Y la denuncia de los excesos de la represión. la polarización política y social es clara; el diario Uno -único medio de comunicación convencional y nacional de izquierda- lo ha expresado en su portada con un titular a toda plana DICTADURA DE LIMA METROPOLITANA.
A pesar de que llevamos ya más de sesenta días de movilizaciones tras la destitución de Pedro Castillo -con la tregua establecida por los manifestantes en Navidad- la movilización no desaparece del escenario. En el Sur tiene mayores dificultades, por los decretos de estado de emergencia provocados y por el clima de persecución policial que hay en algún departamento como Ayacucho. Aún así el paro indefinido se mantiene en el departamento de Puno, de manera destacada en sus dos ciudades Juliaca y Puno; también se mantiene en Cusco. Los bloqueos de carreteras habían bajado a la treintena, por la acción o la intimidación de la policía y el ejército, el lunes, pero ayer [jueves] SUTRAN ya reconoció que volvía a haber una cincuentena de puntos de bloqueo en los departamentos de Puno y Cusco. ¿Hasta cuándo se podrá mantener el paro indefinido en las ciudades? En Juliaca los líderes de la movilización han anunciado medidas de flexibilización para seguir manteniéndolo: treguas de fin de semana y de algún otro día de la semana. No me parece una mala idea. Sea como fuere los ánimos de protesta parecen mantenerse. El miércoles se produjo un episodio singular que ha sido recogido por toda la prensa: los ronderos de San Antón (Arequipa) examinaron y censuraron el comportamiento de su alcalde por haber acudido a una entrevista con Otárola, sin haber pedido previamente autorización a la comunidad; el alcalde reconoció el hecho, pidió perdón y fue obligado a hacerlo de rodillas y a cumplir una pena de ejercicios fisicos -la «rana» y flexiones-. Pura justicia comunitaria. Adjunto foto.
Con él están los que le acompañaron en la entrevista a Otárola. El del gorro es el líder de la ceremonia, que desarrolla micro en mano. Los otros dos lados del recinto que no aparecen en la foto también estaban llenos de gente.
La movilización pasó definitivamente al Norte (desde el primer día dije que eso era una condición fundamental). Empezó con un paro en Piura, el departamento norteño, colindante con Ecuador. Hoy ha empezado un paro al que se han adherido los sindicatos (CGTP), las organizaciones de ronderos y otras organizaciones sociales de todo el resto del Norte, en donde por ahora no hay estado de emergencia: Lambayeque, Tumbes, Amazonas, Cajamarca, La Libertad y San Martín. Por otra parte, aunque el Ayuntamiento de Lima decretó la «intangibilidad» del centro, algunos grupos de manifestantes llegaron ayer a la Plaza San Martín y hubo por lo menos tres detenidos, entre ellos una mujer embarazada. La CGTP ha presentado recurso de amparo por la inconstitucionalidad de la medida del Ayuntamiento, basado en que ésta ya había sido decretada por dicho Tribunal ante una ordenanza municipal que en 2005 pretendía dicho cierre previo ante manifestaciones públicas.
En cualquier caso, las delegaciones del Sur que llegaron a Lima a comienzos de enero se mantienen en la capital. También cabe señalar una manifestación promovida por la Federación de Estudiantes de la Universidad de San Marcos dentro del recinto universitario, aunque todavía no se han reanudado las actividades docentes (lo harán a comienzos de marzo).
Paralelamente a la movilización se ha reactivado el frente político.
Por un lado, Dina Boluarte ha iniciado una ronda de conversaciones con formaciones políticas, obviamente para recuperar legitimidad y conseguir apoyos.
Significativamente la primera que acudió al Palacio Presidencial fue Keiko Fujimori; un columnista de La República se interrogó quien era en realidad la presidenta si Dina o Keiko, exageración que servía para subrayar el papel fundamental de los fujimoristas en la crisis y la esperanza de Keiko de acceder a la presidencia. Keiko ha dicho que no se presentará a las próximas elecciones, pero eso eso tiene truco; la derecha está sugiriendo ahora que el adelanto electoral solo sea «complementario», es decir, hasta cumplir lo que había sido el mandato actual hasta 2026. En esas condiciones tanto el ejecutivo como el legislativo tendría un carácter de transitorio, y Keiko se presentaría tras él en 2026 como la salvador de la patria. Dina Boluarte solo se ha entrevistado -al menos por hora- con representantes de las formaciones de la derecha -con representación parlamentaria o no-, no con la izquierda (Juntos por Perú no ha sido convocado y Perú Libre ha dicho que no hace que los convoquen, que no irán). En su entrevista con Dina, el representante de Avanza País, el partido de José Williams, le ha pedido que decrete una amnistía para la policía nacional y los miembros de las fuerzas armadas; esa insólita petición se produce ante la confirmación de asesinatos por la espalda, por tiro de fusil, de manifestantes en Ayacucho y Juliaca y que una investigación periodística haya identificado a los miembros del ejército implicados.
Por otro, ayer se consiguieron in extremis los apoyos para que el Congreso reabra el debate sobre el adelanto electoral en 2023. No tendría la mayoría para ser aprobado en primera instancia (2/3) pero si suficiente para que la propuesta pudiera pasarse a referéndum (1/2). Dado que la cuestión había quedado archivada, todo depende que la mesa del Congreso, es decir José Williams, acepte incluirlo en el orden del día de la sesión de hoy viernes. Esta es la última del actual período de sesiones, por lo que si no se aprobara en ella ya las elecciones adelantadas – por cuestiones reglamentarias del congreso y de plazos de los procesos electorales – no podría producirse hasta abril de 2024, que es lo que estaba dispuesta a aceptar Dina Boluarte y también José Williams.
El lunes haré el balance de la sesión del congreso y las movilizaciones del Norte.
En el ámbito de la represión destaca la resolución judicial por la que se ha dictado prisión provisional de 18 meses a Rocío Leandro Melgar y seis más, acusados de ser miembros clandestinos de Sendero Luminoso, dirigir el FREDEPA y azuzar y financiar las movilizaciones. Ya he explicado que el proceso de detención preliminar no ha sido ejemplar. Todavía no he conseguido consultar la resolución judicial -no ha sido publicada- pero sí su antecedente que fue la resolución del 24 de enero por el que se ratificó su detención preliminar y se rechazó el archivo del caso. Me ha parecido bastante lamentable.
Para empezar no entro en si son o no miembros de Sendero Luminoso, es más es más que probable que lo sean, pero toda la resolución -que admite sin más todas las argumentaciones de la fiscalía- es una suerte de acusación colectiva que no presenta de manera pública pruebas inequívocas y que se extiende, más allá de esa acusación colectiva – solo formalmente individualizada, no materialmente en la sustanciación de hechos concretos- y que fundamenta la acusación de terrorismo tampoco en hechos concretos, sino en el programa aprobado en el Primer Congreso del PCP Sendero Luminoso – en los setenta- y en la resolución condenatoria a Abimael Guzmán de 2003 (al final del texto copio una parte de esos antecedentes). Las bases de la acusación son seguimientos -por escucha telefónica y por cámaras de vigilancia callejera- a los inculpados, llevados a cabo entre septiembre y noviembre de 2022 (nada que ver con lo que está sucediendo y por lo que, supuestamente, fueron detenidos), la identificación fotográfica de un agente «especial de la DIRCOTE, nombrado por el seudónimo de «Camacho» que afirma que son, sin ninguna duda -y ninguna prueba material- miembros de Sendero, es decir de la Fracción Roja que es la del PCPSL leal a Abimael Guzmán, y la información de un «infiltrado» que militó en Sendero desde 2015, «Beto». Lo que dice el infiltrado es que menganito y fulanito se vieron o se encontraron, se reunieron, que militaban con él. Nada más. Aparte de esos testimonios se adjuntan informes del agente «Camacho» sobre la participación de Rocío Leandro y otros en actos públicos – ni clandestinos, ni ilegales- sobre la Asamblea Constituyente en el Centro Cultural de la Universidad San Cristóbal, o en una emisión en Radio Wari de Ayacucho. Y el colmo es la acusación de que estuvieron en una reunión de coordinación de representantes de organizaciones sociales y gremiales de Ayacucho el 14 de diciembre, donde se coordinaron las manifestaciones y se repartió dinero; Rocío Leandro «recepcionó un montón de dinero en efectivo cuya cantidad no se puede precisar». La sentencia de prisión provisional no solo da crédito a todas las acusaciones, como piezas de convicción suficiente sino que criminaliza, de manera explicita al FREDEPA, rechazando el argumento de las defensas de que no se ha probado que esa plataforma social la haya creado creado Sendero Luminoso o la dirija. Tras la resolución la fiscalía ya ha anunciado que ahora abre investigación a Iber Maraví y la nueva junta dirigente del FREDEPA que sustituyó a los detenidos. El 15 de diciembre, al día siguiente de la reunión de las organizaciones sociales, de la que informó el agente «Camacho», el ejército atacó y persiguió a los manifestantes, causando 10 muertos y decenas de heridos; las fuerzas habían salido del cuartel de Los Cabitos que, recuerda La República – no un medio de la izquierda, ni terruco- fue un centro de detención, tortura y desaparición durante la guerra contra Sendero Luminoso en los ochenta y primeros años de los noventa. No me extraña el silencio de Ayacucho. Perú 21, el formato más derechista del abanico de prensa nacional del grupo Miró-Quesada se ha vanagloriado, con cinismo, que en estos días las convocatoria del FREDEPA no han tenido ningún eco en el Departamento.
La pena a la que se exponen es de hasta no menos de 20 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista o o menos de 12 años ni más de 20 por acción o inducción de delito considerado terrorista. Rocío Leandro cumplió ya once años de prisión por un hecho del que fue exonerado por la Corte Interamericano, exoneración que reconoció el estado peruano.
Adjunto fragmento de la resolución del 29 de enero:
«Acciones de Agitación y Propaganda Armada, como una de las cuatro formas de lucha de la organización terrorista “Sendero Luminoso” que consiste en realizar acciones como pintas, pegatinas, repartición de volantes y banderolazos, con consignas que bajan de la dirección central de la OT-SL y que tiene por finalidad difundir su ideología y dar a conocer la posición del partido ante una situación concreta a nivel nacional o internacional para lo cual escogen lugares estratégicos visibles como puentes peatonales para las banderolas. Son “acciones militares” donde los participantes se tienen que ceñir de manera estricta a lo dispuesto por el mando militar en el POT (Plan Operativo Táctico) desarrollado en las reuniones de coordinaciones previas a la acción, siempre se cuenta con personal de contención que vela por la seguridad de los ejecutores, el responsable de la acción generalmente es el “mando militar”, del mismo modo al termino es quien informa al “partido” del cumplimiento de la acción. . Participación en marchas y otras medidas de fuerzas organizados de manera abierta por distintos sectores de la sociedad civil, exigen justos reclamos; los cuales son aprovechados por los integrantes de la OT SL para infiltrarse y participar de ellas, utilizando como fachada sus diferentes organismos generados; en ellas buscan confrontar a las fuerzas del orden para que se genere un costo social y así poder victimizarse ante la opinión pública, precisando que su participación en dichas jornadas de lucha viene dispuesta desde la Dirección Central de la OT SL y es planificada en reuniones previas y con la elaboración del respectivo POT, donde se detallan puntos de concentración previas, horarios, recorridos, ubicación en el desarrollo de la acción, rutas de salida, medios a emplear, aparatos y personas responsables de la acción, consignas a utilizar durante el AGIPRO, medios a emplear, tareas específicas para cada uno de los participantes, cantidad de masas a las que deben convocar para que participen en la acción, entre otros detalles. 6. Cumplimiento de tareas dentro de los “planes y campañas” dispuestos por la Dirección Central de la OT SL, en donde se debe tener en cuenta que, ninguna acción considerada en la presente investigación, obedece al cabal cumplimiento de la doctrina e ideología de esta nefasta organización terrorista, dentro de ello específicamente se sujetan al “centralismo democrático”, lo cual consiste en subordinar todo el accionar de cada uno de los miembros de un “aparato” a la dirección unipersonal de la jefatura del partido y cumplir cabalmente lo que esta dispone; es decir, cada actividad de autosostenimiento, cada trabajo de captación de masas, cada actividad de agitación y propaganda, cada consigna utilizada y todo lo demás que implica la realización de una “tarea” ha sido previamente dispuesta por el “partido”, para el cumplimiento de todos sus miembros, quienes lo ejecutan dentro cada aparato organizado como se detalla en la presente investigación.»
Y un ejemplo del alegato fiscal aceptado en su integridad por la resolución del juez
«Respecto de Alex Miguel Gómez Falcón.- Conforme señala al a quo, se vincula al investigado, entre otros, con los siguientes elementos de convicción: – el INFORME NRO. 193-2022-DIRCOTE-PNP/DIVOES-DEPOTC., de 6 fecha 14 de octubre de 2022, mediante el cual la DIVOES-PNP, informa el resultado de las medidas de video vigilancia realizadas a las personas de “Roció”, “Jazmin”, “Alejandro”, “Alex”, “Fernando”, “Taquiri”, “Piero” y “Yulisa” presuntos integrantes de la NFR. OT-SL, el que contiene el Acta de búsqueda de información del 22SET2022, informa sobre las labores propias desarrollada por personal de la DIVOES-DIRCOTE-PNP, se observó realizando contacto a las personas conocidas como “JAZMIN”, “ALEX” y “PIERO” en la intersección del Jr. 28 de julio y el Jr. Arroyo seco; – Acta de búsqueda de información del 23SET2022, de las labores desarrolladas por personal de la DIVOES-DIRCOTE-PNP, se observó realizando contacto a la persona conocida con el nombre de “ALEX” y “CLIDO”, quienes se desplazaban por el pasaje (jirón) Londres hacia la Av. San Lorenzo, luego se dirigieron con dirección a la zona conocida como cinco (05) esquinas [Jr. Dos de mayo y Jr. Carlos F Vivanco] en la provincia de HuamangaAyacucho; – Acta de Inspección Técnico Policial del 23SET2022.- Sobre la ubicación de cámara de vigilancia ubicado en la intersección del Jr. 28 de julio y el Jr. Arroyo seco en la provincia de Huamanga-Ayacucho, donde el 22SET2022 hicieron contacto las personas conocidas como “JAZMIN”, “ALEX” y “PIERO”, entre otras actas de inspección policial. – INFORME NRO. 194- 2022-DIRCOTE-PNP/DIVOES-DEPOTC, de fecha 26 de octubre de 2022, mediante el que DIVOES-PNP, informa el resultado de las medidas de video vigilancia realizadas a las personas de “Roció”, “Jazmin”, “Alejandro”, “Alex”, “Fernando”, “Taquiri”, “Piero” y “Yulisa” presuntos integrantes de la NFR. OT-SL; – Informe N.°022-2022-DIRCOTE-PNP/DIVOES-DEPINBAS de fecha 10 de noviembre de 2022, sobre la participación de los investigados presuntos integrantes de la NFR. OT-SL, conocidos como “JAZMIN” y “ALEX” y “ALEJANDRO”, durante la movilización “por la defensa de la educación pública y gratuita” en la provincia de Huamanga – Ayacucho, en el cual se adjunta el siguiente documento: ACTA DE ENTREVISTA Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL INFORMANTE “BETO” DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, quien señala que: Conoció a Alex Gómez, cuando era militante desde el año 2015, quien para el año 2016 ya era mando militar de un destacamento en Lima; asimismo, conoció a Clido desde el 2015 como militante, era quien siempre acompañaba a Alex Gómez, pareciéndole que trabajaban juntos, durante la realización de actividades económicas y políticas, ambos trabajaban a la vez con Jorge Cruzalegui, quienes trabajaban a tiempo completo para el partido, asimismo señala que el partido OT-SL ha designado la labor de realizar trabajo partidario a “ROCIO”, “JAZMIN” Y “ALEJANDRO”; precisando que ROCÍO es una antigua 7 militante que estuvo purgando condena y que como consecuencia de ella, habría tenido problemas con la organización durante su estadía en la cárcel y después de su excarcelación, por lo que ella necesitaba resarcir eso, conociendo que tenía nivel dirigencial, pero por disposición del partido se planteó que no asumirá como cabeza de ningún organismo, y que trabaje como rostro visible del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, siendo que si bien es cierto que asume como presidente de dicho organismo, quien realmente asumen labores dirigenciales son otros militantes. De los militantes “Jazmin” y “Alejandro” ambos son jóvenes los conoce por haber participado en diferentes actividades en Lima, tales como mesas de trabajo por Amnistía y Reconciliación Nacional, Jazmín es hermana de Yesenia, quien es pareja de Antonio Macarlupu, participaba mayormente en actividades de economía. – Acta de reconocimiento fotográfico de 28 de noviembre de 2022 [elemento 9.10 contenido en el Informe 022-2022-DIRCOTE/PNP/DIVOES-DEPINBAS], del agente especial Camacho, respecto de Rocío Leandro Melgar, Piero Giles Gamboa, Estefany Alanya Chumbes, Alejandro Manay Pillaca, Alex Gómez, Fernando Quinto Cuba, Julisa Gómez Ayala y Clido Canales Tantaleán como integrantes de la organización terrorista sendero luminoso. «
