La opinión de un amigo lector.
Bastante acertado a mi parecer el comentario de N. que aparece en tu blog por lo que se refiere a las autoridades locales que protagonizaron los hechos de otoño de 2017. Es importante insistir en dos cosas: 1) Que el intento de secesión fue protagonizado sobre todo por autoridades públicas, no por ciudadanos ordinarios, esto es, por miembros del grupo gobernante que emplearon una parte del aparato estatal bajo su control para montarse su propio estado, imponerlo a quienes no comulgasen con sus propósitos y zafarse así por completo de la subordinación al gobierno central, única garantía este último de que los catalanes no catalanistas podamos disfrutar de nuestros derechos básicos y no convertirnos en ciudadanos de segunda (o tercera) en un estado hipernacionalista y 2) Que parece claro que pretendían seguir una estrategia similar a la de los países bálticos cuando la URSS empezó a desintegrarse (también quizás la de Eslovenia y Croacia en 1991, aunque tendría que consultarlo): proclamar la independencia tras un referéndum protocolario, ilegal y sin garantías y luego suspenderla para volver a activarla en cuanto se constatase la falta de reacción del estado central (o reacción insuficiente). Los independentistas calcularon muy mal: el estado español no era tan débil ni incapaz de acción como suponían ante una situación tan extrema y peligrosa como la creada por esos mismos independentistas, no obstante su integración dentro de la UE. A diferencia de lo que muchos podemitas y comuneros sostienen, yo soy del parecer que los independentistas iban en serio y lo suyo no fue una simple performance simbólica. Y a diferencia de lo que ellos piensan, creo que el gobierno central y la judicatura españolas hicieron muy bien en reaccionar aplicando el artículo 155 de la CE y abriendo procesos penales contra las susodichas autoridades públicas secesionistas (al menos, si querían preservar la integridad territorial del estado español, como era su responsabilidad política y jurídica). En caso de no actuar de ese modo, tengo la impresión de que las autoridades secesionistas habrían reactivado la proclamación de independencia, se habría creado una insostenible dualidad de poderes enfrentados -el aparato estatal secesionista, por un lado, y, por otro lado, el estado central-, los secesionistas habrían intentado utilizar su policía y armarse -milicias etc.- para expulsar a los representantes del aparato central y hacer efectivo su poder completo sobre el territorio en vías de secesión, y la cosa habría acabado en un conflicto armado, más o menos corto o largo, quién sabe, o en el reconocimiento de la independencia por parte del gobierno central ante la perspectiva de una situación de violencia armada a gran escala-tal vez presionado por la UE, para la cual sería inasumible seguramente un conflicto civil armado en su seno-, reconocimiento que sería un verdadero desastre para quienes no comulgamos con la idea de un estado catalán nacionalista, excluyente y, además, irredentista y belicoso, por la ideología esa de los Països Catalans -el único imaginable como posibilidad real, dadas las circunstancias, muy diferente del país de las maravillas catalán podemita-comunero (¿o tal vez no?)-.