Si hace un año, la investidura de Pedro Sánchez parecía improbable, ya que Junts le exigía la amnistía, una gracia de dudosa constitucionalidad y que todos los socialistas, también los del PSC, incluyendo el propio presidente del Gobierno, habían reiterado que jamás se llevaría cabo, ahora la elección de Salvador Illa con los votos de ERC se enfrentaba a una dificultad semejante.
Los republicanos, tras un severo correctivo electoral que les ha hecho entrar en una profunda crisis, ponían como condición una financiación singular parecida al concierto económico vasco. No hace falta recordar la de veces que desde el PSOE y el Gobierno se había rechazado la salida de Cataluña del régimen común por insolidario y disfuncional, recientemente se había pronunciado de forma categórica la vicepresidenta María Jesús Montero.
Pero mientras la amnistía, por mucho que sea una práctica corrupta (el borrado de delitos a cambio de votos), tiene la ventaja de que no cuesta dinero, el concierto catalán, por muy solidario que se presente en contraste con el egoísmo absoluto de los regímenes forales, rompe abiertamente una línea roja fundacional del modelo autonómico, la igualdad y solidaridad entre territorios. Una cosa es el derecho constitucional a la diferencia y otra es la diferencia de derechos.
Por todo ello, no parecía que los socialistas pudiesen contentar a ERC. Y, sin embargo, Sánchez lo ha vuelto a hacer. Ahora, la financiación singular para Cataluña, que dinamita la LOFCA y desguazará la AEAT, pasa a ser una gran idea que, de forma tramposa, se quiere presentar como un «avance hacia el Estado federal«, en palabras de Sánchez.
Al igual que la amnistía, que antes se descalificaba con sólidas razones, se ha convertido en el pilar mayor de la reconciliación, aunque para los separatistas sea el reconocimiento de que el Estado los persiguió injustamente, ahora a la mona del concierto catalán se la viste de progresista cuando ni es federal ni es de izquierdas.
En realidad, todo el texto que hoy los militantes de ERC, salvo sorpresa mayúscula, avalarán, es una suma de concesiones argumentales al independentismo y de asunción de las políticas llevadas a cabo por el Govern de Pere Aragonès, desde la prohibición de trasvasar agua del Ebro hasta el impulso a más embajadas en el exterior, pasando por la negativa dogmática a un 25% de castellano en la escuela.
Desde el cinismo hay quien sostiene que tanto ERC como el PSOE y el PSC saben que lo firmado no va a poder llevarse a cabo, porque la reforma de la LOFCA para permitir la singularidad de Cataluña no cuenta con los apoyos suficientes en el Congreso.
A los socialistas este acuerdo para la investidura de Illa les puede costar muy caro en muchas autonomías y la contestación interna podría prender, pero tampoco a Compromís ni al BNG le va a ser fácil apoyarlo. Puede que todo sea una hábil juga que consiste en conceder retóricamente todo a ERC para garantizar que hoy sus afiliados voten el acuerdo, aún sabiendo que después casi todo quedará en agua de borrajas. En cualquier caso, Sánchez, maestro en desmentirse sin inmutarse, y cuya única convicción es la de no tener ninguna, lo ha vuelto a hacer.
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