Del historiador y miembro de Espai Marx, José Luis Martín Ramos.
Mientras la dinámica de movilizaciones se mantiene, ahora ya con una decidida incorporación de los sindicatos a la convocatoria de huelga y manifestaciones, en el Congreso sigue disputándose una batalla para intentar aprobar una agenda que de salida, o solución, a la crisis. El gobierno de Otárola ha dicho que las movilizaciones están bajando y que en treinta días habrán desaparecido. Aparte de que la formulación de ese plazo es un aventurado disparate, la movilización no da señales de bajar, aunque a veces se toma algún respiro o cambia de escenario. Se mantienen decenas de bloqueos de carreteras; el 31 de enero todavía había 74 puntos de bloqueo, y si se han levantado los de la Panamericana Norte y Sur es por la presencia del Ejército en la acción. El ministro de defensa dijo el lunes que daba 10 días para que se levantaran el resto; esperaba que entretanto el Congreso diera una salida a la situación, pero a día de hoy no hay esa salida -ya no digamos una solución- y está por ver si el Ejército se desplegará por todos los puntos de bloqueo, lo que inevitablemente dará una imagen de ocupación militar del Sur que retrotrae a la década de los ochenta.
Hoy, 2 de febrero, el Sur sigue paralizado en buena parte, con huelga que se mantiene indefinida en los Departamentos de Arequipa, Puno y Cusco. Se sigue sin dar información del de Ayacucho; solo la que se refiere a la persecución de «azuzadores», presuntamente senderistas. La represión selectiva, propagandística, sigue. El 31 se detuvo a dos dirigentes sociales de Cusco acusados de financiar las movilizaciones; la prueba del delito: en la mochila de uno de ellos llevaba 1.680 soles (poco más de un salario medio actual, que es de 1.500 soles) y una lista con el nombre de 61 cusqueños que se habrían trasladado a Lima. Hasta La República, que se esfuerza por mantener una posición centrista en el conflicto, ha denunciado que llevar esa cantidad y repartirla no es ningún delito. La represión no persigue delitos, persigue una acción de propaganda; el 31 se informó de la desarticulación del supuesto Comité Regional de Sendero Luminoso en Ayacucho -seis personas, una de ella prófuga- entre los que se encontraría Rocío Leandro, presidente hasta su detención del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. A Rocío Leandro y al resto de dirigentes del FREDEPA detenidos con ella, el fiscal pide 18 mese de prisión preventiva, pero ya han pasado cinco días desde esa petición y el juez todavía no ha dado su veredicto.
Con las movilizaciones en la calle, el Congreso debate sobre un nuevo ciclo político. El lunes 30, gracias al apoyo de Juntos por Perú-Cambio Democrático -que se equivocó- había aprobado por rascados 66 votos la moción de adelanto electoral, desvinculándola por completo de la cuestión de la Asamblea Constituyente. Era evidente que era un acuerdo en precario, por lo que Fuerza Popular -su portavoz de hecho estos días, Garcia Guerra- hizo una nueva propuesta cuya sustancia era considerar las elecciones como complementarias, es decir, no por un nuevo período legislativo sino para completar el actual, hasta 2026, admitiendo la reelección de actuales diputados. El presidente del Congreso suspendió las sesiones para que consiguiera negociar apoyos y en eso cambió las fechas, llevando el fin del mandato de Dina Boluarte y del Congreso actual al 30 de abril y dejó de proponer una consulta no vinculante sobre la Asamblea Constituyente, habida cuenta de que la izquierda había rechazado la trampa y la derecha no quiere ni oír hablar de Asamblea Constituyente Todos los medios dominantes de comunicación-los del grupo Miró-Quesada, Exitosa, El Comercio La República-, apoyaron tomando el argumento de que las encuestas decían que más del 70% de la población pedían adelanto electoral; ocultando que el 69 pedía también la Constituyente.
Ni por esas. Ayer, 1 de febrero por la tarde, el Congreso derrotó la nueva moción de García Guerreo, que obtuvo menos votos que la propuesta aprobada -y dejada de lado- el lunes: esta vez se quedó con solo 54 a favor (2 diputados de Fuerza popular votaron en contra), 68 en contra (toda la izquierda, también Cambio Democrático) más Renovación Popular, por sus propias razones, y diputados de AP y Avanza País, que dividieron su moto. Como que Perú Libre había tenido el acierto de presentar una moción de minoría (fuera Dina, elecciones adelantadas en cuatro meses y con ellas referéndum sobre la Asamblea Constituyente) al ser derrotada la moción principal (Garcia Guerrero) pasó a plantearse automáticamente la de minoría. Williams levantó la sesión – tenía que hacerlo reglamentariamente al haberlo pedido formalmente Perú Libre-, a pesar que desde la derecha pretendían que se votara inmediatamente para impedir que Perú Libre consiguiera los veinte votos que sumados a los de la izquierda llevaría la decisión sobre la moción a referéndum. Un buen lío parlamentario. Esta tarde a las tres se verá la cuestión.
A estas alturas el adelanto electoral sólo es una salida. La única solución de la crisis es aceptar el referéndum sobre la constituyente que, muy probablemente saldría adelante. El sistema ya no da para más; no es una cuestión de si presidencialismo o parlamentarismo o sistema mixto -el actual- o si bicameralismo o unicameralismo -el actual- sino de un nuevo pacto constitucional que incluya la consideración de la diversidad cultural, la organización territorial y levante barreras al ejercicio de la democracia, como las que levantan la constitución de 1993 y la Ley de partidos de ella derivada, que regula desde fuera el funcionamiento de los partidos y, sobre todo, vincula su registro legal y su participación electoral a la decisión previa de una Oficina de Registro de Partidos, que tiene como instancia de apelación la Junta Electoral Nacional, y la anulación de ese registro tanto a la consideración de denuncias que se hagan contra las ideologías y los programas de los partidos como a la obtención mínima en las elecciones del 4% del padrón electoral en las última elecciones que se hayan realizado. El adelanto no solo mantendría las restrictivas reglas del juego, las haría más restrictivas a tenor de las propuestas que ya se hacen desde la derecha del Congreso de endurecerlas, para prohibir la participación individual como candidatos de quien haya sido condenado por terrorismo, lo cual no solo incluye a antiguos senderistas -que cumplieron sus penas y tienen plena rehabilitación civil y política ya- sino a miembros de la izquierda que no lo eran y cayeron en los excesos de la represión de los ochenta y noventa.
